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[Pages:6]La guerra contra el narco en M?xico como pol?tica de reordenamiento social

A pesar de su biodiversidad, su riqueza cultural y su estrat?gica ubicaci?n geogr?fica, la "guerra contra el narco" ha te?ido de violencia las calles de M?xico. La normalizaci?n de la violencia se ve agravada por la penetraci?n de los carteles de drogas en las estructuras del Estado. El conflicto afecta especialmente a las comunidades ind?genas que sufren la criminalizaci?n de los polic?as y los militares, y los desplazamientos forzados a causa de la intromisi?n en sus territorios.

Por Ana Esther Cece?a y David Barrios - 1? de abril de 2022

Fuimos desplazados por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y 3 desaparecidos.

Fuimos atacados a nuestras casas. Llegaron 5 veces a atacarnos en las casas. Ah? mataron, son 27. Una ni?a de 8 a?os vio c?mo mataron a su mam? y a su hermano.

Fue en 2012. Quer?an madera, plantar drogas y los minerales que hay ah?. Testimonio comunidad de la Sierra de Totolapan, Guerrero, recopilado por la CIDH

M?xico es un pa?s megadiverso. Cuenta con m?s de 5.000 especies de plantas end?micas, variedad de ecosistemas (incluyendo marinos) y m?s del 70% de las especies conocidas en el planeta. Esta abundancia de vida natural es acompa?ada por su diversidad cultural, que ha sobrevivido a los 530 a?os de colonizaci?n y cuya oleada m?s reciente aparece bajo la forma de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoce?nico. Adem?s, existen 68 culturas ling??sticas y alrededor de 26 millones de ind?genas que se distribuyen por todo el territorio, especialmente, en la regi?n del sureste.

Rico en materiales estrat?gicos como petr?leo y plata, y con reservas estimables de litio y uranio, su ubicaci?n geogr?fica le otorga a M?xico una serie de caracter?sticas particulares: es el pa?s que conecta con Estados Unidos, el mayor mercado del mundo; est? bordeado por amplias costas que lo hacen accesible al comercio marino (el 80% del comercio mundial transita por mar); y, la porosidad de sus fronteras y sus sistemas de control favorecen la creaci?n de rutas clandestinas, que est?n adecuadas para el trasiego de drogas, personas, armas y otras mercanc?as ilegales altamente rentables.

Parad?jicamente, estas ventajas han convertido a M?xico en uno de los pa?ses m?s violentos y peligrosos del mundo. Territorio siempre apetecido y usado por el vecino del norte, a partir de 2006, el pa?s se vio enredado en la llamada "guerra contra el narco" que llev? a la militarizaci?n de la seguridad interna y a una normalizaci?n del empleo de armas para dirimir los conflictos. En lugar de disminuir, las actividades il?citas crecieron y los grandes negocios del trasiego se fusionaron con actividades de extorsi?n y secuestro. Incluso, bajo la complicidad de militares, polic?as y delincuentes comunes.

Seguridad y redise?o social

La llamada guerra contra el narco encubre una pol?tica de reordenamiento social que abarca todo el territorio nacional y fue dise?ada, en gran medida, a partir de las pol?ticas de seguridad de Estados Unidos. Sus claves habr?a que buscarlas en la reorganizaci?n del uso de los territorios, las nuevas condiciones del mercado mundial, la competencia por la extracci?n de riquezas y, el disciplinamiento y reubicaci?n de sus pobladores.

La violencia se convirti? en el eje multifac?tico en torno al cual se definieron las nuevas pautas sociales: las tasas de homicidio, feminicidio, desaparici?n y desplazamiento forzados se desataron. Las estructuras jer?rquicas de los grupos delincuenciales se dislocaron y bajo una violencia descontrolada transcurri? el acaparamiento de tierras, la p?rdida de derechos, el cambio de los agentes de la producci?n, la ruptura de reglas de convivencia y la ruptura del tejido social tanto en el espectro urbano, mucho m?s individualizado, como en el comunitario de las zonas rurales.

