C O N T E N I D O
C O N T E N I D O
ORDEN DEL DÍA …..........…………................................................................................................................................................. 5
ACtA DE LA SESION ANTERIOR…...............................................................................................................................................9
PODER EJECUTIVO FEDERAL ......................................................................................................................................................17
Secretaría de Gobernación.………………..…………………………………………………………….……………….…………….……17
Oficios con los que remite los siguientes Instrumentos Internacionales:
• Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad de México el siete de abril de dos mil seis.………………………………….…………….……17
• Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado en la Ciudad de México el veinticuatro de abril de dos mil seis. .…………………………………….…………….……18
• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Viena, Austria el doce de mayo de dos mil seis. .………………………………………………………………………………………………………………….…………….……19
• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Bratislava, República Eslovaca el trece de mayo de dos mil seis……………………………………………………………………………………………….…………….……20
• Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, en veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y tres.……………………………………..………………………………………………….…………….……21
• Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte, adoptado en la ciudad de Nueva York el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve….……….……22
• Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el ocho de junio de mil novecientos noventa. ….………………………………………………….….……23
• Enmienda de Beijing que Modifica el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, adoptada el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve por la XI Conferencia de las Partes.…………..….……24
• Modificaciones al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como a otros tratados administrados por esa Organización, adoptadas en el marco de la 39ª serie de Reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrada en Ginebra, del veintidós de septiembre al primero de octubre de dos mil tres. .………………………………………………………………………..….……25
• Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro, adoptado en La Haya, el treinta de junio de dos mil cinco.……....….……26
• Oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros. .……....….……………………………………………………………………27
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Oficio con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2006. .……....….…………………………………………………………………………………………………………………29
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Cultura
Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: ……………………………………………………………..………30
• 159 Aniversario de la Batalla de Churubusco, a realizarse el domingo 20 de agosto, en esta ciudad
• 164 Aniversario Luctuoso de Doña Leona Vicario, a realizarse el lunes 21 de agosto, en esta ciudad.
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS………………………………………………………………………………..………………..………31
• Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite acuerdo por el que solicita el cierre de las fronteras a la importación de leche en cualquiera de sus modalidades.
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• De la Sen. Silvia Asunción Domínguez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 10 de agosto de 2006…..…32
• Del Sen. David Jiménez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, del 15 al 31 de agosto de 2006. ………………………………………………...…33
• Del Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa al Grupo Financiero “Anáhuac, S.A. de C.V.” ……………………………………………………………….…………………………………...…34
• De la Primera Comisión, con la que remite dictámenes en sentido negativo a diversos puntos de acuerdo y solicita su descargo. ………………………………………………………………….………………………….…………………………………...…35
• Del Dip. Alfonso Nava Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a realizar las investigaciones y adoptar las medidas que correspondan con relación a diversas denuncias presentadas con motivo de procesos laborales en contra de la Comisión Federal de Electricidad.……………..……………...…44
• De la Dip. Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exige garantizar la justicia y el resarcimiento para las víctimas de Castaños, Coahuila. .……………..……………...…47
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• Del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 97 de la Ley de Amparo. .………………………………………………………….………..……………...…49
• Del Dip. Pablo Alejo López Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 199, así como el 199-bis de la Ley General de Salud.………….…….………..……………...…51
• De los Diputados Maki Esther Ortiz Domínguez y Evaristo Corrales Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un Capítulo IX-Bis denominado “Trabajo de los periodistas” al Titulo VI, así como los artículos 291-A, 291-B, 291-C, 291-D, 291-E, 291-F, Y 291-G, a la Ley Federal del Trabajo. ……….…54
• Del Dip. Isidoro Ruiz Argáiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 70 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. …………………….…63
• Del Dip. Inti Muñoz Santini, a nombre de la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal. .66
• De la Dip. Laura Elena Martínez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal. ………………………………………………………..……………….…73
• De la Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los numerales 265 Bis y 343 Bis del Código Penal Federal…………………………………………..……………….…75
• De la Dip. María Salomé Elyd Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 BIS; y el inciso e) al numeral 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. …………………………………………………………………………………………..……………….…78
• De la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un Capítulo III al Título Séptimo del Código Penal Federal.…………………………………………….…82
• De la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana. .…………………………………………………………………….…84
• De la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 9 de la Ley de Información, Estadística y Geográfica.…………………….…86
• De la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo. .……………………………………………….……….…88
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
• Dos, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios en la Embajada de Australia en México.….…91
dictÁmenes A DISCUSIóN
• Tres, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática del Congo en la Ciudad de México; para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México. …………...…95
• De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo con relación a las opiniones de legisladores federales durante el ejercicio de su encargo. ……………………………………………………………………………………………………………...…...101
• De la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo en relación con el nombramiento de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.…….…………………………………………………………………………………..…...103
De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
• Por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores brinde el apoyo necesario a las familias de los mexicanos fallecidos en el accidente ocurrido en Arizona.………………………………………………………………………………..…...106
• En relación con la construcción de una refinería en Centroamérica en el marco de la Iniciativa Energética Mesoamericana………………………………….………………………………………………………………………………..…...108
• Relativo a la exención del pago de derechos para la expedición del pasaporte a quienes viajan fuera del país por tratamiento médico. ………………….…………...……………………………………………………………………………..…...112
De la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
• En torno al pago de pensiones a jubilados de ferrocarriles.…………………..……………………………………………..…...114
• Relativo a las acciones contra la contaminación electromagnética en México.………………….………………………..…...117
• Relativo a la reserva de la Biosfera de Cuatro Ciénegas, Coahuila. .………………….…………………………………..…...124
• Relativo al cumplimiento de los preceptos de Seguridad e Higiene en los Ingenios azucareros.…………………..…..…...126
• Por el que se solicita información sobre el Acuerdo Nacional para el Campo. .…………………..…………………...…....128
• Relativo a la creación de un Fondo Nacional de Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano……………………...…....130
• Referente a las tasas de interés en torno al uso de las tarjetas de crédito. ………………………………………..…...…....132
• Relativo al Programa Oportunidades. …………………………………………………………………………………..…...…....135
• En relación a la reasignación de los recursos liberados para la construcción de las unidades médicas de segundo nivel en el Estado de Jalisco. ………………………………………………………………….…………………………………..…...…....138
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• De la Sen. Laura Alicia Garza Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre información a los usuarios de tarjeta de crédito.………………….……………………………..…...…....141
• De los Diputados Maki Esther Ortiz Domínguez y Evaristo Corrales Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en torno a la labor del periodismo. ….………………………..……..…...…....143
• De la Dip. Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relacionado con la agresión a legisladores de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.……..……..…...…....146
• Del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo en relación con la violación tumultuaria que sufrieron mujeres de Coahuila, por parte de soldados del ejército mexicano….…...…....149
• Del Dip. Inti Muñoz Santini, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en torno a las agresiones físicas en contra de legisladores integrantes del Congreso de la Unión. ….…......…....151
• De la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, asignados a los programas de apoyo destinados al sector agropecuario.…………………………………………………………………………………………………….…......…....152
• Del Sen. Rómulo de Jesús Campuzano González, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a brindar el apoyo necesario a la candidatura del Dr. Julio Frenk Mora para ocupar la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud.……………………….…......….....153
• De los Diputados Maki Esther Ortiz Domínguez y Evaristo Corrales Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a establecer mecanismos que informen e inviten a las personas a declararse como donadores voluntarios de órganos. ………………………………………….….…......….....156
• Del Sen. Héctor Astudillo Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación a la autopista del Sol, México-Acapulco. ………………………………………….….…......…..........158
• De la Sen. Laura Alicia Garza Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar el decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ……………………….…………………………………………………..…......…..........159
Orden del Día
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones y correspondencia.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría de Gobernación
Oficios con los que remite los siguientes Instrumentos Internacionales:
• Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad de México el siete de abril de dos mil seis.
• Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado en la Ciudad de México el veinticuatro de abril de dos mil seis.
• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Viena, Austria el doce de mayo de dos mil seis.
• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Bratislava, República Eslovaca el trece de mayo de dos mil seis.
• Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, en veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y tres.
• Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte, adoptado en la ciudad de Nueva York el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.
• Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el ocho de junio de mil novecientos noventa.
• Enmienda de Beijing que Modifica el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, adoptada el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve por la XI Conferencia de las Partes.
• Modificaciones al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como a otros tratados administrados por esa Organización, adoptadas en el marco de la 39ª serie de Reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrada en Ginebra, del veintidós de septiembre al primero de octubre de dos mil tres.
• Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro, adoptado en La Haya, el treinta de junio de dos mil cinco.
• Oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Oficio con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2006.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Cultura
Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:
• 159 Aniversario de la Batalla de Churubusco, a realizarse el domingo 20 de agosto, en esta ciudad.
• 164 Aniversario Luctuoso de Doña Leona Vicario, a realizarse el lunes 21 de agosto, en esta ciudad.
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS
• Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite acuerdo por el que solicita el cierre de las fronteras a la importación de leche en cualquiera de sus modalidades.
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• De la Sen. Silvia Asunción Domínguez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 10 de agosto de 2006.
• Del Sen. David Jiménez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, del 15 al 31 de agosto de 2006.
• Del Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa al Grupo Financiero “Anáhuac, S.A. de C.V.”
• De la Primera Comisión, con la que remite dictámenes en sentido negativo a diversos puntos de acuerdo y solicita su descargo.
• Del Dip. Alfonso Nava Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a realizar las investigaciones y adoptar las medidas que correspondan con relación a diversas denuncias presentadas con motivo de procesos laborales en contra de la Comisión Federal de Electricidad.
• De la Dip. Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exige garantizar la justicia y el resarcimiento para las víctimas de Castaños, Coahuila.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• Del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 97 de la Ley de Amparo.
• Del Dip. Pablo Alejo López Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 199, así como el 199-bis de la Ley General de Salud.
• De los Diputados Maki Esther Ortiz Domínguez y Evaristo Corrales Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un Capítulo IX-Bis denominado “Trabajo de los periodistas” al Titulo VI, así como los artículos 291-A, 291-B, 291-C, 291-D, 291-E, 291-F, Y 291-G, a la Ley Federal del Trabajo.
• Del Dip. Isidoro Ruiz Argáiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 70 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
• Del Dip. Inti Muñoz Santini, a nombre de la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal.
• De la Dip. Laura Elena Martínez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal.
• De la Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los numerales 265 Bis y 343 Bis del Código Penal Federal.
• De la Dip. María Salomé Elyd Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 BIS; y el inciso e) al numeral 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• De la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un Capítulo III al Título Séptimo del Código Penal Federal.
• De la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana.
• De la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 9 de la Ley de Información, Estadística y Geográfica.
• De la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
• Dos, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios en la Embajada de Australia en México.
dictÁmenes A DISCUSIóN
• Tres, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática del Congo en la Ciudad de México; para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.
• De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo con relación a las opiniones de legisladores federales durante el ejercicio de su encargo.
• De la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo en relación con el nombramiento de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
• Por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores brinde el apoyo necesario a las familias de los mexicanos fallecidos en el accidente ocurrido en Arizona.
• En relación con la construcción de una refinería en Centroamérica en el marco de la Iniciativa Energética Mesoamericana.
• Relativo a la exención del pago de derechos para la expedición del pasaporte a quienes viajan fuera del país por tratamiento médico.
De la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
• En torno al pago de pensiones a jubilados de ferrocarriles.
• Relativo a las acciones contra la contaminación electromagnética en México.
• Relativo a la reserva de la Biosfera de Cuatro Ciénegas, Coahuila.
• Relativo al cumplimiento de los preceptos de Seguridad e Higiene en los Ingenios azucareros.
• Por el que se solicita información sobre el Acuerdo Nacional para el Campo.
• Relativo a la creación de un Fondo Nacional de Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano.
• Referente a las tasas de interés en torno al uso de las tarjetas de crédito.
• Relativo al Programa Oportunidades.
• En relación a la reasignación de los recursos liberados para la construcción de las unidades médicas de segundo nivel en el Estado de Jalisco.
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• De la Sen. Laura Alicia Garza Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre información a los usuarios de tarjeta de crédito.
• De los Diputados Maki Esther Ortiz Domínguez y Evaristo Corrales Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en torno a la labor del periodismo.
• De la Dip. Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relacionado con la agresión a legisladores de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
• Del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo en relación con la violación tumultuaria que sufrieron mujeres de Coahuila, por parte de soldados del ejército mexicano.
• Del Dip. Inti Muñoz Santini, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en torno a las agresiones físicas en contra de legisladores integrantes del Congreso de la Unión.
• De la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, asignados a los programas de apoyo destinados al sector agropecuario.
• Del Sen. Rómulo de Jesús Campuzano González, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a brindar el apoyo necesario a la candidatura del Dr. Julio Frenk Mora para ocupar la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud.
• De los Diputados Maki Esther Ortiz Domínguez y Evaristo Corrales Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a establecer mecanismos que informen e inviten a las personas a declararse como donadores voluntarios de órganos.
• Del Sen. Héctor Astudillo Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación a la autopista del Sol, México-Acapulco.
• De la Sen. Laura Alicia Garza Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar el decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación política nacional.
C I T A .
Acta de la Sesión Anterior
SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL MIÉRCOLES nueve DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS.
PRESIDE LA DIPUTADA
CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas cuarenta y cinco minutos del miércoles nueve de agosto de dos mil seis, con una asistencia de treinta y siete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.
Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión celebrada el miércoles dos de agosto de dos mil seis.
La Secretaría dio lectura al Orden del Día de la sesión de esta fecha.
Se recibieron de la Secretaría de Gobernación propuestas de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un primer período de 6 años.- Se turnaron a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
Se recibieron de la Secretaría de Gobernación propuestas de ratificación y de No ratificación de diversos Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios.- Se turnaron a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
Se recibieron de la Secretaría de Gobernación solicitudes de permiso para que los ciudadanos Carolina Cárdenas Sosa y Capitán de Navío C.G. DEM Luis Gerardo Alcalá Ferraez, puedan aceptar y usar las Condecoraciones que les otorgan el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de América, respectivamente; así como a la ciudadana Belinda Rocío Borja Lepcowitz, para prestar servicios en la Embajada de Australia en México.- Se turnaron a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Se recibió de la Secretaría de Gobernación Informe del Primer Semestre de 2006 de los indicadores de Resultados de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio del Servicio de Administración Tributaria por el que comunica que la Administración de Aduanas no asignó mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de julio de 2006.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y de la Cámara de Diputados.
Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe Trimestral sobre la composición y situación financiera de las inversiones de dicho instituto.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Se recibió del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Informe Anual de actividades y ejercicio presupuestal del CONAPRED 2005.- Se turnó a las Comisiones de Desarrollo Social; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y de la Cámara de Diputados.
Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.
Se recibió del Congreso del Estado de Puebla, acuerdo en relación a diversas acciones en pro de las personas con discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
Se recibió del Congreso del Estado de Puebla, acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, realice el análisis, estudio y reforma del artículo 7 de la Ley de Energía para el Campo.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.
Se recibió del Congreso del Estado de Querétaro, acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a dictaminar el proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.
Se dio cuenta con comunicación de la Diputada Jazmín E. Zepeda Burgos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que informa de su opción para desempeñar el cargo de Regidora en el Municipio de Metepec, Estado de México, con efectos a partir del 16 de agosto de 2006.
Se dio cuenta con comunicación de la Diputada Leticia Socorro Userralde Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 15 de agosto de 2006.- Sin discusión se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación de la Diputada Amalín Yabur Elías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 9 de agosto de 2006.- Sin discusión se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación del Diputado Manuel Gómez Martínez del Río, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 18 de agosto de 2006.- Sin discusión se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación del Diputado Jorge Uscanga Escobar, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, en relación con la construcción de un penal de alta seguridad en el Pueblo de Santa Martha Acatitla en el Distrito Federal.- Quedó de enterado.
Se dio cuenta con comunicación del Senador Héctor Astudillo Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los acuerdos aprobados por esta Comisión Permanente en sesiones celebradas los días 5 y 26 de julio pasados, sobre las autopistas del país.- Se remitió al Ejecutivo Federal.
Se recibió comunicación de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza el punto de acuerdo por el que se solicita convocar al Congreso de la Unión a un período extraordinario de sesiones para ocuparse del dictamen con proyecto de Decreto que crea la Ley para Regular las Remesas de Dinero, presentada por la Diputada Laura Elena Martínez Rivera, el 17 de mayo de 2006. La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento de la Diputada Laura Elena Martínez Rivera.
Se recibió comunicación de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza el punto de acuerdo por el que se solicita convocar al Congreso de la Unión a un período extraordinario de sesiones y se incluya la discusión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Decreto que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales por el que se establece el delito de feminicidio, presentado por el 9 de mayo de 2006.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento de las Diputadas Marcela Legarde y de los Ríos y Diva Hadamira Gastélum Bajo.
Se recibió comunicación de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza el acuerdo por el que se solicita convocar al Congreso de la Unión a un período extraordinario de sesiones en el que se agende la discusión y aprobación del proyecto de decreto que reforma la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, presentado el 27 de junio de 2006.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado de Zacatecas.
Se recibió comunicación de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza el acuerdo por el que se solicita a las autoridades del Distrito Federal garantizar la libertad de tránsito de los ciudadanos, presentado por los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores, el 2 de agosto de 2006.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento de los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.
Se recibió comunicación de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza el acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, a esclarecer y acelerar las investigaciones correspondientes por los hechos ocurridos el 11 de julio de 2006, en Castaños, Coahuila, presentado por el Diputado Ricardo Rodríguez Rocha, el 26 de julio de 2006.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento del Diputado Rodríguez Rocha.
Se recibió comunicación de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza el acuerdo con relación al derecho de petición, presentado por el Diputado Jorge Legorreta Ordorica, el 21 de junio de 2006.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento del Diputado Legorreta Ordorica.
Se recibió comunicación de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza los puntos de acuerdo por el que hace un llamado por la paz a los actores involucrados en el conflicto en Medio Oriente; y para que la Secretaría de Relaciones Exteriores emita una nota diplomática a favor del cese inmediato de hostilidades en el Medio Oriente, presentados por los diputados Adriana González Carrillo y Luis Maldonado Venegas, el 19 de julio de 2006.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento de los legisladores promoventes.
Se recibió comunicación de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente por la que informa de la aprobación de dictámenes que rechazan dos puntos de acuerdo relativos a la mina “Pasta de Conchos”, presentados por el Diputado Inti Muñoz Santini el 19 de julio de 2006.- La Presidencia instruyó descargar las propuesta de los registros correspondientes, darlas como asuntos concluidos y hacerlo del conocimiento de los Diputado Inti Muñoz Santini, Francisco Carrillo Soberón y Eliana García Laguna.
Se recibió comunicación de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza punto de acuerdo en relación con la designación del Director General de BANOBRAS, presentado por la Diputada Beatriz Mojica Morga, el 31 de mayo de 2006.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento de la Diputada Mojica Morga.
Se recibió comunicación de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza punto de acuerdo en relación con la designación del Director General de BANOBRAS, presentado por la Diputada Beatriz Mojica Morga, a nombre propio y del Diputado Inti Muñoz Santini, el 31 de mayo de 2006.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento de los legisladores promoventes.
Se recibió comunicación de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros a cumplir el objetivo determinado por la Ley en la materia, presentado por el Diputado Francisco Saucedo Pérez 14 de junio de 2006.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento del Diputado Saucedo Pérez.
Se recibió comunicación de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente por la que informa de la aprobación de dictamen que rechaza punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros a cumplir el objetivo determinado por la Ley en la materia, presentado por el Diputado Isidoro Ruiz Argáiz, el 14 de junio de 2006.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darla como asunto concluido y hacerlo del conocimiento del Diputado Ruiz Argáiz.
Se dio cuenta con solicitud de la Diputada Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de excitativa a comisiones, en relación con la iniciativa de reforma que deroga la fracción VI del artículo 1 y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentada el 24 de noviembre de 2005.- Se remitió a la Cámara de Diputados.
El Senador José Alberto Castañeda Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
El Diputado Jesús González Schmal, Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La Diputada Laura Elena Martínez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar los artículos 187 y 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
PRESIDE EL DIPUTADO
PABLO ALEJO LÓPEZ NÚÑEZ
La Diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y del Diputado Jorge Ángel Córdova Villalobos y presentaron Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 101 bis y derogar la fracción VII del artículo 314 de la Ley General de Salud.- Se turnó se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
La Diputada Marisol Vargas Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.
Los Diputados Sergio Vázquez García y José Antonio de la Vega Asmitia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato del Seguro.- Se turnó turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
El Diputado Tomás Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Los Diputados Carlos Hernán Silva Valdez, Isidoro Ruíz Argaiz y Sergio Magaña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2 y 7 de la Ley del Banco de México.- Se turnó turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La Diputada Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La Diputada Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La Diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un Capítulo X al Título Sexto del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de protección de testigos y peritos.- Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El Diputado Luis Monárrez Rincón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La Diputada Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción vii el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La Diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar diversos artículos del Código de Comercio.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
La Diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La Diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.
Se dio primera lectura a tres dictámenes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con proyectos de decreto: uno que concede permiso al ciudadano Ngoyi Ndamamba, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática del Congo en la ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República; otro que concede permisos a los ciudadanos Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave, Carlos Correa Ceseña, Miguel Hakim Simón, Rogeiro Durante Dalpiva, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán y Gerardo Adolfo Marín Marín, para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los gobiernos de las Repúblicas de Italia, de Francia, de Guatemala, el Ministerio de Defensa de la República Argentina y de las Repúblicas Federativa del Brasil y de El Salvador; y otro que concede permisos a los ciudadanos Katia Cecilia Ornelas Núñez, Francisco Javier Retana Toca y María del Carmen Ocañas Gutiérrez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas.- Quedaron de primera lectura.
Se dio cuenta con oficio de diversos ciudadanos mexicanos por el que proponen a la Comisión Permanente acordar la declaratoria de desaparición de poderes o la remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores; y a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Se dio cuenta con oficio de diversos ciudadanos mexicanos y legisladores federales por el que proponen la instalación de una mesa política y ciudadana de análisis para el diálogo.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Se dio cuenta con oficio suscrito por el ciudadano Ferdusi Bastar Merito, por el que solicita permiso para aceptar y usar condecoración que le confiere el gobierno de Guatemala.- Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Se puso a consideración de la Asamblea dictamen de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos de permisos de los ciudadanos Lic. Silvia Alondra Elizalde Orozco, Lic. Nancy Araceli Luna Garibay y José Manuel Briseño Flores, para prestar servicios en las Embajadas de Australia y de Noruega en México, respectivamente.- Sin discusión, se aprobó por 28 votos. Pasó al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Se pusieron a consideración de la Asamblea nueve dictámenes de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con los siguientes puntos de acuerdo:
▪ En relación con las gestiones, investigaciones y trabajos para proteger al camino real de tierra adentro, como un bien cultural, urbano y ambiental.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; y de Cultura de la Cámara de Diputados.
▪ En relación al acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
▪ En relación a la obra del artista José Luis Cuevas.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal y al Congreso del Estado de Colima.
▪ En relación a la ley que impide que los hijos de inmigrantes mexicanos puedan ser beneficiados por los servicios de salud básicos proporcionados por el denominado programa Medicaid.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
▪ En relación con el centro de detención de los Estados Unidos de América en la base naval de Guantánamo, Cuba.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
▪ En relación con el atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Mumbai, India.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
▪ En relación con el acuerdo de complementación económica con la República de Corea.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
▪ En relación a la militarización y construcción de un muro en la frontera norte.- Sin discusión, se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal, a los Congresos de los Estados y a las Cámaras del Congreso de la Unión.
▪ En relación con las pruebas de misiles de capacidad nuclear efectuadas por la república popular democrática de corea.- A discusión, intervinieron el Diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una aclaración sobre el dictamen; y la Senadora Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
Se pusieron a consideración de la Asamblea siete dictámenes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con los siguientes puntos de acuerdo:
▪ En relación con el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado el 7 de febrero de 2002.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
▪ En relación con el despojo patrimonial a los trabajadores al servicio del estado de Yucatán afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
▪ En relación con el personal que revisa el equipaje de los usuarios del transporte aéreo.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
▪ En relación con la condonación del pago de contribuciones federales a las que están sujetos las personas físicas y morales, establecidos en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
▪ En relación con el Proyecto Hidroeléctrico “La Parota”.- Sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal y al Gobernador del Estado de Guerrero.
Se puso a consideración de la Asamblea dictamen de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a adecuar sus legislaciones para proteger el secreto profesional de periodistas y comunicadores.- A discusión intervino la Diputada Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se aprobó en votación económica. Se comunicó a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El Senador Juan José Rodríguez Prats, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo en torno al rezago de minutas e iniciativas pendientes en las comisiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.- Se turnó a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Intervinieron el Diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del turno dictado por la Mesa Directiva, el Senador Juan José Rodríguez Prats, y el Diputado José Antonio de la Vega Asmitia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Asamblea ratificó el turno asignado a la propuesta del Senador Rodríguez Prats.
PRESIDE LA DIPUTADA
CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS
El Diputado Pablo Gómez Álvarez, a nombre del Diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional De Estadística, Geografía E Informática, a dar a conocer la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, correspondiente al 2005.- A discusión, intervino la Diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se aprobó en votación económica. Se comunicó al Instituto Nacional De Estadística, Geografía E Informática.
La Senadora Victoria Eugenia Méndez Márquez y el Senador Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron propuesta con punto de acuerdo en torno al pago de pensiones a jubilados de ferrocarriles.- Se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
La Diputada Blanca Eppen Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Coahuila para que realicen las investigaciones y se tomen acciones correspondientes en torno a los hechos relacionados con el abuso sexual en contra de 13 mujeres, registrados el pasado 11 de julio de 2006 en el Municipio de Castaños, Coahuila.- Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
La Diputada Beatriz Mojica Morga, a nombre del Diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver antes del 31 de agosto de 2006, la controversia constitucional contra el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Se dio cuenta con propuesta de la Senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó propuesta con punto de acuerdo relativo a las acciones contra la contaminación electromagnética en México.- Se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
El Diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director de la Comisión Nacional del Agua y al Procurador Federal del Medio Ambiente, para que informen sobre el estado que guarda la reserva de la biosfera en Cuatro Ciénegas Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
El Senador Héctor Astudillo Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación a la situación que priva en el Estado de Chiapas.- Considerado de urgente y obvia resolución, a discusión intervinieron los Senadores Juan José Rodríguez Prats, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal, al Instituto Federal Electoral, al Gobernador del Estado de Chiapas y al Instituto Electoral del Estado de Chiapas.
El Diputado Diego Palmero Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, así como al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que presenten un informe detallado sobre el cumplimiento de los preceptos de seguridad e higiene en torno a los ingenios azucareros.- Se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
La Diputada Concepción Castañeda Ortiz, a nombre del Diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a unificar criterios con los estados de la República en el establecimiento de la edad mínima para el ingreso a nivel preescolar y al nivel primaria.- Considerado de urgente y obvia resolución, sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
El Senador Héctor Astudillo Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación al accidente ocurrido en Arizona en el que perdieron la vida nueve mexicanos.- Se turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
La Senadora Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con el proyecto de construcción de una refinería petrolera en Centroamérica en el marco de la iniciativa Energética Mesoamericana.- Se turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
La Diputada Consuelo Rodríguez de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal la solución del conflicto de la toma de instalaciones de la corporación oaxaqueña de radio y televisión.- Considerado de urgente y obvia resolución, sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
La Diputada Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con la publicidad del Instituto Federal Electoral.- Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Los Diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron propuesta con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y a PROCAMPO, a proporcionar información sobre el Acuerdo Nacional para el Campo.- Se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
Los Diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron propuesta con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a crear un Fondo Nacional de Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano.- Se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
El Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a exentar del pago del derecho para la expedición de pasaporte a quienes viajan fuera del país por tratamiento médico.- Se turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
El Diputado Isidoro Ruiz Argaiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que declare la nulidad del decreto sobre el predio denominado Balneario Palmilla.- Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
El Diputado Eugenio Mier y Concha Campos, a nombre del Diputado Omar Bazán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales en Ciudad Juárez, Chihuahua.- Considerado de urgente y obvia resolución, sin discusión se aprobó en votación económica. Se comunicó al Ejecutivo Federal.
La Diputada Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar como prueba dentro de la investigación que realiza en el caso de la ciudadano Lydia Cacho, la denuncia presentada por la Procuradora de Justicia del Estado de Puebla en contra de la comunicadora.- Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Se dio cuenta con propuesta de la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Competencia Económica, realice un estudio referente a las tasas de interés aplicadas por el Sistema Financiero Nacional al uso de las tarjetas de crédito.- Se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
Se dio cuenta con propuesta del Diputado Julián Nazar Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a garantizar la transparencia del proceso electoral en Chiapas.- Se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Se dio cuenta con propuesta del Diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a explicar la discrepancia en el programa oportunidades.- Se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas diez minutos y citó para la siguiente el miércoles dieciséis de agosto a las once horas.
Poder Ejecutivo Federal
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales:
Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad de México el siete de abril de dos mil seis.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N°. SEL/300/4306/06
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta de Gobernación, copias certificadas del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad de México el siete de abril de dos mil seis, acompañadas de un Memorándum de Antecedentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento con el objeto de que la Cámara de Senadores, tenga a bien considerar el citado Convenio durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado en la Ciudad de México el veinticuatro de abril de dos mil seis.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N°. SEL/300/4307/06
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta de Gobernación, copias certificadas del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado en la Ciudad de México el veinticuatro de abril de dos mil seis, acompañadas de un Memorándum de Antecedentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento con el objeto de que la Cámara de Senadores, tenga a bien considerar el citado Tratado durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Viena, Austria el doce de mayo de dos mil seis.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N°. SEL/300/4308/06
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta de Gobernación, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Viena, Austria el doce de mayo de dos mil seis, acompañadas de un Memorándum de Antecedentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento con el objeto de que la Cámara de Senadores, tenga a bien considerar el citado Acuerdo durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONTSIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Bratislava, República Eslovaca el trece de mayo de dos mil seis.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N°. SEL/300/4309/06
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta de Gobernación, copias certificadas del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Bratislava, República Eslovaca el trece de mayo de dos mil seis, acompañadas de un Memorándum de Antecedentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento con el objeto de que la Cámara de Senadores, tenga a bien considerar el citado Convenio durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, en veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y tres.
SECRETARÍA DE GDBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N°. SEL/300/431 0/06
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta de Gobernación, copias certificadas del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, el veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y tres, acompañadas de un Memorándum de Antecedentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento con el objeto de que la Cámara de Senadores, tenga a bien considerar el citado Convenio durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte, adoptado en la ciudad de Nueva York el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N°. SEL/300/4311/06
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta de Gobernación, copias certificadas del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte, adoptado en la ciudad de Nueva York el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, acompañadas de un Memorándum de Antecedentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento con el objeto de que la Cámara de Senadores, tenga a bien considerar el citado Protocolo durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISTO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el ocho de junio de mil novecientos noventa.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N°. SEL/300/4312/06
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta de Gobernación, copias certificadas del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el ocho de junio de mil novecientos noventa, acompañadas de un Memorándum de Antecedentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento con el objeto de que la Cámara de Senadores, tenga a bien considerar el citado Protocolo durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
Enmienda de Beijing que Modifica el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, adoptada el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve por la XI Conferencia de las Partes.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE. ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N o. SEL/300/4313/06
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta de Gobernación, copias certificadas de la Enmienda de Beijing que Modifica el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, adoptada el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve por la XI Conferencia de las Partes, acompañadas de un Memorándum de Antecedentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento con el objeto de que la Cámara de Senadores, tenga a bien considerar la citada Enmienda durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
Modificaciones al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como a otros tratados administrados por esa Organización, adoptadas en el marco de la 39ª serie de Reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrada en Ginebra, del veintidós de septiembre al primero de octubre de dos mil tres.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N°. SEL/300/4314/06
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta de Gobernación, copias certificadas de las Modificaciones al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como a otros tratados administrados por esa Organización, adoptadas en el marco de la 39a serie de Reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrada en Ginebra, del veintidós de septiembre al primero de octubre de dos mil tres, acompañadas de un Memorándum de Antecedentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento con el objeto de que la Cámara de Senadores, tenga a bien considerar las citadas Modificaciones al Convenio durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro, adoptado en La Haya, el treinta de junio de dos mil cinco.
