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|Año II |Legislatura LX |Jueves 8 de noviembre de 2007 |No. 152 |
C O N T E N I D O
8 ORDEN DEL DÍA.
14 ACTA DE LA SESIÓN ATERIOR
PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficios con los que remite los siguientes Instrumentos Internacionales:
18 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III), adoptado en Ginebra el ocho de diciembre de dos mil cinco.
18 Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, hecho en Seúl, el once de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.
19 Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete.
19 Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete.
20 Acuerdo sobre Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Hungría, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de octubre de dos mil siete.
20 Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veintiséis de octubre de dos mil siete.
21 Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, firmado en la Ciudad de México el veinticinco de octubre de dos mil siete.
21 Protocolo por el que se adiciona el Capítulo de Compras del Sector Público al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago, Chile, el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, firmado en la Ciudad de México el veintiocho de agosto de dos mil siete.
22 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Fomento de la Seguridad en la Aviación, firmado en Montreal, el dieciocho de septiembre de dos mil siete.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Cultura
22 Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:
• 183 Aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal y 11 Aniversario del Museo de la Luz, a realizarse el próximo domingo 18 de noviembre, en esta ciudad.
• 97 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana de 1910, a realizarse el martes 20 de noviembre, en esta ciudad.
• 85 Aniversario Luctuoso del Lic. Ricardo Flores Magón, a realizarse el miércoles 21 de noviembre, en esta ciudad.
CÁMARA DE DIPUTADOS
Oficios con los que remite las siguientes Minutas:
23 Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
24 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
26 Dos proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.
28 Proyecto de decreto que adiciona un inciso h) pasando el actual a ser inciso i), al artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
29 Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite las Actas correspondientes a las reuniones de trabajo de las comisiones de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor; de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; de Equidad de Género, Niñez y Juventud; de Agricultura, Ganadería y Pesca; y de Energía y Minas, llevadas a cabo en Santo Domingo, República Dominicana y en Panamá, República de Panamá.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS SENADORES
57 De la Sen. Martha Leticia Rivera Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Derechos de Autor.
59 De los Senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada Rovirosa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez López y Fernando Eutimio Ortega Bernés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
76 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, a efecto de crear un esquema de seguridad social específico para la actividad policíaca.
79 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto que crea la Ley General que establece una Pensión para los Niños y Niñas Nacidas en Partos Múltiples.
84 Del Sen. Gerardo Montenegro Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley General de Educación.
86 De los Senadores Pablo Gómez Álvarez y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que establece el Fondo para la Reconstrucción del Estado de Tabasco.
90 Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
92 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 223 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
101 De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10, fracciones III y IV, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito.
104 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
106 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por e que se derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
108 De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de diciembre de dos mil seis.
(EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA DE HOY).
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
113 De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del C. Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Belice.
115 De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del C. Enrique Manuel Loaeza y Tovar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Dominicana.
118 De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la C. Melba María Pria Olavarrieta, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Indonesia, concurrente ante la República Democrática de Timor-Leste.
121 De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Marina; y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, adoptado en Londres, el trece de febrero de dos mil cuatro.
126 De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación.
129 De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 41 de la Ley General de Educación; se reforma el actual tercero y el mismo, se recorre al cuarto.
134 De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a los servicios aéreos, firmado en la ciudad de Hong Kong el veinte de noviembre de dos mil seis.
145 De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que declara al año 2008 como “Año de la Educación Física y el Deporte”.
148 Cuatro, de la Comisión de Gobernación, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan El Consejo de Estado de la República de Cuba, la Comandancia General de la Marina del Gobierno del Perú y los Gobiernos de las Repúblicas de Honduras y de Chile.
151 De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre. (Dictamen en sentido negativo)
De la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo:
153 En torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
157 Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas información detallada sobre las políticas gubernamentales para preservar las lenguas indígenas mexicanas.
160 Por el que el Senado de la República envía una cordial felicitación a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México por el ascenso de 13 lugares en el estudio denominado “Ranking Mundial de Universidades en la Web”.
163 De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que se implementen acciones que fortalezcan el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas.
De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, los que contienen puntos de acuerdo:
168 Por el que se solicita un informe sobre la situación que guardan diversos predios ubicados en las inmediaciones del kilómetro 17 del Bulevar Kukulcán, así como otros ubicados al lado del sistema lagunar Nichupté, en la Zona Hotelera de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
169 En torno al Proyecto Habitacional Turístico “Desarrollo Paraíso del Mar”, ubicado en La Paz, Baja California Sur.
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS SENADORES
172 Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar información al Secretario del Trabajo y Previsión Social respecto a la situación laboral que impera en las empresas que prestan sus servicios a Petróleos Mexicanos.
174 Del Sen. Graco Ramírez Garrido Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Luz y Fuerza del Centro; y por el que se solicita a la Colegisladora a que en la aprobación del Presupuesto de Egresos se considere para el sector eléctrico la cantidad de $5,867 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2008
178 De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores
181 Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que se profundice la investigación de la tragedia ocurrida en Campeche, en la que fallecieron trabajadores de PEMEX, se deslinden responsabilidades y se revisen prácticas en materia de seguridad industrial
183 Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes, para que informen sobre las medidas adoptadas respecto al varamiento del yate “Hawaiano” en el poblado Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero; al encallamiento del buque remolcador PEMEX XLII, así como al hundimiento de los buques “Seba’an” y el “Oficina Porvenir” en la Sonda de Campeche
185 De la Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, a nombre propio y de los Senadores Pedro Joaquín Coldwell, Rosalinda López Hernández, Melquíades Morales Flores y los integrantes de la Comisión de Cultura, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, se considere la reubicación del Archivo General de la Nación en el sitio idóneo para preservar su acervo
188 Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos estatales y a las Legislaturas locales a llevar a cabo la armonización de su marco jurídico en relación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
191 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en relación con los daños producidos por el derrame de hidrocarburos en el Estado de Campeche y con el desbordamiento de los ríos en el Estado de Tabasco
192 Del Sen. Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo en relación a la reactivación turística del Estado de Oaxaca
195 De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que, con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, la Secretaría de Salud implemente diversas acciones para fomentar la prevención de esta enfermedad por medio de diversas actividades y difusión de información con la que se beneficiará a un mayor número de mujeres
198 De los Senadores Antonio Mejía Haro, Claudia Corichi García y Carlos Lozano de la Torre, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 se destinen y etiqueten recursos a la rama productiva del ajo dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; y por el que se solicita información a diversas dependencias sobre la cantidad, procedencia y el manejo fitosanitario de las importaciones de ajo
200 De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación dé conocimiento del convenio, que se dice suscribieron los Gobernadores de los Estados de Colima y Jalisco; y se exhorta a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado, para que intervenga nuevamente ante los Gobernadores de los estados en conflicto; y a que agilice sus trabajos para resolver el conflicto limítrofe entre dichos estados
202 De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se incorpore el nivel bachillerato en el Programa Binacional de Educación Migrante (probem), que sostienen en común acuerdo los sistemas educativos de nivel básico de nuestro país y de Estados Unidos de América
205 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal que asigne recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para contrarrestar los efectos provocados por la tormenta tropical “Noel” y el frente frío No. 4, que han provocado un sinnúmero de daños en los Municipios del Estado de Chiapas
206 De la Sen. Rosario Ybarra de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita que el Estado Mexicano apoye gestiones por la búsqueda de la paz en el conflicto social y armado en Colombia
208 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Recursos Hidráulicos que realicen una investigación con objeto de conocer las causas de la no conclusión de la obra de la Presa Peñitas en el Estado de Tabasco
PROPOSICIONES QUE SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
209 Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados, para que en la conformación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, se contemplen los recursos necesarios para la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Veracruz.
COMUNICACIONES DE COMISIONES
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
211 Convocatoria De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a su reunión plenaria a efectuarse el jueves 8 de noviembre de 2007.
213 BITÁCORA DE REUNIONES
Orden del Día
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones y correspondencia.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría de Gobernación
Oficios con los que remite los siguientes Instrumentos Internacionales:
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III), adoptado en Ginebra el ocho de diciembre de dos mil cinco.
Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, hecho en Seúl, el once de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete.
Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete.
Acuerdo sobre Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Hungría, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de octubre de dos mil siete.
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veintiséis de octubre de dos mil siete.
Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, firmado en la Ciudad de México el veinticinco de octubre de dos mil siete.
Protocolo por el que se adiciona el Capítulo de Compras del Sector Público al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago, Chile, el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, firmado en la Ciudad de México el veintiocho de agosto de dos mil siete.
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Fomento de la Seguridad en la Aviación, firmado en Montreal, el dieciocho de septiembre de dos mil siete.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Cultura
Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:
183 Aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal y 11 Aniversario del Museo de la Luz, a realizarse el próximo domingo 18 de noviembre, en esta ciudad.
97 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana de 1910, a realizarse el martes 20 de noviembre, en esta ciudad.
85 Aniversario Luctuoso del Lic. Ricardo Flores Magón, a realizarse el miércoles 21 de noviembre, en esta ciudad.
CÁMARA DE DIPUTADOS
Oficios con los que remite las siguientes Minutas:
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Dos proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.
Proyecto de decreto que adiciona un inciso h) pasando el actual a ser inciso i), al artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite las Actas correspondientes a las reuniones de trabajo de las comisiones de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor; de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; de Equidad de Género, Niñez y Juventud; de Agricultura, Ganadería y Pesca; y de Energía y Minas, llevadas a cabo en Santo Domingo, República Dominicana y en Panamá, República de Panamá.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS SENADORES
De la Sen. Martha Leticia Rivera Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Derechos de Autor.
De los Senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada Rovirosa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez López y Fernando Eutimio Ortega Bernés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, a efecto de crear un esquema de seguridad social específico para la actividad policíaca.
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto que crea la Ley General que establece una Pensión para los Niños y Niñas Nacidas en Partos Múltiples.
Del Sen. Gerardo Montenegro Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley General de Educación.
De los Senadores Pablo Gómez Álvarez y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que establece el Fondo para la Reconstrucción del Estado de Tabasco.
Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 223 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10, fracciones III y IV, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito.
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por e que se derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de diciembre de dos mil seis.
(EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA DE HOY)
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del C. Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Belice.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del C. Enrique Manuel Loaeza y Tovar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Dominicana.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la C. Melba María Pria Olavarrieta, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Indonesia, concurrente ante la República Democrática de Timor-Leste.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Marina; y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, adoptado en Londres, el trece de febrero de dos mil cuatro.
De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación.
De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 41 de la Ley General de Educación; se reforma el actual tercero y el mismo, se recorre al cuarto.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a los servicios aéreos, firmado en la ciudad de Hong Kong el veinte de noviembre de dos mil seis.
De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que declara al año 2008 como “Año de la Educación Física y el Deporte”.
Cuatro, de la Comisión de Gobernación, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan El Consejo de Estado de la República de Cuba, la Comandancia General de la Marina del Gobierno del Perú y los Gobiernos de las Repúblicas de Honduras y de Chile.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre. (Dictamen en sentido negativo)
De la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo:
✓ En torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
✓ Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas información detallada sobre las políticas gubernamentales para preservar las lenguas indígenas mexicanas.
✓ Por el que el Senado de la República envía una cordial felicitación a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México por el ascenso de 13 lugares en el estudio denominado “Ranking Mundial de Universidades en la Web”.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que se implementen acciones que fortalezcan el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas.
De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, los que contienen puntos de acuerdo:
✓ Por el que se solicita un informe sobre la situación que guardan diversos predios ubicados en las inmediaciones del kilómetro 17 del Bulevar Kukulcán, así como otros ubicados al lado del sistema lagunar Nichupté, en la Zona Hotelera de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
✓ En torno al Proyecto Habitacional Turístico “Desarrollo Paraíso del Mar”, ubicado en La Paz, Baja California Sur.
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar información al Secretario del Trabajo y Previsión Social respecto a la situación laboral que impera en las empresas que prestan sus servicios a Petróleos Mexicanos.
Del Sen. Graco Ramírez Garrido Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Luz y Fuerza del Centro; y por el que se solicita a la Colegisladora a que en la aprobación del Presupuesto de Egresos se considere para el sector eléctrico la cantidad de $5,867 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2008.
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores.
Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que se profundice la investigación de la tragedia ocurrida en Campeche, en la que fallecieron trabajadores de PEMEX, se deslinden responsabilidades y se revisen prácticas en materia de seguridad industrial.
Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes, para que informen sobre las medidas adoptadas respecto al varamiento del yate “Hawaiano” en el poblado Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero; al encallamiento del buque remolcador PEMEX XLII, así como al hundimiento de los buques “Seba’an” y el “Oficina Porvenir” en la Sonda de Campeche.
De la Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, a nombre propio y de los Senadores Pedro Joaquín Coldwell, Rosalinda López Hernández, Melquíades Morales Flores y los integrantes de la Comisión de Cultura, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, se considere la reubicación del Archivo General de la Nación en el sitio idóneo para preservar su acervo.
Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos estatales y a las Legislaturas locales a llevar a cabo la armonización de su marco jurídico en relación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en relación con los daños producidos por el derrame de hidrocarburos en el Estado de Campeche y con el desbordamiento de los ríos en el Estado de Tabasco.
Del Sen. Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo en relación a la reactivación turística del Estado de Oaxaca.
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que, con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, la Secretaría de Salud implemente diversas acciones para fomentar la prevención de esta enfermedad por medio de diversas actividades y difusión de información con la que se beneficiará a un mayor número de mujeres.
De los Senadores Antonio Mejía Haro, Claudia Corichi García y Carlos Lozano de la Torre, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 se destinen y etiqueten recursos a la rama productiva del ajo dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; y por el que se solicita información a diversas dependencias sobre la cantidad, procedencia y el manejo fitosanitario de las importaciones de ajo.
De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación dé conocimiento del convenio, que se dice suscribieron los Gobernadores de los Estados de Colima y Jalisco; y se exhorta a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado, para que intervenga nuevamente ante los Gobernadores de los estados en conflicto; y a que agilice sus trabajos para resolver el conflicto limítrofe entre dichos estados.
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se incorpore el nivel bachillerato en el Programa Binacional de Educación Migrante (probem), que sostienen en común acuerdo los sistemas educativos de nivel básico de nuestro país y de Estados Unidos de América.
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal que asigne recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para contrarrestar los efectos provocados por la tormenta tropical “Noel” y el frente frío No. 4, que han provocado un sinnúmero de daños en los Municipios del Estado de Chiapas.
De la Sen. Rosario Ybarra de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita que el Estado Mexicano apoye gestiones por la búsqueda de la paz en el conflicto social y armado en Colombia.
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Recursos Hidráulicos que realicen una investigación con objeto de conocer las causas de la no conclusión de la obra de la Presa Peñitas en el Estado de Tabasco.
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación política nacional.
C I T A .
PROPOSICIONES QUE SE TURNARÁN DIRECTAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados, para que en la conformación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, se contemplen los recursos necesarios para la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Veracruz.
Acta de la Sesión Anterior
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con catorce minutos del día martes seis de noviembre de dos mil siete, encontrándose presentes ciento ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.
(Lectura del Orden del Día)
La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.
(Acta de la Sesión anterior )
Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el martes treinta de octubre de dos mil siete.
(Comunicaciones)
Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 Constitucional, para aceptar y usar la condecoración que otorga el Gobierno de la República de Hungría.- Se turno a la Comisión de Gobernación.
(Comunicaciones)
Se recibió oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2007; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2007, información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las Entidades Federativas, así como el pago de las mismas desagregada por tipo de fondo, efectuando en ambos casos la comparación corresponde al mes de septiembre.- Se remitió la documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
(Comunicaciones)
Se recibió oficio del Servicio de Administración Tributaria por el que informa que en la Ley de Ingresos de la Federación para 2007, fue aprobado un Programa de Condonación de Multas y Recargos que permite la regularización de adeudos a los contribuyentes y la recuperación extraordinaria de cartera con bajas probabilidades de cobro; e informa que durante el último trimestre de 2007 se presentarán para su aprobación a la Junta de Gobierno del SAT los Lineamientos para Cancelación de Créditos Fiscales y que durante 2008 se informará del avance correspondiente.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
(Comunicaciones)
Se recibió oficio de la Unión Interparlamentaria con mensaje de solidaridad y simpatía por las inundaciones en el Estado de Tabasco.- Quedó de enterado.
(Comunicaciones)
Se recibió Acuerdo del Congreso del Estado de Zacatecas, por el que solicita a las Cámaras del Congreso de la Unión retomar la discusión acerca de la problemática que enfrenta México con la próxima exención de impuestos arancelarios a productos agrícolas dentro del marco del Tratado de Libre Comercio celebrado con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.-Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
(Solicitud de Declaratoria Reforma Constitucional de la Cámara de Diputados)
Se recibió de la Cámara de Diputados Proyecto de Declaratoria de Aprobación del Decreto que reforma los artículos 6º, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Secretaría realizó el escrutinio de los votosaprobatorios de los Congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; y el voto negativo del Congreso del Estado de Coahuila. El Presidente declaró aprobado el decreto. Se envió al Ejecutivo Federal.
(Minutas de la Cámara de Diputados)
Se recibió de la Cámara de Diputados Minuta Proyecto de Decreto que expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Energía; de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.
(Minutas de la Cámara de Diputados)
Se recibió de la Cámara de Diputados Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.
(Minutas de la Cámara de Diputados)
Se recibieron de la Cámara de Diputados cuatros Minutas Proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.- Se turnaron a la Comisión de Gobernación.
(Comunicaciones Cámara de Diputados)
Se recibió de la Cámara de Diputados oficio por el que informa que el Diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez causa baja y el Diputado Javier González Garza causa alta en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.- Quedó de enterado. Se ordenó remitir copia a los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional
(Comunicaciones Cámara de Diputados)
Se recibió de la Cámara de Diputados, acuerdo por el que exhorta a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras a incluir el tema de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana en sus agendas y encuentros internacionales.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y a la Comisión Especial encargada de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana
(Comunicaciones de los Senadores)
Se recibió del Senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud para el retiro formal de Comisiones de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 9 de noviembre de 2006, en virtud de que la aprobación del decreto de reformas en materia electoral, considera los objetivos propuestos en dicha iniciativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.
(Iniciativas)
El Senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.
(Iniciativas)
La Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.
(Iniciativas)
El Senador Fernando Eutimio Ortega Bernés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.- Se turnó las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.
(Iniciativas)
El Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 25 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos
(Iniciativas)
Se recibió del Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera.
(Iniciativas)
Se recibió del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IX del artículo 27, se adiciona una fracción IX al artículo 115, se adiciona un párrafo tercero al Artículo 216, se modifica la fracción I del Artículo 306 y se adiciona un cuarto párrafo al Artículo 307, todos de la Ley General de Salud, sobre el combate a la obesidad infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.
(Iniciativas)
El Senador Felipe González González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 y el párrafo segundo del artículo 72; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera.
(Iniciativas)
El Senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y, el artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.
(Iniciativas)
El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Cámara de Diputados
(Acuerdos Órganos de Gobierno)
El Presidente dio lectura a un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en torno a las inundaciones en el Estado de Tabasco.
PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN
(Iniciativas)
La Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Salud; y de Estudios Legislativos.
(Iniciativas)
El Senador Mario López Valdez, a nombre propio y del Senador Ángel Aguirre Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.
(Iniciativas)
El Senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.
(Iniciativas)
Se recibió del Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda
(Iniciativas)
El Senador Hugo Antonio Laviada Molina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; de Salud; y de Estudios Legislativos.
(Dictámenes de Primera Lectura)
Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre.- Quedó de primera lectura.
(Dictámenes de Primera Lectura)
Se dio primera lectura a un dictamen Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que declara al año 2008 como “Año de la Educación Física y el Deporte”.- Quedó de primera lectura.
(Proposiciones)
El Senador Heladio Ramírez López, a nombre de la Subcomisión de Desastres Naturales, presentó proposición con punto de acuerdo en torno a la situación en los Estados de Tabasco y Chiapas; y al accidente de la plataforma Usumacinta en el Estado de Campeche.- En votación económica se consideró de urgente resolución. En la parte correspondiente se incorporo la propuesta del Senador Graco Ramírez Abreu para mencionar también a los Senadores Arturo Nuñez Jiménez y Rosalinda López Hernández.
A discusión invervinieron: Senadora Claudia Sofía Corichi García, a nombre propio y de la Senadora Rosalinda López Hernández quien presentó propuesta de adición, la cual no se admitió a discusión, por votación de 41 votos en contra; 36 a favor.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.
El Senador Francisco Herrera León.
El Senador Pablo Gómez Álvarez, quien presentó dos proposiciones, mismas que se turnaron a la Junta de Coordinación Política.
La Senadora Rosalía Peredo Aguilar, el Senador Luis Waltón Aburto, la Sendora María Elena Orantes López; la Senadora Josefina Cota Cota; y el Senador Lázaro Mazón Alonso.- Se aprobó en votación económica la proposición del Sendor Eladio Ramírez López.
(Proposiciones)
Se recibió del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo relacionado con la estrategia del Gobierno Federal para resolver las inundaciones en los Estados de Tabasco y Chiapas.- Se turnaron a las Comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público los resolutivos primero, segundo y cuarto; y a la Cámara de Diputados el tercero de ellos.
(Proposiciones)
Se recibió de los Senadores Claudia S. Corichi García y Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, se considere un incremento de la partida destinada al mantenimiento y ampliación de la Carretera Zacatecas-Saltillo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.
(Proposiciones)
Se recibió de los Senadores Guillermo Padrés Elías y Luís Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, considere recursos federales para el proyecto turístico denominado “Isla Huivulai” en el Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Sonora.- Se turnó a la Cámara de Diputados.
La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta minutos y citó a sesión ordinaria el jueves 08 de noviembre, a las 11:00 horas.
Poder Ejecutivo Federal
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficios con los que remite los siguientes Instrumentos Internacionales:
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III), adoptado en Ginebra el ocho de diciembre de dos mil cinco.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SEL/300/4366/07
México, D.F., 5 de noviembre de 2007.
CC. Secretarios de la Cámara Senadores
del H. Congreso de la Unión
P r e s e n t e s
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta Secretaría de Gobernación, copias certificadas del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III), adoptado en Ginebra el ocho de diciembre de dos mil cinco, acompañadas de un Memorandum de Antecedentes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes un ejemplar de los mencionados documentos con el objeto de que ese Órgano Legislativo, tenga a bien considerar el citado Protocolo durante su actual periodo de sesiones ordinarias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
A T E N T A M E N T E
ARMANDO SALINAS TORRE
Subsecretario
Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, hecho en Seúl, el once de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SEL/300/4365/07
México, D.F., 5 de noviembre de 2007.
CC. Secretarios de la Cámara Senadores
del H. Congreso de la Unión
P r e s e n t e s
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta Secretaría de Gobernación, copias certificadas del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, hecho en Seúl, el once de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, acompañadas de un Memorandum de Antecedentes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes un ejemplar de los mencionados documentos con el objeto de que ese Órgano Legislativo, tenga a bien considerar el citado Convenio durante su actual periodo de sesiones ordinarias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
A T E N T A M E N T E
ARMANDO SALINAS TORRE
Subsecretario
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SEL/300/4364/07
México, D.F., 5 de noviembre de 2007.
CC. Secretarios de la Cámara Senadores
del H. Congreso de la Unión
P r e s e n t e s
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta Secretaría de Gobernación, copias certificadas del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete, acompañadas de un Memorandum de Antecedentes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes un ejemplar de los mencionados documentos con el objeto de que ese Órgano Legislativo, tenga a bien considerar el citado Tratado durante su actual periodo de sesiones ordinarias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
A T E N T A M E N T E
ARMANDO SALINAS TORRE
Subsecretario
Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SEL/300/4363/07
México, D.F., 5 de noviembre de 2007.
CC. Secretarios de la Cámara Senadores
del H. Congreso de la Unión
P r e s e n t e s
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta Secretaría de Gobernación, copias certificadas del Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el diez de septiembre de dos mil siete, acompañadas de un Memorandum de Antecedentes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes un ejemplar de los mencionados documentos con el objeto de que ese Órgano Legislativo, tenga a bien considerar el citado Tratado durante su actual periodo de sesiones ordinarias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
A T E N T A M E N T E
ARMANDO SALINAS TORRE
Subsecretario
Acuerdo sobre Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Hungría, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de octubre de dos mil siete.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SEL/300/4362/07
México, D. F., 5 de noviembre de 2007.
CC. Secretarios de la Cámara Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta Secretaría de Gobernación, copias certificadas del Acuerdo sobre Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Hungría, firmado en la Ciudad de México, el veintidós de octubre de dos mil siete, acompañadas de un Memorandum de Antecedentes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes un ejemplar de los mencionados documentos con el objeto de que ese Órgano Legislativo, tenga a bien considerar el citado Acuerdo durante su actual periodo de sesiones ordinarias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
ATENTAMENTE
ARMANDO SALINAS TORRE
Subsecretario
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veintiséis de octubre de dos mil siete.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SEL/300/4360/07
México, D.F., 5 de noviembre de 2007.
CC. Secretarios de la Cámara Senadores
del H. Congreso de la Unión
P r e s e n t e s
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta Secretaría de Gobernación, copias certificadas del Acuerdo entre los estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el veintiséis de octubre de dos mil siete, acompañadas de un Memorandum de Antecedentes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes un ejemplar de los mencionados documentos con el objeto de que ese Órgano Legislativo, tenga a bien considerar el citado Acuerdo durante su actual periodo de sesiones ordinarias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
A T E N T A M E N T E
ARMANDO SALINAS TORRE
Subsecretario
Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, firmado en la Ciudad de México el veinticinco de octubre de dos mil siete.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SEL/300/4359/07
México, D.F., 5 de noviembre de 2007.
CC. Secretarios de la Cámara Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta Secretaría de Gobernación, copias certificadas del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, firmado en la Ciudad de México el veinticinco de octubre de dos mil siete, acompañadas de un Memorandum de Antecedentes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes un ejemplar de los mencionados documentos con el objeto de que ese Órgano Legislativo, tenga a bien considerar el citado Tratado durante su actual periodo de sesiones ordinarias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
ATENTAMENTE
ARMANDO SALINAS TORRE
Subsecretario
Protocolo por el que se adiciona el Capítulo de Compras del Sector Público al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago, Chile, el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, firmado en la Ciudad de México el veintiocho de agosto de dos mil siete.
S E C R E T A R Í A D E G O B E R N A C IÓ N
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SEL/300/4358/07
México, D.F., 5 de noviembre de 2007.
CC. Secretarios de la Cámara Senadores
del H. Congreso de la Unión
P r e s e n t e s
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta Secretaría de Gobernación, copias certificadas del Protocolo por el que se adiciona el Capítulo de Compras del Sector Público al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago, Chile, el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, firmado en la Ciudad de México el veintiocho de agosto de dos mil siete, acompañadas de un Memorandum de Antecedentes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes un ejemplar de los mencionados documentos con el objeto de que ese Órgano Legislativo, tenga a bien considerar el citado Protocolo durante su actual periodo de sesiones ordinarias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
A T E N T A M E N T E
ARMANDO SALINAS TORRE
Subsecretario
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Fomento de la Seguridad en la Aviación, firmado en Montreal, el dieciocho de septiembre de dos mil siete.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SEL/300/4361/07
México, D. F., 5 de noviembre de 2007.
CC. Secretarios de la Cámara Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta Secretaría de Gobernación, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Fomento de la Seguridad en la Aviación, firmado en Montreal, el dieciocho de septiembre de dos mil siete, acompañadas de un Memorandum de Antecedentes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes un ejemplar de los mencionados documentos con el objeto de que ese Órgano Legislativo, tenga a bien considerar el citado Acuerdo durante su actual periodo de sesiones ordinarias.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
ATENTAMENTE
ARMANDO SALINAS TORRE
Subsecretario
Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Cultura
Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:
183 Aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal y 11 Aniversario del Museo de la Luz, a realizarse el próximo domingo 18 de noviembre, en esta ciudad.
97 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana de 1910, a realizarse el martes 20 de noviembre, en esta ciudad.
85 Aniversario Luctuoso del Lic. Ricardo Flores Magón, a realizarse el miércoles 21 de noviembre, en esta ciudad.
SECRETARÍA DE CULTURA
CIUDAD DE MÉXICO
CPHAC/1545/07
ASUNTO: Oficio de invitación
México D. F., a 18 de octubre de 2007.
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Cultura, ha programado la ceremonia conmemorativa correspondiente al mes de 2007 de la cual anexo su descripción.
NOVIEMBRE 2007
|Fecha |Hora |Ceremonia |Lugar |
|Domingo |10:00 |183 aniversario de la|Museo de la Luz, |
|18 |Horas |expedición del |ubicado en las |
| | |Decreto de Creación |calles de San |
| | |del Distrito Federal |Idelfonso y El |
| | |y 11° Aniversario del|Carmen. Centro |
| | |Museo de la Luz |Histórico, |
| | | |Delegación |
| | | |Cuauhtémoc |
|Fecha |Hora |Ceremonia |Lugar |
|Martes |9:00 |97 Aniversario del |Explanada del Museo |
|20 |horas |Inicio de la |Nacional de la |
| | |Revolución Mexicana |Revolución, ubicado |
| | |de 1910 |en la Plaza de la |
| | | |República y Ponciano|
| | | |Arriaga, Col. |
| | | |Tabacalera, |
| | | |Delegación |
| | | |Cuauhtémoc |
|Miércoles |10:00 |85 Aniversario |Rotonda de las |
|21 |Horas |Luctuoso del Lic. |Personas ilustres |
| | |Ricardo Flores Magón |del Panteón Civil de|
| | | |Dolores, Delegación |
| | | |Miguel Hidalgo |
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia 'en representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.
Para efectos de coordinación pongo a su disposición el teléfono 55 21 43 34 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área Cívica.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Lic. Guadalupe Lozada León
Coordinadora
Cámara de Diputados
Oficios con los que remite las siguientes Minutas
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LX LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 60-II-4-876
EXP. NUM.: 1764
Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
P r e s e n t e s.
Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan una fracción I Bis al artículo 389 y los artículos 389 bis y 389 bis 1 Y dos últimos párrafos al artículo 392 a la Ley General de Salud, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
México, D. F., a 6 de noviembre de 2007.
DIP. MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALENZUELA
Secretaria
DIP. PATRICIA VILLANUEVA ABRAJAN
Secretaria
MINUTA
PROYECTO
DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
LEY GENERAL DE SALUD.
Artículo Único. Se adicionan una fracción I Bis al artículo 389 y los artículos 389 bis y 389 bis 1 y dos últimos párrafos al artículo 392 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 389. ....
I. ....
I Bis. De nacimiento.
II. a V. ....
Artículo 389 bis. El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.
El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente.
Artículo 389 bis 1. El certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de, una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.
Artículo 392. ...
….
La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados a que se refiere este Título, incluyendo las relacionadas con la captura, generación e intercambio de la información relacionada con la expedición de dichos certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el Título Sexto.
La distribución primaria de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal a que hace mención el artículo 389 de esta Ley estará a cargo de la Secretaría de Salud.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Secretaría de Salud expedirá el modelo de certificado de nacimiento, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para su conocimiento general y observancia en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Tercero. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las autoridades sanitarias y del Registro Civil de las entidades federativas, promoverá la utilización del certificado de nacimiento.
Artículo Cuarto. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, para establecer el reglamento correspondiente a la expedición de los certificados de nacimiento.
SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- México, D.F., a 6 de noviembre de 2007.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LIX LEGISLATURA
OFICIO No. D.G.P.L. 59-II-2-1044
Exp. 1798
Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.
Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Información y Difusión del Programa Especial Concurrente, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
México, D. F., a.6 de noviembre de 2007.
DIP, MARÍA DEL CARMEN SALVATORI BRONCA
Secretaria
DIP. ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME
Secretario
M I N U T A
P R O Y E C T O
D E
D E C R E T O
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Artículo Único.- Se reforma el artículo 20; y se adicionan los artículos 3, con una fracción XVI, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 15, con una fracción XVIII, recorriéndose en su orden las demás fracciones y, 22, con una fracción XVI, a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. a XV. ......
XVI. Difusión. La promoción nacional mediante los medios de información masiva escritos y electrónicos, libros, folletos y cualquier otro material idóneo que permitan dar a conocer los diversos programas y beneficios económicos que se deriven de la aplicación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable;
XVII. Entidades Federativas. Los estados de la federación y el Distrito Federal;
XVIII. Estado. Los Poderes de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios;
XIX. Estímulos Fiscales. Los incentivos otorgados por el Estado a través de beneficios preferentes en el ejercicio de la tributación;
XX. Marginalidad. La definida de acuerdo con los criterios dictados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;
XXI. Órdenes de Gobierno. Los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios;
XXII. Organismos Genéticamente Modificados. Cualquier organismo que posea una combinación de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna;
XXIII. Productos Básicos y Estratégicos. Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales;
XXIV. Programa Especial Concurrente. El programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que incluye el conjunto de Programas Sectoriales relacionados con las materias motivo de esta Ley;
XXV. Programas Sectoriales. Los programas específicos del Gobierno Federal que establecen las políticas, objetivos, presupuestos e instrumentos para cada uno de los ámbitos del Desarrollo Rural Sustentable;
XXVI. Recursos Naturales. Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y animales y recursos genéticos;
XXVII. Secretaría. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
XXVIII. Seguridad Alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población;
XXIX. Servicio. Institución pública responsable de la ejecución de programas y acciones específicas en una materia;
XXX. Servicios Ambientales (sinónimo: beneficios ambientales). Los beneficios que obtiene la sociedad de los recursos naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, el paisaje y la recreación, entre otros;
XXXI. Sistema. Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr un determinado propósito;
XXXII. Sistema-Producto. El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización, y
XXXIII. Soberanía Alimentaria. La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional.
Artículo 15.- ........
I. a XVI. ....
XVII. Impulso a los programas orientados a la paz social;
XVIII. Difusión nacional sobre su contenido, y
XIX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal.
Artículo 20.- La Comisión Intersecretarial será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente Ley.
Artículo 22.- ......
I. a XIII. ......
XIV. Servicio Nacional de Arbitraje del Sector Rural;
XV. Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, y
XVI. Servicio Nacional de Difusión.
...........
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- México, D. F., a 6 de noviembre de 2007.
Dos proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LX LEGISLATURA
OFICIO NO.: D.G.P.L. 60-II-3-963.
EXPEDIENTE No. 2596.
Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presente.
Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que se concede permiso a los ciudadanos Karla Negrete Aranda, Andrea Karla Gómez de la Casa Rivera, Ayesha Karina Dávalos Sánchez, Mónica Madera Reveles, María del Rosario Rueda Castro y Mario Priego Álvarez, para prestar servicios en las Embajadas de Francia, de Australia y de los Estados Unidos de América en México, y en su Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
México, D.F., a 6 de noviembre de 2007.
DIP. MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALENZUELA
Secretaria
DIP. PATRICIA VILLANUEVA ABRAJAN
Secretaria
MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Karla Negrete Aranda, para prestar servicios como Directora de Campusfrance Mexique, en la Embajada de Francia en México.
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Andrea Karla Gómez de la Casa Rivera, para prestar servicios como Asistente de Desarrollo de Negocios, en la Embajada de Australia en México.
ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Ayesha Karina Dávalos Sánchez, para prestar servicios como Ayudante de Visas en la Sección de Visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Madera Reveles, para prestar servicios como Investigador Asistente en Fraudes en la Oficina de Prevención de Fraude, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana María del Rosario Rueda Castro, para prestar servicios como Cajera Clase B, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Mario Priego Alvarez, para prestar servicios como Auxiliar de Limpieza, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
S A L O N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 6 de Noviembre de 2007.
DIP. RUTH ZAVALETA SALGADO
Presidenta
DIP. PATRICIA VILLANUEVA ABRAJAN
Secretaria
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LX LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 60-II-2-1043
Exp. No. 2628
Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s ,
Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que concede permiso a los ciudadanos Liliana Monroy Flores, Araceli Romero Romero, Enrique Vidal Morales, César Acosta Gámez, Martha Paola Sánchez González, Miriam Citlalic Villegas Tenorio, Eduardo Regules Bukantz y Arturo Muradas Ruiz, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Corea, en México y en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de la Embajada de Corea, en México.
México, D.F., a 6 de noviembre de 2007.
DIP. MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALENZUELA
Secretaria
DIP. PATRICIA VILLANUEVA ABRAJAN
Secretaria
MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Liliana Monroy Flores, para prestar servicios como Asistente del Embajador, en la Embajada de Corea, en México.
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Araceli Romero Romero, para prestar servicios como Personal de Mantenimiento, en la Embajada de Corea, en México
ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Enrique Vidal Morales, para prestar servicios como Chofer, en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, de la Embajada de Corea, en México.
ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano César Acosta Gámez, para prestar servicios como Trade Specialist, en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, de la Embajada de Corea, en México.
ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Martha Paola Sánchez González, para prestar servicios como Recepcionista, en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, de la Embajada de Corea, en México.
ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Miriam Citlalic Villegas Tenorio, para prestar servicios como Trade Specialist, en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, de la Embajada de Corea, en México.
ARTICULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Eduardo Regules Bukantz, para prestar servicios como Trade Specialist, en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, de la Embajada de Corea, en México.
ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano Arturo Muradas Ruíz, para prestar servicios como Trade Specialist, en el Centro de Comercio e Inversión de Carea, de la Embajada de Carea, en México.
DIP. RUTH ZAVALETA SALGADO
Presidenta
DIP. PATRICIA VILLANUEVA ABRAJAN
Secretaria
Proyecto de decreto que adiciona un inciso h) pasando el actual a ser inciso i), al artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LX LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 60-II-1-983
Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e.
Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que adiciona un inciso h), pasando el actual a ser inciso i) al artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
México, D.F., a 6 de noviembre de 2007
DIP. MARIA DEL CARMEN SALVATORI BRONCA
Secretaria
DIP. MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALENZUELA
Secretaria
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
QUE ADICIONA UN INCISO H) PASANDO EL ACTUAL A SER INCISO I), AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo Único.- Se adiciona un inciso h) pasando el actual a ser inciso i), al artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 34.
1. ...
a) a g)...
h) Presentar al Pleno el procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral y las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejeros para su elección, e
i) las demás que le atribuyen esta ley, o los ordenamientos relativos.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F. a 6 de noviembre de 2007
Comunicaciones de Ciudadanos Senadores
Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite las Actas correspondientes a las reuniones de trabajo de las comisiones de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor; de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; de Equidad de Género, Niñez y Juventud; de Agricultura, Ganadería y Pesca; y de Energía y Minas, llevadas a cabo en Santo Domingo, República Dominicana y en Panamá, República de Panamá
*[pic]
Ciudad de México, a 31 de Octubre de 2007
VPMPL-143
Sen. Santiago Creel Miranda
Presidente de la Mesa Directiva y
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Cámara de Senadores
P r e s e n t e
Estimado Señor Senador,
En mi carácter de Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, remito anexo al presente, las Actas correspondientes a las reuniones de trabajo llevadas a cabo los pasados 8 y 9 de octubre en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y del 17 al 19 de octubre en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, en las que participaron Legisladores Mexicanos miembros de las siguientes Comisiones del Parlatino:
o Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor.
o Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración.
o Equidad de Género, Niñez y Juventud.
o Agricultura, Ganadería y Pesca.
o Energía y Minas
Se informa lo anterior para conocimiento de los miembros de la H. Cámara de Senadores y su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e
Sen. Jorge A. Ocejo Moreno
Vicepresidente por México ante el
Parlamento Latinoamericano
ccp.- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera.- Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Cámara de Senadores.- Presente.-
[pic]
Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor
Santo domingo, Republica Dominicana 8 y 9 de octubre de 2007
En la Salón Taino del Hotel Santo Domingo, de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, los días 8 y 9 de octubre del 2007, se reúnen los señores legisladores miembros de la Comisión de Asunto Laborales, Municipales y de la Integración, que se consignan a continuación.
Nombre País
Dip. Julio Roberto Herrera Pumayauli Perù (Presidente)
Dip. Robert Maduro Aruba (Primer Vicepresidente)
Dip. Jamileth Bonilla Nicaragua (Secretaria)
Sen. Dirk Máximo Dumfries Aruba
Sen. José Manuel Bóbeda Melgarejo Paraguay
Dip. Emil Guevara Venezuela
Dip. Gustavo Hernández Venezuela
Dip. José Gregorio Hernández Venezuela
Dip. Eugenio Tuma Zedán Chile
Dip. Álvaro Alonso Uruguay
Dip. Carlos Alberto Solórzano Rivera Guatemala
Dip. Marvin Haroldo García Buenafé Guatemala
Sen. Ramón Galindo Noriega México
Sen. Lázaro Mazón Alonso México
Dip. Luis Alonso Mejía Mèxico
Dip. Oscar González Morán México
Dip. Mauricio Ortiz Proal México
Dip. Alicia Ester Tate Argentina
Dip. Víctor Alcides Bogado Paraguay
Dip. José Oña Paredes Bolivia
Expositores:
1.- Dip. Alicia Ester Tate. “Experiencias de Privatizaciones en Latinoamérica”
2.- Dip. Emil Guevara “Polìticas Pùblicas de la Información y la Tecnología”
3.- Dip. Àlvaro Alonso. “Desarrollo de los Biocombustibles: fuente alternativa de energìa”.
Se designa como Secretario Relator de la Comisión al Diputado Mauricio Ortiz Proal.
Asesores
Secretaria de Comisiones Parlatino: Lic. Norma Calero
Lic Fabian Bravo –Secretaria Comisiones -Mèxico
Lic. Juan Manuel Arraga - Uruguay
Lic. Horacio Pinto Vargas - Venezuela
El Diputado Julio Roberto Herrera, Presidente de la Comisión de Servicios Pùblicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del PARLATINO da la bienvenida a todos los participantes y somete a consideración el Orden del Día,
Tema I.- Combate a la piratería
Presentación de la propuesta encomendada a la Subcomisión (relevamiento y diagnostico de la situación).
Exposiciones:
Tema II.- Experiencias de privatizaciones en Latinoamérica.
Exposiciones: Dip. Alicia Ester Tate-Argentina
Tema III.- Políticas Públicas de la Información y la Tecnología.
Exposiciones: Dip. Emil Guevara - Venezuela
Tema IV.- Desarrollo de los biocombustibles: fuente alternativa de energía.
Exposiciones: Dip. Alvaro Alonso- Uruguay
Tema V.- Presentación de las Conclusiones del Primer Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Soberanía Tecnológica en Telecomunicaciones, organizado en el marco de la VI Cumbre Social por la Unión Latinoamericana y Caribeña, el pasado 2 de agosto de 2007.
Tema VI.- Proyecto Modernización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. Presentación del Congresista Julio Herrera (Perú).
Conclusiones.
Lectura y aprobación del Acta.
TEMA I.- Combate a la piratería
Presentación de la propuesta encomendada a la Subcomisión (relevamiento y diagnostico de la situación).
Con respecto a este tema hizo uso de la palabra el dip. Gustavo Hernández de Venezuela, solicitándole al Pleno de esta Comisión postergar la autorización del anteproyecto de la ley marco sobre Combate a la Piratería de Productos y Delitos contra la propiedad intelectual en todas sus formas, debido a que el citado parlamentario presentó en tiempo y forma (la reunión pasada) un anteproyecto de resolución distinto que guarda importantes diferencias con el que se presenta ante el Pleno. Esta Comisión tuvo a bien aprobar la conformación de una Sub-comisión cuyo objetivo será buscar la posibilidad de definir un anteproyecto que concilie los contenidos de ambas propuestas con la intención de poder formular una ley marco que goce del consenso unánime de todos los miembros de la comisión. La subcomisión, que tendrá un representante por cada País se reunirá durante el mes de marzo del 2008 teniendo como alternativas de sede las Ciudades de Panamá y Montevideo.
Derivado de la anterior se pospone la dictaminzación de este anteproyecto en tanto la subcomisión no realice su cometido, esperando poder incluir este tema en la siguiente Sesiòn Ordinaria de este Cuerpo Colegiado.
TEMA II EXPERIENCIAS DE PRIVATIZACIONES EN LATINOAMÉRICA.
Se deja constancia de la exposición que a manera de introducción presentó la dip. Alicia Ester Tate de la República de Argentina, y que en síntesis expresó lo siguiente:
El proceso de privatización experimentado por la Argentina a lo largo del primer quinquenio de la década de los noventa presentó como características generales las siguientes:
• Transferencia de activos hacia sectores monopólicos u oligopolios
• Preservación y protección de los intereses económicos de los acreedores externos.
• Procesos rápidos y amplios que carecieron de entornos regulatorios mínimos y adecuados.
• Implementación del proceso de privatización como una estrategia de legitimación política del gobierno Menemista frente a los organismos internacionales y a la oligarquía económica del país.
• Abandono de la preocupación de preservar los derechos de propiedad, la seguridad de las inversiones, los derechos del usuario y el compromiso social de los nuevos dotadores de bienes y servicios.
• Desinterés por preservar una presencia mínima del gobierno en la dotación de ciertos bienes y servicios que garanticen la preservación del estado de bienestar social.
El Dip. José Gregorio Hernández, de Venezuela, al abrir el debate manifestó que el imperialismo neoliberal defiende la ineficiencia económica del estado como una trampa para perpetuar su influencia y poder en la región. De la misma manera, acusó la complicidad de algunas clases gobernantes en el continente, quienes en contubernio con los detentadores del capital, generalizaron las privatizaciones sin control alguno. Finalmente, señalo que el Estado tiene la obligación de preservar los derechos políticos y económicos de sus habitantes, asumiendo una rectoría económica que limite la influencia nociva de las grandes corporaciones multinacionales.
El Dip. Carlos Solórzano, de Guatemala, manifestó que las privatizaciones afectaron a todos los pueblos latinoamericanos, en beneficio de unas cuantas transnacionales. Puso énfasis en la necesidad de generar procesos de cambio que mitiguen los efectos perniciosos de los monopolios en nuestros países.
El Sen. José Manuel Boveda Melgarejo, de Paraguay, manifestó que las privatizaciones han sido en América Latina, una experiencia triste, y que sus repercusiones han generado como principal consecuencia una falta de seguridad jurídica en la inversión.
El Dip. Álvaro Alonso, de Uruguay, manifestó la necesidad de asumir una posición de crítica constructiva y responsable sobre las recetas que en la región, suelen presentar los organismos multilaterales. En el mismo tenor, manifestó la inconveniencia de pasar de un paradigma a otro sin analizar a profundidad las consecuencias de ello. Tanto la privatización como la estatización pueden tener sentido y razón de ser siempre y cuando exista un marco regulatorio que garantice la protección de los derechos de los consumidores. Si hay honestidad e inteligencia por parte del gobierno para establecer pautas de exigencia que garanticen el incremento en la calidad y la disminución en los precios, las privatizaciones pueden tener sentido. Expuso diversos ejemplos de procesos de privatización exitosos en su país.
La Dip. Jamileth Bonilla, de Nicaragua, manifestó su preocupación por la absoluta impunidad con la que actúa la empresa que dota de servicios eléctricos a sus conciudadanos. La diputada considera que existen sectores estratégicos como el de la dotación de agua potable que no deben ser privatizados. Finalmente afirmó que los tres objetivos de cualquier proceso privatizador deben ser:
1. Disminuir subsidios para fortalecer económicamente al Estado.
2. Administrar competitivamente los sectores incrementando la calidad y disminuyendo el precio.
3. Incrementar las inversiones.
El Dip. Eugenio Tuma Zedán, de Chile, considera que la privatización “per se” no significa un peligro económico. Lo verdaderamente importante es definir con precisión el objetivo de cualquier política pública y que debe ser implementar y fortalecer el alcance del estado de bienestar social. Hay que dejar a un lado dogmatismos y entender que de acuerdo a circunstancias especificas es tan viable la privatización como la estatización. El legislador Chileno manifestó la necesidad de explorar a la figura de las concesiones como un medio para conciliar la inversión privada y los intereses y preservación de la propiedad de los bienes y servicios estratégicos por parte del estado nacional.
El Dip. Luis Alonso Mejía de México, manifestó la necesidad de no satanizar a las privatizaciones. Hay que estar en contra de los efectos nocivos que generan los monopolios y el papel del Estado debe centrase primordialmente en la promoción de la eficacia y la transparencia a través de un adecuado marco regulatorio.
El Dip. Mauricio Ortiz Proal, de México, celebró que este tema no sea analizado a partir de ningún tipo de dogmatismo. Se manifestó en contra de definir a las privatizaciones como procesos perniciosos. Lo que ha ocurrido en América Latina mediante los procesos privatizadores ha sido la liberalización de mercados económicos que sin adecuados marcos regulatorios han sido incapaces de cumplir con la función social que los consumidores esperábamos.
El Dip. Gustavo Hernández, de Venezuela, manifestó la pertinencia de este debate externando la necesidad de no pecar de ingenuidad y entender a los procesos de privatización como instrumentos que buscaban consolidar el control del imperialismo neoliberal sobre Latinoamérica a partir de su dependencia en sectores estratégicos. La privatización ha encarecido los servicios públicos afectando los intereses de millones de trabajadores y ante la ausencia absoluta de marcos regulatorios.
El legislador venezolano manifestó su convicción de que en su país estos procesos se utilizaron buscando debilitar al Estado nacional. Manifestó que VIASA es un ejemplo de empresa paraestatal que pese haber funcionado con márgenes aceptables de eficiencia fue vendida a una transnacional controlada por el Estado Español (IBERIA), obedeciendo a un claro interés político. En este tenor Venezuela ratifica su decisión de tomar parte activa en el proceso de consolidación regional que le permita a Latinoamérica y el Caribe fortalecer su posición negociadora en el mercado económico mundial.
El dip. Emil Guevara, de Venezuela, manifestó su seguridad de que nuevos horizontes se vislumbran en nuestros pueblos. No hay que doblegarse ante los mandatos del imperio que ve representados sus intereses a través de las grandes transnacionales. Considera que el neoliberalismo es una operación encubierta que pretende vulnerar la soberanía de los estados nacionales.
El Sen Lázaro Mazón, de México, manifestó los indeseables resultados en materia de justicia social que han generado los monopolios. La banca comercial y las siderúrgicas son ejemplos claros en México de los resultados nocivos que han tenido algunos procesos privatizadores cuando las reglas del juego no han sido correcta y precisamente definidas. Las privatizaciones han beneficiado a muy pocos y han abandonado en sus beneficios a muchos millones de personas.
El Sen. Ramón Galindo, de México, manifestó que el verdadero debate en torno al tema debe girar en torno a quien puede generar mejores condiciones de vida para la gente. En este tenor es importante no inhibir la capacidad creativa de aquellos que buscando legitimas ganancias puedan desarrollar diversas actividades de carácter económico y cultural.
El Dip. José Gregorio Hernández de Venezuela, manifestó su convicción de que los servicios estratégicos deben estar en manos del Estado. Invito a todos los parlamentarios presentes a participar de manera activa en la construcción de un Estado Nacional con capacidad directiva y gerencial que tenga la posibilidad de privilegiar el interés de todos por encima de los intereses particulares o de grupo. Hay que preparar al ciudadano para que asuma su responsabilidad social y fortalezca con su activismo el principio participativo de cualquier régimen democrático.
El Dip. Marvin García de Guatemala, resaltó la necesidad de generar marcos regulatorios que obliguen a las empresas a preservar los intereses de la sociedad generando condiciones de mercado socialmente útiles. Manifestó que más allá de considerar a las privatizaciones como fenómenos nocivos habría que poner énfasis en los marcos regulatorios que garanticen la viabilidad social de los términos de intercambio propuestos.
Finalmente el Dip Julio Herrera de Perú manifestó la necesidad de encauzar cualquier proceso de privatización a través de regulaciones que garanticen el compromiso social de las nuevas empresas.
Tema III.- Políticas Públicas de la Información y la Tecnología.
Tema V.- Presentación de las Conclusiones del Primer Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Soberanía Tecnológica en Telecomunicaciones, organizado en el marco de la VI Cumbre Social por la Unión Latinoamericana y Caribeña, el pasado 2 de agosto de 2007.
Estos temas, por su naturaleza fueron tratados de manera conjunta al tenor de las siguientes particularidades:
En este tema el dip. Emil Guevara y el asesor del grupo parlamentario de la República Bolivariana de Venezuela Lic. Horacio Pinto Vargas, expusieron los trabajos que se llevaron a cabo en su país en torno al 1er. Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Soberanía Tecnológica en Telecomunicaciones. En esta exposición reafirmaron la necesidad de reforzar la soberanía tecnológica de la región llegando a las siguientes conclusiones:
• El proceso de integración regional y desarrollo social en Latinoamérica demanda el fortalecimiento de nuestra soberanía a partir de nuestra capacidad de participar de las ventajas y beneficios que supone el desarrollo nacional del sector de las telecomunicaciones.
• Las tecnologías de la información y la comunicación deben estar al servicio de la liberación, la educación y la organización de nuestros pueblos, negando la posibilidad de que se conviertan en instrumentos de dominación.
• Nuestros países deben generar alianzas estratégicas en este sector buscando una verdadera transferencia tecnológica que nos permita alcanzar un estatus no tan solo de consumo sino de producción y desarrollo de la misma.
Bajo este tenor, es importante recalcar la necesidad de avanzar en el proceso de democratización de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay que darle un uso adecuado y pacifico a nuestro espectro radioeléctrico, generando una legislación que preserve su desarrollo regional.
Finalmente, es indispensable entender que la construcción de la nueva ciudadanía y la inclusión social pasan necesariamente por el fortalecimiento en nuestros países del desarrollo tecnológico en el sector de las telecomunicaciones.
El Dip. Emil Gevara manifestó la necesidad de avanzar en la organización del “Segundo Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre Soberanía Tecnológica”.
Tema IV.- Desarrollo de los biocombustibles: fuente alternativa de energía.
El Dip. Álvaro Alonso, de Uruguay, presentó una breve explicación de una iniciativa de ley que busca establecer estímulos fiscales y facilidades para el desarrollo del sector de los biocombustibles en su país. Manifestó la necesidad de solicitar toda la información posible a las diversas comisiones del Parlatino que ya han trabajado sobre el asunto, para que con mayores elementos de causa pueda agendarse un debate acerca de este tema en la próxima sesión que nos permita generar una perspectiva clara acerca de los efectos y consecuencias que el desarrollo del mismo puede tener sobre los consumidores en América Latina. En este mismo sentido se sumo a la propuesta el Dip. Gustavo Hernández de Venezuela
Tema VI.- Proyecto Modernización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. Presentación del Congresista Julio Herrera (Perú).
A petición expresa del presidente de esta Comisión, Dip. Julio Herrera, se pospone el tratamiento de este tema dado que el natural espacio de exposición del mismo es la República del Perú. Dados los lamentables terremotos que cimbraron el territorio peruano la Sede de esta reunión fue trasladada a la Cuidad de Santo Domingo, República Dominicana. Por lo anterior, este tema será pospuesto en su tratamiento hasta recibir la venia del Dip. Herrera.
Resoluciones:
Con base en las solicitudes de diversos miembros de la Comisión, se resuelve:
1) Realizar la próxima reunión de la Subcomisión para el estudio de la Combate a la Piratería de Productos y Delitos contra la Propiedad Intelectual en todas sus formas.
En el mes de marzo del año 2008, teniendo como probables sedes a los siguientes países: Uruguay o Panamá-
2) La Comisión se reunirá en el mes de abril del próximo año, a definir como posibles sedes: Lima, Aruba, Panamá
3) Temas;
Desafíos y futuro de los biocombustibles en América Latina.
Análisis del riesgo país que suponen los créditos indexados en la región.
Presentación de anteproyecto de Ley Marco sobre Combate a la Piratería de
Productos y Delitos contra la Propiedad Intelectual en todas sus formas.
Asuntos Generales.
4) La Subcomisión para la elaboración del anteproyecto de Ley Marco sobre combate a la Piratería de Productos y Delitos contra la Propiedad Intelectual en todas sus formas estará integrada por los siguientes parlamentarios : Luis Alonso Mejía, México; Álvaro Alonso, Uruguay; Gustavo Hernández, República Bolivariana de Venezuela; Eugenio Tuma , Chile; Alicia Ester Tate, Argentina; Dirk Máximo Dumfries, Aruba; Jamileth Bonilla, Nicaragua; José Manuel Bóbeda, Paraguay; Leonardo Camey, Guatemala; Frank Martínez, República Dominicana.
Nota: Los países que tengan representación formal en la comisión y que no hayan designado representantes lo podrán hacer en fecha próxima.
Se da por finalizada la sesión a las 12.00 horas del día 9 de octubre de 2007,
en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana
Dip. Julio Roberto Herrera Pumayauli
Perú
Dip. Robert Maduro
Aruba
Dip. Jamileth Bonilla
Nicaragua
Dip. Álvaro Alonso
Uruguay
Sen. Dirk Máximo Dumfries
Aruba
Sen. José Manuel Bóbeda Melgarejo
Paraguay
Dip. Emil Guevara
Venezuela
Dip. Gustavo Hernández
Venezuela
Dip. José Gregorio Hernández
Venezuela
Dip. Eugenio Tuma Zedán
Chile
Dip. Carlos Alberto Solórzano Rivera
Guatemala
Dip. Marvin Haroldo García Buenafé
Guatemala
Sen. Ramón Galindo Noriega
México
Sen. Lázaro Mazón Alonso
México
Dip. Luis Alonso Mejía
México
Dip. Oscar González Morán
México
Dip. Mauricio Ortiz Proal
México
Dip. Alicia Ester Tate
Argentina
Dip. Víctor Alcides Bogado
Paraguay
Dip. José Oña Paredes
Bolivia
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VIII Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos,
Municipales y de Integración
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 18 y 19 de octubre de 2007
En la Sede del Parlamento Latinoamericano, en el área de Amador, de la ciudad de Panamá, República de Panamá, , los día 18 y 19 de octubre de 2007, sesiona la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración, con la presencia de los legisladores que se consigna a continuación:
Se da inicio a los trabajos de la Comisión con la asistencia de los siguientes Parlamentarios y Directivos de la Comisión
Expositores:
Lic. Aníbal Miranda (Panamá), Director Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. “Interacción de la Sociedad Civil en la Definición de Políticas Públicas de Cohesión Social”.
Mgter. Verona Salmo (Panamá), Secretaría Nacional de Discapacidad. “Mecanismos Públicos de Inclusión Social”.
* Financiación de las Políticas Públicas de Cohesión Social.
* Sistemas de Indicadores de Cohesión Social en América Latina.
Se designa como Secretario Relator de la Comisión al Diputado Jorge Gandini.
Asesores:
Lic. David Luckonchang, Asesor Técnico – Panamá.
Lic. José Bermúdez, Asesor Técnico – Panamá.
Sra. Vianca Rosas-Panama.
Sra. Laudis Pittí.
Lic Norma Calero –Secretaria Comisiones Parlatino
Lic. Juan Arraga - Oficina Relaciones Internacionales Camara Diputados Uruguay
|Nombre |País |
|1- Sen.Carlos Sotelo García |México |
|2- Dip.Rafael Correa Flores |Venezuela |
|3- Dip.Jorge Gandini |Uruguay |
|4- Dip. Javier Hernández Manzanares |México |
|5- Dip. Maria Mercedes Corral |México |
|6- DipRamón Landeros |México |
|7.- Dip. Luis Enrique Benítez |México |
|7- Sen.Carlos Bohrt Irahola |Bolivia |
|8- Dip.Vidal Cisneros |Venezuela |
|9- Sergio Arnoldo Camargo |Rep. Dominicana |
|9- Dip.Gustavo Guarino |Uruguay |
|10- Arístides Da Rosa Cano | Paraguay |
|11- Rignaal Francisca |Antillas |
|13- Edgar D. Venialgor |Paraguay |
|14- Dip.Jerry Wilson |Panamá |
|15- Ivan Moreira |Chile |
Tema I.- Políticas Públicas para la Cohesión Social en América Latina.
Tema II.- ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).
El Orden del día es aprobado, por unanimidad.
Senador Carlos Sotelo García, Presidente, de (México)
Diputado Rafael Correa Flores, Primer Vicepresidente, de (Venezuela)
La Presidencia, a las 10:30 de la mañana, inicia la sesión. El Senador Carlos Sotelo García, Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de Integración del PARLATINO, da la bienvenida a todos los participantes y somete a consideración el Orden del Día, de la VIII Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de la Integración: Presidida por el Diputado Rafael Correa Flores en su calidad de Presidente de la misma.
El objetivo a desarrollarse en la misma como tema uno es el de las Políticas Públicas para la Cohesión Social en América Latina, la cual contará con dos expositores que representan a la República de Panamá y que son miembros del Ministerio de Desarrollo Social.
Al inicio de la sesión se integra a la mesa el Honorable Diputado de la Asamblea Nacional de Panamá H. D. Jerry Wilson Navarro, quien da un breve saludo a los comisionados participantes.
Se procede con la instalación de la Comisión. Acto seguido, se procede con el nombramiento del Secretario de la misma esta responsabilidad recae en el Diputado Jorge Gandini de la República del Uruguay.
El Señor Amilcar Figueroa pronuncia un mensaje saluda a la mesa, y agradece al gobierno de Panamá y a la Asamblea Nacional el haberlo recibido el día de hoy.
El Presidente de la Comisión procede con la lectura del documento que se acuerda en la XVII Cumbre Iberoamericana realizada en Valparaíso, Chile.
Se le da cortesía de sala al Licenciado Aníbal Miranda, Director Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social quien se refiere al tema de la Políticas Públicas para la Cohesión Social para la América Latina. A continuación se detallan las consideraciones puntuales de esta disertación.
1. Panamá como país ha estado desarrollando durante los últimos 3 años el proyecto de la inclusión de los discapacitados frente al status social del país. Eso implica que el verdadero desarrollo económico de un país se da cuando se integra a la población de discapacitados a los programas de trabajo, de educación y de salud.
2. Las políticas sociales y o de Estado han quedado en segundo plano sobre las económicas, sin embargo estas tienen prioridades administrativas. Esto indica que las políticas sociales deben ir a la par con las políticas económicas y que ambas deben compartir su responsabilidad.
3. Se menciona también que el proyecto de Desarrollo Comunitario (PRODE) equivale a la red de oportunidades.
4. Este proyecto descansa sobre tres pilares fundamentales: Las políticas sociales, la inversión para el desarrollo social y la protección social.
5. En la República de Panamá la participación de la sociedad civil organizada tiene a su haber un censo de 11.3% de personas con discapacidad de un total de aproximadamente tres millones de habitantes.
6. El ochenta por ciento de las personas con discapacidad en la República de Panamá viven en la pobreza.
7. En 1951, a través de la Ley 53 nace el Instituto Panameño de Habilitación Especial como respuesta a la demanda de ese sector (discapacitados).
8. De 1951 a 1999 a través de la Ley 1 se da la equiparación de oportunidades que a la fecha a carecido de cohesión social.
9. En el año 2004, a través del decreto Ejecutivo se crea la Secretaria Nacional para Personas con Discapacidad (SENADIS). Proyecto este que cuenta con el apoyo del Excelentísimo Señor Presidente Martín Torrijos Espino, el cual cuenta con un plan estratégico que debe llevarse a cabo del 2005 al 2009. Este tiene base y/o enfoque en políticas de equiparación para este sector marginado.
10. El expositor Aníbal Miranda concluyo manifestando que el gobierno esta comprometido en ayudar a la población discapacitada en función del principio de trasversabilidad integrando los ejes de salud, trabajo y educación, a la vez los discapacitados están comprometidos en asistir a las escuelas, a los centros de salud y a contribuir con su autogestión laboral. Una sociedad civil organizada debe contar con los siguientes pilares prioritarios de la cohesión social, a saber: cambio cultural en la administración pública, niñez, adulto mayor, sector indígena, juventud, discapacitados, mujer, violencia domestica entre otros.
11. No puede coexistir un crecimiento económico sin un desarrollo social sostenible es decir debe haber una política económica más una cohesión social para nuestro caso cumplir con las metas del milenio. La gestión pública a que apuesta la república de Panamá en aras de una cohesión social se circunscribe en tres grandes áreas: Políticas sociales, inversión para el desarrollo social y protección social.
Siguiendo el orden del día el Presidente de la Comisión le otorga el uso de la palabra a la Magíster Verona Salmo Secretaria Nacional de Discapacidad en Panamá quien hace su intervención desarrollando el tema “Mecanismos Públicos de Inclusión Social. La expositora sostiene que la cohesión social esta muy ligada a la gobernabilidad, América latina es la región más afectada por la desigualdad en términos de distribución económica esta situación hay que enfrentarla con programas de protección social, integración social, relaciones solidarias, mediante la formulación de políticas de cohesión y de desarrollo social en materia de salud, educación y trabajo estas políticas van dirigidas a reducir la pobreza y la pobreza extrema, esto tiene que ver con genero, raza, discapacidad, combate a la discriminación.
El gobierno nacional recientemente implemento un programa de educación inclusiva en los centros de enseñaza de educación básica para los niños discapacitados que han sido excluidos.
La agenda de cohesión social tiene una corresponsabilidad que consiste en subsidio económico a cambio de educación, trabajo y salud.
El Presidente Carlos Sotelo García concluyó exhortando al auditorio que en virtud de la función que desempeñamos como Legisladores tenemos que generar iniciativas o modelos legislativos de participación ciudadana y social de inclusión y cohesión social.
El Presidente de la Comisión ofreció la palabra al Diputado Elías Castillo, ex presidente de la Asamblea Nacional, que se hizo presente en la instalación de la Sesión de la Comisión y dio la bienvenida a los Diputados del PARLATINO, y con una breve intervención recordó que hacia el año 1990, la República de Panamá, recibió total apoyo del PARLATINO luego del acto de invasión realizado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos a nuestro país. Castillo destacó la visión del Presidente Torrijos y enfatizó el reconocimiento que se le debe hacer al Presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y a quienes lo acompañaron en esa ocasión.
Por otra parte, le informo a los integrantes del PARLATINO que se estarán realizando muy pronto los trabajos de acondicionamiento del edificio que se constituirá en la sede del PARLAMENTO LATINOAMERICANO. Menciono también los avances de la construcción del ensanche del Canal de Panamá, obra de mayor importancia para la Republica de Panamá y el interés que ha generado en los países del Hemisferio, entre otros. Les invitó a visitar las esclusas de Miraflores y las instalaciones del Canal. Les reitero los brazos de hermandad de Panamá y auguro éxito en la agenda de trabajo que se desarrollará durante los dos días de trabajo de la Comisión.
Las intervenciones que continuaron se refirieron, en términos generales, a los puntos previstos en el Orden del Día:
Financiación de las Políticas Públicas de Cohesión Social, y Sistemas de Indicadores de Cohesión Social en América Latina.
Siendo las 15:45 se da inicio a la segunda etapa de la sesión. El Sr. José Ramírez Martínez, de México, expuso sobre los movimientos migratorios en América Latina. (Se adjunta copia de toda la disertación).
El Presidente, luego de la intervención, sugiere que se conforme una Subcomisión y se dé seguimiento al problema migratorio expuesto.
Interviene apoyando, la propuesta del señor Rafael Correa Flores de Venezuela, que también se refiere al tema de la Cohesión Social y la Gobernabilidad.
Manifestó que para eliminar la pobreza se le debe dar mas poder a los pobres, en lo político, económico y social en lugar de a los tecnócratas y funcionarios del gobierno. Expuso sobre la experiencia venezolana y leyó las leyes del Consejo Comunal que rigen en Venezuela.
Durante el año 2005-2006, se han conformado 336 municipios, y se crean aproximadamente 17,800 Consejos Comunitarios, que se consolidan con los representantes comunales. Continúa mencionando que se han desarrollado, 13, 745 proyectos comunales, que se traducen: da por ejemplo, se restauran casas en estado precario, y se invierte en escuelas.
Vidal Cisneros (Venezuela) Propone que la comisión haga llegar a la Asamblea del Parlatino una resolución de apoyo al Acuerdo humanitario para la Paz en Colombia que se gestiona con el apoyo del Gobierno venezolano.
Gustavo Guarino, de Uruguay, se refiere al tema de la inclusión social. Menciona que no se consolida la democracia sin la inclusión social. Nos encontramos frente a un gran tema y la concepción de desarrollar políticas a su favor, menciona alternativas para mejorar la calidad de vida. Hay que hacer sustentables los proyectos de inclusión, que coadyuven al fortalecimiento de los poderes locales para así poder crear, la descentralización a favor de las comunidades.
Hace referencia a que hoy día se da un crecimiento económico en los piases de Latinoamérica y que se manifiesta en el PBI, pero que sin embargo, no disminuye en la pobreza.
Comenta la creación del Plan Ceibal, actualmente en Uruguay, para que cada niño en la escuela tenga su computadora personal.
Hay que enfatizar en un cambio del aspecto estructural desde el Estado.