Desde entonces, las pol?ticas de seguridad (emprendidas en conjunto con Estados Unidos) no han hecho m?s que reafirmar las causas del crimen organizado y profundizar sus da?os. De este modo, la violencia se ha convertido en la herramienta privilegiada de cambio y, en el m?todo m?s r?pido y eficaz para el redise?o social y productivo. Mientras las causas de la violencia se encuentran en la disponibilidad de "recursos" y los negocios delictivos (como la producci?n de anfetaminas y el tr?fico de personas), los da?os se relacionan con los desplazamientos forzados, las masacres, la amenaza a las poblaciones y el control de los territorios.

En todo este proceso, la econom?a criminal se ha ido diversificando. Ya no se circunscriben a la producci?n, traslado y comercializaci?n de estimulantes ilegales, sino que se han desplegado hacia otras actividades consideradas "legales" o "l?citas" (si bien emplean mano de trabajo esclava o forzada): desde actividades extractivas hasta la creaci?n de monopolios sobre ramas de la econom?a formal. Muchas veces, las v?ctimas son los pueblos ind?genas que viven en armon?a con la naturaleza y conservan la biodiversidad, en lugar de estar asociados a pr?cticas predatorias.

El alcance y lo descarnado del proceso se explica desde una perspectiva territorial y geoestrat?gica: Estados Unidos es el principal consumidor de estimulantes ilegales a nivel mundial. Simult?neamente, la pulverizaci?n de los grupos ilegales por la "guerra contra el narco" ha conducido a disputas por los espacios de producci?n, la infraestructura, el transporte y los mercados internos que han crecido a la par del tr?fico hacia el norte. Estas disputas de poder no han hecho m?s que intensificar la violencia.

El impacto del narcotr?fico en los pueblos ind?genas

Siendo M?xico el pa?s con mayor cantidad de poblaci?n ind?gena del continente, es preciso evidenciar c?mo los afecta este reordenamiento social. Dada la mentalidad colonial y colonizadora, los abusos del Estado y de las estructuras de la econom?a criminal son m?ltiples y cr?nicos. En el caso mexicano, se destaca el alto nivel de complicidad entre las distintas instituciones del Estado y los tres niveles de gobierno con los grupos delincuenciales.

En las regiones ind?genas del pa?s donde se cultivan plantas para su procesamiento como estimulantes ilegales, se suelen imponer din?micas de reclutamiento forzado de la poblaci?n, tanto de adultos como ni?os y j?venes. En estas regiones, las operaciones militares y policiales criminalizan a las comunidades que, en ocasiones, pierden parte de su patrimonio y recursos a partir de los operativos de erradicaci?n de cultivos.

A la l?gica depredadora y discriminatoria de un proceso de despojo material, cultural y simb?lico, debemos agregar tambi?n los poderes corporativos que buscan implantarse en territorios ind?genas. Al igual que en el resto de Latinoam?rica, son comunes los conflictos

relacionados con actividades extractivas (tanto por el uso intensivo del agua como por la contaminaci?n que genera la extracci?n de minerales) que se realizan en territorios ind?genas o en sus proximidades. Respecto a la miner?a, se calcula que el 10 por ciento de la producci?n nacional se explota de manera ilegal.

Desplazamientos forzados

Como din?mica subyacente, uno de los impactos m?s disruptivos para los pueblos ind?genas es la desterritorializaci?n provocada por los procesos de desplazamiento interno forzado. Es importante destacar que esta problem?tica es incuantificable dado que ocurre tanto a peque?a escala como en forma masiva, lo cual es mucho m?s visible. No obstante, los registros de la Comisi?n Mexicana de Defensa y Promoci?n de Derechos Humanos muestran que, desde 2017 (sin contar 2019), m?s del 41% de la poblaci?n desplazada ha sido ind?gena.

La violencia de los desplazamientos se combina con otro fen?meno: los constantes ataques a defensoras y defensores del territorio, frecuentemente ind?genas. En los ?ltimos a?os, M?xico aparece como uno de los pa?ses con mayor riesgo. En 2019, 18 defensores de derechos fueron asesinados y en 2020 la cifra escal? a 30 personas, ubic?ndose en segundo lugar detr?s de Colombia. La limitaci?n de reducir la problem?tica al "narcotr?fico" se corrobora en el dato de que nueve de los asesinatos de 2020 se derivaron de la tala ilegal y la deforestaci?n, en parte perpetrada por los grupos traficantes de drogas.