SECRETARÍA DE GDBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N o. SEL/300/4315/06
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió a esta de Gobernación, copias certificadas del Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro, adoptado en la Haya, el treinta de junio de dos mil cinco, acompañadas de un Memorándum de Antecedentes.
Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción I de nuestra Carta Magna, me permito remitir a ustedes un ejemplar del mencionado documento con el objeto de que la Cámara de Senadores, tenga a bien considerar el citado Convenio durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
Oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N°. SEL/300/4318/06
México, D.F., 11 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría, tramitar ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Tte. Nav. CG. Daniel Leal Ortíz, pueda aceptar y usar la Condecoración "Navy and Marine Corps Commendation Medal", que le otorga la Marina de los Estados Unidos de América.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio N o. SEL/300/4319/06
México, D.F., 11 de agosto de 2006.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría, tramitar ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Contralmirante CG. DEM. Conrado Aparicio Blanco, pueda aceptar y usar la "Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa", que le otorga la Junta Interamericana de Defensa, entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
DIONISIO A. MEADE Y GARCÍA DE LEÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Oficio con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2006.
[pic]
Gobierno del Distrito Federal
SECRETARÍA DE CULTURA
Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:
• 159 Aniversario de la Batalla de Churubusco, a realizarse el domingo 20 de agosto, en esta ciudad.
• 164 Aniversario Luctuoso de Doña Leona Vicario, a realizarse el lunes 21 de agosto, en esta ciudad
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE CULTURA
Museo de la Ciudad de México
México, D.F., a 24 de julio de 2006
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del Honorable Congreso de la Unión
P r e s e n t e
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Cultura, ha programado la ceremonia conmemorativa correspondiente al mes de agosto de 2006, de las cuales anexo su descripción.
|Fecha |Hora |Ceremonia |Lugar |
| | | | |
|Domingo 20 |10:00 |159 Aniversario de la Batalla |Monumento a los caídos en Churubusco, Exconvento de |
| |horas |de Churubusco |Churubusco, Calle 20 de Agosto, Delegación Coyoacán |
| | | | |
|Lunes 21 |10:00 horas |164 Aniversario Luctuoso de |Monumento erigido a su memoria, ubicado en las calles de |
| | |Doña Leona Vicario |República de Brasil esquina con República de Honduras, |
| | | |Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc. |
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán al evento de referencia en representación del Honorable Congreso de la Unión. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.
Para efectos de coordinación pongo a su disposición el teléfono 55 42 00 83 con Mirella Lluhi Fournier o con Mario Alberto Corona Salazar.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e
Angelina Barona del Valle
Directora
Legislaturas de los Estados
Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite acuerdo por el que solicita el cierre de las fronteras a la importación de leche en cualquiera de sus modalidades
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih., a 10 de julio de 2006.
SEN. JESÚS ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ.
PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE SENADORES
Xicotencatl No. 9
MEXICO, D. F.
Anexo a la presente me permito enviarle copia del Acuerdo número 208/06 II P.O., aprobado en sesión celebrada el día veintiocho del mes de junio del año en curso, mediante el cual la Sexagésima Primera Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, acordó solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, que por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la de Economía, realice el cierre de las fronteras a la importación de leche en cualesquiera de sus modalidades; quedándose en remitir copia del mencionado acuerdo a las Legislaturas Estatales, a efecto de que, si lo consideran conveniente, se pronuncien a favor del mismo.
Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración,
Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DIP. LETICIA LEDEZMA ARROYO
Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores
De la Sen. Silvia Asunción Domínguez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 10 de agosto de 2006.
SENADO DE LA REPÚBLICA
LIX LEGISLATURA
Silvia Asunción Domínguez López
Senadora de la República
México, D.F., 10 de agosto de 2006.
SENADOR ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presente
SILVIA ASUNCIÓN DOMÍNGUEZ LÓPEZ, Senadora de la República por el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar ante esta Comisión Permanente, bajo su atinada presidencia, licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como Senadora de la República a partir del 10 de agosto de 2006, debido a que el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Lic. Fidel Herrera Beltrán, me confirió el honor de ser la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA) en el Estado.
Por lo anterior y con fundamento en los Artículos 62 y 78 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General y Artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, con debido respeto le solicito:
Primero: Tenerme por comparecida solicitando la separación al cargo de Senadora de la República a partir del día 10 de agosto de 2006.
Segundo: Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.
Protesto a Usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE
Del Sen. David Jiménez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, del 15 al 31 de agosto de 2006.
[pic]
Del Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa al Grupo Financiero “Anáhuac, S.A. de C.V.”
[pic]
De la Primera Comisión, con la que remite dictámenes en sentido negativo a diversos puntos de acuerdo y solicita su descargo.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN POR EL QUE SE CONSIDERAN SIN MATERIA DIVERSAS PROPUESTAS RELACIONADAS AL ACUERDO DE NEUTRALIDAD DEL IFE Y DEL PASADO PROCESO ELECTORAL.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fueron turnadas para su análisis y dictamen propuestas presentadas por la senadora Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, el día 7 de junio de 2006; por la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD, el 14 de junio, del Congreso del Estado de Coahuila, presentado el 21 de junio y por la Dip. María Angélica Ramírez Luna, del Grupo Parlamentario del PAN, del 27 de junio de 2006.
Por consiguiente, los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para su Gobierno Interior, someten a la consideración de esa H. Asamblea el dictamen que se ha formulado al tenor de los apartados que en seguida se detallan:
A N T E C E D E N T E S
I. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 7 de junio de 2006, la senadora Dulce María Sauri Riancho, a nombre propio y de los senadores Emilio Gamboa Patrón y Eric Rubio Barthell presentó la propuesta con punto de acuerdo en relación al proselitismo que el Gobernador del Estado de Yucatán realizó en el Estado de Veracruz a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional, misma que se presentó en los siguientes términos
PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respalda el llamado del Consejo General del IFE al C. Patricio Patrón Laviada, Gobernador del Estado de Yucatán, a respetar el acuerdo de Neutralidad Política, emitido por el Instituto, para las elecciones federales del 2 de julio.
SEGUNDO: La Comisión Permanente invita respetuosamente al C. Patricio Patrón Laviada, Gobernador del Estado de Yucatán, a conducirse tanto en el Estado de Yucatán como en cualquier otra entidad del País, con estricto apego a la ley y a los acuerdos que buscan preservar el indispensable clima de equidad en la contienda electoral.
II. En sesión de fecha 14 de junio, la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una propuesta para exhortar al Gobernador del Estado de Tlaxcala a dar cumplimiento al acuerdo del Instituto Federal Electoral por el que se emiten las reglas de neutralidad.
ÚNICO: Se exhorta al Gobernador del Estado de Tlaxcala a que dé cumplimiento al Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emiten las Reglas de Neutralidad así como el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, en sus artículos 30, 32, 55 y 61 con la finalidad de garantizar el proceso electoral de 2006 en el Estado, así como abstenerse de impulsar y promocionar el voto a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional, utilizando los programas sociales del Estado.
III. Con fecha 21 de junio la Comisión Permanente turnó un punto de Acuerdo del Congreso del Estado de Coahuila en relación al Acuerdo de Neutralidad del IFE y el Proceso Electoral.
PRIMERO: Que el Congreso del Estado de Coahuila, envié un comunicado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión donde se exhorte a esa soberanía a solicitar al Instituto Federal Electoral tomar las medidas necesarias para que el “Acuerdo de Reglas de Neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la Republica, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los presidentes Municipales, los Jefes Delegaciónales en el Distrito Federal y en su caso el resto de los Servidores Públicos durante el proceso electoral 2006” sea observado a cabalidad por todos aquellas Autoridades incluidas en dicho Acuerdo.
SEGUNDO: Que el Congreso del Estado de Coahuila, envíe un comunicado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión donde se le solicite a dicha Soberanía Popular, emitir una atenta recomendación al Presidente de la Republica Vicente fox Quesada, para que se conduzca con imparcialidad en su calidad de Jefe de Estado, particularmente durante el proceso electoral, evitando la promoción de obras y programas de Gobierno Federal durante las entrevistas oficiales derivadas de su cargo.
TERCERO: Que por la Naturaleza de su Contenido la presente Proposición con Punto de Acuerdo sea considerada como de obvia y urgente resolución.
IV. En sesión del 27 de junio de 2006, se turnó a esta Comisión una propuesta de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder del Estado de Puebla a respetar el acuerdo de neutralidad del Instituto Federal Electoral.
Único: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a efecto de que respete el Acuerdo de Neutralidad emitido por el IFE, y se abstenga, en su calidad de servidor público, de participar e incidir de manera directa o indirecta en el próximo proceso electoral federal; así como emprender acciones que contravengan lo dispuesto en dicho Acuerdo
Obra implícito, en las propuestas arriba referidas el interés de obtener la intervención de la Comisión Permanente, para que este órgano del Congreso de la Unión se exhorte a los diversos actores políticos a sujetarse a los acuerdos que buscan preservar el indispensable clima de equidad en la contienda electoral.
C O N S I D E R A C I O N E S
I. Descritos los puntos centrales de las propuestas que se analizan, en ellos advertimos la existencia de una inquietud cuya satisfacción no le concierne a la Comisión Permanente el obsequiarla. Es decir, no le asiste a este órgano del Poder Legislativo en los recesos del Congreso de la Unión dar seguimiento alguno a denuncias presentadas en materia electoral, con independencia del fin que con esa conducta se persiga.
Independientemente de lo anterior, conviene precisar que en su momento, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se emiten las reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006, precisó en su punto Cuarto que el Instituto Federal Electoral “establecerá comunicación con los servidores públicos enunciados, a fin de que durante el proceso electoral mantengan su cooperación y disposición para cumplir con tales acuerdos”.
En este sentido, y en razón de que la jornada electoral ya se ha celebrado, los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente consideran sin materia las propuestas con relación al proceso electoral materia de este dictamen.
Por las consideraciones que anteceden, los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO.- Se consideran sin materia las propuestas presentadas por el Congreso del Estado de Coahuila, así como las presentadas por las legisladoras Dulce María Sauri Riancho, Minerva Hernández Ramos y María Angélica Ramírez Luna relacionadas al Acuerdo de Neutralidad del IFE y del proceso electoral del pasado 2 de julio de 2006.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
LEGISLADORES
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE
PRESIDENTE
|DIP. JOSÉ RANGEL ESPINOSA | |SEN. RAFAEL MELGOZA RADILLO |
|SECRETARIO | |SECRETARIO |
| | | |
| | |DIP. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO |
|SEN. ANTONIO GARCÍA TORRES | |SEN. LAURA ALICIA GARZA GALINDO |
|DIP. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ | |SEN. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES |
|DIP. TOMÁS TRUEBA GRACIÁN | |DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA |
|SEN. CÉSAR JÁUREGUI ROBLES | |SEN. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS |
|DIP. BEATRIZ MOJICA MORGA | |DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ |
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN NEGATIVO POR EL QUE SE CONSIDERA NO HA LUGAR UNA PROPUESTA DEL SEN. HECTOR MICHEL CAMARENA, PRESENTADA EL 24 DE MAYO DE 2006.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y análisis el expediente integrado referente a una proposición con Punto de Acuerdo, presentado por el Sen. Héctor Michel Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 24 de mayo de 2006 en sesión de la Comisión Permanente.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
I. ANTECEDENTES
1. En sesión de la Comisión permanente de fecha 24 de mayo de 2006, el Sen. Héctor Michel Camarena presentó la proposición de referencia, misma que fue publicada en la gaceta parlamentaria de esa misma sesión.
2. El Presidente de la Comisión Permanente determinó turnar el punto de acuerdo referido a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
3. Con fecha 15 de agosto del año en curso, la Primera Comisión en reunión de trabajo procedió a elaborar del presente dictamen con base en las siguientes
II. CONSIDERACIONES
1. Los suscritos integrantes de esta Primera Comisión estimamos procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra plantea:
PRIMERO.- Se cite a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al señor licenciado Carlos María Abascal Carranza, Secretario de Gobernación; con la finalidad de que explique la violación del principio del Estado laico mexicano que previene el artículo 130 de la Constitución General de la República y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por la comisión de los siguientes actos:
a) La contratación e impartición de servicios de capacitación sobre la doctrina social de la iglesia católica, la moral, la filosofía cristina y la familia en el matrimonio, a los mandos medios y superiores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ocurrida en el año de 2005, cuando era el titular de la Secretaría de referencia.
.
b) La autorización para que la Conferencia Episcopal de Pastoral Social-Cáritas oriente o promueva el voto, así como para que imprimiera, distribuyera y difundiera ejemplares de su taller “Participar y Decidir el Bien Común en la Justicia y la Paz”, correspondiente a la campaña Fe y Política de dicha Conferencia Episcopal.
SEGUNDO.- Que el presente punto de acuerdo se haga del conocimiento del Instituto Federal Electoral, con la finalidad de que se adopten las medidas jurídicas pertinentes al caso que nos ocupa y se emitan las sanciones correspondientes a que haya lugar, al haberse realizado funciones electorales que sólo competen a las instituciones de la materia.
2. Del documento de análisis se destaca que para sustentar la propuesta, el promovente acude a una nota publicada por el periódico Milenio del 20 de marzo del presente año, en la que se acusa a la Secretaría del Trabajo y previsión Social de haber contratado durante 2005 servicios de capacitación que incluyeron sesiones de reflexión sobre la doctrina social de la iglesia católica. Asimismo, destaca una nota del periódico Diario de Colima, titulada “Gobernación aprobó al clero orientar el voto”, en la cual se detalla el proceso para impartir talleres en las parroquias de la Diócesis de Colima.
Como se puede apreciar, la propuesta presentada ante el pleno se retoma de las notas periodísticas referidas por el proponente. En ese tenor, en la hipótesis de que así fuera, es innegable la trascendencia que implicaría el ejercicio indebido de las atribuciones o facultades de un funcionario de primer nivel en la Administración Pública Federal.
No obstante la relevancia del hecho que se denuncia, esta Comisión considera que no procede, requerir al servidor público citados en la propuesta que se analiza para que comparezca ante la Comisión Permanente, a ilustrar el juicio de los integrantes de este órgano del Congreso de la Unión en el despacho de aquel negocio, es decir, de la propuesta aludida, porque el sentido y alcance que se pretenden con la misma no es de la competencia de dicho órgano del Poder Legislativo.
Es cierto que conforme al artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones pueden, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, entrevistarse con servidores públicos. Pero, también lo es, que de una interpretación auténtica que se practique en el precepto aludido, ésta nos permitirá determinar que la actuación o intervención de las comisiones, en la especie, solamente se legitima cuando se refiere a aquellos negocios o asuntos en que por su interés o trascendencia así lo ameriten.
Por lo anterior, la Primera Comisión considera que no es pertinente citar a comparecer a funcionarios en los términos en que propone el legislador, toda vez que consideramos prudente no emitir un juicio basado en estas notas periodísticas que no representan una prueba jurídica idónea en la cual se acredite fehacientemente el hecho a que se refiere esta denuncia.
En razón de lo anterior, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a la consideración de sus integrantes, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se considera no ha lugar la propuesta del Sen. Héctor Michel Camarena, presentada el 24 de mayo de 2006.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 15 DE AGOSTO DE 2006.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
LEGISLADORES
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE
PRESIDENTE
|DIP. JOSÉ RANGEL ESPINOSA | |SEN. RAFAEL MELGOZA RADILLO |
|SECRETARIO | |SECRETARIO |
| | | |
| | |DIP. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO |
|SEN. ANTONIO GARCÍA TORRES | |SEN. LAURA ALICIA GARZA GALINDO |
|DIP. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ | |SEN. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES |
|DIP. TOMÁS TRUEBA GRACIÁN | |DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA |
|SEN. CÉSAR JÁUREGUI ROBLES | |SEN. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS |
|DIP. BEATRIZ MOJICA MORGA | |DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ |
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN POR EL QUE SE CONSIDERA SIN MATERIA UNA PROPUESTA para HACER UN EXHORTO a la seCRETARIA DE GOBERNACION A INTERVENIR PARA QUE SE GARANTICE EL RESPETO A LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y análisis, el expediente integrado referente a una proposición con Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente en sesión del 9 de agosto de 2006, por el diputado Julián Nazar Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión someten a conocimiento del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES
1. En sesión de la Comisión permanente de fecha 9 de agosto de 2006, el diputado Julián Nazar Morales, presentó la proposición de referencia, misma que a la letra plantea:
ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a intervenir para que se garantice junto con los partidos políticos nacionales, el respeto a la integridad y transparencia del proceso electoral para la gubernatura en Chiapas el próximo 20 de agosto del 2006.
El proponente expresa su preocupación por las condiciones y circunstancias en las que se lleva a cabo el proceso electoral para renovar al Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas el próximo 20 de agosto.
Asimismo, denuncia diversas irregularidades cometidas por funcionarios públicos de algunos gobiernos municipales y principalmente del Gobierno del Estado, así como las condiciones de inequidad por la utilización de recursos, la coacción sobre dirigentes y líderes de organizaciones sociales, el condicionamiento de programas públicos, entre otros, para favorecer a Juan José Sabines Guerrero, candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.
2. Es importante destacar que en la misma sesión del 9 de agosto, en el apartado de proposiciones, el Presidente de la Comisión Permanente concedió el uso de la tribuna al Sen. Héctor Antonio Astudillo Flores para presentar una propuesta con Punto de Acuerdo en relación a la situación política en el Estado de Chiapas.
En su intervención, el senador Astudillo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional advirtió la injerencia que se ha venido realizando a través de diversas acciones en el Estado de Chiapas por parte del Gobernador Pablo Salazar, en relación a favorecer al candidato de la Coalición por el Bien de Todos.
Hace referencia a una carta pública de de cuatro de los cinco candidatos que participan en la elección para gobernador en el Estado de Chiapas, presentada a los medios de comunicación en donde manifiestan su preocupación por las condiciones y circunstancias en que desarrolla la elección para Gobernador en este estado, con relación a utilización de recursos a favor de un candidato y también sobre la notable y reiterada coacción a líderes, a dirigentes, líderes de organizaciones sociales.
En su intervención, el senador denunció el interés del Gobernador de proteger al candidato de la Coalición por el Bien de Todos porque favorece indiscutiblemente a sus intereses políticos y personales.
En la discusión participaron legisladores de los distintos grupos parlamentarios, en donde se declaró que es fundamental que Chiapas viva en paz social, que fortalezca su estado de derecho, que haya una política de concordia y de conciliación. Por lo que se insistió en que el Gobernador de Chiapas haga un esfuerzo de deslindarse de una campaña que está patrocinada por el gobierno del Estado
En el Punto de Acuerdo aprobado de urgente resolución por el pleno de la Comisión Permanente se manifiesta:
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Chiapas y a las autoridades municipales de dicha entidad, a que se conduzcan de manera neutral y se evite la utilización de programas y acciones de gobierno a favor de alguno de los candidatos.
Segundo.- Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que investigue con celeridad todas las denuncias presentadas en torno al proceso electoral de Chiapas.
Tercero.- De igual manera, se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Chiapas a que tome las medidas necesarias para evitar que la elección del próximo 20 de agosto continúe como hasta ahora, instrumentándose como una verdadera elección de Estado.
En razón de que el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente guarda estrecha relación con el que aquí se analiza, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, considera atendida en su objeto y fin la propuesta presentada por el diputado Julián Nazar, por lo que somete a la consideración de la Asamblea de la Comisión Permanente el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se considera sin materia la propuesta presentada por Dip. Julián Nazar Morales, en sesión de la Comisión Permanente del 9 de agosto de 2006.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 15 DE AGOSTO DE 2006.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
LEGISLADORES
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE
PRESIDENTE
|DIP. JOSÉ RANGEL ESPINOSA | |SEN. RAFAEL MELGOZA RADILLO |
|SECRETARIO | |SECRETARIO |
| | | |
| | |DIP. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO |
|SEN. ANTONIO GARCÍA TORRES | |SEN. LAURA ALICIA GARZA GALINDO |
|DIP. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ | |SEN. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES |
|DIP. TOMÁS TRUEBA GRACIÁN | |DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA |
|SEN. CÉSAR JÁUREGUI ROBLES | |SEN. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS |
|DIP. BEATRIZ MOJICA MORGA | |DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ |
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN RELATIVO A UNA PROPUESTA PARA exhortar A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION A RESOLVER LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL INTERPUESTA POR LA CAMARA DE DIPUTADOS CONTRA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados contra el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
D I C T A M E N
ANTECEDENTES.
En el caso que se dictamina, se consideró procedente reproducir textualmente los antecedentes y consideraciones de la Proposición, en los siguientes términos:
I. Que la Ley General de Desarrollo Social, aprobada por ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004.
La Ley sintetiza la voluntad de los legisladores de los distintos grupos parlamentarios representados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, con la finalidad de que nuestro país cuente con un marco jurídico que reconozca y atienda, de manera integral, el desarrollo social a través de una Política Nacional congruente con los avances democráticos de la sociedad.
II. Que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo Federal, en pleno ejercicio de la facultad que expresamente le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 2006.
III. Que si bien la facultad reglamentaria del Presidente de la República se encuentra plenamente justificada por la necesidad de desarrollar las disposiciones jurídicas que emite el legislador federal a través de las Leyes, los Reglamentos expedidos por este, en ningún momento pueden ir más allá de la Ley o en contra de ella; pues en caso contrario, se estaría violentando el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, como así lo ha sostenido nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia contenida en la tesis número I.2º.P.61 P, visible a páginas 1453 del Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo: XVI, Novena Época.
IV. Que el día 2º de febrero del presente año, todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, excepto el Partido Acción Nacional, aprobaron una proposición con Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Políticaen el cual se solicitaba se interpusiera Controversia Constitucional contra el Poder Ejecutivo Federal por el mencionado Reglamento..
V. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la Controversia Constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados el jueves 2 de marzo del presente año.
VI. Que si bien el proceso jurídico de dicha Controversia no se interrumpe por el término de la LIX Legislatura, es importante que tal proceso pueda llegar a su término al final de la presente legislatura, ya que los Diputados y Senadores actualmente en funciones fueron los principales promotores tanto de la propia Ley, como de la Controversia en comento.
VII. Que a la fecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha llevado a cabo la audiencia correspondiente al desahogo de pruebas.
CONSIDERACIONES
La Comisión Dictaminadora pondera que la proposición que se dictamina pretende que “la Controversia Constitucional contra el reglamento sea resuelta lo antes posible”. Por tanto, la tarea que se contempla, en el caso citado, se anima en el interés de incitar la intervención de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para hacer un exhorto en ese sentido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicha controversia está consagrada en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone expresamente que corresponderá a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.
Sin subestimar el argumento a que se acude para justificar la oportunidad de su procedencia, ha sido criterio establecido en el análisis de diversos asuntos elevados a consideración de esta Soberanía que no se considera la procedencia de exhortar al Poder Judicial de la Federación para que resuelva algún asunto a propuesta de los señores legisladores, por considerarlo contrario al principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único.- En el ámbito del estricto respeto a la división de los poderes consagrada en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por no corresponder a la Comisión Permanente realizar un exhorto en los términos que propone el legislador, se desecha la propuesta presentada por el Dip. Julio Bolvinik Kalinka, del 9 de agosto de 2006.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 15 DE AGOSTO DE 2006.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
LEGISLADORES
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE
PRESIDENTE
|DIP. JOSÉ RANGEL ESPINOSA | |SEN. RAFAEL MELGOZA RADILLO |
|SECRETARIO | |SECRETARIO |
| | | |
| | |DIP. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO |
|SEN. ANTONIO GARCÍA TORRES | |SEN. LAURA ALICIA GARZA GALINDO |
|DIP. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ | |SEN. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES |
|DIP. TOMÁS TRUEBA GRACIÁN | |DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA |
|SEN. CÉSAR JÁUREGUI ROBLES | |SEN. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS |
|DIP. BEATRIZ MOJICA MORGA | |DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ |
Del Dip. Alfonso Nava Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a realizar las investigaciones y adoptar las medidas que correspondan con relación a diversas denuncias presentadas con motivo de procesos laborales en contra de la Comisión Federal de Electricidad.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA PGR Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA CNDH, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA ASF, PARA QUE INVESTIGUEN Y ADOPTEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES CON RELACIÓN A DIVERSAS DENUNCIAS PRESENTADAS CON MOTIVO DE PROCESOS LABORALES CONTRA LA CFE, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO NAVA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
El suscrito, Alfonso Nava Díaz, Diputado Federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente resolución me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que gire sus instrucciones a la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública y se solicita la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que se realicen las investigaciones y adopten las medidas que correspondan con relación a diversas denuncias presentadas con motivo de procesos laborales en contra de la Comisión Federal de Electricidad, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Hemos recibido diversas denuncias y quejas en contra de la Dirección de Operación de Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de
Electricidad a cargo del Ingeniero Arturo Hernández Álvarez, donde desde 1994 a la fecha se han desacatado obligaciones impuestas de sanciones a Servidores Públicos, como es el caso de ingeniero Rodolfo Soto Moreno ex Gerente General de la División Norte, con sede en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.
Dicha persona fue destituida del cargo en virtud de un procedimiento de responsabilidades seguido ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (ahora Secretaría de la Función Pública), con fecha 28 de marzo de 1994, expediente 58/94 y, no obstante y de manera sospechosa, se anunció que había renunciado a su cargo por motivo de jubilación. Al no acatarse la resolución de destitución al ingeniero Rodolfo Soto Moreno no solo se desacató dicha resolución de autoridad competente sino que se causó el consiguiente daño patrimonial y moral a la Comisión Federal de Electricidad. De estos hechos, aparece que el ingeniero Arturo Hernández, jefe inmediato de Soto Moreno, fue el responsable del desacato y de la autorización de la jubilación ilegal.
En los hechos que se denuncian también estuvieron involucrados los señores Gerardo Manjarrez Cisneros (subgerente de la División Norte, ya jubilado), y posteriormente el licenciado Carlos Mora Reyes, quien continúa siendo empleado de la División Norte de la CFE.
Dichas personas se han significado por las reiteradas violaciones de los derechos laborales y humanos y por el incumplimiento de las resoluciones y laudos de las autoridades del trabajo, en perjuicio de los derechos de los trabajadores de la empresa.
Tal es el caso de los trabajadores de confianza, ingeniero Arturo Palos Nájera, Ingeniero Fernando Gutiérrez García, quienes les rescindieron el contrato trabajo injustificada e ilegalmente, el caso de Hilda Aranda quien tuvo que rescindirle el contrato de trabajo a la propia Comisión Federal de Electricidad, situación que tipifica el ambiente laboral tan crítico en esa División Norte, demandando los dos primeros la reinstalación y salarios caídos y la C. Hilda Aranda la rescisión a la CFE y pago de salarios caídos. Los primeros, en virtud de los despidos injustificados de los que fueron objeto, con la Intervención directa de dichos funcionarios actuando como representantes del patrón.
En esos casos, los trabajadores obtuvieron laudo favorable y los representantes de la empresa, sirviéndose de argucias jurídicas, influencias y corruptelas en complicidad con las autoridades del trabajo, se han negado ó han impedido el pago completo de las sumas millonarias por finiquitar, así como al satisfactorio acatamiento de las reinstalaciones producto de las resoluciones de dichos laudos favorables a los trabajadores citados y otros más que resultaran de la investigación que al efecto se practique en la División Norte de la Comisión Federal de Electricidad. Esto no sólo resulta en perjuicio de los trabajadores sino también en detrimento patrimonial en forma grave de la empresa gubernamental prestadora del servicio público de la energía eléctrica, pues los salarios caídos se siguen y seguirán devengando hasta el cumplimiento total de los laudos y el pago cabal de sus accesorios, incluidos los salarios caídos.
Caso distinto es el del trabajador de confianza Ingeniero Emeterio Cortés González, expediente número 522/97 de la Junta Federal número 26 de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, quien también demandó a la empresa por reinstalación y salarios caídos y que se vio beneficiado sospechosamente por los representantes del jurídico divisional de Gómez Palacio, Durango, con quien celebraron un convenio de reinstalación y pago cabal de salarios caídos y es preocupante este caso ya que este convenio lo realización antes de que se dictará la ejecutoria del Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, pero la verdadera gravedad en este caso es que la resolución fue favorable a la Comisión Federal de Electricidad y ésta ya había realizado el pago del convenio y la reinstalación pactada en el convenio porque ¡omitieron dar cuenta al Tribunal competente del amparo!, seguramente por su costumbre de actuar en la penumbra y la ilicitud.
Además, los actos arbitrarios y excesivos de autoridad y de corrupción generan un ambiente de inseguridad jurídica y de zozobra que trasciende en la calidad y oportunidad del servicio público que la empresa está obligada a prestar en términos constitucionales y legales; tal actitud se demuestra con un simple ejemplo: un grupo actualmente está presionado, y severamente acosando a los trabajadores y todo por no satisfacer los caprichos y encubrimientos de infinidad de irregularidades que cometen estos servidores públicos para favorecer intereses personales de sus superiores jerárquicos, tales son los casos de agraviados como el ingeniero Carlos Rivera Morales, licenciado Ricardo Naranjo, ingeniero Quileo Ramos y muchísimos más con quienes se puede comprobar que en algunos de éstos casos han puesto en una situación de riesgo de perder la vida. Ejemplo relevante es el del licenciado Carlos Rivera, gravemente enfermo del corazón y que debe atenderse de forma urgente, toda vez que hace aproximadamente un mes que le rescindieron su contrato de trabajo en la Zona Chihuahua de la CFE.
Por lo anterior, es insoslayable y urgente que la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones sobre todo en el expediente DGAV/DV/101/2003 de la Dirección General de Responsabilidad y Situación Patrimonial (expediente que tramposamente se dio de baja fabricando otros dos expedientes: No. SI/0019/2003-NO y el No. DE-000001-2005-NO, correspondientes al Órgano Interno de Control de la CFE, Región Norte, con base en esta queja) y expediente DR./101/97 de la contraloría interna de la CFE, y adopte las medidas necesarias a efecto de que, conforme a su competencia, finque las responsabilidades que resulten, ejercite las acciones pertinentes para sanear la administración y el servicio y promueva el cumplimiento conforme a derecho de los trabajadores beneficiarios de resoluciones laborables, administrativas y penales.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación deberá conocer las quejas en contra del Juez Segundo de Distrito y Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del XVII circuito en el Estado de Chihuahua, incluyendo la participación que les correspondió el citado Juez de Distrito, Licenciado Gabriel Ascensión Galván Carrizales (Juicio de Amparo 866/2005 y el Juez Segundo de Distrito que resolvió el Recurso de Queja relativo al Amparo Indirecto 1045/99) y al Magistrado Licenciado Roberto Rodríguez Soto (Exp. ARL201/2005).