Interviene el Presidente de la Comisión, refiriéndose entre otros temas a lo siguiente:
En los últimos años, el mundo ha sufrido un cambio, en la tecnología y otros, que aún no se refleja en las comunidades, y que junto con la integración comercial, no han dado los resultados esperados.
Las política neoliberales, han afianzado la desigualdad social y deteriorado la cohesión social.
Actualmente, México, maneja niveles de pobreza del 40%, casi la mitad de la población, 40 millones de habitantes en situación de pobreza y 15 millones en pobreza extrema.
Resalta el derecho de todos los habitantes al acceso a la banda ancha, al espectro radioeléctrico, y a otros aspectos del desarrollo, dirigidos a las comunidades más marginadas.
Interviene el senador Carlos Bohrt, de Bolivia, quien coincide con lo manifestado anteriormente por el dip Correa , sobre la limitación de la cohesión social y llama la atención, sobre el riesgo de caer en posturas reduccionistas de los temas (achicar el Estado, para agrandar la Nación – Consenso de Washington).
Iván Moreira: opina sobre la reforma bolivariana. En América a mayor crecimiento, menor desigualdad. Los tecnócratas, han realizado sus aportes a las economías.
Menciona que Venezuela da muchas recetas que son sólo aplicables a su realidad. Al tiempo que recomiendan transferir el poder a los pobres en Venezuela se asiste a un proceso de enorme concentración del poder en su Presidente.
El señor Jorge Sánchez de Costa Rica, manifiesta lo interesante de todos los planteamientos realizados en la sesión, y destaca el tema migratorio de México pero también de Costa Rica y hace referencia a la “hambruna” que existe en algunas regiones y la escasa descentralización de aquel país.
El Presidente de la Comisión destaca la necesidad de la participación de la sociedad civil en la cosa pública, además de otras apreciaciones.
El Diputado Moreira, pide examinar muy bien la transferencia de poder y cuestiona, los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
El Dip. Benítez (México) sugiere presentar la declaración de la VIII Reunión con pronunciamientos que condene la construcción de muros y, o barreras en las fronteras, lo cual aleja la integración (muro de Estados Unidos por México) en tiempo de globalización.
Se recuerda que el tema ya fue objeto de pronunciamientos anteriores.
Siendo las 17:45 hs se da por finalizada la sesión.
SESIÓN DEL DÍA VIERNES, 19 DE OCTUBRE DEL 2007.
Siendo las 09:45 se da inicio a la reunión, presidida por el Diputado Carlos Sotelo.
El Diputado Gandini, prepara el Proyecto de Declaratoria. Por su parte el Diputado Amilcar Figueroa, interviene señalando diferencias con el Acta de la Junta Directiva de Santo Domingo, y presentó lo resuelto en la VI Cumbre de Caracas, en donde se planteó promover la Asamblea de Parlamentarios de África, América Latina y el Acuerdo de Paz de Colombia.
El dip Figueroa expresó que la Junta Directiva en su reunión en Santo Domingo resolvió trasladar a esta Comisión la propuesta de Venezuela de realizar un evento, en ese país o en otro para dar a conocer los contenidos del ALBA, propuso que dicho evento contara con la participación de expertos que explicaran el alcance de la iniciativa del ALBA.
Temas como la Estrategia de Integración Energética, es algo que nadie puede objetar. Que seria bueno que se conozcan las propuestas por todos para poderlas debatir.
El Presidente de la Comisión, manifiesta que no se ha visto el Acta en relación al precitado tema.
Por otra parte, el Senador Carlos Borth, advierte que la propuesta realizada en Republica Dominicana no se ha formalizado en Acta.
El Diputado Amilcar Figueroa, Presidente Alterno del Parlatino, solicita el consentimiento de la aprobación política para promover impulsar y convocar a especialistas en diferentes temas para abordar en los detalles de las propuestas.
El Presidente de la Comisión, se suma a lo antes planteado y solicita convocar al evento los ponentes y la fecha adecuada para el primer trimestre del año entrante.
El Diputado Iván Moreira, no ve inconvenientes en esta propuesta, pero señala que si el evento se va a realizar en Venezuela deben tratarse también otros temas relativos a la intervención de Venezuela en asuntos internos de otros países a la libertad de expresión en ese país y a las reformas que se están llevando a cabo.
El Presidente Carlos Sotelo, valora positivamente la propuesta y solicita nombrar una comisión para que junto con la Junta Directiva considere la temática de esa reunión. Sugiere integrar temas como el MERCOSUR, Parlamento Andino, Alba y la posición del Parlatino sobre los procesos de integración.
La Diputada de México María Mercedes Corral, expresa que debe mantenerse la mente abierta para escuchar todas las opiniones y de su apoyo al evento.
El Diputado Jorge Gandini: Menciona que el ALBA, es una iniciativa política del Presidente Chávez. que no esta dispuesto a participar de un evento cuyo principal objetivo sea publicitar una iniciativa que choca con otras estrategias de integración, que entiende que el evento debe hacerse pero no en Venezuela, que las intervenciones no deben ser de carácter técnico y que de haber exposiciones a cargo de especialistas deben haber también exposiciones de comentaristas independientes.
El Diputado Amílcar Figueroa, se sorprende que no entiendan la propuesta. La idea que los anima es poner el tema en la agenda.
El Diputado Guarino , manifiesta que estamos frente a un tema político. Que la mayoría de los Uruguayos tienen posición diferente a lo que ha dicho el Señor Gandini.
El tema del señor Figueroa levanta polémica mas todos tienen derecho a elegir y a debatir. El tema puede formar parte de la agenda y sugiere crear la misma.
Diputado Javier Hernández de México, sostiene que el tema de Venezuela se ha discutido en toda la región, que es un asunto polémico y se puede elegir cualquier lugar para su discusión, además de otros temas.
El Senador Rafael Correa, plantea que ésta comisión tiene poca asistencia, siendo uno de los temas de mas importancia.
El Senador Carlos Bohrt de Bolivia, denota que existen muchos prejuicios sobre el tema y propone ubicar institucionalmente la reunión y sus avances.
El Presidente, sugiere que el tema amerita una reunión extraordinaria de la comisión de asuntos políticos, pero convenida con la Junta Directiva del Parlatino. Entiende aque se debe realizar en el marco del calendario para el 2008 y decidirse en la reunión de Directivas de Comisiones.
La propuesta es leída y aprobada por unanimidad.
El Senador Carlos Bohrt, solicita incluir un experto en el tema integración energética ya que esto tiene connotaciones estratégicas para Bolivia.
El presidente sugiere la conformación de dos subcomisiones y se proponen legisladores para integrarlas :
SUB COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS:
Edmundo Ramírez - México
Rafael Correa - Venezuela
Gustavo Guarino - Uruguay
Jorge Sánchez - Costa Rica
Javier Hernández - México
SUB COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REFORMAS CON STITUCIONALES EN LA REGIÓN:
Jorge Gandini - Uruguay
Ivan Moreira - Chile
Vidal Cisneros - Venezuela
Carlos Borth - Bolivia
Carlos Sotelo - México
Las subcomisiones quedan aprobadas por unanimidad y se pasan a considerar los temas de las próximas reuniones en el 2008.
Propuestas del Senador Sotelo
1. Para el primer semestre abordar el tema “Desarrollo Sustentable”. Calentamiento Global y deterioro de los Sistemas Ambientales.
2. Gobiernos Locales. Avances y Experiencias en Materia de Descentralización Política y Administrativa.
3. Gobierno Digital y Transformaciones en la Comunicación.
Propuestas del Diputado Rafael Correa
1. A propósito del documento presentado por el delegado de Antillas Holandesas propone debatir el tema “Procesos Independentistas en el Caribe” .
2. Discusión sobre la Constitución de una Comunidad Latinoamericana y Caribeña de Naciones.
3. Comunidad Suramericana de Naciones. Divulgar el proyecto en su estado de avance actual.
Propuestas del Diputado Vidal
1. Actualización y debate sobre los acuerdos “América latina- Europa”.
2. Organismos de Integración. Evaluar la integración y posible superposición de diversos organismos que son integrados por países miembros del PARLATINO y que abordan temas de común interés.
Propuestas del Diputado Ramón Landeros
1. Suma argumentos a favor de abordar asuntos vinculados a los gobiernos locales y temas municipalistas.
El Presidente de la Comisión, menciona la importancia de vincular estos eventos. Que se debe procurar que una representación participe en la Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Chile. Todas las propuestas deben ser elevadas a la Junta Directiva para que se tome decisión sobre lo que corresponda. Se ofrecen como Sedes posibles para el 2008 México y Curaçao, aunque la Junta Directiva tomara decisión unificando la reunión de varias comisiones.
El Diputado Edmundo Rodríguez, sugiere la posibilidad de considerar varios de los temas propuestos en una misma reunión.
El Diputado Jorge Sánchez, manifiesta que el tema de Migración no es aislado, si no que dentro del mismo se ventilan otros temas ya sea políticos, de derechos humanos, pobreza.
El Presidente de la Comisión, sugiere que se empate la reunión con la realización de las nuevas Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno y que se puedan establecer las fechas de las mismas.
Propone que se haga un esfuerzo para que la Subcomisión de seguimiento de las reformas constitucionales se haga presente el 30 de octubre en Ecuador, el 2 de diciembre en Venezuela y considere las reformas que se procesan en Bolivia y México.
Se le encomienda al Dip Edmundo Rodríguez elaborar un proyecto de agenda para la subcomisión de Migraciones
Se repasan y ordenan los Acuerdos alcanzados durante el desarrollo de sesión:
ACUERDOS
1. Diputado Jorge Sánchez de Costa Rica se incorpora como Secretario permanente de la Comisión, en nombre de su país, por acuerdo de la Junta Directiva del Parlatino.
2. Se crea la subcomisión de Asuntos Migratorios en la región, para la que han sido designados: Diputado Javier Hernández (México), Diputado Rafael Correa (Venezuela), Diputado Gustavo Guarino (Uruguay), Diputado Edmundo Ramírez (México) y el Diputado Jorge Sánchez (Costa Rica).
El Diputado Edmundo Ramírez elaborara una posible agenda de dicha subcomisión.
3. Se crea la Subcomisión de Seguimiento de los Procesos de Reformas Constitucionales en la región, para la que han sido designados el Senador Carlos Sotelo (México), Senador Carlos Bohrt (Bolivia), Diputado Vidal Cisneros (Venezuela), Diputado Iván Moreira (Chile) y el Diputado Jorge Gandini (Uruguay).
4. Se resuelve que la Subcomisión de Seguimiento de los Procesos de Reformas Constitucionales acuda a la cumbre de jefes de Estados y de Gobierno de Iberoamerica, que se realizará en Chile el próximo 8 y 9 de noviembre; a la instalación de la Asamblea Constituyente de Ecuador el próximo 30 de octubre; que considere la posibilidad de asistir a la ratificación de la Reforma constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el próximo 2 de diciembre.
5. Se ratifica el acuerdo tomado en la Reunión de México para hacer coincidir las reuniones de esta Comisión con la que en el futuro realicen los Jefes de Estado y de Gobierno . Se dispone también llevar este asunto a la próxima reunión de la Directiva de Comisiones que se realizará en diciembre en Panamá.
6. Se acuerda, atendiendo una resolución de la Junta Directiva, convocar a una reunión especial para conocer y debatir la iniciativa “Alternativa Bolivariana para las Americas” –ALBA. Para ello, conjuntamente la Junta Directiva del Parlatino y la propia Comisión de Asuntos Políticos acordaran invitar a especialistas que se consideren adecuados para tal fin.
Dicho evento se realizará en la ciudad de Panamá en el primer trimestre de 2008 y en el marco del calendario que apruebe la Asamblea del Parlatino que se reunirá los días 5 y 6 de diciembre próximo.
Se acuerda también que todas las delegaciones pueden proponer especialistas para exponer en dicha reunión extraordinaria, quedando registrada la propuesta de Bolivia de incorporar un expositor de ese país experto en la integración energética.
7. Se faculta a la Directiva de esta Comisión para que elabore un proyecto de pronunciamiento respecto del acuerdo humanitario para la paz en Colombia, el que deberá incluir especialmente la opinión de la delegación colombiana en la Comisión de Asuntos Políticos .
8. Se acuerda que el Presidente de la Comisión procure una reunión con el Secretario General Iberoamericano, Contador Enrique Iglesias, para que reciba las propuestas de la Comisión relativas a la Agenda de Cohesión Social y las haga llegar a los presidentes y jefes de gobiernos de iberoamérica el documento de esta Comisión; al mismo tiempo que se le solicitará posibilite la participación en esa reunión cumbre de la Subcomisión de Seguimiento de las Reformas Constitucionales.
9. En relación a las sedes para las reuniones del año 2008 se resolvió esperar que la Junta Directiva defina países donde se puedan agrupar reuniones de varias comisiones.
Igualmente se recibieron las propuestas de México y de Antillas Holandesas para ser sede de próximas reuniones, destacando la delegación de este último que su interés está directamente relacionado al documento que presento en esta comisión, “Los Procesos Independentistas en el Caribe Americano”.
10. En relación a los temas de las próximas reuniones se resolvió difundir todos los temas propuestos entre todos los integrantes de la Comisión y luego de recibir opiniones encomendar a la mesa la definición de los mismos. Se consideró también la posibilidad de agrupar con sentido lógico más de un tema en cada reunión.
Se dio lectura y se aprobó por una unanimidad la Declaración de Panamá, que se anexa al Acta.
.
Siendo las 12:45 (doce y cuarenta y cinco) del mediodía, del viernes 19 de octubre del 2007, se da por finalizada la reunión.
CARLOS SOTELO
Presidente de la Comisión
JORGE GANDINI
Secretario de la Comisión
Sede del Parlamento Latinoamericano en la Ciudad de Panamá, Republica de Panamá.
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VIII Reunión de la Comisión de
Asuntos Políticos, Municipales y
de la Integración
DECLARACIÓN DE PANAMÁ
Reunidos en la ciudad de Panamá, los legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de Integración, sesionamos para considerar el tema Políticas Públicas para la Cohesión Social en América Latina.
Luego de escuchar las distintas exposiciones y debatir sobre el asunto la Comisión acordó emitir la presente declaración, destacando los siguientes considerandos.
1. La importancia que los Estados nacionales asuman como un desafío principal enfrentar el desarrollo desigual y la distribución injusta de la riqueza, que afecta a nuestros países, así como los efectos que ocasiona la mayor pobreza, y el deterioro en las formas democráticas y los modos de convivencia.
2. Que así como lo han hecho diversos organismos de integración en la región, la Comisión de Asuntos Políticos del PARLATINO, ha resuelto integrar el tema Cohesión Social a su agenda permanente, instando a las autoridades de los países de la región a incorporarlo a sus prioridades y profundizar todas las medidas tendientes a corregir la inequidad social.
3. La Cohesión Social solo podrá alcanzarse luego de un largo y persistente proceso que incluya a la sociedad civil en el centro de las políticas de Estado.
Basada en las antedichas consideraciones la Comisión de Asuntos Políticos hace un llamado a los gobiernos de los Estados miembros, para que consideren las siguientes propuestas:
1. Fortalecer la soberanía de los países mediante la aplicación del derecho internacional, la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos y la solución pacífica de las controversias. Asimismo mantener a la región bajo el principio de neutralidad.
2. Ciudadanizar la política, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, así como instaurar en los países que no lo tengan, la revocación del mandato, la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum.
3. Promover los observatorios ciudadanos, las contralorías y visitadurías sociales.
4. Establecer Consejos Económicos y Sociales que permitan la participación e intervención de la sociedad en las decisiones de gobierno.
5. Acotar los monopolios públicos o privados, duopolios y oligopolios que generan abusos, promoviendo la competencia y generando legislaciones que aseguren condiciones competitivas en beneficio de los consumidores, productores e industriales.
6. Desarrollar las legislaciones electorales haciéndolas más confiables y transparentes y, promoviendo la participación y vigilancia de los partidos políticos y la sociedad civil.
7. Promover, como un derecho garantizado por el estado, el acceso de los ciudadanos a la banda ancha y a las nuevas tecnologías que permitan ampliar y democratizar la sociedad del conocimiento en los países de la región.
Panamá, 19 de octubre de 2007.
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VIII Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Panamá, 18 y 19 de octubre de 2007
En las oficinas del Parlamento Latinoamericano, en la Ciudad Panamá, los días 18 y 19 de octubre del 2007, se reúnen los señores legisladores miembros de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Subcomisión de Biocombustibles de la Comisión de Energía y Minas, que se consignan a continuación.
Nombre País
Dip José Carlos Cardoso Uruguay-Presidente
Sen Maria de los Ángeles Moreno Secretaria Comisiones
Sen. Getmar Caldera Antillas Neerlandesas
Dip Juan Arturo Salim Argentina
Dip Edmundo Soruco Bolivia
Sen Fernando Rodríguez Calvo Bolivia
Sen. Jaime Cesar Naranjo Ortiz Chile
Dip. Manuel Rojas Molina Chile
Dip Ignacio Urrutia Bonilla Chile
Dip. Pedro Alvarez Salamanca Chile
Dip. Rosa Maria Loaiza Ecuador
Dip. Sergio Arnoldo Camargo Muralles Guatemala
Dip. Hugo Hun Ponce Guatemala
Dip. Susana Monreal Avila México
Dip. Maria Mercedes Maciel Ortiz México
Sen. Jesús Dueñas Llerenas México
Dip. Alonso Manuel Lizaola de la Torre México
Dip, Jose Antonio Arévalo Gonzalez México
Dip Beatriz Collado Lara México
Sen Arturo Herviz Reyes México
Dip Osiel Castro de la Rosa México
Dip Francisco Javier Plascencia México
Sen. Ruben Camarillo Ortega México
Dip. Daniel Rojas López Paraguay
Dip. Jacome Pinzo Panamá
Dip Pablo Santana Rep. Dominicana
Dip José Casimiro Ramos Rep. Dominicana
Dip. Jorge Pozzi Uruguay
Dip. Nelson Rodriguez Uruguay
Dip. Richard Charamelo Uruguay
Dip. Homero Viera Uruguay
Dip. Carolus Wimmer Venezuela
Expositores:
Se designa como Secretario Relator de la Comisión al Diputado José Carlos Cardoso.
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Asesores
Lic. Juan Arraga. Relaciones Internacionales Cámara de Diputados Uruguay
Lic. Norma Calero, Secretaria de Comisiones Parlatino
Lic Fabián Bravo, Parlatino México
El Presidente, Dip José Carlos Cardoso, verificado el quórum da por iniciada la sesión proponiéndose el siguiente orden del día:
Tema I.- Biocombustibles
Tema II.- Tenencia de la Tierra
Es aprobado, por unanimidad.
Tema I
Biocombustibles
Expositora inicial Dip. Rosa Maria Loaiza ( Ecuador). Se abre el debate en el que intervienen los siguientes legisladores: Dip Ignacio Urrutia Bonilla (Chile); Dip Beatriz Collado (México), Dip Osie Castro de la Rosal (México), Alonso Lizaola, Jesús Dueñas Llerena (México), Dip Susana Monreal Avila, Sen Arturo Herviz Reyes (México) y Dip José Antonio Arévalo González (México): Sen Fernando Rodríguez Calvo ( Bolivia); Juan Arturo Salim (Argentina); Dip Homero Viera; dip Jorge Pozzi (Uruguay), José Carlos Cardoso (Uruguay); Dip Manuel Rojas Molina (Chile); Sen Jaime Naranjo (Chile); Dip Carolus Wimmer (Venezuela) Dip. José Casimiro Ramos (República Dominicana).
El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, inicia la jornada haciendo una introducción al tema de los biocombustibles, producto de las sesiones de trabajo realizadas en la reunión de México.
La reunión de la comisión, se desarrollo en conjunto con los miembros de la comisión de energía, los cuales han analizado paralelamente la temática de los biocombustibles. Durante la sesión de trabajo los diputados y senadores de los países participantes, expusieron las experiencias y avances en materia de biocombustibles, que se adelantan en sus respectivos países.
Los miembros de las dos comisiones plantean, que la temática relacionada con los biocombustibles es muy amplia y compleja y como tal debe ser analizada desde una óptica integral a nivel latinoamericano. Sin embargo, es necesario que cada país siga avanzando en este ámbito de acuerdo a las fortalezas y debilidades dentro de su realidad socioeconómica y política. Por lo tanto se debe seguir la discusión a nivel de los Estados sobre su conveniencia o no, a fin de tomar las decisiones correspondientes al caso.
Algunos de los miembros de la comisión, expusieron que la producción de biocombustibles, no debe afectar la disponibilidad de alimentos a nivel de los países latinoamericanos que se dediquen a la producción de estas alternativas energéticas. El desarrollo de esta actividad debe ser sostenida y no afectar al medioambiente, es decir, no se deben establecer campos de cultivos para la producción de biocombustibles, en áreas que actualmente están bajo cubierta vegetal.
Por otro lado, es preciso que los países establezcan una política de ahorro energético, mediante la promoción de la cultura en sus conciudadanos sobre la racionalización de la energía. Además es preciso establecer incentivos a los productores que se dediquen a la producción de biocombustibles, lo cual nos permitirá desarrollar esta actividad económica a nivel regional. El desarrollo de estas nuevas tecnologías nos permitirá en el corto y mediano plazo disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. No obstante, cada Estado debe crear conciencia y equilibrar la cantidad de granos disponibles para el consumo humano y para la producción de biocombustibles.
Es preciso señalar también, que los países de la región deben fortalecer la investigación y la generación de tecnologías de punta, las cuales puedan utilizar los subproductos de los granos como el maíz y de la caña de azúcar, como fuente de materia prima para la producción de biocombustibles y de esta manera no comprometer la disponibilidad de alimentos para el consumo humano.
Después de haber deliberado sobre el particular, se nombra una subcomisión conformada por la Diputada Beatriz Collado de México y la Diputada Rosa María Loaiza de Ecuador, para elaborar una propuesta de declaración sobre los biocombustibles.
Seguidamente se da inicio al tema relacionado con la tenencia de la Tierra.
TEMA II
Tenencia de la tierra
Expositores Homero Viera ( Uruguay) En el debate intervinieron el Dip. José Fernando Rodríguez Calvo (Bolivia), Diputado Ignacio Urrutia (Chile), Jesús Dueñas, Arturo Hervis (Mexico), Osiel Castro (Mexico), Jaime Naranjo (Chile), Juan A. Salim (Argentina),
La temática relacionada con la tenencia de la tierra representa en algunos países de América Latina uno de los mayores problemas sociales en las sociedades rurales.
Las reformas agrarias se conciben como una alternativa para hacer una redistribución de la tierra y de esta manera garantizar que toda la sociedad rural tenga el recurso tierra para producir y satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y generar excedentes económicos para garantizar una adecuada calidad de vida del campesinado.
Sin embargo, el proceso de reforma agraria, con el transcurso del tiempo no ha garantizado un mejoramiento socioeconómico de las poblaciones rurales. Esto se debe específicamente a que la parcelación de la tierra promovida por la reforma, no contempla el tamaño adecuado de la unidad productiva que garantice que una familia pueda vivir honrosamente.
Por otro lado la apertura comercial promovida por la firma de los tratados de libre comercio, negociados a nivel latinoamericano entre los diferentes Estados de la región con Estados Unidos, ha promovido las importaciones de los diferentes productos (alimentos) y esta nueva política ha disminuido considerablemente el apoyo de los diferentes Estados, a través de las políticas de subsidios, a los productores agropecuarios de sus respectivos países.
Es recomendable analizar la situación de la tenencia de la tierra desde la perspectiva de cada país, con la finalidad de verificar si este proceso fue positivo o negativo y si aún está vigente o no.
Es necesario establecer estrategias comunes en las cuales se establezca la unidad económica de la tierra sustentable pero haciendo una indemnización a quien se le quite el recurso. Sin embargo, esta redistribución tiene que ir acompañada con una política de Estado coherente y sostenible en la cual se otorguen los certificados de propiedad de la tierra, para que el campesinado tenga acceso a crédito y financiamiento oportuno.
Otro aspecto que debe acompañar, a este proceso, es que se debe promover la organización de los pequeños productores para negociar volúmenes de producción y como parte de la política se debe establecer acuerdos para evitar el incremento de los precios de los insumos y fertilizantes.
Finalmente debemos precisar que la tenencia de la tierra a nivel latinoamericano es sumamente importante para impulsar el desarrollo socioeconómico de la región, sobre todo en los países donde la sociedad rural forman parte fundamental de la sociedad.
CONCLUSIONES
El día 18 de octubre del año 2007 en la Subsede Regional del Parlatino de la Ciudad de Panamá se realizo la VIII reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, conjuntamente con la Subcomisión de Biocombustibles de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano con la participación de 32 legisladores, Diplomáticos, Representantes de 11 Países, acuerdan:
1.- EL Avance de los biocombustibles, debe verse como un elemento más de la matriz energética. Cada país tiene su desarrollo en esta materia de acuerdo a sus particularidades y, por tanto, le corresponde determinarlo.
2.- Cada país debe impulsar Legislaciones claras y estables destinadas al ordenamiento industrial de la elaboración de los biocombustibles, que comprenda: producción, almacenamiento, transformación, tributación y distribución.
3.-La estrategia de los biocombustibles no debe entenderse como un reemplazo a la producción de alimentos, sino como una actividad complementaria al desarrollo agrícola y rural generadora de empleo. Tener especialmente en cuenta los acuerdos alcanzados en torno al calentamiento global y el respeto al medio ambiente.
4.- Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda Energética en los próximos 25 años se incrementará en un 70 %. La producción de Hidrocarburos están en línea de agotamiento, por tanto la Seguridad Energética debe encararse en cada país como un tema primordial.
El Presidente felicita a todos los expositores por la clara y precisa exposición de sus temas y agradece la activa participación de los Señores Parlamentarios Miembros de la Comisión, así como también el fructífero trabajo realizado por los mismos.
Panamá, 19 de octubre de 2007.
VIII REUNION DE LA COMISION DE EQUIDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y JUVENTUD
Del 18 al 19 de octubre de 2007
Panamá-República de Panamá
ACTA
En la ciudad de Panamá, Republica de Panamá, siendo las 10:35 a.m., a los dieciocho días del mes de octubre del año 2007, en la Subsede del Parlamento Latinoamericano , se reúne la Comisión de Equidad de Genero, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, con la asistencia de los siguientes parlamentarios y las parlamentarias e invitados especiales:
Parlamentarios y Parlamentarias:
1. H.D. Mayra Zúñiga (Pan), Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud
2. H.S. Daniel Francios Pierre Leo, (Aruba)
3. H.D. Germán Cardoso, (Uru)
4. H.S. Guillermo Tamborrel, (Méx)
5. H.S. Nelly González, (Mex)
6. H.D. Giuson Flores (Ven)
7. H.D. Norexa Pinto (Ven)
8. H.D. José Gregorio Hernández, (Ven)
9. H.D. Rosa Esperanza Merlo Drews (Par)
10. H.S. Mirta Vergara de Franco, (Par)
11. H.D. David Sánchez Camacho (Méx)
12. H.S. María Elena Orantes, (Mex)
13. Dip. Omar Antonio Borboa (Mex)
14. H.S. Carmelita Violeta Haynes (Aruba)
15. H.D. Carlos Enciso (Uru), invitado
16. H.D. Héctor Pérez Rojas (Gua)
17. H.D. Jaime Quintana (Chile)
18. H.D. Elda Gomez (Mex)
19. H.D. Dudley Lucía (Ant. Ned)
Ponencia: “La Primera Igualdad es la Equidad”
Invitados especiales:
– H.D.S. Yamileth Espinosa, Comisionada, a.i de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Derechos del Niño, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá.
– Licda. Anahí Quintero Belda, Delegación de la Niñez y Juventud de la Defensoría del Pueblo.
– Licda. Yaraví Almanza, Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, Dirección Nacional de la Mujer.
Tema I Diversidad Sexual, Reconocimiento de la Diferencia, Iniciativas para la No Discriminación.
Tema II Medio Ambiente, Protección de la Biodiversidad, Explotación Racional de los Recursos Naturales No Renovables, Fuentes de Energía Alternativa, Desarrollo Sustentable.
Tema III Convención Iberoamericana de la Juventud
Tema IV Presentación de Anteproyecto del Observatorio Latinoamericano y del Caribe, de Equidad y Género y de la Democracia Participativa con Igualdad de Oportunidades.
Tema V Legislaciones Internas a favor de la niñez y la adolescencia. ¿Qué se ha hecho, qué falta por hacer?
Tema VI Información de lo acordado en la subcomisión sobre el “II Encuentro de Parlamentarios Jóvenes”
Conclusiones
Lectura y Aprobación del Acta.
La sesión fue iniciada por parte de la Diputada Mayra Zúñiga, Presidenta de la Comisión de Equidad de Genero, Niñez y Juventud, quien dio las palabras de bienvenida y solicitó disculpas por las condiciones existentes y quisiera que en el futuro se tuvieran condiciones más adecuadas.
Tema I Diversidad Sexual, Reconocimiento de la Diferencia, Iniciativas para la No Discriminación
Expositores: Dip. David Sánchez Camacho (Méx)
Sen. Mirtha Vergara de Franco (PAR)
El Diputado David Sánchez Camacho, da su agradecimiento por la acogida a su propuesta hecha al parlamento sobre mujeres y hombres que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual e inicia la exposición del tema. (La ponencia se adjunta al documento).
Luego la Sen. Mirtha Vergara de Franco realizó su ponencia (La ponencia se adjunta al documento).
Finalizadas las ponencias, los presentes hicieron las siguientes intervenciones:
Dip. Norexa Pinto (Ven): Expresó que en su país se trató de dar protección a los indígenas, además se está impulsando hacer modificaciones en legislaciones para no discriminar. Contra la violencia doméstica, se está trabajando y se concluyo que esto era discriminatorio.
Sen. Guillermo Tamborrel: (Méx): Considera que es una decisión personal, que se puede atentar contra los derechos del niño. Atenta con el derecho superior del menor, y se refirió al problema de la adopción cuando los padres tengan orientaciones sexuales no tradicionales, se debe buscar el interés supremo del niño.
Sen. Carmelita Haynes (Aru): expresó que en su país hay una ley que permite que los homosexuales puedan casarse, allí se respeta la diversidad y la idea no es solo entablar una ley sino conversar con el pueblo, es poco a poco y sugiere sensibilizar a los ciudadanos.
Sen. Guillermo Tamborrel (Méx): Señala que no es que desconozca la protección que se le deba brindar a las minorías; si no que también, debemos proteger la vida y cuidar por una protección a minorías, todos los seres humanos tienen derecho a vivir dignamente.
Dip. Giuson Flores (Ven): Expresó que en Venzuela en la actualidad se está reconociendo los derechos; sin embargo, han resuelto el dilema jurídico, pero no el cultural, hay que penetrar en la familia
Dip. Héctor Pérez (Gua): le preocupa la situación, por el tema de la adopción porque existen algunas parejas que han protestado y son del mismo sexo. Considera que existe bastante similitud entre países nuestros países y se debe analizar en que medida los avances en este tema, puedan afectar a los niños. Estos grupos están buscando la seguridad social. En Chile hay proyectos en este tema que tratan de mejorar la situación de la seguridad.
Dip. Giuson Flores (Ven): Abordó la parte fisiológica, anatómica y psicológica, cuando el individuo sufre transformaciones físicas necesita un cambio de identidad. Hay que legislar para que las personas tengan derecho a patrimonios, porque la realidad existe, hay que legislar para no afectar el derecho a la familia. .
Sen. Guillermo Tamborrel (Méx): Opina que hay un limite a los derechos, hay que ser cuidadoso, debe haber un interés superior por el niño. En México no se dan escaños porque es práctica discriminatoria, así que no se pueden poner limites a las acciones, hay que tener cuidado con los pasos hacia delante, Una cosa es que aceptamos la homosexualidad; pero no debe ser reconocido en la educación en menores, una cosa es la cultura de la aceptación y otra la promoción. Es un tema que hay que profundizar, pero hay que ser cauteloso.
Sen. Gloria Benítez (Par): expresó que estamos hablando de preceptos, religiones, hay que hablar de ellos si el índice de aborto es alto, si hay suicidio hay que hablar de ello. La familia se ve afectada por la migración, los niños ya hablan de la homosexualidad de manera natural, hay que hablar con los jóvenes sobre estos temas y traer información estadística al respecto. Así como solicitar a los jóvenes que manifiesten su posición sobre el tema.
Dip. David Sánchez: Sugiere que el 17 de mayo se declare como el día de la homosexualidad, ya que esa fecha fue eliminada por ser considerada enfermedad mental.
La discusión del tema concluye sin ningún consenso.
TEMA II Medio Ambiente, Protección de la Biodiversidad, Explotación Racional de los Recursos naturales No Renovables, Fuentes de Energía Alternativa, Desarrollo Sustentable.
Ponencia: “Efecto Medioambiental que produce la hidroeléctrica Yacyretá”
Expositora: Dip. Rosa Merlo Drews (PAR)
La Dip. Merlo inició su ponencia manifestando que desde hace miles de años se crearon represas para diversos usos, Paraguay tiene una gran experiencia en el trabajo con el medio ambiente. Indica que actualmente en el mundo podemos observar que más de la mitad del mundo tiene represas, para satisfacer más de la mitad del consumo eléctrico, razón por la cual cualquier proyecto de desarrollo debe mejorar el desarrollo sustentable sin afectar el medio ambiente. Continuó con su ponencia sobre los efectos sociales y ambientales de la construcción de la represa de Yaciretá (la ponencia se adjunta al documento).
Finalizada la ponencia, se hizo un receso para escuchar las palabras de bienvenida del Diputado Elias Castillo, en su calidad de Subsecretario del Parlatino.
Acto seguido se abrió el periodo de preguntas y observaciones sobre la ponencia.
Dip. Giuson Flores (Ven): Señaló que en esa área hoy día hay un desembarco de fuerzas militares norteamericanas, exactamente donde llega el Paraná y lo que se observa con preocupación por que el medio ambiente es una inquietud de todos los latinoamericanos, el medio ambiente es calidad de vida y es esencial a esa población sacarla de la pobreza . Opinó que esta Comisión y el Senado de Venezuela, tienen interés de armonizar toda la legislación latinoamericana y buscar mecanismos para lograr la institucionalidad de la protección del medio ambiente. Dentro del marco de esta Comisión por sus temas es importante este tópico. En Uruguay están trabajando para presentar propuestas sobre cambio climático en la próxima Cumbre, y los efectos del daño del medio ambiente en Latinoamérica. Es la primera cumbre parlamentaria y la primera que se realiza en este tema. Se invitará a embajadores, científicos de Naciones Unidas y existe gran cantidad de interesados en armonizar todo el proceso legislativo, establecer donde dirimir las conflictos ambientales. Considera que el esfuerzo de la compatriota le permite abordar las necesidades de América Latina, sabe que pronto les va llegar la invitación para esta cumbre y espera que todos los parlamentos nacionales y regionales, pues se prevé la participación de unos tres mil legisladores.
Sen. Guillermo Tamborrel (Méx): Opinó sobre la necesidad de contribuir al problema que se ha presentado, hay un problema muy grande de inequidad y ver como se puede contribuir para darle solución y entendiéndose que en el Parlatino hay una Comisión con especialidad en este tema, por lo cual recomienda que se lleve el tema a esa Comisión y apoyar desde esta Comisión que es la que atiende a poblaciones vulnerables. En cuanto al tema del calentamiento global, recomienda agendar el tema de educación ambiental para la próxima reunión y que sí está relacionado con esta Comisión, a fin de generar una mayor cultura ambiental en nuestros jóvenes. Finalmente, opina que hemos visto que el daño ambiental de una parte del mundo afecta a otra. Los incendios del Amazonas repercuten en el medio ambiente del resto del Mundo. Por lo cual desea compartir la experiencia de México, que en aras de dar un ambiente sano, en la legislación mexicana se aprobó el tema del tabaco, prohibiendo el no fumar en lugares cerrados, lo que no se debe entender como una afectación a una población, pues lo que se busca es respetar los derechos de los no fumadores. Lo que se aprobó en el Distrito Federal abarca separaciones físicas en bares, restaurantes, etc. de forma que se garantice el ambiente limpio para los no fumadores. A nivel de los otros Estados se están realizando cambios similares y pone a disposición estos avances para los demás países.
Dip. Carlos Enciso (Uru): Agradece a Panamá por la bienvenida y por que este país siempre ha sido símbolo de luchas y reivindicaciones de elementos agresores como los que vivió Panamá desde 1913. Hoy les regocija la plena soberanía de Panamá, casualmente en el 1988 tuvieron una experiencia en Panamá, y se siente muy bien de volver en calidad de parlamentario. Quiere hacer una observación de la exposición, en el Río de la Plata tienen una cercanía con lo que sucede en Paraguay. Considera que puede haber una competencia en temas donde el Parlatino no le corresponde, pero sí en lo que respecta de la participación de Parlamentarios argentinos, pero estos temas es importante su presencia, pues allanaría a lograr acciones bilaterales, y completar el trabajo con los Organos Legislativos de ambos países, considera que se deben articular las acciones: en el Parlatino, desde la Comisión de Medio Ambiente y entre los parlamentos de ambos países. Sugiere que se retome el tema de la reintegración de la delegación argentina, la cual ha estado ausente en los últimos meses.
Dip. Rosa Merlo (Par): Manifiesta que quiso dar a conocer temas que no se conocen y lo que sucede en nuestros países, son situaciones similares. Por ejemplo: en el día de ayer leyó una nota en un periódico local, que se titulaba “La guerra es por el agua del río”,esta consciente que es tema del Medio Ambiente, pero considera que en estos grupos de discordia se deben incorporar mujeres, niños, etc. para que se puedan empoderar en el tema de la defensa del medio ambiente. Sobre que se puede hacer, piensa que se debe socializar el tema. En cuanto a la ausencia de la delegación argentina, considera que no es conveniente que se firme ningún acuerdo sobre el tema, si ellos no están presentes.
Siendo las 12:30 p.m. se concluye el debate por parte de la Presidenta de la Comisión, indicando la finalización de la jornada, indicando que al día siguiente el tema V será expuesto en la mañana, junto con el tema III.
Ninguna propuesta se sometió ha votación.
ACTA
(Continuación)
En la ciudad de Panamá, Republica de Panamá, siendo las 9:30 a.m., a los diecinueve días del mes de octubre del año 2007, en la Subsede del Parlamento Latinoamericano, se reúne la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, con la finalidad de darle continuidad al VIII Encuentro de la Comisión de Equidad de Genero, Niñez y Juventud.
Parlamentarios y Parlamentarias:
1. H.D. Mayra Zúñiga (Pan), Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud
2. H.D. Dudly Lucía (Ant. Ned), Vicepresidente
3. H.S. Daniel Leo (Aruba)
4. H.D. Germán Cardoso (Uru)
5. H.S. Guillermo Tamborrel (Méx)
6. H.S. Nelly González (Mex)
7. H.D. Norexa Pinto (Ven)
8. H.D. Rosa Esperanza Merlo Drews (Par)
9. H.D. David Sánchez Camacho (Méx)
10. H.S. Carmelita Violeta Haynes (Aruba)
11. H.D. Carlos Enciso (Uru), invitado
12. H.D. Jaime Quintana (Chile)
13. H.D. Elda Gomez (Mex)
14. Sen. Guillermo Tamborrel, (Mex)
15. Sen. Eunice Eisden, (Ant. Ned)
16. Dip. Fidelia Perez (Rep. Dominicana)
17. Dip. Carlos Gamou, (Uru)
Invitados especiales:
– Licdo. Jorge Gianareas, UNICEF-Panamá
– Licdo. Harry Brown, PNUD-Panamá
– Licda. Edith Castillo, Directora Nacional de la Juventud, Ministerio de Desarrollo Social-Panamá
– Licdo. Gonzalo Medina, Presidente del Consejo Nacional de la Juventud
– Licdo. Edgar Escobar, Ministerio de Desarrollo Social
– Licda. Dora Arosemena, UNFPA-Panamá
– Licda. Carla Rivera Avni, GPI
– Licda. Anahi Quintero, Defensoria del Pueblo
La jornada se inició con las palabras de bienvenida del Sen. Dudley Lucia, Primer Vicepresidente de la Comisión, quien pidió disculpas a nombre de la Presidenta de la Comisión, quien comunico que llegaría mas tarde por percances de salud.
TEMA III “Convención Iberoamericana de la Juventud”
Ponencia: “La evolución de la participación en democracia y la cultura participativa de la juventud en Panamá”
Expositor: Harry Brown, Politólogo, Especialista del PNUD-Panamá, se adjunta la ponencia.
Expositora: Edith Castillo, Directora Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá
La Licda. Edith Castillo, abordo el tema de la importancia del reconocimiento de los derechos humanos de jóvenes, la responsabilidad del Estado de reconocer los derechos de todas las personas, el objetivo es la creación de nuevas políticas sociales, y en el caso de la juventud, por su característica de diversidad no se puede pensar en una única población. Adjunto al documento se encuentra la ponencia.
Concluida la ponencia, el Vicepresidente, abre a preguntas y respuestas:
Sen. Eunice Eisden, (Antillas Ned): Da las gracias por las presentaciones pues fueron muy amplias, desea plantear un proceso que se esta dando en las Antillas Holandesas de estructura Estatal, donde Holanda esta limitando la autonomía de los pueblos, desde el 2005 Holanda esta sugiriendo un supervisor financiero en los gobiernos, lo cual limita la autonomía de los gobiernos, luego de esta reestructuración, van a quedar Aruba, Curacao y St Marteen. Ahora Holanda pide el supervisor financiero que tiene que aprobar el presupuesto, hablando de la participación en democracia, esto limita la misma y mina las libertades de los jóvenes. Ella como miembro de un partido social demócrata, considera que se esta minando la democracia y a ellos le están exigiendo la autonomía, hay muchas otras estructuras que se están afectando, pues quería prestar la atención sobre lo que esta pasando pero le gustaría que en la próxima reunión se ponga como consideración este tema para ser expuesto. Solicita solidaridad a este proceso por parte del Parlatino, pues es una situación parecida a la experiencia de Panamá quien requirió el apoyo del Parlatino, las Antillas no requieren la recolonizacion de Holanda. Aquí la necesidad de involucrar a los jóvenes quienes son los que continuaran con el peso político.
David Sánchez Camacho (Mex.): Pregunta, donde esta contemplado el tema de la Trata de Blancas, y opina que generalmente las jóvenes, especialmente en América Latina, se esta utilizando para pasarlas de un lugar a otro, y desea saber si esta contemplado en la Convención este tema. Indica que en el Senado hay una propuesta del servicio militar obligatorio para mujeres, que considera que es importante que se prevea este tema. Solicita apoyo para la próxima reunión para las Antillas y lograr el apoyo en el proceso de fortalecimiento de la democracia.
Sen. Elida Gómez (Mex): Felicita a Edith Castillo, pues ella también fue joven, le preocupa el tema de las personería jurídicas pues no solo se actúa con esa institución jurídica, cuando hay voluntad se puede trabajar.
Sen. Carmelita Haynes (Aruba): Considera que se pueden involucrar en las Convención, en Aruba no hay institución para los jóvenes, hay un parlamento pero no es independiente donde ellos se puedan expresar libremente, pues en ocasiones son limitadas por otras organizaciones. Considera que se pueden enviar cartas oficiales solicitando este apoyo donde puedan formar parte de estas organizaciones oficiales. Lo que sucede, es que como su país es tan pequeño, no pueden hacer investigaciones. Los jóvenes del Caribe viajan mucho a distintas regiones de Latinoamérica y es importante que ellos conozcan de todo, y va a hacer todo lo posible para que se involucren y se pongan en contacto.
Sen. Eunice Haynes: Felicita, considera que estos son los medios para fortalecer la juventud y se compromete en apoyar dentro de su parlamento para impulsar la Convención.
Rosa Merlo: Desea saber si ya existen leyes aprobadas, en Paraguay tienen experiencia de leyes que se han propuesto, han contado con dos intentos, el primero fue una ley de otro país, el segundo se trabajo por un periodo, pero cuando terminaron de redactar el proyecto lo envían al ejecutivo y este lo modifica y se lo envía al Congreso y no era lo que hicieron los jóvenes. Desea saber si existen experiencias con otros Congresos en cuanto a leyes nacionales de juventud.
Dip. Omar Borboa (Mex.): Desea felicitar a la expositora, explica que el es el tercer parlamentario mas joven de México. E indica que no es lo mismo un joven soltero a un joven casado, y como se hace para manejar las diferencias en la juventud.
Dip. Norexa Pinto (Ven): Agradece y felicita por lo que se esta haciendo desde Panamá. Considera que se debe eliminar el tema de trata de blancas por trata de personas. Ellos tienen la Ley de Protección de Niñez y Adolescencia, que da muy buenos resultados, están en un proceso político inmenso que por un lado conlleva al cambio político. La cantidad de jóvenes y mujeres en Venezuela involucrada en la política. Tal vez por el proceso político muy propio de Venezuela. También se cuenta con gran participación política parlamentaria y ejecutiva de mujeres.
Dip. Fidelia Pérez (Rep. Dominicana): Manifestó que tienen la ley, y promueven la inclusión, al principio del próximo mes tienen un simulacro de jóvenes parlamentarios (Asamblea Juvenil), concediéndole a todos los parlamentarios todos las privilegios de los Diputados.
Finalizadas las observaciones, la expositora Edith Castillo, procede a responder las inquietudes.
Lcda. Edith Castillo: Desea compartir la experiencia de cómo se manejan los jóvenes, primero en cuanto a políticas publicas de juventud para hacer diferencias, mas cuando se refiere a niños y adolescentes, estas ultimas políticas estan impreganadas de un enfoque de protección de derechos, y un enfoque de institucionalidad, o sea las instituciones y las personas deciden que hacer con estos temas, igual es con el tema de mujeres; sin embargo, cuando hablamos de políticas publicas de juventud, su base esta en participación de construcción de ciudadanos. Quiere decir que se traduce en que la política se diseña con los jóvenes, y no para jóvenes. Por que las respuestas tienen que ser con ellos desde sus necesidades. El compañero de Mex. Se refería a las diferencias de los jóvenes, manifiesta Edith que para definir juventud o juventudes no existe consenso. Hay especialistas que dicen que hablar de adolescente, parte de premisas equivocadas, sobre todo desde la concepción que es el sujeto que adolece. Cuando se habla de juventud no es solo un rango etareo, sino con características propias. Pues, por ejemplo una persona de 35 años en Europa es joven; mientras que en América Latina es viejo. Lo importante es que ese joven tiene realidades distintas, vive distintas juventudes. La juventud es una construcción social y cultural vinculada con la edad que varia de país en país.
En cuanto a la observación de México, de la personería jurídica, los jóvenes se organizan de manera horizontal y cuando deciden hacer algo los jóvenes van a estar con sin personalidad jurídica, pero como ciudadanos con derechos no tienen que tener mayoría de edad para que los jóvenes se les otorguen recursos, por eso se deben lograr cambios legislativos para propiciar cambios con los jóvenes. En Panamá el 80 por ciento de las fundaciones son adultos trabajando para los jóvenes y no se ha logrado obtener redes y capacidad social mas fuertes para la democracia. No se le puede decir al joven de 17 años que dentro de unos minutos serás ciudadano. La ciudadanía se nace con ella, es un derecho.
Recientemente los países están fortaleciendo este tema, en Rep. Dominicana se ha avanzado muchísimo. En Venezuela existe propuesta a petición de los jóvenes de que se baje la edad a 17 años, solo es ir mas allá de lo que realmente tenemos, es parte de la institucionalidad y el fortalecimiento que se hace desde la OIJ para la juventud. En Costa Rica el sistema es descentralizada, Dominicana y Nicaragua tienen procesos similares, son nuevos estos cambios, pero la realidad es que se esta contra el tiempo por las características de la población que no se va a volver a contar, pues estamos en la inversión de la evolución demográfica. Si no actuamos pronto estaremos en exclusión social.
En el caso de Aruba, este es un foro muy importante, va a elevar el tema ante la OIJ, para buscar los mecanismos para lograr la ratificación de la Convención. Se espera que se termine el año con mas países ratificados.
Se concluye la intervención y se pasa al siguiente punto del Orden del Día.
Tema V Legislaciones Internas a favor de la niñez y la adolescencia. ¿Qué se ha hecho, qué falta por hacer?
Expositor: Jorge Gianareas, Especialista en Políticas Públicas de UNICEF-Panamá.
Da las gracias a la Comisión de Equidad, Niñez y Juventud por la invitación, se adjunta ponencia.
Finalizada la ponencia se abre el periodo a preguntas y respuestas:
Carmelita Haynes: Muchas gracias, tengo dos puntos muy importantes, hay una cosa que hablamos de adolescentes, derechos del niño, jóvenes, pero va muy ligado con los derechos de la mujer, sin esa lucha no se podría llegar a esta luchas por los niños, niñas y adolescentes y, no debemos desconocer a las mujeres en esta lucha, pues el siguiente paso, que consiste en como hacer la lucha en la familia, al poner tanto énfasis en los derechos de los niños, realmente es porque los adultos necesitan educarse. Hay muchos niños que conocen sus derechos pero no sus responsabilidades, hay que ayudar a los padres y madres para hacer respetar los derechos de los niños, por ejemplo el aspecto cultural, el trabajo en los campos, ese cambio es lo que percibimos en una ciudad en una aldea, no hay derechos de los niños si tienen que trabajar, como cambiamos estos tópicos culturales, pues a veces el trabajo es difícil desde oficinas, las mujeres hemos luchado por nosotras, pero ahora debemos las mujeres, luchar por los otros, esa es nuestra lucha. Con el avance de las mujeres, los hombres no saben mas cual es su rol. Pues hay una inseguridad muy grande en cuanto al rol del hombre y el de la mujer, la mujer trabaja, gana mas que yo, cual es el rol que le debo enseñar a mi hijo, cual es el rol del hombre en la familia.
Sen. David Sánchez Camacho (Mex): En Mexico hay cada vez mas niños en situación en las calles, generado en su mayoría por causa de violencias en su hogar, quisiera hacer referencia a un programa, de hace años donde el trabajador social iba a las colonias por causas de servicios de salud, y después cuando detectaba violencia intrafamiliar empezaba a intervenir. Prefiere esta política intervencionista en lugar de la asistencialita. Señala el caso de una niña violada desde edad muy temprana. Y pregunta como se ayuda a prevenir esta violencia intrafamiliar.
Sen. Eunice Eisden (Aruba): Tiene dos preguntas, estaba hablando con un experto el que dice que los jóvenes enfrentan muchos problemas en cuanto a las aspiraciones y las actividades participativas. Y también, desea saber sobre programas de conversación con los jóvenes, pues en su país había un representante el que decía que había que enfocar los deberes de los jóvenes pues los derechos sin las obligaciones, solo traen libertinaje, la pregunta es como iniciar la conversación entre los adultos para con los jóvenes y si hay programas sobre este tema.
Sen. Guillermo Tamborrel (Mex): El cambio es cultural, pues aunque se hagan cambios en las leyes en los temas de todos los grupos vulnerables, no es la excepción en el caso de niños, niñas y adolescentes, hay que respetar que menor de edad es el que no ha cumplido 18 años, en algunos los Estados han tratado de bajar la responsabilidad penal por debajo de los 18 años considera que se debe respetar este tema.
Por el cambio cultural desea saber si UNICEF tienen políticas publicas en la construcción de esta nueva cultura y si son eficaces.
Concluidas las observaciones el experto de UNICEF, respondió las inquietudes de la siguiente forma:
Expositor Gianareas-UNICEF: Debe ser la alianza natural entre movimientos de mujeres y la lucha por las mujeres, hay un lado brillante y uno no tan claro. Si analizamos la Convención la equidad de genero no es un tema extraño a la misma, lo que significa que la perspectiva de genero es uno de los problemas a ser identificados y analizados cuando hablamos de la discriminación, que las niñas la sufre a edades muy tempranas. Estas inequidades son objeto de la Convención de los Derechos del Niño también. En el tema menos trillante, con el tiempo el movimiento de mujeres ha evolucionados con la participación de mujeres adultas, evidentemente nos coloca en otros planos: cuota política, trabajo, participación de la riqueza, estos temas si nos colocan fuera de la Convención, sin embargo el Estado Mundial de la Infancia del año pasado se denomino el Doble Dividendo del Genero, se refiere a que cualquier sociedad donde las mujeres tengan mas acceso al desarrollo, trabajo y poder, el niño va a estar mas protegido. Estamos en una coyuntura propicia para lograr el trabajo conjunto y lo permite la Convención de los Derechos del Niño y los intereses que con el tiempo se han logrado en los foros de mujeres.
Sobre derechos y obligaciones, además de trabajar en un organismo como UNICEF, también soy profesor constitucionalista, el tema de los deberes y obligaciones no se deben ver con ingenuidad, generalmente se habla sobre la desvinculación de niños y adolescentes y ese es el problema, pues se trata de resolver cuando el problema de los Códigos no contemplan las obligaciones que tienen los niños, niñas y adolescentes, realmente este es un tema de educación en el hogar, sociedad, es civismo que representa ser miembro de una comunidad, una familia, muchos dicen que es problemas de las leyes; sin embargo, las Constituciones y Códigos están llenos de derechos y no deberes, por ejemplo que se diga que no es bueno mentir y que hagan una ley sobre la prohibición de no mentir, seria irreal. Entonces hay normas de carácter educativo, de convivencia en el hogar, en espacios públicos, pero por que las constituciones están llenas derechos. La Convención de los Derechos del Niño, es un resultado de los Derechos Humanos, en este tema hay una tradición del derecho civil, si yo compro algo, tengo derecho a recibir algo, con los derechos van las obligaciones, con los derechos esta correlativa la obligación. Pero esto que es en Derecho Civil, no esta concebido en el marco de derechos humanos, estos son derechos de la persona, y se esta dentro del concepto de derechos de ella. Por ejemplo: en Chile en una encuesta que se le hizo a los niños, se pregunto cuál es su derecho: dijeron la educación y se le pregunto cuál es su principal responsabilidad y dijeron la educación. Los niños, niñas y adolescentes comprenden muy bien que los derechos y obligaciones están insertos uno en el otro. No hay que llenar las legislaciones de obligaciones, En el Código de Familia del 82 de Panamá, había una sección sobre los delitos que cometían los adolescentes. Como no ir a la escuela, etc. Así como nosotros no tenemos una cláusula sobre no mentir, hay que tener cuidado sobre las obligaciones siempre que se hable de los derechos
Por ejemplo en Panamá se empezó exigiendo responsabilidad penal de adolescentes, hay que tener cuidado como se maneja el tema de obligaciones. El verdadero interés de la población en Panamá, dicen que necesitan ayudas en las comunidades, que se les visite, no están preocupados por el aumento de penas, etc. En Europa y los países anglosajones, cuentan con políticas muy buenas, como son programas de abordaje con enfermeras.
Otro tema es la crisis de la masculinidad, el adolescente, el chico que se esta insertando en su mundo se encuentra con una situación muy diferente a 50 años atrás, en el cual el hombre era rey pues disponía de todas las mujeres de su entorno, hoy día las relaciones entre sexos han cambiado, las mujeres tienen mas conciencia social de su genero, lo que trae problemas de conductas masculinas, se puede percatar que en el mundo de los jóvenes, ellos lo ven como desventaja, que es problema social que debe ser abordado, hace 15 anos se decía con orgullo que la matricula de mujeres era mayor que la del hombre, hoy hay muchas mas mujeres profesionales que hombres, uno se pregunta que esta pasando, hay un nuevo tipo de desequilibrio que conlleva a violencia, la crisis de la masculinidad. Los derechos de la mujer era lograr la equidad entre hombres y mujeres. Hay gran cantidad de temas que requieren especialistas, en el tema de justicia penal, por ejemplo. En México la reforma constitucional en el 2005, para incluir el tema justicia a menores de 18 años, sin embargo para los Mexicanos, por consenso no hay justicia penal para menores de 18 años, eso nos divide que con el resto de Latinoamérica, a pesar de la concepción no es penal, si se usa la terminología cosa que no se puede hacer en México, ni en Brasil.
Finaliza su intervención y da las gracias
Pasado este tema, se da la palabra al Sen. Carlos Gamou, hablara sobre una exposición con respecto a participación de los jóvenes, este trabajo ha sido realizado por Carlos Enciso, German Cardozo y Carlos Gamou, sugiriendo uno de los temas a su entender fundamentales en la generación de políticas de Juventud para América Latina, a tratarse el próximo mes de marzo de 2008, en el II Encuentro de Jóvenes Parlamentarios.
“Empleo y desempleo (cómo hacer para legislar y abrir nuevos espacios para las presentes generaciones.
El diputado Enciso, destaca que en América Latina viven 149.5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. (CEPAL 2004),
Ponencia del Diputado Carlos Gamou
En su intervención el Diputado Gamou de Uruguay hizo un recuento exhaustivo de la legislación garantista de los derechos de niños y adolescentes. En la temática de Empleo Juvenil, explicó el contenido de la ley 16.873 que promueve la contratación de Jóvenes. También expreso su preocupación por la fuga de cerebros. Indica que Hoy día la juventud va a otro velocidad. En Uruguay tienen una legislación muy garantista a favor de los niños, pero en un momento tuvieron que realizar otras acciones pues en un momento dado tuvieron una crisis de fuga de cerebros, lo cual no es conveniente pues la educación universitaria gratuita favorece a la población media alta, que terminan trabajando en EU y Europa.
“ América latina y el Caribe, han observado en las ultimas décadas un empeoramiento de su mercado laboral los mas afectados son los jóvenes, con una tasa de desempleo de 15.1 % comparada con un 6.6% que registran los adultos. Entre 1995 y el 2005 el numero de jóvenes desempleados aumento de 74 a 85 millones, un incremento de 14.8%, el informe agrega que alrededor de 25% de la población juvenil, es decir unos trescientos millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza de $2.00 diarios”
“Los principales desafíos son:
Ampliar y extender la cobertura de los programas de capacitación laboral de jóvenes que se han desarrollado en la región y que han sido evaluados como exitosos.
Desarrollar programas de formación de emprendedores juveniles.
Transformar en una acción positiva las fuertes corrientes migratorias que acosan a nuestros países.
Por todo lo expuesto estamos convencidos que es necesario redoblar todos nuestros esfuerzos para ubicar el tema juvenil entre las principales prioridades de la agenda publica, en particular como legisladores jóvenes de la región trabajar para “hacer visible lo invisible”.
Continua exponiendo sobre Ley16,826. en la cual se establecieron beneficios impositivos a empresas, practicas laborales, becas de trabajo, contrato de aprendizaje, sin generar una dicotomía absurda, si no que se logre un normal desarrollo de posibilidades. Al hacer otros estudios se nota que el desarrollo esta ligado con el nivel universitario, se crea la dirección de empleo. Opina que muchas veces se avanza en leyes, la experiencia de Latinoamérica es que con grandes avances en democracia, hay que preguntarse, cual es el rol de los jóvenes. Por lo cual en el Encuentro del otro ano , el tema de fuga de cerebros debe estar presente, no puede existir mas fuga de cerebros, pues se perjudica a nuestros países. La reflexión, es que en Uruguay se han dado resultados efectivos con estas leyes especiales, sin necesidad de afectar a personas adultas. Gracias.
Sen. Elda Gomez: Solicito la palabra para exponer sobre la educación integral. Se adjunta ponencia.
Tema IV Presentación de Anteproyecto del Observatorio Latinoamericano y del Caribe, de Equidad y Género y de la Democracia Participativa con Igualdad de Oportunidades.
Expositor: Guillermo Tamborrel (Méx)
Recordar que desde el año de 1994 se habla de una propuesta para vigilar el tema de mujeres, niños y compartir, que el observatorio no ha acabado de arrancar, ciertamente considera que esta muy difícil que se pueda acabar. Ya existen una serie de observatorios, entendiendo que es el lugar donde trabajan expertos, foros de discusión, etc. Ya existe este tipo de foros, por ejemplo el Comité dela CEDAW, hace un mes se reunieron en Quito en el cual establecieron una petición muy puntual, sobre este tema. Pues consideran que no vale la pena hacer otro observatorio. En cuanto a la Convención de los Derechos del Niño, también tienen un Comité que se encarga de esto. Por lo que propone que descartemos la necesidad de constituir un observatorio a lo interno, lo que si considera importante es ofrecer una base de datos y un banco jurídico donde todos agreguemos nuestra legislación, que permita el estudio y análisis de las leyes en estos temas. En resumen, es dejar atrás el tema del observatorio y si construir la base de datos jurídicos que opere desde internet.
Se abre la discusión para rechazo de Observatorio, se concede la cortesía de voz a la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien explica sobre lo discutido y acuerdos de Quito. Seguido se le concede la cortesía de voz a la representante del GPI.
La Diputada Mayra Zúñiga, abre la discusiones y somete a votación la propuesta de rechazo del Observatorio, se pide que cada país haga sus observaciones y las traiga en la próxima reunión y conforme a su posición se someta a votación este tema en la próxima reunión.
El Sen. David Sánchez Camacho, solicita se someta la votación el 17 de mayo para conmemorar el “Día contra la homofobia”.
La Sen. Carmelita considera que la propuesta debe ir a cada país y luego lo agenda para lograr una mayor consulta.
Tema VI Información de lo acordado en la subcomisión sobre el “II Encuentro de Parlamentarios Jóvenes:
Diputado German Cardoso brinda Informe. El cual se adjunta al documento.
Indica que sobre los acuerdos que han podido avanzar, son los siguientes:
4 mesas de trabajo
Por esta única vez se acepta la edad mínima llevarla a 40 años, para retomar a los jóvenes que no han participado en los últimos añ os.
Ampliarlo a Parlamentos Locales
Se establecen fechas limites y que cada país tenga un miembro que suministre la información (encargado) para lo cual se comuniquen con Norma Calero. De forma tal que ya se cuente con la cantidad de participantes para el próximo 15 diciembre cuando se haga la reunión de coordinadores de comisiones.
Otra información con la que se debe contar son los panelistas Internacionales y recuerda que el desafío es importante en la medida en que todos participen y se involucren.
Se adjunta el Acta de la Subcomisión
La Diputada Mayra Zúñiga, Presidenta recuerda a los participantes que la agenda se hace en diciembre, que de esta reunión no ha salido ninguna propuesta, por lo cual las mismas se puede presentar en diciembre.
Siendo la 1:30 p.m la Presidenta de la Comisión de Equidad de Genero, Niñez y Juventud, la Diputa Mayra Zúñiga, da por concluida la sesión de la VIII Jornada de la Comisión de Equidad de Genero, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano agradece a todos su presencia.
Firmas
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PARLAMENTO LATINOAMERICANO
Acta de la Reunión de Subcomisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud para la Organización del “II Encuentro de Parlamentarios Jóvenes”
VIII Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud
Día: 17 de octubre
Hora de Inicio: 10:20 a.m.
Hora de Finalización: 12:32 m.d.
Presentes:
• Dip. Mayra Zúñiga, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud
• Sen. María de los Ángeles Moreno, Secretaria de las Comisiones
• Diputado Germán Cardoso (Uruguay), Coordinador de la subcomisión para la organización del “II Encuentro de Parlamentarios Jóvenes”
• Sen. Nelly González (Mexico)
• Sen Guillermo Tamborrel (Mèxico)
• Dip. Giuson Flores (Venezuela)
• Sen. Carmelita Violeta Haynes (Aruba)
• Dip. Carlos Gamou (Uruguay), invitado
• Dip. Carlos Enciso (Uruguay), invitado
• Sen. Eunice Eisden (Ant. Nerlandesas)
• Sen. Dudley Lucía (Ant. Nerlandesas)
• Sen. Adriana González Carrillo (Mexico), invitada
En la ciudad de Panamá, siendo las 10:20 a.m. a los diecisiete días del mes de octubre de 2007, se dio inicio a la reunión de la Subcomisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano encargada de la organización del “II Encuentro de Parlamentarios Jóvenes”.
La Senadora María de los Ángeles Moreno, Secretaría de Comisiones, brindó las primeras palabras, indicando que en la reunión celebrada en México se acordó que el Diputado Germán Cardoso fuese el coordinador de este evento y será quien tendrá a su cargo la recepción de todos los datos e información correspondientes. Puntualizó que lo que se busca es realizar un encuentro de parlamentarios jóvenes para dialogar sobre los asuntos más interesantes en la actualidad, vinculados con la realidad presente y la perspectiva de futuro con su participación. Recordó la relevancia del Encuentro celebrado en el año 2001, y el compromiso adquirido de que esta actividad se realizara cada año, lo cual no se ha cumplido. Todos coincidieron en la relevancia de la realización de este evento.
A continuación se solicitó que cada senador o diputado se presentara y expusiera su punto de vista con referencia al tema.
Diputado Cardoso: manifestó que hoy día existe un relevo de parlamentarios jóvenes. Que en la última reunión se acordó que la edad máxima para los representantes del encuentro de jóvenes parlamentarios se estableciera en 36 años. Pero que existe interés en lograr una mayor participación, y en capturar las experiencias de quienes fueron parlamentarios en los pasados seis años. Por lo cuál, se establezca en 40 años la edad límite de participación por esta única vez. Asimismo, planteó considerar la posibilidad de ampliar la invitación a los parlamentos locales y sugirió, también que en el evento se celebren 4 mesas de trabajo.
Sen. Carmelita Haynes: Considera que no hay problema en establecer los 40 años como límite para la participación de los jóvenes. Pero que considera que se debe tomar en consideración a los jóvenes menores de esa edad que trabajan con los parlamentos y los partidos políticos, y que tienen entre 16 años o 18 años. Señaló la importancia de que al finalizar la reunión se cuente con una definición de los grupos de participación, edad, finalidad de la reunión, entre otras cosas.
Sen. Adriana González: Considera que se deben hacer las invitaciones a cada parlamento, estableciendo que es para parlamentarios menores de 40 año y agregar a grupos de observadores.
Germán Cardoso: Considera que la calidad parlamentaria la tienen todos y al establecer el límite de 40 años se recoge al grupo. En cuanto a las formalidades hay que hacer las bases de esta reunión.
Sen. Maria de los Ángeles: Hace la observación de que se debe tomar en cuenta las propuestas derivadas de la reunión celebrada en el 2001, y retomar los temas que sugirieron como agenda para el Siglo XXI y, en cuanto a la edad, que se diga claramente en la invitación la razón por la que en este evento, se abre la edad hasta 40 años.
Sen. Carmelita: Opina que se deben poner los puntos que es necesario abarcar, por ejemplo: Edad, Apertura, Invitación, Temas a abordar.
También subrayó la importancia de invitar ponentes de alto nivel con la finalidad de darle mayor dinámica al evento.
Sen. María de los Ángeles Moreno: Hizo un recuento de cómo fue la reunión en el 2001 y recomendó que para iniciar se tomen como base las declaraciones finales del Primer Encuentro. Propuso agrupar los temas tratados en materia política, económica, social y de justicia en la siguiente manera:
Democracia y partidos políticos :Juventud y equidad de género
Integración Regional
En materia de Desarrollo Humano:
Oportunidades de educación de calidad para todos
Empleo : distribución del ingreso y combate a la pobreza
En materia de Desarrollo Económico:
Desarrollo sustentable y energía o Desarrollo e innovación tecnológica
En materia de Justicia:
Seguridad, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado , combate a la corrupción y
Adriana González: Considera que se debe establecer ejes de trabajo, entre los cuales se debe contemplar el tema Desarrollo Humano; una nueva generación para el desarrollo sustentable, de forma tal que se cubran los aspectos económico, político y social.
Senador Guillermo Tamborrell: Considera que se deben establecer tres ejes temáticos: Cambio Climático, Desarrollo Humano y Combate al Narcotráfico.
Diputado Giuson Flores: En el eje político considera que dada la decisión de abrir cuota de género en los estatutos del Parlatino sería conveniente tocar, dentro del encuentro el tema de la participación de las mujeres en condiciones de equidad.
Dip. Germán Cardoso: Solicita al Dip. Carlos Enciso, que hable sobre el marco de la situación actual de la juventud.
Dip. Giuson Flores: propone que los primeros días se atiendan las ponencias magistrales y luego las mesas de trabajo. coincide en la conveniencia de traer invitados especiales de organismos internacionales
Dip. Germán Cardoso: Indica que es importante la participación de invitados especiales destacados, pero deben estar relacionados con las mesas de trabajo. O sea si son 4 mesas de trabajo se deben hacer los consensos por mesa de trabajo para decidir los invitados..
Sen. Adriana González: Señaló que en este punto hay consenso
Sen GuilermoTamborrel: Manifestó que tal vez sea más conveniente contar con un ponente cada día.
Sen. Carmelita Haynes: Después de las ponencias habrá mesas de discusión y sugiere que los ponentes ayuden para sacar las conclusiones del evento.
Dip. Germán Cardoso: Considera que es más conveniente que se presenten en un inicio todas las ponencias, pero si la mayoría considera que deben ser por día o por reunión, el no se opone.