En estos cr?menes se puede observar la superposici?n entre los intereses econ?micos de las empresas, los poderes locales y, las c?lulas y sicarios de la econom?a criminal. Esta situaci?n, puesta de relieve en 2017 durante la visita de la entonces Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind?genas, Victoria Tauli-Corpuz, se corrobora en el ataque sistem?tico contra la Tribu Yaqui por oposici?n contra el Acueducto Independencia. Su defensa del agua y del territorio les ha valido el asesinato y desaparici?n forzada de varios integrantes de la comunidad.

En Am?rica Latina y el Caribe, el 52,2% de la poblaci?n ind?gena vive en ciudades. En M?xico, la tendencia es similar debido a la mayor oferta laboral, la provisi?n de servicios b?sicos que no existen en sus comunidades y el desplazamiento forzado producto de la violencia,

especialmente en ciudades como Guerrero, Chiapas y Chihuahua. En los centros urbanos donde la econom?a criminal incluye extorsiones, puntos de venta de drogas en zonas perif?ricas y el reclutamiento para desarrollar actividades ilegales, la poblaci?n ind?gena se encuentra en una situaci?n de mayor vulnerabilidad.

Pr?cticas de vida violentadas

M?xico es el tercer productor mundial de amapola, la materia prima de la goma de opio. Esta producci?n se concentra en el llamado Tri?ngulo Dorado (la sierra que comparten Sinaloa, Durango y Chihuahua), Michoac?n, Guerrero y Oaxaca. En estos ?ltimos dos estados, que combinan mayor poblaci?n ind?gena y niveles de exclusi?n, el cultivo de amapola ha sido una alternativa para la subsistencia familiar. A la postre, esto implica una constante criminalizaci?n por parte del Estado y las fuerzas represivas.

Ante esta situaci?n, los pueblos ind?genas han reactivado formas tradicionales de vigilancia y justicia comunitaria para responder al desaf?o que representan los grupos de la econom?a criminal. Como consecuencia, desde la d?cada del `90, se han creado las primeras polic?as comunitarias en Guerrero y, a partir de 2011, las rondas comunitarias en Cher?n, la Meseta Pur?pecha y la Costa nahua. La reacci?n de las industrias extractivas y de la econom?a criminal se ha cobrado la vida de decenas de comuneros.

La situaci?n en el Sureste es particularmente preocupante por la construcci?n del Tren Maya y el Corredor Trans?stmico. En esta regi?n de excepcional densidad cultural ind?gena, los megaproyectos est?n generando procesos que podr?n ser aprovechados por los grupos de la econom?a criminal: la creaci?n de infraestructura de comunicaciones y transportes, el potenciamiento de la actividad tur?stica a gran escala y la urbanizaci?n de ?reas rurales. Adem?s, se trata de una regi?n clave en el tr?nsito de migrantes hacia Estados Unidos, lo que potenciar? el tr?fico y trata de personas para la explotaci?n laboral y sexual.

El panorama no es promisorio. La militarizaci?n se acelera, hostiga a las comunidades ind?genas y avanza hasta el punto de colocar militares armados en las playas repletas de turistas. El principal impacto es en lo cotidiano: seg?n dicen las comunidades ind?genas, ya no poder pasar por una calle, no transitar en la noche, tener que cambiar de escuela, no

poder ir tranquilamente a un mercado y mantener las ventanas cerradas ha significado modificar las pr?cticas de vida e incorporar el miedo como patr?n de conducta.

Ana Esther Cece?a es Doctora en Relaciones Econ?micas Internacionales por la Universidad de Par?s I - Sorbona y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopol?tica (OLAS) del Instituto de Investigaciones Econ?micas de la Universidad Nacional Aut?noma de M?xico (UNAM).

David Barrios es Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Aut?noma de M?xico (UNAM). Desde 2008 forma parte del Observatorio Latinoamericano de Geopol?tica (OLAG) donde estudia las formas de militarizaci?n contempor?neas, especialmente, en Am?rica Latina y el Caribe.

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