La Procuraduría General de la República deberá tomar conocimiento de los hechos y proveer a la realización de las investigaciones relacionadas con la denuncia de hechos presentada, entre otros, por el ingeniero Fernando Gutiérrez García ante el titular de la Procuraduría General de la República, el 18 de marzo de 2006, en la Ciudad de
México, D.F., así como los expedientes A.P.315/DD/94-1, en la subdelegación en Chihuahua, Chihuahua, y A.P:20/98-1 de la subdelegación de Gómez Palacio, Durango.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá tomar conocimiento y dar seguimiento de los hechos y tener la participación en las investigaciones y recomendaciones, en los términos de su competencia prevista en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con antecedentes del expediente 99/2020 de ese organismo.
Se solicita la intervención de la entidad de fiscalización superior de la Federación para que ordene la realización de una auditoría a la Gerencia General Divisional Norte de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la Dirección de Operación de Oficinas Nacionales de la misma empresa que incluya una revisión de la actuación administrativa y de relaciones laborales, por el periodo que comprende de 1994 a la fecha así como de la situación patrimonial de la empresa y de los implicados en esta difícil secuela de asuntos.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que gire sus instrucciones a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a efecto de que realice las investigaciones y adopten las medidas legales relacionadas con las denuncias, quejas y demandas presentadas por los trabajadores ingeniero Quileo Ramos, Ingeniero Ricardo Naranjo, ingeniero Arturo Palos Nájera, Ingeniero Fernando Gutiérrez, e Hilda Aranda y Licenciado Carlos Rivera Morales, así como otros que pudieran haber sido afectados por actos similares, como es caso de muchísimos ex trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, Gerencia General Divisional Norte, con sede en Gómez Palacio, Durango.
Segundo. Se solicita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tome conocimiento de los hechos y que intervenga en los términos de sus facultades constitucionales.
Tercero. Se solicita del Consejo de la Judicatura que tome conocimiento de las quejas en contra del Juez Segundo de Distrito y Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del XVII circuito en el Estado de Chihuahua, incluyendo la participación que les correspondió el citado Juez de Distrito, Licenciado Gabriel Ascensión Galván Carrizales (Juicio de Amparo 866/2005 y el Juez Segundo de Distrito que resolvió el Recurso de Queja relativo al Amparo Indirecto 1045/99) y al Magistrado Licenciado Roberto Rodríguez Soto (Exp. ARL201/2005).
Cuarto. Se solicita del titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados que practique una auditoría administrativa y, en particular, sobre recursos humanos y relaciones laborales, a la Gerencia General Divisional Norte de la Comisión Federal de Electricidad, así como en la Dirección de Operación de Oficina Nacionales de la misma empresa, para que, en ejercicio de su función de supervisión y control, determine el debido cumplimiento de las leyes y reglas administrativas y de rendición de cuentas que permitan la salvaguarda del patrimonio de la nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de agosto de 2006.
DIP. ALFONSO NAVA DÍAZ
De la Dip. Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exige garantizar la justicia y el resarcimiento para las víctimas de Castaños, Coahuila.
PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXIGE GARANTIZAR LA JUSTICIA Y EL RESARCIMIENTO PARA LAS VÍCTIMAS DE CASTAÑOS, COAHUILA
Los suscritos Legisladores Federales integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
CONSIDERACIONES
El 11 de julio pasado en Castaños, municipio de Coahuila, un grupo de 20 militares asignados al resguardo del material electoral de la elección federal del 2 de julio, pertenecientes a la sexta Zona Militar de Múzquiz, violentaron sexualmente a 13 mujeres y niñas de la comunidad.
El grupo de militares utilizó automóviles oficiales (Hummer del Ejército Mexicano -matrícula 01914153), iban uniformados y con armas. Hasta el momento el único que ha sido identificado es José Joaquín Alvarado Flores, según reportan las noticias locales.
De acuerdo con las mismas fuentes periodísticas, en la agresión participaron más de 20 soldados. Fueron detenidos seis de ellos y se desconoce quiénes son y dónde se encuentran detenidos. Otros dos desertaron. De los detenidos, sólo uno ha sido identificado, José Joaquín Alvarado. Su identidad se conoce porque fue detenido tras la pelea en el bar “El Pérsico”. Esta pelea le costó la destitución de la sexta zona militar al genertal Rubén Venzor.
No es el primer caso de violencia contra mujeres cometidas por miembros del ejército y la policía, y que permanecen impunes: Altamirano, Chiapas, en 1994; en la sierra Tlapaneca de Guerrero en 2004; en Atenco, Estado de México en 2006 y ahora en Castaños, Coahuila.
Sin dejar de reconocer la institucionalidad del ejército, sí condenamos la actuación de integrantes del ejército que han participado en actos de violación a derechos humanos, tanto en Castaños como en otros sitios del país.
Nos unimos a las exigencias de la sociedad civil de Monclova, y hacemos nuestro el llamado de justicia para las mujeres violentadas de Castaños y se inicien los juicios apegados a la legislación civil que fue violentada a mansalva por estos integrantes del ejército.
La interpretación relativa que los tribunales militares hacen de la Constitución en favor de la jurisdicción militar cuando hay miembros del ejército implicados en violaciones de los derechos humanos nacional e internacionalmente reconocidos, menoscaba el Estado de derecho, fomenta la impunidad y agrava la negación de la justicia a las víctimas.
El diagnostico sobre derechos humanos establece en su informe de 2004 que:
“La aplicación del Código de Justicia Militar a miembros de las fuerzas armadas inculpado de ilícitos que estrictamente no constituyen una trasgresión a la disciplina militar, y por otra parte, el alcance que en estos casos tienen las resoluciones de la justicia militar en perjuicio de víctimas y ofendidos particulares, principalmente tratándose de violaciones a derechos humanos, afecta los derechos de las víctimas reconocidos en el ámbito internacional y nacional”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en 1920 jurisprudencia al respecto:
“El fuero de guerra subsiste solamente para los delitos y faltas contra la disciplina militar, cometidos por militares, de suerte que no basta que un delito haya sido cometido por un individuo perteneciente al Ejército, porque si no afecta de una manera directa la disciplina militar, ni constituye un delito cometido en ejercicio de funciones militares, o contra el deber o decoro militar, o en contra de la seguridad o existencia del Ejército, no puede caer bajo ninguna de los tribunales del fuero de guerra”.
Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador del Estado de Coahuila y a la Procuraduría General de la República para que atraigan el caso de las 13 mujeres violadas por integrantes del Ejército y sean juzgados por autoridades civiles con el objetivo de garantizar la justicia y el resarcimiento para las víctimas.
SEGUNDO La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador de Justicia Militar y al Secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que no den protección a los militares culpables de delitos del fuero común contra los derechos humanos de las mujeres en su modalidad de violación.
Diputada Federal Eliana García Laguna
15 de Agosto de 2006
Iniciativas de Ciudadanos Legisladores
Del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 97 de la Ley de Amparo.
INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 97 de la Ley de Amparo, para la debida protección de las garantías individuales del quejoso, respecto del cumplimiento excesivo o defectuoso de las ejecutorias de amparo.
El suscrito Jesús González Schmal integrante del grupo parlamentario de CONVERGENCIA, en esta LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70 y 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II; 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma a la fracción III del artículo 97 de la Ley de Amparo. Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, hago a continuación la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En materia de amparo, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé dentro de los medios de impugnación, el recurso de queja, el cual se encuentra regulado en el artículo 95 del ordenamiento legal en cita, mismo que a su vez contempla diversas hipótesis de procedencia, dentro de las cuales se prevé la establecida en su fracción IV, relativa a la queja procedente contra las mismas autoridades responsables, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el articulo 107, fracciones VII y IX de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo, así como la establecida en la fracción IX, respecto de los actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, procedente de igual forma por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso. Ahora bien, el artículo 97 de la Ley de Amparo, en su fracción III, establece que en los casos de las fracciones IV y IX del artículo 95 del mismo ordenamiento, la queja podrá interponerse dentro de un año, “contado desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia…”.
De lo señalado con antelación, y tomando en consideración el texto contenido en la fracción III del artículo 97 de la Ley de Amparo, en donde establece: “En los casos de las fracciones IV y IX del propio artículo 95, podrá interponerse dentro de un año, contado desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia…” , se puede concluir que de realizar una interpretación literal del mismo, se corre el riesgo de dejar en total indefensión al quejoso, ello en atención a que los actos de cumplimiento por parte de las autoridades y sobre todo los tiempos en los que se realicen los mismos, no dependen del quejoso, lo que trae como consecuencia que si el primer acto generado por la responsable tendiente al cumplimiento de la ejecutoria, tiene lugar, un año un día después de la notificación al quejoso del auto en que se haya requerido el cumplimiento de la sentencia, ello implicaría ante una literal interpretación, que la queja que se pretendiera interponer por exceso o defecto en el acto de cumplimiento generado, resulte improcedente, dejando en consecuencia en total indefensión al quejoso, ante la imposibilidad de inconformarse ante un cumplimiento que no se hubiese realizado en los términos establecidos en la ejecutoria de amparo respectiva.
Por lo anterior, se considera que el término de un año al que se refiere la fracción III del artículo 97 de la Ley de Amparo, debe empezar a correr cuando los actos que entrañan, a consideración del quejoso, exceso o defecto de ejecución del fallo constitucional, le sean notificados a éste. Lo anterior, en atención a que resulta aplicable, por identidad de razón, lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, mismo que se fundamenta en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres reglas la forma de computar el plazo para pedir amparo, sin perder de vista, que en el presente caso, debemos aplicar las citadas reglas a los actos de ejecución de una sentencia de amparo generados por las autoridades responsables, y no así a los actos reclamados. Es por ello, que se considera que el plazo del que disponen las partes en el juicio de garantías, para hacer valer el recurso de queja por exceso o defecto de ejecución, se debe computar desde el día siguiente al en que: 1) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al recurrente de la resolución o acto que impugne; 2) Haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3) Se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Con esta interpretación se busca alcanzar la finalidad del principio normativo que inspira al indicado recurso, pues si su objetivo es conceder a las partes en el juicio de garantías un medio o instrumento para combatir los actos de cumplimiento generados por las autoridades responsables, ese objetivo sólo puede lograrse permitiendo esa oportunidad de impugnación a partir de un conocimiento real y determinado de los actos que serán materia del recurso y no antes de ello.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXX; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente reforma a la fracción III del artículo 97 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos:
|Artículo 97.- Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes: |
| |
|I.- … |
| |
|II.- … |
| |
|III.- En los casos de las fracciones IV y IX del propio artículo 95, podrá interponerse dentro de un año, contando desde el día |
|siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que |
|reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, o al en|
|que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de |
|privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro a de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la |
|Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo. |
| |
|IV.- … |
ARTICULO TRANSITORIO
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
.
Comisión Permanente Del Congreso de la Unión, a 14 de Agosto de 2006.
Dip. Jesús González Schmal
Del Dip. Pablo Alejo López Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 199, así como el 199-bis de la Ley General de Salud.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIX LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Federal Pablo Alejo López Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 199 ASÍ COMO EL 199-BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD A FIN DE QUE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERZAN VERIFICACIÓN Y CONTROL SANITARIO EN EL SUMINISTRO Y VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA Y EN CUALQUIER OTRO SITIO, ASÍ COMO INCLUIR LA CADUCIDAD DE LOS ALIMENTOS COMO CAUSAL DE RESPONSABILIDAD PARA QUIENES LOS DISTRIBUYAN misma que fundamento y motivo bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Fundamental del Estado Mexicano consagra en el artículo 4 la garantía de la protección a la salud y por su parte, el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, delimita las atribuciones de la Secretaría de Salud, entre las que se encuentra actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
En la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4° Constitucional, establece en el artículo 17 bis las facultades de la Secretaría de Salud, mismas que ejerce a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica, administrativa y operativa, que tiene como misión proteger a la población contra riesgos sanitarios, para lo cual integra el ejercicio de la regulación, control y fomento sanitario bajo un solo mando, dando unidad y homogeneidad a las políticas que se definan.
Sin duda, el tema de la regulación sanitaria es sumamente dinámico y experimenta cambios de manera constante, muchos de los cuales requieren perfeccionar la normatividad contra riesgos sanitarios, entendidos como la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso, conocido o potencial que ponga en peligro la salud o la vida humana, derivada de la exposición involuntaria de la población a factores biológicos, químicos o físicos presentes en los productos, servicios o publicidad, en el medio ambiente o en el medio ambiente de trabajo. Adicionalmente, destaca que, siendo la salubridad general una materia concurrente entre la federación y las entidades federativas, es de gran trascendencia lograr una armonía y coordinación entre las atribuciones y acciones de las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno, con la finalidad de proporcionar siempre servicios de salud de calidad evitando en la medida de lo posible, todo riesgo sanitario para la población.
Al respecto, si bien el artículo 199 de la Ley General de Salud asienta que los Gobiernos de las Entidades Federativas ejerzan la verificación y control sanitario de los establecimientos que expenden o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, ésta omite también considerar la posibilidad de ejercer esa vigilancia también en la vía pública y en cualquier otro sitio.
Lo anterior en virtud de que es práctica normal encontrar a lo largo y ancho de nuestro país, comercios ambulantes que carecen muchas ocasiones de los requerimientos mínimos de salubridad y que aún así expenden o suministran alimentos y bebidas al público, lo que sin duda podría significar un foco de atención en materia de salud para el consumidor al no tener la verificación y control sanitario de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. En abono a lo anterior, la elaboración, venta o suministro de alimentos o bebidas en la vía pública hace imperativo reparar en los controles sanitarios existentes a fin de evaluar los riesgos originados in situ, por ejemplo el tiempo prolongado entre las preparaciones y el consumo de éstos, las condiciones de conservación, contaminación ambiental, lo que sin duda podría interpretarse como un área de oportunidad al considerar el nivel de control de calidad y la inocuidad de alimentos y bebidas, sin embargo, el reto para las autoridades es identificar las autoridades los medios necesarios para garantizar la calidad e inocuidad de estos alimentos de ayudar a los vendedores a mantener la higiene, así como estimularlos para cumplir las disposiciones sanitarias.
Por otra parte, una arista crítica en materia de salud pública lo constituye el ramo de la donación de alimentos, suministro o distribución de los mismos, lo que trae a colación entre otras instancias a los denominados Bancos de Alimentos, instituciones que trabajan como un puente entre el donador y el beneficiario cuya función es acopiar, seleccionar y distribuir alimento perecedero y no perecedero que reciben en donación y los hacen llegar en forma organizada a Instituciones de Asistencia Social y comunidades marginadas de zonas urbanas, rurales e indígenas, asilos, comunidades, orfanatos, albergues, comedores comunitarios y otros grupos organizados.
La donación de alimentos es, de suyo, una actividad sumamente meritoria por la finalidad que implica, sin embargo, a su vez es también una gran responsabilidad en el control de calidad a observarse durante todo el proceso, desde la recepción en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas; personal capacitado para el manejo de alimentos; equipo para análisis bacteriológico; adecuados canales de distribución y observancia de las medidas de control sanitario. Al respecto si bien, en el artículo 199-BIS en cuanto a los alimentos se contempla el término descomposición, no se considera el término caducidad, entendida como plazo límite a partir del cual un alimento no debe ingerirse por cuestiones de seguridad, como causal de responsabilidad para la persona o institución que hubiere efectuado la distribución de alimentos caducos, esto, en virtud del riesgo potencial que pudieran causar en la salud.
Sin duda alguna, querer pasar por alto la importancia de consumir alimentos con fecha de caducidad vencida o próxima a vencerse tiene consecuencias, desde ligeras intoxicaciones hasta la muerte y de manera definitiva se habrá de reforzar lo estipulado en el Reglamento de Control Sanitario de la Secretaría de Salud y otras normas oficiales, en el que se asienta que el indicador de fecha de caducidad por ley, debe exhibirse en empaques o envolturas los alimentos envasados ya que es el único mecanismo que salvaguarda la seguridad en su consumo, en franca perspectiva de adjudicar responsabilidad a las personas o instituciones que reciban donaciones de alimentos y los suministren o distribuyan a la población objetivo.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 199 ASÍ COMO EL 199-BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD A FIN DE QUE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERZAN VERIFICACIÓN Y CONTROL SANITARIO EN EL SUMINISTRO Y VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA Y EN CUALQUIER OTRO SITIO, ASÍ COMO INCLUIR LA CADUCIDAD DE LOS ALIMENTOS COMO CAUSAL DE RESPONSABILIDAD PARA QUIENES LOS DISTRIBUYAN
ÚNICO Se adiciona el artículo 199 así como el 199-BIS de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 199.- Corresponde a los Gobiernos de las Entidades Federativas ejercer la verificación y control sanitario de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, en la vía pública o en cualquier otro sitio, basándose en las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan.
Artículo 199-Bis.- Las instituciones que tengan por objeto recibir la donación de alimentos y el suministro o distribución de los mismos con la finalidad de satisfacer las necesidades de nutrición y alimentación de los sectores más desprotegidos del país, quedan sujetas a control sanitario y, además de cumplir con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables, deberán:
I. ….
II. ….
III. ….
IV. ….
Se considerará responsable exclusivo del suministro de alimentos que por alguna circunstancia se encuentren en estado de descomposición o caducidad y que por esta razón causen un daño a la salud, a la persona o institución que hubiere efectuado su distribución.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la H, Cámara de Senadores, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil seis.
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Dip. Pablo Alejo López Núñez.
Diputado Federal Partido Acción Nacional
De los Diputados Maki Esther Ortiz Domínguez y Evaristo Corrales Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un Capítulo IX-Bis denominado “Trabajo de los periodistas” al Titulo VI, así como los artículos 291-A, 291-B, 291-C, 291-D, 291-E, 291-F, Y 291-G, a la Ley Federal del Trabajo.
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPITULO IX-BIS AL TITULO VI, ASI COMO DIVERSOS ARTICULOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA OTORGAR DERECHOS LABORALES A LOS PERIODISTAS, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS EVARISTO CORRALES MACIAS Y MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.
La información es un derecho de la humanidad, y se considera que tiene una intima relación con la justicia, ya que los informadores actúan a nombre de la sociedad, en orden de un mandato social, en busca del bien común, depositando la confianza a profesionales de la información, que ejerzan la función con honestidad y ética profesional, así al informar bien se practica la justicia. De tal suerte que al mal informar se comete una injusticia ante la misma sociedad, así consideramos que los valores elementales que se debe considerar en el periodismo, o en la comunicación.
Ejercitar el derecho a la información constituye un acto de libertad. El trabajo informativo es una profesión liberal que requiere de libertad e independencia. Sólo libremente se puede cumplir el deber de informar y la libertad del periodista o comunicador nace de su autonomía cultural, puesto que debe distinguirse por su sabiduría, por su coherencia, por ser fiel a sus ideas, por identificar su convicción y tener un mundo interior suficientemente rico que le impida mentir.
Un informador tiene la gran responsabilidad de formar criterios y es por ello que debe capacitarse y ser conciente de mantenerse informado y con una gran capacidad de discernir en base a los valores elementales de los humanos, lo debe hacer con vocación de servicio hacia la sociedad, sentido cívico, con prudencia ya que forma criterios, y para ello debe capacitarse y ser consciente de que en él mismo se inicia el proceso de formación para así poder conjugar una vocación de servicio a la sociedad, sentido cívico., Analizar, sopesar y equilibrar, Prudencia, Razonamiento, Comprender los procesos sociales. Y, sobre todo, pensar en la repercusión de su función informadora, que le da el rango de formador de conciencia pública.
Al periodismo se le ha considerado el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su alrededor. Si se define como oficio o profesión es porque puede ser cualquiera de las dos, ya que, anteriormente, para ser periodista no era necesario estudiar una carrera universitaria, y aunque en la actualidad esto sucede en muchos casos, hoy en día en muchas universidades existe la carrera de comunicación social, en donde, además de estudiarse las bases del periodismo, se enseña todo lo concerniente a los medios de comunicación. [1]
Hasta finales del siglo XIX, el periodismo se limitaba a las formas impresas y orales, pero con la llegada de la radio, a principio del siglo XX, esto comenzó a cambiar, al tiempo que la visión de los periodistas se hacía cada vez más amplia, haciéndose imperativa la necesidad de conocer a fondo lo que sucede. Lo anterior sucede primero en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa, convirtiéndose, años más tarde, en un modelo que terminaría por ser trasplantado a otras partes del mundo y ha ido evolucionando según las exigencias y posibilidades que cada medio impone, lo que ha hecho que, actualmente, se entienda que, para cada medio, hay una forma de ejercer el oficio comunicativo.
Cuando se consolidan los medios masivos de comunicación empiezan a nacer las diversas corrientes de la comunicación, así como los estudios sobre ella, a la vez que los géneros periodísticos se caracterizan y definen más cuidadosamente, convirtiendo al periodismo en lo que algunos teóricos han dado en llamar "el cuarto poder".
Hoy se considera al periodismo como “la actividad y práctica de recolectar y publicar información relativa a la actualidad, especialmente a hechos de interés colectivo. La difusión de noticias se realiza a través de distintos medios o soportes técnicos; así, hay periodismo gráfico (escrito), oral (radio), visual (televisión) y multimedia (Internet). Comprende diversos géneros, entre ellos la crónica, el reportaje, la entrevista, el documental y el artículo de opinión.” [2]
Se le conoce al periodista como “la persona que se dedica al periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión o medios digitales”. [3] El periodista se dedica básicamente a la búsqueda de información y a su posterior difusión, debiendo haber pasado por todo un proceso de búsqueda, recopilación, análisis, procesamiento y finalmente sintetizarla para difundirla a través de la noticia o el mensaje.
No se trata solo de un procedimiento mecánico de recopilar la información y difundirla, verdaderamente hablamos de procedimientos que requieren mucho más que una actividad física, es por eso de la importancia de que haya profesionalizado hasta llegar a ser una profesión a nivel Licenciatura, con todo un formato de nivel de investigación, con un conjunto de valores que fortalecen el sentido de una verdadera vocación, que obliga al profesional del periodismo, ser fiel fundamentalmente con el respeto a la sociedad.
Sin embargo, a pesar de la forma como ha evolucionado y se ha profesionalizado el periodismo a través de las Universidades y programas que fortalecen el ejercicio de esta profesión, aún faltas acciones por realizar.
Existen varios principios que guían la labor del periodista, el principal de los cuales es el respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la información. En general, se considera buen periodista al que consigue información relevante, breve y exacta en el menor tiempo posible. [4]
Por otro lado, las empresas cuyo objetivo fundamental sea de carácter social y de servicio a la sociedad, para hacer efectivo el ejercicio de la libertad, de la justicia, no debe verse asimismo como lucrativa o en búsqueda del lucro, sus utilidades deben derivarse de la prestación de un servicio, en función de su capacidad de servir. No es una empresa con ese propósito sino un ente distinto..
El derecho humano a la información es la facultad de investigar, la facultad de defender y la facultad de recibir el justo pago y el reconocimiento por la labor realizada, quien la deforma o se usa de ella para fines diferentes, atenta contra la libertad, atenta contra la justicia.
Actualmente en nuestro país nuestra Carta Magna contempla en sus artículos 6º. Y 7º, el respeto a derechos fundamentales de la libertad de expresión:
Artículo 6º. “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Artículo 7º. Sobre “La inviolabilidad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna Ley o autoridad pueden establecer la perfecta censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, no coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos”.
Bajo este panorama, En nuestro país la legislación relativa a la protección de la prensa y a los medios de comunicación ha ido variando y avanzando, aunque la mayoría de estas legislaciones ha sido para defender la libertad de prensa, todo ello siempre y cuando se actúe bajo ciertos límites, de tal manera que ni el orden público ni el buen nombre de las personas sean perturbados, como las reformas que se lograron en ésta legislatura y que menciono a continuación:
1.- Una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley sobre Delitos de Imprenta, suscrita por los diputados del Partido Acción Nacional, José Antonio de la Vega Asmitia y Sergio Penagos García, que adiciona los derechos de personalidad al Código Civil Federal, en donde se establece que “los derechos de la personalidad son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, ingravables y pueden oponerse a las autoridades y a los particulares sin más límite que el derecho similar de éstos últimos.
2.- Se Aprobó a favor, el Dictamen de diversas iniciativas y la minuta del Proyecto de Decreto que Reforma el Código Federal relativo al Derecho a la Reserva de Información y Secreto Profesional, que establece la reserva de información y Secreto Profesional de periodistas, abogados, consultores ya que por la actividad que desempeña, pueden tener acceso a la información, datos o conocimientos que, en ocasiones, puede afectar a otras personas. Para que, en caso de ser citados por alguna autoridad, no pueden ser obligados a declarar sobre la información que posean, ya se publico en el Diario Oficial de la Federación en fecha 6 de junio de 2006.
Tipificar la conducta del servidor público que obligue a declara a alguno de los periodistas citados, respecto a la información obtenida con el desempeño de su actividad, en contra de su voluntad o empleando cualquier método ilícito.
3.- Se aprobó a favor el dictamen y se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores, de diversas iniciativas que tienen por objeto derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, referentes a los delitos de injurias, difamación y calumnia, por considerar que deben ser los jueces de lo civil quienes resuelvan si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro y fura de la Ley al difundir su información u opiniones, eliminando la pena de prisión a quienes abusen de la libertad de expresión, dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado a terceros en la vía civil.
4.- A principios de éste año (2006), Se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados la Creación del Grupo de Trabajo para el Seguimiento a las Agresiones a periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, conformado por diputados integrantes de todas las fracciones políticas que conforman la Cámara de Diputados. El objetivo de éste grupo es dar seguimiento a las agresiones que han sufrido los periodistas y comunicadores en el ejercicio de sus tareas y fortalecer el marco legislativo bajo tres ejes rectores: el institucional, solicitando a las dependencias involucradas información sobre avances y resultados de los asuntos en cuestión, coordinar reuniones de todos los entes y poderes involucrados, como la Comisión de Derechos Humanos, las organizaciones de la Sociedad Civil, periodistas y comunicadores a través de reuniones y foros de trabajo; y finalmente traducir la información de así requerirse en impulso de acciones legislativas que sigan fortaleciendo a este gremio.
Esta acción, como resultado complementario de otra serie de acuerdos expedidos por la Procuraduría Federal de la República y publicados en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 11 de diciembre de 2003, y 29 de julio de 2005, en donde se establecen las directrices institucionales que deben seguir tanto los agentes del Ministerio Públicas de la Federación como los policías federales investigadores, respecto de las medidas de protección a la reserva de las fuentes de información de los periodistas, al ser requeridos como testigos y, el segundo que se refiere a los lineamientos a observar por los Delegados Estatales de la Institución para la atención a delitos cometidos contra periodistas, respectivamente.
5.- El 15 de febrero del presente año, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/031/06 que crea la Fiscalia Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, cuyo objetivo es dirigir, coordinar, supervisar las investigaciones y perseguir a los agresores de los comunicadores mexicanos o extranjeros en el territorio nacional. Adicionalmente, es un mecanismo que garantiza la coordinación entre las instancias competentes de los niveles municipal, estatal y federal, para prevenir, investigar y, en su caso sancionar a los responsables de los delitos cometidos en agravio de los periodistas”.
Evidentemente, podemos considerar que en lo que se refiere a los derechos humanos y seguridad de los periodistas sobre la naturaleza de su profesión, se han llevado a logros importantes. Sin embargo, en lo que compete a sus derechos laborales existen nulos avances.
A pesar de que nuestra Constitución Política establece en el Artículo 123 que:
“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir…deberá expedir leyes sobre el trabajo …”.
El mismo artículo en su apartado “A” contempla las obligaciones que para los trabajadores tendrán las empresas para con sus trabajadores, a través de un contrato de trabajo, definiendo las prestaciones establecidas como la duración de la jornada, de la jornada nocturna, del día de descanso, los salarios mínimos generales o profesionales, entre otros y las responsabilidades de las empresas.
Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo, en sus principios generales, además de definir claramente que rige las relaciones del trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución, y que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, establece en su artículo 3º. Qué el trabajo es un derecho y un deber sociales… exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones de que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”.
Así en su artículo 8º. Establece que:
“Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.
Para efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.
Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario".
Aquí mismo define lo siguiente: “Contrato individual de Trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cuál una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario”
La misma Ley menciona en su artículo 24, de este mismo Titulo Segundo “Relaciones Individuales de Trabajo”, en su artículo 24 y 25 sobre las condiciones de trabajo, estableciendo en su fracción lo siguiente: “ Otras condiciones, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón”.
De acuerdo a Carlos Reynoso, en el derecho del trabajo encontramos que éste, incluye un conjunto de conceptos que sirven como ejes a partir de los cuáles se construye toda su estructura y funcionamiento; sin duda se trata de conceptos que no solo tienen una importancia técnica, sino que se trata también de construcciones conceptuales que se han ido al paso del tiempo, para ir formando, a su vez ésta disciplina jurídica. Pero también junto a estos conceptos.[5]
Además de considerar que los salarios son la justa retribución de un servicio, es muy importante considerar que ganar dinero es una legítima exigencia del talento, de la preparación y de la dedicación, y que en el caso de los informadores en donde se requieren otras habilidades que además de la gran entrega de un gran esfuerzo físico y mental y de correr riesgos que muchas veces le implican pérdidas en su libertad e integridad física, no se han valuado, para darle su justa retribución, ya que no cuentan al menos con las prestaciones que por ley deben participar.
Los informadores no tienen horario, la noticia sucede dentro de lo inesperado. Para los informadores no hay día ni noche, se ven obligados a separarse de sus familias, siempre se encuentran en primera línea, en frente, en la trinchera o la barricada. Su profesión es de alto riesgo y así como tienen el privilegio de vivir la historia, están expuestos a sucumbir en sus tragedias.
El término “Trabajador” abarca un amplio sector de la población; en realidad, todo individuo que realice labores creadoras, productivas o de transformación, que respondan a las mínimas necesidades humanas.
Al inicio de este nuevo siglo XXI, es obligatorio contar con una prensa fortalecida, en su libertad, en su actual en los resultados, cuya opinión es parte del rumbo que se establece para los países del mundo, y en México, en donde nace la nueva sociedad de la información y motor de un desarrollo humano sostenible. El consumo que hacemos cotidianamente de una información veraz, sigue dependiendo del valor y la integridad con que los periodistas ejercen su misión, día tras día, de la tenacidad, de los equipos de redacción, del compromiso de los medios independientes, y claro que ya que corren riesgos graves en el ejercicio de su profesión y a veces pagan el empeño con la vida. En cada uno de los dos últimos años, más de setenta periodistas han muerto mientras informaban sobre conflictos violentos. Cada vez más tales muertes no son resultado de los accidentes de la guerra sino de una acción dirigida deliberadamente contra los periodistas, de todo el mundo que han sido victimas de secuestros, torturas, ejecuciones por facciones extremistas y por el narcotráfico.
Ellos corren riesgos graves en el ejercicio de su profesión y los derechos humanos y las prácticas democráticas son las mejores garantías de la libertad.
Los medios de información deben buscar y publicar la verdad, presentar información y opiniones imparcialmente, considerar con cuidado sus palabras e imágenes y mantener normas elevadas de conducta profesional. Además, una prensa responsable es una prensa autorregulada. Se debe resistir a la tentación de imponer una regulación estatal estricta a los medios de información.