Sen Guillermo Tamborrell: Considera importante que por cada mesa se cuenten con especialistas, para tener un mayor impacto, sobre todo mediático.
Dip. Germán Cardoso: Plantea que el evento pudiera desarrollarse en alguna fecha dentro del lapso que va del 24 al 28 de marzo de 2008.
A manera de síntesis, comentó que:
a) sé tomarìa, por esta vez, el tramo de edad hasta los 40 años.
b) Se debe tomar como base la Declaración de Sao Paulo, hecha por los participantes en la reunión del 2001, para establecer las mesas de trabajo y poner como limite el mes de noviembre para conocer con cuantas mesas de trabajo y ponentes se va a contar.
Dip. Germán Cardoso: Considera que se deben poner límites de tiempo, si son 4 panelistas por sesión, los jóvenes no van a poder participar. Por lo cual uno por mesa es lo ideal para que los jóvenes puedan participar. Hay que limitar el tiempo, ponencias de no más de 15 minutos y se espera que se pueda lograr la participación de destacadísimas personalidades.
Se sugiere que cada país tenga un coordinador del evento para poder manejar nombres de ponentes y temas en las mesas.
Sen. Guillermo Tamborrell: Indica que las conferencias deben ser en la mañana y en la tarde las mesas de trabajo.
Sen. Carmelita Haynes: Sugiere que alguien de los panelistas elabore las conclusiones y que estas sean sometidas a la directiva para que se apruebe un documento.
Senadora María de los Ángeles: Retoma una sugerencia de Nelly González para realizar una mesa donde podrían hablar libremente los jóvenes, pero definiendo un marco temático. Podría hacerse esta mesa al final para recuperar el trabajo y las conclusiones de las ponencias para que los jóvenes precisen sus opiniones y definan los asuntos a jerarquizar a futuro. Igual, plantea la necesidad de hacer las invitaciones con oportunidad, pues los conferencistas tienen agendas complicadas.
Dip. Germán Cardoso: Señala que estará participando próximamente en una reunión con personalidades destacadísimas y aprovechará la ocasión para invitar a alguno de ellos..
Sen. Guillermo Tamborrell: En cuanto al tiempo de las sesiones, sugiere intervenciones entre 3 y 5 minutos para que todos participen.
Sen. Carmelita Haynes: Coincide con la propuesta.
Sen. María de los Ángeles: Indica que se podría abrir un tramo de intervenciones por país. Luego vendría la ponencia Magistral, para posteriormente abrir la mesa, donde hablarían los legisladores 3 minutos.
Sen. Guillermo Tamborrell: Pregunta si sesionarían las 4 mesas en forma simultánea?
Opina que los trabajos se deben desarrollar de tal manera que todos los participantes puedan escuchar sobre las conferencias magistrales.
Se hizo la pregunta de sí las invitaciones irían a las Comisiones de Equidad de Género en los Congresos, a lo cual la Senadora Moreno contestó que las invitaciones irían a las Presidencia de cada parlamento, con notificación a las comisiones de equidad.
El Dip Giuson planteó su interés en que pudieran ser invitados Alcaldes, Ministros y Viceministros jóvenes, a lo cual la Senadora Adriana González replico que se perdería el objetivo del encuentro que se refiere a parlamentarios.
Sen Guillermo Tamborrell: Considera que se debe estudiar la posibilidad de que se abra a otros invitados, en caso de que haya algún ponente, como Al Gore.
Fecha tentativa del Encuentro será entre el 24 y el 28 de marzo de 2008 en la ciudad de México.
Posible designación del Evento: Una nueva Generación para el Desarrollo Humano y Sustentable, Desafíos para los jóvenes en América Latina y el Caribe en el Siglo XXI
La Convocatoria se envira a parlamentarios menores de 40 años ( sólo por esta vez) de los 22 países miembros del Parlatino. Los siguientes encuentros anuales se harán con parlamentarios menores de 36 años. Se sugiere considerar la participación de legisladores locales.
- Se espera la representación plural y con equidad de género de cada delegación,
- Podrían invitarse observadores no parlamentarios
- Para economía de tiempos se propondrán participaciones con un máximo de 5 minutos de lectura de la síntesis y la entrega del documento completo
Se elaborará un programa para la inauguración del encuentro.
En la primera parte del Encuentro se podría admitir la presentación por países, con 3 minutos como máximo y posiciones previamente consensuadas en cada país.
La admisión de propuestas temáticas se admitirían hasta el 15 de noviembre como fecha limite.
Se plantea que cada mesa cuente con un Presidente, un Vicepresidente y tres Secretarios de actas.
Los temas se presentarían en bloques de la siguiente manera:
1) Política y Justicia.
- Integración Regional de América Latina y el Caribe, en la visión joven.
- Democracia, Partidos Políticos y participación juvenil.
- Perspectiva de los Jóvenes en materia de seguridad pública: delincuencia organizada, narcotráfico, trata de personas.
Propuesta preliminar de panelistas:
Sr.Felipe González ( ex Presidente de España) o Dr. Julio Maria Sanguinetti ( ex Presidente de Uruguay)
2) Desarrollo Económico y Sustentabilidad
- Crecimiento Económico sostenido y desarrollo sustentable
- Oportunidades de empleo bien remunerado para todos y migración.
- Educación de Calidad: Derecho fundamental de los jóvenes
3) Desarrollo Humano
- Cuidado del medio ambiente, cambio climático y efectos en el bienestar
- Equidad Social, Igualdad de oportunidades, combate a la pobreza: temas candentes
Como opción, podría realizarse una IV y última sesión plenaria para hablar del tema de la Integración Regional, escuchando a un ponente como Enrique Iglesias y abriendo luego la discusión para que los jóvenes dialoguen y hagan propuestas sobre el tema.
Cada país designará un enlace para los efectos del avance en la organización del Encuentro. En particular, México, por ser Sede, formará un equipo para revisar contenidos y logística.
Para efectos de contenido e invitaciones así como supervisión general, operaran la Senadora Adriana González Carrillo y el diputado Mauricio Ortiz Proal.
Para efectos de logística se trabajará con las áreas de protocolo, de finanzas y de organización del Senado y de la Cámara de Diputados.
Iniciativas de Ciudadanos Senadores
De la Sen. Martha Leticia Rivera Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Derechos de Autor.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR.
La suscrita Senadora Martha Leticia Rivera Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71 fracción II; el 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa, adiciona un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Derechos de Autor, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5, párrafo primero, reconoce que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos y que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, fundamento por el cual el Estado adquiere la obligación de respetar el libre derecho de ejercicio de profesión.
Si bien es cierto que la propia Constitución en su artículo 123, fracción III Prohíbe la explotación laboral de menores de dieciséis años de edad, es una realidad que actualmente existen menores de 18 años que contribuyen al sector económicamente activo.
De acuerdo con estudios estadísticos realizados en nuestro país en el año 2006, por la UNICEF nos refleja que el 39.7 % de nuestra población son menores de edad y que de cada diez menores de edad, cuatro ejercen algún tipo de actividad laboral entre las edades de cinco y diecisiete años.
Existen diversas actividades laborales a las que se dedica un menor de edad, sin embargo una de las actividades de mayor remuneración económica y a su vez no regulada en nuestra legislación actual es la de los niños que ejercen una carrera artística, de la cual no solamente deja grandes ganancias al menor por el contrario los más beneficiados son los padres, tutores o representantes legales como es el caso especifico de los managers, sin embargo el Código Civil Federal, no establece una obligación de estos a salvaguardar los bienes producto del trabajo de menor, por el contrario se han visto casos de mal manejo de las ganancias del menor artista, donde se ha perdido el patrimonio generado, actualmente la forma más utilizada de regulación de esta actividad laboral, es un contrato atípico, denominado de representación escénica, el cual contiene un clausulado que establece la distribución de los gastos de administración y de las ganancias, que en la mayoría de los casos no favorece al artista y que además debe ser administrado por los padre o tutores quienes regularmente no realizan un fondo de ahorro o fideicomiso a favor del menor para que en su mayoría de edad pueda hacer usufructo de sus bienes y ganancias.
Una muestra de que los niños y jóvenes se encuentran en un estado de vulnerabilidad, frente a sus derechos lo hemos visto documentado en los testimonios de varios artistas de la televisión mexicana e internacional, quienes comienzan sus carreras participando en telenovelas o programas infantiles para después saltar a la fama como cantantes o artistas. Estas trayectorias en su mayoría son vigiladas por sus padres, al igual que sus ganancias. De los casos más sonados por tratarse de un consagrado de la música mexicana es el del cantante Luis Miguel, quién en su infancia vivió una serie de abusos por parte de su padre y manager a su vez.
Así como este caso existen cientos de ellos los cuales se esconden en el anonimato tras no formar parte de un espectro de alcance nacional como es la televisión. Bailarines, artistas de teatro, niños de circo, actores de cine, etc., todos los días están laborando en algún lugar, lejos del amparo de las leyes y cerca del abuso y la explotación de los adultos.
Por otra parte, el Código Civil Federal en su artículo 428 nos menciona que los bienes del hijo, mientras este en la patria potestad, se dividen en dos clases: bienes que adquiere por su trabajo y bienes que adquiere por cualquier otro título. Y en referencia a esto el artículo 429 de mismo Código, menciona que dichos bienes pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo, pero no establece la obligación al tutor para asegurar el futuro de estos bienes.
Es indispensable normar el quehacer de los menores y trabajar sobre las lagunas que existen en nuestra ley para deslindar responsabilidades entre padres, empresas y sindicatos, agregando que en la comunicación está la posibilidad de construir un país que la ciudadanía está reclamando.
Por lo anterior, la presente Iniciativa tienen como objetivo principal proteger a todo menor de edad que labore, incluyendo a los artistas para que sus padres o tutores no hagan mal uso de sus ganancias, por el contrario establecer como obligación la realización de un fondo de ahorro o fideicomiso en el cual se guarde el porcentaje de las ganancias que resulte de después de haber cubierto el pago de gastos administrativos , ya sea por compra de material, insumos, y pago de impuestos correspondientes.
Considerando que la Ley Federal del Trabajo en su titulo quinto BIS prevé la tutela y protección al trabajo de personas cuyas edades oscilan entre los catorce y dieciséis años. El trabajo de estos menores de edad queda sujeto a la vigilancia y protección especial de la Inspección del Trabajo, por lo que es necesario adecuar nuestro marco jurídico de tal forma que comencemos a abrir camino a las garantías de los menores de edad.
Hoy en día es evidente el trabajo de los menores de edad en el medio artístico, por lo cual es necesario brindar mayor seguridad jurídica a ellos. Esta propuesta es un compromiso de los Senadores Panistas para proteger a la niñez mexicana.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en los siguientes términos:
ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Derechos de autor para quedar como sigue:
ARTICULO 61.-Por medio del contrato de representación escénica el autor o el titular del derecho patrimonial, en su caso, concede a una persona física o moral, llamada empresario, el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra literaria, musical, literario musical, dramática, dramático musical, de danza, pantomímica o coreográfica, por una contraprestación pecuniaria; y el empresario se obliga a llevar a efecto esa representación en las condiciones convenidas y con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
El contrato deberá especificar si el derecho se concede en exclusiva o sin ella y, en su caso, las condiciones y características de las puestas en escena o ejecuciones.
Los contratos de representación escénica en los que el autor o el titular del derecho patrimonial sea un menor de edad, deberá especificar las condiciones necesarias para que el cobro de regalías que se realizan a través de los padres, tutor o representante legal, se administre correctamente; destinando un porcentaje al pago de gastos administrativos y compra de materiales; y el porcentaje restante se administre bajo un fondo de ahorro o fideicomiso donde el menor pueda hacer uso de sus ganancias, producto de su trabajo a su mayoría de edad.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Senado de la República a 13 de noviembre de 2007
SENADORA MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS
De los Senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada Rovirosa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez López y Fernando Eutimio Ortega Bernés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES
HONORABLE ASAMBLEA
Los suscritos María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Aceves del Olmo Sen. José Eduardo Calzada Rovirosa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez López y Fernando Eutimio Ortega Bernés, Senadores a la LX Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (EnSanut), en México el sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades vinculadas con éstos, como la hipertensión arterial, las dislipidemias, la ateroesclerosis y la diabetes mellitus, han mostrado un incremento en los últimos años; no obstante, al mismo tiempo prevalecen en la población mexicana padecimientos relacionados con las carencias nutricias, tales como la anemia o la desnutrición. El hecho de que coexistan en nuestro país las enfermedades antes mencionadas hace evidente que la población está sufriendo las consecuencias de una nutrición deficiente.
En específico, la EnSanut señala que los altos índices de anemia y desnutrición son el resultado directo de una dieta inadecuada, en cantidad y calidad, y del efecto acumulativo de episodios repetidos de enfermedades infecciosas o de otros padecimientos que, a su vez, también tienen su origen en el acceso insuficiente a los alimentos.
Por lo que se refiere a la obesidad, la EnSanut la describe como el resultado de un desequilibrio entre la ingestión y el gasto energético. Este desequilibrio es frecuentemente consecuencia de una alimentación deficiente, que comprende la ingestión de dietas con alta densidad energética, además de una escasa actividad física.
La obesidad se ha asociado, entre otros factores, a la urbanización, al crecimiento económico y a los cambios en la tecnología, así como a los estilos de vida. Desafortunadamente, la obesidad está aumentando entre la población de bajos ingresos a mayor velocidad que entre la población con altos ingresos, lo que hace pensar que ese padecimiento está vinculado, a su vez, a un acceso insuficiente a los alimentos que integran una dieta correcta.
El derecho humano a la alimentación se establece en numerosos tratados y en otros instrumentos internacionales, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) y la Convención sobre los derechos del niño (1989). Por consiguiente, los gobiernos tienen la obligación legal de actuar de tal modo que progresivamente todas las personas dentro de su territorio no sólo no pasen hambre sino que puedan producir o procurarse, de forma plenamente acorde con su dignidad humana, alimentos adecuados para una vida activa y sana.
La ratificación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos obliga a los Estados a garantizar la existencia de concordancia entre sus sistemas jurídicos nacionales y sus obligaciones respecto al derecho a la alimentación, como ha destacado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por consiguiente, los Estados que son parte actualmente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre los que se cuenta México, tienen la obligación de garantizar que su legislación nacional respete, proteja y haga efectivo el derecho a la alimentación.
Así, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas, utilizando al máximo sus recursos disponibles, para realizar progresivamente el pleno disfrute del derecho de toda persona a una alimentación adecuada, sin discriminación de ningún tipo. Los estados tienen una triple obligación: deben respetar el acceso a los alimentos por parte de su población y abstenerse de adoptar medidas que impidan dicho acceso; deben proteger el derecho a la alimentación frente a infracciones de terceros con medidas que garanticen que las empresas o las personas no priven a los demás del acceso a una alimentación adecuada y, por último, deben hacer efectivo el derecho a la alimentación facilitando a las personas el acceso a alimentos por sus propios medios y sustentando a las que no puedan alimentarse por sí mismas.
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación 2007, que este año se dedicó al Derecho a la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señaló que las personas que gozan plenamente de ese derecho son más productivas e invierten más en estrategias a largo plazo relacionadas con sus medios de vida.
En ese mismo sentido, estudios emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demuestran que una nutrición deficiente está estrechamente ligada al ausentismo, la enfermedad, un bajo estado de ánimo y a altas tasas de accidentes laborales.
Además, una alimentación inadecuada puede reducir hasta en un 20% la productividad.
Según Christopher Wanjek, catedrático de la Universidad de Harvard y autor del libro “La alimentación en el trabajo: soluciones laborales para la desnutrición, la obesidad y las enfermedades crónicas” publicado por la OIT, la relación entre una mala nutrición y las afectaciones en la salud y la productividad de los trabajadores, se ve agravada en los países en desarrollo, donde se genera un círculo vicioso que se compone de:
una nutrición deficiente que da lugar a una mala salud que, a su vez, provoca una menor capacidad de aprendizaje y, sucesivamente, resulta en una mano de obra poco calificada, una productividad inferior, la pérdida de competitividad, incremento en los costos de producción, un menor crecimiento económico, una disminución de los salarios, una mayor disparidad en la disposición de riqueza y, para llegar de nuevo al principio del ciclo, una nutrición deficiente y una mala salud.
En ese tenor, y con la intención de contribuir a convertir ese circulo vicioso en uno virtuoso, se han llevado a cabo diversos trabajos de investigación en la materia, mismos que han demostrado la correlación existente entre salud y nutrición y entre ingestión calórica y productividad de la mano de obra. Uno de dichos trabajos, difundido por la OIT en 2005, concluye que en los países desarrollados un aumento del 1% en el consumo de calorías en la dieta habitual de los trabajadores resulta en un incremento del 2.27% en la productividad.
Así, la OIT considera a la alimentación como el combustible que genera productividad, razón por la cual los patrones deberían proporcionar a su fuerza laboral alimentos o asegurar el acceso a ellos. En congruencia, se recomienda el establecimiento de programas o mecanismos de alimentación para los trabajadores cuyo principal objetivo sea mejorar las condiciones nutricionales de los trabajadores, influyendo en consecuencia en la mejoría de la calidad de vida, la reducción de accidentes de trabajo y el aumento de la productividad.
En específico, la OIT recomienda la instrumentación de una serie de mecanismos prácticos mediante los cuales los patrones pueden contribuir a mejorar el estado nutricional de los trabajadores. Entre dichos mecanismos destacan las comidas proporcionadas a los trabajadores en comedores, los vales (para su uso en establecimientos de consumo de alimentos) y las despensas (que pueden ser otorgadas en especie o también mediante vales).
La OIT respalda sus recomendaciones en el hecho de que los esquemas de ayuda alimentaria han demostrado que:
• Impulsan el estado de ánimo y la productividad de los empleados;
• Reducen el número de accidentes y días de ausentismo por enfermedad;
• Disminuyen los costos en servicios de salud a largo plazo, y
• Elevan el Producto Interno Bruto y los ingresos fiscales nacionales.
La alimentación adecuada es, pues, un elemento esencial para el trabajo, con una importancia similar a la de la remuneración digna, la salud, la educación y la vivienda y, dado que no es posible pretender que el Estado satisfaga por si mismo todas esas necesidades, es fundamental la participación del sector privado en los programas de alimentación al trabajador.
En ese tenor, la OIT ha emitido recomendaciones para que los gobiernos consideren el otorgamiento de incentivos fiscales a los patrones para que ofrezcan planes de ayuda alimentaria a sus trabajadores.
Muchos países han incorporado en sus legislaciones mecanismos como los antes mencionados; algunos incluso los han venido instrumentando desde hace varias décadas. En la actualidad, cuentan con esquemas de alimentación al trabajador previstos expresamente en el marco legal países como Francia, Reino Unido, España, Bélgica, Alemania, Italia, Rumania, República Checa, Polonia, Turquía, Austria, Hungría, Bulgaria, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Perú y Panamá, entre otros, obteniendo muy buenos resultados desde el punto de vista social, económico e, inclusive, fiscal.
Un ejemplo emblemático en América Latina del éxito de los mecanismos de ayuda alimentaria para los trabajadores es el Programa de Alimentación a los Trabajadores (PAT) de Brasil, creado mediante la Ley 6321 de 1976 e instrumentado en 1977, es decir, hace ya tres décadas.
Entre los resultados alcanzados por el PAT en 30 años, según un estudio realizado por el Dr. José Alfonso Mazzon de la Universidad de Sao Paulo relativo a la contribución de dicho programa en el desarrollo de Brasil, resaltan los siguientes:
- 8,6 millones de trabajadores beneficiados.
- Disminución de alrededor del 16% en la desnutrición por deficiencia de ingestión calórica y proteica. Se logró un aumento del 20% en la ingestión calórica a través del PAT; haber alcanzado este nivel hubiera requerido un incremento del 70% en el salario del trabajador.
- Reducción del 300% en los accidentes laborales.
- 38,2 mil millones de comidas servidas.
- 19,1 millones de toneladas de productos agropecuarios demandadas.
- 267,6 mil millones de Reales como volumen total de negocios.
- Aumento de la recaudación fiscal: en los primeros 25 años del PAT, el estado brasileño recaudó cerca de US $12.000 millones (aproximadamente US $500 millones anuales) en impuestos con el PAT.
- La deducibilidad con el PAT es de alrededor del .5% del total de beneficios fiscales concedidos en Brasil.
- Existe una relación de 15,52 Reales recaudados a partir del PAT contra 1 Real deducido por el PAT, ya que dicho programa contribuye a que se realicen transacciones comerciales dentro de la economía formal, estimulando el comercio de alimentos y el surgimiento de restaurantes.
Reconociendo la experiencia exitosa del PAT, la Organización de Estados Americanos recomienda a sus miembros la transferencia de ese programa a sus contextos nacionales y señala que para ello es de vital importancia reconocer la existencia del hambre entre trabajadores de bajos salarios y sus familias, así como hacer que la abolición del hambre sea una prioridad política y social del Gobierno.
Al respecto, es importante mencionar que en México han venido operando desde hace varias décadas esquemas de apoyo a la alimentación de los trabajadores, mismos que, además, son impulsados mediante la deducibilidad que para el caso se desprende de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no forman parte de la base para el cálculo de las aportaciones de seguridad social.
Sin embargo, no existe en la legislación disposición alguna que otorgue permanencia y continuidad a los mecanismos de alimentación al trabajador no obstante que, como se ha mencionado, existe una relación directa entre el estado nutricional y la eficiencia laboral.
De acuerdo con la FAO, para que el ordenamiento jurídico apoye realmente la realización progresiva del derecho a la alimentación, existen razones fundadas para que esta orientación se afirme por los Estados expresamente en la Constitución.
La única referencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace al derecho a la alimentación se encuentra en el sexto párrafo del artículo 4º, en el cual se otorga exclusivamente a los niños y las niñas el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, entre otras.
Con el propósito de ampliar el alcance del derecho a la alimentación a toda la población en la República Mexicana, se han impulsado durante los años recientes en el Congreso de la Unión varias reformas constitucionales. Entre ellas destaca la iniciativa aprobada al interior del Senado de la República el 15 de diciembre de 2003, mediante la cual se pretendía adicionar un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el Estado tiene la obligación de garantizar eficientemente el acceso de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer las necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental.
La Cámara revisora planteó modificaciones a dicha iniciativa, estimando que para poder llegar al objetivo planteado con la reforma debería ser una ley secundaria la que estableciera la manera en que la Federación, las entidades federativas y los municipios concurrieran en la materia, al igual que la participación de los sectores social y privado.
El Senado no consideró procedentes las modificaciones planteadas, y el 7 de diciembre de 2004 remitió nuevamente la iniciativa a la Cámara de Diputados, que la turnó para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social, en donde actualmente se encuentra.
La FAO señala que, en ausencia de una referencia constitucional expresa, la existencia de una normativa especial sobre el derecho a la alimentación y las obligaciones del Estado vinculadas al mismo, cualquiera que sea su forma exacta, puede ser útil de distintos modos: puede aclarar las funciones y responsabilidades de los distintos órganos gubernamentales, definir derechos y mecanismos de incentivo y control y, en general, orientar la política y destacar la importancia fundamental del derecho a la alimentación.
Considerando lo anterior, y a la espera de que en breve se pueda encontrar un consenso respecto al abordaje constitucional del derecho a la alimentación, la presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a la construcción de un marco jurídico nacional que garantice al acceso a una alimentación digna, al promover el establecimiento, así como la permanencia y continuidad de esquemas de ayuda alimentaria para los trabajadores, mediante la emisión de una Ley específica en la materia, cuyo contenido se desarrolla en seguida.
La iniciativa consta de cuatro títulos y 26 artículos. El Título Primero agrupa las disposiciones generales, mientras que el Título Segundo se refiere a las modalidades bajo las cuales podrá otorgarse la ayuda alimentaria. Por su parte, el Título Tercero integra las disposiciones en materia de evaluación, seguimiento y vigilancia; y el Título Cuarto establece las sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley que se pretende crear.
El artículo 1º de la iniciativa de Ley establece que este ordenamiento es reglamentario del párrafo tercero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se consagra el derecho a la protección de la salud y, en ese tenor, su objeto es promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con la alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.
Dicho artículo define igualmente la aplicación de la Ley en toda la República y establece que sus disposiciones son de orden público e interés social.
En el artículo 2º de la iniciativa, relativo a las definiciones, resalta lo establecido en la fracción V, en la que se señala que para efectos de esta Ley se entenderá por trabajadores, a los hombres y mujeres que prestan a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, independientemente de que sus relaciones laborales se encuentren comprendidas en los apartados A o B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la Ley reconoce la importancia de que la ayuda alimentaria sea proporcionada a todos los trabajadores del país, sin importar su régimen laboral, constituyéndose en un instrumento de equidad social.
Si bien la iniciativa de Ley busca promover que los patrones adopten esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de sus trabajadores, también reconoce en estos últimos la potencialidad de negociar con sus patrones el otorgamiento de ese tipo de ayuda. En ese tenor, el artículo 3º de la iniciativa establece que los patrones podrán optar de manera voluntaria o concertada el otorgar a sus trabajadores ayuda alimentaria en alguna de las modalidades establecidas en la propia Ley o mediante combinaciones de éstas; se entenderá que un patrón ha optado concertadamente por otorgar ayuda alimentaria, cuando ese beneficio quede incorporado en un contrato colectivo de trabajo.
Como mecanismo para estimular a los patrones a brinden ayuda alimentaria a sus empleados, la iniciativa de Ley contempla el otorgamiento de diversos beneficios de índole fiscal, mismos que sujeta, en términos del artículo 4º, a que los patrones proporcionen a sus trabajadores ayuda alimentaria en las modalidades y bajo las condiciones establecidas en la misma Ley.
Es importante recordar que las deducciones propuestas pretenden fomentar la instrumentación de los esquemas de ayuda alimentaria previstos en la Ley que se pretende crear, con la finalidad de mejorar el estado nutricional y elevar la calidad de la alimentación de los trabajadores, fortalecer su salud y, en consecuencia, disminuir el costo social del trabajador mal nutrido, prevenir enfermedades y generar una mayor productividad laboral.
En ese sentido, se considera que las disposiciones de esta iniciativa son de interés público y tienen un fin extrafiscal específico. Al respecto, cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido mediante jurisprudencia que el Estado puede hacer uso de los mecanismos fiscales como instrumentos de política financiera, económica y social para impulsar y encausar ciertas actividades.
Siguiendo ese orden de ideas, el artículo 5º de la iniciativa señala que dado que las disposiciones de la Ley tienen una finalidad social y su objeto es mejorar el estado nutricional de los trabajadores, así como prevenir y proteger la salud en el ámbito ocupacional, son de interés público y se les deberá reconocer tal fin extrafiscal; consecuentemente, el mismo artículo establece que se deberá considerar siempre a las disposiciones de la Ley como normas especiales de aplicación preferente, aun en aquellos casos en que las leyes tributarias o de cualquier otra índole establecieran un régimen distinto.
Dado que se trata de una ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional la iniciativa reconoce en su artículo 6º que el objetivo fundamental de la ayuda alimentaria es que los trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta. Las características específicas de una dieta correcta serán las que la Secretaría de Salud establezca en normas oficiales mexicanas.
Al respecto, cabe mencionar que, en la actualidad, las características de una dieta correcta ya se encuentran definidas por esa Dependencia en la norma NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.
La iniciativa de Ley, a través de la propuesta de texto para su artículo 7º obliga a las secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social a que, de manera coordinada, definan y promuevan campañas nacionales dirigidas específicamente a los trabajadores, en materia de promoción de la salud y orientación alimentaria, incluyendo mensajes para mejorar su estado nutricional mediante la prevención de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.
El artículo 8º define las modalidades a través de las cuales los patrones podrán instrumentar los siguientes esquemas de ayuda alimentaria:
I. Comidas proporcionadas a los trabajadores en:
a. Comedores;
b. Restaurantes, u
c. Otros establecimientos de consumo de alimentos.
Los establecimientos contemplados en los incisos a, b y c de esta fracción podrán ser contratados directamente por el patrón o formar parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos, y
II. Despensas, ya sea mediante canastillas de alimentos o por medio de vales de despensa en formato impreso o electrónico.
El mismo artículo 8º establece que la ayuda alimentaria que se contempla en la Ley y a la que se acompañan beneficios fiscales para los patrones, no podrá ser otorgada en efectivo, ni por otros mecanismos distintos a las modalidades antes mencionadas. Por su parte, el artículo 9º de la iniciativa obliga a que en aquellos casos en que la ayuda alimentaria se otorgue de manera concertada con los trabajadores, las modalidades acordadas queden incluidas expresamente en el contrato colectivo de trabajo.
Las modalidades que se han seleccionado y se han incorporado en el artículo 8º responden a la experiencia con que ya se cuenta en el país en la instrumentación de éstas, además de que se ha probado que a través de ellas se evita que los trabajadores acudan al sector informal para proveerse de alimentos y se tiene un mejor control fiscal. Asimismo, se atiende a las recomendaciones expresas de la OIT a favor de las modalidades seleccionadas.
Según consta en un estudio difundido por la OIT, el establecimiento de comedores o distribución de alimentos es deseable porque a través de ellos se pueden generar beneficios físicos y psicológicos, al hacer posible que los empleados descansen, se alimenten, liberen tensiones y se alejen de la monotonía y de los riesgos laborales de sus puestos.
No obstante, como lo reconoce también dicho estudio, mediante la inclusión de diversas modalidades de ayuda alimentaria, esta iniciativa de Ley reconoce que hay diversas causas por las cuales un patrón no puede otorgar el servicio de comedor o de comida a sus trabajadores dentro de sus propias instalaciones; restricciones de espacio y costo son, por ejemplo, las más obvias. En otras ocasiones, la naturaleza del trabajo desempeñado puede impedir que los trabajadores se desplacen a las instalaciones del patrón para recibir sus alimentos. Esto ocurre, por ejemplo, con quienes forman parte de la fuerza de promoción o ventas de una empresa, así como choferes, mensajeros o agentes de seguros, quienes pasan el día fuera del centro de trabajo porque así lo hace necesario la naturaleza propia de sus actividades.
Además, se observa la posibilidad de que en una empresa que tiene varias oficinas o establecimientos, solamente en alguno o algunos de ellos pueda prestarse el servicio de comedor o de comida de manera directa por el patrón, como sería, por ejemplo, en la casa matriz de un negocio en contraposición a sus sucursales. En casos como el descrito, solamente una parte de los trabajadores de un mismo patrón podrían recibir el servicio de comedor o de comida dentro de las instalaciones del centro de trabajo y, por ende, al resto de los trabajadores habría que otorgarles la prestación por medio de un tercero, cosa que puede hacerse mediante un sistema de vales o contraseñas canjeables por comidas servidas en restaurantes o establecimientos similares para el consumo de alimentos.
Por otra parte, esta iniciativa reconoce también que conforme a un principio de equidad no debe darse trato diferenciado a los trabajadores en función del tamaño o la capacidad económica o administrativa de la empresa en que laboran. Esto es así, pues al incluir la posibilidad de que los patrones otorguen la alimentación a través de terceros como son restaurantes u otros establecimientos para el consumo de alimentos, las pequeñas y medianas empresas que carecen del espacio físico o la capacidad para mantener un comedor dentro de sus propias instalaciones, puedan optar por alguna otra de las modalidades previstas en esta iniciativa y gozar de los incentivos para otorgar la alimentación a sus trabajadores.
En las familias de los trabajadores más pobres de nuestro país es práctica común que el hombre que trabaja coma primero y en mayor cantidad, dejando una menor cantidad de alimentos a los hijos y la madre. Por ello, toda comida proporcionada al trabajador en su lugar de trabajo beneficia a su familia ya que ahí hay una boca menos que alimentar.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006 indicó que alrededor del 22% del gasto corriente total se va al rubro de los alimentos; mientras que del gasto monetario, el 29.8% se dedicó a la compra de alimentos. Estas proporciones se modifican al clasificar a los hogares según deciles, ya que el segmento de menor ingreso (10% de los hogares más pobres) destina 38.3% de su gasto total a la alimentación.
Considerando las altas proporciones del gasto que se destinan a la alimentación, se ha estimado pertinente que los esquemas de ayuda alimentaria para los trabajadores contribuyan a liberar esos recursos para que puedan ser utilizados para obtener otros bienes de primera necesidad.
En ese sentido, se estimó también conveniente que los patrones instrumenten otras acciones específicas para mejorar la nutrición de las familias de los trabajadores, siendo el mecanismo ideal para ello la provisión de despensas.
La “ayuda de despensa” ha sido entregada a los trabajadores en México por más de 25 años, ya sea mediante canastillas o a través del mecanismo de vales de despensa. En todo caso, la ayuda despensa ha demostrado ser útil como herramienta para garantizar que parte del producto del trabajo llegue al hogar de cada trabajador a través de artículos de primera necesidad.
Así, se incluyó en esta iniciativa la modalidad de la despensa con el propósito de que los patrones estén en posibilidad de coadyuvar en el combate a la inadecuada nutrición en los hogares y con ello se prevengan deficiencias nutricionales en las nuevas generaciones que afecten el adecuado progreso del país, pues no debe perderse de vista que unos niños sanos crecerán para convertirse en trabajadores saludables y más productivos. Una buena nutrición propiciará la disposición de plantillas más fuertes y mejor equipadas que, a largo plazo, permitirán que el país se vea beneficiado en términos de competitividad y sea más atractivo para los inversionistas.
La iniciativa contempla también la posibilidad de que los patrones opten por otorgar la ayuda alimentaria a través de un sistema de contraseñas canjeables o vales, ya que éstos son también instrumentos eficaces para coadyuvar en el combate a una nutrición deficiente al proporcionar al trabajador opciones alimenticias. Según la OIT, un programa de ayuda alimentaria que utilice vales canjeables por alimentos reporta, entre otros, los siguientes beneficios de carácter fiscal y económico:
- Facilita el cobro de impuestos, ya que permite mantener un registro puntual de las transacciones;
- Revitaliza los centros urbanos con restaurantes, tiendas de autoservicio y abarrotes, y
- Los ingresos fiscales generados por un incremento de la actividad en el sector alimentario pueden exceder los impuestos no recaudados por las exenciones fiscales de los vales, ya que se ha demostrado que el uso de vales contribuye al crecimiento del sector de restaurantes y alimentos.
Los sistemas de vales para alimentación se adoptaron por primera vez formalmente en el mundo alrededor de 1950 en el Reino Unido, con el objetivo explícito de procurar la nutrición de los trabajadores.
Actualmente, los programas de alimentación al trabajador que utilizan contraseñas canjeables por alimentos son comunes en Europa y América del Sur y se extienden también a otras regiones. Informes recientes señalan que Hungría registra la mayor proporción de trabajadores participantes en un plan de vales en comparación con el resto de países: más del 80% de una cifra total aproximada de 2,75 millones de trabajadores. Ese país adoptó en su momento un sistema de contraseñas con el propósito de regular mejor el cobro de impuestos y potenciar la salud de su población activa.
En nuestro país operan con éxito desde hace más de dos décadas sistemas que permiten el pago de bienes mediante el uso de vales. A lo largo de su operación, los sistemas de vales han demostrado tener amplias ventajas. Con el uso de los vales es posible llevar controles detallados y, como consecuencia, evitar sobrantes, malos usos o manejos indebidos, disminuyendo costos administrativos y eliminando las transacciones en el sector informal. Adicionalmente, con la utilización de vales se previene que los individuos se vean obligados a llevar efectivo, con lo que se reducen los riesgos que esto implica ante la inseguridad que afecta al país.
El día de hoy reciben vales en México de forma directa aproximadamente 6 millones de trabajadores, casi el 14% de la población económicamente activa, pero benefician a 24 millones de personas (considerando que hubiera 4 integrantes en cada familia de los trabajadores beneficiados). En promedio, cada trabajador recibe alrededor de 600 pesos mensuales.
Es importante mencionar que, independientemente de la modalidad de ayuda alimentaria seleccionada, los lugares en los que se otorguen las comidas a los trabajadores estarán sujetos a la vigilancia y control de las autoridades competentes. De este modo, el artículo 10 de la iniciativa establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, expedirá las normas oficiales mexicanas a las que deberán sujetarse los comedores. Dicho artículo también faculta a esas dependencias federales a ejercer, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, la vigilancia sobre dichos comedores para verificar el cumplimiento de los requisitos que éstos deban reunir.
Asimismo, el artículo 10 atribuye a la Secretaría de Salud la facultad de ejercer, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, el control sanitario de los restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos en los términos que para ese tipo de establecimientos ya señala la Ley General de Salud.
Sin importar la modalidad de ayuda alimentaria que se elija, esta Ley obliga a los patrones, a través de su artículo 11, a mantener un control documental suficiente y adecuado para demostrar que el beneficio objeto de esta Ley haya sido efectivamente entregado a sus trabajadores. Esto, para evitar que los patrones pudieran incurrir en simulaciones respecto a la entrega de la ayuda buscando obtener los incentivos fiscales previstos en la propia iniciativa.
Los requisitos que deberán cumplir los vales que se usen para otorgar ayuda alimentaria a los trabajadores están definidos en el artículo 12 de la iniciativa y son los siguientes:
I. Para los vales impresos:
a) Contener la leyenda “Este vale no podrá ser negociado total o parcialmente por dinero en efectivo”;
b) Señalar la fecha de vencimiento;
c) Incluir el nombre o la razón social de la empresa emisora del vale;
d) Indicar de manera clara y visible el importe que ampara el vale con número y letra;
e) Especificar expresamente si se trata de un vale para comidas o para despensas, según sea el caso, y
f) Estar impresos en papel seguridad.
II. Para los vales electrónicos:
a) Un dispositivo en forma de tarjeta plástica que cuente con una banda magnética o algún otro mecanismo tecnológico que permita identificarla en las terminales de los establecimientos afiliados a la red del emisor de la tarjeta;
b) Especificar expresamente si se trata de un vale para comidas o para despensas, según sea el caso, y
c) Indicar de manera visible el nombre o la razón social de la empresa emisora de la tarjeta.
Para evitar que los vales sean utilizados para fines contrarios a los señalados en la Ley que se pretende crear, el artículo 13 de la iniciativa establece que quedará prohibido:
I. Canjearlos por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito;
II. Canjearlos o utilizarlos para comprar bebidas alcohólicas o productos del tabaco;
III. Usarlos para fines distintos a los de esta Ley o para servicios distintos a los definidos en el inciso b y c de la fracción I del artículo 8º o en la fracción II de ese mismo artículo, y
IV. Utilizar la tarjeta de los vales electrónicos para retirar el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre otros.
Como se mencionó previamente, la OIT señala expresamente que para que un sistema de ayuda alimentaria tenga éxito, se requiere que éste lleve aparejados estímulos fiscales. Es por ello que, con el propósito de promover el establecimiento de los esquemas de ayuda alimentaria, el artículo 14 de la iniciativa señala que los gastos en los que incurran los patrones para tal efecto serán deducibles para determinar la base imponible de cualquier contribución que grave el ingreso del patrón y, además, no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social, de acuerdo con lo siguiente:
I. Si el patrón otorga la ayuda alimentaria mediante comidas proporcionadas a los trabajadores en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos contratados directamente o que formen parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos, para efectos de determinar la base imponible de cualquier contribución que grave el ingreso del patrón, éste podrá efectuar una deducción del doble de los gastos en que incurra siempre y cuando tales gastos no excedan un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso del comedor o reciba los alimentos y por cada día en que se otorgue el servicio, adicionado con las aportaciones que, en su caso, pague el trabajador por este concepto. Para poder aplicar esta deducción, las comidas deberán estar a disposición de todos los trabajadores de la empresa. Si se rebasara dicho límite no se podrá aplicar la deducción por el excedente.
El límite al que se refiere el párrafo anterior no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor, como son el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos proporcionados a los trabajadores.
También se garantiza la deducibilidad de las inversiones que los patrones harían en los servicios de comedor o alimentos para sus trabajadores, considerando que éstas, así como sus reparaciones, adaptaciones o mejoras serán deducibles en un solo ejercicio para efectos de determinar la base imponible de cualquier contribución que grave el ingreso del patrón. Esto, en virtud de que, como reconoce la OIT, ese tipo de instalaciones requieren la mayor inversión de recursos entre las diversas soluciones para proporcionar alimentos a los trabajadores.
II. Si el patrón otorga la ayuda alimentaria mediante comidas proporcionadas a los trabajadores en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos contratados directamente o que formen parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos, los gastos en que incurra no formarán parte del salario base de cotización de las aportaciones de seguridad social del patrón ni de las del trabajador, siempre y cuando la alimentación se entregue al trabajador en forma onerosa. Para efectos de esta fracción, la alimentación será onerosa cuando los trabajadores aporten para cualquiera de las modalidades de alimentación a las que se refiere la fracción I del artículo 8º de esta Ley, el veinte por ciento o más de un salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;
III. Si el patrón otorga a sus trabajadores la prestación de despensa, ya sea mediante canastillas de alimentos o por medio de vales en formato impreso o electrónico, su importe será deducible para efectos de determinar la base imponible de cualquier contribución que grave el ingreso del patrón, siempre que sea un ingreso no acumulable para el trabajador en los términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de esta Ley. Para poder aplicar esta deducción, el patrón deberá proporcionar las despensas de manera general y en beneficio de todos los trabajadores de la empresa. Si se rebasara el límite para la exención establecido en ese artículo no será deducible el excedente.
IV. Si el empleador otorga a sus trabajadores la prestación de despensa, ya sea mediante canastillas de alimentos o por medio de vales en formato impreso o electrónico, su importe estará excluido del salario base de cotización de las aportaciones de seguridad social, tanto del patrón como del trabajador, siempre y cuando dicho importe no rebase el equivalente a un salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Los límites para la deducibilidad de las erogaciones realizadas por los patrones establecidos en las fracciones I y III del artículo 14 de la iniciativa podrán incrementarse cuando así se indique en la ley del impuesto al ingreso de que se trate, su reglamento, o en las disposiciones reglamentarias de la Ley que se pretende crear, pero nunca podrán ser reducidos o limitados.
En la ley de la aportación de seguridad social de que se trate, su reglamento, o en las disposiciones reglamentarias de la Ley que se pretende crear, se podrá disminuir el importe del pago que debe realizar el trabajador para considerar que la alimentación se le otorga en forma onerosa, de manera que sea una cantidad inferior al veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal a que se refiere la fracción II del artículo 14, pero nunca podrá incrementarse.
El límite establecido en la fracción IV del artículo 14 para que el importe de las despensas otorgadas a los trabajadores esté excluida de la base de las aportaciones de seguridad social podrá ser mayor a un salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando así se indique en la ley de la aportación de seguridad social de que se trate, su reglamento, o en las disposiciones reglamentarias de la Ley que se pretende crear, pero nunca podrá ser inferior a esa cantidad.
Cabe precisar, que todos los límites establecidos en el artículo 14 de la iniciativa tienen como finalidad continuar previniendo posibles abusos por parte de los patrones al otorgar, por ejemplo, prestaciones de despensa por un valor muy superior al de los salarios que pagan. Además, en el caso de las deducciones, éstas son acordes a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, interpretado en relación con el 110 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, disposiciones conforme a las cuales no constituyen ingresos gravables para los trabajadores los servicios de comedor o de comida que les son proporcionados por sus patrones, estando también en congruencia con lo dispuesto por el artículo 32, fracción XX, de la misma Ley, relativo a los requisitos y las limitantes para la deducibilidad de tales servicios.
En el artículo 15 de la iniciativa de Ley, en aras de la equidad, se determina que la deducibilidad y la exclusión de la base de las aportaciones de seguridad social previstas en el artículo 14 serán aplicables también para aquellos casos en que la Ley Federal del Trabajo o la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establezcan expresamente la obligación de proporcionar alimentos para los trabajadores.
Para efectuar las deducciones contempladas en la iniciativa, el artículo 16 dispone que los patrones deberán contar con documentación comprobatoria que reúna los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación para deducir o acreditar fiscalmente. Dicha documentación deberá obtenerse dentro del plazo establecido en las disposiciones fiscales que regulen el gravamen al ingreso de que se trate. Se establece también que para obtener los beneficios fiscales vinculados con la entrega de la ayuda alimentaria, los patrones deberán mostrar, a requerimiento de la autoridad competente, el control documental al que se refiere el artículo 11 de la Ley.
El artículo 17 de la iniciativa señala que la ayuda alimentaria que se otorgue a través de comidas proporcionadas a los trabajadores en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos contratados directamente o que formen parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos no se considerará ingreso del trabajador, por lo que no estará sujeta a gravamen alguno que se imponga sobre el ingreso de las personas físicas.
En el caso de las despensas, éstas serán un ingreso exento para el trabajador hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica respectiva elevado al año.
Con el propósito de promover los beneficios para los patrones y los trabajadores vinculados al otorgamiento de ayuda alimentaria en los términos, las modalidades y condiciones previstos en la Ley que se pretende crear, el artículo 18 de la iniciativa obliga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a elaborar y difundir una campaña nacional permanente. Cuando en esa campaña se incluyan referencias a los beneficios en materia de salud ocupacional, dicha Dependencia deberá coordinarse con la Secretaría de Salud, instancia competente en la materia.
Para aprovechar la exitosa experiencia de Brasil donde existe una comisión integrada por representantes del Gobierno, los trabajadores y los empleadores que da seguimiento a las actividades del PAT, el artículo 19 de la presente iniciativa se propone que la evaluación y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de la Ley estén a cargo de una comisión tripartita, a la que corresponderá también hacer las recomendaciones pertinentes para la mejora o ampliación de las acciones de ayuda alimentaria.
La citada comisión tripartita se integrará por un representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien la presidirá; un representante de la Secretaría de Salud; un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un representante de la Secretaría de Desarrollo Social; cuatro representantes de organizaciones nacionales de los trabajadores, y cuatro representantes de organizaciones nacionales de patrones.
Aunque la mayor parte de las situaciones relativas al funcionamiento y la operación de la Comisión Tripartita se dejan para su definición en Reglas Internas de Operación, la iniciativa ya determina algunas de ellas. Así, se obliga a que los representantes de las dependencias de la Administración Pública Federal ante la Comisión tengan nivel de Subsecretario o su equivalente, a efecto de que tengan poder de decisión y su participación sea ejecutiva.
Además, se otorga la atribución a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de determinar la forma en la cual se asignará la representación a las organizaciones nacionales de los trabajadores y de los patrones, así como la de invitar a participar en las sesiones de la Comisión Tripartita, con el carácter de consultores, con voz y sin voto, a representantes de aquellas organizaciones empresariales o sociales relacionadas con la prestación de los servicios vinculados al otorgamiento del beneficio de ayuda alimentaria contemplado en esta iniciativa de Ley.
Por lo que se refiere a la vigilancia de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, el artículo 20 de la iniciativa señala que ésta corresponderá a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Las acciones de vigilancia se ajustarán al procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, a lo que prescribe la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La iniciativa de Ley concluye con el Título relativo a las sanciones. En el artículo 21 se determina que las violaciones a los preceptos de la Ley que se propone crear y las disposiciones que emanen de ella serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias y laborales en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando éstas sean constitutivas de delitos.
En ese mismo tenor, el artículo 22 establece que para la aplicación de las sanciones se observará el procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, lo que prescribe la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Los artículos 23 a 25 de la iniciativa definen ciertos supuestos de incumplimiento a lo dispuesto en la Ley, mismos a los que se atribuyen rangos para las correspondientes sanciones económicas de acuerdo con la gravedad de la violación, a saber:
- La omisión del patrón de mantener el control documental al que se refiere el artículo 11 de la Ley, se sancionará con multa de hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.
- La contratación por parte del patrón de una empresa emisora de vales que no cumpla los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.
- La violación de las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley se sancionará con multa de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.
El artículo 26 de la iniciativa plantea que, en caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos de la Ley que se pretende crear se entenderá por reincidencia, a aquellos casos en que el infractor cometa la misma violación a las disposiciones de la Ley dos o más veces dentro del período de un año, contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.
El régimen transitorio de la Ley que se propone crear se señala en dos artículos. El primero de ellos marca el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento. El segundo obliga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a convocar a la primera sesión de la Comisión Tripartita en un plazo que no excederá los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor de la Ley.
Para concluir, es importante señalar que la experiencia internacional permite adelantar algunas de los beneficios que pueden esperarse a partir de la aprobación de la presente iniciativa, entre los que se estima relevante destacar los siguientes:
- Los trabajadores recibirán una alimentación adecuada y su calidad de vida mejorará, reduciendo así los riesgos de accidente de trabajo e incrementando su productividad.
- Los patrones se beneficiarán con el aumento de la productividad, reducción del ausentismo, mayor eficiencia en la producción, aumento de la motivación y satisfacción con el trabajo.
- El Gobierno logrará una disminución en los niveles de evasión, lo cual generará mayor nivel de recaudación de impuestos, una contribución a la formalización de la economía y la reducción a largo plazo de los costos en los servicios de salud. Asimismo, se generarían empleos del sector de restaurante y alimentos, así como de la industria agroalimentaria, pues se requiere de un incremento sustancial en el nivel de ocupación de personas dedicadas al procesamiento de alimentos y preparación, distribución y ejecución del servicio de comedores y restaurantes.
- La sociedad en general se beneficiará con la generación de empleos directos e indirectos, con una mejor alimentación para una gran proporción de la población, reducción de la demanda por servicios de salud y aumento de expectativa de la vida útil de la población beneficiada.
Finalmente, es fundamental resaltar que sin una nutrición adecuada para los trabajadores, muchas otras de las conquistas laborales pierden eficacia. La OIT, en el estudio realizado por el Dr. Wanjek, lo reconoce así:
“Un plan de asistencia médica adecuado se llevaría al límite de su capacidad si los trabajadores enfermaran a causa de una nutrición deficiente. Las prestaciones de jubilación no son útiles si el trabajador fallece a causa de un derrame cerebral o un ataque al corazón a los 64 años de edad. La seguridad en el trabajo resulta imposible de garantizar cuando unos trabajadores enfermos y unos niños mal alimentados socavan la productividad y la inversión nacionales. Gobiernos, empleadores, trabajadores y sus organizaciones deben aprovechar conjuntamente la oportunidad de utilizar el lugar de trabajo como plataforma para promover la nutrición, con el fin de recoger los beneficios que tan claramente genera esta opción: salud, seguridad, productividad y crecimiento económico”.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas, y los senadores Carlos Aceves del Olmo Sen. José Eduardo Calzada Rovirosa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez López y Fernando Eutimio Ortega Bernés, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, sometemos al pleno de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores
Artículo Único. Se expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, para quedar como sigue:
Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1º. La presente Ley es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.
Esta Ley es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.
Artículo 2º. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. Dieta correcta. Aquella que es completa, equilibrada, saludable, suficiente, variada y adecuada, en términos de las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de Salud;
II. Normas. A las normas oficiales mexicanas;
III. Secretaría. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
IV. Trabajadores. A los hombres y mujeres que prestan a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, independientemente de que sus relaciones laborales se encuentren comprendidas en los apartados A o B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3º. Los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, por otorgar a sus trabajadores ayuda alimentaria en alguna de las modalidades establecidas en esta Ley o mediante combinaciones de éstas.
Se entenderá que un patrón ha optado concertadamente por otorgar ayuda alimentaria, cuando ese beneficio quede incorporado en un contrato colectivo de trabajo.
Artículo 4º. Únicamente los patrones que otorguen a sus trabajadores ayuda alimentaria en las modalidades y bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento podrán recibir los beneficios fiscales contemplados en esta Ley.
Artículo 5º. Dado que las disposiciones de esta Ley tienen una finalidad social y su objeto es mejorar el estado nutricional de los trabajadores, así como prevenir y proteger la salud en el ámbito ocupacional, son de interés público y se les reconocerá tal fin extrafiscal; consecuentemente, siempre se considerará que tienen la naturaleza jurídica de normas especiales de aplicación preferente, aun en aquellos casos en que las leyes tributarias o de cualquier otra índole establecieran un régimen distinto.
TÍTULO SEGUNDO
AYUDA ALIMENTARIA
Capítulo I
Objetivo de la Ayuda Alimentaria
Artículo 6º. La ayuda alimentaria tendrá como objetivo que los trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta. Las características específicas de una dieta correcta serán las que la Secretaria de Salud establezca en las normas.
Artículo 7º. La Secretaria de Salud, en coordinación con la Secretaria, definirá e instrumentará campañas nacionales, dirigidas específicamente a los trabajadores, en materia de promoción de la salud y orientación alimentaria, incluyendo mensajes para mejorar su estado nutricional y prevenir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.
Capítulo II
Modalidades de Ayuda Alimentaria
Artículo 8º. Los patrones podrán establecer esquemas de ayuda alimentaria para los trabajadores mediante cualquiera de las modalidades siguientes:
I. Comidas proporcionadas a los trabajadores en:
a. Comedores;
b. Restaurantes, u
c. Otros establecimientos de consumo de alimentos.
Los establecimientos contemplados en los incisos a, b y c de esta fracción podrán ser contratados directamente por el patrón o formar parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos, y
II. Despensas, ya sea mediante canastillas de alimentos o por medio de vales de despensa en formato impreso o electrónico.
En el marco de la presente Ley, la ayuda alimentaria no podrá ser otorgada en efectivo, ni por otros mecanismos distintos a las modalidades establecidas en el presente artículo.
Artículo 9º. En aquellos casos en que la ayuda alimentaria se otorgue de manera concertada, las modalidades seleccionadas deberán quedar incluidas expresamente en el contrato colectivo de trabajo.
Artículo 10. La Secretaria de Salud, en coordinación con la Secretaria, expedirá las normas a las que deberán sujetarse los comedores a que se refiere el inciso a de la fracción I del artículo 8º de esta Ley. Asimismo, ambas dependencias ejercerán, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, la vigilancia sobre dichos comedores para verificar el cumplimiento de los requisitos que éstos deban reunir.
La Secretaria de Salud, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ejercerá el control sanitario de los restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos a los que se refieren los incisos b y c de la fracción I del artículo 8 de esta Ley en los términos que para ese tipo de establecimientos señala la Ley General de Salud.
Artículo 11. Los patrones deberán mantener un control documental suficiente y adecuado para demostrar que la ayuda alimentaria objeto de esta Ley ha sido efectivamente entregada a sus trabajadores.
Artículo 12. Los vales que se utilicen para proporcionar ayuda alimentaria en términos de la presente Ley deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Para los vales impresos:
a) Contener la leyenda “Este vale no podrá ser negociado total o parcialmente por dinero en efectivo”;
b) Señalar la fecha de vencimiento;
c) Incluir el nombre o la razón social de la empresa emisora del vale;
d) Especificar expresamente si se trata de un vale para comidas o para despensas, según sea el caso;
e) Indicar de manera clara y visible el importe que ampara el vale con número y letra, y
f) Estar impresos en papel seguridad.
II. Para los vales electrónicos:
a) Consistir en un dispositivo en forma de tarjeta plástica que cuente con una banda magnética o algún otro mecanismo tecnológico que permita identificarla en las terminales de los establecimientos afiliados a la red del emisor de la tarjeta;
b) Especificar expresamente si se trata de un vale para comidas o para despensas, según sea el caso, e
c) Indicar de manera visible el nombre o la razón social de la empresa emisora de la tarjeta.
Artículo 13. Para el caso de los vales impresos y electrónicos previstos en esta Ley quedará prohibido:
I. Canjearlos por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito;
II. Canjearlos o utilizarlos para comprar bebidas alcohólicas o productos del tabaco;
III. Usarlos para fines distintos a los de esta Ley o para servicios distintos a los definidos en el inciso b o c de la fracción I del artículo 8º o en la fracción II de ese mismo artículo, y
IV. Utilizar la tarjeta de los vales electrónicos para retirar el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre otros.
Capítulo III
Beneficios fiscales
Artículo 14. Con el propósito de promover el establecimiento de los esquemas de ayuda alimentaria a los que se refiere esta Ley, los gastos en los que incurran los patrones para tal efecto serán deducibles para determinar la base imponible de cualquier contribución que grave el ingreso del patrón y, además, no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social, de acuerdo con lo siguiente:
I. Si el patrón otorga ayuda alimentaria mediante comidas proporcionadas a los trabajadores en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos contratados directamente o que formen parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos, para efectos de determinar la base imponible de cualquier contribución que grave el ingreso del patrón éste podrá efectuar una deducción del doble de los gastos en que incurra, siempre y cuando tales gastos no excedan un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso del comedor o reciba los alimentos y por cada día en que se otorgue el servicio, adicionado con las aportaciones que, en su caso, pague el trabajador por concepto de alimentación. Si se rebasara dicho límite no se podrá aplicar la deducción por el excedente.
El límite a que se refiere el párrafo anterior no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor, como son el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos proporcionados a los trabajadores.
Para poder aplicar la deducción a la que se refiere esta fracción, las comidas deberán estar a disposición de todos los trabajadores de la empresa.
Las inversiones que el patrón destine exclusivamente a proporcionar las comidas en los comedores, así como sus reparaciones, adaptaciones o mejoras, serán deducibles en un sólo ejercicio para efectos de determinar la base imponible de cualquier contribución que grave el ingreso del patrón;
II. Si el patrón otorga ayuda alimentaria mediante comidas proporcionadas a los trabajadores en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos contratados directamente o que formen parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos, los gastos en que incurra no formarán parte del salario base de cotización de las aportaciones de seguridad social del patrón ni de las del trabajador, siempre y cuando la alimentación se entregue al trabajador en forma onerosa. Para estos efectos, serán onerosas cuando los trabajadores aporten para cualquiera de las modalidades de alimentación a que se refiere la fracción I de esta Ley el veinte por ciento o más de un salario mínimo general diario en el Distrito Federal;
III. Si el patrón otorga a sus trabajadores la prestación de despensa, ya sea mediante canastillas de alimentos o por medio de vales en formato impreso o electrónico, su importe será deducible para efectos de determinar la base imponible de cualquier contribución que grave el ingreso del patrón, siempre que sea un ingreso no acumulable para el trabajador en los términos de lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 17 de esta Ley. Si se rebasara el límite para la exención establecido en ese artículo no será deducible el excedente.
Para poder aplicar la deducción a la que se refiere esta fracción, el patrón deberá proporcionar las despensas de manera general y en beneficio de todos los trabajadores de la empresa, y
IV. Si el patrón otorga a sus trabajadores la prestación de despensa, ya sea mediante canastillas de alimentos o por medio de vales en formato impreso o electrónico, su importe estará excluido del salario base de cotización de las aportaciones de seguridad social, tanto del patrón como del trabajador, siempre y cuando dicho importe no rebase el equivalente a un salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Los límites para la deducibilidad de las erogaciones realizadas por los patrones establecidos en la fracciones I y III del presente artículo podrán incrementarse cuando así se indique en la ley del impuesto al ingreso de que se trate, su reglamento, o en las disposiciones reglamentarias de esta Ley, pero nunca podrán ser reducidos o limitados.
En la ley de la aportación de seguridad social de que se trate, su reglamento, o en las disposiciones reglamentarias de esta Ley, se podrá disminuir el importe del pago que debe realizar el trabajador para considerar que la alimentación se le otorga en forma onerosa, de manera que sea una cantidad inferior al veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal a que se refiere la fracción II de este artículo, pero nunca podrá incrementarse.
El límite establecido en la fracción IV de este artículo para que el importe de las despensas otorgadas a los trabajadores, ya sea mediante canastillas de alimentos o por medio de vales en formato impreso o electrónico, esté excluida de la base de las aportaciones de seguridad social, podrá ser mayor a un salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal cuando así se indique en la ley de la aportación de seguridad social de que se trate, su reglamento, o en las disposiciones reglamentarias de esta Ley, pero nunca podrá ser inferior a esa cantidad.
Artículo 15. Las condiciones de deducibilidad y de exclusión de la base de las aportaciones de seguridad social, previstas en el artículo 14 de esta Ley, serán aplicables también para aquellos casos en que la Ley Federal del Trabajo o la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado establezcan expresamente la obligación de proporcionar alimentos para los trabajadores.
Artículo 16. Para efectuar las deducciones contempladas en el presente capítulo, los patrones deberán contar con documentación comprobatoria que reúna los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación para deducir o acreditar fiscalmente. Dicha documentación comprobatoria deberá obtenerse dentro del plazo establecido en las disposiciones fiscales que regulen el gravamen al ingreso de que se trate.
Para obtener los beneficios fiscales contemplados en este capítulo, los patrones deberán mostrar, a requerimiento de la autoridad competente, el control documental al que se refiere el artículo 11 de esta Ley.
Artículo 17. La ayuda alimentaria que se otorgue a través de comidas proporcionadas a los trabajadores en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos contratados directamente o que formen parte de un sistema de alimentación administrado por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos no se considerará ingreso del trabajador, por lo que no estará sujeta a gravamen alguno que se imponga sobre el ingreso de las personas físicas.
En el caso de las despensas a que se refiere la fracción II del artículo 8º de esta Ley, éstas serán un ingreso exento para el trabajador hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevado al año.
Capítulo IV
Promoción
Artículo 18. La Secretaria elaborará y difundirá una campaña nacional permanente encaminada a promover los beneficios para los patrones y los trabajadores vinculados al otorgamiento de ayuda alimentaria en los términos, las modalidades y condiciones previstos en esta Ley. Para la incorporación en las campañas de referencias a los beneficios en materia de salud ocupacional, la Secretaria se coordinará con la Secretaria de Salud.
TÍTULO TERCERO
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
Capítulo I
Comisión Tripartita
Artículo 19. La evaluación y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley estará a cargo de una comisión tripartita que se integrará en los términos del presente artículo. Corresponderá también a dicha comisión hacer las recomendaciones pertinentes para la mejora o ampliación de las acciones de ayuda alimentaria previstas en esta Ley.
La comisión tripartita a la que se refiere el párrafo anterior se integrará por:
I. Un representante de la Secretaria, quien la presidirá;
II. Un representante de la Secretaria de Salud;
III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
IV. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;
V. Cuatro representantes de organizaciones nacionales de los trabajadores, y
VI. Cuatro representantes de organizaciones nacionales de los empresarios.
La Secretaria determinará la forma en la cual se asignará la representación a la que se refieren las fracciones V y VI de este artículo.
Los representantes de las dependencias de la Administración Pública Federal ante la Comisión deberán tener nivel de Subsecretario o su equivalente.
La Secretaria podrá invitar a participar en las sesiones de la Comisión Tripartita, con el carácter de consultores, con voz y sin voto, a representantes de aquellas organizaciones empresariales o sociales relacionadas con la prestación de los servicios vinculados al otorgamiento del beneficio de ayuda alimentaria contemplado en esta Ley.
El funcionamiento y la operación de la Comisión Tripartita se establecerá de acuerdo con sus Reglas Internas de Operación.
Capítulo II
Vigilancia
Artículo 20. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 10 de esta Ley, la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en el presente ordenamiento corresponderá a la Secretaria y la Secretaria de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Las acciones de vigilancia se ajustarán al procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, a lo que prescribe la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
TÍTULO CUARTO
SANCIONES
Capítulo Único
Artículo 21. Las violaciones a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que emanen de ella serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias y laborales en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.
Artículo 22. Para la aplicación de las sanciones derivadas de violaciones a esta Ley, se observará el procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, lo que prescribe la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 23. La omisión del patrón de mantener el control documental al que se refiere el artículo 11 de esta Ley se sancionará con multa de hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.
Artículo 24. La contratación por parte del patrón de una empresa emisora de vales que no cumpla los requisitos señalados en el artículo 12 de esta Ley se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.
Artículo 25. Se sancionará con multa de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en el artículo 13 de esta Ley.
Artículo 26. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos de esta Ley se entenderá por reincidencia, a aquellos casos en que el infractor cometa la misma violación a las disposiciones de esta Ley dos o más veces dentro del período de un año, contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a la primera sesión de la Comisión Tripartita a la que se refiere el artículo 19 en un plazo que no excederá los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta Ley.
Firman la presente iniciativa:
SEN. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS
SEN. CARLOS ACEVES DEL OLMO SEN. JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA
SEN. RICARDO F. PACHECO RODRIGUEZ SEN. HELADIO RAMIREZ LOPEZ
SEN. FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNÉS
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, a efecto de crear un esquema de seguridad social específico para la actividad policíaca.
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y DIVERSOS ARTÍCULOS DE SU LEY REGLAMENTARIA, A EFECTO DE CREAR UN ESQUEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ESPECÍFICO PARA LA ACTIVIDAD POLICIACA.
Quien suscribe, Senador Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las garantías sociales contenidas en el artículo 123 constitucional son aval de los frágiles equilibrios conseguidos en nuestro país entre los medios de producción y distribución de bienes y servicios, en el sector privado, y para la continuidad y regularidad de la prestación de los servicios gubernamentales, entre ellos, el de seguridad pública.
Los derechos del trabajo y de la seguridad social que allí se contienen significan, por tanto, mecanismos indispensables para garantizar la estabilidad social, sea a través de la justicia social o de la eficiencia del Estado en el mantenimiento de condiciones óptimas de vida y de desarrollo de los diversos sectores. Eficiencia en la que se vuelve relevante el mantenimiento de la seguridad pública.
De lo anterior, deriva una tensión permanente entre la justicia social que entraña el derecho del trabajo y la seguridad social y la eficiencia que deben preservar las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Por un lado, todas las instituciones del Estado, en cualquier nivel de gobierno, están formadas por hombres y mujeres que prestan un servicio fundamental, por lo que sin duda precisan de la protección a sus necesidades sociales básicas, como son la seguridad en el empleo y la percepción de prestaciones necesarias para el correcto desarrollo personal y de sus familias.
Pero, por otro lado y en el caso particular a que me refiero, determinados beneficios pueden resultar contrarios al interés general, cuando se trata de las relaciones laborales que se generan en instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, así como del combate integral al crimen para la preservación de la seguridad pública e, incluso, de la seguridad nacional, en donde la confiabilidad personal y el compromiso con una causa difícil se convierten en requerimientos fundamentales para la permanencia de las personas en sus cargos.
Me refiero específicamente a la figura jurídica de la “reinstalación”, derecho que puede derivar de la resolución de un conflicto laboral entre institución y funcionario, por cesación o despedido de éste último. No son pocos los casos en los que una autoridad laboral ordena la reinstalación en el ejercicio de una función pública tan delicada, como los son la administración de justicia o la seguridad pública, de una persona cuya confiabilidad o cuyo compromiso están viciados por la propia conducta que ha observado en el cumplimiento de su trabajo.
A ello se debe, precisamente, que la actual fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, trate de establecer una excepción al derecho de reinstalación de los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, pero sólo en el caso de que no cumplan con los requisitos que las leyes vigentes, en el momento de la remoción, señalen para permanecer en dichas instituciones.
La redacción de la fracción citada, sin embargo, es deficiente, problema que se agrava con la falta de disposición expresa en la Ley Reglamentaria, y redunda en la constante reinstalación de policías, ministerios públicos y otros miembros de las instituciones de referencia, que observan conductas contrarias a su propia función, la que, como se ha dicho, es neurálgica para la estabilidad de la nación y la integración social.
Por ello, esta iniciativa propone dar una nueva redacción al texto constitucional, para dejar clara la excepción al derecho laboral de reinstalación para los miembros de del Ministerio Público y de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, pero reiterar que conservarán el derecho a la indemnización constitucional, así como los demás que se derivan de la relación laboral, en los términos en los que están dispuesto en la propia Constitución, en las leyes aplicables o, incluso, lo beneficios adicionales que les conceda su relación de trabajo.
Al mismo tiempo, la iniciativa reitera la necesidad de garantizar en su totalidad, a los funcionarios públicos en cuestión, los beneficios que nuestro derecho social confiere en materia de seguridad social a todo trabajador, más allá de que, por las propias particularidades de la labor que los funcionarios en cita desarrollan, dichos beneficios deban estar definidos en forma específica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de decreto:
Iniciativa de decreto que reforma el Apartado B del artículo 123 constitucional y diversos artículos de su ley reglamentaria, a efecto de crear un esquema de seguridad social específico para la actividad policíaca, conforme al siguiente:
Decreto
Artículo Primero.- Se reforma la fracción XIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 123. …
…
A. …
B. …
I a XI. …
XII. …
XIII. Los militares, marinos y personal del servicio exterior, se regirán por sus propias leyes. Su remoción se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables.
…
Los miembros del Ministerio Público y de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, se regirán por sus propias leyes. En lo que concierne a sus relaciones jurídicas de trabajo o administrativas con los titulares de las dependencias e instituciones citadas, se garantizarán sus derechos a la seguridad social que contempla este artículo, los cuales podrán ampliarse con prestaciones complementarias que redunden en su beneficio y en el de sus familias o dependientes. Por la naturaleza de sus servicios, en los conflictos laborales o de índole administrativo que resulten de su baja, cese o despido no habrá lugar a la reinstalación, conservando únicamente sus derechos a la indemnización y otros que deriven de la relación laboral o administrativa.