Deben actuar, libre, independiente y responsablemente, requerimos una prensa sobre la cuál los poderes no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periodísticas, se requiere para ello una prensa bien remunerada.
Ya que la profesionalización del periodismo a llevado a sus actores a ir más allá de recolectar y publicar hechos de interés colectivo y a la difusión de noticias se realiza a través de distintos medios o "soportes" técnicos; así, hay periodismo gráfico (escrito), oral (radio), visual (televisión) y multimedia (Internet). Comprende diversos géneros, entre ellos la crónica, el reportaje, la entrevista, el documental y el artículo de opinión.
La profesionalización del periodismo, a partir de que desde la época de los 60’s se comenzó a instituir la Licenciaturas en Comunicación en las distintas Universidades del mundo.
Aunque la independencia de los comunicadores, es fundamental, para el ejercicio libre de su profesión, la gran cantidad de profesionistas que año con año se reciben de Licenciados en Comunicaciones, o sus variantes, da como consecuencia que esta profesión vaya cambiando, se mejore, con nuevas técnicas, se actualice y se fortalezca.
Los periodistas o licenciados en comunicación, carecen de los derechos mínimos y estabilidad laboral. Existe precariedad laboral que existe entre los informadores, sobre todo los que son considerados como periodistas “por destajo o “a la pieza”. Por las condiciones salariales y laborales tan precarias que son susceptibles de hacerse vulnerables a los abusos y manipulaciones.
De acuerdo a la información proporciona por el Foro de Organizaciones de Periodistas, estudios presentados por las distintas asociaciones que ellos representan el 30%, el proyecto presentado en el foro relativo al Proyecto de Ley de reconocimiento de los Derechos Laborales de los Periodistas.
En el Foro de Organizaciones de Periodistas, de fecha 16 de febrero de 2006, presentan en las cuatro Convención de Periodistas de España celebradas desde 1998,
El proyecto presentado recoge la inclusión de todos los periodistas en el r’egimen general de seguridad social y la regulación de las practicas de los estudiantes para terminar con la actual situación de abusos de las empresas.
La calidad informativa, la función pública al servicio de los ciudadanos a ser informados, así, es imposible pensar en el ejercicio de los periodistas con independencia del periodismo cuando se carece de unos mínimos derechos laborales.
De acuerdo al documento presentado por la Comisión Redactora del Foro de los Periodistas “Son periodistas aquellos profesionales que tienen por ocupación principal y remunerada la obtención, elaboración y tratamiento y difusión por cualquier medio de informaciones de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia. [6]
Las empresas informativas o medios de comunicación deben reconocer que su riqueza la tiene en los profesionales de la información que trabajen para ellos y son ellos a quien se debe proteger, cuidar, estimular, y promover y es el gobierno el que debe procurar que en un marco de equidad, se establezca la relación justa entre patrón y trabajador protegiendo los derechos de ambos, pero en este costo de los trabajadores
De acuerdo a los investigadores españoles la Licenciatura en Periodismo como formación para el ejercicio de la profesión constituye el sistema de aprendizaje y socialización más extendido. Las encuestas a periodistas así lo ponen de manifiesto: en 1990 el 35% de los entrevistados se declararon licenciados en Ciencias de la Información (Periodistas, 1990), el porcentaje se eleva hasta el 66,7% en el estudio sobre la elite periodística (Diezhandino, Bezunartea y Coca, 1995), casi tres cuartas partes de los periodistas madrileños declaraban en 1995 tener la Licenciatura y el 70% de los entrevistados en 1999 (Encuesta sobre periodismo y sociedad española, 1995; García Cortázar, García de León, Ortega, Callejo y del Val, 1999). Estas cifras apoyan el interés que tiene conocer qué piensan los estudiantes sobre su futura profesión, para a partir de ahí poder inferir las tendencias futuras en el ejercicio del periodismo
Existen varios principios que guían la labor del periodista, el principal de los cuales es el respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la información. En general, se considera buen periodista al que consigue información relevante, breve y exacta en el menor tiempo posible.[7]
Es necesario establecer normas, derechos y obligaciones y plantear procedimientos para hacerlos efectivos ya que sido éste sector de los informadores quienes no ha sido definido sus derechos como trabajadores de planta, con los derechos y potestades a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, los Periodistas al igual que otros profesionales que trabajen de planta en una empresa o establezcan un contrato de tiempo completo, tienen derecho a las prestaciones que la Ley define, solo por el hecho de ser mexicanos y trabajadores subordinados de una empresa.
Aunque las empresas periodísticas muestran escasa preocupación por el aspecto de la escolaridad y las materias de estudio y planes de formación del profesional de la comunicación que se orientan hacia las necesidades referentes a los perfiles de los comunicadores, es evidente que si les interesa contar con trabajadores de la comunicación con habilidades especificas que no necesariamente se valoran como recursos susceptibles de ser mejor pagados, no son precisamente los redactores los principales destinatarios ya que se le concede escasa importancia al expediente académico y la institución en la que el periodista haya realizado sus estudios.
Un ejemplo lo tenemos en la siguiente tabla en donde se muestran las cualidades de los periodistas más y menos valorados por las empresas:
Tabla 1. Cualidades de los periodistas más y menos valorados por las empresas periodísticas.
Cualidades más valoradas % Cualidades menos valoradas %
Capacidad y hábito de trabajo 97,2 Institución donde haya estudiado 66,6
Cualidades humanas 97,2 Expediente académico 54,1
Formación humanística 91,7 Conocimientos de informática 53,5
Capacidad de expresión 90,2 Idiomas 23,6
Identificación con el medio 88,9 Especialización temática 20,8
Sentido crítico 87,5 Cociente de inteligencia 15,7[8]
Los resultados del estudio realizado en España, ponen de manifiesto que las empresas prefieren redactores polivalentes y generalistas antes que periodistas especializados. Siguen valorando más las cualidades o actitudes innatas, que no pueden ser transmitidas por las instituciones educativas. Por lo tanto, se puede concluir que persiste la teoría del talento natural y la vocación para el ejercicio del periodismo. En este sentido destaca el hecho de que más del 90% consideren bastante importante estas cuatro características: la capacidad y el hábito de trabajo, las cualidades humanas, la formación humanística y la capacidad de expresión.
Sin embargo, éstas cualidades no son valoradas en términos de valores agregados, no obstante, es importante tener en cuenta que para hacer un excelente periodismo no basta con estudiar comunicación social, pues se necesita práctica, mucho trabajo y, sobre todo, mucha pasión y amor por lo que se está haciendo, pues si bien es cierto que conseguir una noticia puede ser relativamente sencillo, la dificultad que implica el oficio del periodismo reside en darle un adecuado manejo, en saber cómo comunicarla, cuándo y en dónde.
Aunque el objetivo del periodismo, como anteriormente se mencionó, es el de relatar lo que ocurre en la sociedad, en realidad no es tan sencillo, hoy en día, hay varias formas de hacerlo; es decir, existen diversas clases de periodismo dependiendo del tema que se toque y de la manera como se exprese. Las dos grandes clases de periodismo que se mencionan son el periodismo informativo y la del periodismo investigativo.
La primera, como su nombre lo indica, consiste básicamente en informar hechos actuales que tienen importancia para un determinado grupo de personas o para el público en general. Su interés primordial es localizar sucesos presentes sobre un personaje o sobre un acontecimiento. Por su parte, el periodismo investigativo, aunque también busca dar a conocer algo específico, tiene como principal característica que no sólo tiene en cuenta al presente sino que también se remite al pasado, a las causas que generaron un hecho en particular. Su punto de partida es la investigación, la búsqueda de datos, de consecuencias, de pistas, de personajes, de testimonios. Esta clase de periodismo no necesita como materia prima una noticia, pues aunque a partir de ésta pueda igualmente desarrollarse, el periodismo investigativo puede, por sí solo, generar una noticia. Adicionalmente, el periodismo puede ser cultural, deportivo, político, social, económico y de entretenimiento, entre otros.
En México, desgraciadamente es en la empresa informativa en donde la remuneración justa para el periodista, y todo profesional de la información ha carecido de atención, no existen mayores estudios en donde se analice escrupulosamente este tema, se establezcan valores en su justa dimensión de lo que ha evolucionado esta profesión, y se les de el valor justo a las capacidades y habilidades de los comunicadores y que hacen de los medios de información, el llamado “cuarto poder”.
La evolución, importancia y éxito que actualmente tienen los medios de comunicación en nuestro país, lo es por sus profesionales, por la formación de los mismos en las universidades y evidentemente porque hoy es una profesión de suma importancia, ya no es un simple oficio y es muy justo que se otorgue el pago justo a los que han logrado este éxito, sus trabajadores, los profesionales de la información.
Las empresas informativas o medios de comunicación deben reconocer que su riqueza no se encuentra en la inversión, en las instalaciones, ni en la tecnología adquirida, ni dependen sus ganancias de sus relaciones con el grupo en el poder, su gran riqueza son sus profesionales, a quienes deben fomentar estimular, promover y reconocer.
Así lo establecieron los mismos periodistas, cuando en el año 2003, en México, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Periodismo, llamado “Primer Encuentro Nacional de Periodismo 2003: Crisis de la Prensa en México 2003” , organizado por los trabajadores en huelga del diario Uno más Uno.
En dicho foro, en el panel “Periodismo y Derechos Laborales”, el experto Jaime Guerrero hizo notar que en México, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estipula que el periodismo es un oficio y no una profesión, con ingresos menores a los de un policía o los de un conductor de transporte público.También comentó que “El panorama periodístico no es muy alentador, ya que 90 por ciento de los egresados de las carreras de comunicación el año pasado estaban desempleados” y por cada siete mil egresados solamente 72 obtendrán empleo.”
Otro participante del mismo foro, Yuri Serbolov, directivo del Club de Periodistas citó un estudio en donde se compara el estrés físico de un reportero con un controlador aéreo, considerada como la profesión más angustiante. Comentó además que aunque la presión arterial sube y baja de manera similar en ambas profesiones, la diferencia es que los controladores tienen derecho a vacaciones prolongadas y jubilación temprana.
Por otro lado, Teodoro Rentaría Arroyave, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, comentó que “las malas condiciones laborales para los profesionales de la comunicación se deben en parte a su desunión, ya que una cosa es la competencia profesional y otra muy diferente es que entre colega no tengamos o carezcamos del sentido gremial”.[9]
En este evento se hizo énfasis en que los periodistas o licenciados en comunicación, carecen de los derechos mínimos y estabilidad laboral, y que existe precariedad laboral entre los informadores, sobre todo los que son considerados como periodistas “por destajo o “a la pieza” por las condiciones salariales y laborales tan precarias que son susceptibles de hacerse vulnerables a los abusos y manipulaciones.
Recientemente, en fecha 16 de febrero de 2006, se llevó a cabo en España, la convención de Periodistas de España que son celebradas desde 1998, en dicho evento se hizo mención que tal Convención recoge la inclusión de todos los periodistas en el régimen general de seguridad social y la regulación de las prácticas de los estudiantes para terminar con la actual situación de abusos de las empresas, el asunto se sigue discutiendo en el Congreso español y las organizaciones de periodistas españoles.
Aunque la independencia de los comunicadores, es fundamental, para el ejercicio libre de su profesión, la gran cantidad de profesionistas que año con año se reciben de Licenciados en Comunicaciones, o sus variantes, da como consecuencia que esta profesión vaya cambiando, se mejore, con nuevas técnicas, se actualice y se fortalezca.
No habrá mejora en la calidad que proporciona la profesionalización en las universidades del periodismo y la competitividad que se genera con el auge y modernización de los medios de comunicación, si no se remunera y se otorgan los mismos derechos laborales que tiene cualquier trabajador mexicano, a los comunicadores.
Es urgente, legislar en torno a los derechos laborales de los profesionales de la comunicación, para que verdaderamente en nuestro país podamos hablar de responsabilidad, justicia, equidad y con ello evitar la corrupción y manipulación en los medios de comunicación que tanto daño hace a la sociedad.
Es por ello que con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a efecto de procurar la implementación de medidas tendientes a fortalecer las acciones por parte de las autoridades competentes se somete a la consideración de ésta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPITULO IX-BIS AL TITULO VI, ASI COMO DIVERSOS ARTICULOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un Capítulo IX-Bis denominado “Trabajo de los periodistas” al Titulo VI, así como los artículos 291-A, 291-B, 291-C, 291-D, 291-E, 291-F, Y 291-G, a la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente forma:
TÍTULO VI
CAPÍTULOS I A VIII…
CAPITULO IX-Bis
TRABAJO DE LOS PERIODISTAS
Artículo 291-A. Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán a las relaciones laborales que se llevan acabo entre los periodistas y las empresas en las cuales presten sus servicios.
Artículo 291-B. Para los efectos de éste Capitulo, se entiende por periodista a la Persona Física, profesionista o no, que mantiene una relación laboral con una empresa, en la que materialmente cumple la función de comunicar u opinar ante la sociedad, a través de la búsqueda, recepción y divulgación de informaciones, noticias y documentos de interés público y social, por cualquier medio de comunicación, en formato literario, gráfico, electrónico, audiovisual o multimedia.
Articulo 291-C. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulación expresa, la relación será por tiempo indeterminado.
Artículo 291-D. No es violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón del nivel de peligrosidad o exposición o categoría de los eventos o situaciones a los que sea asignado el trabajador.
Artículo 291-E.- El escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 de esta Ley, deberá entregarse por el patrón, dentro de un término de tres días hábiles, a la Inspección del Trabajo, la cuál, dentro de igual término, procederá a revisarlo bajo su más estricta responsabilidad. En caso de que no estuviese ajustado a la Ley, la Inspección del Trabajo, dentro de tres días, hará a las partes las observaciones correspondientes, a fin de que hagan las modificaciones respectivas. El patrón deberá presentarlo nuevamente a la misma inspección del trabajo.
Artículo 291-F.- Queda prohibido a los patrones exigir de los trabajadores realizar actividades que puedan poner en peligro su salud o su vida.
Artículo 291-G.- Las disposiciones disciplinarias a los periodistas, se aplicarán de conformidad con los reglamentos interiores del trabajo y demás disposiciones previstas por los centros de trabajos.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 10 de agosto de 2006.
Diputado José Evaristo Corrales Macías
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputada Maki Esther Ortiz Domínguez
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Del Dip. Isidoro Ruiz Argáiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 70 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 35, 70 Y 74 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDORO RUIZ ARGÁIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Isidoro Ruiz Argáiz del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 35, 70 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La modernidad nos proporciona beneficios. Pero trae aparejados también, al mismo tiempo, costos. Y muchas veces estos son superiores a los primeros o, por lo menos, los costos resultan ser muy altos.
A efecto de poder aprovechar los beneficios, se impone entonces la necesidad de controlar y minimizar los costos.
Este es el caso del autotransporte de carga, pasaje y turismo en México.
La modernización del país se ha traducido en la construcción de más y cada vez mejores vías de comunicación entre las que destacan las carreteras federales y las autopistas de cuota. Ambas, carreteras y autopistas, han venido siendo construidas con mejores especificaciones técnicas, lo que permite incrementar la velocidad a la que se puede circular a través de ellas; esto, a su vez, reduce el tiempo de transportación entre dos puntos del territorio cualesquiera con las ventajas adicionales inherentes a ello tales como el ahorro de combustible, menor desgaste de los vehículos, disminución en el costo de transporte, y disponibilidad de mejores productos en un menor tiempo entre otras.
No obstante, las ventajas referidas han tenido como contrapartida el incremento en el número de accidentes carreteros que se presentan en el país, así como en el monto de las pérdidas económicas y de vidas humanas involucradas.
Como referencia, a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calculado que poco más de 1 millón de personas mueren anualmente debido a choques en la vía publica, al tiempo que 50 millones más resultan lesionadas.
De ese millón de defunciones, más de la mitad corresponden a adultos jóvenes de entre 15 y 44 años, que corresponden a la población económicamente activa. Entre los principales factores causantes de tales accidentes y perdidas, sobresale la velocidad inadecuada o excesiva.
Por lo que hace a México, de acuerdo con cifras de INEGI y la SCT, en 2003 se presentaron 457,546 accidentes, ocurridos en carreteras federales, zonas urbanas y suburbanas. En estos accidentes hubo 14,000 muertes y 200,000 lesionados. Los principales causantes de accidentes carreteros fueron los errores del conductor y las condiciones de los vehículos, los que causaron el 67.79% y el 4.37%, respectivamente. Del mismo modo que en el ámbito mundial, en el número de accidentes causados por el conductor en nuestro país, casi el 53% se debe al exceso de velocidad.
Con los resultados mencionados son de imaginar los impactos negativos en materia de vidas humanas, pérdidas económicas de particulares, recursos públicos por reparación de la infraestructura e incremento en los costos del sector salud, en los niveles de calidad de vida de la población en general y en los niveles de competitividad del sistema de transportación carretera del país. Así, en 2004 por cada 100 accidentes, el número de muertos pasó de 8 a 15 respecto del año de 1996 en tanto que el de lesionados se incrementó de 57 a 102 en esos mismos años y los costos materiales ocasionados por los accidentes durante 2004 en carreteras federales, fueron de 1,248,400,623 pesos.
Frente a estos accidentes y sus costos por fortuna ya se ha empezado a trabajar. Hay antecedentes.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 14 de septiembre de 2000 apareció la NOM-EM-033-SCT-2-2000 cuyo objeto era establecer los límites máximos de velocidad para los vehículos de carga, pasaje y turismo que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, así como la incorporación de dispositivos que permitan el registro y control de su velocidad; destacándose las aplicaciones correspondientes y las velocidades en cada tipo de carretera.
El 16 de Febrero de 2001 en el DOF apareció ya como Proyecto de Norma, la convocatoria para comentarios y una explicación más detallada de su funcionamiento. Posteriormente, el 21 de septiembre de 2001 se publicaron los comentarios a dicha Norma.
Finalmente apareció en el DOF, como Norma Oficial Mexicana, la NOM-033-SCT-2-2000, el 17 de Octubre de 2001 incorporando las adecuaciones hechas en los comentarios, sobresaliendo las siguientes características del punto 5 sobre Límites de Velocidad:
• Los Dispositivos de registro y control de Velocidad como obligatorios.
• Obligatorio para los vehículos ya mencionados, contar con un dispositivo para el control gráfico o electrónico de velocidad, que registre las condiciones de operación del vehículo, tales como: velocidad de recorrido, cambios de velocidad, cambios de conductor, períodos de conducción, tiempos de estacionamiento y kilómetros recorridos.
• Inviolabilidad del dispositivo, así como contar con una alarma visible o audible en el interior de la unidad.
Esta Norma se publicó dos veces como Norma de Emergencia, con vigencia de seis meses, siendo la última la del día 28 de julio de 2003. Por otra parte, el Programa Nacional de Normalización 2003, incluyó la publicación del anteproyecto de Norma Oficial Mexicana “Dispositivo de Registro y Control de Velocidad” y a partir de dicho año y hasta la fecha dicho anteproyecto ha sido publicado como tema reprogramado.
De manera que estamos ya en condiciones de impulsar medidas en favor de la seguridad del autotransporte en nuestras carreteras federales, a través de hacer obligatorio el control de la velocidad de los vehículos por medio de los dispositivos para el control gráfico o electrónico de velocidad.
De adoptarse tal medida, como proponemos, reduciremos los costos de la modernidad y disfrutaremos de los beneficios de la misma.
En consecuencia, someto a su consideración la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 35, 70 Y 74 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
Artículo Único. Se modifican los artículos 35, 70 y 74 de esta Ley para quedar como sigue:
Artículo 35.- Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas.
Asimismo, deben contar con un dispositivo para el control gráfico o electrónico de velocidad, que registre las condiciones de operación del vehículo, tales como: velocidad de recorrido, cambios de velocidad, cambios de conductor, períodos de conducción, tiempos de estacionamiento y kilómetros recorridos.
El dispositivo de registro y control de velocidad debe estar construido en forma tal que garantice la inviolabilidad de los datos que registre, además debe contar con un sistema que al rebasar la unidad los límites máximos de velocidad, opere una alarma visible o audible en el interior de la unidad.
Será responsabilidad del fabricante de las unidades para el caso de vehículos nuevos o del transportista, para el caso de vehículos en operación, la instalación del dispositivo de registro y control de velocidad.
El dispositivo de registro y control de velocidad debe colocarse en las unidades, de forma tal que todos sus elementos queden protegidos, asimismo para que el operador pueda visualizar desde sus asiento el indicador de velocidad, el contador de kilómetros recorridos y el reloj que registra el tiempo de conducción.
Para la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas así como del dispositivo para el control gráfico o electrónico de velocidad, todos los vehículos referidos deben obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la Secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva.
…
…..
Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros, de registro y control de velocidad, y estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.
La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones y de funcionamiento del dispositivo de registro y control de velocidad, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones, capacidad de los vehículos y de funcionamiento del dispositivo de registro y control de velocidad, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de Seguridad Pública en la materia, cuando los vehículos circulen en los caminos y puentes.
…
…
Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de la presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:
I. …
II. …
III. …
IV. …
V. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida para el correcto funcionamiento del dispositivo para el control gráfico o electrónico de velocidad con el que todo vehículo de carga, pasaje y turismo debe contar, con multa de cien a quinientos salarios mínimos;
VI. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a los ordenamientos que de ella se deriven, con multa de hasta mil días de salario mínimo.
…
…
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2006
Diputado Federal Isidoro Ruiz Argáiz
Del Dip. Inti Muñoz Santini, a nombre de la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL PRESENTADA POR EL DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI A NOMBRE DE LA DIPUTADA MARTHA LUCIA MÍCHER CAMARENA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expongo ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil Federal, de conformidad a la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El derecho a tener una vida libre de violencia, la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre mujeres y hombres de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar y el de su familia, así como para la consolidación de la democracia.
De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial, las violaciones y la violencia en el hogar culminan en la pérdida de más años de vida saludable, entre las mujeres de 15 a 44 años de edad, que el cáncer mamario, el cáncer del cuello del útero, el parto obstruido, la guerra o los accidentes de tránsito.
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Belém do Pará", adoptada en la Ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 y promulgada en nuestro país el 19 de enero de 1999, afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades
Asimismo, debemos considerar que nuestro país está obligado conforme a la Convención Belem do Pará a incluir en nuestra legislación normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Convención.
Es alarmante la manera en la que la violencia en contra las mujeres se presenta en los diversos estratos y grupos sociales, podemos considerar dentro de los diversos tipos, la física, la emocional, la sexual, la patrimonial y la económica.
La discriminación y la violencia contra las mujeres impide su pleno desarrollo, goce y ejercicio de sus derechos humanos y es considerada esta última como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. No obstante los esfuerzos tanto a nivel internacional como nacional para legislar a favor de los derechos humanos de las mujeres, los avances no han logrado materializar plenamente su respeto. En nuestra legislación verbigracia existen preceptos que requieren ser armonizadas con los tratados internacionales que México ha firmado, tal es el caso de los códigos civiles, cuyos preceptos requieren modificaciones para ampliar la gama de derechos y el espectro de desarrollo de las mujeres.
Al respecto podemos citar el ejemplo de la violación sexual dentro del matrimonio, hombres y mujeres se expresan contra la violación reconociéndola como el acto más deplorable, abusivo y cobarde que pudiese cometer alguien, una de las mayores muestras de desprecio que pueden sufrir mujeres y hombres.
Todos y todas coincidimos en que la violación como acto reflejo de imposiciones de poder, lesiona y destruye; física y emocionalmente, mina hasta la casi destrucción la autoestima de las víctimas, deja secuelas físicas aún por años, en muchas ocasiones elimina la posibilidad de vivir y disfrutar tanto como de la vida en general, como la sexualidad y la maternidad.
Aún así, hasta el día de hoy, como reminiscencia de pensamientos anacrónicos, confesionales, discriminatorios, androcéntricos y nugatorios de los derechos humanos, en amplios sectores, algunos de ellos, de supuesta sapiencia jurídica, se considera que no todas las mujeres pueden ser víctimas de violación y que no todos los violadores son delincuentes.
Al parecer, nuestros juristas han sido renuentes a reconocer los derechos sexuales y reproductivos, hemos tardado demasiado en incluirlos como principio rector de nuestra legislación, enraizando aún mas las concepciones donde la sexualidad, su ejercicio, libertad y protección no resultaban importantes para un desarrollo personal equilibrado.
Fue hasta el mes de noviembre de 2005 en que se da la segunda resolución en el sentido de que la violación es una conducta que puede acaecer dentro de la relación de matrimonio, sin limitaciones ficticias.
Novena Epoca Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, Enero de 2006 Tesis: 1a./J. 10/94 Página: 658 Materia: Penal Jurisprudencia.
“VIOLACIÓN. SE INTEGRA ESE DELITO AUN CUANDO ENTRE EL ACTIVO Y PASIVO EXISTA EL VÍNCULO MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
En términos del primer párrafo del artículo 267 del Código para la Defensa Social del Estado de Puebla, el delito de violación requiere para su integración: 1. tener cópula con una persona sea cual fuere su sexo, y 2. obtener dicho ayuntamiento carnal por medio de la violencia física o moral. El bien jurídico tutelado por el tipo penal de mérito es la libertad sexual, que reconoce en el ser humano, su derecho a la autodeterminación sexual. Ahora bien, el tipo penal del delito de violación contenido en la legislación referida, no establece para su integración excepción con relación a la calidad de los sujetos, como pudiera ser la existencia de algún vínculo o relación entre ellos, pues sólo requiere la actualización de violencia física o moral para la realización de la cópula; por tanto, debe concluirse que cuando uno de los cónyuges obtiene la cópula por medios violentos -sean éstos físicos y/o morales-, queda debidamente integrado el delito de violación, sin importar la existencia del vínculo matrimonial.”
Varios 9/2005-PS. Solicitud de modificación a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/94, derivada de la contradicción de tesis 5/92, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 16 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 10/94. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco. Nota: En términos de la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil cinco, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 9/2005-PS, relativo a la solicitud de modificación de jurisprudencia 1a./J. 10/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 77, mayo de 1994, página 18, se publica nuevamente la jurisprudencia citada con las modificaciones aprobadas por la propia Sala.
A pesar de que todas las tesis y jurisprudencias, así como las resoluciones estatales, hablan de libertad psicosexual, la mayoría de los fallos hasta el momento se escudan en la obligación de cohabitación que no es otra cosa que el débito carnal o marital, que impone el sostenimiento de relaciones sexuales a la pareja unida en matrimonio.
La base que da vida y forma al débito carnal es la falsa idea de que el fin esencial del matrimonio es la procreación, la perpetuación de la especie, lo cual y a priori, permite suponer la necesidad de relaciones sexuales – situación que en nuestro momento histórico ya no es tan real, toda vez que existen métodos de fertilización y reproducción asistida –, base que ha dado pie a la errónea premisa de que el matrimonio debe invariablemente formar un núcleo familiar integrado por papá, mamá, hijos e hijas.
Confundiendo la figura del matrimonio con la figura de la familia, si bien la relación entre ambas es estrecha, el matrimonio, jurídicamente es fuente de parentesco con la familia del contrayente y socialmente es reconocida como el inicio de la conformación de una familia, con independencia de que exista descendencia, así, la relación matrimonial no deja de tener validez jurídica ni social por la ausencia de descendencia.
El fin último del matrimonio no es la perpetuación de la especie, es la unión jurídico - formal de una mujer y un hombre entre los que existe un lazo afectivo, lazo que puede dar lugar al deseo de descendencia común o no.
El débito marital no puede seguirse considerando un derecho de los cónyuges toda vez que no es oponible ni exigible y mucho menos por vía violenta. Observemos que frente al jurídicamente obligado se encuentra a otra persona facultada para reclamarle la observancia de lo prescrito, lo cual no se refleja en el caso concreto que nos ocupa.
Ante la negativa sexual de uno de los cónyuges, no es dable solicitar a los tribunales dicten sentencia que le obligue a sostener relaciones sexuales con el otro, judicialmente sólo se puede solicitar el divorcio ante una negativa continúa y reiterada.
La noción del “débito carnal”, esa “deuda” que obliga estar dispuesta o dispuesto a mantener relaciones sexuales en todo momento por el simple hecho de estar unido en matrimonio es una interpretación derivada de ordenanzas religiosas arraigas que ha sido heredada de un derecho canónico que ninguna relación debiese tener con el derecho positivo de un estado laico. El débito sexual nace de conceptos de subordinación, pertenencia y cosificación de las mujeres,
La pretensión de esta iniciativa es eliminar la obligación de cohabitar traducido en un débito carnal, que se concibe erróneamente como una de las obligaciones surgidas del matrimonio, considerando que con ello se logra suprimir el mayor obstáculo – y en algunos casos, refugio – que se les presenta a los juzgadores para reconocer que la violación dentro del matrimonio existe, que como conducta comisoria de un delito encuentra facilidades de realización dadas las características que privan en un matrimonio.
Así mismo, se busca influir en las legislaciones y pensamientos jurídicos a nivel estatal para que se ponga a debate la transformación de los ordenamientos que pudiesen imponer y otorgar derechos ficticios, que atenten contra la libertad y autodeterminación sexual de las personas.
Por otra parte se busca cumplir con los compromisos internacionales que ha contraído México de modificar sus leyes y ordenamientos para erradicar tanto la discriminación como la violencia ejercida contra las mujeres.
Se pretende, también, respaldar legislativamente la posición que asumió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reconocer sin cortapisas que la violación es una flagrante transgresión a su dignidad y sus derechos de la que se debe proteger a TODAS las mujeres y que todos los casos de violencia física o emocional para la imposición de la cópula deben considerarse como una conducta delictiva.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Civil Federal.
ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 101, 146, 147, 150, 151, 163, 164, 169, 235, 236, 246, 247, 267 y 270.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan los artículos: 148 párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, 156 segundo párrafo, 159 segundo párrafo, 160 segundo y tercer párrafo, 162 párrafo tercero.
ARTICULO TERCERO. Se derogan los artículos 149, 152, 153, 154, 157, 277, todos del Código Civil Federal para quedar como sigue:
De las Actas de Matrimonio
…
Artículo 101.- El matrimonio se celebrará dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud de matrimonio en el lugar, día y hora que se señale para tal efecto.
TITULO QUINTO
Del Matrimonio
CAPITULO II
Del Matrimonio y los Requisitos para contraerlo
Artículo 146.- El matrimonio es el acto jurídico por el cual un hombre y una mujer, por libre y propia voluntad, se unen con la solidaria finalidad de establecer una vida en común, constituir una familia; asumiendo ambos, igual autoridad, manteniendo cada uno su individualidad personal, basando la relación en los principios de respeto, igualdad, consideración, ayuda mutua y observancia irrestricta a los derechos humanos de las personas.
Artículo 147.- El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige, siendo nulos los pactos o acuerdos que hagan los contrayentes de forma privada o pública que contravengan lo señalado en el artículo anterior o la legislación vigente.
Artículo 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad.
Las personas menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre y cuando ambos manifiesten expresamente su voluntad, hayan cumplido dieciséis años y cuenten con el consentimiento expreso del padre, la madre o en su defecto del tutor; y a falta, negativa o imposibilidad de éstos, el Juez de lo Familiar suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del caso.
El consentimiento expreso deberá ser entregado y ratificado ante el Juez del Registro Civil correspondiente para que surta sus efectos.
A ninguna persona, mujer u hombre, podrá obligársele a contraer matrimonio por ninguna circunstancia o condición. En caso de embarazo, el hombre o la mujer de la pareja involucrada, podrán negarse a contraer matrimonio, pero no así, eludir las responsabilidades derivadas de la maternidad o paternidad en su caso.
En los casos que establece el párrafo anterior; para eximir al hombre de las obligaciones derivadas de la paternidad, se deberá comprobar la ausencia de responsabilidad a través de pruebas pertinentes, plenas y ciertas, en su defecto podrá proponerse una prueba pericial en genética, pero en cualquier caso, para eximir de las obligaciones referidas debe quedar comprobado con certeza y sin lugar a duda que no le corresponde la paternidad que se presume.
El Estado proveerá de todos los medios necesarios para realizar la prueba pericial genética con relación a la paternidad a las personas que no cuenten con los medios o recursos para sufragarla.
Artículo 149.- Derogado
Artículo 150.- La persona a quien haya correspondido otorgar el consentimiento expreso para el matrimonio de una persona menor de edad, no podrá revocarlo a menos que exista algún vicio del consentimiento como error, dolo o violencia, en tal caso se deberá seguir el mismo procedimiento que se llevó para el otorgamiento.
Artículo 151.- Si la persona a quien haya correspondido otorgar el consentimiento expreso para el matrimonio de una persona menor de edad falleciere antes de que se celebre, su consentimiento no puede ser revocado, siempre y cuando el matrimonio se verifique dentro del término fijado en el artículo 101.
Artículo 152.- Derogado
Artículo 153.- Derogado
Artículo 154.- Derogado
Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:
I. …
II. El parentesco por consanguinidad, por afinidad o por adopción, sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa;
III. El atentado contra la vida de alguno de los cónyuges, con la finalidad de destruir el vínculo matrimonial y colocar en posibilidad de contraer nuevo matrimonio al otro cónyuge.
IV. Ejercer violencia física o moral para forzar a la celebración del matrimonio o inducir al error o mantener en la ignorancia a alguna de las partes para lograr el enlace; lo anterior sin menoscabo de que posteriormente puedan ser invocados como elementos para la anulación del matrimonio contraído bajo coacción la ignorancia o error.
V. Padecer una enfermedad crónica e incurable que sea contagiosa o hereditaria; este impedimento es salvable cuando ambos contrayentes acrediten fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de la enfermedad que sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer matrimonio.
VI. Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción II del artículo 450.
VII. El matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer.
VIII. Contar con antecedentes de agresión en casos de violencia intrafamiliar. Para eximir de este impedimento se deberá demostrar haber cursado terapia de rehabilitación o bien presentar certificado expedido por psicólogo o psiquiatra autorizado en el cual se le acredite como una persona apta para la vida matrimonial y familiar.
Artículo 157.- Derogado
Artículo 159.- La persona titular de tutela o curatela no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la misma sólo podrá ser concedida por la autoridad correspondiente, después de que hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela.
Esta prohibición comprende a los descendientes tanto del curador o curadora como del tutor o tutora.
Artículo 160.- Si a pesar de la prohibición establecida en el artículo anterior el matrimonio se llevase a cabo, el Juez que hubiese conocido del caso de tutela o curatela, nombrará inmediatamente a persona distinta para que funja interinamente la tutela o curatela, reciba los bienes y los administre y vele por los intereses de la persona a su guarda.
El Juez de lo familiar que hubiese conocido de la tutela o curatela, determinará, atendiendo al caso concreto, al origen de la tutela o curatela y las condiciones espaciales, el tiempo que subsistirá la tutela o curatela interina.
El Juez del Registro Civil, que a sabiendas de la existencia de la relación de tutela o curatela proceda a realizar el matrimonio sin antes haber agotado el procedimiento de dispensa, se hará acreedor a las sanciones y/o procedimientos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
CAPITULO III
De los Derechos y Obligaciones que nacen del Matrimonio
Artículo 162.- Los cónyuges están obligados equitativa y corresponsablemente a contribuir cada uno por su parte, a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente.
Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, así como emplear, en los términos que señala la ley, cualquier método de reproducción asistida o de anticoncepción que requieran para ejercer sus derechos reproductivos. Estos derechos serán ejercidos de común acuerdo por los cónyuges.
Los cónyuges mantendrán en todo momento su derecho a la libertad sexual por lo que la autodeterminación de ejercer su sexualidad no podrá estar supeditada a ningún tipo de coacción, violencia física o violencia moral, ni considerarse como un débito u obligación derivada de la relación matrimonial. El ejercicio de la sexualidad al ser un derecho y no una obligación deberá ser de común acuerdo entre los cónyuges.
Artículo 163.- …
Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero o se establezca en lugar que ponga en riesgo su salud e integridad.
Artículo 164.- …
Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán corresponsabilidad de ambos cónyuges con independencia de su aportación económica al sostenimiento del hogar, considerando el desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos como equiparable a la aportación económica del otro cónyuge.
Artículo 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad económica siempre que sea lícita, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 235.- Son causas de nulidad de un matrimonio:
I. El error acerca de la identidad y/o estado de salud de la persona con quien se contrae, respecto de la identidad cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra y con relación a la salud, ya sea que por ignorancia o error se desconozca la preexistencia de una enfermedad crónica e incurable que sea contagiosa o hereditaria;
II. …
III. …
Artículo 236.- La acción de nulidad que nace del error de identidad, sólo puede deducirse por el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error dentro de los noventa días siguientes a que lo advierte, se tiene por ratificado el consentimiento y queda subsistente el matrimonio, a no ser que exista algún otro impedimento que lo anule.
Artículo 246.- La nulidad que se funde en las causas expresadas en la fracción V del artículo 149, sólo puede ser pedida por los cónyuges, dentro del término de sesenta días contados desde que se celebró el matrimonio.
Artículo 247.- Tienen derecho a pedir la nulidad a que se refiere la fracción VI del artículo 149 el otro cónyuge y la persona titular de tutela o curatela.
Artículo 267.- Son causales de divorcio:
I. …
II. El hecho de que durante el matrimonio nazca un hijo concebido, antes de la celebración de éste, con persona distinta a su cónyuge, siempre y cuando no se hubiere tenido conocimiento de esta circunstancia;
III. La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, no sólo cuando lo haya hecho directamente, sino también cuando se pruebe que ha recibido cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que se tenga relaciones carnales con ella o con él;
IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito;
V. La conducta de alguno de los cónyuges con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción;
VI. Padecer cualquier enfermedad incurable que sea además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su origen en la edad avanzada;
VII. Padecer trastorno mental incurable, previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge enfermo;
VIII. …
IX. La separación de los cónyuges por más de un año, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualesquiera de ellos;
X. …;
XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro, o para los hijos;
XII. …;
XIII. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que ameritase pena de prisión mayor a dos años;
XIV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito doloso por el cual haya sido condenado, por sentencia ejecutoriada;
XV. El alcoholismo, el uso reiterado de las substancias ilícitas a que hace referencia la Ley General de Salud y las lícitas destinadas a uso terapéutico distinto, que produzcan efectos psicotrópicos; o el hábito de juego, cuando constituyan un continuo motivo de desavenencia;
XVI. Cometer un cónyuge contra la persona o bienes del otro, o de los hijos, cualquier conducta que colme uno o varios de los tipos penales vigentes;
XVII. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro, o hacia los hijos de ambos, o de alguno de ellos. Se entiende por violencia familiar la descrita en este Código;
XVIII. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, tendientes a corregir los actos de violencia familiar;
XIX.- El empleo de métodos de fecundación asistida o de interrupción temprana del embarazo, realizada sin el consentimiento de su cónyuge;
XX. Impedir uno de los cónyuges al otro, desempeñar una actividad en los términos de lo dispuesto por el artículo 169 de este Código; y
XXI. El mutuo consentimiento.
La anterior enumeración de las causales de divorcio, es de carácter limitativo; por tanto, cada causal es de naturaleza autónoma.
Artículo 270.- Con relación a la fracción V del artículo 267 de éste Código la tolerancia en la corrupción que da derecho a pedir divorcio podrá consistir en actos positivos o bien en omisiones.
Artículo 277.- Derogado.
ARTICULO TRANSITORIO
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de Agosto del 2006.
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena
Grupo Parlamentario del PRD
De la Dip. Laura Elena Martínez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal.
De conformidad con los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, Dip. Laura Elena Martínez Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI, presento a esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y modifica al artículo 366 Ter. del Código Penal Federal, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
El tráfico de menores se ha convertido en uno de los delitos más graves por sus implicaciones y las ramificaciones que las mafias de prostitución o explotación de menores realizan a través de este reprochable delito.
De conformidad con la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, se considera tráfico de menores el traslado, substracción, retención o intento de hacerlo, de un menor de dieciocho años por medios ilícitos.
Nuestro Código Penal Federal actual considera, en su artículo 366 ter., sólo a quien es menor de dieciséis años, y la modalidad de traslado, lo que queda lejos de la definición que la Convención establece. El tráfico de menores inicia con la substracción y retención del menor, lo que, aunque se aplique lo señalado para la privación de la libertad o secuestro, la substracción es la manera primaria en que se realiza el tráfico de menores.
En cuanto a la retención, la mayía de las veces estas mafias cuentan con el apoyo de centros o casas clandestinas cuyo objetivo es la retención mientras se traslada al menor. Estas casas son vigiladas por cómplices o familiares que estarían fuera del alcance de la ley.
En México, el tráfico de menores ocupa el tercer lugar en la lista de actividades criminales, solo después del narcotráfico y contrabando de armas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) considera que, cerca de un millón de hombres, mujeres, niños y niñas son engañados, vendidos, explotados o sometidos a diferentes formas de esclavitud, prostitución o venta de órganos.
El Informe Anual Sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, señala que cada año entre 600 mil a 800 mil personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de la trata; de esta cifra el 80 por ciento son mujeres y niñas, y el 50 por ciento del total son menores de edad.
No existen cifras estadísticas claras en la actualidad sobre tráfico de menores, debido a la falta de una definición uniforme, la falta de indicadores y la falta de recursos para el seguimiento de los casos.
No obstante trabajos de investigación dan a conocer la gravedad de esta criminalidad y permiten ver en detalle su fenomenología. Mientras la mayoría del tráfico de menores ocurre para propósitos de explotación sexual comercial, tampoco existen estadísticas agregadas para cuantificar este problema.
El engaño, la ilegal adopción internacional y la documentación también ilegal, facilitan el tráfico de niños y niñas en América latina, México no es la excepción. Nuestro país no solo es paso de este tráfico sino que, al encontrarse en la ruta, es consecuentemente centro y fuente de este criminal tráfico.
Según el Informe del Departamento de Estado, Capítulo México 2006, somos fuente, tránsito y destino de la trata de menors, generalmente ligado al tráfico de personas, para la explotación sexual y laboral. El tráfico hacia México también se da desde América del Sur, el Caribe, Europa del este, África y Asia.
En nuestro país, el tráfico de menores se realiza desde las zonas rurales más pobres hacia centros urbanos y de turismo sexual. El crimen de la trata de personas habitualmente está combinado con el contrabando de extranjeros, aunque habitualmente están implicadas las mismas redes de criminales.
De acuerdo a este Informe, el gobierno de México no cumple cabalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. El gobierno de México continúa en el grupo 2 de observación (watch list, por su acepción en inglés) por tercer año consecutivo. Este lugar lo ocupa por la falla del gobierno a proporcionar datos críticos sobre la aplicación de la ley.
De acuerdo al mismo reporte: “El Gobierno Mexicano no generó estadísticas sobre la aplicación de la ley en torno a las investigaciones, aprehensiones, enjuiciamientos o condenas relacionadas con la trata de personas durante el período que cubre este informe”, en parte porque no cuenta con una ley específica contra la trata de personas y muchos casos se persiguen bajo otras leyes. Es probable que haya estados y otras jurisdicciones locales que cuenten con algunos juicios y condenas relacionados con la trata de personas, pero es difícil mantener estadísticas de ese tipo de casos. Por lo tanto, no es posible saber si México ha avanzado en este campo, que es crítico para su evaluación. Sin embargo, de enero a agosto de 2005, las autoridades de procuración de justicia reportaron juicios criminales por delitos relacionados con la trata de personas en 1,336 casos (57 a nivel federal, y 1,279 a nivel estatal), y se impusieron sentencias en 531 casos. La información gubernamental fue difícil de analizar y el número de estos casos que involucran el tráfico de personas no es claro. Dos de las sentencias reportadas claramente son por ofensas relacionadas con la trata de personas. Las autoridades mexicanas ofrecieron detalles sobre una serie de ocho investigaciones en proceso, las cuales también están relacionadas claramente con la trata de personas; las autoridades han identificado a 126 pandillas dedicadas a la trata de personas, obviamente sólo es la punta del iceberg.
Como conclusión, debemos precisar mejor el concepto de tráfico de menores y aumentar su penalidad, de acuerdo a lo que establece la Convención, lo que esta propuesta pretende realizar, e ir en la dirección correcta para combatir este gravísimo delito, que generalmente queda impune, afectando lo más sensible: el futuro de nuestras jóvenes generaciones.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:
Artículo Primero.- se reforma y modifica el primer y último párrafo del artículo 366 ter., para quedar como sigue:
ARTÍCULO 366 TER. COMETE EL DELITO DE TRÁFICO DE MENORES, QUIEN TRASLADE, SUBSTRAIGA O RETENGA, O INTENTE TRASLADAR, SUBSTRAER O RETENER, A UN MENOR DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O LO ENTREGUE A UN TERCERO, DE MANERA ILÍCITA, FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, CON EL PROPOSITO DE OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO INDEBIDO POR EL TRASLADO O LA ENTREGA DEL MENOR.
COMETEN EL DELITO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR:
I. A II…
…
A) A B)…
III.…
A QUIENES COMETAN EL DELITO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTÍCULO SE LES IMPONDRÁ UNA PENA DE DIEZ A QUINCE AÑOS DE PRISIÓN Y DE MIL QUINIENTOS A DOS MIL DÍAS MULTA.
…
…
Artículo Transitorio.- Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de agosto del año 2006.
Atentamente
Dip. Laura Elena Martínez Rivera
De la Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los numerales 265 Bis y 343 Bis del Código Penal Federal.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES 265 BIS Y 343 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL A EFECTO DE QUE LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y VIOLACIÓN ENTRE CÓNYUGES SE PERSIGAN DE OFICIO
La suscrita, Blanca Gámez Gutiérrez, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal a afecto de que los delitos de violencia familiar y violación entre cónyuges se persigan de oficio, el cual se fundamenta y motiva en la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro sistema jurídico existe la posibilidad de que el ofendido otorgue el perdón al ofensor con lo cual se extingue la acción penal respecto de los delitos que se permiten por querella. La ley mexicana, específicamente el artículo 93 del Código Penal Federal, establece que se causará este efecto siempre que se conceda ante el Ministerio Público si es que éste aún no ha ejercitado la querella o ante el órgano jurisdiccional correspondiente antes de dictarse sentencia de segunda instancia. Además, dispone que una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse.
De acuerdo con este mismo artículo esto es “igualmente aplicable a los delitos que sólo pueden ser perseguidos por declaratoria de perjuicio o por algún otro acto equivalente a la querella, siendo suficiente para la extinción de la acción penal la manifestación de quien está autorizado para ello de que el interés afectado ha sido satisfecho” y, sigue, “el perdón solo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga, a menos que el ofendido o el legitimado para otorgarlo, hubiese obtenido la satisfacción de sus intereses o derechos, caso en el cual beneficiará a todos los inculpados” y a los posibles encubridores del acto delictivo.
Este es el caso, entre otros delitos, de los delitos de violencia familiar y violación entre cónyuges según se encuentran tipificados en nuestro Código Penal Federal. En ambos casos la ley permite perdonar al culpable lo cual desafortunadamente sucede con frecuencia ante intimidaciones y presión del agresor.
De acuerdo con el Código Penal vigente estos delitos se persiguen por querella, por lo que el otorgamiento del perdón por parte del ofendido interrumpe todo el proceso y libera de responsabilidad al inculpado.
En México, la violencia familiar ha llegado a niveles alarmantes. De acuerdo con datos de UNICEF, sólo cuatro de cada 10 mujeres que la sufren en nuestro país recurren a la denuncia penal y de éstas solo 3 logran iniciar un procedimiento formal debido al otorgamiento del perdón.
Según información difundida por el Banco Interamericano de Desarrollo, la violencia intrafamiliar afecta al 50% de la población femenina y está enraizada profundamente en siete de cada 10 hogares en el país.
Esta situación se agrava por el hecho de que las legislaciones federal y local siguen tratando el problema desde una óptica asistencial y desde un enfoque de reconciliación entre la víctima y el agresor como si fuese un problema de carácter “privado”, “entre particulares” y por lo tanto, de menor importancia.
No obstante, sabemos que estos delitos deben ser ventilados públicamente toda vez que viola uno de los derechos fundamentales de la persona por lo que la sociedad tiene que adoptar una actitud de “tolerancia cero” contra los agresores.
La violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas maneras como agresiones sexuales, maltratos físicos, amenazas, y en diversos ámbitos. Sin embargo, cuando la agresión se produce en el seno familiar es, quizás, la más grave. Mujeres asesinadas por sus cónyuges o concubinos y palizas que ponen en peligro la vida son noticias comunes en los medios masivos de comunicación.
El problema del maltrato de la pareja es, según explican los expertos, un problema mundial. Nada tiene que ver con la clase social o el nivel educativo. En Estados Unidos, por ejemplo, una mujer sufre algún episodio de malos tratos cada 15 segundos; en Rusia, cada 40 minutos muere una mujer víctima de la violencia doméstica; en España, cerca de diez por ciento de las mujeres mayores de 18 años vive una situación objetiva de violencia en su relación de pareja; en Egipto, 35 por ciento de las mujeres son agredidas por sus maridos. No obstante, organizaciones, como Amnistía Internacional, explican que las mujeres pobres y marginadas son víctimas más vulnerables.
Veinte por ciento de las mujeres del mundo han sufrido malos tratos o agresiones sexuales, según el Banco Mundial. Sin embargo, no son estas las únicas fórmulas de violencia. La violencia psicológica es más difícil de cuantificar y de ser apreciada por lo demás, pero no por ello menos peligrosa. Son muchas las mujeres amenazadas por sus cónyuges o concubinos y, aún más grave, las que son ignoradas o sufren la indiferencia y el desprecio de su compañero en el hogar.
En el caso de la violación entre cónyuges, el marco jurídico de nuestro país ha avanzado notablemente. En el pasado, gracias a un equivocado criterio de la Suprema Corte de Justicia de 1994 se consideraba que no existía tal delito sino que era, apenas, “el ejercicio indebido de un derecho”. Afortunadamente, la Corte corrigió su criterio y recientemente determinó que la violación entre cónyuges, sin duda debe catalogarse como delito pues “tener relaciones sexuales por medios violentos, sean físicos o morales, dentro del matrimonio, debe catalogarse como una violación sexual” toda vez que se basa en el criterio de que ante todo “se debe proteger la libertad sexual y la libre determinación de las personas a ejercer su sexualidad”.
No obstante, según información de UNIFEM, de existir cifras confiables, podría concluirse que un porcentaje muy importante de las violaciones registradas en México como en el resto de América Latina, serían cometidas dentro del matrimonio dados los vacíos legales existentes al respecto.
La prevención de estos sucesos pasa por la prevención, la educación y la protección jurídica de la mujer. En primer lugar, las mujeres tienen que saber detectar las conductas de riesgo que pueden desencadenar actos de agresión. Sin embargo, la violencia doméstica no es un problema de la mujer. La sociedad tiene que cambiar los estereotipos y acabar con las ideas culturales erróneas para evitar la discriminación de la mujer en la sociedad. La educación en valores, los cambios legales y la divulgación de una cultura de la “no violencia” son las herramientas para acabar con las agresiones.
El propósito de esta iniciativa es abonar algo en esta dirección con el fin de que tanto en el caso de la violencia familiar como en el de la violación entre cónyuges, una de las formas máximas de expresión de aquella, se produzca un cambio de actitud de la autoridad judicial en su combate.
De esta forma, ante la comisión de cualquiera de estos delitos, la parte ofendida no podrá otorgar el perdón, pues recibirán ahora un tratamiento distinto como delitos que se persiguen de oficio y no por querella. En consecuencia, con la presente reforma se aplicará, en todos los casos sin excepción, una sanción efectiva a los agresores que ayude a remontar patrones culturales de la violencia doméstica y los disuada de seguir cometiendo tan graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados en el proemio, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Primero.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 265 bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 265 bis.- Si la víctima de la violación fuera la esposa o concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo anterior.
Este delito se perseguirá de oficio.
Segundo.- Se reforma el cuarto párrafo del artículo 343 bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 343 bis.- Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones.
Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario; pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima.
A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.
En todos los casos, este delito se perseguirá de oficio
TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de Agosto de 2006
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez
Diputada Federal de la LIX Legislatura
Integrante del Grupo Parlamentario del PAN
De la Dip. María Salomé Elyd Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 BIS; y el inciso e) al numeral 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
P R E S E N T E
La suscrita Diputada María Salomé Elyd Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de éste H. Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9 BIS; EL INCISO E AL NUMERAL 49 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS.
En la actualidad contamos con importantes instrumentos jurídicos en torno a la protección de los derechos humanos de los niños, entre los que cabe destacar el Convenio de la Haya sobre la protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional; la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños; la Convención de la Haya sobre Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños; el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación; la Convención sobre los Derechos del Niño; el Programa de Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía; la Declaración y el Programa de Acción aprobados por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
En México, el escenario de la violencia familiar, se yergue como un asunto de fundamental interés en salud pública. Observando que a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se realizo la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar (ENVI) en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y que conllevo a estimar que existe violencia en uno de cada tres hogares. De igual forma, en otros estudios se estima que la violencia familiar oscila entre 30% y 60% en hogares, tanto rurales y urbanos, el INEGI a su vez señala que los agresores mas frecuentes son los jefes de familia 44.5%, y la cónyuge 44.1%, y arroja un dato que representa casi un cincuenta por cierto de la violencia, y que es precisamente que las víctimas mas afectadas lo constituyen los hijos e hijas en un 44.9%, es decir, es el sector que dentro de un hogar, presenta mayor proclividad a ser maltratado, ello es de entenderse, ya que la violencia familiar incide en los grupos vulnerables en donde opera una subordinación en relación al agente activo, es por ello que los padres fácilmente pueden victimizar a sus hijos e hijas.
Respecto a la legislación interna, es de reconocerse el esfuerzo que se hizo entre 1999 y 2000 para realizar las reformas al artículo 4 constitucional así como la respectiva ley reglamentaria, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se instauran un conjunto de derechos y obligaciones por parte del Estado y la sociedad para protegerlos contra cualquier forma de abuso, maltrato y explotación. En ella se dispone que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Concretamente, el capítulo quinto reconoce el derecho de los niños y adolescentes a ser protegidos en su integridad, en su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual.
Uno de los objetivos que se propuso al aprobar esta Ley, de acuerdo con el dictamen respectivo, es el de sentar las bases para que "... las normas locales den un tratamiento realmente protector de niñas, niños y adolescentes a fenómenos como el de la violencia familiar, el del abandono de las obligaciones familiares y el del desapego en la crianza de hijas e hijos, o a tipos penales como el abuso sexual, el estupro y privación ilegal de la libertad...". En este sentido, el proceso legislativo, de depuración y perfeccionamiento del marco jurídico para garantizar efectivamente la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se encuentra en un momento decisivo y a la vez apremiante para generar los cambios tanto en la legislación federal como en las locales. De hecho, tenemos que hacer un recuento sobre ello, ya que el artículo segundo transitorio de esta ley contempla que las autoridades competentes podrán emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en la misma, en país lo establecido en la misma, en un plazo que no exceda de un año.
Sin embargo y pese al significativo avance que representa el marco jurídico referido, aún falta fortalecer la legislación para establecer las condiciones y mecanismos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez y hacerlos exigibles. Si bien es cierto la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contempla la planificación y ejecución de acciones para la protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte de las instituciones encargadas de dicha protección y defensa, dicha disposición se encuentra prevista de forma genérica, ya que no especifica con claridad el organismo encargado de su aplicación y tampoco el contenido de dichas acciones, lo que arroja como resultado que esos actos no tengan aplicación certera en el plano fáctico.
Ejemplo de ello es que a pesar de que el Código Federal de Procedimientos Penales contempla la implementación de medidas precautorias para garantizar la seguridad e integridad de la víctima u ofendido del delito incluido en determinado momento las niñas, niños u adolescentes, es omiso en especificar el momento de su procedencia, la forma y la institución a través de la cual se llevará a cabo, pues en estos casos dichas autoridades encargadas de su aplicación tienen un margen muy amplio de discrecionalidad para actuar, lo que provoca que de forma inmediata no se lleve a cabo o en su caso se implemente sin la exigencia que amerite, hechos que preocupan en demasía pues esta ineficacia en nuestro sistema de justicia ha provocado que menores de edad sean victimizados por tiempo prolongados por sus progenitores, y que de forma certera ocasione su muerte, circunstancia la cual se podría evitar, si las instituciones públicas especializadas en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, pudiesen intervenir de forma inmediata una vez que tuvieran conocimiento de que un niño esta siendo violentado por sus padres, sin necesidad de esperar la determinación ministerial o judicial, pues este lapso de tiempo, representa un alto riesgo para el menor, pues durante ese tiempo los padres pueden manipular al menor para que no exprese la verdad, pueden sustraerse de la acción de la justicia o en un caso extremo, seguir violentándolos con mayor rigor por ser objetos de investigación y ocasionarles así la muerte.
Es así como observamos que el marco jurídico vigente en nuestro país adolece de un diseño que facilite la aplicación de medidas y providencias para la salvaguarda de niños en colaboración con las instituciones encargadas de la defensa y protección de los derechos de los niños.
Si bien se han hecho esfuerzos importantes para fortalecer la labor de los órganos encargados de la procuración e impartición justicia por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, estos cambios aún no se perciben plenamente por parte de la sociedad, pues su función primordial es solicitar e implementar mecanismos de salvaguarda, sin embargo estos no pueden contar con la especificidad requerida para atención a los niños, ya que las circunstancias de atención, asistencia y protección, corresponden a otras instancias que velan por los niños, como lo es precisamente el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ya que dentro de sus facultades prevista en el numeral 32 de su Estatuto Orgánico se encuentra la realización acciones de prevención, protección y atención a menores maltratados, en desamparo o con problemas sociales para incorporarlos al núcleo familiar, o albergarlos en instituciones adecuadas para su custodia, formación e instrucción, lo cual implica considerar a esta Institución (DIF) como la instancia idónea para la protección y atención de los menores que lleguen a ser víctimas de algún delito, y cuya función se vería perfectamente complementada si trabajara de forma inmediata y paralela con las instancias de procuración e impartición de justicia, pues esto representaría el engranaje perfecto entre la aplicación de la justicia y la asistencia social requerida para la protección de los niños.
Por lo anterior y con base en el principio del interés superior de la infancia como está dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y que señala expresamente que las instituciones de bienestar social, tanto las públicas como las privadas, así como los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, deberán responder, viéndolo como prioritario, a ese interés[1].
Es por ello, que se estima viable que a las instituciones de asistencia pública se les faculte para intervenir inmediatamente de manera precautoria, con el fin de salvaguardar a los niños en su integridad, pues con ello evitarían consecuencias mas graves en los niños, además de que se considera idóneo a fin de respetar la esfera competencial del Ministerio Público que dichas medidas precautorias una vez implementadas por las instituciones públicas de asistencia social, es decir, el DIF, le sean notificadas de inmediato para efectos de iniciar la correspondiente investigación y asimismo esté en posibilidades de confirmar o revocar la acción implementada por el DIF, ello en razón de que al estar sujeto el menor a un proceso penal como víctima el Ministerio Público o el Organo Jurisdiccional como las autoridades responsables de dicho menor quienes deberán determinar jurídicamente el destino provisional o definitivo de la niña, niño o adolescente.
A tal efecto los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponemos una reforma a la Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para dotar de mayores elementos a las instancias públicas encargadas de la defensa y protección de los mismos (las niñas, niños y adolescentes); entre ellas el DIF Federal, Estatal, del Distrito Federal ó municipal según sea el caso, colaborando con las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, con el fin de perfeccionar el marco jurídico vigente para la eficaz implementación de medidas y providencias de resguardo de niñas, niños o adolescentes y que cuando éstos sean objeto de violencia familiar dicha institución intervenga de forma inmediata a fin de salvaguardarlo evitando así el cotidiano daño físico, psicoemocional o sexual que el niño sufre y que de prolongarse puede causarle hasta la muerte.
Por ello se propone adicionar el numeral 9 Bis y el inciso E al numeral 94 de la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, a efecto de que las autoridades o instancias Federales, Municipales, Estatales o del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan implementar las correspondientes medidas precautorias y de asistencia social, con el fin de proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes como víctimas de cualquier maltrato físico, psicoemocional y sexual, y facultar a las instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes propiamente al DIF dado que dentro de sus facultades se encuentra
asistir y proteger a los menores víctimas de algún delito, para solicitar en su caso a la autoridad ministerial la ejecución de medidas precautorias, para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, coadyuvando el órgano ministerial en la implementación de esta medida con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, presentamos con todo respeto a consideración de ésta Honorable Cámara de Diputados, la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9 BIS; EL INCISO E AL NUMERAL 49 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES.
PRIMERO.- Se adicionan el numeral 9 Bis así como el inciso E al numeral artículo 40 de la Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recorriéndose en consecuencia los actuales incisos E, F, G, H, I, J, para quedar como F, G, H, I, J, K, respectivamente, para quedar como sigue:
Artículo 9 Bis.- Las autoridades o instancias Federales, del Distrito Federal, Estatales o Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, implementaran en su caso las correspondientes medidas precautorias y de asistencia social, con el fin de proteger la integridad de las niñas niños y adolescentes como víctimas de algún ilícito, de cualquier maltrato físico, psicoemocional y sexual.
TITULO QUINTO
CAPITULO I
De la Procuración de la Defensa y Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes.
Artículo 49
Las instituciones señaladas en el artículo anterior tendrán las facultades siguientes:
A a la D. …
E. Solicitar a la autoridad ministerial la ejecución de medidas precautorias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes coadyuvando en su implementación.
Para la implementación de estas medidas precautorias, la autoridad competente podrá celebrar convenios de colaboración con las instancias que integran el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, particularmente con las dedicadas al desarrollo integral de la familia (DIF) situadas en el ámbito Federal, Estatal, Distrito Federal o Municipal según corresponda.
F. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la
Planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y
Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
G. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores social y privado en lo relativo a la protección de sus derechos.
H. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de sus derechos y hacerlos llegar a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos.
I. Definir, instrumentar y ejecutar políticas y mecanismos que garanticen la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
J. Aplicar las sanciones establecidas en esta ley.
K. Las demás que les confieran expresamente las disposiciones legales aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Las autoridades competentes deberán de emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de agosto del año 2006.
De la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un Capítulo III al Título Séptimo del Código Penal Federal.
INICIATIVA QUE ADICIONA UN CAPÍTULO III DE LA CORRUPCIÓN EN SALUD AL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL REFERENTE A LOS DELITOS CONTRA LA SALUD
La que suscribe Irma Figueroa Romero, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa, al tenor de su consecuente
Exposición de Motivos[10]
Pretendo en esta iniciativa referirme al costo social y económico que trae la corrupción en salud en México y el mundo.