XIII bis. …
XIV. …
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente Decreto.
Artículo Segundo.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 10; un párrafo tercero, recorriéndose el actual para quedar como cuarto, al artículo 45; un inciso K) a la fracción V del artículo 46, y un párrafo segundo al artículo 46 Bis, todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 10.- …
En el caso de cesación o despido de los miembros del Ministerio Público y de las instituciones policiales, no procederá bajo ninguna circunstancia la reinstalación, pero conservarán los derechos a la indemnización y los demás que deriven de la relación laboral.
Artículo 45.- …
…
Cuando el titular de la dependencia o institución determine el cese o despido de miembros del Ministerio Público o de instituciones policiales, les comunicará por escrito sus derechos a la indemnización y demás derivados de la relación laboral.
…
Artículo 46.- …
V.- …
a) a j) …
k) Por la naturaleza de su servicio, relacionados con la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, o actividades vinculadas con la seguridad nacional.
…
Artículo 46 Bis.- …
Para el cese o despido de los miembros del Ministerio Público o de instituciones policiales, bastará únicamente la comunicación escrita de su titular.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente Decreto.
Senado de la República, a 8 de noviembre de 2007.
Suscribe
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto que crea la Ley General que establece una Pensión para los Niños y Niñas Nacidas en Partos Múltiples.
INICIATIVA DE LEY GENERAL QUE ESTABLECE UNA PENSION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS NACIDAS EN PARTOS MULTIPLES
Recinto del Senado de la República, 8 de noviembre de 2007
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E
Los suscritos, Senadores de la República de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley General que establece una Pensión para los Niños y Niñas Nacidas en Partos Múltiples, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, debe ser atendida con la importancia que ésta reviste y restituida en sus valores primordiales, los cuales, a su vez, deben ser inculcados a la niñez desde el interior del núcleo familiar.
Sin embargo, la precaria situación económica en la que se encuentra nuestro país dificulta tal objetivo. La falta de oportunidades de desarrollo genera pobreza y ésta a su vez ocasiona que las personas, en busca de los satisfactores mínimos para los integrantes de la familia, realicen actividades económicas que ocupen la mayoría de su tiempo impidiéndoles llevar una vida familiar que fortalezca los lazos filiales.
Asimismo, mientras más numerosa sea la familia, esta situación se agravará, ocasionando que los integrantes de la familia se dispersen generando bajo rendimiento escolar, deserción y adicciones, entre otros.
Una parte importante de esta problemática puede darse, como ya mencionamos en las familias más numerosas. Entre éstas se encuentran aquellas familias cuyos padres se han visto sorprendidos por la llegada de más de un hijo simultáneamente derivado de lo que conocemos generalmente con el nombre de partos múltiples.
En ese sentido, para que las familias donde se ha presentado esta situación puedan cumplir bien con sus responsabilidades y fines dentro de la misma sociedad, deben contar con los recursos necesarios de manera que se facilite que las relaciones entre sus miembros se enfoquen a la unidad y el desarrollo. En ese sentido el Estado tiene la obligación de procurar que el entorno sea favorable a través de la implementación de políticas públicas integrales en la materia y de la creación de leyes que promuevan y faciliten las mismas
Al respecto, todos hemos sido testigos de la difícil situación en la que se encuentran los padres cuando son objeto de un parto múltiple. No obstante la felicidad que genera la llegada de un hijo, la llegada de varios a la vez también produce un estado de inestabilidad, inseguridad y zozobra al comenzar a reflexionar sobre la calidad de vida que se les podrá ofrecer a los nuevos integrantes de la familia, sobre todo cuando los padres cuentan con recursos económicos limitados.
El artículo 4º constitucional a su letra dice:
Artículo 4º.-El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Es por ello que los senadores del Partido Verde, reconociendo el espíritu del texto constitucional, pretendemos ofrecer mecanismos que facilite a los particulares el afrontar esta difícil situación, de tal manera que el Estado tenga la obligación de otorgarles una ayuda económica o pensión en beneficio directo del sano desarrollo de las niñas y los niños.
Los embarazos múltiples son producto de una diversidad de factores que contribuyen a que se produzcan, entre los que se encuentran:
• Herencia: cuando una mujer tiene antecedentes familiares de embarazo múltiple tiene más probabilidades de presentar un embarazo de este tipo.
• Raza: las mujeres de raza negra tienen más probabilidades de tener embarazos múltiples.
• Número de embarazos previos: el hecho de haber estado embarazada más de una vez, sobre todo si fueron embarazos múltiples, incrementa las probabilidades de tener otro embarazo de este tipo.
• Embarazo tardío: las mujeres de más edad tienen más posibilidades de tener embarazos múltiples.
• Tratamientos de fertilidad: los medicamentos que se administran para favorecer la fertilidad, que estimulan a los ovarios a producir múltiples óvulos, y las técnicas de reproducción asistida en las que se transfieren al útero múltiples embriones (como la fecundación in vitro) incrementan considerablemente las probabilidades de tener un embarazo múltiple.
Los dos últimos factores son los que más han aumentado en las dos últimas décadas y probablemente son las principales causas del incremento de la cifra de partos múltiples.
El riesgo más inmediato asociado a los partos múltiples es el parto pretérmino, que da lugar al nacimiento de bebés prematuros. Un embarazo típico de un solo bebé dura unas 40 semanas, mientras que un embarazo de gemelos suele durar entre 35 y 37. Casi la mitad de todos los gemelos nacen prematuramente (antes de las 37 semanas de gestación) y el riesgo de prematuridad aumenta en los partos de tres o más individuos.
Los bebés prematuros pueden padecer numerosos problemas de salud. Entre ellos cabe señalar: ictericia, apnea, anemia, infecciones graves, disnea debido al insuficiente desarrollo pulmonar y problemas gastrointestinales, visuales y neurológicos. Puesto que el cuidado que necesitan los bebés prematuros es muy distinto del de los bebés nacidos a término, generalmente los prematuros tienen que ingresar en la unidad de cuidados intensivos neonatales inmediatamente después del parto. El riesgo de desarrollar los problemas que acabamos de mencionar aumenta con el grado de prematuridad, ocasionando un mayor gasto por parte del o los padres en cuestión.
Aparte de la posibilidad de un parto pretérmino, otras de las complicaciones que tienen más probabilidades de ocurrir en los embarazos múltiples son la preeclampsia, la diabetes gestacional, problemas placentarios y problemas de crecimiento fetal. El hecho de nacer en un parto múltiple también se asocia a mayor riesgo de problemas de salud a largo plazo. Por ejemplo, los retrasos del desarrollo y la parálisis cerebral son más frecuentes en los bebés nacidos en partos múltiples que en los nacidos en partos de un solo bebé y, cuanto mayor es la cantidad de gemelos, mayor es el riesgo de ulteriores problemas de salud. Todo ello refuerza nuestra hipótesis consistente en que la familia o pareja ya ha pasado por un desgaste muy fuerte en varios aspectos, entre ellos su patrimonio, y que esta situación no desaparecerá en corto o mediano plazo.
Debido a estos riesgos, muchos médicos especializados en tratamientos de fertilidad informan debidamente a los padres sobre las posibilidades y riesgos asociados a los partos múltiples.
Sabemos que el Estado cubre la parte de la seguridad social al brindar la atención necesaria a la madre y a los niños desde su concepción hasta el nacimiento, pero es ahí donde empieza la problemática de los padres cuando después del parto llegan a su hogar y se encuentran con la realidad, que tienen tres, cuatro, cinco o hasta seis niños que mantener, educar y cubrirles sus necesidades de salud, sólo por menciona algunas.
Derivado de todo ello es que el apoyo que el estado debe brindar, según lo hemos explicado, debe también dirigirse a otorgar una pensión que le permita a sus padres cubrir tales necesidades. Dicha pensión sería por el equivalente a un salario mínimo, provocando un impacto presupuestal al erario público razonable.
En ese orden de ideas, según información proporcionada por el INEGI (en el 2005) sobre los nacimientos por entidad federativa de residencia habitual de la madre, según tipo de alumbramiento, hubo 1,145 partos de tres o mas niños, lo cual nos da un total aproximado de 3,435 niños y niñas producto de partos múltiples.
Ahora bien, si a cada uno de ellos se les otorgara una cantidad diaria equivalente a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal que en este momento es de $50.57, resultaría un total de $173,707.95, misma que multiplicada por 365 días al año, correspondería al orden de $63,403,401.80, cantidad que se tendría que destinar del presupuesto público para cubrir el impacto económico de nuestra propuesta.
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No perdamos de vista que a través de esta propuesta buscamos que los padres asuman el rol que les corresponde al no descuidar la educación, la salud y el desarrollo de los niños que nacen en estas condiciones.
Estamos concientes de que los recursos con los que dispone el Estado son limitados, por lo que dicha pensión sería otorgada únicamente a los padres que tengan tres o mas hijos, hasta que estos alcancen la mayoría de edad, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la propia ley señalará. Entre ellos: que los padres sean ciudadanos mexicanos, que asuman el rol de jefes de familia y se encarguen en forma única y total del sustento económico de sus descendientes en línea recta; que sus descendientes en línea recta tengan entre 0 y 18 años de edad; que sus descendientes mayores a los 5 años de edad, se encuentren inscritos en los planteles de educación básica y media superior y que sean alumnos regulares de acuerdo con los planes y programas de estudio; que sus hijos no sean o hayan sido sujetos a maltrato o abuso físico o psicológico, o explotación económica o sexual; acreditar la residencia en territorio nacional; y no contar con apoyo económico de otras instituciones públicas o privadas.
De esta manera, los padres que asuman en su totalidad el sustento económico de los niños y niñas nacidas en partos múltiples, tendrán derecho a recibir por parte del gobierno federal, un apoyo económico diario, no menor a un salario mínimo vigente para el Distrito Federal, por cada hijo nacido en un parto múltiple y hasta los 18 años de edad.
Es de esta manera como los integrantes del Partido Verde continuamos comprometidos con el desarrollo social, generando propuestas como esta Ley General que Establece una Pensión para los Niños y Niñas Nacidas en Partos Múltiples, con el objeto de proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños nacidos en partos múltiples, a fin de que puedan tener una plena integración al desarrollo educativo, social y económico.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY GENERAL
QUE ESTABLECE UNA PENSION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS NACIDAS
EN PARTOS MULTIPLES
ARTICULO UNICO.- Se crea la Ley General que Establece una Pensión para los Niños y Niñas Nacidas en Partos Múltiples, para quedar como sigue:
LEY GENERAL QUE ESTABLECE UNA PENSION PARA LOS NIÑOS
Y NIÑAS NACIDAS EN PARTOS MULTIPLES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y DERECHO A LA PROTECCIÓN ECONÓMICA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NACIDAS EN PARTOS MULTIPLES
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general para la República Mexicana. Tiene por objeto proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y las niñas nacidas en partos múltiples, a fin de que puedan tener una plena integración al desarrollo educativo, social y económico.
Artículo 2.- Los padres que asuman en su totalidad el sustento económico de los niños y niñas nacidas en partos múltiples, tendrán derecho a recibir por parte del gobierno federal, un apoyo económico diario no menor a un salario mínimo vigente para el Distrito Federal, por cada hijo y hija nacida en un parto múltiple y hasta los 18 años de edad.
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entiende por partos múltiples, aquel donde se dé el alumbramiento de tres o más individuos vivos.
Artículo 4.- Tendrán derecho al apoyo económico al que se refiere el artículo 2º de esta ley, el padre, la madre o ambos siempre y cuando cumplan con lo siguientes requisitos:
I. Sean ciudadanos mexicanos, que asuman el rol de jefes de familia y se encarguen en forma única y total del sustento económico de sus descendientes en línea recta.
II. Que sus hijos e hijas tengan entre 0 y 18 años de edad.
III. Que sus hijos e hijas mayores a los 5 años de edad, se encuentren inscritos en los planteles de educación básica y media superior.
IV. Que sus hijos e hijas mayores a los 5 años de edad sean alumnos regulares de acuerdo con los planes y programas de estudio.
V. Que sus hijos e hijas no sean o hayan sido sujetos a maltrato o abuso físico o psicológico, o explotación económica o sexual.
VI. Acreditar la residencia en territorio nacional.
VII. No contar con apoyo económico de otras instituciones públicas o privadas.
Las autoridades del Gobierno Federal deberán otorgar en un plazo no mayor de treinta días posterior a la solicitud, el otorgamiento del apoyo económico correspondiente.
Artículo 5.- La Secretaría de Desarrollo Social deberá incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al apoyo económico señalado en el artículo 2º de esta ley.
Artículo 6.- La Cámara de Diputados deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho al apoyo económico señalado en el artículo 2º de esta ley.
Artículo 7.- La Secretaría de Desarrollo Social deberá llevar a cabo la elaboración, supervisión y control de un padrón de beneficiarios, el cual deberá ser publicado y entregado al Congreso de la Unión trimestralmente.
Artículo 8.- La forma como se hará valer el apoyo económico señalado en el artículo 2º de esta Ley, la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley, se fijarán en el Reglamento correspondiente.
CAPITULO II
SANCIONES
Artículo 9.- Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta Ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.
Asimismo, los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar el otorgamiento del apoyo económico, ni podrán emplearlo para hacer proselitismo partidista. En caso contrario, serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior.
Artículo 10.- La persona que proporcione información falsa para obtener o conservar los beneficios que establece esta Ley o, habiéndolo obtenido, incumpla con los requisitos para solicitar el apoyo económico, pagará una multa equivalente a los 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
T R A N S I T O R I O S
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
COORDINADOR
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
Del Sen. Gerardo Montenegro Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley General de Educación.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL SEN. GERARDO MONTENEGRO IBARRA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
El suscrito, Senador Gerardo Montenegro Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Asamblea la siguiente “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley General de Educación,” de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estudios recientes han demostrado que la incidencia y prevalencia de la obesidad han aumentado de manera progresiva durante los últimos seis decenios y de modo alarmante en los últimos veinte años, hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la infancia, 30 a 40% en la adolescencia y hasta 60 a 70% en los adultos[1].
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2006 se encontró que el incremento más alarmante fue en la prevalencia de obesidad en los niños (77%) comparado con las niñas (47%).
Diversos son los factores que han contribuido a generar esta situación, entre los que se cuentan los siguientes:
La modificación de los patrones de alimentación con dietas de un alto valor calórico, y la disminución en el grado de actividad física;
El incremento en el porcentaje de alimentos ricos en carbohidratos refinados como refrescos, mientras que disminuyó el consumo de frutas, vegetales, carnes y lácteos;
Los productos en los cuales más se gasta no satisfacen las necesidades nutricionales de un grupo importante de hogares;
La obesidad esta asociada al sedentarismo producto del esquema de las condiciones de vida urbanas lo que conlleva a un mayor tiempo dedicado a ver la televisión y a los videojuegos. En la población se estimó que por cada hora de televisión se incrementa 12% el riesgo de obesidad en niños de 9 a 16 años, en los cuales se encontró que dedican en promedio 4.1 +/- 2.2 horas/día a ver televisión o jugar videojuegos;
Tenemos un gran número de niños que evitan el desayuno pero que consumen dulces en sus escuelas;
Horarios de comida no establecidos; con largos periodos de ayuno o unión de comidas;
Familias en las cuales ambos padres trabajan;
Antecedentes de obesidad en familiares de primer grado; y
Nivel social, económico y cultural bajos, entre otros muchos.
Algunos de los factores de riesgo asociados al sobrepeso y la obesidad, implicados en el desarrollo de complicaciones metabólicas son la circunferencia de cintura mayor a 90 centímetros y el índice de masa corporal superior a la centila 97 para la edad.
Si bien es cierto la responsabilidad de alimentar sanamente a nuestra infancia inicia en el hogar y recae principalmente en los padres, no podemos obviar la obligación del estado para procurar la salud de los mexicanos y solucionar los problemas de sanidad pública, razón por la cual se hace urgente la necesidad de tomar medidas para prevenir la propagación de la obesidad, esto a fin de evitar que nuestros niños paguen las consecuencias de nuestra imprevisión y de los malos hábitos que les hemos inculcado.
Es por esto que creemos que la inducción de nuevas y mejores prácticas alimenticias debe trascender al ámbito de los hogares y reforzarse a través de la educación y el buen ejemplo en las aulas, a través de la colaboración entre maestros, autoridades y padres de familia organizados.
Sin embargo, estimamos que tales conceptos no deben estar contenidos únicamente en los libros de texto y en los planes y programas de estudio, puesto que de nada serviría que mientras los profesores en los salones de clases predican sobre las virtudes de una sana alimentación, en el propio plantel escolar se ofrezca a los educandos la posibilidad de adquirir alimentos y golosinas que poco o nada aportan a su alimentación.
En efecto, para nadie es un secreto que por medio de las cooperativas escolares los niños compran una infinidad de productos de ínfima calidad nutricional, mismos que son conocidos comúnmente como “alimentos chatarra”, lo cual resulta un contrasentido con las campañas que durante los últimos años ha desarrollado el sector salud en contra de la obesidad y el sobrepeso.
En tal virtud, si es a través de las cooperativas escolares como se ha propagado entre nuestros hijos el consumo de “alimentos chatarra”, lo menos que podemos hacer es fijar reglas que inhiban esta clase de comercio, para así dar pie a la distribución de alimentos más sanos entre los alumnos del país, evitando así que, durante los próximos años los contribuyentes sean testigos de la forma en que se gastan recursos millonarios para solucionar los problemas de salud pública derivados de la obesidad y el sobrepeso: diabetes, hipertensión arterial y enfermedades vasculares, entre otros.
De conformidad con lo anterior, proponemos la adición de un segundo párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación, a través del cual se obliga a las escuelas de nivel básico a que en sus instalaciones únicamente se oferten aquellos alimentos que cumplan con la aprobación y certificación que al efecto expidan las autoridades de salud pública federales.
En atención a lo antes planteado, se propone para su aprobación el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
“ARTICULO 42.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
Como parte de las medidas señaladas en el párrafo precedente, en los planteles de educación básica únicamente se podrán ofertar a los alumnos aquellos alimentos que cumplan con la aprobación y certificación que al efecto expida la Secretaría de Salud.”
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A t e n t a m e n t e,
SEN. GERARDO MONTENEGRO IBARRA
Salón de Sesiones del Senado de la República, 8 de Noviembre de 2007.
De los Senadores Pablo Gómez Álvarez y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que establece el Fondo para la Reconstrucción del Estado de Tabasco.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE EL FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TABASCO
Quienes suscriben, senadores la LX Legislatura del Congreso de la Unión , Pablo Gómez Álvarez y Tomás Torres Mercado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática , con fundamento en los artículos 25, 70, 71, fracción II, y 73, fracciones XXIX-I y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El desastre ocurrido en el estado de Tabasco, por efecto de fenómenos hidrometeorológicos que ocasionaron la inundación de más del 70 por ciento del territorio de la entidad dejará una enorme secuela de devastación patrimonial, económica y social. El gobierno local estima de manera temprana una pérdida económica que asciende a 50 mil millones de pesos; sin embargo, la realidad es que tardará meses la cuantificación total de los daños a la economía, la pérdida de vivienda, la infraestructura y los bienes socialmente necesarios.
Para dar una muestra de la magnitud de la tragedia, basta señalar que las primeras estimaciones respecto del número de damnificados hablan de alrededor de un millón. Cifra frente a la cual es evidente que la sumatoria de los daños, así como la reconstrucción de la economía y la normalización de la vida cotidiana en la entidad, será un proceso largo y costoso, el cual requerirá del concurso del Estado mexicano, comprendidos todos los niveles de gobierno, y de la sociedad, así como de la solidaridad nacional e internacional.
Tan sólo la realización efectiva de obras de infraestructura hidráulica que garanticen la contención de los efectos destructivos de los fenómenos naturales, para que no vuelva a repetirse un desastre semejante en esa zona, requerirá de inversiones multimillonarias y plurianuales, sobre todo si consideramos los rezagos actuales.
Frente a un reto de semejante magnitud, es indispensable que las obras de reconstrucción de la infraestructura, la vivienda y la agricultura se lleven a cabo concentrando en la mayor medida posible los recursos públicos y privados, para evitar que su dispersión sea causa de desorganización y corrupción. Es preciso que se realice una cuidadosa planeación, que coordine los esfuerzos de los diversos órdenes de gobierno y la intervención de los habitantes del Estado de Tabasco, a efecto de que los recursos disponibles se utilicen de la manera más eficiente.
El Fondo Nacional de Desastres no representa un instrumento capaz para enfrentar la gran tarea solidaria que aguarda a los mexicanos. Ese fondo resulta útil para las tareas inmediatas de socorro y rehabilitación, pero la reconstrucción de la infraestructura básica de servicios y producción en Tabasco llevará años. En tal virtud, la experiencia aconseja que los recursos se administren mediante un instrumento eficiente expresamente establecido para el caso concreto.
Debemos recordar que tras los aciagos efectos de los sismos de septiembre de 1985 en la ciudad de México, fue necesaria la implementación de más de 10 programas para impulsar la reconstrucción de la ciudad y la reactivación económica de diversos sectores, tales como el Fondo Nacional de Reconstrucción, capitaneado por la Comisión Nacional de Reconstrucción (a partir de 1985), el Programa de Renovación Habitacional Popular (en el mismo año), el Fideicomiso Alameda (iniciado en 1991), el Proyecto Alameda (en 1993), y el Plan Maestro Alameda (durante 1996). Incluido, por supuesto, el nacimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, cuya ineficiencia probada da cuenta del fracaso de esas estrategias, en función de que fueron sólo ideas de limitado impacto.
El Fondo Nacional de Reconstrucción se creó en el artículo 8º del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1986, y sus previsiones se orientaron a “la atención de las necesidades de reconstrucción, rehabilitación y reposición de los hospitales, viviendas, comunicaciones, escuelas y, en general, de los bienes y servicios que resultaron afectados por los sismos ocurridos en el mes de septiembre de este año, así como a la profundización de las acciones de descentralización que conlleva la reconstrucción.” La conjunción de recursos públicos y privados fue el aspecto sobresaliente de aquel Fondo, pero éste dejó al margen muchas necesidades surgidas de las consecuencias de los sismos, las cuales fueron lentamente atendidas durante muchos años.
Ante los recientes acontecimientos en el estado de Tabasco no se deberían repetir los errores administrativos del pasado que mantuvieron desplazadas a una enorme cantidad de damnificados hasta 15 años después e impidieron la reactivación efectiva de la economía formal en una parte de la ciudad. Es necesario construir un mecanismo que concentre los recursos públicos y privados, los administre con transparencia y eficiencia, valúe los daños y las necesidades primordiales, planifique y programe las acciones necesarias para la reconstrucción de la infraestructura básica y productiva, y evalúe los logros de dichas acciones para corregir eficiencias y mejorar procesos.
Para ello, proponemos que el Congreso de la Unión , haciendo uso de su facultad para establecer bases de coordinación entre órdenes de gobierno para la ejecución de acciones en materia de protección civil, decrete la creación de un Fondo para la Reconstrucción del Estado de Tabasco, como organismo intergubernamental y de interés social, constituido por las instituciones pertinentes de los diversos niveles de gobierno y con participación ciudadana, y cuyos objetivos serán coordinar y canalizar los esfuerzo para superar la devastación provocada por las inundaciones y para reponer la infraestructura básica que permita la normalización de las actividades cotidianas de la sociedad y el sector público.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que Establece el Fondo para la Reconstrucción del Estado de Tabasco.
DECRETO QUE ESTABLECE EL FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TABASCO
CAPÍTULO PRIMERO
De su constitución y objetivos
Artículo 1.- Se constituye el Fondo para la Reconstrucción del Estado de Tabasco.
Artículo 2.- Los objetivos del Fondo son coordinar y canalizar el esfuerzo integral del Estado mexicano y la sociedad para atender las consecuencias derivadas del desastre natural ocurrido en el estado de Tabasco debido a fenómenos hidrometeorológicos, y para reponer la infraestructura de vivienda, servicios municipales, salud, educación, unidades productivas, comunicación; indemnizar a productores, comerciantes y prestadores de servicios por las pérdidas materiales sufridas; y, en general, realizar acciones para la reactivación de la economía en la entidad y la normalización de las actividades cotidianas de la sociedad y el sector público.
CAPÍTULO SEGUNDO
De los recursos
Artículo 3.- El Fondo se integra por las aportaciones de la Federación , las entidades federativas y los municipios; las dependencias y entidades de los diversos órdenes de gobierno; los estados extranjeros; los organismos internacionales; las organizaciones de la sociedad civil y las personas físicas y morales de carácter privado.
Artículo 4.- Los recursos se concentrarán en una cuenta especial en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, contra la que se podrá girar por resolución del Consejo de Administración del Fondo, para el cumplimiento de los objetivos que se fijan en el presente decreto.
Artículo 5.- Los recursos del Fondo se aplicarán exclusivamente para financiar el desarrollo de las acciones que se determinen en el programa, de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 3 de este decreto.
Artículo 6.- En los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de los años de vigencia del presente decreto se establecerá, en apartado específico, la aportación federal destinada al cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 3 del presente ordenamiento.
Artículo 7.- Las aportaciones que realicen las personas físicas y morales de carácter privado, podrán ser considerados como donativos no onerosos ni remunerativos, y serán deducibles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 31 y 176, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , así como por lo dispuesto en el artículo 5, fracción VIII, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
El Fondo será considerado como institución autorizada para recibir donativos deducibles para efecto de lo establecido en el artículo 97 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
CAPÍTULO TERCERO
De la programación
Artículo 8.- El Consejo de Administración del Fondo aprobará un Programa para la Reconstrucción del Estado de Tabasco, de previsión plurianual, que contendrá, como mínimo, los siguientes elementos:
I. El diagnóstico que contenga la identificación de la infraestructura prioritaria para la reconstrucción y la atención de las necesidades sociales y económicas, a efecto del mejor cumplimiento de los objetivos de este decreto, considerando, cuando menos:
a) La infraestructura pública, federal o local, con niveles de prioridad;
b) La infraestructura privada, y
c) La infraestructura, cualquiera que sea su naturaleza, protegida por coberturas o aseguramiento.
II. La programación de acciones a desarrollar de conformidad con las áreas de reconstrucción y atención consideradas como prioritarias y que incluirán, cuando menos:
a) Las necesarias para garantizar la prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica y suministro de carburantes;
b) Las funciones y servicios de gobierno;
c) La seguridad pública, y
d) La reactivación de las actividades productivas preponderantes.
III. La planeación urbana para la reconstrucción, considerando prioritariamente criterios de seguridad y prevención civil;
IV. La estimación anual de recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones programadas;
V. Los mecanismos para la evaluación de resultados en el proceso de reconstrucción y atención;
VI. Las indemnizaciones a productores, comerciantes y prestadores de servicios por los daños directos ocasionados por el desastre.
VII. La creación de empleos temporales necesarios para enfrentar el problema ocupacional derivado del desastre.
VIII. Las demás que considere necesarias el Consejo de Administración, directamente derivadas de las consecuencias sociales y económicas del desastre.
Artículo 9.- El Programa y las acciones para su aplicación se sujetarán a criterios de planeación, racionalidad, transparencia y publicidad.
El Consejo de Administración enviará trimestralmente un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre los estados financieros, las operaciones presupuestales realizadas y los avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa, a fin de que sea anexado, bajo un rubro específico, al informe trimestral que esta Secretaría rinde al Congreso de la Unión.
CAPÍTULO CUARTO
De la administración
Artículo 10.- La administración del Fondo estará a cargo de un Consejo de Administración, denominado Consejo para la Reconstrucción del Estado de Tabasco, organismo intergubernamental de interés social, conformado por el Secretario de Gobernación, quien lo presidirá, así como por los secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Hacienda y Crédito Público; Comunicaciones y Transporte; Educación Pública; Economía; Energía; Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud.
También formarán parte del Consejo, el Gobernador del Estado de Tabasco, o el secretario de despacho que éste determine; los presidentes municipales de dicha entidad; un diputado por cada Grupo Parlamentario del Congreso estatal, de conformidad con el procedimiento que se defina al interior de cada uno de ellos; y por cinco consejeros ciudadanos libremente nombrados: dos, por las universidades públicas del Estado, y tres por los colegios de profesionales que existen en la entidad, señalados por el Secretario de Gobernación.
Los secretarios de Estado podrán nombrar representantes ante el mismo.
El Consejo se reunirá cuando menos una vez al mes, en el día, hora y lugar que señale la convocatoria que emita su Presidente, y en dicha sesión se informará el resultado de las tareas que se realicen conforme a este Decreto.
Ningún integrante del Consejo recibirá remuneraciones a cargo del Fondo.
Artículo 11.- El Consejo tiene atribuciones para:
I. Aprobar el Programa para la Reconstrucción del Estado de Tabasco y otros instrumentos de programación que se consideren necesarios;
II. Aprobar el desarrollo de las acciones contenidas en el Programa y los subprogramas para el cumplimiento de los objetivos del Fondo, y
III. Aprobar la disposición de recursos de la cuenta concentradora a que se refiere el artículo 4 de este decreto.
El Consejo estará obligado a rendir al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado los informes sobre el cumplimiento de los objetivos dispuestos por el presente decreto.
Artículo 12.- El Fondo contará con una Junta Ejecutiva, dirigida por un Secretario Ejecutivo designado por el Secretario de Gobernación, e integrada, además, por un vocal designado por el Poder Ejecutivo del Estado, y un vocal ciudadano nombrado por cada cámara del Congreso de la Unión. El Secretario Ejecutivo y los vocales deberán ser residentes en el estado de Tabasco durante por lo menos los últimos tres años.
Artículo 13.- La Junta Ejecutiva tiene atribuciones para:
I. Formular y presentar para su aprobación al Consejo el Programa para la Reconstrucción del Estado de Tabasco, así como los subprogramas que se consideren necesarios, y sus modificaciones;
II. Diseñar y sugerir al Consejo las acciones a desarrollar para el cumplimiento del Programa;
III. Presentar al Consejo un programa de erogaciones con cargo al Fondo, para el desarrollo de las acciones que se determinen;
IV. Ejercer los recursos aprobados por el Consejo en las acciones que se determinen;
V. Asumir la coordinación exclusiva para la aplicación de los recursos públicos y privados dirigidos a la reconstrucción del Estado de Tabasco que se canalicen por conducto del Fondo;
V. Ejecutar los demás actos y resoluciones que determine el Consejo para el cumplimiento de las disposiciones de este Decreto.
TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal de 2008, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerá una partida presupuestal especial, en rubro por separado, con destino al Fondo para la Reconstrucción del Estado de Tabasco, a efecto de afrontar el estado de desastre derivado de los fenómenos hidrometeorológicos suscitados en dicha entidad.
Asimismo, dicho decreto dispondrá el destino a que se refiere el párrafo anterior, aparte de los ingresos que, en su caso, se obtengan en exceso a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, observando lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso de la Unión declarará mediante decreto legislativo la disolución de Fondo, a propuesta del Consejo, y resolverá el destino de los recursos remanentes, si los hubiera.
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de noviembre de 2007.
PABLO GÓMEZ ALVAREZ
TOMÁS TORRES MERCADO
Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS EUM
Recinto del Senado de la República, 8 de noviembre de 2007.
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E
Los suscritos, Senadores de la República de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia:
tiene una importancia absoluta.”
Aristóteles
Los cambios demográficos, las modificaciones del entorno social y de los comportamientos individuales y colectivos, los cambios en los lazos familiares y el limitado campo de trabajo han determinado el rumbo de la juventud. A su vez, estos factores han despertado el interés de este sector de la población por expresar sus inquietudes y opiniones.
El sector que representa la juventud dentro de la sociedad, es determinante para el futuro del país; constituye la fuerza económica de la siguiente generación y el eje de la población económicamente activa. Las cifras que hacen referencia a la juventud no son muy alentadoras: según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud, el 43.7% estudia, el 28.8% trabaja, el 5.3% trabaja y estudia y un 22.1% no trabaja ni estudia.
Debido a su importancia, las Naciones Unidas han destacado el rol de la juventud de diversas formas; en 1965 emitieron la “Declaración sobre la Promoción entre la juventud de las ideas de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos”. Posteriormente en 1985 fue declarado como el “Año Internacional de la Juventud”; en 1995 la ONU implemento el “Programa Mundial de Acción para la juventud para el año 2000 y hacia delante”, que buscaba abatir los problemas de los jóvenes ligados con la educación, la salud, el medio ambiente, la drogadicción, el empleo, la delincuencia juvenil, la discriminación de género y la falta de participación en la sociedad.
Actualmente, la juventud tiene muy pocos foros donde expresar sus ideas y que sean tomadas en cuenta, es cuestión aparte. Las opiniones que emite la juventud tienen gran relevancia en nuestra sociedad, son evidencias directas de los protagonistas. Por ello es necesario promover la participación política en todos los sentidos y recuperar el interés por la política mexicana de parte de la población juvenil. Es necesario trabajar a marchas forzadas para generar las condiciones necesarias para que las próximas generaciones sean más participativas. La juventud mexicana necesita y pide ser escuchada; sus propuestas, inquietudes, dudas enriquecerán el trabajo legislativo del Congreso, por lo que debemos aprovechar la independencia, la novedad, la originalidad del sector juvenil y llenarnos de oxígeno con tan frescas ideas.
Satisfaciendo la necesidad de crear un espacio donde los jóvenes pudieran compartir y debatir los asuntos centrales del país, se realizo el “Parlamento Juvenil Universitario” en marzo del 2006 en las instalaciones del Senado de la República a petición de la Comisión de Juventud y Deporte de la pasada legislatura. Posteriormente, el 19 de abril del 2006 la Sen. Gloria Lavara presento un Punto de Acuerdo para que la realización del “Parlamento Juvenil Universitario” fuera de manera permanente.
La participación que tuve el ejercicio fue magnifica, se presentaron 128 jóvenes de diversas instituciones educativas publicas y privadas de nivel licenciatura. Durante tres días debatieron las principales problemáticas del país, promovieron iniciativas con la firme intención de beneficiar a nuestro país. Entre las conclusiones que destacaron fue la autonomía del Instituto Politécnico Nacional, la modificación de la Ley de Desarrollo Rural, conceder autonomía de gestión a Petróleos Mexicanos y la aprobación de las reformas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El “Segundo Parlamento Juvenil Universitario” se llevo a cabo del 14 al 17 de agosto del presente año en las instalaciones de la Cámara de Diputados con la asistencia de 200 estudiantes de diversas universidades del país. Dicho evento se llevo a cabo como resultado del Punto de Acuerdo presentado por la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, el 29 de marzo del 2007. Las conclusiones del evento fueron maravillosas y se debatieron con gran tenor cada una de las propuestas de los grupos parlamentarios recreados en dicho Parlamento.
Derivado de lo anterior y reconociendo la importancia y trascendencia del evento, en esta ocasión nuestra propuesta se centra en la necesidad de asegurar la realización de dicho modelo de manera permanente, sin la necesidad de que año con año deba mediar una propuesta y donde no exista la posibilidad de que se incline a determinadas necesidades e intereses. Esto a través de que el evento, su convocatoria, realización y la consecución de sus objetivos esté regulado por la Ley Orgánica del Congreso.
En este sentido, proponemos que el Parlamento cambie su nombre a “Congreso Juvenil Universitario”, en atención la naturaleza jurídica del concepto y a la tradición jurídica mexicana inmersa en el sistema presidencial de nuestro país. Tal Congreso se realizará de forma permanente y anual, alternando su sede entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados, siendo el Senado sede del próximo encuentro y así sucesivamente.
Para tales efectos, la Comisión de Juventud y Deporte o equivalente de cada Cámara, será la responsable de establecer las bases y los lineamientos de la convocatoria, así como elaborar el Reglamento que norme la organización, el funcionamiento, el comportamiento y el accionar de los participantes.
Ahora bien, atentos a la más elemental técnica legislativa y con la intención de mantener la unidad de la Ley que norma las actividades del Congreso de la Unión, proponemos que los preceptos relativos a nuestra propuesta queden contenidos en la última parte de la misma Ley Orgánica del Congreso, razón por la cual proponemos realizar una modificación a la denominación del Título Quinto para pasar a ser “De las Actividades del Congreso”, así como a la denominación de su Capítulo Único, para pasar a ser Capítulo Primero relativo a “De la difusión e Información”, manteniendo su actual estructura del artículo 130 al 135. Derivado de lo anterior, se añadiría un Capítulo Segundo denominado “Del Congreso Juvenil Universitario”, que contendría un artículo y cuatro numerales en los que se especificaría su objeto y manera de realización.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el nombre del Titulo Quinto, así como del “Capítulo Único”, del mismo Título, de la Ley Orgánica del Congreso General de los estado Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TITULO QUINTO
De las actividades del Congreso
…
CAPITULO PRIMERO
De la difusión e información
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un Capítulo Segundo al Título Quinto con el artículo 136, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
CAPÍTULO SEGUDO
Del Congreso Juvenil Universitario
ARTÍCULO 136.
1.- El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos realizará de forma permanente y anual, el “Congreso Juvenil Universitario”.
2.- El “Congreso Juvenil Universitario” es un espacio donde la juventud puede debatir los asuntos políticos, económicos y sociales del país.
3.- La sede del “Congreso Juvenil Universitario” será alternada entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
4.- La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara sede, establecerá las bases y lineamientos de convocatoria, organización y funcionamiento, así como el Reglamento que norme el comportamiento y el accionar de los participantes.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Congreso de la Unión.
SEGUNDO.- Corresponderá al Senado de la República ser la primara sede del Congreso Juvenil Universitario a que hace referencia el contenido del presente decreto.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
COORDINADOR
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 223 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 223 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A CARGO DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Sen. Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 73, fracciones XXI y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 223 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, fundamentada en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante el año 2005 se registraron en nuestro país más de ciento quince millones de actos de corrupción en el uso de treinta y cinco servicios públicos. En promedio, las llamadas “mordidas” costaron durante ese mismo periodo a los hogares mexicanos $177.40, lo cual se traduce en el pago de 19 mil millones de pesos anuales por concepto de cohechos. Asimismo, los hogares que reportaron dicha clase de pagos destinaron el 8% de su ingreso a este rubro, debiendo resaltarse que para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, esta erogación llegó a representar hasta el 24% de sus percepciones[2]. Tales datos, contenidos en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno elaborado por la organización Transparencia Internacional, deben llevarnos hacia la ejecución de políticas que pongan fin a este flagelo, el cual nos ha costado mucho en términos de eficiencia, confianza e imagen.
Aún cuando hemos presenciado durante los últimos años esfuerzos dirigidos en esta dirección, no podemos sentirnos satisfechos a este respecto, ya que la forma en que se ejerce el servicio público en nuestro país sigue siendo deficiente en muchos sentidos, lo cual redunda en una percepción ciudadana altamente negativa, misma que aleja al común de la gente de los procesos de toma de decisión, restándole así legitimidad a nuestras instituciones.
Atentos a lo anterior, debemos insistir en la creación de normas que privilegien la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos y cargos de los servidores públicos, tal como lo establece el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Derivado de una revisión exhaustiva al marco que rige la aplicación de penas en contra de aquellos funcionarios que ejerzan de manera inadecuada las atribuciones que les fueron encomendadas, nos encontramos con que, desde 1983, el Código Penal Federal no ha sido modificado por cuanto hace a la tipificación del delito de peculado.
En efecto, hemos observado con preocupación que las penas aplicables al delito de peculado siguen siendo las mismas que aquellas que fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983, a saber:
• Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
• Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
La anterior situación carecería de importancia si, después de veinticuatro años de haber sido publicadas las reformas antes enunciadas, el fenómeno de la corrupción fuera un tema superado por nuestra sociedad, cosa que, lamentablemente, no ha ocurrido, por lo que resulta indispensable adecuar nuestra legislación punitiva en materia de servicio público, tal y como ocurre con otros dispositivos previstos en el Código Penal Federal, actividad que ha consumido buena parte de los esfuerzos de los legisladores integrantes de ambas cámaras, esto como consecuencia de la elevada tasa de criminalidad que ha venido azotando al país durante los últimos años.
A fin de hacer la actividad burocrática congruente con los principios referidos en el artículo 113 de nuestra Carta Magna, los cuales ya fueron señalados con anterioridad, se propone a través de la presente reformar los artículos 223 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, esto con la finalidad de elevar las penas para el delito de peculado y de otorgar el carácter de grave a dicho ilícito, aunque sólo para ciertos supuestos.
Con la nueva redacción del artículo 223 del Código Penal se elevarían las penas de prisión de uno a cinco años, las multas de cien a mil veces el salario mínimo y la inhabilitación de uno a cuatro años, cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable.
Para el caso de que el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrían de tres años a veinte años de prisión, multa de quinientas a mil quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito e inhabilitación de tres años a veinte años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En ambos casos permanecería inalterable la pena de destitución del empleo, cargo o comisión para los funcionarios públicos que resultaran condenados por el delito de peculado.
Por lo que respecta a la modificación del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se propone agregar un inciso 15 bis a la fracción I de dicho dispositivo, esto para incluir al peculado en el catálogo de delitos graves, únicamente cuando el monto de lo distraído exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal;
Como complemento de lo antes señalado, debe resaltarse que la aprobación de la presente iniciativa traería consigo la ampliación de los plazos para la prescripción de la acción penal y de las sanciones, dando más oportunidad para que las autoridades ministeriales ejerzan sus facultades de investigación y consignación.
Señores Legisladores:
La corrupción no es parte de un destino fatal. El país no puede conformarse ni permanecer impasible frente a fenómenos como el que se pretende combatir a través de la presente iniciativa. Tenemos la convicción de que, a través de los instrumentos legales adecuados, podremos mejorar la calidad del servicio público y, como consecuencia de esto, la atención a la ciudadanía, fomentando así una cultura del servicio y la legalidad. Esperamos que, independientemente de nuestras lógicas diferencias, al discutir la presente iniciativa podamos coincidir en la necesidad de preservar el orden público y el interés social.
En tal virtud, y de conformidad con lo antes expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 223 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“ARTICULO 223.- …
I – IV (…)
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de un año a cinco años de prisión, multa de cien a un mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de un año a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres años a veinte años de prisión, multa de quinientas a mil quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres años a veinte años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el inciso 15) Bis a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
“Artículo 194. (…)
I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:
1) – 15) (…)
15) Bis. Peculado, previsto en el artículo 223, cuando el monto de lo distraído exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal;
16) – 35) (…)
II. – XV (…)
(…)”
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A t e n t a m e n t e,
SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN
Salón de Sesiones del Senado de la República, 8 de noviembre de 2007.
|REDACCIÓN ACTUAL |REFORMA PROPUESTA |
|CÓDIGO PENAL FEDERAL. ARTÍCULO 223 | |
|(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1983) | |
|ARTICULO 223.- Comete el delito de peculado: | |
| |“ARTICULO 223.- Comete el delito de peculado: |
|I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos | |
|distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra|“I.- … |
|cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a | |
|un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en| |
|administración, en depósito o por otra causa. | |
| | |
|II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos | |
|públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el | |
|artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el | |
|objeto de promover la imagen política o social de su persona, |“II.- |
|la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de | |
|denigrar a cualquier persona. | |
| | |
|III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las | |
|promociones o denigraciones a que se refiere la fracción | |
|anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los | |
|beneficios derivados de los actos a que se refiere el Artículo | |
|de uso indebido de atribuciones y facultades, y | |
| |“III.- |
|IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor | |
|público federal y estando obligada legalmente a la custodia, | |
|administración o aplicación de recursos públicos federales, los| |
|distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una | |
|aplicación distinta a la que se les destinó. | |
| | |
|Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las | |
|siguientes sanciones: |“IV.- … |
| | |
|Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados | |
|indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el | |
|salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el | |
|momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán| |
|de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a | |
|trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el | |
|Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y |… |
|destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para | |
|desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. | |
| |“Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados |
|Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados |indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el |
|indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo |salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el |
|diario vigente en el Distrito Federal en el momento de |momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán|
|cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de|de un año a cinco años de prisión, multa de cien a un mil veces|
|prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario |el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el |
|mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de |momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación |
|cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años |de un año a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o |
|a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión |comisión públicos. |
|públicos. | |
| |“Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados |
| |indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo |
| |diario vigente en el Distrito Federal en el momento de |
| |cometerse el delito, se impondrán de tres años a veinte años de|
| |prisión, multa de quinientas a mil quinientas veces el salario |
| |mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de |
| |cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres años|
| |a veinte años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión |
| |públicos. |
|CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES | |
| | |
|ARTICULO 194.- Se califican como delitos graves, para todos los| |
|efectos legales, por afectar de manera importante valores |ARTICULO 194.- Se califican como delitos graves, para todos los|
|fundamentales de la sociedad, los previstos en los |efectos legales, por afectar de manera importante valores |
|ordenamientos legales siguientes: |fundamentales de la sociedad, los previstos en los |
| |ordenamientos legales siguientes: |
|I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: | |
| |I. … |
|1) Homicidio por culpa grave, previsto en el artículo 60, | |
|párrafo tercero; | |
| | |
|2) Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, | |
|125 y 126; | |
| | |
|3) Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; | |
| | |
|4) Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero; | |
| | |
|5) Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; | |
| | |
|6) Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; | |
| | |
|7) Piratería, previsto en los artículos 146 y 147; | |
| | |
|8) Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; | |
| | |
|9) Evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152; | |
| | |
|10) Ataques a las vías de comunicación, previsto en los | |
|artículos 168 y 170; | |
| | |
|11) Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, | |
|previsto en el artículo 172 Bis párrafo tercero; | |
| | |
|12) Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, | |
|párrafo primero, 195 Bis, excepto cuando se trate de los casos | |
|previstos en las dos primeras líneas horizontales de las tablas| |
|contenidas en el apéndice I, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo | |
|primero y 198, parte primera del párrafo tercero; | |
| | |
|13) Corrupción de menores o incapaces, previsto en el artículo | |
|201; y pornografía infantil, previsto en el artículo 201 bis; | |
| | |
|14) Los previstos en el artículo 205, segundo párrafo; | |
| | |
|15) Explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del | |
|comercio carnal, previsto en el artículo 208; | |
| | |
|16) Falsificación y alteración de moneda, previsto en los | |
|artículos 234, 236 y 237; | |
| | |
|17) Falsificación y utilización indebida de documentos | |
|relativos al crédito, previsto en el artículo 240 Bis, salvo la| |
|fracción III; | |
| | |
|18) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en el | |
|artículo 254, fracción VII, párrafo segundo; | |
| | |
|19) Violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis; | |
| | |
|20) Asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo | |
|286, segundo párrafo; | |
| |15) Bis. Peculado, previsto en el artículo 223, cuando el monto|
|21) Lesiones, previsto en los artículos 291, 292 y 293, cuando |de lo distraído exceda de quinientas veces el salario mínimo |
|se cometa en cualquiera de las circunstancias previstas en los |diario vigente en el Distrito Federal; |
|artículos 315 y 315 Bis; |16) … |
| | |
|22) Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al | |
|307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; | |
| | |
|23) Secuestro, previsto en el artículo 366, salvo los dos | |
|párrafos últimos, y tráfico de menores, previsto en el artículo| |
|366 ter; | |
| | |
|24) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se | |
|realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los | |
|artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV | |
|y XVI; | |
| | |
|25) Robo calificado, previsto en el artículo 367, en relación | |
|con el 370 párrafos segundo y tercero, cuando se realice en | |
|cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 381 | |
|Bis; | |
| | |
|26) Comercialización habitual de objetos robados, previsto en | |
|el artículo 368 Ter; | |
| | |
|27) Sustracción o aprovechamiento indebido de hidrocarburos o | |
|sus derivados, previsto en el artículo 368 Quáter, párrafo | |
|segundo; | |
| | |
|28) Robo, previsto en el artículo 371, párrafo último; | |
| | |
|29) Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis; | |
| | |
|30) Los previstos en el artículo 377; | |
| | |
|31) Extorsión, previsto en el artículo 390; | |
| | |
|32) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto | |
|en el artículo 400 Bis, y | |
| | |
|32) Bis. Contra el Ambiente, en su comisión dolosa, previsto en| |
|los artículos 414, párrafos primero y tercero, 415, párrafo | |
|último, 416, párrafo último y 418, fracción II, cuando el | |
|volumen del derribo, de la extracción o de la tala, exceda de | |
|dos metros cúbicos de madera, o se trate de la conducta | |
|prevista en el párrafo último del artículo 419 y 420, párrafo | |
|último. | |
| | |
|33) En materia de derechos de autor, previsto en el artículo | |
|424 Bis. | |
| | |
|34) Desaparición forzada de personas previsto en el artículo | |
|215-A. | |
| | |
|35) En materia de delitos ambientales, el previsto en la | |
|fracción II Bis del artículo 420. | |
| | |
|II. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el | |
|previsto en el artículo 2. | |
| | |
|III. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los | |
|delitos siguientes: | |
| | |
|1) Portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o | |
|Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción III; | |
| | |
|2) Los previstos en el artículo 83 Bis, salvo en el caso del | |
|inciso i) del artículo 11; | |
| | |
|3) Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o | |
|Fuerza Aérea, en el caso previsto en el artículo 83 Ter, | |
|fracción III; | |
| | |
|4) Los previstos en el artículo 84, y | |
| | |
|5) Introducción clandestina de armas de fuego que no están | |
|reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza | |
|Aérea, previsto en el artículo 84 Bis, párrafo primero. | |
| | |
|IV. De la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el | |
|delito de tortura, previsto en los artículos 3o. y 5o. | |
| | |
|V. De la Ley General de Población, el delito de tráfico de | |
|indocumentados, previsto en el artículo 138. | |
| | |
| | |
|VI. Del Código Fiscal de la Federación, los delitos siguientes:| |
| | |
|1) Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102| |
|y 105 fracciones I a la IV, cuando les correspondan las | |
|sanciones previstas en las fracciones II o III, segundo párrafo| |
|del artículo 104, y | |
| | |
|2) Defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los | |
|artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado se ubique| |
|en los rangos a que se refieren las fracciones II o III del | |
|artículo 108, exclusivamente cuando sean calificados. | |
| | |
|VII. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos | |
|previstos en el artículo 223, fracciones II y III. | |
| | |
|VIII. De la Ley de Instituciones de Crédito, los previstos en | |
|los artículos 111; 112, en el supuesto del cuarto párrafo, | |
|excepto la fracción V, y 113 Bis, en el supuesto del cuarto | |
|párrafo del artículo 112; | |
| | |
|IX. De la Ley General de Organizaciones y Actividades | |
|Auxiliares del Crédito, los previstos en los artículos 98, en | |
|el supuesto del cuarto párrafo, excepto las fracciones IV y V, | |
|y 101; | |
| | |
|X. De la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, los previstos| |
|en los artículos 112 Bis; 112 Bis 2, en el supuesto del cuarto | |
|párrafo; 112 Bis 3, fracciones I y IV, en el supuesto del | |
|cuarto párrafo; 112 Bis 4, fracción I, en el supuesto del | |
|cuarto párrafo del artículo 112 Bis 3, y 112 Bis 6, fracciones | |
|II, IV y VII, en el supuesto del cuarto párrafo; | |
| | |
|XI. De la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas| |
|de Seguros, los previstos en los artículos 141, fracción I; | |
|145, en el supuesto del cuarto párrafo, excepto las fracciones | |
|II, IV y V; 146 fracciones II, IV y VII, en el supuesto del | |
|cuarto párrafo, y 147, fracción II inciso b), en el supuesto | |
|del cuarto párrafo del artículo 146; | |
| | |
|XII. De la Ley del Mercado de Valores, los previstos en los | |
|artículos 52, y 52 Bis cuando el monto de la disposición de los| |
|fondos o de los valores, títulos de crédito o documentos a que | |
|se refiere el artículo 3o. de dicha ley, exceda de trescientos | |
|cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el | |
|Distrito Federal; | |
| | |
|XIII. De la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los | |
|previstos en los artículos 103, y 104 cuando el monto de la | |
|disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de | |
|los trabajadores con motivo de su objeto, exceda de trescientos| |
|cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el | |
|Distrito Federal, y (sic) | |
| | |
|XIV. De la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, los previstos| |
|en el artículo 96; | |
| | |
|XV. De la Ley General de Salud, los previstos en las fracciones| |
|I, II y III del artículo 464 Ter. | |
| | |
|La tentativa punible de los ilícitos penales mencionados en las| |
|fracciones anteriores, también se califica como delito grave. | |
Salario mínimo en el DF: $50.57 diarios.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10, fracciones III y IV, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 FRACCIONES III Y IV TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora por el estado de Tlaxcala, a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evolución del sistema financiero Mexicano está vinculada a la historia de la banca y el crédito. En México, hasta antes de la conquista no había un sistema financiero formal, sino una economía de trueque en la que el gobierno controlaba los recursos fundamentales (tierra, trabajo, producción y distribución de la riqueza). No fue sino a finales del siglo XIX cuando se fundaron varios bancos que, entre otras actividades emitían billetes. Destaca el Banco Nacional Mexicano, que se convirtió en una especie de cajero del gobierno con servicios en los estados y el extranjero, además de que manejaba la cuenta de la Tesorería.
Con la Constitución de 1917 se planteó un nuevo sistema financiero que favoreció las exportaciones. Se crearon las primeras instituciones y leyes modernas, entre ellas la del Banco de México, que se convirtió en el único emisor de la moneda. No fue hasta finales de 1954, cuando las instituciones de crédito se fortalecieron en todo el país, si bien con grandes problemas de liquidez y rendimiento, sobre todo en el sector agrícola.
En los últimos 30 años del siglo XX, se presentaron grandes cambios en el sistema financiero mexicano, que van desde la nacionalización de la banca en 1982 y su reprivatización en un intento por estabilizar, fortalecer y modernizar el sistema, por lo que se promulgaron nuevas leyes bancarias entre las que se encuentra la Ley de Instituciones de Crédito, encargada de regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, sus actividades y operaciones para un sano y equilibrado desarrollo.
De acuerdo con este marco jurídico se considera servicio de banca y crédito, la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.
Así pues, el objeto de los bancos es la actividad crediticia, teniendo como funciones principales la captación de recursos del público, la adquisición de capitales a crédito, la colocación de los recursos del público en el mismo público y la enajenación de los capitales adquiridos a través del crédito. Las entidades financieras autorizadas para prestar dicho servicio son las instituciones de banca múltiple (banca comercial) y banca de desarrollo (banca del Estado).
Particularmente, las instituciones de banca múltiple para organizarse y operar requieren autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria. Estas autorizaciones son intransmisibles.
Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple deben acompañarse del proyecto de sociedad, plan general de funcionamiento que comprenda los programas de captación de recursos y de otorgamiento de créditos, las previsiones de cobertura geográfica, las bases para aplicar utilidades, las bases relativas a su organización, y la demás documentación e información que a juicio de la Secretaría de Hacienda se requiera para el efecto.
Adicionalmente tendrán que presentar comprobante de depósito en moneda nacional constituido en institución de crédito o valores gubernamentales por su valor de mercado, a favor de la Tesorería de la Federación, depositado en Nacional Financiera por una cantidad igual al diez por ciento del capital mínimo con que deba operar la sociedad. El capital mínimo de cada una de las instituciones de banca múltiple será la cantidad equivalente al 0.12 por ciento de la suma del capital neto que alcancen en su conjunto dichas instituciones al 31 de diciembre del año inmediato anterior.
En este año, de acuerdo con datos publicados en el portal de internet de la Secretaría de Hacienda han sido 16 las instituciones a quienes se les ha otorgado autorización, es el caso de Banco Autofin México, Banco Credit Suisse (México), Barclays Bank México, Banco Compartamos, Banco de Ahorro Famsa, Banco Multiva, Prudential Bank, Banco Regional, BanCoppel, Banco Amigo, UBS Bank México, Banco Fácil, Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), Banco JP Morgan, Banco Ve Por Más y GE Money Bank.
Como ejemplo, tenemos que de acuerdo con datos publicados en el portal de internet del Banco de México, el Banco Autofin al 31 de enero de este año tenía un capital neto de 281 millones de pesos y al mes de mayo ya contaba con 289 millones de pesos. Otro ejemplo, el Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), al 31 de enero de este año tenía un capital neto de 540 millones y al mes de agosto 549 millones de pesos.
Como podemos observar son múltiples los beneficios que obtienen estas instituciones desde su operación, pues basta ver los altos rendimientos que han venido generando en nuestro país, en comparación con otras naciones con aplicación de tasas de interés, pues los usuarios perciben que las comisiones que cobran los bancos son muy elevadas.
En las tarjetas de crédito se cobran comisiones por 52 conceptos diferentes, lo que significa que no todas cobren lo mismo o que todos esos conceptos estén activos pero van desde 18 a 37 por ciento. El HSBC cobra 37 de los 52 conceptos, Banamex 27, Bancomer, Santander y Banorte 29. El Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el pasado marzo de 2007 dio a conocer en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, que la utilidad neta de la banca múltiple ascendió a 66,749 millones de pesos al cuarto trimestre de 2006, cifra 33.65% mayor que la reportada en igual periodo de un año antes. En cuanto a la cartera de crédito, ésta representó el 53.95% de los activos totales de la banca, que a diciembre de 2006 ascendieron a 2 mil 564.2 millones de pesos, tuvo un crecimiento de 9.61% contra el cierre de 2005.
La cartera total mostró un avance del 15.31% en términos anuales, para cerrar con mil 383.4 mil millones de pesos, de los cuales el crédito al consumo y a la vivienda fueron los rubros con mejor comportamiento, con incrementos del 38.72% y 29.55% respectivamente, seguidos de la cartera comercial que aumentó en 21.75% anual.
Podemos inferir que son múltiples los beneficios que ha tenido la apertura de la banca comercial en México por un lado, y por otro lado es de todos conocido que el Ejecutivo Federal año con año, en su intento por incrementar la recaudación y obtener mayores recursos para financiar el gasto público, propone recurrentemente al Congreso de la Unión nuevas cargas impositivas a los de los de siempre asalariados, micro, pequeñas y medianas empresas soslayando la elemental tarea de incrementar el padrón de contribuyentes.
La reciente reforma fiscal se quedó corta cuantitativa y cualitativamente hablando, porque no logra distribuir las cargas tributarias entre todos los actores económicos productivos y todos los sectores de la población. Por lo que cada vez se reduce el margen de maniobra que tiene la Cámara de Diputados para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y obtener recursos adicionales que cubran la totalidad de las necesidades prioritarias que presenta el país. Para este año, dicho órgano legislativo sólo tiene previsto disponer de 120 mil millones de pesos adicionales a la propuesta del Ejecutivo Federal para ser distribuidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, sin embargo datos proporcionados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la propia Cámara revelan que hasta el momento se tienen contabilizados alrededor de 291 mil millones de pesos en ampliaciones derivadas de diversas peticiones de sectores y Entidades Federativas.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, establece en el apartado denominado Economía Competitiva y Generadora de Empleos la promoción de la competencia en el sector financiero a través de la entrada de nuevos participantes, de una mayor diversidad de productos, vehículos y servicios financieros, cuya apertura traería como beneficio un mercado más competitivo con menores costos, mejores servicios, mayor cobertura y ampliación de las operaciones existentes.
En este tenor de ideas y tomando en consideración que el Ejecutivo Federal seguirá ampliando la apertura hacia la creación de nuevas instituciones financieras que denomina nuevos participantes, es indispensable que el Estado obtenga mayores beneficios en una relación bilateral que favorezca a los empresarios del sector financiero pero que también fortalezca a las finanzas nacionales, es por ello que la presente iniciativa tiene como finalidad incrementar en un cinco por ciento lo previsto en la Ley, respecto de los depósitos que tienen que realizar las instituciones de banca múltiple que pretendan operar como tales.
Asimismo se deroga la disposición referente a que en caso de que se autorice para operar a la institución se devuelvan estos depósitos, y se propone que en el supuesto de que sea aceptada dicha autorización, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispondrá de los depósitos para que sean distribuidos anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, destinados a proyectos de inversión productiva de las Entidades Federativas, en ejercicio de sus facultades conferidas en las fracciones II, XIV y XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que faculta precisamente a la Secretaría de Hacienda para proyectar y calcular los ingresos y egresos de la federación considerando las necesidades del gasto público federal y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional. Y solamente en el caso de que se niegue la autorización o se desista el interesado en los términos previstos en esta Ley, se devolverá al solicitante el importe del principal y accesorios que genere el depósito.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 10 fracciones III y IV tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:
Artículo 10.- Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple deberán acompañarse de lo siguiente:
I.- …
II.- …
a) …
b) …
c) …
d) …
III.- Comprobante de depósito de moneda nacional constituido en institución de crédito o de valores gubernamentales por su valor de mercado, a favor de la Tesorería de la Federación por una cantidad igual al quince por ciento del capital mínimo con que deba operar la sociedad conforme a la presente Ley.
En el supuesto que sea aceptada dicha autorización, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispondrá de dichos depósitos para que sean distribuidos anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, destinados a proyectos de inversión productiva de las Entidades Federativas, en ejercicio de sus facultades conferidas en las fracciones II, XIV, XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
IV.-…
…
En los supuestos de que se niegue la autorización o se desista el interesado en los términos previstos en esta Ley, se devolverá al solicitante el principal y accesorios del depósito a que se refiere la citada fracción III.
…
TRANSITORIOS
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
ATENTAMENTE
SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE SGURIDAD NACIONAL
Recinto del Senado de la República, 8 de noviembre de 2007.
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E
Los suscritos, Senadores de la República de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Nacional, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII al artículo 3; reforman las fracciones XI y XII y se adiciona una fracción XIII al artículo 5; reforman las fracciones IV y V y se adiciona una fracción VI al artículo 6; reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII al artículo 8; reforman las fracciones X y XI y se adiciona una fracción XII al artículo 12; reforman las fracciones IX y X y se adiciona una fracción XI al artículo 13; reforman las fracciones X y XI y se adiciona una fracción XII al artículo 19; todo ello de la Ley de Seguridad Nacional; para quedar como sigue:
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
Artículo 3.- …
I. a IV. …
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional;
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes; y
VII. La protección, preservación, y restauración del medio ambiente ante los impactos del Cambio Climático.
Artículo 5.- …
I. a X. …
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos; y
XIII. Los efectos ocasionados al medio ambiente por el cambio climático.
Artículo 6.- …
I. a III. …
IV. Centro: Centro de Investigación y Seguridad Nacional;
V. Información gubernamental confidencial: los datos personales otorgados a una instancia por servidores públicos, así como los datos personales proporcionados al Estado Mexicano para determinar o prevenir una amenaza a la Seguridad Nacional; y
VI. Cambio Climático.- Modificación del clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, a través del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que a su vez modifica la temperatura mundial, produciendo, entre otros, aumento de la precipitación pluvial, desertificación e impactos a la agricultura, los bosques, el agua, las costas, las especies y la salud humana.
Artículo 8.- …
I. a IV. …
V. Por cuanto hace a la información de Seguridad Nacional, se estará a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
VI. Para el resto de los aspectos, se aplicarán los principios generales del derecho; y
VII. Por lo que se refiere a los impactos al medio ambiente por el cambio climático, será aplicable la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
…
Artículo 12.- …
I. a IX. …
X. El Procurador General de la República;
XI. El Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; y
XII. El Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
…
…
Artículo 13.- …
I. a VIII. …
IX. Los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de Seguridad Nacional;
X. Políticas públicas relacionadas con los impactos producidos al medio ambiente por el cambio climático, tanto en lo que se refiere a la prevención como medidas de adaptación a sus efectos; y
.
XI. Los demás que establezcan otras disposiciones o el Presidente de la República.
Artículo 19.- …
I. a XI. …
X. Prestar auxilio técnico a cualquiera de las instancias de gobierno representadas en el Consejo, conforme a los acuerdos que se adopten en su seno;
XI. Elaborar lineamientos que tengan por objeto prevenir, frenar y mitigar los efectos del cambio climático, así como proponer medidas de adaptación a los efectos del cambio climático; y
XII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o le señale, en el ámbito de su competencia, el Consejo o el Secretario Ejecutivo.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
COORDINADOR
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por e que se derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.
INICIATIVA POR LA QUE SE DEROGAN DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL
Recinto del Senado de la República, 8 de noviembre de 2007.
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E
Los suscritos, Senadores de la República de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la antigua Roma existieron los esponsales como un acuerdo prenupcial, de tal manera que antes de la celebración de un matrimonio se tenia necesariamente que celebrar un acuerdo. Si el matrimonio no se efectuaba, existía una acción de reclamación denominada actio sponsalitia, misma que cayó en desuso quedando solamente vigente una obligación moral, pues no se podía exigir la celebración del matrimonio.
Hoy en día la figura de los esponsales consisten en la promesa de matrimonio, según lo establece el Código Civil Federal. Esta consiste en un convenio mutuamente aceptado por aquellos que pretenden contraer nupcias, sin embargo, al igual que en la antigua Roma, esta figura ha desaparecido de nuestra vida jurídica encontrándose totalmente en desuso.
Al respecto, el Código Civil Federal los contempla dentro del Título Quinto “Del Matrimonio”, en el Libro Primero, de la siguiente manera:
CAPITULO I
De los Esponsales
Artículo 139.- La promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada, constituye los esponsales.
Artículo 140.- Sólo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce.
Artículo 141.- Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no producen efectos jurídicos si no han consentido en ellos sus representantes legales.
Artículo 142.- Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, ni en ellos puede estipularse pena alguna por no cumplir la promesa.
Artículo 143.- El que sin causa grave, a juicio del juez, rehusare cumplir su compromiso de matrimonio o difiera indefinidamente su cumplimiento, pagará los gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio proyectado.
En la misma responsabilidad incurrirá el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los esponsales.
También pagará el prometido que sin causa grave falte a su compromiso, una indemnización a título de reparación moral, cuando por la duración del noviazgo, la intimidad establecida entre los prometidos, la publicidad de las relaciones, la proximidad del matrimonio u otras causas semejantes, el rompimiento de los esponsales cause un grave daño a la reputación del prometido inocente.
La indemnización será prudentemente fijada en cada caso por el juez, teniendo en cuenta los recursos del prometido culpable y la gravedad del perjuicio causado al inocente.
Artículo 144.- Las acciones a que se refiere el artículo que precede, sólo pueden ejercitarse dentro de un año, contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.
Artículo 145.- Si el matrimonio no se celebra, tienen derecho los prometidos de exigir la devolución de lo que se hubieren donado con motivo de su concertado matrimonio. Este derecho durará un año, contado desde el rompimiento de los esponsales.
Jurídicamente, los esponsales son considerados como un contrato, de naturaleza preparatoria, ya que su finalidad era la de llegar al matrimonio. En la actualidad, como ya mencionamos, debido a la liberalización de costumbres y a la disminución de la importancia social del matrimonio, los esponsales han dejado de tener relevancia en el mundo del derecho.
Las normas indican que estando vigente un contrato de esponsales no puede ser celebrado otro con persona distinta, o bien, si estando vigente el contrato se efectúa un matrimonio con persona distinta, se acarrea una declaratoria de infamia, lo cual es un impedimento para contraer nupcias.
Los esponsales dejan de tener vigencia por varias causas, entre ellas, por su cumplimiento, por la muerte de una de las partes, por mutuo acuerdo, por decisión de una de las partes o por sobrevenir un impedimento para el matrimonio, por ejemplo, que una de las partes perdiese el jus connubium, que era la aptitud civil para contraer matrimonio (justae nuptiae) y para permanecer en matrimonio.
El fundamento de los esponsales era el asegurar, principalmente, la transmisión del patrimonio y el establecimiento de lazos políticos.
Esta institución también se encuentra en desuso de acuerdo al artículo 1º de la Convención de las Naciones Unidas, respecto al consentimiento de contraer matrimonio, del 25 de octubre de 1979, el cual prohíbe los esponsales por considerarlos como practicas reprobatorias de la sociedad.
En el Código Civil del Distrito Federal se regulaba a ésta institución como una forma de convenio a futuro, sin embargo dicho convenio no genera obligaciones a futuro, pues el acto matrimonial sólo adquiere validez al celebrarse con las debidas solemnidades y requerimientos de ley, es decir, hasta la celebración del mismo matrimonio, previo cumplimiento de sus requisitos.
Derivado de lo anterior es que la presente iniciativa tiene como finalidad derogar del Código Civil Federal la figura de los esponsales, pues si bien es cierto que es una práctica que ya no existe dentro de nuestra sociedad, igualmente ésta, por obvias razones, ya no produce consecuencias jurídicas.
Solo por mencionar algunos ejemplos, en el Código Civil para el Distrito Federal, así como en el Código Civil del Estado de México, la figura de los esponsales se encuentra derogada, por lo que creemos es necesario derogarlas del Código Civil Federal, y proponer que los Códigos Civiles locales de las Entidades Federativas que aún mantienen vigente dicha figura jurídica, también se adecuen a esta realidad social.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL
ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
CODIGO CIVIL FEDERAL
Artículo 139.-Derogado.