A nivel mundial se dice que existe corrupción en la venta de medicamentos, en la solicitud de análisis clínicos, en la programación de cirugías que no son necesarias. Tal es el caso denunciado del incremento en las cesáreas, sobre todo en clínicas privadas, en las listas de espera de transplantes de órganos, y en otorgar las citas más cercanas en el caso de las clínicas de salud públicas, así como corrupción en los presupuestos destinados a la atención de la salud pública.
Se ha documentado la infiltración de la corrupción en los Sistemas de Salud de los diversos países, sean de salud pública o privada. El informe de Transparencia Internacional de 2006, en el encabezado dice: Robo, extorsión y sobornos despojan a millones de los servicios de salud.
Quienes sufren los estragos de la corrupción en salud, sin duda son todos aquellos que requieren una atención oportuna de la salud. Se dice que la corrupción, niega a los más necesitados de los cuidados médicos básicos y favorece el desarrollo de enfermedades resistentes a medicamentos dirigidos a combatir padecimientos mortales, con lo cual se puede ocasionar la muerte de millones de personas a nivel mundial.
“Cuando un niño muere durante una operación porque la inyección de adrenalina utilizada para revivir su corazón era sólo agua, la pregunta es, ---¿cómo ponemos precio a esto?--- el precio de la corrupción en los servicios de salud se paga con el sufrimiento humano”.[11]
El costo social y económico que representa la corrupción en los sistemas de salud es alarmante, “se da el incremento en el precio, se lesiona la economía de los pacientes y la economía pública; al incrementar el precio al paciente, le dificulta o impide hacer otros gastos médicos que se le presenten para atender su salud”.[12]
Cómo se le puede explicar a la población que en muchas ocasiones ha sido engañada por el médico que la atendió, al solicitarle análisis de laboratorio que no requiere, exclusivamente en base a tener un convenio con el laboratorio, quien le dará un porcentaje económico por los pacientes que le son canalizados.
México, país donde una gran mayoría de población, se encuentra en situación de pobreza o de pobreza extrema, aunque los enfoques en la medición hayan cambiado.
Nuestro país, donde existe una gran proporción de la población que no cuenta con seguridad social para atender su salud y queda en la categoría de población abierta. Hay quien puede pensar que lo anterior es mentira, ya que hoy contamos con el Seguro Popular, pero muchos investigadores consideran que éste no constituye un sistema de seguridad social, sino más bien “un programa de simple asistencia social con mayoritario financiamiento público”.[13]
Sumándose a la injusticia anterior, encontramos que: nuestro país, es el más caro de América Latina en lo que toca al costo de medicamentos. “Los mexicanos pagan por las medicinas precios que se asemejan a los de países desarrollados, como Estados Unidos y Japón; sin embargo distribuidores y farmacias presumen enormes descuentos para sus clientes... los laboratorios no toman en cuenta el ingreso per cápita de la población”.[14]
Preocupante es el perjuicio social que conlleva, cuando lo importante es el lucro y no se pone por delante la salud de los pacientes. Dónde queda la ética de la profesión médica. A qué nivel han tenido que llegar los médicos, el casi ser mercenarios del mejor postor. Dónde ha quedado la relación médico paciente, que es tan nombrada en los discursos oficiales. Quizás lo mejor sería volver a estrechar la relación médico-paciente.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso la siguiente Iniciativa que adiciona un capítulo III De la Corrupción en Salud al Titulo Séptimo del Código Penal Federal referente a los Delitos Contra la Salud para quedar como sigue:
TITULO SEPTIMO
Delitos Contra la Salud
Capítulo III
De la Corrupción en Salud
Artículo 199 Ter
Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que cometa el delito de corrupción en salud.
Comete el delito de Corrupción en Salud quien:
1.- Venda medicamentos falsos o adulterados
2.- Quien solicite análisis clínicos innecesarios
3.- Quién solicite intervenciones quirúrgicas que no son necesarias
4.- Quien solicite una compensación económica o de cualquier tipo para la programación de cirugías necesarias.
5.- Quien solicite una compensación económica o de cualquier tipo, por modificar en favor de alguien las listas de espera de transplantes de órganos.
6.- Quien valiéndose de su cargo pretenda: destinar recursos públicos para la salud, a fines particulares.
Atentamente,
Dip. Fed. Irma S. Figueroa Romero
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 16 de agosto de 2006.
De la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, EL NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
La que suscribe Irma Figueroa Romero, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa, al tenor la siguiente
Exposición de Motivos
El 13 de diciembre de 1973, la Honorable Cámara de Diputados, aprobó el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana.
El 17 de diciembre de 1973 se publica en el diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la universidad Autónoma Metropolitana, la cual entra en vigor a partir de primero de enero de 1974.
Se dice que “el establecimiento de esta Universidad obedece a dos criterios importantes: el primero, resolver el problema de la alta demanda educativa en la zona metropolitana; y el segundo, poner en práctica nuevas formas de organización académica y administrativa”.
Un discurso del primer rector de la universidad señala que:
La universidad tiene conciencia de estar al servicio de la sociedad. Por ello orientará la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura a la solución de problemas que afectan amplios sectores de la población. Ofrece unir la preparación profesional con innovadoras formas de servicio social que ponga a los estudiantes en contacto con las necesidades nacionales, la transmisión, acrecentamiento, recreación y ampliación de la cultura y del saber científico, para ello mantendrá en constante revisión planes de estudio, propondrá fórmulas nuevas de carreras tradicionales y ofrecerá carreras con distintas especialidades y orientaciones.
Hoy, a casi 33 años de la propuesta de creación de la nueva universidad, podemos decir que también a la Universidad Autónoma Metropolitana, le debemos excelentes profesionistas, que se insertan en el mundo laboral, con los conocimientos que les brindó su alma mater, la Universidad Autónoma Metropolitana.
Así mismo debemos reconocer que dicha universidad cuenta con excelentes académicos e investigadores, que con su esfuerzo le transmiten a los alumnos su deseo por aportar al desarrollo de nuestro país.
Los que han egresado de esa universidad, reconocen la excelencia educativa de la Universidad Autónoma Metropolitana. De ahí que los que no hemos egresado de la misma, también le reconocemos su aporte al progreso del país.
Esta universidad al igual que las otras grandes casas de estudios, como es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, merece que su nombre se inscriba en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, como un reconocimiento por su gran aporte a la nación.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:
Artículo Único: Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Transitorios
Primero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, resuelve llevar a cabo una Sesión Solemne, a fin de realizar la inscripción a que alude el artículo único de este decreto.
Tercero: La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, junto con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirá el orden del día y el protocolo de la sesión solemne.
Atentamente,
Dip. Fed. Irma S. Figueroa Romero
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente
de la H. Congreso de la Unión, a 16 de agosto de 2006
De la Dip. Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 9 de la Ley de Información, Estadística y Geográfica.
INICIATIVA QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
La que suscribe Irma Figueroa Romero, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa, al tenor la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley de Información Estadística y Geográfica, señala en su artículo 3° que la información estadística, es el conjunto de resultados cuantitativos que se obtiene de un proceso de captación, tratamiento y divulgación de datos primarios obtenidos de los particulares, empresas e instituciones sobre hechos que son relevantes para el estudio de los fenómenos económicos, demográficos y sociales; la información geográfica, es el conjunto de datos, símbolos y representaciones organizados para conocer y estudiar las condiciones ambientales y físicas del territorio nacional, la integración de éste en infraestructura, los recursos naturales y la zona económica exclusiva.
Así mismo, señala en su artículo 9° que los censos nacionales se practicarán de conformidad a las disposiciones que en cada caso fije el Ejecutivo Federal.
El Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala como atribuciones principales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la coordinación del funcionamiento de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, así como proporcionar el servicio público de información estadística y geográfica, promover el conocimiento y uso de las bases de datos, analizar y procurar la satisfacción de los requerimientos de los usuarios de estos servicios de información, entre otras.
Es por todos, conocida la información que genera y pone a disposición el INEGI, como es el Censo General de Población, los censos económicos, el banco de información económica, el Sistema Municipal de Base de Datos, etc.
Recientemente el Dr. Gilberto Calvillo Vives, quien dirige el INEGI en México, fue elegido Presidente de la Comisión Estadística de la ONU, encargada de guiar todas las actividades estadísticas del Sistema Internacional de las Naciones Unidas, colaborando con el Consejo Económico y Social y con la Secretaría General de la ONU.
Sin duda debemos considerar que la información estadística y geográfica es de vital importancia tanto para la toma de decisiones en las políticas públicas, como el aporte que representan los datos para las investigaciones de los científicos, reconociendo que después esos estudios serán un a porte para solucionar, prever o revertir un determinado fenómeno, ya sea social, económico o natural.
En base a una reflexión sobre la importancia de los datos recientes y en la medida de requerir estar a la par de la información que se produce a nivel mundial, considero ineludible estipular en la ley la necesidad de que se tomen en cuenta los requerimientos de información de los usuarios.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso la siguiente iniciativa que adiciona una fracción IV al artículo 9 de la Ley de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:
Artículo 9.- Los censos nacionales se practicarán de conformidad con las disposiciones que en cada caso fije el Ejecutivo Federal y atendiendo a las siguientes bases:
I.- ...
II.- ...
III.- ... , y
IV.- Se tomarán en cuenta los requerimientos de información de los usuarios.
La palabra censo no podrá ser empleada en la denominación y propaganda de registros, encuestas o enumeraciones distintas a las que se practiquen con apego a esta Ley.
Atentamente,
Dip. Fed. Irma S. Figueroa Romero
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 16 de agosto de 2006.
De la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo.
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE ACOSO LABORAL
La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso laboral, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El acoso laboral tiene como objetivo intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar, y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla de la organización o satisfacer la necesidad insaciable de agredir, controlar y destruir que suele presentar el hostigador, que aprovecha la situación que le brinda la situación organizativa particular para canalizar una serie de impulsos y tendencias psicopáticas.
Por acoso laboral hay que entender, pues, cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que pueden atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o síquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima del trabajo.
Su despliegue conlleva una comunicación hostil y desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de ello, es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a partir de acciones de hostigamiento frecuentes. Derivado de la alta frecuencia y larga duración de estas conductas hostiles, tal maltrato se traduce en un enorme suplicio psicológico, psicosomático y social. Muchos estudiosos explican el origen de este fenómeno patológico en el deseo intrínseco de poder que tenemos las personas, llegando a haber una mezcla explosiva cuando, en muchas ocasiones, a este deseo se le unen emociones intensas tales como la envidia. Sus secuelas en la persona que lo sufre, afectación a la autoestima, frustración y estrés.
Las consecuencias físicas y psicológicas del acoso laboral son devastadoras. El miedo continuo puede derivar en un estado acentuado de ansiedad y estrés. Surgen los sentimientos de fracaso, impotencia, frustración y apatía, acentuados por la pérdida de concentración y memoria. La víctima puede volverse hipersensible, agresiva, irritable y alcohólica, lo que afecta e, incluso, destruye su vida social y familiar. En última instancia, aparece la depresión y, en ocasiones, el acosado pierde el rumbo hasta considerar el suicidio como la única alternativa posible a la pesadilla que soporta a diario.
Es lamentable observar cómo, personas llenas de vida y empuje, acaban sufriendo episodios depresivos, accesos de llanto en el propio trabajo, crisis de ansiedad, estrés, todo esto mientras un sentimiento de impotencia les llena al verse incapaces de controlar su entorno laboral. Son testigos en primera persona, (mientras se hace mella en su autoestima), de cómo se tergiversa la realidad, de cómo se transmite a sus superiores una imagen distorsionada de su persona, competencia y profesionalidad, transmitiendo ser una persona inestable e insegura e incluso llegando muchas veces a pensar que es incompetente, poco preparada para el cargo o “problemática” sin serlo en absoluto.
Cifras de la Organización Internacional del Trabajo revelan que uno de cada diez trabajadores es víctima de acoso laboral. Y de cada cien vejados, 75 son mujeres. El perfil del acosado responde al de una persona, de entre 35 y 45 años, brillante, preparada, responsable, trabajadora, sociable y colaboradora. La situación precaria del género femenino en el mercado laboral también favorece el fenómeno del acoso. Pero, además, existe un último y grotesco factor. En muchos casos subyace un deseo sexual que el acosador sabe que no puede satisfacer, lo que deriva hacia ese hostigamiento.
El acosador, bajo una apariencia externa de seguridad y firmeza, suele ser una persona insegura, temerosa de perder su puesto de trabajo y capaz de hostigar sutilmente al acosado a lo largo del tiempo.
El acosador ridiculiza al acosado, y no solo su trabajo, también su forma de vestir, estilo de vida, su voz, gestos. Cuando el acosador tiene un rol en el trabajo superior al acosado, éste le asigna tareas demasiado complejas para su titulación, o bien demasiado simples y repetitivas, ocultándole información importante e incluso variando la información sin criterio y de manera continua, diciéndole un día una cosa, y otro otra, con lo cual cargos superiores al acosador reciben un input negativo del trabajo y la capacidad que en realidad tiene el acosado. El acosador esconde información relevante al acosado, y favorece a otros empleados en presencia de la “víctima” fomentando en su interior un sentimiento de injusticia y desigualdad.
Ni la legislación ni la organización de las empresas son eficaces para enfrentar y sancionar una situación de acoso laboral. La consecuencia, en la mayoría de los casos se despide a la persona acosada por considerarla injustamente no preparada para el cargo, y otras tomando parte conciliadora, algo que suele llevar a empeorar el problema.
Por esto, el espíritu que orienta a la presente iniciativa consiste en definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan actividades laborales.
El proyecto define el acoso laboral como cualquier conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un trabajador por parte de un patrón, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.
Estableciendo que la omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del patrón se entenderá como tolerancia a la misma.
Asimismo, tipificando el acoso laboral como una de las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador. De tal manera, que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de sus formas el acoso laboral y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50 de la Ley. Es decir: si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios; si a relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Además del importe de tres meses de salario y los salarios vencidos.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso laboral.
Único: se adicionan diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso laboral, para quedar como sigue:
Artículo 52 A. El acoso laboral consiste en cualquier conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un trabajador por parte de un patrón, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.
Artículo 52 B. Sin ser una enumeración restrictiva, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:
I. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes del trabajador;
II. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre;
III. Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad;
IV. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia, mediante la descalificación, carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de horario y cualquier otra forma de producir desmotivación laboral;
V. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social;
VI. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador, como la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.
Artículo 52 C. El acoso laboral es causa de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50.
Transitorios.
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sede de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil seis.
Diputada Federal Cristina Portillo Ayala
Dictámenes de Primera Lectura
Dos, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios en la Embajada de Australia en México
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN PERMISOS A CIUDADANOS MEXICANOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión del 9 de agosto de 2006, fueron turnadas para su estudio y dictamen solicitudes de permiso de los ciudadanos Luis Gerardo Alcalá Férraez, Carolina Cárdenas Sosa y Ferdusi Bastar Mérito, para poder aceptar y usar las condecoraciones que les confieren la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de América, el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de Guatemala, respectivamente.
Con fundamento en lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 78, fracción III, esta Comisión emite el presente dictamen, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES:
I. La Primera Comisión recibió las solicitudes con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos de los solicitantes;
II. Como no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de las condecoraciones a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implican sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni comprometen el interés público o ponen en riesgo la seguridad de la Nación;
III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos legales para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En razón de lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de
DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío C.B. DEM Luis Gerardo Alcalá Férraez para aceptar y usar la condecoración de la Junta Interamericana de Defensa, con una estrella de plata, que le confiere la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de América.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Carolina Cárdenas Sosa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico que le otorga el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Ferdusi Bastar Mérito, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 15 de agosto de 2006.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
LEGISLADORES
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE
PRESIDENTE
|DIP. JOSÉ RANGEL ESPINOSA | |SEN. RAFAEL MELGOZA RADILLO |
|SECRETARIO | |SECRETARIO |
| | | |
| | |DIP. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO |
|SEN. ANTONIO GARCÍA TORRES | |SEN. LAURA ALICIA GARZA GALINDO |
|DIP. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ | |SEN. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES |
|DIP. TOMÁS TRUEBA GRACIÁN | |DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA |
|SEN. CÉSAR JÁUREGUI ROBLES | |SEN. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS |
|DIP. BEATRIZ MOJICA MORGA | |DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ |
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 9 de agosto de 2006 fue turnada para su estudio y dictamen, una solicitud de permiso de la ciudadana Belinda Rocío Borja Lepcowitz, para prestar servicios en el puesto de asistente política y económica, en la Embajada de Australia en México.
Con fundamento en lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 78, fracción III, esta Comisión emite el presente dictamen, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES:
I. Del expediente de la solicitante, mismo que contienen identificación y acta de nacimiento entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadana mexicana, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución General.
II. De acuerdo al puesto al que se aspira, es evidente que los servicios a prestar poseen una naturaleza de carácter eminentemente administrativo.
III. En virtud de que los trabajos a desarrollar no implican sometimiento o sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado expedir el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos de la solicitante.
Por los anteriores argumentos, esta Comisión se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Comisión Permanente, el siguiente proyecto de
DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se concede permiso a la ciudadana Belinda Rocío Borja Lepcowitz, para prestar servicios como asistente política y económica, en la Embajada de Australia en México.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE AGOSTO DE 2006.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
LEGISLADORES
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE
PRESIDENTE
|DIP. JOSÉ RANGEL ESPINOSA | |SEN. RAFAEL MELGOZA RADILLO |
|SECRETARIO | |SECRETARIO |
| | | |
| | |DIP. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO |
|SEN. ANTONIO GARCÍA TORRES | |SEN. LAURA ALICIA GARZA GALINDO |
|DIP. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ | |SEN. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES |
|DIP. TOMÁS TRUEBA GRACIÁN | |DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA |
|SEN. CÉSAR JÁUREGUI ROBLES | |SEN. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS |
|DIP. BEATRIZ MOJICA MORGA | |DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ |
Dictámenes a Discusión
Tres, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática del Congo en la Ciudad de México; para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 2 de agosto 2006, fue turnada para su estudio y dictamen una solicitud de permiso remitida por la Secretaría de Gobernación para que el ciudadano Ngoyi Ndamamba, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática del Congo en la ciudad de México, con circunscripción consultar en toda la República.
Con fundamento en lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 78, fracción III, esta Comisión emite el presente dictamen, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES:
I. Del expediente del solicitante, mismo que contiene currículum vitae, identificación y copia certificada de la carta de naturalización que acredita la nacional mexicana de dicha persona, entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadano mexicano por naturalización.
II. De acuerdo al puesto al que aspira, descrito en la parte inicial del presente dictamen, es evidente que el servicio a prestar posee una naturaleza eminentemente de carácter administrativo.
III. En virtud de que los trabajos a desarrollar, como se indica en el párrafo que antecede, no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado expedir el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos políticos.
En razón de lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de
DECRETO
Artículo único.- Se concede permiso al ciudadano Ngoyi Ndamamba, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática del Congo en la ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 8 de agosto de 2006.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
LEGISLADORES
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE
PRESIDENTE
|DIP. JOSÉ RANGEL ESPINOSA | |SEN. RAFAEL MELGOZA RADILLO |
|SECRETARIO | |SECRETARIO |
|SEN. CÉSAR JÁUREGUI ROBLES | |DIP. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO |
|SEN. ANTONIO GARCÍA TORRES | |SEN. LAURA ALICIA GARZA GALINDO |
|DIP. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ | |SEN. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES |
|DIP. TOMÁS TRUEBA GRACIÁN | |DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA |
|SEN. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS | |DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ |
|DIP. BEATRIZ MOJICA MORGA | | |
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN PERMISOS A CIUDADANOS MEXICANOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión del 2 de agosto de 2006, fueron turnadas para su estudio y dictamen doce solicitudes de permiso a los ciudadanos Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave, Carlos Correa Ceseña, Miguel Hakim Simón, Rogelio Durante Dalpiva, Angel Enrique Sarmiento Beltrán y Gerardo Adolfo Marín Marín, para poder aceptar y usar las Condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros .
Con fundamento en lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 78, fracción III, esta Comisión emite el presente dictamen, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES:
I. La Primera Comisión recibió las solicitudes con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos de los solicitantes;
II. Como no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de las condecoraciones a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implican sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni comprometen el interés público o ponen en riesgo la seguridad de la Nación;
III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos legales para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En razón de lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de
DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno de dicho país.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Carlos Correa Ceseña, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Miguel Hakim Simón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal de Guatemala, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.
ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Rogeiro Durante Dalpiva, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la Armada Argentina al Mérito, que le confiere el Ministerio de Defensa de la República Argentina.
ARTICULO quinto.- Se concede permiso al ciudadano Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Naval, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Gerardo Adolfo Marín Marín, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Oro por Servicios Distinguidos, que le otorga el gobierno de la República de El Salvador.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 8 de agosto de 2006.
LA PRIMERA COMISION
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE
Presidente
Dip. JOSE RANGEL ESPINOZA SEN. RAFAEL MELGOZA RADILLO
secretariO secretariO
Sen. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
SEN. CESAR JÁUREGUI ROBLES SEN. VICTORIA eugenia MÉNDEZ MÁRQUEZ
Sen. ANTONIO GARCÍA TORRES SEN. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS
DIP. TOMAS TRUEBA GRACIÁN DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA
SEN. HÉCTOR ASTUDILLO FLORES DIP. PABLO ALEJO LÓPEZ NÚÑEZ
DIP. BEATRIZ MOJICA MORGA Dip. Jesús Martínez Álvarez
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL PARA PRESTAR SERVICIOS EN DIVERSAS REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 2 de agosto de 2006 le fueron turnadas para su estudio y dictamen, tres solicitudes de permiso de los ciudadanos Katia Cecilia Ornelas Núñez, Francisco Javier Retana Toca y María del Carmen Ocañas Gutiérrez para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.
Con fundamento en lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 78, fracción III, esta Comisión emite el presente dictamen, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES:
I. Del expediente de los solicitantes, mismos que contienen identificación y acta de nacimiento, entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución General.
II. De acuerdo a los puestos a los que se aspira, es evidente que los servicios a prestar poseen una naturaleza de carácter eminentemente administrativo.
III. En virtud de que los trabajos a desarrollar no implican sometimiento o sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado expedir el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos políticos.
Por los anteriores argumentos, esta Comisión se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Comisión Permanente, el siguiente proyecto de
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Katia Cecilia Ornelas Núñez, para prestar servicios como Especialista en Administración de proyectos de Democracia y Gobernabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Retana Toca, para prestar servicios como auxiliar de limpieza en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Ocañas Gutiérrez, para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE AGOSTO DE 2006.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
LEGISLADORES
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE
PRESIDENTE
|DIP. JOSÉ RANGEL ESPINOSA | |SEN. RAFAEL MELGOZA RADILLO |
|SECRETARIO | |SECRETARIO |
|SEN. CÉSAR JÁUREGUI ROBLES | |DIP. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO |
|SEN. ANTONIO GARCÍA TORRES | |SEN. LAURA ALICIA GARZA GALINDO |
|DIP. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ | |SEN. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES |
|DIP. TOMÁS TRUEBA GRACIÁN | |DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA |
|SEN. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS | |DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ |
|DIP. BEATRIZ MOJICA MORGA | | |
De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo con relación a las opiniones de legisladores federales durante el ejercicio de su encargo.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fueron turnadas para su análisis y dictamen una propuesta presentada en sesión del 2 de agosto de 2006, por el Dip. Pablo Gómez Alvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Por consiguiente, los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94, 103, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para su Gobierno Interior, someten a la consideración de esa H. Asamblea el dictamen que se ha formulado al tenor de los apartados que en seguida se detallan:
A N T E C E D E N T E S
I. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 2 de agosto de 2006, el Diputado Pablo Gómez presentó una propuesta de declaración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre la reconvención contra el diputado Jesús González Schmal, misma que se presentó en los siguientes términos
ÚNICO.- Ante la reconvención contra el diputado Jesús González Schmal, realizado por la C. Martha Sahagún y hecha pública desde la residencia oficial de Los Pinos, el día 29 de julio pasado, la Comisión Permanente del Congreso declara que
1. Es prerrogativa y deber de todo ciudadano presentar denuncias de posibles delitos ante el Ministerio Público.
2. Es obligación del Ministerio Público realizar las investigaciones, ejercer la acción penal y perseguir ante los tribunales a los presuntos autores de delitos, para lo cual a éste le corresponde la presentación de las pruebas.
3. La Comisión Investigadora Encargada de Verificar la Legalidad de los Contratos de Entidades Públicas con la Empresa Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., presidida por el diputado Jesús González Schmal, es un organismo legal y legítimo creado por la Cámara de Diputados en el ejercicio de la facultad concedida a ésta en el artículo 93 de la Constitución Política.
4. Las opiniones expresadas por el diputado Jesús González Schmal nunca podrán ser objeto de reconvención alguna, según lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Política.
Señala el proponente que ningún legislador, podrá ser sujeto de ninguna inquisición de ninguna autoridad, asimismo, agrega que la obligación del Congreso es hacer valer esa prerrogativa que solo tienen los legisladores, de que no pueden ser jamás reconvenidos por sus expresiones. Señala que estas prerrogativas las tienen sólo los legisladores por la función que ocupan y las facultades que ejercen de carácter constitucional, porque el control político está en el Congreso.
C O N S I D E R A C I O N E S
I. Descritos los puntos centrales de la propuesta que se analiza, en ellos advertimos la existencia de una inquietud cuya satisfacción corresponde a la Comisión Permanente atenderla, en razón de no tratarse de opiniones particulares que haya manifestado el legislador en su papel de miembro del Poder Legislativo.
Esta Comisión considera que el Diputado González Schmal no ha sido en ningún momento reconvenido por autoridad alguna, ya que el hecho al que se alude no corresponde a funcionario público alguno.
Es evidente que corresponde al Ministerio Público la investigación, la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, por lo que cualquier asunto relacionado con estas atribuciones es a esta Institución a quien corresponde resolver sobre cualquier asunto de esta naturaleza, por tanto resulta innecesario que esta la Comisión se pronuncie sobre algo sobre lo que no tiene atribuciones.
No obstante lo anterior, los integrantes de la Primera Comisión consideramos que debe quedar presente el derecho de los legisladores a manifestar durante su ejercicio sus opiniones sin cortapisa alguna.
Por las consideraciones que anteceden, los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO.- La Comisión Permanente declara que las opiniones expresadas durante el ejercicio de su encargo por el diputado Jesús González Schmal, así como por cualquier otro legislador federal, jamás podrán ser objeto de reconvención alguna de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA
LEGISLADORES
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE
PRESIDENTE
|DIP. JOSÉ RANGEL ESPINOSA | |SEN. RAFAEL MELGOZA RADILLO |
|SECRETARIO | |SECRETARIO |
|SEN. CÉSAR JÁUREGUI ROBLES | |DIP. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO |
|SEN. ANTONIO GARCÍA TORRES | |SEN. LAURA ALICIA GARZA GALINDO |
|DIP. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ | |SEN. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES |
|DIP. TOMÁS TRUEBA GRACIÁN | |DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA |
|SEN. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS | |DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ |
|DIP. BEATRIZ MOJICA MORGA | | |
De la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo en relación con el nombramiento de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
Nombramiento de ocho Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada la Comunicación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con el nombramiento de ocho integrantes de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que expresamente le concede el Artículo 78, fracciones III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3° y 4° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el presente:
D I C T A M E N
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 9 de agosto de 2006, se recibió comunicación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que contiene la propuesta de nombramiento a favor de los ciudadanos Miguel Alfonso Delgado Cruz, David José del Carmen Jiménez González, Rubén Rocha Rivera, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Manuel Castellanos Tortolero, Juan Ángel Chávez Ramírez, José Luis Ochoa Torres y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un primer periodo de seis años.
A la Comunicación citada se acompañaron los documentos curriculares de las personas propuestas como Magistrados de Sala Regional de dicho Tribunal Federal.
2.- Con fecha 15 de agosto del año en curso, la Comisión Dictaminadora, previa invitación, celebró una reunión de trabajo para entrevistar a los ciudadanos citados en el inciso anterior, conocer sus capacidades personales y profesionales, así como comprobar el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el puesto al que han sido propuestos.
3.- En la misma fecha, los integrantes de esta Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, procedimos a la elaboración del presente Dictamen en base a las siguientes:
CONSIDERACIONES
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora procedieron a analizar los antecedentes profesionales y curricula de los ciudadanos designados en la comunicación del Presidente de la República, con el propósito de conformar un criterio consensuado que permita determinar si cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que literalmente establece:
“Artículo 4.- Para ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se requiere ser mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 35 años, de notoria buena conducta, licenciado en derecho con título registrado expedido cuando menos 10 años antes de dicha fecha y con 7 años de práctica en materia fiscal.
...”
Se procedió a analizar los documentos relativos a los curricula de los ocho ciudadanos designados por el Presidente de la República y se pudo constatar que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 4° antes citado, en virtud de que cada una de las personas es mexicana por nacimiento, que no ha adquirido otra nacionalidad; están en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; son mayores de 35 años; de notoria buena conducta; cuentan con título profesional en la licenciatura en Derecho, registrado y expedido cuando menos diez años anteriores a la fecha de la propuesta, en algunos casos con estudios de postgrado a nivel Maestría y en otros a nivel Doctorado, y tienen un mínimo de siete años de práctica en materia fiscal.
Adicionalmente, la Comisión Dictaminadora acordó invitar a los ciudadanos mencionados a una entrevista para que los integrantes de ésta conocieran personalmente las capacidades, calificaciones y experiencia de los propuestos a integrar Sala Regional en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Del resultado del dicho análisis y entrevistas personales, es que la Tercera Comisión de Trabajo acordó dictaminar a favor de la aprobación del nombramiento hecho por el Presidente de la República, a favor de los CC. Miguel Alfonso Delgado Cruz, David José del Carmen Jiménez González, Rubén Rocha Rivera, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Manuel Castellanos Tortoluero, Juan Ángel Chávez Ramírez, José Luis Ochoa Torres y Mario Alfonso Ruiz Hernández como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de seis años.
La Comisión Permanente es competente para aprobar los nombramientos propuestos por el Presidente de la República de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y las fracciones III y VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3° y 4° del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprueban el nombramiento hecho por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un primer periodo de seis años, en favor de los ciudadanos:
1. Miguel Alfonso Delgado Cruz,
2. David José del Carmen Jiménez González,
3. Rubén Rocha Rivera,
4. Rosa Angélica Nieto Samaniego,
5. Manuel Castellanos Tortolero,
6. Juan Ángel Chávez Ramírez,
7. José Luis Ochoa Torres
8. Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández
SEGUNDO.- Notifíquese al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a los ciudadanos Miguel Alfonso Delgado Cruz, David José del Carmen Jiménez González, Rubén Rocha Rivera, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Manuel Castellanos Tortolero, Juan Ángel Chávez Ramírez, José Luis Ochoa Torres y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, para los efectos legales procedentes.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de agosto de 2006.
TERCERA COMISIÓN
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA (pri)
PresidentA
| | |DIP. ISIDORO RUIZ ARGAIZ |
|SEN. ROMULO CAMPUZANO GONZALEZ (pAN) | |(pRD) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|DIP. JOSE PORFIRIO alarcon hernandez (pri) | |dip. concepcion olivia castañeda ortiz (pri) |
|SEN. victoria eugenia mendez marquez (pri) | |sen. hector antonio astudillo flores (pri) |
|sen. ANTONIO GARCIA TORRES (pri) | |dip. tomas trueba gracian (pan) |
|dip. maki esther ortiz dominguez (pan) | |dip. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ (pan) |
|sen. hector larios cordova (pan) | |sen. GERARDO BUGANZA SALMERÓN (pan) |
|sen. rafael melgoza radillo (prd) | |dip. jorge legorreta ordorica (pvem) |
dip. pedro vazquez gonzalez
(pt)
De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
Por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores brinde el apoyo necesario a las familias de los mexicanos fallecidos en el accidente ocurrido en Arizona.
Dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores brinde el apoyo necesario a las familias de los mexicanos fallecidos en el accidente ocurrido en Arizona.
Dictamen
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo con relación al accidente ocurrido en Arizona en la que perdieron la vida 9 mexicanos.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
ANTECEDENTES
En Sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de fecha 9 de agosto de 2006 el Senador Héctor Astudillo Flores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo con relación al accidente ocurrido en Arizona en la que perdieron la vida 9 mexicanos.
En la misma Sesión, la Presidencia acordó se turnara la Proposición referida a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su análisis y dictamen.
Los suscritos, Diputados y Senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en reunión de trabajo de fecha 15 de agosto de 2006, y en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coincidimos con la preocupación expresada por el promovente por las condiciones de inseguridad a las que se encuentran expuestos nuestros connacionales en la búsqueda de mejores oportunidades de vida para ellos y sus familiares.
La Comisión que dictamina no puede dejar de lado el hecho de que numerosos migrantes indocumentados se encuentran en un estado de vulnerabilidad por el trato que tienen por parte de los traficantes de personas llamados polleros, y a los métodos que son utilizados por la patrulla fronteriza para detener a los vehículos que en muchas ocasiones tiene resultados mortales.
Cabe destacar que de acuerdo a cifras de la patrulla fronteriza en los últimos 10 meses 291 indocumentados en su mayoría mexicanos, han fallecido en su intento por cruzar la frontera.
Ante el hecho ocurrido en días pasados y considerando que las instituciones de la República deben velar por el bienestar de los connacionales la Comisión que dictamina debe manifestarse a favor de vigilar y coadyuvar en la atención de la seguridad de los migrantes mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, proponemos la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, a la brevedad posible, brinde el apoyo necesario a las familias de los mexicanos fallecidos en el accidente ocurrido en Arizona, para la repatriación de los cadáveres así como el apoyo a los heridos y sus familiares.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 15 de agosto de 2006.
SEGUNDA COMISION
Dip. José Rangel Espinosa
Presidente
| | |
| | |
|Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez |Sen. Dulce Maria Sauri Riancho |
|Secretaria | |
| |Secretaria |
| | |
| | |
|Dip. Julián Nazar Morales |Sen. Laura Alicia Garza Galindo |
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| | |
|Sen. Jorge Abel López Sánchez |Dip. Marisol Vargas Barcena |
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| | |
|Sen. Cesar Jáuregui Robles |Sen. Susana Stephenson Pérez |
| | |
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|Sen. Juan José Rodríguez Prats |Sen. Rómulo Campuzano González |
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|Sen. Raymundo Cárdenas Hernández |Dip. Isidoro Ruiz Argaiz |
| | |
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|Sen. Jorge Emilio González Martínez | |
En relación con la construcción de una refinería en Centroamérica en el marco de la Iniciativa Energética Mesoamericana.
Dictamen de la Segunda Comisión, en relación con la construcción de una refinería en Centroamérica en el marco de la Iniciativa Energética Mesoamericana.
DICTAMEN
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Propuesta con Punto de Acuerdo presentada por la Sen. Dulce María Sauri Riancho del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para
Primero.- Solicitar con carácter urgente, al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista, y al Secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, información puntual y detallada sobre los compromisos suscritos por México en el marco de la Iniciativa Energética Mesoamericana; particularmente se solicita que hagan entrega a esta Soberanía de una copia del estudio realizado por la empresa KBC y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina para la construcción de una refinería petrolera en Centroamérica y de la información relacionada con el proceso de licitación de esta refinería anunciado para el próximo 31 de agosto.
Segundo.- Solicitar con carácter urgente al Director General de Petróleos Mexicanos, Luis Ramirez Corzo, y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, información pormenorizada sobre los proyectos energéticos desarrollados en el marco de la Iniciativa Energética Centroamericana, así como una opinión técnica sobre los mismos a efecto de que esta Soberanía pueda analizar su viabilidad en el marco de la política energética del Estado mexicano.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo mencionado, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES:
PRIMERO.- El pasado miércoles 31 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la solicitud de permiso del C. Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional a efecto de participar en la II Cumbre sobre la Iniciativa Energética Mesoamericana, que se celebró en la ciudad de La Romana, República Dominicana, del 1 al 3 de junio de 2006.
Para la dictaminación de esa solicitud, la Segunda Comisión de trabajo, solicitó la comparecencia del Emb. Jorge Chen Charpentier, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores así como de la Dra. Irma Gómez Cavazos, Titular de la Unidad de Relaciones Económicas de la misma dependencia, a efecto de que informaran a esta Soberanía los alcances de este proyecto de desarrollo energético regional.
Durante la comparecencia de ambos funcionarios, la cual tuvo lugar el martes 30 de mayo, los legisladores que integran la Segunda Comisión, manifestaron distintas inquietudes sobre:
1. El origen de la propuesta mexicana sobre esta Iniciativa energética,
2. Los compromisos que nuestro país estaría asumiendo en el marco de esta Iniciativa y
3. La falta de información al Congreso sobre estos temas.
De manera particular los Senadores presentes hicieron notar que el plan para la construcción de la refinería centroamericana no era consistente con la política petrolera nacional, puesto que además de los 160 mil barriles diarios de crudo y productos refinados que México vende a las naciones que forman parte del Pacto de San José, el proyecto de la refinería centroamericana demandaría la entrega diaria de 230 mil barriles diarios adicionales de crudo mexicano, lo que equivaldría a un 12.5% del volumen de exportación nacional de un millón 831 mil barriles diarios y la cual se encuentra plenamente comprometida para su venta.
En este mismo sentido, se manifestaron inquietudes en relación con la evolución esperada del escenario energético centroamericano ante la existencia simultánea de la Iniciativa Energética Mesoamericana y el Acuerdo Energético de Caracas establecido en octubre de 2000 por el gobierno de Venezuela, ambas, en paralelo, al Pacto de San José, que integran el gobierno de esta última nación y México.
SEGUNDO.- En seguimiento a los resultados de dicha reunión, durante la misma sesión de la Comisión Permanente en que se autorizó la solicitud de permiso del C. Presidente de la República para participar en la II Cumbre sobre la Iniciativa Energética Mesoamericana, el pleno de esta Soberanía aprobó por unanimidad y por urgente y obvia resolución un Punto de Acuerdo de la Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en que se citó a comparecer a funcionarios de la Secretarías de Energía y de Relaciones Exteriores, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que proporcionaran información detallada y pormenorizada sobre los proyectos desarrollados en el marco de la Iniciativa Energética Centroamericana, así como sobre los acuerdos y compromisos asumidos por México en la II Cumbre internacional que sobre esta iniciativa se celebró en República Dominicana, sin que hasta la fecha se haya podido programar la realización de dicha reunión o se haya recibido información adicional por parte de las dependencias involucradas en el proyecto que aclararen las dudas manifestadas en torno al tema por los legisladores federales.
TERCERO- En seguimiento a este tema, durante la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de agosto, la Sen. Dulce María Sauri Riancho del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una propuesta con Punto de Acuerdo en la que refirió que el lunes 7 de agosto del 2006, fue publicada en un diario de circulación nacional una entrevista con el Director General de Petróleos Mexicanos, Ing. Luis Ramírez Corzo en el que se aseguraba que la construcción de la refinería centroamericana dentro de la Iniciativa Energética Mesoamericana es un proyecto que obstruye y afecta los planes de expansión de la industria petrolera mexicana.
La Senadora Sauri citó partes textuales de dicha entrevista en las que el Director General de PEMEX, aseguró que:
1.- “La eventual construcción de una refinería en Centroamérica, en la cual México participaría como socio con el suministro de crudo tipo Maya, chocará con la reconfiguración de la refinería en Salina Cruz, e incluso con la construcción de un nuevo tren de refinación, proyectos que Petróleos Mexicanos ya tiene en puerta”.
2.- “…que el proyecto centroamericano demandará petróleo mexicano que PEMEX preferiría refinarlo en sus propias plantas, pero además ofertará gasolinas que competirán con las mexicanas en el mercado de California”.
3.- …A la refinería centroamericana, cuya licitación se anunció para el próximo 31 de agosto, dentro del Programa de Integración Energética Mesoamericana, PEMEX deberá aportar 230 mil barriles diarios, cuando en realidad quisiera destinarlos a sus propios proyectos, tanto para las reconfiguraciones de las refinerías de Salamanca, Tula y Salina Cruz, así como el nuevo tren de refinación”.
En este contexto, la Senadora Sauri señaló que la conducción de la política exterior de la nación demanda la mayor seriedad y responsabilidad por parte del Gobierno Federal, más aún si el espacio geográfico de esta política es el de Centroamérica y el Caribe, una zona prioritaria para los intereses políticos, económicos, sociales y culturales de nuestro país, y el tema de la cooperación es el del petróleo y la energía, un ámbito económico cuya rectoría está reservada al Estado según nuestra Constitución.
Y agregó que resultaba negativo para nuestro país que el Presidente de la República avalara con su presencia en una reunión internacional que alcanza el nivel de Cumbre de Jefes de Estado regionales una serie de compromisos en materia de cooperación energética cuya viabilidad técnica y económica resultaba desmentida poco después y de manera categórica, por la dependencia federal mexicana responsable del manejo del petróleo nacional al considerarlos incongruentes y contradictorios con los planes de desarrollo energéticos de la Nación.
Por ello, proponía que en aras de preservar el interés superior de la Nación, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debía recibir de manera inmediata y urgente de la información que le permitiera analizar cuidadosamente la viabilidad política, técnica y financiera de un proyecto internacional del cual nuestro país forma parte mediante la suscripción de compromisos oficiales.
CUARTO.- Los suscritos, Diputados y Senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en reunión de trabajo de fecha 15 de agosto de 2006, y en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES:
Primera.- Considerando la información disponible y tras valorar la importancia que tiene para nuestro país y para su proyección diplomática en la región de Centroamérica y el Caribe el desarrollo de la Iniciativa Energética Mesoamericana, esta Comisión de trabajo considera que es de la mayor preocupación que un proyecto político y económico de la dimensión que se le ha querido adjudicar a dicha Iniciativa no cuente con la realización de los estudios elementales de factibilidad y viabilidad técnica por parte del Gobierno mexicano que eviten que el Ejecutivo Federal suscriba acuerdos en materia petrolera que en opinión de la propia compañía Petróleos Mexicanos, pueden resultar contrarios al interés económico de nuestra Nación.
Segunda.- En este mismo tenor, esta Comisión de Trabajo considera que deben analizarse y revisarse detalladamente las contradicciones manifestadas por parte de la dependencias del Gobierno Federal en torno a este proyecto y que ponen en entredicho la viabilidad de un proyecto que ha sido presentado como el principal eje articulador de la cooperación regional de México en Centroamérica incluso por encima de iniciativas exitosas y de mayor alcance político y social como el Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe, mejor conocido como Pacto de San José.
Tercera.- Esta Comisión de Trabajo reconoce que es del mayor interés del Congreso de la Unión conocer los estudios y análisis técnicos sobre este tema en virtud de que tras la aprobación del nuevo régimen fiscal para PEMEX, cuyas disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación le miércoles 21 de diciembre de 2005, corresponde al Congreso de la Unión la aprobación de la plataforma de extracción y exportación de Petróleos Mexicanos de acuerdo a lo señalado por el articulo 257 de la Ley Federal de Derechos que señala en su noveno párrafo que: “En el marco de una política energética de largo plazo y a propuesta del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión aprobará cada año en la Ley de Ingresos la estimación de las plataformas máximas de extracción y de exportación de hidrocarburos.”
Cuarta.- Considerando, finalmente, que el proceso de licitación internacional para la construcción de la refinería centroamericana ha de realizarse el 31 de agosto próximo, esta Comisión de Trabajo considera de la mayor urgencia que se solicite a los funcionarios responsables de estos proyectos, toda la información disponible al respecto para proceder a su inmediato análisis y revisión.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión que suscribimos, consideramos procedente en sus términos la propuesta de la Sen. Dulce María Sauri por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación de los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita con carácter urgente, al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista, y al Secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, información puntual y detallada sobre los compromisos suscritos por México en el marco de la Iniciativa Energética Mesoamericana; particularmente se solicita que hagan entrega a esta Soberanía de una copia del estudio realizado por la empresa KBC y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina para la construcción de una refinería petrolera en Centroamérica y de la información relacionada con el proceso de licitación de esta refinería anunciado para el próximo 31 de agosto.
Segundo.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita con carácter urgente al Director General de Petróleos Mexicanos, Luis Ramirez Corzo, y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, información pormenorizada sobre los proyectos energéticos desarrollados en el marco de la Iniciativa Energética Centroamericana, así como una opinión técnica sobre los mismos a efecto de que esta Soberanía pueda analizar su viabilidad en el marco de la política energética del Estado mexicano.
Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 15 días del mes de agosto de 2006.
SEGUNDA COMISION
Dip. José Rangel Espinosa
Presidente
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|Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez |Sen. Dulce Maria Sauri Riancho |
|Secretaria |Secretaria |
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|Dip. Julián Nazar Morales |Sen. Laura Alicia Garza Galindo |
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|Sen. Jorge Abel López Sánchez |Dip. Marisol Vargas Barcena |
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|Sen. Cesar Jáuregui Robles |Sen. Susana Stephenson Pérez |
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|Sen. Juan José Rodríguez Prats |Sen. Rómulo Campuzano González |
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|Sen. Raymundo Cárdenas Hernández |Dip. Isidoro Ruiz Argaiz |
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|Sen. Jorge Emilio González Martínez | |
Relativo a la exención del pago de derechos para la expedición del pasaporte a quienes viajan fuera del país por tratamiento médico.
Dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente exención del pago de derechos para la expedición del pasaporte a quienes viajan fuera del país por tratamiento médico.
Dictamen
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que dispongan lo necesario para exentar del pago del derecho para la expedición de pasaporte a quienes viajan fuera del país por tratamiento médico.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
ANTECEDENTES
1.- En Sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de fecha 9 de agosto de 2006 el Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que dispongan lo necesario para exentar del pago del derecho para la expedición de pasaporte a quienes viajan fuera del país por tratamiento médico.
2.- En la misma Sesión, la Presidencia acordó se turnara la Proposición referida a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su análisis y dictamen.
Los suscritos, Diputados y Senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en reunión de trabajo de fecha 15 de agosto de 2006, y en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coincidimos con el promovente del punto de acuerdo en que la ciencia médica ha logrado avances significativos en el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, beneficios que se hacen llegar a los pacientes por diversos medios por los gobiernos o por organismos no gubernamentales que de manera altruista contribuyen a ese fin.
No obstante los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas por apoyar a las personas que serán beneficiadas con los avances a favor de la salud, éstas se enfrentan a dificultades que salen de sus capacidades, como son el pago que los beneficiarios tienen que hacer por los derechos de expedición de pasaporte el cual sin duda alguna hacen demérito en la economía de los pacientes que tienen que erogar no sólo los gastos del viaje sino los demás gastos que implican un tratamiento completo en cualquier enfermedad.
Es por ello, que con el ánimo de apoyar a los pacientes que se encuentren en ese caso tengan una exención que ayude a su economía los integrantes de esta comisión dictaminadora consideran adecuado solicitar a los titulares de las dependencias correspondientes que en el marco de sus facultades hagan posible la solicitud de la propuesta presentada.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, proponemos la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, a que dentro del marco de sus facultades realicen los estudios necesarios a fin de determinar si es viable exentar del pago de derechos para la expedición del pasaporte a quienes viajan fuera del país por tratamiento médico.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 15 de agosto de 2006.
SEGUNDA COMISION
Dip. José Rangel Espinosa
Presidente
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|Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez |Sen. Dulce Maria Sauri Riancho |
|Secretaria | |
| |Secretaria |
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|Dip. Julián Nazar Morales |Sen. Laura Alicia Garza Galindo |
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|Sen. Jorge Abel López Sánchez |Dip. Marisol Vargas Barcena |
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|Sen. Cesar Jáuregui Robles |Sen. Susana Stephenson Pérez |
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|Sen. Juan José Rodríguez Prats |Sen. Rómulo Campuzano González |
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|Sen. Raymundo Cárdenas Hernández |Dip. Isidoro Ruiz Argaiz |
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|Sen. Jorge Emilio González Martínez | |
De la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
En torno al pago de pensiones a jubilados de ferrocarriles.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
Con Punto de Acuerdo relativo al pago de pensiones a jubilados de Ferrocarriles.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo en torno al pago de pensiones a jubilados de Ferrocarriles, suscrita por la Senadora Victoria Eugenia Méndez Márquez y el Senador Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 09 de agosto de 2006.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
D I C T A M E N
ANTECEDENTES.
En el caso que se dictamina, se consideró pertinente reproducir textualmente los Antecedentes de la Proposición:
“Desde que se inició el proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales, se estableció que se respetarían a los extrabajadores sus justos derechos legales y contractuales.
Dentro de los derechos de dichos extrabajadores, se estipuló en el Contrato de Trabajo, que todos los aumentos que se concedieran a los activos, se harían extensivos a los jubilados en el mes de junio de 1999.
No obstante ello, se concedió a los activos el 15 por ciento de aumento salarial, mientras que a los extrabajadores sólo se les otorgó un incremento del 4.16 por ciento, sin considerar las estipulaciones contractuales.
Por tanto, los extrabajadores acudieron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a deducir sus derechos.
Situación que conoció la Junta Especial Número Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje bajo los expedientes números 442/00 y 468/00, en los que se condenó a Ferrocarriles Nacionales a pagar la diferencia porcentual a razón del 10.84 por ciento.
Sin embargo, lamentablemente la empresa en liquidación se ha negado a realizar el pago, argumentando un sin fin de situaciones y pretextos, que no tienen ningún sustento legal.
Por otro lado, hay que recordar que el fideicomiso FERRONALESJUB, fue creado únicamente para pagar las pensiones de los jubilados, pero existen denuncias de los interesados en el sentido de que se han desviado de su fin original. Es decir, son utilizados en rubros que en nada tienen que ver con el pago de pensiones.
Además de la creación del fideicomiso mencionado anteriormente se han creado otros, con el fin de cubrir los derechos obtenidos por los trabajadores, situación que no se ha actualizado, debido a que pese a su creación no se han terminado de cubrir las prestaciones a las que tienen derecho tanto los trabajadores como los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales.”
CONSIDERACIONES.
Los autores de la Proposición que se dictamina insisten en que se debe apoyar a los trabajadores ferrocarrileros exigiendo a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México que “haga los pagos conforme a las resoluciones dictadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se proceda a la reestructuración del citado Fideicomiso, con objeto de que se atienda el pago de las pensiones de los trabajadores y no se apliquen los fondos a rubros ajenos para los que fue creado”.
La primera parte de su propuesta se refiere al cumplimiento por parte de Ferrocarriles Nacionales de México de un laudo que consideran adecuado y procedente los Proponentes, y sólo piden exhortar a la empresa demandada al pago en cumplimiento del laudo que les fue desfavorable. Estamos pues en el ámbito de lo jurisdiccional en el que esta Soberanía en reiteradas ocasiones se ha manifestado respetuosa de la competencia de jueces y tribunales, además de que la Ley Federal del Trabajo contiene disposiciones específicas que proveen al cumplimiento y ejecución de los laudos laborales.
Sin embargo, con el único fin de contar con una mayor información que pudiera permitir, en su caso, a esta Soberanía, apoyar a los trabajadores ferrocarrileros, se considera oportuno y procedente solicitar a Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, la información relativa a la forma y términos en que está dando o va a dar cumplimiento al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mencionado en este dictamen.
En la otra parte, la Proposición se refiere a una reestructuración del Fideicomiso FERRONALESJUB orientada a que se atienda prioritariamente el pago de las pensiones de los trabajadores y no se apliquen los fondos a los rubros ajenos para los que fue creado, sin que los proponentes proporcionen mayor información sobre el particular, por lo que esta Comisión Dictaminadora estima que, respecto a esta parte, es procedente solicitar información a la fiduciaria, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, para que, en su calidad de entidad paraestatal y su cargo de institución fiduciaria, administradora del Fideicomiso en cuestión, informe a esta Soberanía sobre la forma y condiciones en que se ha atendido de manera prioritaria el pago de las pensiones de los trabajadores y la justificación de la aplicación de recursos a fines distintos, en su caso.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- En el ámbito de colaboración entre los poderes, se solicita al Titular de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, se sirva proporcionar la información a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la forma y términos en que está dando o va a dar cumplimiento al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mencionado en este dictamen.
Se solicita al C. Titular de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, hacer llegar la información solicitada a esta Soberanía, dentro de los 15 días naturales.
SEGUNDO.- En términos similares, se solicita del Titular de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, se sirva informar a esta Soberanía, sobre la forma y condiciones en que se ha atendido de manera prioritaria el pago de las pensiones de los trabajadores y la justificación de la aplicación de recursos a fines distintos, en su caso.
Se solicita al C. Titular Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, hacer llegar la información a esta Soberanía, dentro de los 15 días naturales.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de agosto de 2006.
TERCERA COMISIÓN
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA (pri)
PresidentA
| | |DIP. ISIDORO RUIZ ARGAIZ |
|SEN. ROMULO CAMPUZANO GONZALEZ (pAN) | |(pRD) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|DIP. JOSE PORFIRIO alarcon hernandez (pri) | |dip. concepcion olivia castañeda ortiz (pri) |
|SEN. victoria eugenia mendez marquez (pri) | |sen. hector antonio astudillo flores (pri) |
|sen. ANTONIO GARCIA TORRES (pri) | |dip. tomas trueba gracian (pan) |
|dip. maki esther ortiz dominguez (pan) | |dip. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ (pan) |
|sen. hector larios cordova (pan) | |sen. GERARDO BUGANZA SALMERÓN (pan) |
|sen. rafael melgoza radillo (prd) | |dip. jorge legorreta ordorica (pvem) |
dip. pedro vazquez gonzalez
(pt)
Relativo a las acciones contra la contaminación electromagnética en México.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
Con Punto de Acuerdo relativo a las acciones contra la contaminación electromagnética en México.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las acciones contra la contaminación electromagnética en México, suscrita por la Senadora Sara Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentada el 09 de agosto de 2006.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
D I C T A M E N
ANTECEDENTES.
En el caso que se dictamina, se consideró procedente reproducir en lo conducente los Antecedentes de la Proposición:
El 3 de julio de ese año, sometimos a la consideración del Senado un Punto de Acuerdo, solicitando a las Secretarías de Salud y del Medio Ambiente una investigación profunda sobre los efectos de dicha contaminación en las poblaciones y las personas, principalmente la que se genera por las Torres de electricidad y transformadores, así como la de las Antenas de telefonía celular.
El proyecto de Acuerdo de referencia, se sustentó en una petición ciudadana realizada en el "Foro hacia una Política Ecológica en Nuevo León", organizado por el ahora Gobernador de esa entidad, en donde se expresó la preocupación por la contaminación electromagnética. A partir de ello, se manifestaron diversas quejas y denuncias en todo el país sobre problemas de salud presuntamente generados por la contaminación electromagnética, donde se demostraban efectos alarmantes de la contaminación electromagnética.
El flujo eléctrico de las Torres provoca radiación electromagnética que al ser absorbida por nuestros organismos, genera la producción excesiva de radicales libres y como consecuencia nos hacen propensos a cualquier tipo de cáncer y a algún tipo de inmunodeficiencia adquirida: en otras palabras una baja continúa de nuestro sistema inmunológico.
El problema es muy serio no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo; por ello, diversas organizaciones internacionales se han manifestado en contra de este tipo de contaminación. De igual forma, instituciones y organismos internacionales han tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, hay un proyecto denominado Campos Electromagnéticos promovido por la Organización Mundial del Salud, en el cual participan diversos países del mundo y mediante el cual se pretenden aunar esfuerzos con el objetivo de lograr un adecuado conocimiento sobre los efectos de la contaminación electromagnética.
En distintas partes del mundo sigue dándose una amplia polémica sobre este tema. En el 2000, a petición del Parlamento Europeo el biólogo Neil Sherry dio a conocer una investigación en donde señaló que estas radiaciones son perjudiciales para el cerebro, corazón, feto, hormonas y células. En 1994 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la lucha contra los efectos nocivos provocados por la radiación no-ionizante, señalando la necesidad de establecer una normativa al respecto. La Comunidad Europea propone una distancia mínima de seguridad para las antenas de telefonía (sin presencia humana) de 58 metros. (En Toronto es de 200 metros, en Namur (Bélgica) de 300 metros y en Australia de 500 metros).
Legislación de Suecia ha reconocido la posibilidad de la leucemia infantil generada por las líneas de alta tensión. En Suiza se han fijado límites más estrictos, afirmando que existe evidencia suficiente para aplicar normatividades más estrictas. En Alemania se recomienda una distancia de seguridad de un metro por cada kilovolt de tensión en la línea.
Debido a la falta de consenso científico internacional, la Organización Mundial de la Salud inició en 1996 un proyecto de investigación sobre el tema. Los resultados todavía no son entregados por requerir un mayor tiempo para los estudios. Ha recomendado que se tomen medidas precautorias, no se instalen antenas de teléfonos móviles a una distancia inferior de 30 metros de los seres humanos, lejos de centros asistenciales, guarderías infantiles y geriátricos, considerando que estas personas, no poseen defensas como el humano adulto y sano.
El caso de la telefonía celular resulta interesante, debido a que a pesar de que las empresas niegan los efectos negativos, han estado patentando inventos con el objetivo de prevenir y frenar los efectos de la contaminación. Entre estas empresas están Nokia, Ericcson y Motorota.
A pesar de toda la discusión internacional que el tema ha generado, queda claro que se deben implementar mecanismos de prevención, independientemente de los próximos resultados de investigaciones internacionales. En México no existen medidas legislativas concretas que indiquen distancias o límites para la instalación de antenas de telefonía, subestaciones de corrientes eléctricas, entre otros. Aunque es imperativo la actualización, existe la negativa por parte del gobierno mexicano a adoptar medidas concretas. En nuestro país la situación es extrema, porque no existe ninguna normatividad concreta al respecto y ni siquiera se han tomado en cuenta la normatividad internacional.
La propuesta sobre la contaminación electromagnética, del 2002, se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, lamentablemente no hubo una respuesta oportuna sobre el tema.
Dos años después y en razón de las constantes peticiones ciudadanas desde distintos puntos de país al Senado de la República, el 14 de agosto de 2004, presentamos nuevamente un Acuerdo en torno a la contaminación electromagnética. En esta oportunidad se explicó que debido a su nivel de energía, las radiaciones electromagnéticas se dividen en ionizantes o no ionizantes. En el primer tipo estaría la radioactividad o los rayos X, que son considerados como peligrosos y su uso promueve medidas de seguridad adecuadas. Las radiaciones no ionizantes son producidas por las llamadas microondas y hasta el momento no requiere de amplias medidas de seguridad en su implementación, ya que se considera que éstas aún cuando sean de alta intensidad no pueden causar ionización en un sistema biológico.
En este contexto se solicitó que el Senado de la República exhortase a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que de conformidad con los estándares internacionales y legales, estableciera los límites a la construcción e instalación de estaciones terrenas de telefonía móvil y estructuras de telecomunicaciones, en zonas de alta densidad poblacional y se tomarán las medidas de prevención y protección necesarias para evitar la exposición a campos electromagnéticos que puedan poner en peligro la salud humana y el medio ambiente, ya que los estudios vigentes aún son indeterminados, a través de una Norma Oficial Mexicana en relación a la emisión y ubicación de señales, producidas por aparatos transmisores de telecomunicaciones. También se pedía que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informara sobre las acciones emprendidas en esta materia, así como la política adoptada por la misma, para afrontar la problemática citada.
El 18 de agosto de ese año, contando con la sensibilidad y voluntad política de los miembros de la Comisión Permanente se aprobó el Acuerdo en los siguientes términos: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal instruya a la dependencia competente remita a esta Soberanía a la brevedad posible la información detallada de los resultados obtenidos de los estudios realizados respecto a la contaminación electromagnética. 17 de agosto de 2004.
Como respuesta al llamado de la Comisión Permanente, con el Oficio SEL/300/2887/04 se envío al Senado de la República, copias de los Estudios realizados (tesis de licenciatura), en el marco de las actividades de la SCT:
En ese oficio, el Director General, Israel Hurtado Acosta señaló que tenían conocimiento que la Secretaría de Trabajo emitió la "NORMA Oficial Mexicana: NOM-013-STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes". (Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha de entrada en vigor: 7 de diciembre de 1993).
Informaba también que la SCT tenía programado iniciar en ese año (2004) la preparación de un anteproyecto de norma oficial mexicana sobre la materia en colaboración con alguno de los centros de investigación nacionales especializados en radiación electromagnética. Enfáticamente señalaba que: "una vez que este anteproyecto esté terminado nos coordinaremos con la Secretaría de Salud para valorar la pertinencia o necesidad de elaborar y aplicar conjuntamente la norma oficial mexicana correspondiente".
Han pasado casi dos años desde que se hizo ese compromiso y todavía no hay una respuesta clara sobre el asunto. Lo importante aquí, es que la preocupación ciudadana ha hecho imperativo que se establezcan mecanismos de prevención. Sobresale, la preocupación de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro, quien de manera novedosa y hasta audaz, convocó el 16 de noviembre del 2004, a las autoridades Federales, Estatales y Municipales, competentes en la instalación de antenas de telefonía celular en la entidad a realizar una mesa de trabajo para analizar la problemática. Los legisladores, recuperaron de ese foro:
• La necesidad urgente de incorporar el principio precautorio en la legislación
• Inspeccionar la infraestructura causante de campos electromagnéticos de alta frecuencia para asegurarnos que no se está afectando al personal que labora o vive cerca;
• Desarrollar normas oficiales mexicanas que regulen las actividades productoras de electromagnetismo de alta frecuencia con el objetivo de proteger al medio ambiente y a la salud de las personas;
• Establecer como límites máximos de exposición 4.6 W/m2 para personal laboral que este tiempo prolongado en zonas con alta radiación y 9.2 W/m2 para aquellos lugares donde exista poca o nula afluencia peatonal de manera eventual;
• Exigir a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro que revise los transformadores de media tensión en zonas urbanas, a fin de que garanticen un mínimo de radiación electromagnética y que además se encuentren a una sana distancia de los hogares habitados;
• Que se trasladen los cables de alta tensión lejos de las zonas habitadas a distancias seguras;
• Que no se permita la construcción en los límites no permisibles;
• Que la distancia entre los hogares y las líneas de alta tensión sea por lo menos entre 50 y 100 metros;
• Promover el traslado de las emisoras de radio y televisión a una distancia mínima del casco urbano que asegure niveles de radiación no perjudiciales para la población;
• Que se exija el estudio de impacto ambiental ante cualquier solicitud de instalaciones generadoras de campos electromagnéticos de alta frecuencia;
• Promover la comercialización de productos eléctricos que sean electro magnéticamente seguros;
• Que se establezcan límites de radiación, estableciendo criterios para su medición a través de la instrumentación de estudios que determinen que es lo mejor para el público en general;
• A la Secretaría de Salud de la federación, la exhortaron para que en el ámbito de su competencia realice estudios sobre los efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en la salud humana y emita opinión oficial para la elaboración de las normas oficiales mexicanas necesarias para garantizar el bienestar de los trabajadores y de la población en general. Que expida los requerimientos técnicos sanitarios para la instalación y uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le exhortaron a que establezca normas oficiales mexicanas relacionadas con el efecto sobre el medio ambiente y la población que tengan las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, cuestión en la que deberá trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Salud.