Artículo 140.- Derogado.
Artículo 141.- Derogado.
Artículo 142.- Derogado.
Artículo 143.- Derogado.
Artículo 144.- Derogado.
Artículo 145.- Derogado.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Las Legislaturas de los Estados promoverán las reformas necesarias en la Legislación Local, en concordancia con lo establecido en el presente decreto, dentro de un término de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor del mismo.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
COORDINADOR
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
Dictámenes de Primera Lectura
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de diciembre de dos mil seis.
(EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA DE HOY)
COMISIONES UNIDAS DE:
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y
Derechos Humanos
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Derechos Humanos, fue turnada para su estudio y dictamen la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de diciembre de dos mil seis. El documento fue enviado por la Secretaría de Gobernación, por pedimento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 76, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en los artículos 85, 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones procedieron al estudio del instrumento internacional de referencia, con base en los siguientes antecedentes.
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Derechos Humanos, fue turnado el instrumento internacional denominado Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 2006, para su estudio y dictamen correspondiente.
De manera previa a la exposición de los antecedentes y consideraciones en los que las Comisiones dictaminadoras apoyaremos el sentido del presente dictamen, conviene destacar que en la actualidad, injustos como la desaparición forzada de personas, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se encuentran prohibidos, y su ejecución constituye violaciones graves a los derechos fundamentales del ser humano que ningún Estado puede soslayar, dejar de perseguir y castigar; y menos aún, erigirse en participe de ellos.
Lo anterior es así, si atendemos a los casos que desde la década de los sesentas se vienen presentando tanto en América Latina como en El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México; fenómeno que no es exclusivo de las dictaduras militares, pues países con regímenes democráticos han sido escenario de tales injustos.
En ese sentido, se apunta que el interés de la comunidad internacional en la proscripción de la práctica relativa a la desaparición forzada de personas se remonta varias décadas atrás. En efecto, mediante la resolución 33/173 denominada personas desaparecidas, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, externo su preocupación por los informes procedentes de diversas partes del mundo relativos a la desaparición forzada de personas, solicitando a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas interviniera y formulara las recomendaciones correspondientes. Adicional a ello, instó a los Estados se avocaran a la investigación de los casos de desapariciones forzadas, así como el que las autoridades dedicadas al orden y a la seguridad rindieran cuentas.
Adicional a ello, la Comisión de Derechos Humanos mediante resolución número 20 de fecha 29 de febrero de 1980, estableció un grupo de trabajo precisamente para el estudio y análisis de cuestiones propias de la desaparición forzada de personas, mandato y atribuciones que periódicamente son revisadas, actualizadas y adecuadas a la realidad, lo que garantiza la eficacia de sus acciones. Asimismo, la Comisión aprueba con regularidad resoluciones en virtud las cuales invita a todos los gobiernos a que adopten las medidas apropiadas, para prevenir y castigar la práctica de las desapariciones forzadas.
Posteriormente, esto es, el 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Tal declaración contiene el derecho a la reparación, la readaptación y la indemnización a las personas afectadas, el derecho a denunciar la comisión del delito, la obligación de investigarlo y la protección de los testigos, los familiares y los abogados de las víctimas; instrumento que no obstante su trascendencia, no es de naturaleza vinculante.
Por cuanto hace al ámbito regional americano, se apunta que en 1994, la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, tratado del que México es parte ya que lo ratifico el 9 de abril de 2002.
Asimismo, no omitimos citar el Estatuto de la Corte Penal Internacional –del que México igualmente es parte- como parte integrante de los instrumentos que justifican la preocupación y esfuerzo de la comunidad internacional en la erradicación de injustos tan graves como la desaparición forzada de personas, ya que incluso el Estatuto de Roma lo tipifica como delito de lesa humanidad, de ahí la trascendencia de que la Convención que nos ocupa sea ratificada por el Estado Mexicano y en esa medida, no se vean interrumpidas las tareas y esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas, así como de los Estados Miembros tendientes a su extinción.
A partir de ello, reconocemos a los instrumentos citados como los primarios en la lucha contra dicho flagelo; sin embargo, resulta por demás conveniente la adopción de nuevas y actuales medidas para la debida consecución de sus objetivos comunes, pues solo así se estará en posibilidad de fortalecer el régimen de protección y seguridad de las personas privadas en contra de actos inhumanos que restrinjan su derecho a la libertad y en ciertos casos, su derecho a la vida.
La Convención en estudio esencialmente enarbola la obligación a cargo de los Estados de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, constituye el tratado internacional cuya finalidad es prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en la comisión de tal delito.
A partir de ello, se establece en los artículos 1, 2, 3 y 4 la definición de desaparición forzada –el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el
paradero de la persona desparecida, sustrayéndola a la protección de la ley-, la prohibición, sin excepción, de que persona alguna sea sometido a ella, la obligación de cada Estado Parte de tomar medidas efectivas y apropiadas para prevenir los actos de dicha naturaleza, investigarlos y procesar a los responsables así como la obligación relativa a que tal flagelo esté tipificado como delito en la legislación interna penal.
Por cuanto a los sujetos activos del ilícito, la Convención sanciona en el artículo 6 que serán responsables quienes cometan, ordenen o induzcan a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; por otra parte, determina que igualmente serán responsables los superiores que hayan tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían a cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que los indicase claramente, cuando haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con la que el delito de desaparición forzada guardaba relación y cuando no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. Se establece que ninguna orden o instrucción de una autoridad justifica una desaparición forzada.
En los artículos 7 y 8, la Convención pugna por el que los Estados Partes asignen penalidad grave al ilícito en estudio, dejando a salvo la potestad de los Estados de legislar sobre las atenuantes del delito; asimismo, en el tema de prescripción, propone que sea prolongado y proporcionado a la gravedad del injusto, sea computado a partir del momento en que cesa la desaparición forzada – atendiendo a su carácter de continuo -.
Por cuanto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, el instrumento en estudio contempla su plena vigencia y enarbola la obligación a cargo de los Estados Parte de respetarlas, gozando en consecuencia el inculpado por el delito de desaparición forzada, de un trato justo en todas las fases del procedimiento, teniendo derecho a ser juzgado ante una corte o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.
En relación con el tema de la extradición, el texto de la Convención en estudio –artículo 13 – establece que el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos, razón por la que una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por dichos motivos.
El ordinal en cita prevé que el delito de mérito estará comprendido de pleno derecho entre los delitos que den lugar a la extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Parte antes de la entrada en vigor de la Convención; la obligación de los Estados Parte de incluir el delito de referencia entre los susceptibles de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí con posterioridad.
En orden de ello, la extradición estará subordinada, en todos los casos, a las condiciones previstas por el derecho del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidas, en particular, las condiciones relativas a la pena mínima exigida para la extradición y a los motivos por los cuales el Estado Parte requerido puede rechazar la extradición, o sujetarla a determinadas condiciones.
Se destaca que el artículo en comento en todo momento respeta la soberanía de los Estados Parte, ya que expresamente reconoce la libertad de que gozan para rechazar solicitudes de extradición si existen causas y razones para creer que la solicitud responde al fin de procesar o sancionar a una persona por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas o pertenencias a un determinado grupo social, o sí, al aceptar la solicitud, se causara un daño a esta persona por cualquiera de estas razones.
Por cuanto a los fines de la Convención, el artículo 17 dispone que la legislación interna de cada Estado Parte, deberá establecer las condiciones bajo las cuales puedan impartirse las órdenes de privación de libertad, determinará las autoridades que estén facultadas para ordenar privaciones de libertad, garantizará que toda persona privada de libertad sea mantenida en esa condición únicamente en lugares oficialmente reconocidos y controlados, garantizará que toda persona privada de libertad se comunique con su familia, un abogado o persona de su elección, así como a recibir su visita conforme a los procedimientos sancionados por las normas respectivas, y en caso de ser extranjero, a conceder la comunicación consular. Asimismo, los Estados Parte deberán tener un registro oficial actualizado con los datos de las personas privadas de libertad, a efecto de que ágilmente sea puesto a disposición de toda autoridad judicial u otra que derive de instrumentos internacionales del que el Estado sea Parte.
A su vez, el artículo 24 de la Convención regula la obligación de los Estados Parte de garantizar a la víctima de desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada. Derecho a la reparación que contempla todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como:
a) La restitución.
b) La readaptación.
c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación.
d) Las garantías de no repetición.
Destaca dentro de las medidas que los Estados Parte deben adoptar a partir de su vinculación con la Convención, la concerniente a los niños, pues deberán de prevenir y sancionar penalmente la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuya padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada.
Ahora bien, la Convención se integra por una segunda parte de tipo orgánica, pues a partir del artículo 26 se regulan sus órganos y facultades, así como las reglas de operación, siendo el Comité contra la Desaparición Forzada quien velará por la aplicación efectiva de las disposiciones que la componen. La Conferencia de los Estados Parte se reunirá no antes de cuatro años no después de seis, discutiéndose en su seno temas propios del actuar del Comité.
De acuerdo al artículo 31, cada Estado Parte podrá declarar –al momento de la ratificación o con posterioridad a esta- que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctimas de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. En ese sentido, el Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.
Con base en los antecedentes anteriores, los integrantes de estas Comisiones Unidas dictaminadoras exponen las siguientes consideraciones.
En atención a los antecedentes y trascendencia del instrumento en estudio, las Comisiones dictaminadoras consideramos procedente la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de diciembre de dos mil seis.
En efecto, considerada la desaparición forzada como una atroz violación al estado de derecho, a la dignidad humana, así como a los derechos humanos y; al no limitarse a regiones en particular o sistemas políticos, es tarea urgente de los Estados luchar por erradicarla, no siendo ninguna causa política, militar o religiosa, justificación para soslayarla.
Naciones Unidas no solo lucha por la paz y el desarrollo, igualmente vela por liberar al ser humano de injustos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, pugnando por evitar la impunidad de los perpetradores de tales crímenes, precisamente a través del ejercicio y aplicación de la justicia. De ahí la necesidad de que la comunidad internacional coadyuve en tan trascendente fin mediante la implementación de instrumentos como la Convención que nos ocupa, ya que solo así, quienes recurren al delito como medio para alcanzar sus fines contarán con menos posibilidades de continuar haciéndolo.
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, establece un marco legal que permitirá prevenir, y eventualmente erradicar, la comisión de actos ilícitos de tal naturaleza en contra del ser humano, fortaleciendo las tareas que los gobiernos desempeñan en la tutela de los derechos humanos como actividad prioritaria.
En efecto, con el instrumento en estudio se amplia el marco de protección en contra de la desaparición forzada, puesto que, las víctimas serán tanto la persona desaparecida como toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.
En ese tenor de ideas, en la Convención destaca la introducción del derecho de las víctimas a la reparación del daño moral ocasionado por la desaparición forzada, así como el derecho a la readaptación y a la reparación, avances que confirman la procedencia de su ratificación por parte del Estado Mexicano.
Por cuanto a la legalidad y congruencia del texto de la Convención con nuestra carta magna y legislación interna, se destaca que el Comité contra la Desaparición Forzada –Órgano de vigilancia de cumplimiento de la Convención-, únicamente podrá conocer de desapariciones forzadas que se hubieren cometido con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención; a partir de lo cual, se descarta su posible aplicación retroactiva.
A partir de lo anterior, se reafirma el compromiso de México en la misión que la comunidad internacional ha emprendido en la protección universal y efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales, pues solo en esa medida se concretaran los fines que enarbolan Naciones Unidas en beneficio de la especie humana.
En efecto, la finalidad de la Convención es acorde con el compromiso que el Estado Mexicano ha adquirido a nivel internacional en la lucha contra la violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, pues forma parte de tratados internacionales que precisamente comparten la finalidad mediata del instrumento que nos ocupa, dentro de los que se encuentran el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, así como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En ese sentido, su ratificación responde a la necesidad de intensificar la cooperación internacional entre los Estados y entre las organizaciones y los organismos internacionales a fin de prevenir, combatir y eliminar injustos de tal gravedad como la desaparición forzada, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ya que sólo en esa medida lograremos tan trascendente tarea.
Asimismo, apuntamos que los trágicos acontecimientos perpetrados en los últimos años en diferentes regiones del mundo teniendo como objeto precisamente la desaparición forzada de personas, hacen necesario continuar prestando especial atención a los sistemas de procuración e impartición de justicia, ya que de su perfeccionamiento depende en gran medida la erradicación del fenómeno en estudio, ya que lo que hasta hoy lo mantiene es precisamente la impunidad, que no es mas que clara muestra de las deficiencias de los sistemas.
Adicional a lo anterior, las Comisiones dictaminadoras consideramos relevante el que el delito de desaparición forzada, para los fines de extradición y de asistencia judicial recíproca, bajo ninguna circunstancia se considerará delito político, delito conexo a un delito político, ni delito inspirado en motivos políticos; a partir de lo cual, no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial por dichas causas, lo que desde luego reduce la posibilidad de la impunidad y con ello, la eficacia de las disposiciones de la Convención.
En efecto, es un acierto de la Convención la disposición relativa a la obligación de los Estados Parte de enjuiciar al responsable de una desaparición forzada o bien de proceder a su extradición para que enfrente a la justicia en su país de origen, ya que en esa medida se reduce la posibilidad de que se sustraigan a la acción de la justicia so pretexto de cuestiones de tipo legal, nuevamente en beneficio de la erradicación de la impunidad.
Todo lo anterior sin perjuicio del reconocimiento al derecho de todos los Estados de decidir con base en causas y razones que así lo justifiquen, no conceder la extradición cuando se solicite en base a situaciones que atente contra la legislación interna.
En orden de lo expuesto y convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la cooperación internacional entre los Estados a efecto de establecer y adoptar medidas eficaces para prevenir delitos como el de desaparición forzada, y para enjuiciar y castigar a sus autores, las Comisiones dictaminadoras consideramos inminente la ratificación de la Convención en estudio, pues sólo a partir de ello estaremos en aptitud de cumplir con tal compromiso con la comunidad internacional.
Por consiguiente, reconocemos expresamente, el sentido y alcance de las reglas que integran el instrumento internacional en estudio y por ende, aceptamos la responsabilidad internacional de satisfacer las obligaciones y derechos que se consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas en las que se manifiesta un evidente respeto a la soberanía nacional, a la seguridad de las relaciones internacionales, se ajustan a las normas imperativas del derecho internacional y, desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único.- Se aprueba la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de diciembre de dos mil seis.
SALÓN DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES. México, D. F., a 7 de noviembre de 2007.
Comisión de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales
Comisión de Derechos Humanos
Dictámenes a Discusión
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del C. Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Belice.
COMISIONES UNIDAS
DE RELACIONES EXTERIORES; Y
DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO A FAVOR DEL C. LUIS MANUEL LÓPEZ MORENO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN BELICE.
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del C. LUIS MANUEL LÓPEZ MORENO, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Belice, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Luis Manuel López Moreno, consta que nació en México, Distrito Federal, el 25 de Abril de mil novecientos cincuenta y seis. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En el currículm vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía, se establece que es Licenciado en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Estudios Diplomáticos en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Cancillería Mexicana.
Es miembro del servicio exterior mexicano desde 1981.
Desde Mayo de 2001 funge como Cónsul de México en la ciudad de McAllen, Texas, Estados Unidos.
En el exterior ha estado adscrito en la Embajada de México en Canadá, donde se desempeñó como Encargado de Asuntos Políticos y Titular de la Sección Consular (1997 – 1999); así mismo, fue responsable de Asuntos Políticos en la Embajada de México en Los Estados Unidos de América (1993 – 1996).
En la Cancillería ha ocupado los cargos de Director General del Centro de Enlace Diplomático (1999 – 2001); y Jefe de la Unidad de Documentación y Análisis de la Oficina del Canciller (1990 – 1993). Ha estado adscrito en la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares (1987 – 1990); La Dirección General para las Naciones Unidas (1981 – 1987); y La Dirección General del Servicio Exterior y de Personal (1980 – 1981).
El C. López Moreno posee una amplia experiencia en materia consular desarrollada en su actual responsabilidad al frente del Consulado Mexicano en McAllen, Texas, así como sus adscripciones en la Embajada de México en Canadá y en la propia Cancillería. Contribuyó de manera destacada a la redefinición de las labores de los Cónsules Mexicanos, para fortalecer sus funciones en los campos político, de promoción y de cooperación. Participó activamente en el diseño y elaboración del Primer Manual Consular.
En cuanto a actividades académicas, el perfil bibliográfico señala que el C. Luis Manuel López Moreno es Miembro Consultivo del Center for Integrated Knowledge and Understanding, Foro Académico para Tratar Temas de Cooperación en el Sur de los Estados Unidos y Noreste de México. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Universidad México Americana del Norte en Tamaulipas.
El Embajador designado presentó a las Comisiones dictaminadoras el Plan de Trabajo que propone desempeñar en caso de ser ratificado por esta Soberanía. En dicho plan propone entre otras acciones, dar seguimiento a los diversos programas de cooperación regional que México tiene con Centroamérica, poniendo un especial énfasis en la consolidación del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, la iniciativa del Plan Puebla – Panamá y el Acuerdo de San José, para fortalecer el desarrollo y la cooperación regional.
Además, hace mención a la urgente necesidad de resolver los problemas concernientes a la seguridad fronteriza, para atender, junto con las instituciones nacionales pertinentes, los problemas relacionados con la seguridad, la migración, el narcotráfico y la administración de fronteras; aprovechando los mecanismos bilaterales existentes, tales como el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF) México – Belice. En relación a éste punto, el plan de trabajo propone impulsar la creación de un mecanismo de enlace fronterizo, que sirva como dispositivo de alerta temprana; así como un foro para el análisis y la discusión de los asuntos fronterizos, que formule decisiones de carácter local o recomendaciones a las autoridades federales en los dos países.
Asimismo, el Embajador designado resalta dentro de su plan de trabajo el compromiso que tendrá la Embajada Mexicana para promover en Belice la adecuada inserción del empresariado mexicano en las inversiones relacionadas con el renglón hotelero y de servicios al turismo, aprovechando la experiencia y el potencial de Quintana Roo, y en especial de Cancún y Playa del Carmen. A su vez, señala la posibilidad de aprovechar la Iniciativa Mesoamericana de Turismo, cuyo país responsable es Belice, para promover el desarrollo del turismo ecológico, cultural e histórico; mediante acciones regionales que destaquen la complementariedad, las economías de escala y los encadenamientos productivos del turismo, y otras como el “Proyecto Mundo Maya”, de gran interés para México.
Finalmente, el plan de trabajo contempla llevar a otros niveles el incipiente intercambio académico, intelectual, científico e incluso deportivo actualmente existente entre México y Belice.
Teniendo como antecedente el acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben, invitaron al C. Luis Manuel López Moreno a una entrevista, en donde se conversó sobre la relación actual entre México y Belice, se analizó su perfil para el cargo propuesto, así como los puntos esenciales del programa de trabajo que desarrollará y las metas que se propone alcanzar, de ser ratificado por el Pleno de esta Cámara.
En lo relativo a las relaciones bilaterales, mencionó que en Junio de 2005, el Presidente Vicente Fox realizó una visita oficial a Belice, ocasión en la que se suscribieron diversos acuerdos, de los que sobresalen: El Acuerdo Interinstitucional para la Construcción y Donación, de México hacia Belice, del nuevo Puente Internacional sobre el Río Hondo; El Memorandum de Entendimiento sobre cooperación y Seguridad Fronterizas; y El Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF) México – Belice.
Por otro lado, el C. Luis Manuel López Moreno ha calificado la relación bilateral de importancia estratégica para México, ya que el hecho de tener una frontera común, nos obliga a desplegar una diplomacia más activa y efectiva, que incremente el comercio, la inversión, el turismo, el desarrollo de la infraestructura fronteriza y los programas de cooperación.
A su vez se comprometió a darle un especial seguimiento a los trabajos tendientes a suscribir un nuevo Tratado de Límites entre México y Belice, sobre todo después de que en Julio de 2006 se hubiera alcanzado un acuerdo inicial en la posición de la Línea Divisoria Internacional Terrestre en el Meridiano del Salto de Garbutt, Arroyo Azul, Río Hondo, Canal de Bacalar Chica y Mar Caribe.
En cuanto a la relación comercial, el C. López Moreno indicó que en 2006 Belice fue el 69 socio comercial de México a nivel mundial, y el 21 respecto a América Latina y el Caribe. El comercio bilateral sumó 94.5 millones de dólares en 2006, con un superavit para México de 9.4 millones de dólares. En el periodo Enero - Junio de 2007 el comercio bilateral se ubicó en 50.4 millones de dólares (cifra 3.3% menor a la registrada en 2006), con un superavit para México de 43.8 millones de dólares. También señaló que a nivel comercial no existe un instrumento que regule los intercambios bilaterales, siendo que Belice desea contar con acceso preferencial a nuestro mercado para equilibrar la balanza comercial favorable para México.
Así, con base en el expediente y la comparecencia realizada, hemos podido constatar que el Ciudadano Luis Manuel López Moreno, reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designada por el Presidente de la República, de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser embajador de México en Belice.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:
D E C R E T O
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República del H. Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del Ciudadano LUIS MANUEL LÓPEZ MORENO, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Belice.
SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.- México, D.F., a los siete días del mes de noviembre de dos mil siete.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del C. Enrique Manuel Loaeza y Tovar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Dominicana.
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano ENRIQUE MANUEL LOAEZA Y TOVAR, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Dominicana, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Enrique Manuel Loaeza y Tovar, consta que nació en la Ciudad de México el 10 de mayo de 1944. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y curso una maestría en Derecho Internacional en el University College de la University of London, Inglaterra.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como Coordinador General de Protección y Asuntos Consulares (1997-1998), y Director General de Protección y Asuntos Consulares (1995-1996).
En el exterior ha fungido como Cónsul General de México en San Francisco (1989-1990), Cónsul General de México en San Diego (1990-1993), Cónsul General de México en Los Ángeles (1993-1995), Titular de la Embajada de México en Suiza (1998-2001), y Embajador de México en Venezuela a partir de diciembre de 2001.
En otras actividades dentro del sector público se ha desempeñado como Asesor del Secretario de Comunicaciones y Transportes (1983), Director General de la Compañía Mexicana de Aviación (1982), Director General de Aeronaves de México S.A. (1980), Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (1976), Asesor del Director General de la Comisión Federal de Electricidad (1973).
En el ámbito académico se ha desempeñado como colaborador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y maestro de Derecho Internacional Público en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la UNAM.
El C. Loaeza y Tovar tiene dominio de los idiomas ingles y francés, y conocimientos de italiano.
El Embajador designado presentó a las Comisiones dictaminadoras el Plan de Trabajo que propone desempeñar en caso de ser ratificado por esta Soberanía. En dicho plan el Embajador designado describe la situación actual del país tanto en materia de política interna, situación económica y política externa, así como el contexto general de las relaciones con la República Dominicana.
En cuanto a la relación bilateral señala que México y la República Dominicana establecieron relaciones diplomáticas desde 1888; en 1963 México retiro a su embajador en Dominicana por el golpe de estado que sufrió el Presidente Juan Bosch y lo regresó un año después cuando se llamó a elecciones generales.
E su carpeta, el Embajador designado señala que durante las décadas de los setentas y ochentas y hasta la primera mitad de los noventa, la relación con República Dominicana fue distante. Es hasta la llegada a la presidencia de Leonel Fernández en 1996 y su política exterior activa en coincidencia con la apertura económica de México lo que motivó una nueva etapa en las relaciones bilaterales.
La relación política bilateral entre México y República Dominicana se encentra institucionalizada por diversos mecanismos tales como la Comisión Mixta Intergubernamental la cual se reunió por ultima vez el pasado mes de julio del año en curso durante la cual se acordó explorar la conveniencia de iniciar negociaciones para suscribir un TLC, culminar las negociaciones para un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), así como lograr la aplicación, entre los dos países, de la cláusula de acumulación de origen establecida para el sector textil y de la confección en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-RD).
En cuanto a la relación económica bilateral, República Dominicana se ubica como el país con el que realizamos el mayor nivel de comercio en el Caribe, con el 19.6% del total de los intercambios con esa zona. A finales de 2006 el intercambio bilateral alcanzó 763.8 md, monto superior en 18.5% al del año anterior. La balanza comercial registró un saldo superavitario para México por 535.8 md. En ese año tanto las exportaciones como las importaciones mexicanas crecieron, en 19.7% y 11.7%, respectivamente. En el periodo enero-junio de 2007 el comercio bilateral se ubicó en 377.9 md, cifra 3% mayor a la registrada en el mismo período del año anterior. La balanza comercial registró un saldo superavitario para México de 252.7 md. Las exportaciones e importaciones mexicanas registraron un crecimiento de 2% y 7%, con relación a las observadas en el mismo periodo de 2006.
En cuanto a la inversión de México en República Dominicana, esta podría ubicarse en un monto cercano a los 3,500 md, lo que coloca a este país como el segundo destino de las inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe, sólo después de Brasil. Entre las inversiones más importantes se encuentran las de TELMEX-América Movil y CEMEX, seguidas por las empresas Sigma Alimentos del Grupo Alfa y el Grupo Bepensa.
La inversión de República Dominicana en México entre enero de 1994 y marzo de 2007 ascendía a 3.5 md. A marzo de 2007 se contaba con el registro de 34 empresas con inversión proveniente de ese país. En el periodo enero 1999 a marzo 2007 la inversión dominicana en nuestro país se destinó al sector servicios (90.7%), a la industria manufacturera (8.3%) y al comercio (1.0%). A nivel de entidades federativas las inversiones en dicho periodo se colocaron de la siguiente forma: Quintana Roo (50.3%), Baja California Sur (36.9%), Yucatán (8.3%), Campeche (1.4%) y otros (3.1%).
Teniendo como antecedente el acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben, invitaron al C. Enrique Manuel Loaeza y Tovar, a una entrevista en donde se conversó sobre la importancia de reforzar los vínculos con el Caribe y de las acciones que habrá de desempeñar en caso de ser ratificado su nombramiento por esta Soberanía.
El Embajador designado en su comparecencia detallo el programa de trabajo que pretende desempeñar al frente de la misión en Santo Domingo, al respecto señaló que es muy importante que el nuevo aliento que impulsa el reencuentro de México con nuestra región, abarque con el mismo vigor al Caribe. Asimismo, destacó que será indispensable que el embajador, de manera personal y directa, establezca con los representantes más importantes del gobierno, de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, así como los del sector privado, un estrecho diálogo que se conduzca de una manera fluida y permanente, a fin de transmitirles la voluntad y el interés de México por profundizar las relaciones entre los dos países.
El plan de trabajo señala que se deberán aprovechar íntegramente las instituciones bilaterales de las que disponemos para desahogar los asuntos de la agenda binacional, como son la Comisión Mixta Intergubernamental, la de Ciencia y Tecnología y la de Educación y Cultura, y de esta manera optimizar el resultado de sus trabajos y asegurar su plena consolidación.
En lo referente al campo de las relaciones económicas y comerciales señaló que será imperativo darle puntual seguimiento a los trabajos para la suscripción del TLC con República Dominicana. Igualmente, la embajada apoyará el proceso para la conclusión del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).
Por lo que al sector turismo se refiere, la embajada promoverá y propiciará visitas de empresarios de ambos países, vinculados con el sector turístico, con la posibilidad de lograr asociaciones estratégicas para el impulso a esta actividad en la que compartimos intereses y experiencias comunes. De ahí, la importancia de lograr a corto plazo la implementación del Memorandum de Entendimiento firmado en septiembre del presente año para el establecimiento de vuelos directos entre los dos países.
En lo relativo a la promoción de la imagen de México, señaló como una parte esencial, hacer uso de la enorme reserva artística y cultural que tenemos, para presentar de manera permanente, actividades y eventos que le den al país, en este ámbito, el reconocimiento que siempre ha tenido.
Así, con base en el expediente y la comparecencia realizada, hemos podido constatar que el ciudadano ENRRIQUE MANUEL LOAEZA Y TOVAR, reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios, para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designado por el Presidente de la República, de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Dominicana.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:
D E C R E T O
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República del H. Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano ENRIQUE MANUEL LOAEZA Y TOVAR, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Dominicana.
SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.- México, D.F., a los siete días del mes de noviembre de dos mil siete.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la C. Melba María Pria Olavarrieta, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Indonesia, concurrente ante la República Democrática de Timor-Leste.
COMISIONES UNIDAS
DE RELACIONES EXTERIORES; Y
DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA PACÍFICO
Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor de la ciudadana MELBA PRIA OLAVARRIETA como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Indonesia, concurrente con la República Democrática de Timor-Leste.
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor de la C. MELBA MARÍA PRIA OLAVARRIETA, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Indonesia , concurrente ante la República Democrática de Timor - Leste, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la C. Melba María Pria Olavarrieta, consta que nació en la Ciudad de México el 2 de enero de 1958. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designada. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía, se establece que es Socióloga con estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una Maestría en Administración y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Actualmente cursa una Maestría en Estudios Internacionales y realizó estudios en Planeación Estratégica y Administración en el mismo instituto. También cuenta con estudios de Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos en INAP-CISEN. Cuenta con diversos estudios cursados en Alemania Federal, en el Reino Unido y en Estados Unidos.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como Asesora del Secretario de Relaciones Exteriores de 1991 a 1992; Directora General para las Comunidades Mexicanas en el Exterior en 2001 y Directora General de Enlace Estatal y Federal de 2002 a 2003. Actualmente funge como titular de la Unidad de Atención a Organizaciones Sociales.
En el exterior ha estado como Agregada en la Embajada de México en Israel, con tareas en el área política y consular.
En la Administración Pública ha colaborado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Jefatura de Publicaciones como Editora y como Titular de la Jefatura de Promoción Cultural; asimismo organizó programas de beneficio para los trabajadores asegurados y población marginada en zonas urbanas y semirurales. Dirigió la Delegación Especial de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas y fue Directora General del Instituto Nacional Indigenista.
En el sector privado manejó el proceso interno de la privatización de Mexicana de Aviación, teniendo a su cargo el área de reingeniería en comunicación, imagen y capacitación.
Ha realizado diversas actividades académicas entre las que se encuentran conferencias y cátedras en México y en el exterior sobre temas de economía política, política públicas, política exterior, educación, salud, multiculturalismo, cultura, organización, desarrollo comunitario y planeación.
Conforme al Acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, las Comisiones que suscriben invitaron a la ciudadana Melba Pria a una entrevista para allegarse mayores elementos de juicio para la elaboración del presente dictamen, en la misma se conversó sobre el estado actual de la situación política, económica y social en la República de Indonesia, la política exterior multilateral y bilateral, con especial énfasis en sus relaciones con México. Asimismo, la Embajadora designada comentó los temas de interés común y habló sobre las propuestas contenidas en su Plan de Trabajo.
A partir del establecimiento de relaciones diplomáticas con Indonesia, el diálogo político entre México e Indonesia ha sido al más alto nivel y se ha visto enriquecido con diversos encuentros entre los mandatarios de ambos países, muchos de ellos en el marco de cumbres y reuniones de jefes de estado.
En cuanto a las relaciones parlamentarias entre México e Indonesia, la Embajadora designada señaló que éstas se han caracterizado por una gran colaboración y apoyo. Destacó también que, la activa participación en organismos y foros parlamentarios internacionales ha llevado a que ambos países coincidan en temas prioritarios de la agenda parlamentaria mundial.
Al referirse al Mecanismo de Consultas políticas creado al amparo del Memorándum de Entendimiento entre México e Indonesia, la C. Melba Pria mencionó que hasta el momento se han realizado dos reuniones, en las que se han abordado temas relacionados con una visita del Presidente Calderón a ese país; la posible negociación de un Acuerdo en materia fitosanitaria y un APPRI; el establecimiento de una Comisión Binacional; cooperación en temas de la agenda multilateral; promoción científica - técnica y educativa - cultural; asimismo se han abordado temas propuestos por Indonesia como el proyecto de Memorándum de Entendimiento de Cooperación entre academias diplomáticas y el apoyo de ese país a México para acercarse a la ANSEA.
Al referirse a las relaciones económicas y comerciales, la embajadora designada señaló que en 2006, Indonesia fue el 33° socio comercial de México a nivel global y el 12° socio comercial de México en Asia Pacifico. La inversión indonesa acumulada a partir de 1994 asciende a 0.9 mdd. Entre enero de 1999 y marzo de 2007, las empresas con capital indonesio realizaron inversiones por 0.6 mdd, dicha inversión se destinó al sector de servicios comunales y sociales. Al mes de marzo de 2007, existía una empresa con capital indonesio en México localizada en Baja California Sur dedicada a la hotelería y otros servicios de alojamiento temporal. Por otra parte, no se cuenta aún con ningún registro de inversión mexicana en Indonesia desde la venta de las acciones que CEMEX mantenía en la ―PT Semen Gresik‖ (SG).
El comercio bilateral sumó 858.8 millones de dólares (mdd) con un déficit para México de 766.2 mdd. En el periodo 2000-2006 el comercio bilateral creció 72.2%, de 498.8 mdd a 858.8 mdd, las exportaciones crecieron 97.9%, de 23.4 mdd a 46.3 mdd; las importaciones crecieron 70.9 %, de 475.4 mdd a 812.5 mdd. Por su parte en el periodo enero-marzo de 2007, el intercambio entre México e Indonesia sumó 220.2 mdd, un incremento de 21.5% respecto al mismo periodo del año anterior. La balanza comercial registró un déficit para México de 187.4 mdd. Con respecto al mismo periodo del año precedente, las exportaciones mexicanas aumentaron 95.2% para ubicarse en 16.4 mdd, mientras que las importaciones crecieron 17.9% para registrar un valor de 203.8 mdd. Es evidente que es un campo en el que hay mucho que hacer.
En el marco de Naciones Unidas ambos países se han manifestado a favor del ejercicio de una política exterior independiente y han sostenido posiciones semejantes en las resoluciones adoptadas por la ONU. Durante la 61ª Asamblea General de la ONU se adoptaron 291 resoluciones de septiembre de 2006 a julio de 2007. México e Indonesia coincidieron en su voto en 69 resoluciones aprobadas por votación.
En lo que se refiere al Foro de Cooperación América Latina–Asia del Este (FOCALAE), México ha refrendado el compromiso con el fortalecimiento y consolidación de este importante Foro como mecanismo privilegiado para el diálogo político y la cooperación entre ambas regiones.
Al explicar su programa de trabajo la Embajadora señaló que de ser ratificado su nombramiento por esta soberanía su trabajo al frente de la Embajada tendrá como principales objetivos: realizar acciones que privilegien el intercambio, el diálogo, el desarrollo, el comercio, la inversión y la cooperación, entre México, la República de Indonesia y la República Democrática de Timor-Leste.
En lo que se refiere al fortalecimiento del diálogo político, la C. Melba Pria señaló que promoverá encuentros presidenciales y de cancilleres; apoyará las relaciones parlamentarias entre ambos países, tanto a nivel bilateral, como en el marco de foros y organismos internacionales; fomentará la continuidad y seguimiento de las reuniones del Mecanismos de Consultas Bilaterales, así como apoyar el trabajo y la difusión del trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.
En el ámbito multilateral propone apoyar en la profundización del diálogo bilateral en temas de la agenda multilateral y aprovechar las coincidencias de México y la República de Indonesia, en apoyo a los proyectos de México dentro de los organismos internacionales.
Particularmente en Timor-Leste la embajadora designada destacó la importancia de apoyar las candidaturas en organismos internacionales; propiciar los encuentros bilaterales en el marco de los organismos internacionales, promover el intercambio de experiencias en materia de transparencia, rendición de cuentas y en materia electoral a fin de estrechar la cooperación y la presencia de México.
Asimismo, señaló la importancia de impulsar la difusión de la imagen y de los principales acontecimientos en el ámbito político, económico y social de México en las Repúblicas de Indonesia y Timor-Leste, asimismo buscar un acercamiento con los medios de comunicación, líderes de opinión y centros académicos y de educación. Propiciar el acercamiento para brindar mayor atención con la comunidad mexicana residente en Indonesia y Timor-Leste para que estén informados sobre todo de los programas de protección con los que cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La Embajadora designada mencionó en el ámbito económico una tarea prioritaria en esa materia será fortalecer el marco jurídico en materia económica para formular políticas e identificar nichos de oportunidad para el sector empresarial de México, así como difundir las oportunidades de comercio e inversión de nuestro país, y propiciar las misiones empresariales en ambos sentidos; reforzar las relaciones económicas, comerciales y de inversión con la región Asia-Pacífico, a fin de impulsar la diversificación de México; fortalecer e incrementar el trabajo de relación de los gobiernos locales, principalmente con los Estados de la Cuenca del Pacífico, (para dar seguimiento a los procesos internos y propiciar el intercambio de experiencias en dichos sectores); incrementar la promoción de México como destino de Inversión Extranjera Directa; programar la realización de ferias y exposiciones para promover la participación empresarial en ambos países, así como difundir los atractivos turísticos de México a la sociedad indonesia y timorense.
En lo que se refiere a la cooperación educativa y cultural, la C. Melba Pria comentó que una tarea fundamental de su plan de trabajo será la promoción de una agenda cultural y educativa a fin de impulsar un mejor conocimiento de México en la zona; coordinación con las autoridades indonesias para impulsar la entrada en vigor del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural; desarrollar planes de estudio para educación básica para niños y adultos; impulsar el intercambio de profesores voluntarios y celebrar acuerdos con universidades de ambos países que ofrezcan becas de estudio en el extranjero, así como cursos de diplomáticos extranjeros impartidos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y promover actividades conjuntas en materia cultural, por medio de la realización de exposiciones culturales y festivales mexicanos de cine y gastronomía.
Finalmente al referirse a su propuesta de trabajo en materia de cooperación científica y técnica la embajadora designada propuso redoblar los esfuerzos para fomentar el interés de las instituciones de México e Indonesia para identificar áreas de cooperación técnica y científica; diseñar un programa de cooperación en la materia y formular una agenda en el marco del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia sobre Cooperación Técnica y Científica; impulsar acciones conjuntas en materia energética entre las instituciones mexicanas e indonesias; organizar seminarios sobre temas de interés común como la disminución de la pobreza; oportunidades de empleo; acceso a la educación, así como propiciar el intercambio de experiencias dentro del sector salud con programas encaminados al desarrollo de infraestructura, vacunación y prevención, apoyo a grupos de alto riesgo, seguridad social y prevención de desastres.
Así, con base en el expediente y la comparecencia realizada, hemos podido constatar que la ciudadana, Melba María Pria Olavarrieta, reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designado por el Presidente de la República, de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser embajadora de México ante la República de Indonesia, concurrente ante la República Democrática de Timor – Leste.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:
D E C R E T O
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República del H. Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana MELBA MARÍA PRIA OLAVARRIETA, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Indonesia, concurrente ante la República Democrática de Timor – Leste.
SALÓN DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.- México, D.F., a los siete días del mes de noviembre de dos mil siete.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Marina; y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, adoptado en Londres, el trece de febrero de dos mil cuatro.
COMISIONES UNIDAS DE
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales,
de Marina y
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de Marina y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, fue turnado para su estudio y dictamen el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, adoptado en Londres, el trece de febrero de dos mil cuatro. El documento fue enviado por la Secretaría de Gobernación, por pedimento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 76, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en los artículos 85, 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones procedieron al estudio del instrumento internacional de referencia, con base en los siguientes antecedentes.
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de Marina y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, fue turnado el instrumento internacional denominado Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, adoptado en la ciudad de Londres, el 13 de febrero de 2004, para su estudio y dictamen correspondiente.
El Convenio de mérito, nace a instancia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en el año 1992, la que por medio de la Agenda 21, hizo un llamado a la Organización Marítima Internacional, así como a otras organizaciones internacionales a efecto de que implementaran acciones tendientes a enfrentar el impacto negativo causado por la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos en el medio marino, bienes, recursos y en la salud de la especie humana.
En respuesta a la excitativa así como a la gravedad del fenómeno, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, que tuviera lugar en Johannesburgo en el año 2003, se reafirmó el compromiso de la Agenda 21, haciéndose en consecuencia un llamado para acelerar el desarrollo e implementación de las medidas tendientes a enfrentar el problema de las especies invasoras a causa del agua de lastre y sedimentos, enterando a la Organización Marítima Internacional de la necesidad de concluir el Convenio Internacional para el Control y el Manejo del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques, cuyo texto final fue adoptado en febrero del año 2004.
Fue así que en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) surge el presente tratado internacional jurídicamente vinculante, cuyo objeto es la solución de los efectos perjudiciales que el agua de lastre y los sedimentos de los buques ocasionan en el medio marino, así como en la salud de la especie humana, entendiéndose por agua de lastre el agua, con las materias en suspensión que contenga, cargada a bordo de un buque para controlar el asiento, la escora, el calado, la estabilidad y los esfuerzos del buque y, por sedimentos, las materias que se depositen en el buque procedentes del agua de lastre.
Es importante mencionar que dicho ente, de acuerdo a su Convenio Constitutivo, es el primer organismo internacional dedicado a las siguientes actividades: “deparar un sistema de cooperación entre los Gobiernos en la esfera de la reglamentación y de las prácticas gubernamentales relativas a cuestiones técnicas de toda índole concernientes a la navegación comercial internacional; alentar y facilitar la adopción general de normas tan elevadas como resulte factible en cuestiones relacionadas con la seguridad marítima, la eficiencia de la navegación y la prevención y contención de la contaminación ocasionada por los buques”. En suma, podemos establecer que la OMI tiene por principal mandato la elaboración de instrumentos internacionales que acrecienten la seguridad en el mar, generando en consecuencia buques más seguros y mares más limpios.
La Organización Marítima Internacional (OMI) funciona a través de comités y subcomités, siendo el Comité de Protección del Medio Marino el encargado de coordinar las actividades de la Organización en cuanto a la prevención y contención de la contaminación.
Destaca para los fines del presente instrumento, que la OMI ha adoptado códigos, directrices y recomendaciones relativos a una amplia gama de cuestiones, tales como: el trabajo de la gente de mar, la seguridad de la navegación marítima, la contaminación del mar originada por los buques, y la seguridad de la vida humana en el mar mismas que coadyuvan junto con los instrumentos internacionales en la lucha contra la contaminación del medio marino.
En orden de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras entendemos como principal objetivo del Convenio en estudio la prevención, reducción al mínimo y en último término, la eliminación, de la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos mediante el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, fomentando el desarrollo continuo de nuevos sistemas que aporten mayor eficacia a la lucha contra tal fenómeno.
En efecto, partiendo de la definición que el Convenio da de la “Gestión del agua de lastre” –procedimientos mecánicos, físicos, químicos o biológicos, ya sean utilizados individualmente o en combinación, destinados a extraer o neutralizar los organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos existentes en el agua de lastre y los sedimentos, o a evitar la toma o la descarga de los mismos-, se desprende el compromiso de las Partes por cuanto a hacer plena y totalmente efectivas las disposiciones que lo integran, así como las de su anexo, para lo cual, colaborarán en la implementación, aplicación y cumplimiento efectivo del Convenio por conducto de las autoridades competentes.
Las Partes asumen el compromiso de vigilar que los buques que tengan derecho a enarbolar su pabellón o que operen bajo su autoridad, cumplan con las disposiciones tanto del Convenio como de su anexo, garantizando que en los puertos y terminales designados por ellas en los que se efectúen trabajos de reparación o de limpieza de tanques de lastre, se disponga de instalaciones adecuadas para la recepción de sedimentos, así como para su eliminación, lo que deberá hacerse de tal forma que no se deteriore ni dañe el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos, tanto propios como de otros Estados, y teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización Marítima Internacional (OMI).
El Convenio prevé la labor de investigación científica y técnica sobre la gestión del agua de lastre, misma que deberá incluir la observación, la medición, el muestreo, la evaluación y el análisis de la eficacia y las repercusiones negativas de cualquier tecnología o metodología empleadas, así como de cualesquiera repercusiones negativas debidas a los organismos y agentes patógenos cuya transferencia por el agua de lastre de los buques se haya determinado, todo lo cual estará a disposición de los Estados Parte a efecto de facilitar la consecución de los objetivos del instrumento.
Toda infracción a las disposiciones del Convenio estará penada con las sanciones que a tal efecto establecerá la legislación de la Administración del buque de que se trate, con independencia del lugar en el que tenga lugar la infracción, sanciones que deberán de ser lo suficientemente severas que disuadan a los infractores del instrumento en estudio con independencia del lugar en donde se encuentren.
En ese orden de ideas, el Convenio prevé la posibilidad de que todo buque al que le sean aplicables sus disposiciones, podrá ser inspeccionado en cualquier puerto o terminal mar adentro de otra Parte por medio de autoridades expresamente facultadas para ello, acto por el que se verificará la existencia de un Certificado válido, se revisará del libro registro del agua de lastre –documento que podrá ser un sistema electrónico de registro o estar incorporado a otro libro o sistema de registro- y se realizará un muestreo del agua de lastre del buque de conformidad con las directrices que elabore la OMI.
Por lo que hace al certificado, el Anexo del Convenio establece que la Administración, una vez que se haya cerciorado que un buque satisface las exigencias del instrumento de mérito, expedirá el certificado correspondiente que avala la seguridad del buque para el medio marino.
Adicional a ello, en el caso que se detecte la infracción al Convenio, la Parte involucrada podrá adoptar medidas para amonestar, detener o excluir al buque. Asimismo, la podrá conceder al buque permiso para salir del puerto o terminal mar adentro con el fin de descargar agua de lastre o de dirigirse al astillero de reparaciones o la instalación de recepción más próxima, siempre y cuando ello no represente un riesgo para el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos.
Destacan las disposiciones relativas a la asistencia técnica, cooperación y cooperación regional, a partir de las cuales los Estados se comprometen a facilitar a las Partes que lo soliciten asistencia técnica y apoyo destinado a formar personal, garantizar la disponibilidad de tecnologías, equipo e instalaciones pertinentes, iniciar programas conjuntos de investigación y desarrollo, así como la implementación de otras medidas tendientes a la ejecución efectiva del Convenio así como de las orientaciones relativas a éste elaboradas por la OMI.
Por cuanto a las controversias, el Convenio prevé que las Partes las resolverán mediante la negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a organismos o acuerdos regionales, o cualquier otro medio pacífico de su elección.
Lo anterior resulta trascendente a partir del éxito que han tenido los paneles en la solución de controversias, concretamente en el seno de organismos internacionales y en la ejecución e interpretación de tratados internacionales, lo que desde luego redunda en beneficio de los objetivos del Convenio, ya que las Partes reconocen autoridad a cualesquiera de los procedimientos de mediación antes precisados así como a la resolución con que concluyan, con lo que se garantiza el cumplimiento cabal de las obligaciones que el texto del Convenio incorpora en beneficio del medio marino y especie humana.
Es importante destacar que el tratado en estudio permite enmiendas, a efecto de que éste sea modificado a instancia de alguna de las Partes, cuya procedencia se encuentra condicionada a la autorización de la Organización Marítima Internacional (OMI) previa la substanciación del procedimiento sancionado en el artículo 19.
Con base en los antecedentes anteriores, los integrantes de estas Comisiones Unidas dictaminadoras exponen las siguientes consideraciones.
En orden de los antecedentes que preceden, las Comisiones dictaminadoras consideramos procedente la ratificación del Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, adoptado en Londres, el 13 de febrero de 2004.
Lo anterior responde principalmente al compromiso que México ha adquirido con la comunidad internacional en relación con la lucha y erradicación de la contaminación del medio ambiente, y concretamente con el medio marino, compromiso que se refleja en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales tales como: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21 así como el Protocolo 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, 1972 y el Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques, 2001.
Recordando que de acuerdo a los postulados de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, los Estados tomarán todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por la utilización de tecnologías bajo su jurisdicción o control, o la introducción intencional o accidental en un sector determinado del medio marino de especies extrañas o nuevas que puedan causar en él cambios considerables y perjudiciales, y siendo la teleología del instrumento que nos ocupa congruente con ello, resulta del todo procedente su ratificación.
En ese sentido, el instrumento que hoy interesa a México tiene como objetivo primordial la protección y preservación del medio marino, de la salud humana, recursos y bienes que se encuentran amenazados a causa de los efectos negativos ocasionados por la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos que las aguas de lastre y los sedimentos de los buques propician, mediante la adopción de medidas eficaces para prevenir, reducir y eliminar la contaminación causada por ello, lo que requiere de la cooperación de los Estados Parte.
Es importante destacar que el cuidado del medio marino y de los organismos vivos que lo habitan, patrimonio de la humanidad, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho Internacional, son una preocupación constante de la que no podemos hacer caso omiso, máxime que México cuenta con litorales ricos en fauna y flora marina que requieren de acciones tendientes a obtener protección inmediata en contra de la contaminación, pues solo a partir de ello lograremos desarrollarnos de manera sustentable, esto es, en armonía con el medio ambiente.
En esa medida, conforme a las disposiciones del Convenio que nos ocupa así como de su anexo, las comisiones dictaminadoras consideramos que la implementación del Convenio en estudio permitirá proteger y preservar el medio marino, fomentar el uso y explotación sostenible de los recursos marinos y organizar las actividades humanas en torno a ello de modo que el ecosistema marino continúe sustentando los usos legítimos del mar y satisfaciendo las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
Lo anterior en atención a que la introducción de las especies marinas invasoras en nuevos ambientes a través de las aguas de lastre de los barcos y otros vectores, ha sido identificada junto con las fuentes terrestres de contaminación, la sobreexplotación de los recursos marinos y las alteraciones físicas o destrucción de los hábitats marinos, como las principales amenazas para los océanos del mundo, de ahí la necesidad de desarrollar procedimientos mecánicos, físicos, químicos o biológicos que sean eficaces en la neutralización de los organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos, y que no presenten riesgos para el medio ambiente.
Adicional a lo anterior, cobra gran importancia el hecho de que el Convenio surja en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI), ya que es el organismo internacional dedicado exclusivamente desde su fundación en 1948, a la creación de medidas relativas a la seguridad marítima, a partir de lo cual, el instrumento que nos ocupa justifica plenamente su razón de existir.
Máxime que dentro del desempeño de la OMI, se han creado diversos instrumentos internacionales que esencialmente tienden a la protección del medio marino, ya que buscan regular y restringir el desecho de sustancias nocivas por parte de los buques.
Finalmente, se apunta que en la medida que se ejecuten las normas contenidas en el Convenio que nos ocupa, se pondrá a salvo el medio marino y en consecuencia, la salud humana, protegiéndose igualmente la economía, pues muchos de los organismos marinos que se están viendo afectados por las aguas de lastre y por los sedimentos de los buques, representan ingresos importantes para los Estados.
Como consecuencia de lo aquí expuesto, las Comisiones dictaminadoras consideramos procedente la ratificación del Convenio Internacional para el Control y la Gestión de Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, toda vez que su texto es acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como a la política del Estado Mexicano en materia de medio ambiente.
Por consiguiente, reconocemos expresamente, el sentido y alcance de las reglas que integran el instrumento internacional en estudio y por ende, aceptamos la responsabilidad internacional de satisfacer las obligaciones y derechos que se consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas en las que se manifiesta un evidente respeto a la soberanía nacional, a la seguridad de las relaciones internacionales, se ajustan a las normas imperativas del derecho internacional y, desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas Comisiones Unidas someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único.- Se aprueba el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, adoptado en Londres, el trece de febrero de dos mil cuatro.
SALÓN DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES. México, D. F., a 12 de septiembre de 2007.
Comisión de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales
Comisión de Marina
Comisión De Medio Ambiente,
Recursos Naturales Y Pesca
De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación.
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
H. CÁMARA DE SENADORES
A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos a la Ley General de Educación para su estudio y dictamen, presentada el 7 de noviembre de 2006 por el Senador Alejandro Moreno Cárdenas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen conforme a los siguientes:
A N T E C E D E N T E S
1.- En Sesión Ordinaria del 7 de noviembre de 2006, el Senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación, con el objeto de promover la Cultura Financiera.
2.-Además del Senador Alejandro Moreno Cárdenas, la iniciativa fue suscrita por los senadores José Luis Lobato Campos, Dante Delgado, Luis Walton Aburto y Renán Cleominio Zoreda Novelo.
3.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA
La iniciativa precisa en su exposición de motivos, que el objeto de la misma es incorporar la cultura financiera en el marco educativo como agente rector del desarrollo social y económico de todos los mexicanos, impulsando la formación de los aspectos básicos de las finanzas de las personas, un manejo financiero adecuado de sus recursos y estimular la práctica de ahorro desde la niñez.
La cultura financiera, considera el iniciante, es un factor del desarrollo social. Cualquier individuo que tenga conocimientos básicos sobre el manejo de sus finanzas personales, estará en mejores condiciones para optar eventualmente por una vivienda propia, decidir los instrumentos de ahorro que más le convengan para su retiro y garantizar un futuro de mayor dignidad para su familia. Además, se considera que la promoción de la cultura financiera desde el Congreso de la Unión, contribuirá a que los mexicanos adquieran un mayor conocimiento de los instrumentos financieros.
El segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las formas en que tenderá a impartirse la educación; de igual forma, la Ley General de Educación en su artículo 7, dispone los fines para la impartición de la educación. Si bien, este artículo ya establece los fines u objetivos de la educación, lo hace de manera enunciativa más no limitativa, lo que permite que cumpliendo con el proceso legislativo correspondiente, estos fines u objetivos de impartición sean renovados de acuerdo a las necesidades que una sociedad dinámica requiere.
Cabe destacar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, informó que los bancos encabezaron en el año de 2005 la lista de reclamaciones por inconformidades de sus cuentahabientes, de los cuales un 55 por ciento manifestó no saber como mejorar su historial crediticio. Ante esta situación, la propia CONDUSEF diseñó talleres dirigidos a personas de entre 18 y 20 años de edad con el objeto de capacitarlos en el manejo de diversos instrumentos financieros.
El proponente sugiere llevar esta experiencia a la educación básica a nivel nacional, porque se considera que la cultura financiera puede constituirse en un instrumento que facilite el conocimiento y genere confianza en el manejo de créditos, hipotecas, instrumentos de ahorro e inversión, entre otros, nociones de gran utilidad para que las personas se interesen más en los sistemas bancarios, de ahorro y demás productos financieros.
Además, señala la propuesta, el tema de la cultura financiera ha adquirido relevancia significativa a nivel mundial, pues la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y los países que integran el G-8, actualmente diseñan un plan de alfabetización financiera para que ciudadanos de diversas partes del mundo, a fin de que mejoren sus conocimientos y prácticas financieras que redunden en una ampliación de las relaciones comerciales al interior de cada país y entre los países que conforman la comunidad de naciones.
Para dar cabida al fomento de la cultura financiera en la educación básica, la estrategia de la iniciativa consiste en adicionar una fracción XIV al artículo 7 y la fracción XII que convierte en XIII a la actual del artículo 14. La primera modificación tiene el propósito de incorporar en los fines de la educación el “fomentar la cultura financiera que tutele el desarrollo económico de los individuos”.
La segunda modificación se hace con la finalidad de establecer la concurrencia del gobierno Federal y de los gobiernos de las entidades federativas en la promoción de “prácticas educativas relacionadas con la difusión de la cultura financiera”. Esta adición se incorpora en el precepto que establece las diferentes facultades en que habrán de cooperar las autoridades de la Secretaría de Educación Pública Federal y las autoridades locales.
En este contexto, la iniciativa busca que la cultura financiera sea promovida por las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo cual propone que este artículo sea reformado logrando así una armónica impartición de la cultura financiera.
Realizado el anterior análisis, estas Comisiones Dictaminadoras proceden a emitir el dictamen correspondiente que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.- La Ley General de Educación es una norma que distribuye competencias y establece la concurrencia de los distintos órdenes de gobierno involucrados en la función social de la educación que brinda el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Se trata de un instrumento que define también los elementos que constituyen el sistema educativo nacional y sus relaciones.
2.- Los fines que el Estado persigue a través de la función social educativa están señalados tanto en el artículo 3° constitucional, como en el artículo 7 de la ley. La norma suprema señala como criterios de la educación desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. La norma secundaria incorpora, además, como fines de la educación los siguientes:
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas;
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;
IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.
V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos:
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas:
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;
IX.- Estimular la educación física y la práctica del deporte;
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios;
XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.
XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo.
3.- En lo que se refiere a las modificaciones propuestas en la iniciativa para fomentar y promover la cultura financiera en la educación, no contraviene a la Ley Suprema de nuestro país.
4.- Con relación a la redacción propuesta de la fracción XIV del artículo 7 de la iniciativa, es conveniente señalar que se utiliza la palabra “tutele”. Sin embargo si analizamos el significado y alcance de esta palabra, el diccionario de la lengua española la define como amparo, protección, lo que nos conduce a verlo como una garantía. Por lo que se sugiere sea modificada la redacción a fin de no confundir el alcance que se pretende lograr con la cultura financiera, para lo cual se sugiere el siguiente texto:
Artículo 7.- …
XIV.- Fomentar y promover la cultura financiera, a fin de fortalecer el desarrollo económico de los individuos.
5.- En los que respecta a la adición de una nueva fracción XII del artículo 14, que ordena la concurrencia en los órdenes de gobierno para promover prácticas educativas y difundir la cultura financiera, no es viable en virtud de que este precepto establece facultades en las que deben concurrir las autoridades federales y locales. Dichas actividades enunciadas tienen un carácter genérico y no tan específico como podría ser un enunciado sobre la cultura financiera.
El artículo segundo transitorio de la iniciativa en análisis propone la implementación de la difusión de la cultura financiera en los planes y programas de todos los niveles de la educación pública, siendo que este tema ya forma parte de los contenidos educativos de educación básica. Así lo estipula el Acuerdo 384 de la Secretaría de Educación Pública relativo al Plan y Programas de Estudio para Educación Secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2006, en el cual se establece, entre otros temas, los cinco bloques en que será abordado el programa de Geografía de México y del Mundo: El espacio geográfico y los mapas; Recursos naturales y preservación del ambiente; Dinámica de la población y riesgos; Espacios económicos y desigualdad social, y Espacios culturales y políticos. En particular, en el tercer bloque, correspondiente a Espacios económicos y desigualdad social, los servicios financieros forman parte de los contenidos educativos, donde el aprendizaje esperado de parte del alumno es que identifique los tipos de servicios financieros y su importancia en la economía de los países.
Asimismo, en el mismo acuerdo secretarial se establece que el perfil esperado del educando al concluir sus estudios de educación básica supondrá que habrá adquirido los conocimientos y habilidades suficientes para “interpretar y explicar procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así como para tomar decisiones y actuar, individual o colectivamente, en aras de promover la salud y el cuidado ambiental, como formas para mejorar la calidad de vida”. Asimismo, adquirirá competencias para el manejo de situaciones “vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos como los sociales, culturales, ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de tener iniciativa para llevarlos a cabo…”
Las dictaminadoras son de la opinión de que una ley general, en la cual se establece la concurrencia de los órdenes de gobierno, no es el instrumento adecuado para fijar los contenidos educativos, pues debe considerarse que el dinamismo propio de la sociedad implica una permanente reflexión sobre los planes y programas de estudio, por lo que la decisión de incorporar un tema a la currícula debe obedecer a un esquema ágil y eficaz, tal como lo establecen los párrafos cuarto y quinto del artículo 48 de la ley:
“…
La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados.
Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa”.
6.- Tal circunstancia no le resta mérito a la necesidad de insistir en el fortalecimiento y promoción de la cultura financiera, toda vez que representa un elemento que contribuye a mejorar significativamente la calidad de vida y de administración del patrimonio de las personas.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores, someten a la consideración y, en su caso, aprobación de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente:
“PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XIV al artículo 7º de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7º.- ...
De la I.- a la XIII.- ...
XIV.- Fomentar y promover la cultura financiera, a fin de fortalecer el desarrollo económico de los individuos.
TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores México, D.F., a 24 de Octubre de 2007.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA
De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 41 de la Ley General de Educación; se reforma el actual tercero y el mismo, se recorre al cuarto.
Dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos en relación con la “Iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Educación” presentada por la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos
HONORABLE ASAMBLEA
A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, para estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Educación, presentada el 12 de abril de 2007 por la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
DICTAMEN
Antecedentes
1. El 12 de abril de 2007, la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Educación.
2. Esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.
3. La iniciativa fue suscrita, además, por los senadores Francisco Agundis Arias, Arturo Escobar y Vega, Javier Orozco Gómez, Manuel Velasco Coello, Jorge Legorreta Ondorica, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, María Rojo Incháustegui, María Elena Orantes López, José Luis Máximo García Salvidea, Fernando Ortega Bernés, Carlos Lozano de la Torre, Carlos Jiménez Macías y Renán Cleominio Zoreda Novelo.
Las dictaminadoras llevaron a cabo el análisis de la iniciativa en el seno de las comisiones y el presente dictamen da cuenta de las observaciones, comentarios y conclusiones expresadas en relación con el contenido de la misma.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
La propuesta de la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos se refiere, por una parte, a los alumnos que por sus cualidades intelectuales y habilidades se destacan del promedio general de educandos y tienen dificultades para adelantar y acreditar sus estudios de acuerdo con el nivel de sus conocimientos y, por la otra, a las circunstancias que deben enfrentar en el entorno de la administración educativa. La iniciativa reconoce que en el sistema educativo nacional no se han desarrollado los medios suficientes para identificar a los niños y jóvenes con estas cualidades, ni se cuenta con los mecanismos y el personal entrenado para potenciar el desarrollo profesional de éstos.
Los niños y jóvenes con capacidades intelectuales y habilidades sobresalientes tienen la característica común de que, por sus inquietudes, curiosidad y hábitos hacia el conocimiento, se les aísle o, bien, se les considere “especiales”; frecuentemente son estigmatizados y se impide con ello su adecuada integración en sus entornos inmediatos, sobre todo, en el ámbito escolar. Pero al mismo tiempo, por el alto rendimiento de que son capaces y carecer de medios apropiados de acompañamiento, sus cualidades no son desarrolladas plenamente y su formación no se estimula conforme a su capacidad.
Es evidente que a los niños capaces de un alto rendimiento, les resultan insuficientes los programas de estudio concebidos y diseñados para la generalidad de los estudiantes que cursan sus estudios normales correspondientes a su edad. Esta circunstancia es indicativa de la necesidad de contar con programas de estudio adecuados a su capacidad y de vigilar su integración social y convivencia con los niños de su edad.
Cada día los países ponen mayor atención en los procesos educativos de las personas con aptitudes sobresalientes. La exposición de motivos que presenta a la iniciativa da cuenta de los casos de España, Chile y Brasil, así como de la aportación de organizaciones de la sociedad civil cuya vocación es la canalización adecuada y potencialización de las personas que tienen un alto rendimiento.
En este sentido, la iniciativa propone incorporar en la Ley General de la Educación un marco apropiado que permita identificar a través de exámenes especiales, a los niños y jóvenes con cualidades sobresalientes, y brindarles el reconocimiento de sus estudios con independencia de la edad que hayan alcanzado. Actualmente, bajo los esquemas institucionales vigentes, los niños con aptitudes sobresalientes pueden obtener becas gracias a sus características o, bien, participar como oyentes en grados superiores, pero si sus padres desean potencializar sus capacidades y obtener el reconocimiento de sus estudios, deben muchas veces salir al extranjero, circunstancia que sólo es posible si cuentan con los recursos necesarios o son financiados por alguna institución filantrópica.
Es importante destacar, que la iniciativa considera de la mayor relevancia que la educación especial amplíe su concepto, es decir, considerar a los niños y jóvenes con inteligencia superior al promedio de los demás y, también, a los que presenten aptitudes sobresalientes en el campo de las ciencias, las letras, las artes, las relaciones humanas y los deportes, es decir, a quienes se destacan en cualquier tipo de habilidad. La identificación de las personas con aptitudes sobresalientes, su adecuado encauzamiento para potenciar sus cualidades y aprovechamiento profesional, repercutirá no sólo en el número de científicos en nuestro país, sino también en el número de humanistas, letrados, aristas y, en general, en personas con la capacidad de aportar y enriquecer la ciencia y la cultura de nuestro país.
La propuesta considera la inclusión de un tercer párrafo al artículo 41 de la Ley General de Educación, mismo que hace referencia a la educación especial, comúnmente entendida como la dirigida a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, física, mental o sensorial. De la misma forma, propone la inclusión en los artículos 60 y 64 de la ley, la garantía de que los estudios que acrediten serán reconocidos por las instituciones públicas y aquellas con autorización o reconocimiento de estudios con validez oficial.
Al tomar en cuenta las motivaciones legislativas que inspiran la propuesta en estudio, en relación con el respeto a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, las dictaminadoras hacen las siguientes consideraciones.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- El 12 de agosto del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al primero y segundo párrafos del artículo 41 de la Ley General de Educación. El propósito de aquella reforma fue “mejorar y fortalecer el marco legislativo vigente de la educación, con el propósito de promover de manera eficiente el servicio dirigido a la población con necesidades educativas especiales”, a través de incorporar en los libros de texto contenidos relativos a la discapacidad para favorecer una cultura de apertura hacia el potencial de los discapacitados y, asimismo, hacer explícito el propósito de contar “con los recursos materiales y humanos que demandan la integración educativa de las personas con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, puntualizando la necesidad de integrar un Sistema Nacional de Formación, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Especial”.
SEGUNDA.- Tal reforma, cabe señalarlo, estuvo centrada en garantizar el acceso a la educación pública a las personas que padecía algún tipo de discapacidad, temporal o definitiva, haciendo énfasis en su real incorporación a las escuelas de educación básica regular y no únicamente a las esuelas de educación especial, con la finalidad de evitar el aislamiento o la segregación de alumnos con capacidad académica, sobre todo, cuando con independencia de sus impedimentos, su desarrollo pudiera potenciarse conviviendo con los alumnos regulares.
TERCERA.- No obstante que el artículo 41 de la Ley General de la Educación hace referencia a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes, la percepción generalizada de la población e, incluso, de muchas autoridades educativas, es que la educación especial se entiende como los esfuerzos públicos para la personas que tienen alguna discapacidad física, mental o sensorial, sin considerar que esta educación también se refiere a los niños y jóvenes que por sus habilidades intelectuales se encuentran por arriba del promedio general de los demás alumnos que integran el sistema educativo nacional.
CUARTA.- Sin duda la educación de los niños y jóvenes que padecen algún tipo de discapacidad, representa un asunto de interés público de primer orden y, por ello, los servicios educativos que brinda el Estado deben garantizar su integración a la vida social y productiva del país bajo el principio de la equidad. Sin embargo, la educación especial para los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes no ha sido enfocada como una prioridad educativa y, durante la pasada administración de gobierno, únicamente procuró el desarrolló un modelo educativo para la atención de niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes enfocado, sobre todo, a su identificación. Este proyecto derivó en un programa piloto, desarrollado entre agosto de 2004 a agosto de 2005, en 50 escuelas de diez entidades del país (tres de la zona norte, tres de la zona sur y cuatro de la zona centro); en cinco escuelas de distintas zonas (urbana, urbano-marginada, rural y/o indígena) de cada una de esas entidades y en el cual participaron alrededor de 700 profesores de educación primaria y de los servicios de apoyo de educación especial. Los resultados del programa fue la identificación de poco menos de 400 alumnos con cualidades sobresalientes, en sólo 8 de las diez entidades federativas participantes en el programa.
QUINTA.- La falta de desarrollo de propuestas y modelos educativos de educación especial para niños con capacidades sobresalientes, resta oportunidades a los niños y jóvenes que se destacan por sus cualidades; no permite identificar oportunamente si sus habilidades se desarrollan respecto del conocimiento en general o en materias específicas, si tienen pensamiento creativo o productivo o, bien, se destacan por sus habilidades para el liderazgo, las artes visuales o la destreza física. Cada caso diferente en sí mismo y con naturalezas de conducta distinta.
SEXTA.- De hecho, la falta de un adecuado encauzamiento de los alumnos con estas cualidades, confunde muchas veces a los maestros y autoridades escolares e, incluso, a los propios padres de familia, dado que estigmatizan a los niños y jóvenes como “especiales” y, a menudo, les imputan problemas de conducta, cuando lo que requieren es una educación especializada que permita acompañar el desarrollo de sus habilidades conforme a sus dotes intelectuales o a su destreza física.
SÉPTIMA.- La exposición de motivos que presenta a la iniciativa, señala como uno de los problemas entre los niños y jóvenes sobresalientes la dificultad de acreditar estudios regulares por adelantado. Este hecho no tiene fundamento en la ley, aunque es recurrente en algunas instituciones y limita el desarrollo continuo de los sobresalientes por privilegiar la visión administrativa en la educación. Una persona con este potencial obviamente puede desinteresarse en sus estudios si no avanza al nivel que le permiten sus cualidades y, como resultado, paulatinamente perderá el entusiasmo, aunque es claro que la madurez emocional es un elemento sustantivo que debe considerarse en la evaluación de los alumnos antes de promoverlos a niveles superiores, pero la autoridad educativa debe prever los medios de análisis necesarios para llevar a cabo tal promoción.
OCTAVA.- La iniciativa en estudio considera dos elementos esenciales: por una parte, la posibilidad de que, a temprana edad, la autoridad federal aplique exámenes a los alumnos con aptitudes sobresalientes para identificar si son de alto rendimiento y resulta conveniente darles un trato especializado; por la otra, la obligación de parte de las instituciones que conforman el sistema educativo nacional, conforme lo establece el artículo 10 de la propia ley, de otorgarles la certificación y acreditación de sus estudios, previa realización y aprobación de los exámenes de conocimientos que al efecto se aplique a los interesados.
NOVENA.- Precisamente, en junio de 2007, la titular de la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la realización de la IV Olimpiada de las Matemáticas, anunció que esa dependencia, de común acuerdo con la Academia Mexicana de las Ciencias, constituirá un fondo especial a partir del año de 2008 para detectar a las niñas y niños sobresalientes, instrumento que también permitirá dar asesoría a los padres de familia, maestros y escuelas para la canalización y atención adecuada de los alumnos para potenciar sus capacidades y elaborar materiales didácticos. Asimismo, la funcionaria señaló que se pretende reforzar el programa Pauta, creado por la Academia Mexicana de Ciencias para el acompañamiento de los jóvenes con capacidades sobresalientes y que cuenta con el financiamiento de esa dependencia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Universidad Nacional Autónoma de México.
DÉCIMA.- Como resultado de las políticas públicas emprendidas por la pasada administración de gobierno, se llevó a cabo un diagnóstico a nivel nacional acerca de la situación educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes, proyecto que se desarrolla de manera coordinada en 13 entidades federativas para intercambiar experiencias, conocer metodologías y llegar a acuerdos que permitan identificar las necesidades de los niños y jóvenes. Actualmente se trabaja en 60 escuelas de nivel primaria en Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán, con la finalidad de diseñar, implementar y evaluar una propuesta de intervención educativa dirigida a los educandos con aptitudes sobresalientes.
Las comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa en análisis representa una oportunidad para identificar y apoyar a los alumnos con aptitudes sobresalientes, por lo que expresan su acuerdo con respecto a su contenido, sin embargo, a efecto de precisar los términos de la misma, resulta conveniente realizar algunas modificaciones de contenido y forma al texto para darle mayor precisión y proponen eliminar algunos supuestos por considerar que ya se encuentran contenidos implícitamente en otros artículos del mismo instrumento.
DE LAS MODIFICACIONES A LA INICIATIVA
El texto original de la iniciativa es el siguiente:
Articulo 41.-...
...
En el caso de aquellos individuos con aptitudes sobresalientes sin importar su edad, la autoridad educativa federal deberá aplicar los exámenes que considere necesarios para acreditar si los alumnos cuentan con esas aptitudes. Asimismo, la Federación, las entidades federativas y los municipios, sus organismos descentralizados, las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán otorgar la certificación y acreditación de estudios a los individuos que así lo soliciten, previa realización y aprobación de los exámenes de conocimientos que al efecto se apliquen a los interesados.
Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también capacitación a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación.
Asimismo, deberá incluir la promoción de un diagnóstico precoz, las herramientas necesarias para potenciar el desarrollo pleno de los niños con talentos especiales y servicios y recursos especializados a aquellas personas que presentan necesidades educativas especiales.
Artículo 60.- ...
Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes, así como a los individuos con aptitudes sobresalientes conforme lo establecido en el artículo 41 de esta ley. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.
...
Artículo 64.- La Secretaría, por acuerdo de su titular, establecerá procedimientos por medio de los cuales las instituciones del sistema educativo nacional expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral, sin que la edad del solicitante sea un impedimento para ello.
...
Los subrayados en negrillas corresponden a las adiciones que la iniciante propone incorporar a la ley para que los estudiantes con aptitudes sobresalientes sean identificados y apoyados con toda oportunidad y cuenten, además, con la certificación de sus estudios independientemente de su edad.
A efecto de respetar la estructura normativa de la ley, se considera que las adiciones de la iniciativa deben centrarse en el artículo 41, siendo reiterativas las propuestas para los artículos 60 y 64, en virtud de que una vez incorporada la acreditación de estudios en el precepto señalado, las instituciones del sistema educativo nacional quedan obligadas a realizar el trámite de certificación de estudios correspondiente. Cabe señalar que el requisito de la edad no es un elemento definitivo, pues no existe ninguna norma que establezca una edad mínima para el ingreso a un nivel educativo inmediato superior, además existen distintas modalidades educativas en el sistema que facilitan la conclusión de estudios antes de lo previsto en los propios planes y programas.
Las comisiones dictaminadoras son de la idea de impulsar un modelo educativo que recoja las experiencias y modelos vigentes utilizados en la atención de los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes con base en la disponibilidad presupuestal asignada, por lo pronto, al Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, proyecto que desde el año de 2003 se ha enfocado a investigar e integrar un modelo de intervención educativa para esta población escolar. Asimismo, resulta conveniente sustituir en la propuesta la referencia a los distintos órdenes de gobierno e instituciones educativas que deberán acreditar los estudios de los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes, y referirla en términos del artículo 10 de la propia ley, en el cual se señalan, entre otros elementos, a las instituciones que conforman el sistema educativo nacional.
Finalmente, las comisiones dictaminadoras proponen eliminar la adición de un quinto párrafo al artículo 41, sin embargo, a fin de no perder la continuidad en el artículo en su cuarto párrafo vigente, una vez hecha la adición de un nuevo párrafo tercero, se considera necesario modificar la primera línea del último párrafo para referir el contenido a los dos previos al concepto de educación especial que incluye a las personas que padecen alguna discapacidad como a la población con aptitudes sobresalientes.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores, someten a la consideración y, en su caso, aprobación de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente Proyecto de Decreto en relación con Iniciativa con proyecto de decreto de reformas a la Ley General de Educación, presentada el 12 de abril de 2007 por la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para quedar como sigue:
ROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 41 de la Ley General de Educación; se reforma el actual tercero y, el mismo, se recorre al cuarto, para quedar como sigue:
Artículo 41.-…
…
Tratándose de alumnos con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa desarrollará, con base en sus facultades y disponibilidad presupuestal, las evaluaciones y modelos pedagógicos específicos que respondan a sus necesidades educativas. Asimismo, las instituciones que integran el sistema educativo nacional otorgarán la certificación y acreditación de estudios a los alumnos con aptitudes sobresalientes que así lo soliciten, sin importar la edad, siempre que aprueben los exámenes de conocimientos, aptitudes o habilidades que al efecto se apliquen a los interesados.
La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación.
Transitorios
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Comisión de Educación
Comisión de Estudios Legislativos
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a los servicios aéreos, firmado en la ciudad de Hong Kong el veinte de noviembre de dos mil seis.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia- Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China Relativo a los Servicios Aéreos.
HONORABLE ASAMBLEA
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes, les fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente el CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA RELATIVO A LOS SERVICIOS AÉREOS, firmado en la ciudad de Hong Kong el veinte de noviembre de dos mil seis, enviado a esta Soberanía por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación para los efectos del artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes, presentan su dictamen, de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
A. En Sesión Ordinaria de fecha 17 de enero de 2007, el Titular del Ejecutivo Federal remitió a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, relativo a los Servicios Aéreos, firmado en la ciudad de Hong Kong el 20 de noviembre de 2006, para efectos de su aprobación correspondiente.
Esa fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes, el citado Convenio para su estudio y dictamen.
B. En sesión del 14 de febrero la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico se reunió para analizar el contenido del Convenio. La Lic. Rocío Rosas Samperio, Directora de Tratados I de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Lic. Claudia Morales Velasco, Directora de Relaciones Económicas con Europa, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente de esa dependencia, realizaron la presentación del Convenio que sirvió de base para integrar el dictamen correspondiente.
El 15 de agosto la Comisión de Comunicaciones y Transportes se reunió para analizar y suscribir el dictamen el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio citado.
C. El 4 de septiembre quedó de primera lectura el dictamen de las comisiones dictaminadoras. En misma fecha la Mesa Directiva acordó solicitar al Consultor Jurídico Legislativo del Senado una opinión legal acerca de la celebración del Convenio.
D. El 20 de septiembre la Mesa Directiva registró el dictamen para su discusión, habiendo recibido el 14 de septiembre la opinión legal requerida. No obstante, a petición de algunos integrantes de la Asamblea y con la anuencia de las comisiones, el Pleno autorizó suspender la discusión del dictamen para devolverlo a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes, y ampliar la participación de la Comisión de Relaciones Exteriores, a fin de que emita opinión al respecto.
E. El 25 de septiembre las comisiones dictaminadoras se reunieron para considerar las dudas presentadas sobre el Convenio. Se contó con la presencia del Licenciado Jorge Moreno Collado, Consultor Jurídico Legislativo del Senado de la República; el Ministro Joel Antonio Hernández, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Licenciado Gilberto López Meyer, Director General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Lic. Alejandra Carmona Ortega, Subdirectora de Negociación de Tratados de la Dirección General Adjunta de la Dirección de Tratados Internacionales de la Secretaría de Hacienda, quienes presentaron sus opiniones sobre la celebración del Convenio citado.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
El Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, relativo a los Servicios Aéreos, consta de veinticuatro artículos y un cuadro de rutas, de conformidad con el siguiente listado:
1. DEFINICIONES
2. DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN DE CHICAGO APLICABLES A SERVICIOS AÉREOS INTERNACIONALES
3. OTORGAMIENTO DE DERECHOS
4. DESIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AEROLÍNEAS
5. REVOCACIÓN O SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA OPERAR
6. APLICACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
7. RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS Y LICENCIAS
8. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CONVENIDOS
9. TARIFAS
10. DERECHOS ADUANEROS
11. ELIMINACIÓN DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN
12. SEGURIDAD AÉREA
13. SEGURIDAD OPERACIONAL
14. PROVISIÓN DE ESTADÍSTICAS
15. CONVERSIÓN Y ENVÍO DE INGRESOS
16. REPRESENTACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS Y VENTAS
17. APROBACIÓN DE ITINERARIOS
18. CARGOS AL USUARIO
19. CONSULTAS
20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
21. ENMIENDA
22. TERMINACIÓN
23. REGISTRO EN LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
24. ENTRADA EN VIGOR
ANEXO: CUADRO DE RUTAS
El objetivo del Convenio es establecer un marco bilateral que regule las operaciones aéreas entre los dos territorios. Para tal efecto, se otorga a las Partes Contratantes los siguientes derechos en relación con sus servicios aéreos internacionales:
a) El derecho de sobrevolar sobre su área sin aterrizar.
b) El derecho de hacer escalas en su área para fines ajenos al tráfico.
Las aerolíneas designadas de cada Parte Contratante gozarán además del derecho de hacer escalas en el área de la otra Parte en puntos determinados para esa ruta, de conformidad con el cuadro de rutas establecido como anexo del Convenio; con el fin de llevar a bordo y desembarcar pasajeros y carga, incluyendo correo, por separado o en combinación, mientras operen un servicio convenido en una ruta especificada.
En relación con la designación y autorización de aerolíneas, se establece que cada Parte Contratante tendrá el derecho de designar por escrito ante la otra Parte una o más aerolíneas con el propósito de operar los servicios convenidos en las rutas especificadas y de retirar o cambiar tales designaciones. Al recibir dicha designación la otra Parte Contratante deberá otorgar, sin demora alguna, a la aerolínea o aerolíneas designadas, las autorizaciones correspondientes para operar.
Las leyes y reglamentos de una Parte relacionados con la entrada y salida de su área de las aeronaves dedicadas a la navegación aérea internacional, se aplicarán también a la aeronave de la aerolínea o aerolíneas designadas de la otra Parte y serán cumplidos por esa aeronave a su entrada, permanencia y salida del área de la primera Parte Contratante.
El Convenio establece también que las aerolíneas designadas deberán tener la misma y justa oportunidad de operar los servicios convenidos en las rutas especificadas. Al operar los servicios convenidos las aerolíneas designadas de cada Parte deberán tomar en cuenta los intereses de las aerolíneas designadas de la otra Parte, a fin de no afectar los servicios que esta última provea.
Las tarifas a cobrarse por las aerolíneas designadas serán aquellas aprobadas por las autoridades aeronáuticas correspondientes y serán establecidas a niveles razonables, debiendo considerarse el costo de operación de los servicios convenidos, los intereses de los usuarios, utilidades razonables, consideraciones de mercado y las tarifas de otras aerolíneas que operen la totalidad o parte de la misma ruta.
En el ámbito de los derechos aduaneros, el Convenio establece que cuando una aeronave de las aerolíneas designadas de una de las Partes Contratatantes, que opera los servicios aéreos internacionales, llegue al área de la otra Parte Contratante, su equipo regular, combustible, lubricantes, suministros técnicos, consumibles, refacciones que estén a bordo de dicha aeronave estarán exentos por la otra Parte Contratante, con base en la reciprocidad, de todos los derechos aduaneros, impuestos al consumo interno, cuotas de inspección y cargos que no se basen en el costo de servicios prestados a la llegada, siempre y cuando dicho equipo regular y demás artículos permanezcan a bordo de la aeronave.
Debido a que México no cuenta con un acuerdo específico para evitar la doble imposición de impuestos sobre la renta con el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, en el Convenio se incluyó un artículo en el que se establece que las ganancias, utilidades o ingresos obtenidos en la otra Parte derivados de las actividades de las aerolíneas mexicanas y hongkonesas designadas, únicamente podrán ser gravadas en el país de origen de la aerolínea. Para la aplicación de este artículo se señala específicamente una fecha de entrada en vigor, que coincide con el calendario fiscal vigente en cada una de las Partes.
Por lo que respecta a la seguridad aérea y operacional, el Convenio incorpora la obligación de cumplir con las disposiciones aplicables en la materia que han sido establecidas en diversos convenios, logrando con ello un marco adecuado a las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional. Cada Parte Contratante recibirá, a solicitud, toda la asistencia necesaria de la otra Parte para prevenir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos en contra de la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones para la navegación aérea.
Los itinerarios de las aerolíneas designadas de cada Parte Contratante, serán sometidos a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de la otra Parte.
El instrumento contiene finalmente, las disposiciones referentes a la solución de controversias con objeto de resolver las desavenencias surgidas en relación con la interpretación o aplicación del presente Convenio, mediante la negociación de las Partes o el arbitraje.
Con base en la anterior descripción del Convenio, estas Comisiones presentan su dictamen, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
Primera. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes señalan que el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, relativo a los Servicios Aéreos es un tratado internacional, en términos del primer párrafo del artículo 2 de la Ley sobre Celebración de Tratados.
Segunda. Las comisiones dictaminadoras, después de haber revisado los elementos de juicio aportados por los servidores públicos arriba citados, confirman que el Estado mexicano tiene la capacidad jurídica para celebrar tratados con otros sujetos de derecho internacional, incluyendo los de carácter atípico, como lo es la Región de Administración Especial de Hong Kong.
Señalan también que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es un instrumento de carácter marco que le da base a los Estados para celebrar tratados internacionales, que se aplica de manera supletoria a la voluntad de los mismos.
Tercera. Afirman, con base en la doctrina; la legislación; los tratados; y la práctica internacional reiterada, que Hong Kong es un sujeto de derecho internacional con capacidad jurídica para celebrar tratados. Al respecto, estas comisiones estiman oportuno transcribir la opinión legal del Consultor Jurídico Legislativo del Senado, quien articula en los siguientes ocho puntos los argumentos que sustentan lo anterior:
I. El Derecho Internacional Público es la rama del Derecho que regula el comportamiento de los Estados, y de otros sujetos internacionales, en sus competencias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes; y que tiene el objeto de procurar la paz y la cooperación en el concierto de las naciones, mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. Este ordenamiento jurídico está basado en el hecho de que en los lazos que se entablan entre las naciones, éstas adquieren derechos y obligaciones, exigibles a través de los medios que el propio Derecho Internacional Público prevé.
II. Los sujetos de este orden jurídico son, en palabras del tratadista Arellano García, "todo ente físico o jurídico que tenga derechos u obligaciones derivados de una norma jurídica internacional”.[3] Es decir, son quienes gozan de derechos y se encuentran vinculados por las obligaciones impuestas en virtud de aquél. Los sujetos en el Derecho Internacional Público son, en principio, las naciones. Los estados pueden obligarse y adquirir derechos para los más disímbolos propósitos; sin embargo, la intensificación en las relaciones internacionales, los fenómenos de colonización y bélicos que ha sufrido la humanidad, así como la necesidad de eficacia en el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre ellas, han dado lugar a la necesidad de reconocer como sujetos de Derecho Internacional no sólo a los estados soberanos, sino a otros diversos entes. Al respecto nos ilustra el tratadista Manuel Becerra Ramírez:
A principios del siglo pasado [XIX], cuando aparecen las primeras, manifestaciones de organizaciones internacionales (la primera organización internacional de que se tiene conocimiento es la Adíministration Générale de l'Octroi de Navigation de Rhin de acuerdo con el tratado de fecha 15 de agosto de 1804) es el punto de partida para terminar con el monopolio del Estado como sujeto de derecho internacional. Actualmente la gama de sujetos de derecho internacional es amplia y está en aumento: los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones parecidas a las estatales (La Iglesia Católica, la Soberana Orden Militar de Malta), los pueblos que luchas por su liberación, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Individuo y además se perfilan nuevos sujetos de los cuales todavía la doctrina no llega a un consenso.[4]
De esta manera, se considera que los sujetos aludidos son los siguientes:
a) Los Estados, incluyendo a los que tienen limitada su soberanía de alguna forma.
b) Los organismos internacionales.
c) El individuo.
d) Las personas morales, individual o colectivamente.
e) Las entidades sociológicas como la Nación y las minorías nacionales.
f) Las entidades con un régimen especializado como el Vaticano, la
Soberana Orden de Malta o la Cruz Roja Internacional.
g) Los Estados con peculiaridades especiales, como los Estados disminuidos.
h) Las representaciones gubernamentales en el exilio.[5]
III. Una de las formas más representativas en que dichos sujetos adquieren derechos y obligaciones frente a los otros, es la celebración de tratados internacionales, lo cual es una de sus prerrogativas. Éstos son definidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,[6] como el "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (artículo 2, párrafo 1, inciso a). Asimismo, se debe atender a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales,[7] la cual establece en su articulo 2, párrafo 1, que:
1. Para los efectos de la presente Convención:
a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito:
i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o
ii) entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.[8]
Asimismo, la Ley Sobre la Celebración de Tratados mexicana otorga una definición del término:
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.- "Tratado": el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.
De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.
IV. En tanto que México es un Estado soberano es un sujeto de derecho internacional público, tiene facultades para celebrar todo tipo de acuerdos con otros sujetos de derecho internacional. Está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la dirección de las relaciones internacionales, es facultad exclusiva de la Federación, a través del Presidente de la República, quien puede celebrar convenios internacionales con autorización del Senado de la República. Las facultades del Ejecutivo están previstas por el siguiente precepto:
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. a IX. (…)
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
XI. a XX. (…)
Las facultades del Senado se encuentran consignadas en el artículo siguiente:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. (...)
Además, aprobar los tratados internacionales v convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
II. a XII. (…)
El Senado, por su parte, a los tratados internacionales, les da el mismo trámite que el de iniciativas de ley o decreto, las cuales se turnan a la Comisión correspondiente, como lo establece el artículo 4° de la Ley Sobre la Celebración de Tratados:
Artículo 4°.- Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Lev Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente de la República.
(…)
V. Un análisis del instrumento que se turnó a esta Consultoría Jurídica revela que, en primer lugar, estamos ante un tratado internacional, en términos del primer párrafo del artículo 2° de la mencionada Ley Sobre la Celebración de Tratados y que, por lo tanto, debe ser aprobado por el Senado.
Se trata de un convenio que tiene como objeto establecer un marco regulatorio que permita a las partes signantes, facilitar y eficientar la prestación de servicios aéreos entre los mismos. Por medio de este convenio, se crean derechos y obligaciones en materia aeronáutica y se abordan diversos temas relacionados como la regulación del permiso para sobrevolar el territorio de ambas partes o hacer escalas para fines ajenos al tráfico; el establecimiento de diferentes derechos para las aerolíneas, la determinación de las tarifas correspondientes; la regulación de los derechos aduaneros y de beneficios fiscales, etcétera. Es decir, se puede enmarcar en varios rubros: económico, comercial, comunicaciones, fiscal y turismo.
VI. Es importante la definición de la naturaleza jurídica de Hong Kong, para decidir si es o no sujeto de derecho internacional público y si, por ende, puede obligarse por medio de los instrumentos de Derecho Internacional Público. Hong Kong fue colonia británica desde 1842 hasta 1997, tras la derrota china en la Primera Guerra del Opio. En 1982, el gobierno británico propuso transferir la soberanía de su colonia al gobierno chino, pero con la condición de mantener el derecho de administración sobre el territorio de Hong Kong. Y no fue hasta 1984, que los dos gobiernos llegaron a un acuerdo, en el que se estableció que Hong Kong volvería a ser parte de China desde el 30 de junio de 1997 a la media noche.
En ese momento se acordó redactar de manera conjunta una Ley Básica (que tiene la naturaleza de una Constitución), la cual entraría en vigor en ese mismo mes. Esta Ley se encuentra basada en el principio de "un país, dos sistemas", lo que significa que, en la República Popular de China se practica el sistema socialista, mientras que Hong Kong mantendrá el sistema capitalista y el modo de vida anterior, durante 50 años; es decir, hasta el año 2047. Asimismo, dentro de ésta se reconoce a Hong Kong como una Región Administrativa Especial de China, con un alto grado de autonomía en todas las materias (con excepción de defensa, política y relaciones exteriores), gobernada por sus propios habitantes, quienes gozan de amplias libertades y derechos.
VII. En este sentido, debe mencionarse que, de conformidad con el artículo 151 de la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, esta Región puede celebrar convenios internacionales en materia económica, comercial, financiera y monetaria, de embarcaciones marítimas, comunicaciones, turismo, cultura y deportes[9]; es decir, se puede concluir que Hong Kong es un sujeto de Derecho Internacional Público y que, por lo tanto, México sí puede celebrar tratados internacionales con la misma.
VIII. Sin embargo, es imprescindible hacer la precisión de que el artículo 153 de la misma Ley Básica, en su segundo párrafo[10], establece que para la celebración de este tipo de tratados internacionales, se requiere necesariamente la autorización del Gobierno de la República Popular de China.[11]
Cuarta. Estas Comisiones juzgan pertinente incorporar al presente dictamen las consideraciones que sobre el particular ha planteado el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Al respecto, se transcribe a continuación el texto presentado por el Sen. Jesús Garibay García del mismo Grupo Parlamentario en la reunión del pasado 25 de septiembre:
En el presente trabajo hablaremos de dos cuestiones, respecto de la celebración de instrumentos internacionales con la administración especial de Hong Kong, de la República Popular de China
En primer lugar se trata de las personas de derecho internacional, con las cuáles nuestro país puede celebrar tratados; en segundo término, se trata de la Ley Federal que regula esta facultad exclusiva de la Cámara de Senadores.
Diversos tratadistas, señalan que en materia de responsabilidad internacional, El Estado Nación, es considerado como una unidad, al ser reconocido como una sola persona jurídica por el derecho internacional, ahora bien, en nuestro país la Ley sobre Celebración de Tratados, en su artículo primero, señala que los tratados sólo podrán ser celebrados entre el Gobierno de México y uno o varios sujetos de derecho internacional público, sin establecer de forma clara, quienes son los sujetos de derecho internacional público, sin embargo de la interpretación misma de la ley, encontramos que sólo define a las organizaciones internacionales, y reconoce también a los Estados Nación como unidad, por lo que a pesar de que la Ley Básica de la Región de Administración de Hong Kong, la faculte para celebrar tratados internacionales en temas específicos, no significa que México pueda libremente celebrar tratados con ella, ya que no se encuentra comprendida como persona de derecho internacional, conforme a la ley aplicables. No se trata de negarle personalidad a la Región contratante sino señalar que se está contraviniendo nuestra propia legislación al celebrar tratados con un sujeto no reconocido, pasando por alto al Estado – Nación al que pertenece, y con el cual representa una unidad. La argumentación anterior tiene también, un sustento en que la misma Ley sobre la Celebración de Tratados, se presenta una figura jurídica, que no prevé la Constitución, más sin embargo se encuentra regulada, y que permite el acuerdo de instrumentos internacionales, entre sujetos de derecho internacional diferentes a los que pueden signar tratados internacionales.
En segundo lugar, la reforma a la ley sobre la celebración de tratados es un tema que ya no se puede posponer ya que como en este tema sobre los sujetos de derecho internacional, hay una serie de lagunas para regular este y otros temas.
La opinión emitida por la Consultoría Jurídica Legislativa, señala que son sujetos del derecho internacional:
1. Los Estados, incluyendo a los que tiene limitada su soberanía de alguna forma;
2. Los organismos internacionales;
3. El individuo;
4. Las personas morales, individual o colectivamente;
5. Las entidades sociológicas como la Nación y las minorías nacionales;
6. Las entidades con un régimen especializado como el vaticano, la Soberana Orden de Malta o la Cruz Roja internacional;
7. Los Estados con peculiaridades especiales, como lo son los disminuidos;
8. Las representaciones gubernamentales en el exilio.
Sin embargo, no precisa a que categoría pertenece la región de administración de Hong Kong, y por lo tanto al no definirlo consideramos que, la opinión encuentra correctos fundamentos para sus demás observaciones, pero no así en el tema de los sujetos legitimados, ya que este ente jurídico perteneciente a la República Popular de China, no puede, ni debe ser considerado un Estado, en ninguna de sus variantes presentadas por el Consultor Jurídico.
Entendemos que, se trata de un instrumento internacional que traerá beneficios para el país, y también nos hacemos cargo de que será aprobado por la comisión correspondiente, y posteriormente por el Pleno de esta honorable Cámara, sin embargo, consideramos pertinente hacer las observaciones correspondientes para que en su momento oportuno darles seguimiento, y afinar la reglamentación en la materia para evitar estas confusiones, o vacíos legales.
Quinta. Los integrantes de estas Comisiones confirman la autorización expresa del Gobierno de la República China al Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de suscribir un Tratado con México relativo a los servicios aéreos, semejante a los cuarenta y ocho tratados bilaterales establecidos por esa economía con los principales Estados con flota aérea: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Israel, Nueva Zelandia, Países Bajos y Suecia.
Sexta. Estas comisiones resaltan la existencia de treinta y siete Convenios bilaterales suscritos por nuestro país en esta materia, entre los que se incluye el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, el cual fue aprobado por el Senado de la República el 24 de febrero de 2005 y entró en vigor el 30 de julio del mismo año.
Séptima. Destacan que México ya está vinculado con Hong Kong por virtud de un tratado. Hong Kong participa como entidad sujeta a tratados multilaterales de los que México es Parte, aún y cuando China no es Parte de ellos, tales como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres; la Convención Internacional para la Represión del Tráfico de Mujeres y Niños; la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas; y la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima y el Registro de los Matrimonios.
Hong Kong participa también como miembro asociado en organismos internacionales de los que México es Parte, tales como la Organización Mundial de la Salud; la Organización Marítima Internacional; la Unión Postal Universal; la Organización de Aviación Civil Internacional; la Organización Internacional del Trabajo; la Organización Meteorológica Mundial; y la Organización Mundial de Turismo, estableciendo relaciones políticas y jurídicas en el marco de éstos organismos.
Octava. Estas comisiones advierten la imposibilidad de establecer un acuerdo interinstitucional en la materia, en virtud de que su contenido no lo permite al comprender la utilización del espacio aéreo, mismo que se encuentra bajo soberanía nacional, al ser parte de nuestro territorio de conformidad con el artículo 42 constitucional, fracción VI, además de que incluye disposiciones de carácter fiscal y aduanero que solamente pueden ser llevadas a la práctica si están debidamente fundamentadas y motivadas en un instrumento con rango de ley suprema, como lo es un tratado internacional, sujeto a la aprobación del Senado de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional.
Novena. Señalan la conveniencia de que México promueva e incremente el transporte de carga y de pasajeros con los países de Asia-Pacífico, a fin de generar beneficios derivados del comercio, la inversión y los flujos turísticos provenientes de dicha región, misma que se ha convertido en el polo de mayor crecimiento y dinamismo del mundo.
Décima. Subrayan la importancia estratégica de Hong Kong al ser la economía más libre del mundo, la primera orientada a los servicios, el segundo mercado bursátil más grande de Asia, el cuarto centro bancario internacional, el tercer mercado cambiario en Asia, el primer puerto en manejo de contenedores, el segundo en manejo de carga aérea, el tercer aeropuerto en manejo de pasajeros, el cuarto inversionista en el mundo y puerta de entrada a China y a la gran mayoría de los mercados de la región.
Undécima. Estas Comisiones recogen la precisión que se hace en el Memorandum de Antecedentes anexo al Convenio al señalar que éste contiene las disposiciones adecuadas a la demanda de los servicios aéreos entre ambos territorios, toda vez que se puede designar a una o más líneas aéreas por país, de acuerdo a las necesidades del mercado, sin restricciones en el número de frecuencias y de la capacidad del equipo, lo que hace viable la planeación de los servicios en el mediano y largo plazos.
El Convenio asegura una competencia justa y equitativa, al contar con un procedimiento de doble aprobación de las tarifas a ser cobradas por las aerolíneas designadas para la prestación de sus servicios. Además, cubre la demanda de los servicios aéreos de manera adecuada, equitativa y gradual, en beneficio de sectores clave de nuestra economía, tales como el turismo y el comercio.
Decimosegunda. La inclusión de una cláusula que establece que las aerolíneas de cada Parte, estarán gravadas, en México o en Hong Kong, dependiendo de su residencia para efectos fiscales responde a la necesidad, de dar certeza a los inversionistas, contribuyentes de ambas Partes, así como de salvaguardar la potestad tributaria del Estado mexicano.
Decimotercera. Estas Comisiones dan cuenta del interés de la aerolínea hongkonesa Cathay Pacific Airways, para empezar a operar en México, de la misma manera que advierten la existencia del proyecto de Mexicana de Aviación de operar hacia esa región en transporte de pasajeros. Asimismo, las aerolíneas cargueras mexicanas Mas-Air y AeroUnion, han manifestado su interés de aprovechar las ventajas de éste Convenio.
Decimocuarta. Las Comisiones dictaminadoras destacan la opinión favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores a la aprobación del presente Convenio, emitida a través de una comunicación suscrita por la Presidencia de dicha Comisión.
Decimoquinta. Estas Comisiones señalan que las disposiciones contenidas en el Convenio se apegan tanto a la legislación vigente en materia migratoria y aduanera en nuestro país, como a la política aeronáutica nacional y a la práctica del Gobierno mexicano en materia de convenios sobre transporte aéreo.
CONCLUSIONES
Con el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, el Gobierno mexicano contará con un instrumento bilateral adicional que traerá importantes beneficios para nuestro país, al establecerse las condiciones para que las líneas aéreas de ambos países cuenten con un mayor grado de certidumbre para planear sus operaciones entre los dos territorios.
Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de que el Convenio, no lesiona la soberanía nacional, ni contradice nuestra legislación, toda vez que no hay oposición a disposiciones constitucionales y es congruente con el derecho internacional, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comunicaciones y Transportes someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación, el siguiente:
DECRETO
ÚNICO.- Se aprueba el CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA RELATIVO A LOS SERVICIOS AÉREOS, firmado en la ciudad de Hong Kong el veinte de noviembre de dos mil seis.
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores el día 16 de octubre de 2007.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA-PACÍFICO
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
[pic]
De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que declara al año 2008 como “Año de la Educación Física y el Deporte”.
Comisiones Unidas de Gobernación y
de Estudios Legislativos, Primera.
HONORABLE ASAMBLEA
A las Comisiones Unidas Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de esta LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el año 2008 como “Año de la Educación Física y Deporte” presentada por los Senadores José Isabel Trejo Reyes, Javier Orozco Gómez, Martha Leticia Rivera Cisneros y José Luis Máximo García Zalvidea; integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte.
Esta comisión con fundamento en los artículos 86, 89 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
I. En sesión celebrada el 19 de abril de 2007, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto el que el Congreso de la Unión declara el año 2008 como “Año de la Educación Física y Deporte”
II. El 21 de noviembre de 1978, la Conferencia General de la Organización de la Nacional Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; proclamó la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte.
III. Entre el 12 y el 27 de octubre de 1968, se celebró en la Ciudad de México la XIX edición de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna.
IV. El 1º de enero de 1923 inició actividades la Dirección General de Educación Física.
V. El 11 de marzo de 1908 inició actividades la Escuela Magistral de Esgrima.
Con base en los antecedentes mencionados señalamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Primera. Conforme a la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa en estudio es que el Congreso de la Unión declare al año 2008 “Año de la Educación Física y el Deporte”, como un reconocimiento a los valores y los beneficios de la educación física como materia educativa y en conmemoración a la celebración de la realización de los XIX Juegos Olímpicos de la era moderna.
Segunda. Los Senadores promoventes argumentan que la realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas beneficiando el desarrollo de la persona en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Tercera. Cuanta más atención se ponga en los centros educativos a la regularidad y variedad en la práctica de la educación física, tanto mayor y más duraderos serán sus efectos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Una buena formación de hábitos en la actividad física le será de gran utilidad al educando, conforme entre en edades más maduras.
Cuarta. La educación física es una disciplina que mediante la actividad física busca el desarrollo integral de la persona, utiliza como medios para lograr sus fines al deporte, la recreación, el juego, las actividades rítmicas, se aplica en todos los campos del desarrollo humano desde el nacimiento hasta la senectud.
Quinta. Los beneficios de la actividad física y el deporte son señalados a diario en todos los medios de información, se señala que el ejercicio físico continuado, acompañado de una dieta equilibrada, contribuye a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en la vida adulta.
Sexta. La educación física se concibe en la actualidad como una disciplina pedagógica formativa que va más allá de la educación formal. Constituye un proceso educativo permanente que promueve la salud corporal, la habilidad física, la versatilidad y la adaptabilidad mediante prácticas imaginativas y creativas que estimulan la autodisciplina, la coordinación psicomotriz y el trabajo en equipo. La educación física requiere de una acción metódica, progresiva y continua que ayude al ser humano a desarrollar y a mantener sus facultades físicas, intelectuales y morales, desde la primera infancia hasta la tercera edad.
Séptima. El deporte es factor de identificación local y nacional, así como de integración familiar, social y comunitaria, por otra parte, es de gran importancia para la formación de valores desde la niñez, puesto que contribuye a desarrollar hábitos como la constancia, la disciplina, la tenacidad, la fijación de objetivos y metas, y permite establecer claramente la relación entre el esfuerzo y los resultados.
Octava. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) en su 20ª. reunión dentro de su preámbulo manifiestan estar convencidos de que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte; afirma que la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos y teniendo en cuenta la diversidad de los modelos y modos de formación y de educación que existen en el mundo, pero comprobando que, a pesar de las diferencias de las estructuras deportivas nacionales, es patente que la educación física y el deporte, además de la importancia que revisten para el cuerpo y la salud, contribuyen al desarrollo completo y armonioso del ser humano.
Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:
CONCLUSIONES
1.- Las Comisiones que dictaminan, integradas de manera plural con miembros de las diferentes fracciones parlamentarias representativas de esta LX Legislatura, han considerado favorablemente el objetivo fundamental de la Iniciativa en estudio.
2.- Es del conocimiento de los integrantes de estas Comisiones que dictaminan que el Consejo Americano del Deporte, busca establecer el año 2008 como año del deporte para todos; asimismo Yucatán y Quintana Roo para el mismo año serán sede de los segundos juegos escolares Centroamericanos y del Caribe; de igual manera la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para el mismo año realizará un seminario sobre el deporte masivo; eventos que sin duda alguna estarán sumándose a tan importante declaratoria.
3.- Resulta importante resaltar que este Senado de la República a través de su Mesa Directiva y de la Comisión de Juventud y Deporte ha recibido mediante oficio, diversas muestras de apoyo por parte de instituciones relacionadas con la materia, como el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la Federación Mexicana de Fútbol, así como diversas secciones del sindicato y regiones estatales de trabajadores de la educación, entre otras, quienes se manifiestan favorablemente por dicha declaración.
4.- A efecto de precisar lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes o decretos y a las características particulares de ambos, creemos conveniente resaltar que dado que un Decreto contiene disposiciones de carácter particular y su vigencia está limitada en espacio, tiempo, lugar y personas; consideramos la inconveniencia de que éste contenga exhortaciones por lo que hemos acordado modificar el sentido de los artículos tercero y cuarto de la propuesta en estudio a fin de que dichas resoluciones mas que hacer un exhorto, especifiquen mediante artículos transitorios situaciones concretas referidas a una institución determinada con motivo de la declaración del año de la educación física y el deporte.
5.- Que por los razonamientos expuestos, resulta apropiado aprobar la iniciativa en los términos en que se ha acordado modificar con la finalidad de conmemorar merecidamente para el año 2008:
I. El 165 Aniversario de la materia de Educación Física en la instrucción pública nacional;
II. El Centenario de la creación de las Escuelas Formadoras de Docentes en Educación Física en México;
III. El 85 Aniversario de la creación de la Dirección General de Educación Física;
IV. El 40 Aniversario de la celebración de los Juegos Olímpicos en nuestra nación.
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera; como resultado del estudio y análisis de la iniciativa turnada sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA AL AÑO 2008 COMO “AÑO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE”.
ARTÍCULO PRIMERO. El Honorable Congreso de la Unión declara al año 2008 como “Año de la Educación Física y el Deporte”.
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda “2008, Año de la Educación Física y el Deporte”.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2008 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.
SEGUNDO. La Secretaría de Educación Pública, con motivo del Año de la Educación Física y el Deporte, promoverá y difundirá en los sistemas de educación, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, las bondades y beneficios de la educación física y el deporte mediante la realización de diversas actividades afines.
TERCERO. La Secretaría de Educación Pública, con motivo del Año de la Educación Física y el Deporte, realizará un análisis sobre la necesidad de actualizar los programas de educación física en la educación básica así como en los planes y programas de las Escuelas Formadoras de Docentes en Educación Física.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL 2007.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA
Cuatro, de la Comisión de Gobernación, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan El Consejo de Estado de la República de Cuba, la Comandancia General de la Marina del Gobierno del Perú y los Gobiernos de las Repúblicas de Honduras y de Chile.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, las solicitudes enviadas por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que se conceda permiso al ciudadano Capitán de Navío C.G. DEM Rosendo Jesús Escalante llizaliturri, para que pueda aceptar y usar la Medalla “Fraternidad Combativa”, que le otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba, en virtud de que se sometieron a la aprobación del H. Congreso de la Unión.
Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:
DICTAMEN
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A. La Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se dirigió al Senado de la República, solicitando se tramite el permiso correspondiente.
B. El 25 de Octubre de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.
CONSIDERACIONES
I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con las copias certificadas de su acta de nacimiento que se anexó a la solicitud;
II. Como no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de las condecoraciones a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implican sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni comprometen el interés público o ponen en riesgo la seguridad de la Nación;
III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos legales para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío C.G. DEM Rosendo Jesús Escalante llizaliturri, para que pueda aceptar y usar la Medalla “Fraternidad Combativa”, que le otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2007.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, las solicitudes enviadas por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que se conceda permiso al ciudadano Guardiamarina C.G. César Adrián Arriaga Machuca, para que pueda aceptar y usar la Medalla Naval de Honor al Mérito, que le otorga la Comandancia General de la Marina del Gobierno del Perú, en virtud de que se sometieron a la aprobación del H. Congreso de la Unión.
Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:
DICTAMEN
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A. La Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se dirigió al Senado de la República, solicitando se tramite el permiso correspondiente.
B. El 25 de Octubre de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.
CONSIDERACIONES
I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con las copias certificadas de su acta de nacimiento que se anexó a la solicitud;
II. Como no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de las condecoraciones a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implican sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni comprometen el interés público o ponen en riesgo la seguridad de la Nación;
III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos legales para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al ciudadano Guardiamarina C.G. César Adrián Arriaga Machuca, para que pueda aceptar y usar la Medalla Naval de Honor al Mérito, que le otorga la Comandancia General de la Marina del Gobierno del Perú.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2007.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que se conceda permiso al C. José Ignacio Gutiérrez Pita, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden José Cecilio del Valle”, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras, en virtud de que se sometieron a la aprobación del H. Congreso de la Unión.
Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:
DICTAMEN
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A. La Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se dirigió al Senado de la República, solicitando se tramite el permiso correspondiente.
B. El 29 de Octubre de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.
CONSIDERACIONES
I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con las copias certificadas de su acta de nacimiento que se anexó a la solicitud;
II. Como no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de las condecoraciones a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implican sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni comprometen el interés público o ponen en riesgo la seguridad de la Nación;
III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos legales para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al C. José Ignacio Gutiérrez Pita, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden José Cecilio del Valle”, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el Gobierno de la República de Honduras.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2007.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, las solicitudes enviadas por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que se conceda permiso al C. Ricardo Villanueva Hallal, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden al Mérito de Chile”, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile, en virtud de que se sometieron a la aprobación del H. Congreso de la Unión.
Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:
DICTAMEN
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A. La Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se dirigió al Senado de la República, solicitando se tramite el permiso correspondiente.
B. El 29 de Octubre de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.
CONSIDERACIONES
I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con las copias certificadas de su acta de nacimiento que se anexó a la solicitud;
II. Como no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de las condecoraciones a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implican sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni comprometen el interés público o ponen en riesgo la seguridad de la Nación;
III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos legales para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al C. Ricardo Villanueva Hallal, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden al Mérito de Chile”, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2007.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre. (Dictamen en sentido negativo)
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, de la LX Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre.
Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de la citada Minuta, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 7 de marzo de 2005, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura, presentó ante el Pleno de la Honorable Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre;
SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la citada Iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;
TERCERO.- El 27 de abril de 2006, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó por trescientos cincuenta y seis votos la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
CUARTO.- En sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2006 por el Pleno del Senado de la República, la Mesa Directiva de esta Soberanía recibió la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
La minuta objeto del presente dictamen tiene por objeto incorporar al artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) una prohibición expresa para el otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento de ejemplares de vida silvestre cuyo destino final sea la domesticación o la reproducción para venta en cautiverio.
En este sentido, el espíritu de la minuta que nos ocupa radica en prohibir el aprovechamiento extractivo de vida silvestre cuando su objetivo final sea la domesticación o su reproducción para venta en cautiverio, a fin de eliminar el saqueo de especies silvestres que son de interés para algunas personas que cuentan con los recursos para promover su captura y más adelante su venta.
Al respecto, cabe mencionar que el aprovechamiento extractivo es definido por la fracción I del artículo 3º de la Ley de referencia como “La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, mediante colecta, captura o caza”. Asimismo, los artículos 82 al 91, correspondientes al Capítulo I “Aprovechamiento Extractivo” del Título VII “Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre” del mismo ordenamiento legal, desarrollan las condiciones de sustentabilidad bajo las cuales se puede realizar aprovechamiento extractivo de la vida silvestre.
De acuerdo con lo anterior, es evidente que el aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre es permitido por la propia LGVS, siendo uno de los instrumentos de los que se vale para cumplir con los objetivos de sustentabilidad previstos en la misma, a través de la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual se otorga con base en criterios estrictamente delimitados, a fin de que dicho aprovechamiento no afecte a las poblaciones de especies y al hábitat de la vida silvestre, sino que contribuya al propósito básico de su conservación.
De esta forma, la prohibición para el otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento de ejemplares de vida silvestre cuyo destino final sea la domesticación o la reproducción para venta en cautiverio, propuesta en la Minuta objeto del presente dictamen, resulta contraria a la naturaleza propia de la LGVS, cuyo fin primordial versa en permitir el aprovechamiento de la vida silvestre siempre y cuando éste se realice en forma sustentable, situación que otorga la posibilidad al particular para llevar a cabo la explotación de dichos recursos, con las limitantes y condiciones establecidas en tal dispositivo normativo.
Lo anterior se encuentra plenamente reconocido en el artículo 1º de la multicitada Ley, al establecer que “Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción”.
En este sentido, resulta conveniente mencionar las opiniones remitidas por diversas dependencias de la Administración Pública Federal, de las cuales destaca la de la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, en la cual se afirma que la adición del párrafo que se propone al artículo 88 de la LGVS resulta inaceptable, “toda vez que aquellas especies que se extraen mediante aprovechamiento extractivo tiene como objetivo principal lograr su reproducción y una vez que se alcanza el objetivo de reproducción de una especie y se cumple con las disposiciones establecidas en el capitulo I del Titulo VII de Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre de la LGVS la autoridad autoriza el aprovechamiento, mismo que en su mayoría es con fines comerciales, por lo que al prosperar esta iniciativa se estaría actuando en contradicción con los objetivos de la LGVS además de que ocasionaría el regresar al aprovechamiento ilegal de la vida silvestre ya que con este tipo de iniciativas se están poniendo restricciones que no son viables para aquel sector de la sociedad que viven de esta actividad, además de que esta autoridad se encontraría con dificultades en su aplicación por los argumentos antes señalados” .
En el mismo sentido, la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente opinó que “con proyectos legislativos como el que se analiza, se desvirtúa la esencia tanto de la figura jurídica del aprovechamiento extractivo como el espíritu que impera en la Ley aplicable al caso concreto, toda vez que permite que estos aprovechamientos se realicen con fines de reproducción, restauración, recuperación, repoblación, reintroducción y económicos entre otros”.
Asimismo, dicha área administrativa afirma que en la iniciativa que se analiza, “el legislador utiliza el concepto “domesticación”, término que no es utilizado por la legislación ambiental y consecuentemente produce incertidumbre para el gobernado al encontrar indefinición dentro del dispositivo normativo al que se pretende incorporar”.
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, la aprobación del siguiente:
DICTAMEN
ÚNICO.- En virtud de que su contenido resulta contrario a los objetivos de sustentabilidad de la propia Ley, de conformidad con lo expuesto en el presente dictamen, se desecha la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre, devolviéndose a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos dispuestos en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores el día 16 de octubre de 2007.
COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA
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De la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo:
En torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Dictamen con Punto de Acuerdo para transparentar y fiscalizar los recursos públicos destinados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
HONORABLE ASAMBLEA
Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con motivo de la discusión y análisis del acuerdo para transparentar y fiscalizar los recursos públicos destinados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con base en la propuesta del Senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática.
ANTECEDENTES
Primero.- En sesión ordinaria del 5 de octubre de 2006 del Senado de la República, el Senador Ricardo Monreal Ávila presentó ante el Pleno proposición con Punto de Acuerdo para transparentar y fiscalizar los recursos públicos destinados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, proposición fundada en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo.- Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen.
Tercero.- Con fecha 1 de noviembre la Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
El Senador Ricardo Monreal Ávila Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señala en la exposición de la proposición con Punto de Acuerdo que, no obstante las coincidencias en el tema de la educación entre los grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores en aspectos como la necesidad de mejorar la calidad educativa e incrementar la inversión, así como cumplir con los principios constitucionales en cuanto al sentido laico, humanista, democrático, científico, nacional y de fomento a la convivencia social, los grupos parlamentarios no han logrado alcanzar consensos significativos que permitan avanzar hacia una reforma significativa del sector.
El proponente sostiene que esta prioridad no ha sido atendida por la urgencia de asuntos coyunturales que se imponen al trabajo legislativo, así como por la alianza entre el gobierno y el sindicato magisterial que se ha traducido en “dividendos electorales”. Para probar sus afirmaciones hace referencia a los estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
En dichos estudios se refleja el nivel de la educación en México: la calidad descendió del lugar 34 al 37 entre los países de la OCDE; los alumnos del sistema educativo nacional han salido reprobados en la prueba PISA (prueba internacional de evaluación de estudiantes) que aplica el mismo organismo anualmente; 50 por ciento de los mexicanos tienen un promedio de educación formal de 5.4 años; la otra mitad de la población alcanza 9.2 años; 13 por ciento de los niños que estudian en escuelas primarias públicas no alcanzan a desarrollar los conocimientos y habilidades básicos de español, matemáticas y expresión escrita; los mismo ocurre con el 25 por ciento, el 32 por ciento y el 47 por ciento de los niños en escuelas rurales, de cursos comunitarios y en las escuelas indígenas, respectivamente. Esta última circunstancia se agrava a nivel secundario.
Ante esta circunstancia, el proponente señala que el Senado tiene la oportunidad de incidir en un cambio educativo que implica: “uno, un movimiento social y cultural a favor de la reforma educativa; dos, la reasignación del gasto público en función de las nuevas prioridades (donde la ciencia, la tecnología y la formación de capital humano lleven la mano) y, tres, la modificación de raíz de la estructura laboral, administrativa y presupuestal entre el gobierno Federal, los gobiernos locales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.
Para ello, se requiere, en primer término, aplicar los principios de transparencia y rendición de cuentas, ya que el legislador considera que el presupuesto público que se otorga al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación oscila “entre 150 y 200 millones de dólares de cuotas, prebendas, y fideicomisos de los que los propios presuntos beneficiarios, los maestros del país, no saben como ni en qué se gastan”.
Por tal motivo, el proponente solicita que por conducto de la comisión especial legislativa que para el tema educativo fue aprobada de manera unánime por esta soberanía, solicitar al Secretaría de Educación Pública la siguiente información:
1. Número de maestros comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el país, en el entendido de que cada entidad federativa tiene sus propios convenios con las delegaciones sindicales, pero la Secretaría de Educación Pública concentra la información por razones administrativas y de nómina.
2. Qué cantidad de recursos retiene la Secretaría por concepto de cuotas sindicales y cuánto se transfiere mensualmente a las cuentas de personas físicas y morales asignadas por el S.N.T.E.
3. Cuántos fideicomisos existen del sindicato, a los que la Secretaría de Educación Pública deposita recursos públicos en el marco de los convenios suscritos anualmente, tales como el de vivienda, capacitación técnica y fomento profesional, entre otros.
4. Copia de los convenios anuales y sus anexos suscritos entre los años 2000 al 2006, con las cantidades extraordinarias asignadas y el concepto correspondiente.
Que la comisión legislativa, extienda su análisis, diagnóstico y propuestas para hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos asignados al S.N.T.E.
CONSIDERACIONES
Primera.- La transparencia y la rendición de cuentas representan dos temas de la mayor relevancia en las democracias contemporáneas. Ambos, constituyen ejes fundamentales de las acciones de buen gobierno y condición esencial para el desarrollo económico y la superación de muchos de los problemas estructurales que aquejan a las naciones emergentes y las que están en vías de desarrollo.
Segunda.- Las sociedades que optan por la transparencia y la rendición de cuentas, disminuyen gradualmente los índices de corrupción que aquejan a sus gobiernos, fortalecen la institucionalidad democrática, favorecen la gobernabilidad y, entre los ciudadanos, se privilegia el sentido de la legalidad de las relaciones que mantienen con las autoridades de su país. Los gobiernos autoritarios tienen como característica el oponerse a cualquier disposición que limite el ejercicio discrecional de las facultades que les son conferidas a las autoridades gubernamentales.
Tercera.- La sociedad mexicana ha establecido distintos instrumentos institucionales y normativos para fortalecer las acciones de buen gobierno en términos de la transparencia y la rendición de cuentas. Entre ellas destacan la Auditoria Superior de la Federación, órgano dependiente de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Cuarta.- Quien ejerce un cargo público en nuestro país debe supeditar sus intereses personales al interés superior de la colectividad, misma que le mandata y responsabiliza de una función que está sujeta al escrutinio, evaluación y análisis de la sociedad. Sólo de esta forma se puede llegar a ser eficaces en el servicio público, ya que las decisiones discrecionales y autoritarias del pasado correspondieron a momentos gubernamentales en los que el servicio público era concebido como un patrimonio personal de quien lo detentaba.
Quinta.- En un régimen democrático, el derecho a la información pública gubernamental es un instrumento de gran valía en manos de los ciudadanos, dado que les permite acceder a los elementos necesarios para evaluar el desempeño de los servidores públicos y de las dependencias gubernamentales y, al mismo tiempo, constatar que el ejercicio de gobierno se realice con apego a las disposiciones normativas y que la actuación de la autoridad no vaya más allá de las atribuciones que fija la ley.
Sexta.- Que es facultad de la Auditoria Superior de Federación verificar que las entidades fiscalizadas, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, que hubieren recaudado, manejado, administrado o ejercido recursos públicos, lo realicen conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes, además con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. De la misma forma, la entidad superior de fiscalización está también facultada para determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes.
Séptima.- Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece como información de acceso al público la relativa al presupuesto asignado a las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. De la misma forma, cualquier ciudadano o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace que corresponda, la solicitud de acceso a la información pública que requiera mediante escrito libre o en los formatos respectivos, señalando únicamente su nombre y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, el correo electrónico, así como los datos generales de su representante; la descripción clara y precisa de los documentos que solicita; cualquier dato que facilite la localización de la información solicitada y, opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbalmente siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio.
Octava.- Que la solicitud de información contenida en los numerales 1, 3 y 4 de la proposición con Punto de Acuerdo del proponente se encuentra en los supuestos del artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es decir, no se encuentra clasificada como reservada o confidencial, por lo que resulta procedente su petición ante la Secretaría de Educación Pública en el entendido de que contribuirá al análisis de la relación de una dependencia de la Administración Pública Federal con el sector social representado, en este caso, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, esta dictaminadora observa que, en el caso de solicitud contenida en el numeral 2 de la proposición, la referida a la “cantidad de recursos (que) retiene la Secretaría por concepto de cuotas sindicales y cuánto se transfiere mensualmente a las cuentas de personas físicas y morales asignadas por el S.N.T.E., por su naturaleza no queda comprendida dentro de los supuestos de la Ley referida, toda vez que se trata de recursos que pertenecen a los trabajadores de la organización sindical y su retención se realiza bajo los términos del estatuto del sindicato y del contrato colectivo de trabajo suscrito con esa dependencia.
Novena.- Que conforme al inciso a) del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones ordinarias analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia. Asimismo, el artículo 86 de la misma ley establece que las comisiones tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia.
Décima.- Que la asamblea solicite y conozca de las transferencias de recursos públicos que realiza la Secretaría de Educación Pública al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representa un asunto que se enmarca en el contexto de la transparencia y rendición de cuentas, porque la ley establece normas específicas para el escrutinio, análisis y evaluación del uso de los recursos públicos, y ha creado entidades especializadas para llevar a cabo la fiscalización correspondiente con el propósito de auditar la aplicación y destino de los mismos.
Décima primera.- Las comisiones ordinarias no tienen facultades para llevar a cabo la fiscalización de la aplicación de los recursos públicos de parte de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y, en cualquier caso, sus resoluciones no tendrían carácter vinculante con respecto al Ejecutivo Federal. Las comisiones ni siquiera cuentan con los recursos materiales y humanos suficientes para desarrollar esta labor que, sin embargo, duplicaría las funciones de la Auditoria Superior de la Federación, entidad que sí tiene facultades y atribuciones suficientes para llegar a las últimas consecuencias. No obstante, la dictaminadora reconoce en la transparencia y la rendición de cuentas dos instrumentos de primer orden para la evaluación de las políticas públicas de cualquier administración de gobierno.
Con base en estas consideraciones, los integrantes de la comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, consideran que es de aprobarse únicamente la solicitud de información requerida en la proposición con Punto de Acuerdo del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con motivo de la discusión y análisis del acuerdo para transparentar y fiscalizar los recursos públicos destinados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO
“ÚNICO.- Se solicita atentamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciada Josefina Vázquez Mota, proporcionar al Senado de la República la siguiente información:
1. Número de maestros comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el país, en el entendido de que cada entidad federativa tiene sus propios convenios con las delegaciones sindicales, pero la Secretaría de Educación Pública concentra la información por razones administrativas y de nómina.
2. Cuántos fideicomisos existen del sindicato, a los que la Secretaría de Educación Pública deposita recursos públicos en el marco de los convenios suscritos anualmente, tales como el de vivienda, capacitación técnica y fomento profesional, entre otros.
3. Copia de los convenios anuales y sus anexos suscritos entre los años 2000 al 2006, con las cantidades extraordinarias asignadas y el concepto correspondiente.”
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de octubre de 2007.
Comisión de Educación
Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas información detallada sobre las políticas gubernamentales para preservar las lenguas indígenas mexicanas.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Dictamen con Punto de Acuerdo en relación con la proposición del Senador Heladio Ramírez López por el que solicita información detallada sobre las políticas gubernamentales para preservar las lenguas indígenas mexicanas
HONORABLE ASAMBLEA
Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con la proposición del Senador Heladio Ramírez López por el que solicita información detallada sobre las políticas gubernamentales para preservar las lenguas indígenas mexicanas.
ANTECEDENTES
1. En sesión ordinaria del 6 de marzo de 2007 del Senado de la República, el Senador Heladio Ramírez López del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, información detallada sobre las políticas gubernamentales para preservar las lenguas indígenas mexicanas en riesgo de extinción, y exhortar a los gobernadores de los estados donde existe este problema, le presten atención especial.
2. La proposición fue fundada en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen.
4. Con fecha 30 de marzo de 2007 la Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La iniciativa se inscribe en el amplio debate sobre las condiciones de vida de la población indígena de nuestro país y, en particular, en la relación con sus formas de vida, cosmovisión y cultura. Para nadie es desconocido que el leguaje es un elemento esencial en la vida de los pueblos y para muchos constituye el centro del desarrollo cultural y de la reproducción de los hábitos, costumbres, usos y tradiciones.
El idioma es un factor que establece un sentido de pertenencia a una comunidad y un vínculo estrecho con grupos sociales respecto de los cuales se comparte y reconoce identidad e idiosincrasia. De ahí la preocupación del proponente; la pérdida paulatina de los idiomas antiguos mexicanos se suma a las condiciones de marginación, despojo y pobreza que caracteriza la vida de la población indígena en nuestro país y de muchas regiones del mundo.
Como lo señala la UNESCO y es retomado en la propuesta, los idiomas indígenas, como todos los idiomas, forman un complejo sistema simbólico, único e irrepetible. Representan una estructura lógica completa, construida durante siglos de creación cultural colectiva, que permite a quienes lo dominan, expresar y transmitir, por escrito u oralmente, cualquier idea, sentimiento o percepción de una manera particular y diferente a los demás pueblos de la tierra. Los idiomas son la expresión sistemática del conjunto de la creación cultural de un pueblo a lo largo de su existencia como colectividad.
En México se dice que existen al menos 56 idiomas vivos, sin embargo, de conformidad con el Atlas de las Lenguas en Peligro en el Mundo, han desaparecido alrededor de 110 idiomas desde la era de la conquista española, pero dos de ellos, el chiapaneco y el cuilateco, dejaron de hablarse en las últimas décadas del siglo XX. Según la UNESCO, un idioma corre el riesgo de desaparecer cuando un 30 por ciento de los niños de un pueblo no aprenden el idioma de sus padres, cuando dejan de escribirlo o cuando la cultura tradicional de una comunidad es avasallada por otra hasta sustituirla. Especialistas estiman que en los próximos 100 años desaparecerán el 90 por ciento de los idiomas en el mundo, sobre todo, los que hablan los indígenas.
Por ello, el proponente expresa su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad de los pueblos indígenas mexicanos, ya que la pobreza y marginación constituyen elementos adicionales que ponen en riesgo todo su mundo, incluido el idioma, al que deben renunciar cuando buscan empleo, salud o, incluso, educación. Además, se señala el peligro de extinción en el que se encuentran 27 idiomas indios de México, entre ellos, el Cakchiquel de Chiapas, el Ranjzo uza de Guanajuato y el Kikaapoa, de Coahuila.
En tal virtud, la propuesta consiste en solicitar a las autoridades información sobre la situación real de los idiomas indígenas en México y las políticas públicas emprendidas para su preservación, inquietud que se hace extensiva a los gobiernos de las entidades federativas para que tomen medidas extraordinarias para evitar su pérdida.
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Sin duda el idioma es un elemento central de la cultura de los pueblos del mundo y su preservación representa un asunto de primer orden. A través de su uso, se pone de manifiesto la capacidad de comunicación y la riqueza y diversidad cultural de una comunidad enlazada por una lengua. Esa es característica del idioma español y también lo es de los idiomas antiguos mexicanos, de los que afortunadamente se practica una gran variedad a lo largo y ancho del territorio nacional.
SEGUNDA.- Los idiomas antiguos mexicanos han sobrevivido a las más variadas circunstancias a lo largo de su historia. Contrario a lo que comúnmente se pensaría, durante el periodo de la conquista espiritual en el Siglo XVI, muchos clérigos consideraron que la mejor forma de evangelizar a los pueblos mesoamericanos era en su propia lengua, a pesar de que la Corona española insistía en que los oriundos de la Nueva España debía hablar el Castellano. De esa forma, se realizaron diferentes ejercicios de orden lingüístico para la enseñanza de los evangelios que, desde entonces, dieron origen a publicaciones sobre las características de las lenguas náhuatl y purépecha y, más tarde, del zapoteco y mixteco. No obstante, todos los procesos y comunicaciones oficiales de la Corona e, incluso, la educación que impartía la Iglesia fue en Castellano.
TERCERA.- También los idiomas antiguos mexicanos sobrevivieron a la errónea concepción de que la lengua fue uno de los factores de rezago y falta de integración de los pueblos originarios de la nación mexicana. Concepción que fue esgrimida durante el Siglo XIX y principios de Siglo XX y cuyas secuelas alcanzaron hasta la década de los años sesenta cuando en los libros de texto se denominaba Lengua Nacional a la materia que hoy día corresponde a Español. Exponentes de esta concepción lo fueron José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías y, más tarde, el propio maestro Justo Sierra, ministro de Educación Pública en la era porfiriana.
CUARTA.- Sólo la persistencia de quienes son hablantes de un idioma indígena puede explicar la permanencia en el tiempo de las lenguas originarias, porque las políticas públicas emprendidas desde un enfoque de preservación, se dio hasta después del establecimiento del Instituto Nacional Indigenista en la época del Presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, no siempre la percepción de nuestra identidad estuvo vinculada al presente de los pueblos indígenas, pues en muchas ocasiones se exaltó más el pasado monumental mesoamericano que la actualidad indígena.
QUINTA.- Cabe destacar que la Reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena llevada a cabo por el Congreso de la Unión en el año de 2001, sentó las bases para el reconocimiento no sólo de la composición pluricultural de la nación mexicana, también se estableció, en el inciso IV del apartado A. del artículo segundo constitucional, la obligación de preservar y enriquecer las lenguas originarias, además de los conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
SEXTA.- A partir de entonces, se han establecido mecanismos institucionales y de orden legal para enriquecer las políticas que, desde administraciones anteriores, se propusieron la defensa y preservación de las lenguas originarias, algunas al margen de los recursos estatales. Entre ellas destacan la red de radios comunitarias, los albergues del antiguo Instituto Nacional Indigenista, los concursos literarios en lenguas indígenas, las becas para escritores en lenguas indígenas, así como la edición de colecciones de libros en idiomas antiguos mexicanos. Destaca de manera especial la promulgación en el año de 2003 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que reconoce a las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural de la Nación y la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que, conjuntamente con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, desarrollan políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de los pueblos indios.
SÉPTIMA.- No obstante las disposiciones legales y las acciones de política pública, la dinámica de la sociedad contemporánea representa un riesgo permanente para la existencia de gran parte de las lenguas indígenas cuya población hablante se ha reducido por fenómenos de muy distinto orden, como son la migración, el despojo de las tierras comunales, el desplazamiento de comunidades indígenas confrontadas, etcétera. Esta circunstancia ha ocasionado la casi extinción de lenguas como el paipai de la zona norte de Baja California; el kiliwa, de la misma región y del que únicamente quedan menos de 10 personas que lo usan como medio de comunicación, y el guarijío, de la zona colindante de Sonora y Chihuahua, cuyos practicantes se reducen a unos cientos de hablantes.
OCTAVA.- Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con el ilustre académico Miguel León Portilla, acreedor de la Medalla Belisario Domínguez en 1995, quien ha señalado que “cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece”, razón por la cual expresan su acuerdo con el contenido de la propuesta del Senador Heladio Ramírez López, pues resulta coincidente con el artículo 9° de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que señala: “es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público y privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras”.
Es con base en estas consideraciones que los integrantes de la comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, consideran que es de aprobarse la proposición con Punto de Acuerdo del Senador Heladio Ramírez López presentada el 6 de marzo de 2007.
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que, en el marco de colaboración de poderes, se sirva proporcionar a esta Cámara, información detallada sobre la situación actual de los idiomas indígenas, en el contexto de la pluralidad cultural de la nación reconocida por la Constitución, y las políticas que están impulsando para preservar aquellos que se encuentran en proceso de extinción, así como sobre las medidas que han tomado o se proponen tomar para evitarlo, o al menos, preservar en lo posible su patrimonio cultural.
SEGUNDO.- Se aprueba comunicar a los gobiernos de los Estados en los que existan pueblos y lenguas indígenas en riesgo de extinción, la preocupación de esta Soberanía sobre la suerte de esos invaluables componentes de nuestra diversidad cultural, y exhortarlos respetuosamente a tomar medidas extraordinarias orientadas a evitar esas pérdidas del patrimonio humano y cultural de nuestra nación.
Salón de comisiones del Senado de la República a los 24 días del mes de octubre de 2007.
Comisión de Educación
Por el que el Senado de la República envía una cordial felicitación a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México por el ascenso de 13 lugares en el estudio denominado “Ranking Mundial de Universidades en la Web”.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se envía una cordial felicitación a las autoridades y a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México por el ascenso de 13 lugares en el Ranking Mundial de Universidades en la Web
HONORABLE ASAMBLEA
Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo por el que se envía una cordial felicitación a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México por el ascenso de 13 lugares en el estudio denominado “Ranking Mundial de Universidades en la Web” elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
ANTECEDENTES
5. En sesión ordinaria del 22 de agosto de 2007 de la Comisión Permanente, los senadores Rosalinda López Hernández, Lázaro Mazón Alonso y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con Punto de Acuerdo para que el Senado envíe una cordial felicitación al rector de la Universidad, doctor Juan Ramón de la Fuente, y a la comunidad universitaria por el ascenso en el top internacional de las mejores universidades del mundo.
6. La proposición fue fundada en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.
CONSIDERACIONES
La proposición con Punto de Acuerdo se inscribe en el amplio debate sobre la calidad de la educación en México y pretende ser un reconocimiento al esfuerzo que las autoridades y la comunidad universitaria desarrollan continuamente para conferirle a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, un lugar más destacado en el contexto de la educación terciaria a nivel mundial.
Sin duda la UNAM constituye el centro de formación educativa a nivel superior de mayor influencia en la vida nacional del país, no sólo por la cantidad de alumnos y especialidades profesionales que ahí se desarrollan, sino también por su importante contribución a la ciencia, la tecnología, la política y la cultura. De esa institución han egresado muchos mexicanos prominentes, entre ellos, Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet, Fernando Benítez, Carlos Fuentes, Enrique Krauze, José Emilio Pacheco, Juan Villoro, Luis de la Peña y los tres mexicanos merecedores del premio novel por su obra, Octavio Paz, Alfonso García Robles y Mario Molina.
La autonomía universitaria, lograda en el año de 1929, la inauguración del nuevo campus universitario en 1950 y los lamentables sucesos de 1968, representan acontecimientos históricos que dejaron una profunda huella tanto en la institución como en la sociedad mexicana durante el silgo XX. Así lo testimonian las obras murales de José Clemente Orozco, Juan O´Gorman, José Chávez Morado, Francisco Eppens y Diego Rivera, en los cuales se expresa de manera estética la contribución de la universidad al conocimiento y a la sociedad.
Además, la UNAM ha sido escenario de importantes conquistas científicas y sociales y un espacio permanente de reflexión y crítica, elementos que ha contribuido en todo momento a enriquecer la concepción de lo que los mexicanos somos y queremos ser. La autonomía universitaria y la libertad de cátedra constituyen instrumentos de primer orden con los cuales la comunidad universitaria contribuye permanentemente al proceso de consolidación de la democracia en nuestro país.
La relevancia de la universidad nacional puede observase en las siguientes cifras. Al día de hoy, para atender una matrícula escolar de alrededor de 280 mil alumnos, hay más de 33 mil personas dedicadas a la docencia; 25 mil 700 profesores de asignatura y 5 mil 392 profesores de tiempo completo. El año pasado se realizaron en la UNAM nueve mil proyectos de investigación. Esto es posible porque 2 mil 965 integrantes de la comunidad universitaria forman parte del Sistema Nacional de investigadores, de los cuales, 2 mil 307 desarrollan sus trabajos investigadores en sus instalaciones. Además, la universidad cuenta con 18 facultades, cuatro escuelas y 28 institutos de investigación.
Motivo de orgullo para nuestro país y Latinoamérica es el hecho de que la Universidad Nacional Autónoma de México ascendió en 2007, 13 lugares en el Ranking Mundial de Universidades en la Web, instrumento internacional de medición elaborado por el Laboratorio de Cibermetría, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. El propósito de este estudio es mostrar grado de desarrollo y el compromiso de las universidades del mundo con la publicación electrónica, la libre distribución de resultados científicos y la internacionalización de sus actividades a través de páginas electrónicas.
Este mecanismo se desarrolló como una alternativa a otro tipo de mediciones que, por una parte, incluyen sólo a las universidades de los países desarrollados y, por la otra, no incorporan en su evaluación las páginas electrónicas, siendo que estas reflejan “una gran cantidad de variables implicadas en las misiones de la universidad (que enseñan, investigan y transfieren conocimiento). Aspectos tales como la libertad de cátedra, la financiación recibida, el acceso a las nuevas tecnologías, relaciones con la comunidad, las empresas y otros actores económicos, sociales y culturales, las políticas de acceso abierto, la interdisciplinariedad, el nivel de participación de los estudiantes, la madurez, prestigio, liderazgo, se reflejan tanto en la web como el número de artículos de investigación, de proyectos científicos o de premios internacionales”.
De ahí la relevancia de este estudio, porque introduce una dimensión de análisis acorde con la era de la sociedad del conocimiento, donde la formación profesional para el trabajo, la investigación y la producción de conocimiento se desarrolla en una dinámica mundializada y en un mercado global de fuerzas laborales en tránsito. En este sentido, es motivo de satisfacción que la universidad Nacional Autónoma de México se encuentre ubicada en el lugar 68 de los cuatro mil centros educativos relacionados en el estudio y, de manera particular que, la UNAM, sea la institución latinoamericana ubicada en el selecto grupo de las 100 organizaciones mejor calificadas.
Recientemente la UNAM ha sido objeto de distinciones sobresalientes. Entre ellas destaca su reconocimiento entre las 100 mejores instituciones desde el punto de vista de la investigación. También, el haberse reconocido al primer cuadro del campus universitario como Patrimonio Cultural de la Humanidad, distinción hecha por la por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
El ascenso en el “Ranking Mundial de Universidades en la Web” es expresión de la importancia del debate sobre la calidad educativa y, los integrantes de la Comisión de Educación, consideran que con toda seguridad repercutirá en el desarrollo y calidad académica de la UNAM, institución que de acuerdo al Academic Ranking of World Universities – 2007, que desarrolla la universidad Shanghai Jiao Tong, ha sido ubicada entre las 151 y 202 universidades mejor calificadas el mundo.
Sin duda, los esfuerzos realizados por las autoridades y los demás integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México han sido reconocidos internacionalmente y representan un logro significativo a nivel regional. Estos logros deben ser un estímulo para impulsar al Estado mexicano para que destine mayores recursos a las instituciones de educación superior, con el propósito de que todas las universidades del país, públicas y privadas, cobren un nuevo impulso orientado hacia una mayor calidad educativa.
Es con base en estas consideraciones que los integrantes de la comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, consideran que es de aprobarse la proposición con Punto de Acuerdo por el que se envía una cordial felicitación a las autoridades y comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México por el ascenso de 13 lugares en el Ranking Mundial de Universidades en la Web, presentado el 22 de agosto de 2007 ante la Comisión Permanente por los senadores Rosalinda López Hernández, Lázaro Mazón Alonso y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Senado de la República envía una cordial felicitación a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México por el ascenso de 13 lugares en el estudio denominado “Ranking Mundial de Universidades en la Web” elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
Salón de comisiones del Senado de la República a los 24 días del mes de octubre de 2007.
Comisión de Educación
De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que se implementen acciones que fortalezcan el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas.
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De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, los que contienen puntos de acuerdo:
Por el que se solicita un informe sobre la situación que guardan diversos predios ubicados en las inmediaciones del kilómetro 17 del Bulevar Kukulcán, así como otros ubicados al lado del sistema lagunar Nichupté, en la Zona Hotelera de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA AL ACUERDO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR EL QUE SOLICITA AL CONGRESO DE LA UNION INVESTIGAR LA SITUACIÓN DE DIVERSOS PREDIOS UBICADOS EN EL BOULEVARD KUKULCÁN DE LA ZONA HOTELERA DE CANCÚN, QUINTANA ROO, ASÍ COMO LOS UBICADOS AL LADO DEL SISTEMA LAGUNAR NICHUPTÉ.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la LX Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo del Congreso del Estado de Quintana Roo, por el que se solicita al Congreso de la Unión investigar la situación de diversos predios ubicados en el Boulevard Kukulcán, de la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, así como los ubicados al lado del Sistema Lagunar Nichupté.
En virtud del análisis y estudio del Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 27 de junio de 2007, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, recibió el Acuerdo del Congreso del Estado de Quintana Roo, por el que solicita al Congreso de la Unión investigar la situación de diversos predios ubicados en el Boulevard Kukulcán, de la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, así como los ubicados al lado del Sistema Lagunar Nichupté, y.
SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
Cancún representa uno de los destinos turísticos más importantes del litoral mexicano, toda vez que cuenta con una enorme extensión de playas que año con año reciben a más de dos millones de habitantes. En este sentido, desde la planeación del centro turístico, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), destinó por lo menos 14 accesos a las playas, mismas que fueron concebidas como balnearios públicos.
El establecimiento de accesos públicos a las playas, principalmente en los destinos turísticos del país, resulta congruente con el régimen jurídico de dichos bienes nacionales.
En este sentido, el quinto párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las aguas de los mares territoriales son propiedad de la nación. Sin embargo, el desarrollo de dicha disposición constitucional, mismo que corresponde al artículo 7° de la Ley General de Bienes Nacionales, establece que “Son bienes de uso común… II.- Las aguas marinas interiores… IV.- Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales.”
En este sentido, la misma Ley en comento se refiere al concepto de uso común en su artículo 8°, al establecer que “Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos. Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común, se requiere concesión, autorización o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes”.
Sin embargo, el H. Congreso del Estado de Quintana Roo menciona que hoy en día, la mayoría de dichos accesos han dejado de funcionar como tales; cuatro han sido concesionados; tres fueron vendidos; cuatro están en poder del FONATUR; dos se donaron; y uno más se encuentra en calidad de “desaparecido”; pues a la fecha en ningún documento oficial aparece si esa playa se otorgó en concesión a un hotel o una plaza comercial.
Dentro de dicha inercia, hoy en día nos enfrentamos al riesgo de perder la última ventana al mar caribe, que es la playa conocida como “Delfines”, misma que originalmente estaba rodeada de siete predios, de los cuales tres fueron considerados como estacionamiento y cuatro como ventanas al mar.
En relación con esto, el FONATUR ha informado que los predios ubicados en los Lotes 56, 56 K, 56 L, 56 M, y 55 que se encuentran en las inmediaciones del kilómetro 17 de Boulevard Kukulcán de la Zona Hotelera de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, así como, los lotes 56H, 56 A3, y 56 A4, ubicados al lado del sistema lagunar Nichupté, colindantes a la playa Delfines, fueron vendidos a desarrolladores inmobiliarios y turísticos
La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, a través de su departamento de Rescate Acuático, informó que playa Delfines ha recibido en los primeros cinco meses del año 2007 a más de 133,00 bañistas.
Tal como lo mencionan las consideraciones del acuerdo objeto del presente dictamen, resulta inaceptable para los habitantes de esta zona que se prive de esta ventana al mar, no sólo a los habitantes de la ciudad de Cancún, sino a los visitantes de este destino turístico, ya que este mirador es una carta presentación de Quintana Roo al mundo. Conciente del problema que representa la situación descrita, esta Comisión Legislativa considera procedente el exhorto remitido por el Congreso del estado de Quintana Roo, en el sentido de solicitar información a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Proteguidas (CONANP) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, (FONATUR), sobre el estado que guardan los predios ubicados como lotes 56, 56 K, 56 L, 56 M, y 55 que se ubican en las inmediaciones del kilómetro 17 del Boulevard Kukulcán, así como los lotes 56 H, 56 A3 y 56 A4 ubicados al lado del sistema lagunar Nichupté, en la Zona Hotelera de la Ciudad de Cancún.
De acuerdo con lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que, en el ámbito de sus respectivas competencias, remitan a esta Soberanía un informe sobre la situación que guardan los predios identificados como lotes 56, 56 K, 56 L, 56 M, y 55, que se ubican en las inmediaciones del kilómetro 17 del Bulevar Kukulcán, así como de los lotes 56 H, 56 A3 y 56 A4, ubicados al lado del sistema lagunar Nichupté, en la Zona Hotelera de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores el día 6 de noviembre de 2007.
COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA
En torno al Proyecto Habitacional Turístico “Desarrollo Paraíso del Mar”, ubicado en La Paz, Baja California Sur.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MARINA EN BAHÍA DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la LX Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con Punto de Acuerdo sobre la construcción de una marina en Bahía de La Paz, Baja California Sur, presentada por el Senador Javier Orozco Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 8 de agosto de 2007, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión recibió la propuesta con Punto de Acuerdo sobre la construcción de una marina en Bahía de La Paz, Baja California Sur, presentada por el Senador Javier Orozco Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, turnándose en esta misma fecha a la Tercera Comisión de dicho órgano legislativo;
SEGUNDO.- El 31 de agosto de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió de la Directiva de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, una comunicación por la que solicita el returno de la propuesta en comento;
TERCERO.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la citada propuesta a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la cual presenta las siguientes:
CONSIDERACIONES
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) incluye una serie de instrumentos encaminados a logar la ordenación del ambiente, y la regulación de las actividades con impactos ambientales que resulten significativos.
En este sentido, la LGEEPA incluye dentro de sus disposiciones lo relativo a la “evaluación del impacto ambiental”, la cual comprende el procedimiento a través del cual la autoridad competente establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.
Por lo tanto, obras y actividades que incluyan desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros o que se desarrollen en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, deberán obtener previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); esto, de conformidad con las fracciones IX y X del artículo 28 de la propia LGEEPA.
Considerando lo anteriormente expuesto, el proyecto habitacional turístico “Desarrollo Paraíso del Mar”, promovido por la empresa Desarrollos Punta La Paz, S de R.L. de C.V., en la Ensenada y Bahía de La Paz, Baja California Sur, requirió sujetarse al citado procedimiento evaluatorio, siendo autorizado el 9 de marzo de 2004, por la SEMARNAT.
En este sentido, se autoriza al citado promovente a utilizar 504 hectáreas a desarrollarse en dos etapas, e incluye la construcción de dos campos de golf; 1,686 lotes residenciales unifamiliares; 2,236 unidades residenciales multifamiliares; 2,050 habitaciones de hotel y un área comercial; un parque recreativo; club de playa; una marina exterior para 535 posiciones de atraque; un muelle con edificio terminal y malecón; una marina seca y servicios generales. Se contempla también plantas de tratamiento de aguas residuales, un cárcamo de bombeo de aguas negras, red de drenaje sanitario, una subestación de energía eléctrica, así como redes eléctricas y telefónicas.
Sin embargo, los legisladores que suscribieron el Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen, señalan que el proyecto habitacional turístico “Desarrollo Paraíso del Mar”, podría afectar especies de vida silvestre consideradas en alguna categoría de riesgo por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en Riesgo”.
Tal es el caso de una especie de delfines, conocidos como toninas (Tursiops truncatus), o el tiburón ballena, siendo esta especie particularmente vulnerable a la colisión con embarcaciones, por su tamaño y lentitud.
En este sentido, cabe recordar que el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre ordena a la SEMARNAT promover e impulsar “la conservación y protección de las especies y poblaciones en riesgo, por medio del desarrollo de proyectos de conservación y recuperación, el establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación de hábitat críticos y de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, la coordinación de programas de muestreo y seguimiento permanente, así como de certificación del aprovechamiento sustentable, con la participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados.”
Asimismo, es oportuno recordar que la propia LGEEPA establece en el numeral 35, fracción III, inciso b), que la SEMARNAT deberá negar la autorización en materia de impacto ambiental cuando la obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies.
Por otra parte, la construcción del proyecto afectará de forma grave al ecosistema marino y costero, ya que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha determinado que, tanto la Ensenada como la Bahía de La Paz, en Baja California Sur, comprenden Áreas Prioritarias Marinas, dentro de la región Prioritaria Marina 10.
La CONABIO afirma que la “Bahía de La Paz” representa el cuerpo de agua más grande dentro de la fisiografía del Golfo de California, con alta diversidad de peces, mamíferos, aves marinas e invertebrados, así como gran heterogeneidad en sus hábitats.
Finalmente, la SEMARNAT determinó que tanto “La Ensenada” como la “Bahía de La Paz” comprenden zonas de interés prioritario del Golfo de California, considerando su alto índice de fragilidad dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California.
De acuerdo con lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de su competencia:
1. Realice una revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental, para el Proyecto Habitacional Turístico “Desarrollo Paraíso del Mar”, ubicado en La Paz, Baja California Sur, así como de la veracidad de los datos asentados en ella;
2. Realice una revisión de la autorización para el Proyecto Habitacional Turístico “Desarrollo Paraíso del Mar”, tomando en cuenta los impactos ambientales sinérgicos, provocados por contaminación física, química, y acústica, sobre las especies sensibles, y su afectación al ecosistema, así como los impactos provocados por colisiones con embarcaciones;
3. En caso de que resulte procedente, revoque la autorización otorgada y se reinicie el procedimiento, estableciendo alternativas de menor impacto, e
4. Informe a esta Soberanía sobre los resultados de dichas revisiones.
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de su competencia:
1. Inicie una investigación exhaustiva sobre la legalidad de todos los procedimientos realizados por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relacionados con el Proyecto Habitacional Turístico “Desarrollo Paraíso del Mar”, ubicado en La Paz, Baja California Sur, así como su autorización, a la luz de la legislación ambiental;
2. En caso de que resulte procedente, finque las responsabilidades administrativas correspondientes, e
3. Informe a esta Soberanía sobre su investigación.
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores el día 6 de noviembre de 2007.
COMISION DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA
Proposiciones De Ciudadanos Senadores
Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar información al Secretario del Trabajo y Previsión Social respecto a la situación laboral que impera en las empresas que prestan sus servicios a Petróleos Mexicanos.
PUNTO DE ACUERDO STyPS
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES DE LA LX LEGISLATURA
P R E S E N T E
El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, Senador de la República de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno una proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar información al Secretario del Trabajo y Previsión Social, respecto a la situación laboral que impera en las empresas que prestan sus servicios a Petróleos Mexicanos, al tenor de las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S
El pasado 21 de octubre del año 2007, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos ubicadas en la sonda de Campeche, la plataforma de perforación marina Usumacinta, propiedad de la Compañía Perforadora Central S.A. de C.V, contratada por PEMEX Exploración y Producción (PEP) ubicada a 32 kilómetros del puerto de Dos Bocas Tabasco y a 75 kilómetros del Puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, se encontraba realizando maniobras en la plataforma Kab 101, ya que tenían reportes de fuga de aceite y gas.
El día 22, las malas condiciones meteorológicas provocaron que la plataforma Usumacinta golpeara las válvulas del pozo Kab-101, lo que a su vez generó fuga de aceite y gas, hecho que obligó a que 81 trabajadores abandonaran las instalaciones, a bordo de embarcaciones de salvamento denominadas “Mandarinas”, siendo rescatados de dicho accidente en las horas siguientes 63 personas, habiendo perdido la vida 22 de ellos y uno reportado como desaparecido; a este percance se sumaron posteriormente, cinco marineros que se incorporaron a las labores de rescate, de la embarcación contraincendio Morrison Tide sumando un total de 86 trabajadores los involucrados en el fatal incidente.
A estas pérdidas humanas, debemos destacar que en este mes de octubre los accidentes han sido una constante, ya que el día 5 falleció un trabajador por intoxicación de gas. En el área de plataformas de la Sonda de Campeche, las embarcaciones que prestan servicios a PEMEX también se han siniestrado; el 11 naufragó el barco "Seba'an" propiedad de la empresa Oceanografía, con 8 tripulantes y 168 personas a bordo, una de las cuales falleció; la causa del hundimiento fue reportada como incendio en el cuarto de máquinas.
El 23, se incendió y se hundió el barco "Oficina Porvenir", perteneciente a la empresa Transportación y Servicios Marítimos en el área de plataformas con 14 personas a bordo y una persona reportada desaparecida.
Los hechos anteriormente mencionados, dejan en evidencia los riesgos de un trabajador petrolero y la necesidad de dejar bien establecidos las condiciones laborales en que se desenvuelven.
A este respecto, cabe mencionar que en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, se establecen los principios de una legislación de trabajo inspirada en principios de elemental justicia y en razones de humanidad. Si bien es cierto que el hombre debe trabajar para poder sobrevivir, también lo es el que dicha actividad debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso tanto para el trabajador como para su familia. El derecho de trabajar involucra para el trabajador, condiciones dignas de trabajo, igual remuneración por igual tarea, salario decoroso y acorde a la categoría laboral, en condiciones de eficiencia también iguales.
A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde entre otras facultades, vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, así como estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores y vigilar su cumplimiento.
Por otra parte, la seguridad social tiene por objeto crear en beneficio de todas las personas y sobre todo los trabajadores, un conjunto de garantías contra determinadas contingencias, que pueden reducir o suprimir sus actividades, pues todo grupo social organizado debe asegurar a cada uno de sus miembros en cualquier eventualidad, condiciones mínimas y decorosas de vida.
En nuestro país, la situación actual de PEMEX, ha impuesto como una necesidad técnica que se organicen otras empresas para que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para la referida Paraestatal. Esta circunstancia ha redundado en perjuicio de los trabajadores, por cuanto a que sus condiciones de trabajo son inferiores a las de los que laboran en PEMEX, pues no siempre disponen de elementos suficientes para cumplir las obligaciones que derivan de las relaciones de trabajo, sin embargo, no puede soslayarse que los derechos de los trabajadores deben ser iguales a las de los de PEMEX, tal y como lo disponen las disposiciones constitucionales y legales relativas al Trabajo.
En ese contexto y ante la situación que están viviendo los trabajadores petroleros contratados por empresas privadas, que a su vez prestan sus servicios a PEMEX, consideramos necesario que las autoridades del trabajo proporcionen a esta Soberanía información detallada respecto a las condiciones de seguridad en que desarrollan su trabajo.
Asimismo, creemos conveniente que se proceda a la revisión de las condiciones de contratación y la remuneración que para tal efecto se establece, pues tenemos entendido que lo que perciben, se encuentra muy por debajo del salario de los trabajadores de la empresa paraestatal PEMEX, no obstante que la actividad que desarrollan corresponde a una misma categoría laboral y las condiciones de eficiencia también son iguales. Esta diferencia también impacta negativamente al momento del pago correspondiente derivado de accidentes de trabajo.
Creemos oportuno que en el ámbito de su competencia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social supervise a las empresas que prestan sus servicios a la Paraestatal Petróleos Mexicanos, con el objeto de saber si las mismas cumplen con las disposiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, a fin de que los trabajadores reciban un trato justo y equitativo, dentro del marco constitucional y legal que satisfaga sus necesidades económicas y de seguridad social.
Lo anterior en virtud de que al parecer existe la práctica de que ante la necesidad laboral de los trabajadores, se establecen condiciones fuera de las normas legales imperantes; tales como negarles sus derechos de antigüedad por ser empleados por obra determinada; a no ser tomados en cuenta en el reparto de las utilidades o recibir cantidades por este concepto alejadas de la realidad legal; a los despidos o nula contratación en el mes de diciembre para evadir el pago de aguinaldos.
Asimismo, existe la posibilidad de que las empresas privadas realicen reportes por abajo de los salarios reales, proporcionados al Instituto Mexicano del Seguro Social lo cual incide en las indemnizaciones a que tienen derecho los mismos trabajadores en casos de limitaciones físicas e incapacidades laborales y sus legítimos deudos en casos de muerte, entre otros no menos importantes ejemplos de trato en perjuicio de los derechos de los trabajadores petroleros.
Por otra parte, es sabido que han surgido compañías contratistas de servicios de personal, las cuales, a su vez los proporcionan a Petróleos Mexicanos, sin embargo dichas compañías aparecen y desaparecen eventualmente, incluso algunas hasta afilian al personal contratado a sindicatos afines a los intereses patronales, mismos que no prestan ningún apoyo a quienes dicen representar, en detrimento de los derechos del trabajador.
Si bien es cierto que la labor desempeñada en la sonda de Campeche y en las diversas instalaciones de PEMEX, donde operan compañías prestadoras de servicios, el riesgo para la integridad física de quienes ahí laboran es alto, no deja de preocupar que se ha hecho evidente la reiterada ocurrencia de siniestros, que han producido un severo quebranto en el ánimo laboral y social por el reporte de la enorme pérdida de vidas humanas, en la mayoría de los casos dejando en evidencia las medidas de seguridad que al efecto se hayan implementado, así como los mecanismos de supervisión, revisión y control de dichas medidas, no solo por parte de la Paraestatal, sino también de quien tiene el deber de supervisar aplicando la Ley reglamentaria establecida, como lo es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En virtud de lo anterior me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se formula respetuoso exhorto al Secretario de Trabajo y Previsión Social con el objeto de:
1. Que informe los mecanismos de supervisión a las medidas de seguridad e higiene industriales establecidos para la protección de los trabajadores que laboran en las diversas empresas, que a su vez prestan sus servicios a la empresa Paraestatal PEMEX.
2. Se proceda a realizar las visitas necesarias para verificar las condiciones laborales bajo las cuales son contratados los trabajadores de las empresas privadas que prestan sus servicios a Petróleos Mexicanos, así como la remuneración que se establece en los contratos respectivos.
3. Supervisar las condiciones en que operan los trabajadores de las compañías que prestan sus servicios a PEMEX; así como de los implementos de seguridad laboral.
4. Colaborar en el ámbito de su competencia y supervisar el apoyo que se les brinde a los lesionados y a los familiares de las víctimas de los siniestros, ocurridos en la Sonda de Campeche.
Salón de Sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días de octubre del año dos mil siete.
SUSCRIBE
SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO
Del Sen. Graco Ramírez Garrido Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Luz y Fuerza del Centro; y por el que se solicita a la Colegisladora a que en la aprobación del Presupuesto de Egresos se considere para el sector eléctrico la cantidad de $5,867 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2008.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA AL DIRECTOR GENERAL DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTE
El que suscribe, Graco Ramírez Garrido Abreu, Senador por el Estado de Morelos, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que el Poder Revisor de la Constitución en la sesión del 26 de octubre de 1960 y específicamente, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Industria Eléctrica de la Cámara de Senadores, en su dictamen de adición al sexto párrafo del artículo 27 de la Ley Fundamental sostenían:
Que el Ejecutivo Federal en su iniciativa expresaba que es propósito de su Gobierno cumplir los postulados de la Revolución Mexicana procurando que el desenvolvimiento y progreso nacionales resulten armónicos en su beneficios para todos los habitantes de la República; que ello implica aprovechar los recursos naturales de que dispone la nación y los elementos básicos que requiere su integración económica; que las crecientes demandas de energía eléctrica en las diversas actividades económicas de la población, imponen el deber de atenderlas de acuerdo con el ritmo de su crecimiento, lo que implica que la prestación del servicio público de esa energía como en el caso de otros recursos naturales, sean realizados directamente por el Estado conforme a las tesis tradicional de México sobre la materia.
Se agregaba en la exposición de motivos del Ejecutivo:
que la prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución … así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto requieren, … ser realizados directamente por el estado, a través de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano.
Las comisiones antes aludidas, por su parte, consideraron tres razones esenciales que operan como fundamento de la adición constitucional:
1o. Los requerimientos del desarrollo del país, de acuerdo con su ritmo actual de crecimiento; 2o. El destino de los recursos de propiedad nacional para beneficio colectivo, y 3o. El concepto de que los servicios públicos básicos deben ser prestados preferentemente por el Estado, y después de hacer algunas apreciaciones sobre esos aspectos hacen notar, por una parte, que los recursos que sirven por ahora para la generación de energía eléctrica son principalmente el agua, el petróleo y el carbón, que son propiedad de la nación, y por la otra, que el aprovechamiento que se haga de esos recursos para la generación de energía eléctrica por la nación, no significa que se convierta en monopolio del Estado, puesto que las distintas actividades que entrañan ese aprovechamiento sólo se justifica por aquél cuando se destine a la prestación de un servicio público.
En el debate de 15 de noviembre de 1960 Francisco Pérez Ríos manifestó entre otros aspectos que:
La nación, no el Estado, había recuperado su soberanía; se ha emancipado de un coloniaje eléctrico que durante ochenta años hemos llevado a cuestas; se ha emancipado de pagar esos salarios fabulosos a los directivos de la Mexican Lighting que tenían sus grandes oficinas en Toronto.
…Estamos acostumbrados a obtener nuestras necesidades espirituales, políticas y económicas a base de sacrificio, pero vamos hacerlo porque tenemos confianza en que la industria eléctrica, en manos de mexicanos, habrá de servir para que en lo futuro el desarrollo de nuestra industria, el desarrollo de la industria eléctrica no se guíe por intereses económicos, no se guíe por un sentido y un espíritu de lucro, porque no se lleve la electricidad únicamente a donde se produce un interés, una ganancia, porque la necesaria electricidad llegue a servir a los hombres del campo, porque la electricidad con un sentido de justicia social sirva a los hombres del centro, del norte y del sur de la República, porque la electricidad, como se pone en la reforma constitucional, sea un servicio que satisfaga los intereses del pueblo de México.
Finalmente, vaticinaba que:
Pero este triunfo nacional debe ser acompañado por la fuerte y profunda meditación de funcionarios y técnicos de la industria eléctrica, para que en el momento de formular la ley reglamentaria, no vaya a ser pronto motivo de lamentaciones como lo es en toda nuestra legislación eléctrica anterior, o vayamos a cometer la imprudencia de convertir este rayo de luz, en el relámpago iniciador de una tormenta de privaciones y agresividades que vuelvan a frenar el desarrollo de México.
Al adicionarse el párrafo sexto del artículo 27 de la Ley Fundamental se establece que corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, y que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines, con lo cual es evidente, que al instituir el propio artículo 27 de la Norma Suprema la supresión de las concesiones y que al encomendar la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, exclusivamente a la nación, no es posible contrariar de ninguna manera la norma constitucional ni afectar la situación que se produjo con su adición.
Ahora bien, los objetivos concretos de un proyecto nacional de desarrollo o de una política económica, se contemplan en forma clara con los programas y, con el financiamiento adecuado para la aplicación de ellos. Los dilemas y las contradicciones se plasman cuando esa correspondencia está ausente.
Dos tendencias se muestran con las propuestas y aprobación del presupuesto. La primera, tiende al impulso moderno de una de las empresas, CFE y la otra, imprudente, procura las limitaciones extremas que minan esfuerzos básicos en su servicio, se acosa a Luz y Fuerza con presupuestos raquíticos; se confronta a las empresas, debiendo ser complementarias.
Que aunque en ambos casos, la política general en materia de energía se aplica con marco restrictivo, procurando la privatización de los recursos estratégicos. La mayor parte de las investigaciones en generación se entregan a capitales extranjeros, bajo el formato de Pidiregas como licitaciones directas al capital privado en las nuevas formas anticonstitucionales, como la de productor independiente.
En los últimos años Luz y Fuerza del Centro ha recibido presupuestos raquíticos, poniendo en riesgo la atención del 25 % de la demanda nacional para asegurar el abasto de los importantes sectores económicos, políticos y sociales establecidos en el centro del país.
La reducción presupuestal ha afectado gravemente la calidad del mantenimiento y rehabilitación de cables subterráneos o de las líneas aéreas, así como sus instalaciones en general, con lo que se eleva la probabilidad de fallas o disturbios, por la ausencia de estos mantenimientos, y provoca incidencia de apagones.
El gobierno federal argumenta falta de recursos, sin embargo el pago del servicio de la deuda es mayor al gasto en infraestructura estratégica. Paradójicamente, dicha deuda se acrecienta mientras fluyen al extranjero cada vez más recursos que podrían aplicarse al gasto social del Estado.
Así, durante los últimos 4 años, se solicitaron los importes que se consideraban necesarios para la operación de la entidad, pero la política instrumentada por el gobierno federal se ve reflejada en las siguientes cifras:
• Respecto al total solicitado y autorizado se aprecia un recorte de 30% los dos primeros años, 38% y 28% respectivamente en los años antes citados.
• Referente a materiales y suministros se nota la descarada actitud de aniquilar a LyFC, ya que los recortes van en una escalada criminal desde el 18% en 2005, 34% en 2006, 73% en 2007 y 82% en 2008.
• Para la inversión, los datos son todavía mas impactantes, ya que se disminuyó en 59% en 2005, 60% en 2006, 62% para 2007 y lo que es peor: 85% para el 2008.
Que se ha llegado a la pérdida de la capacidad firme en 20 subestaciones, (24%) de los bancos de transformación, para distribución. De 1990 a 2005 LFC acumuló un rezago en inversión física de 35 mil millones de pesos. En el proyecto de presupuesto para 2008 el Ejecutivo propone para Luz y Fuerza del Centro una asignación de 29 mil 199 millones, menor en 11 mil 399 millones, a los 40 mil 598 millones solicitados por la empresa, que sí sabe para que los necesita.
El presupuesto necesario para Luz y Fuerza para el ejercicio de 2008, deberá ser del orden de: en miles de millones de pesos, 1,978 para adquisición de equipo, 426 para modernizar instalaciones, 1,035 para sistemas de potencia, 400 para rehabilitar y modernizar plantas, 2,028 para los sistemas de distribución. Además un presupuesto multianual de 750 miles de millones de pesos, dedicados a la conversión de ciclo combinado de la planta J. Luque.
El gobierno está jugando con fuego o está apostando a un colapso del suministro eléctrico en la zona más importante del país, para luego "solucionar" el gravísimo problema entregando la industria eléctrica a las transnacionales de la energía.
El colapso, disturbios y apagones son inminentes en 22 zonas, por ejemplo Pachuca, Tula, Tepeji, Lomas Verdes, Tepotzotlán, Magdalena Coapa - Culhuacán, Corredor Reforma o Tlaltelolco, en donde la demanda máxima crecerá en los próximos años, al doble y hasta el triple. Los pronósticos son críticos si la política económica se mantiene así para Luz y Fuerza. Apenas estamos en el tiempo justo para atenuar el golpe o los disturbios. Por supuesto la solución es el presupuesto antes planteado.
Que el deterioro generalizado del presupuesto significa el quebranto de Luz y Fuerza, elevando los pasivos laborales por esta causa; provocando el caos con la compra cara de energía en bloque a CFE; el problema de los ilícitos permitidos; la resolución de las pérdidas no técnicas, la "inversión" con el reglamento de "aportaciones", la quita del 9% por "aprovechamiento", como el problema de los adeudos o el incumplimiento de asunción de pasivos, son los elementos reales que, desde el gobierno federal o la Secretaría de Energía, acechan a la empresa y, por ende, al contrato colectivo de trabajo.
Los apagones o los disturbios se convertirán, sin duda, en conflictos sociales gravando la condición de sectores importantes del pueblo y fermentando un potencial político incalculable.
Que el gobierno y la administración deben cumplir con los objetivos plasmados en el Código Político de 1917 y por lo planteado por el Constituyente Permanente de 1960.
Que en virtud de todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer al seno de las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público de éste órgano legislativo, al C. Jorge Gutiérrez Vera, Director General de Luz y Fuerza del Centro, a efecto de sostener una reunión de trabajo en relación con el estado que guarda la demanda nacional del abasto de energía eléctrica.
SEGUNDO.- Esta Soberanía solicita a la colegisladora, que en la aprobación del Presupuesto de Egresos tenga a bien considerar para el sector eléctrico la cantidad de 5,867 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2008.
SUSCRIBE
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los días del mes de octubre del año dos mil siete.
GRACO RAMÍREZ GARRIDO ABREU
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores.
DE LA SENADORA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, QUE CONTIENE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA ESTABLECER EL SISTEMA NACIONAL DE CENTROS Y ESTANCIAS DE ATENCIÓN Y CUIDADO PARA LOS ADULTOS MAYORES, CON EL OBJETO DE PROMOVER MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE PERMITAN LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, COORDINANDO ESFUERZOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMARÁN DICHO SISTEMA, PARA EXTENDER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS CON CRITERIOS HOMOGÉNEOS DE CALIDAD EN EL SERVICIO.
La que suscribe, Senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Cámara, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la propuesta con punto de Acuerdo que se fundamenta con base en los siguientes
Consideraciones
Como sociedad, sólo podemos aspirar a continuar aumentando nuestro desarrollo económico y social, si consolidamos un sistema que atienda de forma eficiente las necesidades básicas de salud de la población, en un esfuerzo compartido entre el gobierno federal y los propios ciudadanos para mejorar su calidad de vida.
La protección de la salud es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna. Por tanto, es obligación del Congreso coadyuvar con el Poder Ejecutivo, para ofrecer a la población servicios de salud y asistencia social, en calidad y cantidad suficiente, para lo cual es necesario un compromiso con toda la sociedad y en particular con los más desprotegidos, hacia quienes debemos dirigir los mayores esfuerzos.
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La sociedad mexicana ha transitado en los últimos años por dos fenómenos que afectan su conformación e influyen en sus condiciones de vida y salud. Por un lado, los cambios en la estructura de la población -la transición demográfica- ocasionados por disminución en la fecundidad y en la mortalidad, generan una composición poblacional caracterizada por la contracción de los grupos de menor edad y el crecimiento de la población en edad productiva y adulta mayor.
Los cambios demográficos de las últimas décadas trajeron consigo una transformación significativa en la estructura poblacional.
El mejoramiento de las condiciones de vida provocan también, el incremento de los años de vida y el crecimiento de la población de adultos mayores, tendencia que continuará durante los próximos decenios.
El nuevo fenómeno de envejecimiento poblacional acelerado ya nos alcanzó. Ocupamos el séptimo lugar de envejecimiento acelerado en todo el mundo, con una tasa de crecimiento de 7% de la población de 60 años y más. Las proyecciones poblacionales del INEGI, la CONAPO y la ONU muestran los cambios de la estructura demográfica mexicana: si en el año 2000 las personas mayores de 60 años representaban el 7% de la población, en el 2025 representarán el 13% y en el 2050 más del 25%, que oscilará entre 30 y 35 millones de mexicanos.
Como vemos durante los próximas dos décadas, una proporción importante de la población mexicana, alrededor del 13 por ciento del total, tendrá una edad superior a los 60 años. Esta situación demanda innovaciones en el sistema de salud, debido al crecimiento de la demanda en el tratamiento de las enfermedades, así como la atención de la asistencia social asociadas a este grupo de edad.
La población superior a los 60 años presenta situaciones de contraste en sus oportunidades de salud y su acceso a los servicios médicos y asistenciales. Junto al incremento de su esperanza de vida, aún hay regiones con severos problemas de abandono de nuestros adultos mayores que exige un mayor esfuerzo para propiciar condiciones de mayor equidad.
En México, la infraestructura hospitalaria, los asilos, los centros de atención para los adultos mayores, así como los especialistas en geriatría son insuficientes para el número de nuestra población.
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La problemática descrita exige la instrumentación de acciones que atiendan las condiciones y circunstancias de ese núcleo de la población, de manera especial, será necesario incorporar a la sociedad en la definición y ejecución de las acciones que permitan proteger a nuestros adultos mayores que tienen algún grado de dependencia y requieren de algún tipo de atención.
Para ello, es necesario fortalecer las condiciones que aseguren a la población vulnerable, especialmente la de los adultos mayores, la superación de situación de desventaja, a través de una política social integradora que conjugue esfuerzos institucionales y de la propia sociedad, en la aplicación de acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida.
De igual forma, se hace necesaria la construcción de procesos de organización, formación y participación comunitaria, para lograr la integralidad de programas institucionales y el fortalecimiento del capital social y humano para que los habitantes sean sujetos activos de su propio desarrollo.
Promover la unidad familiar mediante la difusión, conocimiento y práctica de principios y valores que forjen el bienestar y desarrollo integral de todos sus miembros, es un requisito para alcanzar una mejor convivencia que fortalezca el núcleo básico de la sociedad y para evitar las causas de la desintegración familiar.
Esta propuesta con punto de Acuerdo busca como objetivo permitir crear servicios integrales con amplia cobertura, con oportunidad y eficacia para la satisfacción del adulto mayor y sus familias en un esquema que permita a través de la Ley de Asistencia Social, proporcionar servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, ofreciendo elementos para su formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma autosuficiente.
La prestación de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud, se realiza por parte de las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, cada una en el ámbito de sus atribuciones, así como por las entidades de la Administración Pública Federal y por las instituciones públicas y privadas, que tengan entre sus objetivos la prestación de esos servicios, de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas.
En este sentido, la Secretaría de Salud en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, tienen respecto de la asistencia social, y como materia de salubridad general, las atribuciones señaladas en el artículo 9 de la Ley de Asistencia Social.
Es por ello, que es fundamental implementar medidas que permitan generar sinergias para impulsar una operación integral de servicios de centros comunitarios de atención a los adultos mayores, donde las familias, sobre todo las mujeres, que tienen bajo su custodia a los adultos mayores, puedan dejarlos en lugares seguros y con personal debidamente capacitado para su atención diaria, y potenciar a su vez, sus capacidades productivas en el mercado laboral.
Se calcula que casi un millón cien mil personas en nuestro país, dedican una jornada de 9 horas diarias para atender a los adultos mayores que requieren cuidados, si multiplicamos estos dos factores, resulta que se invierten 9.4 millones de horas/hombre de trabajo al día. Arrojando un porcentaje de participación de las mujeres de un 76% contra solamente 24% por parte de los hombres.
Es necesario también, generar esfuerzos interinstitucionales de asistencia social para constituir un sistema integral de información, evaluación y seguimiento, que permita el control y medición del impacto de los diversos programas a favor de los adultos mayores.
Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la economía familiar, para combatir la pobreza a través de proyectos productivos comunitarios dirigidos a las familias de las zonas marginadas urbanas y rurales, apoyados con esquemas de capacitación que permitan a través de la instalación de asilos, centros y estancias para los adultos mayores, mejorar la economía regional así como el ingreso familiar y el nivel de vida.
Otro objetivo de esta propuesta es la de fomentar la participación de los organismos no gubernamentales y del sector privado, buscando su participación en programas asistenciales. Esto nos ayudará a impulsar procesos de organización y participación comunitaria autogestiva que deriven en la formación y capacitación de agentes sociales orientados a la asistencia social, en especial, la de los adultos mayores.
Se trata de un esquema donde las personas que deseen poner sus domicilios como centros o estancias de atención y cuidado para recibir a los adultos mayores que requieren cuidados sin estar gravemente enfermos, en el marco de estándares definidos de manera interinstitucional, puedan gozar de un ingreso conformado por un subsidio gubernamental y el ingreso que los propios familiares eroguen por los servicios prestados.
Con ello, podríamos construir nuevos esquemas corresponsables de participación y sinergias interinstitucionales que permitan la atención universal de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad, a través del Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores, y de paso, apoyar a las mujeres que deseen incorporarse al sistema laboral, ya que podrán invertir el tiempo que antes dedicaban a cuidar de uno o varios adultos mayores a una actividad productiva.
Los objetivos de este sistema, serían similares al Sistema Nacional de Estancias, Centros y Guarderías Infantiles, en el sentido de impulsar una estrategia de atención a través de diversas instancias y dependencias del Gobierno Federal, para apoyar a las mujeres trabajadoras y a las que deseen incorporarse a una actividad productiva, con el fin de establecer las condiciones que les permitan desarrollarse plenamente en el ámbito laboral y familiar.
Asimismo, se trata de diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para asegurar la atención a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad y coordinar esfuerzos de las dependencias y entidades que conformarán dicho Sistema, para promover mecanismos que permitan extender la cobertura de los servicios de atención y cuidado de los adultos mayores con criterios homogéneos de calidad en el servicio.
La coordinación interinstitucional deberá darse a nivel federal, estatal y municipal, así como la concertación de acciones entre los ámbitos público y privado a efecto de promover y prestar los servicios de atención y cuidado para los adultos mayores en todo el país.
Para ello, se propone también impulsar programas conjuntos de capacitación y seguimiento para el personal que laborará en los asilos, centros o estancias para los adultos mayores de las dependencias y entidades que conformarán el Sistema.
En este sentido, el Gobierno Federal en coordinación con las entidades federativas deberán promover la certificación para el personal que preste sus servicios en los diversos programas; concertar acciones con los sectores social, público o privado, mediante convenios y contratos en que se regule la prestación y promoción de los servicios con la participación correspondiente de otras dependencias o entidades; coordinar los mecanismos para el seguimiento y evaluación que permitan valorar la calidad de los servicios; promover la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios a través de esquemas diversificados y regionalizados; integrar un sistema único de información que permita orientar las acciones del Sistema hacia una mayor y mejor atención, e impulsar en los municipios la participación social en la aplicación, promoción y evaluación de la atención de los adultos mayores.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con:
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a establecer el Sistema Nacional de Centros y Estancias de Atención y Cuidado para los Adultos Mayores, como una instancia de coordinación, a través de la cual, se dará seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura a la demanda de los servicios de atención y cuidado de los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.
Segundo.- Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta propuesta, y en razón de su competencia, que deberán ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que impliquen ejercicio de recursos, deberán de contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para mejorar la cobertura por parte de las instituciones del sector salud en la atención y cuidados para los adultos mayores, la formación de recursos humanos en hospitales de especialidad, y en el establecimiento de esquemas de interconsulta y referencia a especialistas, al tiempo de impulsar en las facultades y escuelas de medicina la especialidad de Geriatría.
S u s c r i b e,
Senadora María Elena Orantes López
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de octubre de 2007.
Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que se profundice la investigación de la tragedia ocurrida en Campeche, en la que fallecieron trabajadores de PEMEX, se deslinden responsabilidades y se revisen prácticas en materia de seguridad industrial.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE PROFUNDICE LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAGEDIA OCURRIDA EN CAMPECHE, EN LA QUE FALLECIERON TRABAJADORES DE PEMEX, SE DESLINDEN RESPONSABILIDIDADES Y SE REVISEN PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, QUE SUSTENTA EL C. SENADOR ALEJANDRO MORENO CARDENAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.
El que suscribe, Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Los recientes hechos ocurridos en mi tierra, Campeche, en colindancia con Tabasco, dejan al descubierto una serie de situaciones que indignan, que desesperan, que dan rabia. Cuando la negligencia asociada a posibles casos de corrupción cobran la vida de seres humanos, pasan de ser “pecados sociales” a crimen flagrante, si esos hechos se comprueban.
Se sabe de ocho incidentes relacionados con la falta de mantenimiento en las plataformas marinas de PEMEX ubicadas en la Sonda de Campeche desde 2004.
El 12 de octubre una embarcación de transporte se hundió en la zona, causando la muerte de una persona y el pasado día 22 se incendió un barco oficina con quince personas abordo, una de ellas desaparecida. Dos días después, debido a un choque de plataformas, quedó fuera de control una fuga de gas y aceite en las válvulas de seguridad de los pozos Kab 101 y Kab 121 de la plataforma Usumacinta de la Sonda de Campeche, por lo que se procedió a evacuar a los 86 trabajadores de la plataforma - según PEMEX, porque se dice que eran 150 - , con tan “mala suerte”, que los botes salvavidas no funcionaron. “Las mandarinas se partieron en dos” dijeron algunos de los sobrevivientes.
El incremento de los accidentes en plataformas y en el transporte marítimo es preocupante pues más de 14 mil trabajadores de PEMEX trabajan en ellas, además del personal de las compañías que prestan servicios subcontratados, muchas veces en condiciones carentes de seguridad. El transporte de personas y de insumos es constante en esa zona donde se extrae más del 70 por ciento de la producción nacional de crudo y gas, por lo que tiene una importancia estratégica.
La plataforma Usumacinta es una de las muchas que está siendo operada por una empresa privada subcontratada por PEMEX, Perforadora Central S.A. de C.V., misma que ha sido varias veces denunciada por las pésimas condiciones de trabajo en las que opera y por pagar a sus empleados la mitad de los salarios que paga PEMEX por el mismo trabajo.
Hasta el momento se ha informado de 22 fallecidos, un desaparecido y 63 lesionados porque no fueron desalojados con un mínimo de seguridad de la plataforma y porque las embarcaciones para realizar el rescate sirvieron para bastante poco. Particularmente los trabajadores de las empresas subcontratadas por PEMEX, no están capacitados para enfrentar situaciones de emergencia. Algunos de ellos, ni siquiera contaban con prestaciones; otros, según testimonio de algunos sobrevivientes, no sabían nadar.
A la tragedia humana que hoy viven muchas familias, se agrega una contingencia ambiental cuyo impacto aún no se dimensiona. Cuatro mil 600 barriles de crudo flotan en el mar, con la consecuente contaminación de aguas y tierras.
Desafortunadamente ha tenido que ocurrir una tragedia para llamar la atención sobre las condiciones de seguridad industrial en que se desarrollan las actividades de una empresa que es vital para México.
Tiene tiempo que se vienen señalando deficiencias graves en la actividad marítima de PEMEX. El diagnóstico de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no deja lugar a dudas (cito): “ la empresa (PEMEX) cuenta con una flota de buques tanque para el transporte de sus productos que ha alcanzado, en su mayoría, una edad que de acuerdo con los convenios y tratados internacionales ha llegado al límite de su vida útil y debe dejar de operar para no constituirse en un riesgo para la protección de la vida humana en el mar y la preservación del medio ambiente” (fin de la cita).
Quiere decir que la flota de PEMEX envejeció sin que se tomaran a tiempo las medidas para sustituirla con garantía de eficiencia. Por otra parte, la paraestatal recurre a la contratación de compañías privadas para el transporte de personal y para otras actividades asociadas a su actividad productiva en las aguas del Golfo de México.
Dada la recurrencia de accidentes que se han venido presentando, existen muchas dudas respecto a las políticas que sigue PEMEX en materia de seguridad industrial, y si éstas han sido actualizadas considerando que los cambios en el clima exigen quizá la formulación de nuevos parámetros de alerta para la evacuación oportuna de las plataformas. En ocasiones anteriores se ha informado del retiro de trabajadores y el cierre de pozos ante huracanes que se prevén devastadores. En esta ocasión no se actúo a tiempo a pesar de que el servicio meteorológico anunció la acción de un frente frío intenso que se identificó como “huracán sólido” precedido por una extraordinaria migración de aves que anunciaba su gran intensidad.
Al parecer la paraestatal no cuenta con las disposiciones adecuadas ante fenómenos como el que provocó la tragedia. De ahí la necesidad de revisar sus criterios técnicos y a prepararse de mejor manera ante estos fenómenos climatológicos que seguramente se seguirán presentando ante el llamado cambio climático que ya nos alcanzó.
La otra parte que merece especial atención tiene que ver con las condiciones de contratación y operación de las compañías privadas. Se sabe que los accidentes registrados en el mar corresponden a embarcaciones de empresas que trabajan para PEMEX. Si la paraestatal no ha renovado su flota marítima por falta de recursos para inversión, es absurdo que recurra a la contratación de empresas que no cubren los estándares indispensables para una actividad de importancia estratégica para el país y de elevado riesgo para los trabajadores.
¿Cuáles son esas compañías? ¿En que condiciones se les ha contratado? ¿Bajo qué criterios y cual es su historial?
Existen fundadas sospechas respecto a prácticas que permiten a empresas descapitalizadas obtener jugosos contratos mediante las recomendaciones adecuadas. Es decir, mediante el tráfico de influencias. Coincidentemente, luego son estas empresas las que sufren mayor siniestralidad y las que ofrecen peores condiciones de seguridad a sus trabajadores. Por eso es indispensable tener una información precisa, histórica y puntual que no deje lugar a dudas, porque lo que esta de por medio es la vida y la seguridad de personas, así como el ecosistema mismo, además del grave daño que se infringe a la economía del país.
Por ello, me permito someter a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- El Senado de la Republica solicita al Ejecutivo Federal gire las instrucciones pertinentes con el propósito de indagar exhaustivamente en las causas técnicas y humanas que provocaron el accidente en la plataforma Usamacinta, a fin de deslindar las responsabilidades administrativas y judiciales que correspondan, tanto al interior de Petróleos Mexicanos, como en lo que concierne a la actuación de la empresa Perforadora Central S.A de C.V.
Segundo.- El Senado de la República solicita al Director General de Petróleos Mexicanos proporcionar a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los accidentes ocurridos en plataformas petroleras operadas por las diversas empresas subcontratadas por PEMEX desde el año 2000, así como en el transporte marítimo asociado a la actividad en plataformas, proporcionando la razón social de las empresas involucradas.
Tercero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se revisen y ajusten los criterios, índices y prácticas de seguridad industrial en PEMEX, considerando que la labor extractiva en plataformas marinas es un empleo de altísimo riesgo, para actualizarlos conforme a las siniestrabilidad provocada por el cambio climático y otras causas, con objeto de enfatizar en la prevención de accidentes laborales. De igual manera se solicita a la dependencia mencionada realice una investigación sobre las condiciones laborales en que desarrollan sus actividades los trabajadores de empresas subcontratadas por PEMEX y, en su caso, imponga las medidas correctivas pertinentes para que éstas se ajusten a la legislación laboral.
Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la Secretará de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar una evaluación urgente del impacto ambiental generado por el accidente ocurrido en la zonda de Campeche y a que presente sus resultados a esta soberanía.
A t e n t a m e n t e,
C. SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.
Sala de Sesiones del Senado de la República, 30 de octubre de 2007.
Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes, para que informen sobre las medidas adoptadas respecto al varamiento del yate “Hawaiano” en el poblado Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero; al encallamiento del buque remolcador PEMEX XLII, así como al hundimiento de los buques “Seba’an” y el “Oficina Porvenir” en la Sonda de Campeche.
PUNTO DE ACUERDO YATE “HAWAIANO”
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES DE LA LX LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, Senador de la República de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, por el cual se formula respetuoso exhorto a la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y a la de Comunicaciones y Transportes, para que se informe a esta Soberanía de las medidas adoptadas respecto al varamiento del yate “Hawaiano” en el poblado Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero; al encallamiento del buque remolcador PEMEX XLII, así como al hundimiento de los buques “Seba’an” y el “Oficina Porvenir” en la Sonda de Campeche, lo anterior al tenor de las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S
A partir del mes de diciembre de 2006, se han publicado diversas notas periodísticas en diarios de circulación nacional, relacionadas al encallamiento del buque remolcador “PEMEX XLII” en los riscos de “El Rincón”, en el poblado de Pie de la Cuesta, Municipio de Acapulco, Guerrero, luego de haber remolcado hasta esa zona al yate “Hawaiano”, dejándolo varado en las playas del citado lugar.
De la información publicada se desprende que el “Hawaiano” es una embarcación de recreo, con una edad de 65 años, en condiciones no aptas para la navegación, motivo por el cual fue remolcado a la playa de Pie de la Cuesta para proceder a su desguace.
El remolque del yate referido lo llevó a cabo el buque “PEMEX XLII”, el cual una vez que lo dejó varado en la playa de Pie de la Cuesta, prosiguió su paso, sin embargo, y de acuerdo a las notas periodísticas, encalló en los riscos de esa playa a consecuencia de una falla mecánica.
También se menciona, que el buque remolcador encallado derramó combustible y despide un olor desagradable que ahuyenta a los turistas, lo que se confirmó en el mismo medio de comunicación, acorde con la declaración del Capitán de Puerto Antonio Pizá Vela, quien informó que el buque tenía una fuga de diesel que quedó derramado en el mar y en las rocas.
Sobre este particular considero pertinente precisar que el combustible y los aceites son de baja solubilidad en el mar, lo cual los convierte en un agente contaminante y su comportamiento físico constituye un factor trascendental a considerar para evaluar los peligros sobre el ambiente marino.
A pesar del riesgo de contaminación para la zona, y que a su vez genera no sólo daños ambientales sino también sociales y económicos, dado que las playas del citado lugar como atractivo turístico constituyen la principal fuente de ingresos de sus habitantes, se tiene conocimiento que las acciones para retirar los residuos peligrosos que contiene el remolcador no se han realizado con la prontitud que el caso amerita.
En relación al yate de recreo, varado en la playa de Pie de la Cuesta, se desconoce si en el desmantelamiento del mismo, se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que para el efecto dispone que el desguace de una embarcación se autorizará por la capitanía de puerto, previa dimisión de bandera, contando con la opinión favorable de la autoridad ambiental competente en el lugar y plazo determinado, con el objeto de evitar daños perjudiciales al ecosistema.
Por otra parte, el día 23 de octubre de este año, en diversos diarios de circulación nacional se publicó la noticia de que el día 22 del mismo mes, un barco abastecedor de Petróleos Mexicanos, naufragó en la Sonda de Campeche, a consecuencia de un incendio en su cuarto de máquinas.
Dicha embarcación de nombre “Oficina Porvenir”, propiedad de la empresa Transportación y Servicios Marítimos S.A. de C.V., transportaba quince personas a bordo, una de las cuales se encuentra desaparecida, no obstante los esfuerzos de búsqueda y rescate realizados por personal de la Armada de México, del buque de nombre “Apolo”, otras unidades de superficie y un helicóptero de la empresa PEMEX.
Cabe destacar que como fue señalado en el Punto de Acuerdo que elevé al pleno el 16 de octubre del presente año, se hizo del conocimiento de esta Soberanía que el pasado día 11 de octubre, el buque “Seba’an”, propiedad de la compañía Oceanografía y rentada por PEMEX, con una dotación de ocho tripulantes, también había sufrido un incendio en su cuarto de máquinas, mientras transportaba a 168 trabajadores petroleros desde Ciudad del Carmen, Campeche, a las diferentes plataformas marinas ubicadas en la Sonda.
En virtud de lo anterior, me permito someter a la consideración de ésta H. Soberanía el siguiente:
P U N T O D E A C U E R D O
ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta:
1.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe a esta Soberanía:
a) Si emitió la opinión favorable para el desmantelamiento del yate “Hawaiano” que se encuentra varado en la playa de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Gro.
b) Si hubo contaminación ambiental y en caso afirmativo, si se inició algún procedimiento administrativo por derramamiento de combustible del buque remolcador “PEMEX XLII”.
c). Se informe a esta Soberanía el seguimiento que ha llevado a cabo en el ámbito de su competencia, respecto a la varadura del yate “Hawaiano” y al encallamiento del buque remolcador “PEMEX XLII”.
d). Si por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha iniciado las actuaciones correspondientes, respecto a la probable contaminación al ambiente marino provocado por el hundimiento de los buques “Seba’an” y el “Oficina Porvenir”.
2.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que por conducto de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, informe a esta Soberanía:
a) Si otorgaron los permisos para el desguace del yate “Hawaiano”.
b) Si ha realizado las acciones tendentes al retiro del buque remolcador “PEMEX XLII”, del lugar donde se encuentra encallado.
c) El seguimiento que hayan llevado a cabo en el ámbito de su competencia, respecto a la varadura del yate “Hawaiano” y al encallamiento del buque remolcador “PEMEX XLII”.
d) Si procedió a realizar las investigaciones respecto a las causas que provocaron los hundimientos de los buques “Seba’an” y “Oficina Porvenir” y en caso de considerarlo procedente turnar las actuaciones al Ministerio Público de la Federación para el ejercicio de las funciones que le competen.
e) Si las embarcaciones “Seba’an” y “Oficina Porvenir” que se encuentran hundidas, constituyen un peligro o un obstáculo para la navegación, y en caso afirmativo, si se notificó al propietario de la misma para que tome las medidas apropiadas a su costa para iniciar de inmediato su señalización y posterior remoción.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los días del mes de de 2007.
SUSCRIBE
SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO
De la Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, a nombre propio y de los Senadores Pedro Joaquín Coldwell, Rosalinda López Hernández, Melquíades Morales Flores y los integrantes de la Comisión de Cultura, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, se considere la reubicación del Archivo General de la Nación en el sitio idóneo para preservar su acervo.
Propuesta con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, que presentan los Senadores María de Lourdes Rojo e Incháustegui, Pedro Joaquín Coldwell, Rosalinda López Hernández, Melquíades Morales, Francisco Arroyo Vieyra y los integrantes de la Comisión de Cultura Senadores Martha Leticia Rivera Cisneros, Gerardo Montenegro Ibarra, María Serrano Serrano, Judith Díaz Delgado, Jorge Mendoza Garza, Rosario Ybarra Garza y Alberto Anaya Gutiérrez, mediante el cual se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, se considere la reubicación del Archivo General de la Nación en el sitio idóneo para preservar su acervo.
Los suscritos, Senadores de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones:
PRIMERA.- En 1790, el virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, Conde de Revillagigedo, creo el Archivo General del Virreinato de la Nueva España que llegó a ser el más importante y rico del continente. Alejandro de Humboldt utilizó la documentación reunida en el Archivo y, en su oportunidad, recomendó cambiarlo al Castillo de Chapultepec, que reunía los requisitos de ventilación necesarios para la conservación documental al igual que por su altura, la preservaba del peligro de humedad y de inundaciones. Más tarde, en 1823, se fundó el Archivo General y Público de la Nación y, a partir de 1918, el mismo pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se le llamó Archivo General de la Nación.
SEGUNDA.- El acervo documenta del Archivo general de la Nación ha tenido varias sedes, desde el Palacio Virreinal que luego se transformó en Palacio Nacional, hasta pasar por varios recinto y llegar a su actual sede desde 1982, la antigua Penitenciaría de Lecumberri que, por su arquitectura y su ubicación ha mostrado ser un lugar inadecuado. Así, el antiguo “Palacio Negro” ha sufrido inundaciones desde su construcción y los materiales utilizados en la misma para evitar la fuga de los internos propiciaron el hundimiento de al estar ubicado en zona lacustre. Por otra parte, ya que se trata de instalaciones penitenciarias, su forma panóptica de siete brazos resulta propicia para las variaciones climáticas, además de que la carga del acervo documental es mayor en las galería que en la cúpula central que ha dado lugar a un hundimiento anual estimado de 12 centímetros.
TERCERA.- Si bien se eliminó la torre central de 400 toneladas, ello provocó un “efecto burbuja” en el subsuelo de la actual cúpula, por lo que se hizo necesario construir pilotes hidráulicos cuyo mantenimiento ha resultado sumamente costoso; esta obra, como muchas más de las que se han realizado desde la remodelación de Lecumberri para recibir el acervo documental del Archivo General de la Nación, representan una tarea interminable que no ha podido impedir la contaminación producida por hongos y ácidos nítricos y sulfúricos del aire contaminado de la zona de la ciudad en donde se ubica, que son altamente dañinos para el papel.
CUARTA.- Según el estudio realizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, los factores de riesgo de Lecumberri son: “Por su ubicación, permanente riesgo de inundación por aguas contaminadas, hundimientos diferenciales severos y constantes debido a la alta compresibilidad del subsuelo, zona de alta resonancia en caso de sismo (agravada por la modificación de su geometría y régimen de cargas) y medio ambiente inmediato: nivel freático superficial agresivo, absorción capilar permanente al nivel de cimentación, confinamiento de humedad en la estructura del inmueble, niveles elevados de contaminación por vehículos automotores, basura y emisiones de industria y vulnerabilidad a causa de diversos factores naturales y sociales. Por sus características constructivas y de equipamiento: hundimiento diferencial, fracturas derivadas de cambios de geometría y régimen de carga, incremento de humedad relativa confinada en espacios interiores cerrados, generación de microorganismos en superficies de muros, mobiliario y documentos, condiciones crecientes de deterioro ambiental interno, riesgos de contaminación biológica. Espacios iluminados naturalmente con el consecuente deterioro de documentos.”
QUINTA.- Por otra parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), al estudiar los factores de riesgo presentes en Lecumberri señalo que: “Las causas químico ambientales de alteración, principalmente las relacionadas con la contaminación y la polución, sin duda son las que más daño pueden causar a los documentos, no sólo en cuanto a formar ácido sulfúrico, la temible acidez que es preciso apartar de la documentación, sino porque pueden producir sobre todo polvo, efectos abrasivos catalizadores y de contaminación biológica sobre el papel. Actualmente, el Archivo General de la Nación enfrenta serios problemas que significan factores de deterioro, altos costos de tratamiento y altos riesgos de conservación; de éstos se pueden destacar el hundimiento diferencial del inmueble, su inestabilidad térmica, la contaminación microbiológica que durante siglos se ha acumulado en gran parte de sus colecciones, la imposibilidad de practicar fumigaciones adecuadas por las características de los recintos adaptados, de celdas y crujías, a depósitos documentales. En el proceso de remodelación y adaptación del inmueble penitenciario, se dio preferencia a los elementos estéticos sobre los éticos y no se tuvieron en cuenta las necesidades y características de un acervo documental, su manejo y causas de deterioro.”
SEXTA.- Aunque la información expuesta ya es por sí misma motivo de alarma respecto al acervo que integra el Archivo general de la Nación, existen estudios de microscopía electronica del ININ y microbiológicos realizados por la Facultad de Química de la UNAM, en los que se detectó la presencia de diversos tipos de hongos y bacterias listos para reproducirse rápidamente en cuanto las condiciones de humedad y temperatura sea adecuadas. El exterminio de estos microorganismos es arduo y costoso, especialmente porque contaminan la totalidad de las instalaciones.
SEPTIMA.- Pero no son estas todas las dificultades ni todos los riesgos que enfrenta el Archivo General de la Nación en su actual sede: el espacio es insuficiente, se halla saturado y la historia de la segunda mitad del siglo XX no cuenta con el espacio físico para su salvaguarda. Para tener una idea clara de esto, hay que recordar que el Archivo General de la Nación resguarda 1,200 códices novohispanos, así como documentos fundamentales de nuestra historia, desde el juicio de residencia de Hernán Cortés y la Cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad, así como los textos de Sor Juana Inés de la cruz, las Tablas Geográficas Políticas del Reino de la Nueva España de Alejandro de Humboldt, nuestros símbolos patrios, el acta de independencia y las diversas constituciones de los mexicanos, incluida la que nos rige, los archivos presidenciales y una colección de 6 millones de imágenes y el Diario Oficial de la Federación, entre otros tesoros documentales.
OCTAVO.- Ha sido por todo esto que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron la búsqueda del sitio ideal para preservar el patrimonio documental de México, encontrando que por sus condiciones naturales Juriquilla, Estado de Querétaro y las inmediaciones de Pachuca, Estado de Hidalgo, son los idóneos, además de que los gobiernos de ambas entidades cuentan con terrenos disponibles para la construcción de una nueva sede del Archivo General de la Nación.
NOVENO.- Es urgente la creación de una subsede del Archivo General de la Nación donde se cuente con las instalaciones apropiadas para preservar y resguardar el acervo documental de México, sin perjuicio de que Lecumberri sea conservado como sede simbólica, donde se pudiera consultar inventarios, índices y catálogos documentales, donde se contara con equipo de cómputos para realizar consulta de documentos digitalizados y se instalara un museo de sitio donde se expondrían los símbolos patrios y la historia del Archivo y sus acervos y la propia historia de Lecumberri.
DÉCIMO.- Sin duda, tomar la decisión de crear un nuevo recinto para el acervo del Archivo General de la Nación requiere de tiempo y, por ello, es necesario y urgente dar un primer paso, especialmente ante la celebración del Bicentenario; no será suficiente tomar la determinación del lugar, sino que hará falta seguir todo el proceso administrativo para su construcción y más tarde para llevar a cabo el proceso de traslado de los acervos, mismo que requiere de observar y seguir varios pasos de naturaleza técnica ineludibles sin dejar de prestar el servicio que se da a los usuarios.
Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este Honorable Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo:
UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Gobernación emprenda las acciones necesarias orientadas a reubicar el acervo documental que integra el Archivo General de la Nación en las instalaciones y el sitio idóneos, conforme a las normas internacionales aplicables en esta materia para su preservación y resguardo, así como para su adecuada consulta.
Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República el 23 de octubre de 2007. Suscriben la presente propuesta con punto de acuerdo.
Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui
|Sen. Pedro Joaquín Coldwell |Sen. Rosalinda López Hernández |
| | |
|Sen. Martha Leticia Rivera |Sen. Gerardo Montenegro Ibarra |
|Cisneros | |
| | |
|Sen. María Serrano Serrano |Sen. Judith Díaz Delgado |
| | |
|Sen. Jorge Mendoza Garza |Sen. Rosario Ybarra Garza |
Sen. Alberto Anaya Gutiérrez
Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos estatales y a las Legislaturas locales a llevar a cabo la armonización de su marco jurídico en relación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LOS EJECUTIVOS ESTATALES Y A LAS LEGISLATURAS LOCALES A LLEVAR ACABO LA ARMONIZACIÓN DE SU MARCO JURÍDICO EN RELACIÓN A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, Senador de la República de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a los Ejecutivos estatales y a las Legislaturas locales a llevar acabo la armonización de su marco jurídico en relación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
CONSIDERACIONES
El pasado 27 de septiembre de 2007 se dio un paso importante y fundamental en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, cuando el Senado de la República en medio de un marco de gozo, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La importancia de esta Convención radica en que representa un cambio en la forma de abordar la discapacidad, al pasar de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de respeto a sus derechos.
La Convención cubre una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, así como la igualdad y la no discriminación.
También promueve el acceso a la información en formatos y tecnologías accesibles, como el lenguaje de escritura Braille, el lenguaje de señas y otras formas de comunicación, con lo cual se alienta a los medios de comunicación y a los proveedores de Internet a ofrecer información en formatos accesibles.
El proceso de esta Convención comenzó a gestarse el 9 de diciembre de 2001, cuando en la resolución 56/168 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas se decidió establecer el Comité Especial encargado de preparar una Convención Internacional Amplia e Integral para proteger y promover los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, cuya aprobación del texto definitivo y su Protocolo Facultativo fue el 13 de diciembre de 2006, misma que fue firmada por el Ejecutivo el 30 de marzo de 2007.
Posteriormente, y convirtiéndose en un hecho histórico para el país y en el cumplimiento de un sueño para todas aquellas personas que han luchado por que sean reconocidos y respetados los derechos de las personas con discapacidad, el día 27 de septiembre de 2007 la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión ratificó por unanimidad la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta Convención establece que su primordial objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, teniendo claro que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con tales condiciones, de las barreras provocadas por el entorno y de la actitud social, que impiden que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de integrarse sin limitación o reserva alguna dentro de la sociedad.
Además es preciso recalcar en cuanto a la materia de derechos de las personas con discapacidad, que esta Convención establece los principios y directrices que señala el Programa de Acción Mundial en referencia a las Personas con Discapacidad y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuya pretensión es eliminar aquellas condiciones que excluyen y alejan a las personas con discapacidad de la igualdad de oportunidades.
También la Convención contiene dentro de sus principios y normatividad, la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluyendo la libertad de tomar sus propias determinaciones, así como satisfacer la necesidad de las personas con discapacidad a tener oportunidades de participar activamente en los procesos de toma de decisiones políticas y sobre programas que les afecten directamente, igualmente pretende ser dirigida a la salvaguarda de los derechos de estas personas, que aunada a su condición, son víctimas de múltiples formas de discriminación.
Esta Convención también establece una serie de medidas encaminadas a satisfacer la necesidad de brindar accesibilidad al entorno físico, social, cultural, económico, a la salud, a la educación, a la información y las comunicaciones, a las personas con discapacidad y enumera medidas que deberán tomar los Estados Parte, dirigidas a que la sociedad e incluso las familias de las personas con discapacidad, tomen conciencia respecto de ellas y del debido fomento y respeto a sus derechos.
Asimismo cabe mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene una estrecha relación con diversos instrumentos internacionales que han sido aprobados por México, formando parte de nuestro derecho vigente.
Por otra parte, apegándonos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema Nacional, en su artículo 133 y según la interpretación que a este artículo le da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que cualquier tratado internacional ratificado por México está por encima de las leyes federales, por lo que es un ordenamiento de mayor jerarquía al cual se deben de adecuar las diferentes disposiciones nacionales que por jerarquía estén por debajo de este tratado.
Ahora, en razón del cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, es necesario que todos los Estados de la República Mexicana, contribuyan a la “armonización” de su marco jurídico en relación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el propósito de homologar términos y cumplir con los mandatos de dicho ordenamiento jurídico, con la finalidad de darle cumplimento pleno y así salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad de forma íntegra.
Con la ratificación de la Convención las Entidades Federativas —al igual que lo que sucede en el ámbito federal— tienen el compromiso de trabajar a favor del pleno reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad, ya sea dentro de su Poder Ejecutivo (cuando utilice la facultad de proponer iniciativas de ley o de elaborar reglamentos y decretos en materia de discapacidad, y cuando diseñe, implemente y evalúe programas gubernamentales, etc.), teniendo que estar en congruencia con lo establecido en dicha Convención, o en su órgano Legislativo al tener que trabajar en favor de la armonización del marco jurídico de su competencia en relación a la Convención en materia de discapacidad con el fin de homologar términos, diseñar estrategias y sobre todo legislar a favor de los derechos de las personas con discapacidad.
Es preciso hacer hincapié en que las normas y compromisos contenidos en este instrumento son transversales a otros instrumentos que igualmente consagran compromisos y mecanismos que ha adquirido México, para dar paso al pleno cumplimiento de los derechos de sus beneficiarios, entre los que destacan aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otras que incorporan una perspectiva de género en relación a tales derechos, lo que a su vez resulta preocupante al demostrarse que a pesar de los múltiples instrumentos internacionales existentes en materia de respeto y cumplimiento de los derechos humanos, aún persisten las barreras y elementos que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
Por eso es necesario entender que con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se ha dado un paso hacia el pleno reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo falta que entre todos ayudemos a concluir esta carrera, que si bien es larga, estoy seguro que con el apoyo de todas las entidades estatales y municipales podemos concluirla en corto plazo y cumplir con el sueño de las personas que han pasado su vida luchando por que sean reconocidos y respetados los derechos de la personas con discapacidad, logrando con esta plena armonización, no sólo darle sentido a la lucha interminable de tales personas, sino otorgarles derechos tangibles que deriven en la plena integración de este sector a la sociedad.
En conclusión, es importante que en las Entidades Federativas se trabaje en la multimencionada armonización con la finalidad de realizar la homologación de términos que establezcan las formas y condiciones que se tienen que respetar a favor de sus derechos y aclaren aspectos de la vida diaria tan simples como establecer su correcta referencia como “personas con discapacidad” a aquellas que por alguna razón o circunstancia presentan deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo, en vez de llamarles comúnmente “personas con capacidades diferentes”, por citar un ejemplo, ya que este término se aleja del espíritu de la Convención, pues incluso existen Comisiones pertenecientes a las legislaturas locales que establecieron este último término como parte del nombre de la misma, cuestión que indudablemente confunde y aleja a la sociedad, además de contribuir a que no se les dé el trato que se merecen al referirse a ellas de forma incorrecta.
Seguro de recibir el apoyo de los Ejecutivos estatales y de las Legislaturas locales para llevar acabo la armonización de su marco jurídico en relación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a los Ejecutivos estatales y a las Legislaturas locales a que lleven acabo la armonización de su marco jurídico en relación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de que dichas autoridades, al realizar acciones, medidas o propuestas legislativas en torno a la materia de los derechos de las personas con discapacidad, éstas guarden congruencia conforme a lo establecido en el mencionado instrumento internacional.
Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 30 de octubre de 2007.
SENADOR GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ.
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en relación con los daños producidos por el derrame de hidrocarburos en el Estado de Campeche y con el desbordamiento de los ríos en el Estado de Tabasco.
PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL DERRAME DE HIDROCARBUROS EN CAMPECHE Y TABASCO
Recinto del Senado de la República, 5 de noviembre de 2007
SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
P R E S E N T E
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sexagésima Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los desastres ocurridos recientemente en los estados de Tabasco y Campeche han rebasado la capacidad de respuesta de todas las autoridades y de la sociedad en su conjunto.
El pasado día 23 de octubre, la colisión de dos plataformas en la sonda de Campeche, produjo el derrame de gas e hidrocarburos del pozo llamado Kab 101, el cual se sabe que producía 3,500 barriles de petróleo ligero al día.
A pesar de que se negó la importancia de este derrame, el petróleo llegó a las costas de Tabasco y Campeche el día 29, tal como lo había alertado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Se sabe que los mayores daños ocurrieron en Campechito y Paraíso, en Tabasco.
Se ha documentado ya la presencia de animales muertos y empetrolados en las playas de Campeche. Hoy, el petróleo ha llegado ya a las zonas de manglar, lo cual es indicativo de una enorme afectación para las pesquerías y la acuacultura de Tabasco y Campeche, además del impacto impredecible para los ecosistemas. También sabemos que tan solo en una playa de Tabasco se han recolectado 3 toneladas de arena contaminada. La contaminación es mayor por el hecho de que el petróleo derramado es ligero, lo que hace que no sea captado eficientemente por las barreras de contención.
Igualmente, días después ocurrió otro derrame de crudo y fugas de gas en el municipio de Cerro Azul, en norte del estado de Veracruz.
No obstante todo lo anterior y a pesar de que advertimos que el de Campeche podría ser el mayor desastre desde el ocurrido en el Pozo Ixtoc en la misma Bahía de Campeche en 1971, pasó a segundo término ante uno de los mayores desastres naturales ocurridos en nuestro país, que es el ocurrido en Tabasco con motivo de las inundaciones.
Es verdad que nos encontramos ante el mayor desastre natural, ambiental y humano desde 1985. Las inundaciones por el desbordamiento de los ríos en Tabasco sobrepasan cualquier predicción. Ya se había dicho que parte de las afectaciones debidas al cambio climático serían el aumento de la desertificación en el norte del país y el aumento de las lluvias e inundaciones en el sur.
Sin embargo, no se ha recapacitado en un hecho fundamental, y es que a los derrames de petróleo en Tabasco y Campeche, se suma otro evento que nos hace pensar que los efectos serán sumatorios y acumulativos en el corto y el mediano plazo. No podemos ni debemos pensar que una cosa es el derrame de petróleo en el mar, mismo que además ya esta en la costa, y otra muy diferente las inundaciones por desbordamiento de ríos. Estamos hablando de dos desastres que ocurren en la misma región –Tabasco-Campeche- y prácticamente al mismo tiempo.
Ya lo mencionamos y lo debemos repetir: no estamos ante una contingencia, sino ante un desastre ambiental de alcances incalculables.
Es un hecho conocido que en diversas localidades de Tabasco existía contaminación con hidrocarburos. Con las inundaciones, esa contaminación se generalizará contaminando la tierra y los pastizales, siendo el agua el principal vehículo de transmisión y contaminación sobre suelo Tabasqueño. Igualmente, tememos que los daños por el derrame de hidrocarburos en Campeche sea acallado, cuando en realidad es un problema muy grave.
Por tal motivo, el Partido Verde Ecologista de México solicita la solidaridad y sensibilidad política del Senado de la República, en el sentido de realizar una visita urgente a los estado de Campeche y Tabasco, para verificar los daños producidos por los derrames de hidrocarburos, tanto en la zona marina como en los manglares y la zona federal marítimo terrestre, así como para escuchar de viva voz de nuestros hermanos en desgracia la afectación que ya están viviendo por dichos desastres.
En ese sentido proponemos que una Comisión Plural de senadoras y senadores, en coordinación con los gobiernos de los Estados y las ambientales federales y estatales, realicen una visita urgente a las zonas dañadas, con la intención de conocer allegarse de elementos que nos permitan coadyuvar desde el seno del Poder Legislativo, en las acciones que sean pertinentes para mitigar los daños y los impactos sumatorios y acumulativos, pero también para adecuar nuestra legislación para que en el futuro México se encuentre en condiciones de prevenir efectivamente este tipo de desastres.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, integrará una Comisión Plural de Senadoras y Senadores, para realizar a la brevedad y en coordinación con los gobiernos estatales y las autoridades ambientales locales y federales, una visita a los estados de Tabasco y Campeche a fin de corroborar los daños producidos por los derrames de hidrocarburos en zona marina, incluyendo la plataforma Usumacinta, el pozo Kab 101 y la zona marina adyacente y costera, así como por los provocados por las inundaciones producidas por el desbordamiento de los ríos en el estado de Tabasco.
SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Secretaría de Marina su colaboración para que esta Comisión Plural lleve a cabo su traslado tanto aéreo como marino y en el área de la Sonda de Campeche, así como en las zonas costeras de Campeche y Tabasco.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
COORDINADOR
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
Del Sen. Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo en relación a la reactivación turística del Estado de Oaxaca.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES
P r e s e n t e
El suscrito Senador del Grupo Parlamentario de Convergencia, Gabino Cué Monteagudo, en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo en relación a la reactivación turística del Estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Ya han pasado más de 530 días desde que dio inicio el conflicto político-magisterial que ha sumido al Estado de Oaxaca en una severa crisis social, política y económica, que ha significado dolor, muerte, represión, persecuciones deterioro del patrimonio cultural, quebranto económico, desempleo, inseguridad y más pobreza por mencionar algunos daños que la sociedad y el Estado han soportado en este año y medio.
Tanto la sociedad como la economía del Estado se encuentran en condiciones alarmantes. Uno de los sectores que más ha resentido los efectos del conflicto ha sido el turístico.
No hay que perder de vista que el Turismo constituye un destacado motor del desarrollo económico y es un significativo generador de divisas y de empleos en nuestro país.
La economía del Estado presenta una alta dependencia del sector terciario, concentrando al 37 por ciento del total de la población económicamente activa y el 70 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal, siendo el turismo el eje central del desarrollo económico de la entidad.
Sin embargo, la actividad turística ha sufrido una caída estrepitosa de casi el 80% en relación con el año 2005; la ocupación hotelera descendió casi un 15 por ciento entre los meses de mayo a diciembre de 2006.
Según, los líderes de las cámaras y asociaciones empresariales, comerciales y prestadores de servicios de Oaxaca durante la etapa álgida del conflicto, se perdieron 21 mil empleos, de los cuales 6 mil son directos y los otros 15 mil indirectos del sector turístico. De ese total solo se han recuperado un 35 por ciento de plazas. En suma más del 16 por ciento de la población económicamente activa se ha visto afectada desde el inicio del conflicto.
De acuerdo con información proporcionada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Oaxaca, desde el inicio del conflicto se han registrado pérdidas económicas superiores a los 2 mil millones de pesos y el cierre de al menos 100 establecimientos comerciales.
La encargada del turismo en Oaxaca, ha manifestado que en el periodo vacacional de diciembre se dejaron de percibir alrededor de 850 millones de pesos, y la ocupación hotelera descendió pues sólo se registró un ocupación de menos de mil cuartos de los 6 mil disponibles en la cuidad de Oaxaca. Por lo que se requiere de 44 millones de pesos para comenzar con las labores de recuperación.
Las cifras son impactantes, sin embargo las acciones de las autoridades locales no ha sido parciales; se han limitado con participar en ferias internacionales de promoción turística y la aparente y manipulada realización de una de las fiestas más emblemáticas de los oaxaqueños: La Guelaguetza. Como si con ello, se devolviera la estabilidad, la liquidez, el empleo y el patrimonio a los cientos de familias que han sido afectadas por a ausencia de turistas.
La disminución en la afluencia de visitantes se reciente en mayor medida entre los artesanos, guías de turistas, transportistas, micros y pequeños comerciantes que dependen única y exclusivamente de la llegada de turistas para poder generar entradas económicas para el sustento de sus familias.
Es primordial la reactivación del turismo en Oaxaca, pues de ello depende que miles de oaxaqueños conserven su patrimonio, su empleo, su calidad de vida, e incluso la unión familiar ya que muchos han sido presas de la desesperación y han decidido emigrar hacia los Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades.
Hay que reconocer que el deterioro de la actividad turística en el estado y principalmente en la Capital, es un problema añejo. Sus orígenes se encuentran en la mala planeación turística del Estado, que ha promovido políticas públicas centralizadoras, de nula diversificación, escasa protección al patrimonio y los espacios comunes, al medio ambiente y a las tradiciones, modos, usos y costumbres de los oaxaqueños. El conflicto político-magisterial solo evidencio y recrudeció sus deficiencias.
En pocas palabras el turismo en Oaxaca no tiene una planeación sustentable, ya que no logra armonizar al turismo como factor de riqueza y generador de empleos, con la preservación del entorno, las riquezas naturales, arquitectónicas y ancestrales que dan al pueblo oaxaqueño cultura e identidad propias. No todo es la Guelaguetza
Prueba de ello, son los últimos cambios que ha sufrido el centro histórico de la Ciudad de Oaxaca, en donde ningún argumento justifica las intervenciones y trasformación de los espacios y edificios públicos que la presente administración ha realizado, y mucho menos el desmantelamiento arquitectónico de la plaza central que se coronó con el aberrante derribe de un árbol centenario, que daba vida y esplendor.
Acciones autoritarias como estas son las que terminan con la autenticidad y belleza natural de ciudades como Oaxaca, que han sido consideras por la UNESCO como patrimonio cultural de la Humanidad.
Nuestro Estado es mucho más que autoritarismo, conflicto y violación a los derechos humanos, es también un destino turístico único, porque conjuga naturaleza pródiga, historia, cultura, tradiciones y esencia indígena.
Estamos ante una situación difícil, en la que el mal manejo del conflicto y la falta de oficio para gobernar han provocado daños económicos y sociales incalculables. La paz, el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía se encuentran secuestrados, a grado tal que la imagen de nuestro estado se ha afectado gravemente en el mundo. Todo ello repercute e inhibe al turismo extranjero y su consecuente derrama económica.
El problema es tan grave que se puede comparar con las secuelas que deja un desastre natural, debido a las cuantiosas pérdidas económicas que se registran hasta el momento. Se calcula que tardarán varios años para lograr la estabilidad económica.
Es urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno asuman su parte de responsabilidad y con voluntad trabajen en favor del pueblo oaxaqueño, para que éste recupere la esperanza y la confianza, y con ello devolverle a Oaxaca el distintivo de ser un importante destino turístico de impactante misticismo, cultura y tradición.
Hasta el momento, las respuestas de las autoridades estatales han sido endebles y poco contundentes. Existe una total desatención y falta de planes integrales de promoción y fomento del sector turístico; hecho que se agrava con las estrategias equivocadas que lejos de concluir con el conflicto político-magisterial ha fomentado su radicalización y continuidad. Todo ello se traduce en un verdadero desastre económico para Oaxaca.
Reconocemos que el gobierno federal ha destinado recursos económicos para la reactivación económica del Estado, así como emitido un Decreto por el cual se otorgan diversos estímulos fiscales para aminorar el impacto generado por la situación que atraviesan la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbanos[12], sin embargo éstos apoyos no han llegado, adecuadamente, a manos de los afectados o sólo han atemperado temporalmente la difícil situación por lo que atraviesan.
Consideramos necesario que el gobierno federal, a través de las Secretarias de Turismo y Economía elaboren a la brevedad un plan integral de reactivación, fomento y promoción turística en el que contemplen esquemas de financiamiento, otorgando créditos en condiciones preferenciales a micro, pequeñas y medianas empresas, comercios y trabajadores independientes afectados por el conflicto, con el fin de que permitan su recapitalización y continuidad de actividades.
Asimismo, se debe trabajar coordinadamente, autoridades de los tres niveles de gobierno, integrantes del sector turístico y sociedad, para diseñar políticas públicas turísticas sustentadas en una verdadera planificación a corto, mediano y largo plazo, cuyas metas y objetivos contengan como mínimo los siguientes aspectos: mejoramiento de la infraestructura, planes de financiamiento a la medida, capacitación, programas de empleo temporal, fomento artesanal, planificación y promoción, diversificación de los destinos y actividades (ecoturismo, turismo rural, recreativo, cultural, de negocios, etc.)
El turismo es el mejor instrumento para combatir la pobreza en el país. Debemos considerarlo, entonces como una palanca del desarrollo nacional y de las regiones, inyectándolo de un nuevo enfoque que conjugue la generación de riqueza, el progreso social y la conservación del patrimonio cultural y natural. Para lo cual se requiere de un trabajo intenso pero bien planificado en donde todos los involucrados trabajamos para colocar a nuestro Estado como un importante centro turístico digno de visitar.
Es momento de que Oaxaca deje de ser noticia de alarma, descontento social y violación de los derechos humanos. No podemos seguir siendo rehenes políticos de unos cuantos que ambicionan y obedecen a intereses mezquinos dejando de lado el bienestar del pueblo oaxaqueño.
Estoy convencido de que no basta con la asignación de recursos económicos, sino que se necesita voluntad e inteligencia para encontrar la salida a la triste y penosa situación por la que atraviesa Oaxaca.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 05 días del mes de junio de 2007.
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular de Poder Ejecutivo Federal a que instruya a los Titulares de las Secretarías de Turismo y de Economía, a diseñar e implementar un Plan Integral Emergente de Reactivación, Fomento y Promoción turística para el estado de Oaxaca, en el que se contemple la elaboración de un Programa de apoyo a la reactivación del crédito y la inversión turística en las zonas afectadas por el conflicto político-magisterial que subsiste en el Estado.
Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que en uso de sus atribuciones constitucionales, emita un decreto que de continuidad al emitido el 28 de noviembre de 2006, por el que se otorguen diversos beneficios y estímulos fiscales para los contribuyentes que continúan siendo afectados en su actividad económica, comercial y productiva, toda vez que subsisten las causas que originaron el deterioro y quebranto económico, comercial y turístico en la capital del estado y en la zona conurbanas.
Tercero.- El Senado de la República, exhorta a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a que condonen el pago de las cuotas obrero patronal, y eviten la imposición de multas por falta de pago oportuno a los micro, pequeño y medianos empresarios, prestadores y productores de servicios y comerciantes durante el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y lo que va del 2007.
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, a los 06 días del mes de noviembre de 2007.
SENADOR GABINO CUÉ MONTEAGUDO
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que, con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, la Secretaría de Salud implemente diversas acciones para fomentar la prevención de esta enfermedad por medio de diversas actividades y difusión de información con la que se beneficiará a un mayor número de mujeres.
De la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene Punto de Acuerdo, para que, con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, la Secretaría de Salud implemente diversas acciones para fomentar la prevención de esta enfermedad por medio de diversas actividades y difusión de información con la que se beneficiará a un mayor número de mujeres.
La suscrita Senadora María Elena Orantes López, integrante de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con Punto de Acuerdo, basada en las siguientes
Consideraciones:
El 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis.
Hoy, la expectativa de vida es más alta que nunca, lo que eleva también las posibilidades de desarrollar problemas de salud que afectan la calidad de vida en las personas mayores. En México, las mujeres aspiran a vivir 75 años, en tanto que los hombres 72, y los avances médicos paulatinamente incrementarán estos promedios.
La calidad de vida será el premio para la persona de la tercera edad que ha sabido cuidarse; no obstante, hay problemas degenerativos que irremediablemente afectan la condición del enfermo. Uno de los ejemplos más claros es la osteoporosis, enfermedad que afecta la estructura ósea y hace altamente vulnerables a los huesos de sufrir fracturas.
Estimaciones de las instituciones de salud revelan que en las próximas dos décadas habrá 32 millones de mujeres de 50 a 84 años de edad, quienes en caso de no detectar y tratar oportunamente la osteoporosis, serán proclives a sufrir fracturas de cadera y columna.
Cada 20 segundos una persona en el mundo sufre una fractura de cadera por osteoporosis; una quinta parte muere en los tres primeros meses de acuerdo con la gravedad del caso. La fractura más común relacionada con la osteoporosis es la vertebral, con cerca de 44 por ciento del total, seguida por las de muñeca y de cadera.
Este tipo de fracturas compromete gravemente la calidad de vida de las mujeres, que son quienes más presentan el padecimiento, y puede llegar a restarles hasta seis años de vida. Por ello, es necesario que sigan al pie de la letra las indicaciones médicas e implementen cambios en sus hábitos de vida, pues las fracturas de cadera representan un problema epidemiológico, asistencial y económico.
En este sentido, es importante que el sector salud realice una labor en los medios de comunicación para informar a las mujeres sobre la enfermedad y su tratamiento, consistente en un medicamento con alendronato y colecalciferol que brinda a las pacientes 2 mil 800 unidades internacionales de vitamina D a la semana.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las personas de 30 a 64 años de edad, que son las más afectadas por la osteoporosis, representan 32.4 por ciento de la población mexicana, con 31.3 millones de personas; de ellas, 16.4 millones son mujeres y 14.9 millones son hombres.
En México existen pocas referencias epidemiológicas en torno a la osteoporosis, si bien se ha reconocido la condición multifactorial de ésta. Las lesiones músculo esqueléticas ocupan el segundo lugar de atención quirúrgica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en ellas se incluyen las fracturas osteoporóticas.
Es por ello fundamental que la Secretaría de Salud diseñe programas de intervención para modificar el estilo de vida de las mujeres jóvenes y prevenir así la osteoporosis en etapas avanzadas de la vida. Por otra parte, es importante informar a la mujer sobre la opción de la Terapia de Reemplazo Hormonal, en la que se suministran fármacos diseñados para sustituir los estrógenos que no produce el organismo.
En la República Mexicana existen pocas referencias oficiales o bibliográficas acerca de los aspectos epidemiológicos de la osteoporosis y sólo es posible obtener datos en forma aislada.
Para abordar la epidemiología de la osteoporosis y entender la verdadera magnitud del problema, la Secretaría de Salud debe de manera coordinada con otras instituciones del sector público, privado y social, allegarse de información sobre la problemática, así como realizar mayores investigaciones en el país y destinar mayores recursos financieros para emprender acciones contra la osteoporosis.
Al mismo tiempo, es necesario solicitar a los médicos generales al ser consultados por pacientes mayores de 45 años de edad, que contemplen en sus historias clínicas preguntas que puedan dar información sobre los riesgos de padecer osteoporosis, de esta forma, se podrán tomar medidas preventivas antes de que el problema avance, para no actuar a destiempo y evitar que el sector salud destine mayores recursos financieros cuando ya es difícil una solución para los pacientes.
Existen diversos agentes que propician que el desbalance en la producción ósea se presente, por ejemplo, fumar o beber alcohol excesivamente a lo largo de la vida, de manera que cerca de los 50 años (en promedio), hombres y mujeres empezarán a manifestar problemas en huesos. Igualmente pueden mencionarse como factores de riesgo la vida sedentaria (poca actividad física) y ciertos fármacos suministrados durante años, como los derivados de la cortisona.
La mejor manera de enfrentar este problema de salud pública es la prevención, de manera que lo conveniente es, en ambos sexos antes de los 50 años de edad, hacer ejercicio físico regularmente, fumar menos o no hacerlo, al igual que beber alcohol, así como consumir complementos alimenticios que contengan calcio, acudir al médico periódicamente y realizarse una densitometría ósea (estudio que valora la condición de la estructura ósea, a partir de su densidad mineral).
Sin embargo, hay causas que aluden a cada sexo. En las mujeres, un factor común es la baja producción de las hormonas llamadas estrógenos, que se crean normalmente durante la vida reproductiva -etapa que inicia con la primera menstruación, aproximadamente a los 12 años, y termina con la última, cerca de los 48 años de edad llamada menopausia- y que marca el principio del climaterio. La cualidad de esta hormona es que protege la estructura ósea y la mantiene fuerte a lo largo de esos años fértiles de la mujer.
El hombre en cambio experimenta el síndrome denominado ADAM (por sus siglas en inglés y cuya traducción más próxima es Deficiencia Androgénica del Hombre Envejeciendo), proceso mucho más lento, que no manifiesta cambios abruptos, ni es igual en todos los hombres.
A los 50 años de edad por cada tres mujeres que sufren osteoporosis hay un hombre que la padece, a los 65 hay dos mujeres por un varón y al llegar a los 80 la cifra se empata; de los 80 años en adelante, cuatro de cada cinco hombres sufren osteoporosis.
En ambos sexos, el denominado pico de masa ósea, es decir, la máxima calidad de huesos, se logra entre los 25 y 30 años de edad. Ahora bien, la corteza del hueso masculino es más fuerte que la femenina, por lo que la degeneración es más lenta. Hasta los 40 años se manifiesta mayor número de fracturas en los hombres, debido a las actividades que realiza; pero después de esa edad las mujeres toman el liderato, sobre todo al entrar al climaterio.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social las lesiones del sistema músculo esquelético actualmente ocupan el segundo lugar en la demanda de atención quirúrgica, y 70 por ciento de la demanda en traumatología general es ortopédica, lo cual indica que la patología esquelética ha cobrado creciente importancia en cuanto a padecimientos de origen traumático, entre los que se incluyen las fracturas osteoporóticas.
Si logramos incidir en los cambios en el estilo de vida de la población joven, la osteoporosis tendrá un ahorro económico sustancial en los próximos años, tanto para los pacientes como para los sistemas de salud.
En México 80 por ciento de las mujeres mayores de 50 años de edad desconocen si padecen osteoporosis, debido a que es una enfermedad silenciosa, sin síntomas, que se descubre solamente cuando se presenta una fractura, la cual, en algunos casos, puede traer consecuencias graves como la invalidez.
Como vemos, si de cada 10 mujeres ocho no saben que padecen osteoporosis, significa que sólo el 20 por ciento recibe un tratamiento adecuado.
Se trata de una patología que tiene un impacto importante en la población nacional, dado que de las mujeres que están en la etapa de la posmenopausia, de más de 50 años, 16 por ciento padecen osteoporosis, lo que representa 1.3 millones de personas en nuestro país.
El diagnóstico es fácil de hacer con una densitometría, estudio que se realiza desde los 45 años. Y para prevenir esta enfermedad lo recomendable es modificar estilos de vida como hacer ejercicio y corregir hábitos nocivos como la alta ingesta de carnes y café, así como el tabaquismo y el alcohol.
Por todo lo anterior, es necesario difundir acciones preventivas, pero sobre todo, que se detecte a tiempo esta enfermedad, para que, quienes lo padecen, reciban el tratamiento médico adecuado y oportuno.
Finalmente y con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis que se conmemora el próximo 20 de octubre, sería deseable que la Secretaría de Salud implemente de manera conjunta con un grupo de empresas en el marco del Pacto Nacional para la Salud, una alianza para fomentar la prevención de la osteoporosis, por medio de diversas actividades y la difusión de información con las que se permitirá beneficiar a un número mayor de mujeres.
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes citados, que propongo ante esta Asamblea la aprobación de la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para que de manera coordinada con otras instituciones del sector público, privado y social, se allegue de información para abordar la epidemiología de la osteoporosis y atender en su justa dimensión la magnitud del problema, al tiempo de realizar mayores investigaciones y destinar mayores recursos financieros para emprender acciones contra la osteoporosis en nuestro país.
Segundo.- Se solicita a las instituciones del sector salud que implementen medidas preventivas en contra de la osteoporosis y emprendan campañas para informarle a la población, principalmente a las mujeres jóvenes, sobre la importancia de hacer ejercicio físico regularmente, evitar el cigarro y las bebidas alcohólicas, así como consumir complementos alimenticios que contengan calcio y acudir al médico periódicamente para realizarse una densitometría ósea.
Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Salud a que implemente guías de consulta para que los médicos generales al ser consultados por pacientes mayores de 45 años de edad, se contemplen en sus historias clínicas, preguntas que puedan dar información sobre los riesgos de padecer osteoporosis, con el objetivo de tomar medidas preventivas antes de que el problema avance, para no actuar a destiempo y evitar que el sector salud destine mayores recursos financieros cuando ya es difícil una solución para los pacientes.
Cuarto.- Que con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis que se conmemora el próximo 20 de octubre, la Secretaría de Salud implemente de manera conjunta con un grupo de empresas en el marco del Pacto Nacional para la Salud, una alianza para fomentar la prevención de esta enfermedad, por medio de diversas actividades y la difusión de información con las que se permitirá beneficiar a un mayor número de mujeres.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de octubre de 2007.
Suscribe,
Senadora María Elena Orantes López
De los Senadores Antonio Mejía Haro, Claudia Corichi García y Carlos Lozano de la Torre, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 se destinen y etiqueten recursos a la rama productiva del ajo dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; y por el que se solicita información a diversas dependencias sobre la cantidad, procedencia y el manejo fitosanitario de las importaciones de ajo.
LOS SUSCRITOS SENADORES ANTONIO MEJÍA HARO Y CLAUDIA CORICHI GARCÍA INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LX LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y CONFORME EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se Destinen y etiqueten RECURSOS a la rama productiva DEL AJO dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; y para que LA Administración General de Aduanas y las secretarias de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación y economía informEn a esta soberania SOBRE la cantidad, procedencia y el manejo fitosanitario de Las importaciones de ajo; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
El ajo es un producto que por sus propiedades alimenticias y curativas es consumido en todo el mundo. Dentro de las propiedades medicinales reconocidas del ajo se encuentran su acción bactericida, antiviral y antifungal, también tiene propiedades diuréticas, expectorantes y antihemorroidales. Alrededor de 80 países son productores de esta hortaliza, convirtiéndose así, en un condimento de gran importancia en la dieta de los consumidores.
Por la importancia que representa este producto, es considerado como una de las principales 20 hortalizas a nivel mundial. Los principales países productores de ajo a nivel mundial son: China, India, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Egipto, Rusia, México, entre otros países. Cabe mencionar que China destaca con el 69 % de la producción.
En lo que se refiere a nuestro país las exportaciones de ajo ascienden a 10,682 toneladas, de las cuales se destinan el 89.3% hacia Estados Unidos, asimismo, se exporta a Brasil, Canadá y Francia. Mientras que las Importaciones de esta hortaliza provienen principalmente de China, Argentina, Chile y Estados Unidos, con un volumen de 16,220 toneladas.
En México, se cultivan dos tipos de ajo principalmente: los morados, con sus variedades (Chileno, Criollo Original, Napuri, Massone, Positos y Taiwán) y los ajos blancos (Criollo de Aguascalientes, Blanco de Zacatecas, Blanco de Durango, Blanco de Ixmiquilpan y Pro Bajío).
Es importante destacar que desde 1994, el sector productor del ajo de nuestro país dispone de sistemas de protección en frontera basados en el establecimiento de un contingente anual de 12,000 toneladas efectivo para las importaciones procedentes de China y la solicitud, suspensión de certificados de importación y origen a terceros países. (Cláusula Salvaguarda). Sin embargo, este sistema no ha conseguido evitar las importaciones de ajos a precios muy baratos provenientes de aquel país asiático, aún cuando nuestro ajo morado es de mayor calidad, provocando efectos negativos a los agricultores que se dedican al cultivo de esta hortaliza.
Dicha situación debe ocupar nuestra atención, ya que la producción de ajo para nuestro país es de gran importancia económica y social, toda vez que de acuerdo a la SAGARPA durante el 2005 esta hortaliza se sembró principalmente en 21 de los 32 Estados de la República Mexicana, con una superficie de 4,886 hectáreas, una producción de 46,305 toneladas y un rendimiento de 9.47 ton/ha. Centrándose principalmente dicha producción en: Zacatecas que aporta el 42%, Guanajuato 16%, Aguascalientes 10%, Baja California 8%, Sonora 9% y Puebla 6%, otros estados aportan el 11%. Sin omitir que en materia de ocupación laboral, por mencionar un ejemplo, para el Estado de Zacatecas el cultivo del ajo constituye 220 jornales por año por hectárea.
Senadoras y senadores, esta hortaliza es de gran importancia para nuestra agricultura, sin embargo, en los próximos años enfrentará un problema serio de competitividad ante los ajos procedentes de países como China, sino aumentamos los rendimientos unitarios, mejoramos la calidad del producto y bajamos costos de producción. Para ello, es importante que los esfuerzos de los productores se vean complementados con apoyos y acciones gubernamentales, dirigidas a implementar un programa integral que atienda la asistencia técnica, el combate de plagas y enfermedades, investigación de variedades con mejores rendimientos, tecnificación del riego, mecanización, valor agregado mediante el mejoramiento del acopio, limpia, selección, empaque, conservación, industrialización y comercialización del ajo.
Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración, la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se Destinen y etiqueten RECURSOS a la rama productiva DEL AJO dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
segundo.- el senado de la república solicita A LA Administración General de Aduanas y a las secretarias de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación y economía a que presenten un informE detallado a esta soberania SOBRE la cantidad, procedencia y el manejo fitosanitario de Las importaciones de ajo.
Suscriben:
Sen. Antonio Mejía Haro
Sen. Claudia Corichi García
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los seis días del mes de noviembre de dos mil siete.
De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación dé conocimiento del convenio, que se dice suscribieron los Gobernadores de los Estados de Colima y Jalisco; y se exhorta a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado, para que intervenga nuevamente ante los Gobernadores de los estados en conflicto; y a que agilice sus trabajos para resolver el conflicto limítrofe entre dichos estados.
C. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
Presentes.
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Senadora de la República de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58,59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso general de los Estados unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente PUNTO DE ACUERDO CON EXHORTO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DÉ CONOCIMIENTO DEL CONVENIO, QUE SE DICE SUSCRIBIERON LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y JALISCO; EXHORTO A LA COMISIÓN DE LÍMITES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SENADO, PARA QUE INTERVENGA NUEVAMENTE ANTE LOS GOBIERNADORES DE LOS ESTADOS EN CONFLICTO Y EXHORTO A LA COMISIÓN DE LÍMITES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE AGILIZAR SUS TRABAJOS PARA RESOLVER EL CONFLICTO LIMÍTROFE ENTRE LOS ESTADOS DE COLIMA Y JALISCO; al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El conflicto por los límites territoriales entre entidades no es un asunto menor, de tal manera que nuestra Constitución así lo prevé en su artículo 76, fracciones X y XI que establecen respectivamente las facultades exclusivas del Senado para el caso que ahora nos ocupa, como es la facultad de autorizar mediante decreto aprobado, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades, así como el resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales entre los Estados que así lo soliciten.
Así entonces han sido varias entidades las que han solicitado la intervención del Senado a través de su Comisión de Límites de las entidades Federativas a efecto de resolver las controversias que actualmente se dirimen por conflicto de límites territoriales, como es el caso de Colima y Jalisco.
En este momento, lo que me motiva a llamar su atención, señoras y señores legisladores, son los recientes hechos registrados en el fraccionamiento Música del Mar, en la zona conocida como La Culebra en el municipio de Manzanillo, Col., en relación a la ejecución de una obra de tendido de tubería para la conducción de agua. Cabe mencionar que el ayuntamiento colimense había colocado sellos de clausura en dicha obra debido al cumplimiento de un acuerdo previo, y sin embargo, autoridades jaliscienses del municipio de Cihuatlán, pretendieron continuar su realización rompiendo los sellos de clausura y ocasionando con ello que el gobierno del Estado de Colima procediera a la detención de las personas que cometieron ese delito.
No es la primera vez que suceden enfrentamientos de esta naturaleza y si bien la Comisión de Límites de Entidades Federativas en el Senado, ha realizado diversas reuniones de trabajo a las que por cierto, he tenido la oportunidad de asistir, así como una gira de trabajo que realizaron los senadores integrantes de esta Comisión del 3 al 6 de agosto del presente año a la zona de conflicto, de donde destaca el anuncio por parte de la Comisión, de que en aproximadamente un año estarían en posibilidades de emitir una resolución en torno al conflicto limítrofe entre los estados de Colima y Jalisco, lo que resulta un plazo razonable en aras de atender este asunto con la responsabilidad y seriedad que merece; sin embargo, no podemos soslayar que urge una solución para evitar las confrontaciones recurrentes en ésta y otras zonas limítrofes, así como que se de vigencia plena a los convenios pactados entre los gobernadores de ambas entidades, especialmente el que se menciona haber suscrito ante la presencia de C. Secretario de Gobernación y cuyo incumplimiento ahora se menciona como el motivo de la detención de 6 personas del Ayuntamiento de Cihuatlán y el bloqueo del puente que da acceso a la zona de La Culebra, municipio de Manzanillo; convenio que además, de existir, debe hacerse del conocimiento de la Comisión de Límites de este Senado.
Esta es, a todas luces, una situación delicada que afecta los intereses de ambas entidades y con ello de la Federación, razón por la que someto a la consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO : - Se exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que de conocimiento a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, del contenido del convenio que se dice suscribieron ante su presencia, los gobernadores de Colima y Jalisco, con relación al conflicto limítrofe.
SEGUNDO.- Se exhorta atenta y respetuosamente a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado, intervenga nuevamente ante a los gobernadores de los Estados en conflicto, llamando al orden y al respeto de los acuerdo suscritos.
TERCERO.- Se exhorta atentamente a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas del Senado, para que en la medida de sus posibilidades, agilice los trabajos para estar en condiciones de resolver, en definitiva el conflicto limítrofe del Estado de Colima y Jalisco.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 8 días de noviembre de 2007.
SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se incorpore el nivel bachillerato en el Programa Binacional de Educación Migrante (probem), que sostienen en común acuerdo los sistemas educativos de nivel básico de nuestro país y de Estados Unidos de América.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE RELACIONES EXTERIORES, SE INCORPORE EL NIVEL BACHILLERATO EN EL PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE (PROBEM), QUE SOSTIENEN EN COMÚN ACUERDO LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO DE NUESTRO PAÍS Y DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
La suscrita Senadora María Elena Orantes López, integrante de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con Punto de Acuerdo, basada en los siguientes
Antecedentes:
En 1995 las Secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores, impulsaron un esfuerzo de cooperación internacional con los Estados Unidos de América (EUA) para apoyar al Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), y lograr una mayor participación de las entidades federativas que presentan alta migración, bajo el principio de que, para asegurar la atención educativa de esta población es indispensable tomar en cuenta las referencias culturales de ambas naciones y buscar los mecanismos de colaboración acordes con sus necesidades.
El objetivo es el de promover y asegurar la atención educativa de los niños y jóvenes migrantes que cursan sus estudios en México y en EUA, procurando una educación de calidad, con equidad y pertinencia, así como lograr la reciprocidad en la cooperación entre las comunidades educativas de ambos países.
En agosto de 1995, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, oficializó el uso del Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-EUA, mediante el cual se facilita la inscripción de los niños que regresan a México. En este mismo sentido, se emitieron nuevas normas para la inscripción y reinscripción a las escuelas oficiales y particulares.
PROBEM: ENTIDADES PARTICIPANTES POR MÉXICO
|Aguascalientes |Guerrero |Quintana Roo |
|Baja California |Hidalgo |San Luis Potosí|
|Baja California Sur |Jalisco |Sinaloa |
|Campeche |México |Sonora |
|Coahuila |Michoacán |Tabasco |
|Colima |Morelos |Tamaulipas |
|Chiapas |Nayarit |Tlaxcala |
|Chihuahua |Nuevo León |Veracruz |
|Distrito Federal |Oaxaca |Zacatecas |
|Durango |Puebla | |
|Guanajuato |Querétaro | |
PROBEM: ENTIDADES PARTICIPANTES POR LOS EUA
|Alabama |Iowa |North Carolina |
|Arizona |Kansas |Ohio |
|Arkansas |Maine |Oregon |
|California |Michigan |Pennsylvania |
|Colorado |Missouri |Texas |
|Florida |Montana |Utah |
|Georgia |Nebraska |Washington |
|Idaho |New Jersey |Wisconsin |
|Illinois |New York | |
Consideraciones:
En México existe una sociedad heterogénea y con una profunda desigualdad económica, social y cultural; lo que provoca que muchos niños y jóvenes no puedan acceder a la escuela, provocando necesariamente que estas desigualdades sean determinantes en la vida de los individuos.
Para los migrantes existe una doble discriminación, primero, cuando tienen que abandonar por necesidades económicas nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades en el vecino del norte, y otra, cuando dadas las circunstancias las familias que emigraron a los EUA tienen que regresar a su lugar de origen y recuperar su vida en la comunidad.
De ahí la importancia de la educación como un instrumento de política social integral y como un factor de desarrollo económico.
Todo lo anterior, nos debe hacer entender el valor que la sociedad tiene que otorgarle a la educación como medio para combatir la desigualdad de oportunidades, para formar mejores individuos y familias más sólidas, una sociedad con mayores valores humanitarios, una sociedad que se preocupe por el desarrollo individual pero sin descuidar el de la vida comunitaria.
En consecuencia, el Estado Mexicano debe ser capaz que conjuntar los esfuerzos de todos los grupos sociales y extender una red educativa a todos los niveles que permita universalizar la educación para los niños y jóvenes que están en edad de cursar la educación básica, media y superior, ya que significan el potencial de nuestro país hacia el futuro.
Si queremos construir un círculo virtuoso entre trabajo y educación, deberemos lograr que los jóvenes, sean éstos, hombres o mujeres, puedan acabar sus estudios y desarrollar la práctica de su profesión en beneficio de la sociedad, de modo que esta compatibilidad, por un lado, evite la formación de jóvenes condenados a la frustración y al desempleo permanentes con altas posibilidades de copiar patrones, y ser ellos, los que emprendan nuevamente el camino hacia los Estados Unidos de América pero ahora con su nueva familia.
La educación siempre ha formado parte de todo proyecto social que busca trascender, la educación es la mejor inversión de un país, ésta debe ser proyectada hacia el futuro sin distingo de gobiernos, generaciones o modas ideológicas con visión de corto plazo.
El acceso a las escuelas es el primer paso hacia la meta de facilitar el apoyo educativo y la integración de los niños y jóvenes migrantes al sector educativo.
Con tal propósito, el Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-EUA, es un documento de acreditación reconocido por las autoridades educativas que participan en el PROBEM en ambos países, el cual facilita la inscripción de estudiantes en las escuelas de educación primaria y secundaria tanto en México como en la Unión Americana.
Como vemos, el PROBEM contempla solamente los niveles de primaria y secundaria, dejando de lado el nivel preparatorio. Existen actualmente casos donde estudiantes migrantes que regresan a México, aún con buenas calificaciones, tienen graves problemas para lograr inscribirse o reinscribirse en las escuelas oficiales y particulares, ya que sus estudios cursados en la high school en EUA no son avalados ni acreditados por las autoridades mexicanas.
Esto provoca en gran medida el desconcierto de estos alumnos ya que les provoca inseguridad y ansiedad, y en muchos de los casos, o abandonan los estudios, o en el mejor de los casos tienen que repetir los años lectivos que ya cursaron en los EUA.
Estos alumnos no cuentan con todas las facilidades como migrantes para su acceso a la escuela, ya que la normatividad establecida por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, así como los procesos de Revalidación de Estudios y utilización del documento de transferencia, solo contempla los niveles de primaria y secundaria.
De ahí la importancia de que el PROBEM contemple programas de estudio que contengan asignaturas que puedan ser acreditables entre ambas naciones, con el objeto de facilitar la revalidación e incorporación escolar de aquellos jóvenes migrantes provenientes de los EUA a territorio nacional de nivel bachillerato, con el objeto de facilitar y asegurar su acceso a las escuelas ya sean estas privadas o públicas.
Es fundamental también, diseñar esquemas de información para que todos los estudiantes migrantes binacionales conozcan los procedimientos para que sean reconocidos sus estudios y puedan dar continuidad a estos.
Asimismo, es importante darles la asesoría necesaria a las familias migrantes provenientes de los EUA, con el fin de que conozcan los pasos a seguir a su regreso a México para que sus hijos ingresen sin mayor problema a las escuelas y se reconozcan sus estudios equiparables al bachillerato realizados en el país vecino.
La educación en México necesita una educación con equidad, esto es, que todo individuo pueda tener acceso a la educación en todos sus niveles, no importando la condición económica ni su calidad migratoria.
Estamos a tiempo en el marco de la Reforma Educativa para realizar los cambios y renovar los esquemas actuales que respondan a la realidad migratoria de nuestro país.
Permitamos a los jóvenes migrantes mejores oportunidades de desarrollo que el que tuvieron sus padres, logremos mayor equidad y acortar las distancias de accesos para alcanzar la igualdad de oportunidades.
No podemos asumir visiones limitadas o excluyentes, por el contrario, permitamos que nuestros jóvenes migrantes y sus familias tengan nuevos horizontes a su regreso a nuestro país.
Consolidemos en el PROBEM un esquema incluyente que permita incorporar nuevos esquemas de colaboración con EUA en materia educativa para avanzar en la equidad y la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes.
Compañeros y compañeras:
Las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión debemos trabajar unidos en la solución de los principales problemas de nuestra sociedad. Debemos hacerlo a través de una agenda común para atender las desigualdades que sufren nuestros migrantes para lograr mayores oportunidades de trabajo, de ingreso y de participación de nuestra población joven que alguna vez abandonó nuestro país pero que ahora regresan y desean insertarse a la vida comunitaria
Nuestra Carta Magna es clara cuando en el Artículo 3º se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Por ello, un objetivo central del Estado en materia educativa tiene que ser precisamente, que sin importar la condición socioeconómica y calidad migratoria de una familia, todos los niños y jóvenes tengan la misma oportunidad de acceso a educación de calidad y al conocimiento.
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes citados, que propongo ante esta Asamblea la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.- Que a través del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), que sostienen en común acuerdo los sistemas educativos de nivel básico de nuestro país y de Estados Unidos de América, se incorpore el nivel bachillerato.
Segundo.- Que el Sistema Educativo Nacional (SEN) busque generar los mecanismos necesarios para incorporar a los jóvenes que, en su calidad de migrantes, estudiaron cualquiera de los años lectivos o el total al equivalente al bachillerato en los Estados Unidos de América, y que por alguna circunstancia regresan a México, para que estos no encuentren dificultades para que les sean revalidados sus estudios realizados en los Estados Unidos de América.
Tercero.- Que el PROBEM contemple asignaturas que puedan ser acreditables a nivel bachillerato o su equivalente en el país vecino, para que los sistemas educativos de los gobiernos de México y de Estados Unidos de América puedan dar una solución a la problemática educativa de la población migrante entre ambos países.
Cuarto.- Que el PROBEM ofrezca atención y asesoría directa y vía telefónica a padres de familia y estudiantes migrantes binacionales sobre: acciones del PROBEM, Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional, trámites para el acceso a las escuelas, certificación y revalidación de estudios.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los seis días de noviembre de 2007.
Suscribe,
Senadora María Elena Orantes López
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal que asigne recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para contrarrestar los efectos provocados por la tormenta tropical “Noel” y el frente frío No. 4, que han provocado un sinnúmero de daños en los Municipios del Estado de Chiapas.
PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA TRAGEDIA ACONTENCIDA EN CHIAPAS
Recinto del Senado de la República, 08 de noviembre de 2007.
SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
P R E S E N T E
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sesenta Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Chiapas y Tabasco sufrieron durante semanas las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical "Noel", que provocaron inundaciones y el reblandecimiento de terrenos.
El lunes, un cerro reblandecido por las lluvias se derrumbó sobre el cauce del río Grijalva, provocando una ola de 50 metros que cubrió por momentos la comunidad de San Juan Grijalva.
Equipos de rescate y soldados cavaron entre toneladas de piedras y lodo en busca de sobrevivientes, tras un alud que devoró a un pueblo entero en el sur de México, azotado desde hace días por graves inundaciones.
El alud ocurrido provocó una ola que llegó 5 km tierra adentro, dejando en pie solamente tres casas del pueblo San Juan Grijalva, de unos 400 habitantes, en tanto que las toneladas de tierra y rocas desmoronadas partieron a la mitad el embalse de la presa Peñitas.
La búsqueda se extendió también por las aguas del Grijalva. Al menos cuatro buzos intentaron encontrar a los residentes reportados como desaparecidos por sus familiares.
"Hay muchísimos de la comunidad que no aparecen", dijo Francisco Navarro, de 42 años, y quien busca a nueve familiares, incluido un hermano.
Muchos pobladores pidieron al Gobierno apoyo económico, incluso para comprar ataúdes porque temen lo peor.
Las autoridades indicaron que el lodo se extiende a lo largo de medio kilómetro
"En lo que se está trabajando es en destapar el cerro, los soldados se están encargando de eso. De muertos no se sabe nada, hasta ahora siguen 16 desaparecidos", informo Protección Civil de Chiapas.
Según imágenes de televisión, el deslave cortó el cauce del río y sepultó de barro al poblado de endebles casas de madera y techos de lámina, ubicado a 50 kilómetros de Villahermosa, la capital del estado de Tabasco.
El accidente ocurrió el pasado domingo en la noche, pero los detalles no se empezaron a conocer sino hasta muchas horas después debido a la falta de comunicaciones del poblado.
Unas 120 personas fueron llevadas a tres albergues a donde helicópteros llevaban comida.
De acuerdo con fuentes periodísticas, el saldo preliminar del desastre en Chiapas es de 16 desaparecidos, 100 casas destruidas, 64 personas rescatadas y decenas de damnificados.
Otros deslizamientos de tierra mantienen incomunicado el centro de Chiapas e interrumpen carreteras estatales, obstaculizando el paso de los cuerpos de emergencia y el transporte de ayuda humanitaria.
El mismo lunes otro cerro se derrumbó en una carretera estatal, el desmoronamiento, producido por las intensas lluvias e inundaciones, dañó una carretera a la altura de las localidades de Pueblo Nuevo y Rayón, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La gravedad del derrumbe, explicó la dependencia, es que cortó la comunicación con el centro del estado de los municipios Rayón, Tapilula, Ixhuatán, Pantepec, Solosuchiapa, Ixtacomitán, Pichucalco, Reforma y Juárez, todos colindantes con Tabasco.
En Chiapas, unos 30 municipios registran inundaciones por el desborde de 16 ríos, afectando a unas 20,000 personas, según cifras del gobierno local.
Seis comunidades indígenas de la etnia zokues que rodean a Juan Grijalva fueron desalojadas ante la posibilidad de que los aludes continúen, este ha sido uno de los principales problemas en la montañosa y selvática Chiapas en épocas de lluvias.
Tenemos que reconocer que el gobernador Juan Sabines Guerrero ha recorrido la zona y coordinado personalmente las acciones en donde se han registrado estas contingencias, pero consideramos que al igual que Tabasco, Chiapas se encuentra en un estado de emergencia y que se necesitan recursos para cubrir las necesidades básicas de los chiapanecos que están atravesando estas calamidades.
Los desastres tanto en Chipas como en Tabasco fueron provocados por la tormenta tropical “Noel” y el frente frío número cuatro que dejaron una descarga pluvial con muy pocos precedentes en la historia de la región y que han provocado un sinnúmero de daños.
Debemos sumar esfuerzos para la catástrofe que embarga a nuestros hermanos chiapanecos.
Por lo antes expuesto ponemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al Gobierno Federal que asigne recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para contrarrestar los efectos provocados por la tormenta tropical Noel y el frente frío número cuatro, que han provocado un sinnúmero de daños en los Municipios del Estado de Chiapas.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
COORDINADOR
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
De la Sen. Rosario Ybarra de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita que el Estado Mexicano apoye gestiones por la búsqueda de la paz en el conflicto social y armado en Colombia.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.
PRESENTE.
La que suscribe, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LX Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE EL ESTADO MEXICANO APOYE GESTIONES POR LA BÚSQUEDA DE LA PAZ EN EL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN COLOMBIA al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Colombia padece de una violencia endémica desde hace más de cinco décadas. Desde 1948, año en que fue asesinado el líder liberal, Jorge Eliécer Gaitán, la hermana nación sudamericana parece no terminar de sufrir los estragos de una guerra que deja años tras año un saldo de dolor y desgracia para la totalidad de los colombianos.
Después de la muerte de Gaitán y como producto de una guerra civil entre liberales y conservadores, se registró la muerte de al menos 300 mil colombianos.
Actualmente esta tragedia no sólo persiste, sino que se agrava a niveles exorbitantes; en pocas palabras, Colombia atraviesa por una crisis que reclama del interés y la solidaridad de la comunidad internacional, principalmente de los latinoamericanos.
Como prueba irrefutable basta mirar los informes de múltiples y prestigiosas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que arrojan un catastrófico resultado de tan sólo los últimos cinco años del conflicto colombiano:
Miles de muertos, descuartizados y desaparecidos a manos del paramilitarismo; más de 4 millones de personas desplazadas; 150 mil personas detenidas en redadas masivas; alrededor de 500 colombianos extraditados a los estados Unidos donde son juzgados con leyes ajenas y en un idioma distinto al suyo; la Fiscalía General de la Nación de aquel país ha reportado más de 4 mil fosas comunes clandestinas que acogen los cuerpos martirizados del pueblo colombiano.
Es importante señalar que el agravamiento de esta situación coincide con la entrada en vigor del denominado Plan Colombia que el gobierno de la nación andina implementa con el decidido apoyo financiero, logístico y militar del gobierno estadounidense.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han manifestado que el Plan Colombia que se aplica en dicho país desde el año 2000 busca erradicar el problema del narcotráfico, eliminando los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola con pesticidas como el glifosato. También se ha privilegiado el uso de las Fuerza Armadas para extirpar de la sociedad colombiana y norteamericana del terrible mal del narcotráfico, sin embargo, a casi ocho años de aplicación del Plan Colombia, está plenamente comprobado que éste no ha logrado disminuir la producción y flujo de narcóticos.
Por lo que respecta a México, resulta preocupante que altos funcionarios del gobierno colombiano incurran en intromisiones en asuntos de política interna. El 1 de octubre pasado, los señores Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, Mario Iguarán, fiscal general de aquel país y José Obdulio Gaviria, consejero del presidente Álvaro Uribe, participaron en el foro Seguridad y Derechos Humanos, base para el Progreso en México y Colombia. En dicho evento, el fiscal general colombiano afirmó que agentes encubiertos de su país realizan labores policíacas en nuestro territorio, lo cual constituye una inaceptable violación a nuestra soberanía nacional.
Camilo Osorio Isaza, embajador de Colombia en México, es quien presumiblemente coordina y auspicia las actividades de los agentes encubiertos mencionados por Iguarán. Cabe mencionar que el señor Osorio está siendo investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.
Por todo lo anterior manifestamos nuestra preocupación por la situación de violencia en la que se encuentran nuestros hermanos colombianos y es por esto que nos pronunciamos por la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas a favor de la paz en Colombia.
Recientemente 112 Jefes de Estado prestan sus buenos oficios para alcanzar la liberación de todos los prisioneros y retenidos que existen en Colombia a causa del conflicto armado. México no puede permanecer indiferente a este gesto humanitario y valioso esfuerzo de la comunidad internacional, así como a nuestra enorme tradición solidaria con las nobles causas de los pueblos del mundo.
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República se pronuncia en apoyo a todas las gestiones que se encaminen para la solución del conflicto social y armado, y contribuyan a la paz en Colombia, es decir, para encontrar una salida política y no violenta a dicho conflicto.
SEGUNDO.- El Senado de la República se pronuncia a favor del intercambio humanitario de presos en Colombia.
TERCERO.- El Senado de la República exhorta al gobierno de México a retirar la aceptación de Luis Camilo Osorio Isaza como embajador de Colombia en nuestro país.
SEN. ROSARIO IBARRA
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Recursos Hidráulicos que realicen una investigación con objeto de conocer las causas de la no conclusión de la obra de la Presa Peñitas en el Estado de Tabasco.
PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA FALTA DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS.
Recinto del Senado de la República, 08 de noviembre de 2007.
SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
P R E S E N T E
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sesenta Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tuvo que deslizarse un cerro reblandecido por las mismas lluvias que inundaron Tabasco, y causar la desaparición de decenas de personas, para que volviéramos la vista hacia el estado más rezagado del país, Chiapas, ahora golpeado por el temporal, y para que recordáramos la urgencia de ayudarlo.
Súbitamente, las pérdidas humanas dramatizan la magnitud de la tragedia. Más de un millón de personas resultaron damnificadas en Tabasco, la pérdida de su patrimonio, el trastorno de sus vidas, merece todos los auxilios que les han sido destinados y aún más.
En Chiapas, por el contrario, asiento de importantes comunidades indígenas, la ayuda ha sido tradicionalmente suministrada a cuentagotas. Basta recordar la tragedia que sufrió la entidad con el huracán Stan, que a diferencia de la zona hotelera azotada por Wilma, no recibió un rescate apresurado por parte del gobierno federal.
Demasiadas veces hemos comprobado que detrás de aparentes accidentes naturales hay incompetencias, negligencias, corruptelas y hasta impertinentes golpes bajos entre funcionarios y políticos.
En Veracruz, por ejemplo, zonas residenciales que se inundan periódicamente eran, desde que se fraccionaron, terrenos más bajos que el nivel del mar. Los menores escurrimientos lo delatan.
En el caso del derrumbe de ayer, las investigaciones de los técnicos habrán de determinar si el accidente pudo preverse o si al menos hubo alguna posibilidad de dar la voz de alerta sobre la inminencia del riesgo.
El plan para evitar inundaciones en Tabasco, elaborado por el régimen foxista en 2003, quedó inconcluso, a pesar de que se advirtió la necesidad de que continuara. El Proyecto Integral contra Inundaciones (Pici) preveía una inversión de 2 mil 60 millones de pesos, de los cuales 70% sería aportado por el gobierno federal y 30% por el gobierno estatal. En el informe 2000-2006 de la Comisión Nacional del Agua, se establece que el objetivo del programa era disminuir “significativamente el riesgo de una inundación catastrófica”, por lo cual “será necesario continuar la construcción de las obras de control y regulación de caudales que se requieren para proteger a la población”. La falta de acciones dejó a la zona bajo el agua, luego de intensas lluvias registradas la semana pasada.
Es evidente la falta de sistemas de alerta y prevención más fundamentales y elementales; hace mas de diez años se tienen diagnósticos sobre el peligro latente de inundaciones. En el sexenio del Presidente Fox se contemplo y presupuesto la construcción de una compuerta en la región de Macayo, perteneciente al sistema hidráulico de la Presa Peñitas; las consecuencias las vivimos actualmente, la nulidad de obras aunada con la corrupción nos ha sumergido en una catástrofe. De haberse construido la compuerta propuesta se hubiera dado salida a los excedentes de agua, sin necesidad de desfogar la presión de la presa voluntariamente. El agua excedente se hubiera vertido en el río Samaria. Sin lugar a dudas, esta obra hubiera reducido el daño tan terrible en Chiapas y Tabasco. La falta de infraestructura del Gobierno anterior, comienza a cobrar victimas.
La obra hidráulica debió haberse concluido el pasado mes de mayo, es trascendental conocer las razones de la suspensión de la obra.
Miles de chiapanecos y tabasqueños se ven afectados, muchos de ellos lo han perdido todo.
Es por ello que ante este panorama, impulsar una cultura de la prevención es fundamental, porque las personas requieren conocer cuáles fenómenos meteorológicos u oceanográficos pueden afectar cada año la región donde viven y qué medidas de seguridad habrán de tomar ante el embate de éstos. En ese sentido, la observación y monitoreo del estado del tiempo, así como los programas preventivos que sean realizados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el caso de México adquieren especial relevancia, ya que posibilitan alertar oportunamente a las autoridades y ciudadanía sobre el origen, evolución, intensidad y trayectoria de los fenómenos hidrometeorológicos extremos.
Solamente invirtiendo en infraestructura hidráulica podremos prevenir futuros desastres como el ocurrido en Tabasco.
Por lo antes expuesto ponemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita que se destine una partida presupuestal al Estado de Chiapas, para inversión en obra hidráulica, con el objeto de prevenir posibles desastres como los ocurridos en el vecino Estado de Tabasco.
SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita se instruya a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Recursos Hidráulicos para que realicen una investigación con objeto de conocer las causas de la no conclusión de la obra de la Presa Peñitas en el Estado de Tabasco.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
COORDINADOR
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
Proposiciones que se turnarán directamente a la cámara de diputados
Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados, para que en la conformación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, se contemplen los recursos necesarios para la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Veracruz.
SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA
El suscrito Senador, Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren el articulo 58 del reglamento para le Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:
Por el que se hace un exhorto al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados, para que en la conformación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2008, se contemplen los recursos necesarios para la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Veracruz lo anterior al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Veracruz es uno de los Estados más grandes de la República con una superficie de 72 mil 420 kilómetros cuadrados y su franca costera es de 745 kilómetros de longitud a lo largo y ancho del Golfo de México, colinda además con siete estados, por lo que cuenta con una posición clave en el contexto nacional y es la cuenca hidrológica más grande del país.
Importante es mencionar que el 35% de los ríos mexicanos corren por el Estado de Veracruz, por mencionar algunos: el Río Coatzacoalcos, el Río Blanco, Río Pánuco, Río Tuxpan, Río Papaloapan.
Las aguas residuales son como su nombre lo indica residuos líquidos procedentes de baños, regaderas, cocinas, mismos que son desechados a las alcantarillas, en muchas áreas, las aguas residuales también incluyen aguas provenientes de industrias y comercios.
En el mundo desarrollado la división del agua casera drenada en aguas grises y aguas negras es más común, el agua negra es la que procede de inodoros y orinales y el agua gris, procedente de piletas y bañeras, puede ser usada en riego de plantas y reciclada en el uso de inodoros, donde se transforma en agua negra.
Muchas aguas residuales también incluyen aguas superficiales procedentes de las lluvias, estas aguas residuales municipales contienen descargas que provienen de casas habitación, comercios e industrias.
Para el tema que hoy nos ocupa es importante decir que el tratamiento de aguas residuales incorpora procesos físicos químicos y biológicos, los cuales tratan y remueven los agentes contaminantes que día a día son introducidos por el uso habitual del agua, cuyo objetivo es producir agua ya limpia o reutilizable en el ambiente.
Sin duda alguna el resultado del tratamiento inadecuado de las aguas residuales a resultado en significativos aumentos de la mortalidad, así mismo de enfermedades que a todas luces son prevenibles.
Ahora bien el deterioro permanente en la calidad de los acuíferos que suministran de agua potable a las grandes ciudades, exige a los gobernantes a construir plantas potabilizadoras con la finalidad de suministrar a la ciudadanía agua con características óptimas para el consumo humano.
En el sentido de que cada vez es más alta la necesidad del cuidado del agua, debido a que la disponibilidad de este vital líquido esta disminuyendo considerablemente.
En este sentido y en contexto con lo anterior, resulta necesario que al tenor de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2008, se asignen los recursos suficientes para dar cumplimiento y desahogo a esta problemática.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que dentro del Proyecto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2008 se asignen los recursos necesarios para la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en los Municipios del Estado de Veracruz.
Atentamente,
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 6 Noviembre de 2007
Sen. Juan Bueno Torio.
Comunicaciones de Comisiones
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
Convocatoria De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a su reunión plenaria a efectuarse el jueves 8 de noviembre de 2007.
Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 6 de noviembre de 2007.
CONVOCATORIA
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a su reunión plenaria a efectuarse el jueves 8 de noviembre de 2007 a partir de las 10:00 horas en la sala de juntas del PAN en Xicoténcatl No. 9 (a un costado del Salón de Sesiones). En esta reunión se desahogará la siguiente:
Orden del Día
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum,
2.- Lectura y aprobación de la orden de día,
3.- Discusión y aprobación en su caso de diversos proyectos de dictamen, los cuales se enlistan a continuación:
A) DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE PROMUEVA ENTRE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN IBEROAMERICANA LA DECLARACIÓN CONJUNTA DEL AÑO 2008 COMO EL AÑO IBEROAMERICANO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENVEJECIMIENTO Y LA DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
B) DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPUBLICA SOBRE LA RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TODOS SUS TÉRMINOS, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
C) DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA FIRMAR UNA CARTA DE INTENCIÓN EN MATERIA DE DISCAPACIDAD
4.- Entrega DE PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, para su estudio y observaciones.
5.- Informe sobre la situación actual de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Declaración Interpretativa.
6.- Entrega de PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A EFECTO DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PROGRAMÁTICAS Y DE ATENCIÓN CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
7.- Entrega de PROYECTO DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FRENTE A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, elaborada por diversas organizaciones de la sociedad civil.
8.- Se informa de la entrega del Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LX Legislatura de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
9.- Asuntos generales.
Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada, quedo de Usted,
ATENTAMENTE:
SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ,
PRESIDENTE.
Bitácora de Reuniones
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2007
|REUNIONES DE TRABAJO EN COMISIONES |
| | | | |
|HORA |SALÓN |COMISIÓN |REUNIÓN |
| | | | |
|09:00 |Ramos Arizpe |Relaciones Exteriores |Reunión con integrantes de la |
| | | |Asamblea de la República Popular|
| | | |China |
| | | | |
|09:00 |Comedor General |Recursos Hidráulicos |Reunión de Trabajo |
| | | | |
|10:00 |Torre Caballito, |Reglamentos y Prácticas Parlamentarias |Reunión de Trabajo |
| |Piso 13, Sala de Juntas | | |
| | | | |
|10:00 |Salón de GP del PAN, Xicoténcatl |Atención a Grupos Vulnerables |Reunión de Trabajo |
| | | | |
|10:30 |Isidoro Olvera |Biblioteca y Asuntos Editoriales |Reunión de Trabajo |
[pic][pic]
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[1] Obesidad Infantil. Boletín de Práctica Médica Efectiva. Instituto Nacional de Salud Pública. Noviembre de 2006.
[2]
[3] Arellano García, Carlos, Derecho internacional público, Porrúa, México, 1983, vol. I, p.284.
[4] Becerra Ramírez, Manuel. Derecho internacional público. México, 1991, Universidad Nacional autónoma de México, p.16.
[5] Cfr. Arellano García, Carlos. Ibid., pp.285 y 286.
[6] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1975.
[7] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1988.
[8] Estas Comisiones añaden la cita del artículo 3 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, relativo a los Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de dicha Convención:
"El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito no afectará: a) al valor jurídico de tales acuerdos; b) a la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente Convención a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de esta Convención; c) a la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados entre si en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional."
[9] Article 151. The Hong Kong Special Administrative Region may on its own, using the name "Hong Kong,
China", maintain and develop relations and conclude and implement agreements with foreign states and regions
and relevant international organizations in the appropriate fields, including the economic, trade, financial and
monetary, shipping, Communications, tourism, cultural and sports fields.
[10] Article 153
(...)
International agreements to which the People's Republic of China is not a party but which are implemented in Hong Kong may continue to be implemented in the Hong Kong Special Administrative Region. The Central People's Government shall, as necessary, authorize or assist the government of the Region to make appropriate arrangements for the application to the Region of other relevant international agreements.
[11] Lic. Jorge Moreno Collado, "Opinión legal acerca de la constitucionalidad del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China Relativo a los Servicios Aéreos", México D.F., a 14 de septiembre de 2007, pp. 8.
[12] “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas del Estado de Oaxaca, a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo de Tecnología, así como para el rescate de zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 28 de noviembre de 2006.
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[pic] | |SEN. Juan
Bueno
Torio |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. Manuel
Velásco
Coello |[pic] | | | |
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[pic] | |SEN. Rosario
Ybarra
de la Garza |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. Manuel
Velásco
Coello |[pic] | | | |
[pic]
[pic] | |SEN. María Elena
Orantes
López |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. Martha Leticia
Sosa Govea |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Antonio
Mejía Haro |[pic] | |[pic]
[pic] | |SEN. Claudia Sofía Corichi
García |[pic] | | | | | | |[pic]
[pic] | |SEN. Carlos
Lozano de
la Torre |[pic] | |
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[pic] | |SEN. María Elena
Orantes
López |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. Gabino
Cué
Monteagudo |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. Guillermo
Tamborrel
Suárez |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. María
Rojo e Inchaustegui |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Sebastián
Calderón
Centeno |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. Rafael Alejandro
Moreno
Cárdenas |[pic] | |
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[pic] | |SEN. María Elena
Orantes
López |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. Graco
Ramírez
Garrido
Abreu |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Sebastián
Calderón
Centeno |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Minerva
Hernández
Ramos |[pic] | |
MESA DIRECTIVA
Sen. Santiago Creel Miranda, PRESIDENTE; José González Morfin, VICEPRESIDENTE; Sen. Francisco Arroyo Vieyra, VICEPRESIDENTE; Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, VICEPRESIDENTA; Sen. Adrián Rivera Pérez, SECRETARIO; Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, SECRETARIO; Sen. Claudia Sofía Corichi García, SECRETARIA; Sen. Gabino Cué Monteagudo, SECRETARIO. |JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
PRESIDENTE Sen. Manlio Favio Beltrones Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Sen. Santiago Creel Miranda, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Sen. Francisco Agundis Arias, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Sen. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Sen. Humberto Aguilar Coronado, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Sen. Felipe González González, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Sen. Melquiades Morales Flores, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. | |
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[pic] | |SEN. Adolfo
Toledo
Infanzón |[pic] | |
|Jueves 8 de noviembre de 2007 | | |
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[pic] | |SEN. Javier
Orozco
Gómez |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Pablo
Gómez
Álvarez |[pic] | |[pic]
[pic] | |SEN. Tomás
Torres
Mercado |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Gerardo
Montenegro
Ibarra |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Manuel
Velásco
Coello |[pic] | | | |
[pic]
[pic] | |SEN. Tomás
Torres
Mercado |[pic] | |
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[pic] | |SEN. María de los Ángeles
Moreno
Uriegas |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. Martha Leticia
Rivera
Cisneros |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Jorge Andrés
Ocejo
Moreno |[pic] | |
hþ&¡hËq$5?6?CJ,aJ, hß/]5?hþ&¡h@fS5? h1hT5?hþ&¡h¬U~5?hþ&¡hËq$5 INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET [pic]
[pic] | |SEN. Guillermo
Tamborrel
Suárez |[pic] | |
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