• A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la exhortaron que al autorizar la instalación y uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes, tome en cuenta el principio precautorio, evitando la proliferación en la instalación de antenas de telefonía celular hasta en tanto no existan los requisitos técnicos sanitarios para su instalación.
• A las Autoridades Estatales, principalmente a la Secretaría de Salud, les exhortaron para que en el ámbito de su competencia realice estudios sobre los efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en la salud humana y emita opinión oficial para la elaboración de las normas oficiales mexicanas necesarias para garantizar el bienestar de los trabajadores y de la población en general. Que expida los requerimientos técnicos sanitarios para la instalación y uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.
• A la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la exhortaron a establecer los lineamientos mínimos relacionados con el efecto sobre el medio ambiente y la población que tengan las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, cuestión en la que deberá trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Salud.
• Exhortaron a las Autoridades Municipales para que en el ámbito de su competencia tomen en cuenta el principio precautorio, al autorizar la instalación y uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Eviten la proliferación en la instalación de antenas de telefonía celular hasta en tanto no existan los requisitos técnicos sanitarios para su instalación. Que no permitan la construcción en los límites no permisibles. Que la distancia entre los hogares y las antenas de telefonía celular sea por lo menos entre 50 y 100 metros; promuevan el traslado de las antenas de telefonía celular a una distancia mínima del casco urbano que asegure niveles de radiación no perjudiciales para la población;
• Que se exija el estudio de impacto ambiental ante cualquier solicitud de instalaciones generadoras de campos electromagnéticos de alta frecuencia.
La decisión del Congreso Local de Querétaro ha tenido dos impactos benéficos: Primero, derivado de la constante preocupación ciudadana, el Congreso de Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí y de Coahuila, se han sumado a los argumentos expuestos por los legisladores queretanos y se han adoptado los mismos criterios de precaución. Segundo, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, se pronunció sobre el tema, aprobando una proposición con Punto de Acuerdo, sobre esa la materia.
En este entorno, el 11 de mayo del 2005, el Senado de la República recibe un oficio del Estado de Tlaxcala, con el que se remite el Acuerdo por el que se Pronuncia a favor del Acuerdo del Congreso de Querétaro, respecto de la Instalación de Antenas de Telefonía celular, a fin de que se reforme la legislación relativa.
El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, LVIII Legislatura, acordó:
PRIMERO. La LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se pronuncia a favor del Acuerdo aprobado por la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro, respecto a la instalación de antenas de telefonía celular, con el fin único de que las autoridades federales, estatales y municipales, establezcan el principio precautorio y reformen, en el ámbito de su competencia, la legislación relativa a la instalación de antenas de telefonía celular, basándose en los estudios indispensables sobre los efectos ocasionados por su instalación en la salud pública y los ecosistemas.
SEGUNDO.- Que la Mesa Directiva de esta LVIII Legislatura, en apoyo al Acuerdo emitido por la LIV Legislatura del Estado de Querétaro, haga llegar el presente Acuerdo al Honorable Congreso de la Unión y a los congresos de los estados, a efecto de que se pronuncien el mismo sentido.
Meses después, el once de octubre del 2005, la Comisión de Comunicaciones y Transportes presentó ante el Pleno del Senado de la República, un Acuerdo que fue aprobado, por el que exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a que establezca límites a la Construcción e Instalación de Estaciones terrenas de Telefonía Móvil y Estructuras de Telecomunicaciones en Zonas de Alta Densidad Poblacional.
La aprobación de este acuerdo, señalaba la petición expresa de la LVIII Legislatura del Estado de Tlaxcala para que se pronunciara respecto a lo dispuesto por el Congreso de Querétaro.
La Comisión fundamentó que cada país, establece sus propias normas nacionales relativas sobre exposición a campos electromagnéticos. Sin embargo, la mayoría de estas normas nacionales se basan en las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP). Esta organización no gubernamental, reconocida formalmente por la Organización Mundial de la Salud, evalúa los resultados de estudios científicos realizados en todo el mundo, basándose en un análisis en profundidad de todas las publicaciones científicas, la ICNIRP elabora unas directrices en las que establece límites de exposición recomendados. Estas directrices se revisan periódicamente y, en caso necesario, se actualizan.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones publicó un artículo sobre los Efectos biológicos y riesgos potenciales en campos electromagnéticos, en el que llevó a cabo un análisis de estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en esta materia, en los cuales se señala que "Concerniente a los campos de radiofrecuencia, el balance de la evidencia a la fecha sugiere que la exposición a campos de radiofrecuencia de bajo nivel, tales como los emitidos por teléfonos móviles y sus estaciones base, no causan efectos adversos a la salud. Algunos científicos han reportado efectos menores provenientes del uso de los teléfonos móviles, incluyendo cambios en la actividad cerebral, tiempo de reacción, y problemas de sueño.
En derecho comparado encontramos recomendaciones de seguridad internacionales sobre exposición del público a la energía en radiofrecuencias producida por las antenas de estaciones base de telefonía móvil. Las normas más ampliamente aceptadas son las desarrolladas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y el Instituto Nacional de Normativa de Estados Unidos (American Nacional Standard Institute) (ANSI/IEE); la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) y el Consejo Nacional de Protección y Medidas Radiológicas de Estados Unidos (Nacional Council on Radiation Protection and Measurements, NCRP).
Una serie de países tienen su propia legislación para la exposición del público a la energía en radiofrecuencias generada por las antenas de estaciones base de telefonía móvil. A pesar de que la mayoría de estas regulaciones siguen las mismas pautas y razonamientos utilizados por ANSI/IEEE e ICNIRP, difieren.
El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que de conformidad con los estándares internacionales y legales, establezca límites a la construcción e instalación de estaciones terrenas de telefonía móvil y estructuras de telecomunicaciones, en zonas de alta densidad poblacional y/o que se tomen las medidas de prevención y protección necesarias para evitar la exposición a campos electromagnéticos que puedan poner en peligro la salud humana y el medio ambiente, ya que los estudios vigentes aún son indeterminados, a través de una Norma Oficial Mexicana en relación a la emisión y ubicación de señales, producidas por aparatos transmisores de telecomunicaciones. Asimismo, se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a esta soberanía sobre las acciones emprendidas en esta materia, así como la política adoptada por la misma, para afrontar la problemática citada.
Lamentablemente, hasta el momento no se ha tenido una respuesta clara de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El 8 de noviembre del 2004, el Congreso Local de San Luis Potosí solicitó a la Secretaría de Salud hacer las campañas publicitarias necesarias para que prevenga a la población de los peligros de contaminación electromagnética que podrían causar las antenas de telefonía celular. "Desde hace varios meses y con el crecimiento de las compañías de telefonía celular, en San Luis Potosí la ciudadanía se ha manifestado en contra de las antenas de estas empresas, debido a los problemas que pueden generar".
El 12 de diciembre de 2005, Congreso del Estado de Baja California Sur, envío un comunicado a la Cámara de Diputados, donde expresa su preocupación por la contaminación electromagnética. El Congreso Local señala que el tema fue conocida por la drástica situación de salud en la que se encuentran doce personas avecinadas en la colonia 3 de mayo de la ciudad de la Paz, supuestamente debido a una antena de telefonía celular que hace aproximadamente cuatro años fue instalada y desde entonces se han empezado a detectar casos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, insomnio, ansiedad y depresión y que debido a esa situación la población vive la zozobra y riesgo en su integridad física, debido a la altura a la que son instaladas dichas torres.
En este sentido destaca los pronunciamientos de otras Legislaturas, como Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí, que han retomado el tema de las antenas de telefonía celular, siendo el Honorable Congreso de Querétaro, quien emitiera un acuerdo solicitando al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados que las autoridades federales, estatales y municipales, establezcan principios precautorios y reformen, en el ámbito de su competencia, la legislación relativa a la instalación de antenas de telefonía celular, basándose en los estudios necesarios sobre los efectos ocasionados por su instalación en la salud pública y los ecosistemas.
A petición de vecinos de su Distrito, se realizó una investigación al respecto y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le informaron que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 constitucional es facultad de los Ayuntamientos legislar sobre la instalación de las antenas de telefonía celular.
Las Comisiones dictaminadoras del Congreso de Baja California Sur solicitaron información a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes sobre la legalidad de la colocación de dichas antenas, a lo que comunicó que de conformidad con el artículo 115 constitucional le correspondía legislar y autorizar el uso del suelo a la Autoridad Municipal y al acudir a la oficina de Asentamientos Humanos se les informó que sólo se habían autorizado cuatro antenas, que dos de ellas en zona urbana y las otras dos en zona rural.
Se verificó personalmente que no era exacta la información de la SCT, sino que en realidad las antenas se encuentran dentro de la zona urbana son 26, sólo en La Paz, sin contar las que se encuentran en proceso de instalación.
A fin de entender la afectación de la energía electromagnética expedida por las antenas de telefonía celular en el ser humano, es necesario dejar claro que la ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA es perniciosa, ya que escapa de los sentidos; no se ve, no se toca, no se siente, solo aparecen sus efectos, por lo que si se desconoce el tema no se asocian los síntomas con la exposición a la mencionada energía. El Congreso de ese Estado, comprobó que este tipo de antenas de telefonía celular emiten una vibración debido a la intensidad y frecuencia de la energía, produciendo cargas eléctricas como átomos cargados o moléculas, membranas celulares y en general el calentamiento en el cuerpo humano, provocando la penetración de la piel igual a un GIGA HERTZ (yigajertz).
El congreso de Baja California Sur, citó el estudio del Departamento de Física de la Universidad de Warwick, Gran Bretaña como resultado de su investigación en aquel país, que al parecer es el estudio más serio que se ha realizado, afirma que los daños a la salud de la radiación electromagnética.
El Congreso llegó a los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur que, previa inspección que realice sobre la situación de construcción de las antenas de telefonía celular existentes en el territorio del Estado, en base a la normatividad existe y las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, proceda en consecuencia a fin de que se extremen precauciones para proteger la salud de los habitantes de la Entidad.
SEGUNDO.- La XI Legislatura solicite al Ejecutivo Federal legisle en materia de instalación de antenas de telefonía celular en base a los parámetros reconocidos mundialmente y tomando en cuenta la información que se ha generado en nuestro Estado al respecto.
TERCERO.- Este H. Congreso exhorta a los Ayuntamientos para que en el ámbito de su respectiva competencia reglamenten lo referente a las autorizaciones y permisos para uso de suelo destinados la instalación de antenas de telefonía celular, con el fin de evitar daños a la salud de los habitantes de su municipio.
CUARTO.- Envíese el presente dictamen al resto de las Legislaturas Locales a efecto de que manifiesten su adhesión al presente acuerdo y lo manifiesten al Ejecutivo Federal.
Recientemente, también atendiendo a la preocupación ciudadana, el 13 de junio del 2006, el Congreso del Estado de Coahuila, trató lo relativo a un Dictamen presentado por la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de esta Legislatura, en el que se exhorta a las Autoridades Municipales del Estado, para que el otorgamiento de permisos de instalación de antenas base de telefonía celular, se haga conforme a las políticas precautorias de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no ionizante, a fin de evitar posibles daños a la salud.
Sin contar con un pronunciamiento claro por parte de las autoridades federales del ramo, cinco legislaturas estatales, han tomado medidas precautorias en materia de contaminación electromagnética, como un mecanismo para subsanar la falta de atención gubernamental. En este caso, puede apreciarse con mucha nitidez, la presión que ha ejercido la ciudadanía para que se tomen las acciones gubernamentales correspondientes. Resulta muy relevante, que desde el ámbito local se diseñen las medidas precautorias, como una forma de contestación ciudadana. Por atención a estas Legislatura, se hace imperante, exhortar a distintas dependencias públicas federales a que atiendan ese asunto.
CONSIDERACIONES.
La Comisión Dictaminadora realizó un análisis cuidadoso de los antecedentes expuestos por la Proponente, entre los que destaca lo siguiente:
• En cuanto al problema que se plantea, se debe reconocer su importancia y gravedad en virtud de que:
- La contaminación medio ambiental se ha convertido en un problema a nivel mundial que pone en peligro la supervivencia no solo de múltiples especies animales, sino también la del propio ser humano; por desgracia a los contaminantes ya conocidos, se ha sumado la contaminación electromagnética, como subproducto del desarrollo tecnológico masivo, basado en la electricidad y las comunicaciones.
- La civilización actual es generadora de una amplia gama de campos electromagnéticos, que van desde los de alta frecuencia como antenas de radio y televisión, radar, microondas, telefonía celular, hasta los de muy baja frecuencia como las líneas de alta tensión, pantallas de ordenadores, redes eléctricas, por citar algunas.
- La mayoría de la población desarrolla sus actividades en ámbitos donde los aparatos eléctricos abundan, permaneciendo la mayor parte del día bajo la influencia de innumerables campos de radiación de este tipo.
- La contaminación electromagnética o electropolución es la contaminación producida por los campos eléctricos y magnéticos, tanto estáticos como variables, de intensidad no ionizante, que para su estudio se dividen en varias bandas, dependiendo de su frecuencia.
- Los estudios de tipo científico que se han realizado para aumentar los conocimientos sobre estos fenómenos, aunque en algunos de ellos se han detectado aumento en el riesgo de algunos padecimientos y enfermedades, es difícil y arriesgado establecer que la electro polución es la causante de ello, por lo que, su conocimiento precisa de expertos en la materia que realicen las evaluaciones e investigaciones necesarias para determinar los efectos y consecuencias de la llamada contaminación electromagnética.
• La Comisión Dictaminadora toma en consideración que el problema relativo, según está planteado en la Proposición que se dictamina, ha sido objeto de análisis y discusión ante el Congreso de la Unión desde el año de 2002. Que el 14 de agosto de 2004 se presentó nuevamente un Acuerdo en torno a la contaminación electromagnética, ante la Comisión Permanente; que dicha Comisión aprobó dicho Acuerdo solicitando al Titular del Ejecutivo Federal que remitiera a esta Soberanía información de los estudios realizados respecto a la contaminación electromagnética, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contestó dicha solicitud señalando que para ese año (2004), tenía programado la preparación de un anteproyecto de norma oficial sobre la materia.
• Además, los congresos de los estados han adoptado decisiones importantes en la materia.
El caso es que, pese al tiempo transcurrido, aún no se tiene una respuesta clara y contundente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el problema planteado; lo anterior justifica y determina la procedencia y urgencia de solicitar nuevamente información detallada y actualizada sobre el proyecto de Norma Oficial Mexicana y sobre las demás medidas que haya implementado o esté implementando la SCT para atender y resolver la problemática en cuestión.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- En el ámbito de colaboración entre los poderes, se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes, informar a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:
A) Los estudios realizados y el avance en la elaboración del proyecto de Norma Oficial Mexicana relativa a la determinación de reglas y límites a la construcción e instalación de estaciones terrenas de telefonía móvil y estructuras de telecomunicaciones en zonas de alta densidad poblacional, así como las medidas de prevención y protección a la exposición de campos electromagnéticos.
B) La forma y condiciones en que se considere el principio precautorio en la elaboración de la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el inciso anterior.
Se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes, hacer llegar la información solicitada a esta Soberanía, dentro de los 15 días naturales
SEGUNDO.- En términos similares a lo establecido en el Punto anterior, se solicita de la Secretaría de Salud que informe sobre los estudios que haya realizado para establecer criterios relativos a los niveles mínimos aceptables a la radiación no ionizante provenientes de las antenas base de telefonía celular y de otro tipo de dispositivos que produzcan radiofrecuencias y cambios electromagnéticos, tomando en cuenta las medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud y las políticas precautorias recomendadas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante.
Se solicita al Secretario de Salud, hacer llegar la información solicitada a esta Soberanía, dentro de los 15 días naturales
TERCERO.- Remítase el presente Dictamen y la Propuesta a que se refiere, a los gobiernos de los Estados y al Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren y adopten las medidas que les correspondan.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de agosto de 2006.
TERCERA COMISIÓN
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA (pri)
PresidentA
| | |DIP. ISIDORO RUIZ ARGAIZ |
|SEN. ROMULO CAMPUZANO GONZALEZ (pAN) | |(pRD) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|DIP. JOSE PORFIRIO alarcon hernandez (pri) | |dip. concepcion olivia castañeda ortiz (pri) |
|SEN. victoria eugenia mendez marquez (pri) | |sen. hector antonio astudillo flores (pri) |
|sen. ANTONIO GARCIA TORRES (pri) | |dip. tomas trueba gracian (pan) |
|dip. maki esther ortiz dominguez (pan) | |dip. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ (pan) |
|sen. hector larios cordova (pan) | |sen. GERARDO BUGANZA SALMERÓN (pan) |
|sen. rafael melgoza radillo (prd) | |dip. jorge legorreta ordorica (pvem) |
dip. pedro vazquez gonzalez
(pt)
Relativo a la reserva de la Biosfera de Cuatro Ciénegas, Coahuila.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
Con Punto de Acuerdo relativo al estado que guarda la reserva de la biosfera de Cuatro Ciénegas Coahuila.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director de la Comisión Nacional del Agua y al Procurador Federal del Medio Ambiente, para que informen sobre el estado que guarda la reserva de la biosfera de Cuatro Ciénegas Coahuila, suscrita por el Diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del CONVERGENCIA, presentada el 09 de agosto de 2006.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
D I C T A M E N
ANTECEDENTES.
El autor de la Proposición con Punto de Acuerdo, solicita la comparecencia del Director General de la Comisión Nacional del Agua, para que informe sobre la amenaza que se cierne sobre la reserva ecológica de la biosfera de Cuatro Ciénegas Coahuila, sustentada en lo siguiente:
• Se menciona que Cuatro Ciénegas ha atraído la atención de los científicos de todo el mundo por ser una región desértica en la que existen numerosos manantiales de aguas termales, a pesar de las condiciones de aguda escasez hídrica y el entorno montañoso y seco que lo circunda.
• Que investigaciones del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han mostrado que en los últimos tres meses se ha perdido el 70 por ciento de la humedad en esta región y que en el sitio denominado “El Churince” ya se extinguió prácticamente un cuerpo de agua que tenía un extensión de dos kilómetros y actualmente no llega a cien metros.
• Se destacan algunos eventos de 4 mil millones de años de historia que dejaron huella en este lugar singular.
• Que las perforaciones profundas de extracción de agua cancelarán las posibilidades de sobrevivencia de 12 mil pobladores actuales y puede borrar vestigios históricos importantes.
CONSIDERACIONES.
La Comisión Dictaminadora considera atendibles la inquietud y solicitud del Proponente y considera oportuno y procedente solicitar la información pertinente al Director de la Comisión Nacional del Agua y al Procurador Federal del Medio Ambiente, para contar con mayor y más actualizada información sobre este tema.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único.- En el ámbito de colaboración entre los poderes, se solicita a los CC. Director de la Comisión Nacional del Agua y al Procurador Federal del Medio Ambiente, informar a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los estudios realizados de la situación y condición de la región de “Cuatro Ciénegas, Valle del Hundido”, del Municipio de Cuatro Ciénegas, Estado de Coahuila; de los fenómenos que estén afectando a esta zona, su evaluación y diagnóstico; de las medidas que se hayan o estén implementando para la preservación de esta zona ecológica, y de la vigilancia y supervisión que se esté realizando al respecto.
Se solicita a los CC. Director de la Comisión Nacional del Agua y al Procurador Federal del Medio Ambiente, hacer llegar la información solicitada a esta Soberanía, dentro de los 15 días naturales.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de agosto de 2006.
TERCERA COMISIÓN
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA (pri)
PresidentA
| | |DIP. ISIDORO RUIZ ARGAIZ |
|SEN. ROMULO CAMPUZANO GONZALEZ (pAN) | |(pRD) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|DIP. JOSE PORFIRIO alarcon hernandez (pri) | |dip. concepcion olivia castañeda ortiz (pri) |
|SEN. victoria eugenia mendez marquez (pri) | |sen. hector antonio astudillo flores (pri) |
|sen. ANTONIO GARCIA TORRES (pri) | |dip. tomas trueba gracian (pan) |
|dip. maki esther ortiz dominguez (pan) | |dip. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ (pan) |
|sen. hector larios cordova (pan) | |sen. GERARDO BUGANZA SALMERÓN (pan) |
|sen. rafael melgoza radillo (prd) | |dip. jorge legorreta ordorica (pvem) |
dip. pedro vazquez gonzalez
(pt)
Relativo al cumplimiento de los preceptos de Seguridad e Higiene en los Ingenios azucareros.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
Con Punto de Acuerdo relativo al cumplimiento de los preceptos de Seguridad e Higiene en torno a los ingenios azucareros.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la Proposición Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, así como al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que presenten un informe detallado sobre el cumplimiento de los preceptos de seguridad e higiene en torno a los ingenios azucareros, suscrita por el Diputado Diego Palmero Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 09 de agosto de 2006.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
D I C T A M E N
ANTECEDENTES.
Invoca el autor de la Proposición que se dictamina, la explosión producida en la Mina Pasta de Conchos del Estado de Coahuila, para referirse a los problemas de seguridad en el trabajo en los ingenios azucareros, en los siguientes términos:
“La Agroindustria Azucarera combina dos tipos de actividad que son la agrícola y la industrial, por tal motivo los accidentes de trabajo ascienden a cantidades importantes.
La ocurrencia de riesgos de trabajo en los Ingenios Azucareros se ha caracterizado por ser significativa para ser incluida dentro de la aplicación de Estrategias, Acciones Preventivas que se incluyen en los "Programas de Salud para los trabajadores" debido a que estas tienen una prevalencia superior a la tasa Nacional y estatal de riesgos ocurridos por cada 100 trabajadores, acentuándose su frecuencia en la temporada de zafra.
Si bien se encuentra en revisión una Modificación a la norma oficial mexicana NOM-020-STPS-2002, sobre Recipientes sujetos a presión y calderas- funcionamiento- Condiciones de seguridad para quedar como NOM-000-STPS/-SCFI-2005, Recipientes sujetos a presión y calderas - Condiciones de seguridad donde el objetivo es elaborar una norma oficial mexicana conjuntamente con la Secretaría de Economía que permita que los procesos productivos y los trabajadores que en ellos se desarrollen, sean protegidos por riesgos inherentes a la operación y funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y de las calderas, ya que se requiere de una norma oficial mexicana que de manera conjunta vigile el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y las calderas, mediante dispositivos que gobiernan y controlan su seguridad, tanto por la Secretaría de Economía como por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mientras esta no entre en vigor los trabajadores continuaran arriesgando su seguridad.
Adicionalmente México ha suscrito el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por nuestro país, número 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo de 1981. Ratificado el 1-II-1984, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6-III-1984 y su fe de erratas el 5-IV-1984.”
CONSIDERACIONES.
La Comisión Dictaminadora comparte la preocupación del Proponente y valora la importancia que tienen las medidas de seguridad para prevenir y evitar los accidentes de trabajo en general y en los ingenios azucareros en particular.
Se considera procedente y oportuno solicitar información al Secretario del Trabajo y Previsión Social, sobre las medidas y procedimientos que se estén implementando en materia de seguridad contra riesgos y accidentes de trabajo en los ingenios azucareros, en los términos solicitados por el autor de la proposición que se dictamina.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único.- En el ámbito de colaboración entre los poderes, se solicita del Secretario del Trabajo y Previsión Social se sirva informar a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un plazo de 15 días naturales, de las acciones y medidas adoptadas para prevenir y evitar accidentes y riesgos de trabajo, en cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de Seguridad e Higiene, en los ingenios azucareros del país, incluyendo el Programa de Inspección y Supervisión de los Ingenios Azucareros en materia de Seguridad en el Trabajo.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de agosto de 2006.
TERCERA COMISIÓN
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA (pri)
PresidentA
| | |DIP. ISIDORO RUIZ ARGAIZ |
|SEN. ROMULO CAMPUZANO GONZALEZ (pAN) | |(pRD) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|DIP. JOSE PORFIRIO alarcon hernandez (pri) | |dip. concepcion olivia castañeda ortiz (pri) |
|SEN. victoria eugenia mendez marquez (pri) | |sen. hector antonio astudillo flores (pri) |
|sen. ANTONIO GARCIA TORRES (pri) | |dip. tomas trueba gracian (pan) |
|dip. maki esther ortiz dominguez (pan) | |dip. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ (pan) |
|sen. hector larios cordova (pan) | |sen. GERARDO BUGANZA SALMERÓN (pan) |
|sen. rafael melgoza radillo (prd) | |dip. jorge legorreta ordorica (pvem) |
dip. pedro vazquez gonzalez
(pt)
Por el que se solicita información sobre el Acuerdo Nacional para el Campo.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
Con Punto de Acuerdo relativo a la información veraz y completa sobre el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC).
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y a PROCAMPO, organismos dependientes del Ejecutivo Federal, a proporcionar al Congreso de la Unión información veraz y completa sobre el ANC, así como a reforzar las acciones necesarias destinadas a su total observancia y cumplimiento, suscrita por los CC. Diputados Federales Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 09 de agosto de 2006.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
D I C T A M E N
ANTECEDENTES.
En el caso que se dictamina, se consideró procedente reproducir textualmente los Antecedentes de la Proposición:
“El Acuerdo Nacional para el Campo se firmó el 28 de abril de 2003. Ese día, el Presidente de la República se comprometió a canalizar recursos extraordinarios (aparte del presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados) por un monto de 2,800 millones de pesos, de los cuales 2,500 millones se destinarían a los siguientes programas específicos: 400 millones a ampliar la oferta de servicios de salud; 260 millones a vivienda rural; 650 millones a incorporar nuevas hectáreas al padrón de PROCAMPO; 150 millones a Empleo Temporal para generar 2.9 millones de jornales; 500 millones más al apoyo de adultos mayores en el campo; 100 miloones a proyectos productivos de mujeres; 140 millones a proyectos de abasto, agregación comercial y valor y 300 millones a conciliación en materia agraria. Además, se propusieron mecanismos para que el ANC fuera evaluado por todas las partes firmantes.
Sin embargo, en un numero importante de organizaciones campesinas prevalece la idea de que el ANC no se ha cumplido ni observado en su totalidad. Como ejemplo, podemos citar uno de numerosos casos que han dado pie a dicha sensación: En el año 2005, se estableción una Comisión para la Evaluación y Cumplimiento del ANC en el Estado de México. De 282 numerales que comprende el ANC (38 de políticas y enunciados y 244 de acciones) la delegación estatal de Sagarpa solo ofreció información de 88, lo cual es un panorama notoriamente incompleto. De éstos, los numerales cuantificables apenas rebasan los 8 millones de pesos como avance de dos años (03-04); sin embargo, esta cifra corresponde a recursos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 y 2004, de lo que se deduce que no se han ejercido recursos extraordinarios para el ANC. A ello se agrega que la Sagarpa, como cabeza de sector, no ofreció información de programas que operan otras dependencias. Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión antes citada, que en su mayoría son organizaciones campesinas, mantienen la idea de que el ANC, que se pensó como una acción urgente de apoyo firme y decidido al campo mexicano, no se ha cumplido a cabalidad.”
CONSIDERACIONES.
En el Acuerdo Nacional para el Campo se reconoció que al Estado Mexicano corresponde la función de promover, concertar e instrumentar una Política de Fomento Productivo y Desarrollo Económico y una Política Social para el Desarrollo Rural Sustentable, las cuales serían operadas institucionalmente de manera concurrente entre los diversos órdenes de gobierno y diseñadas tomando en cuenta instrumentos puntuales de política pública que privilegie el respeto a las personas y la actitud de la tierra; el fomento productivo a lo largo de las cadenas agroalimentarias; el desarrollo rural, y el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, todo ello dentro de un contexto global, un sentido nacionalista y un enfoque regional.
La Comisión Dictaminadora percibe que entre las diversas organizaciones y agrupamientos de los sectores productivos del campo mexicano, prevalece la idea de que el Acuerdo Nacional para el Campo no se ha cumplido oportunamente y a cabalidad, como lo señalan los autores de la Proposición que se dictamina.
Por la importancia y trascendencia que dicho Acuerdo tiene para el desarrollo de la productividad y del bienestar en el campo mexicano y por su impacto para la economía y desarrollo integral nacional, la Comisión Dictaminadora coincide con los proponentes en la procedencia y oportunidad de solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable que proporcionen mayor información sobre los programas, acciones y avances del Acuerdo Nacional para el Campo desde el 28 de abril de 2003 a la fecha.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único.- En el ámbito de colaboración entre los poderes, se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable informar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los programas, acciones y avances realizados en la ejecución y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, por el periodo comprendido del 28 de abril de 2003 a la fecha.
Se solicita atentamente a los titulares de las dependencias antes citadas, hacer llegar la información a esta Soberanía, dentro de los 15 días naturales.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de agosto de 2006.
TERCERA COMISIÓN
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA (pri)
PresidentA
| | |DIP. ISIDORO RUIZ ARGAIZ |
|SEN. ROMULO CAMPUZANO GONZALEZ (pAN) | |(pRD) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|DIP. JOSE PORFIRIO alarcon hernandez (pri) | |dip. concepcion olivia castañeda ortiz (pri) |
|SEN. victoria eugenia mendez marquez (pri) | |sen. hector antonio astudillo flores (pri) |
|sen. ANTONIO GARCIA TORRES (pri) | |dip. tomas trueba gracian (pan) |
|dip. maki esther ortiz dominguez (pan) | |dip. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ (pan) |
|sen. hector larios cordova (pan) | |sen. GERARDO BUGANZA SALMERÓN (pan) |
|sen. rafael melgoza radillo (prd) | |dip. jorge legorreta ordorica (pvem) |
dip. pedro vazquez gonzalez
(pt)
Relativo a la creación de un Fondo Nacional de Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por los CC. Diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a crear un Fondo Nacional de Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 9 agosto de 2006, los Diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Porfirio Alarcón Hernández presentaron un punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a crear un Fondo Nacional de Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano.
2.- Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 15 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
“Único.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a considerar la creación del Fondo Nacional de Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano, destinándosele los recursos necesarios para su operación y funcionamiento.”
2.- La propuesta que se analiza establece que todas las zonas metropolitanas de nuestro país, en los últimos 50 años, han crecido de manera desmesurada. No hay ciudad que no haya experimentado un crecimiento de mediano a intenso, y, por desgracia, en casi la totalidad de los casos ese crecimiento ha sido anárquico.
Que los fines principales de la demanda territorial han sido en su mayoría para fines de vivienda, lo cual ha implicado que las necesidades de equipamiento, servicios e infraestructura vayan también incrementándose, lo cual ha obligado a gobiernos estatales y locales a generar la creación de reservas territoriales para diferentes usos y destinos.
Que actualmente existe el Programa de Adquisición de Suelo para el Desarrollo Urbano, promovido por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Sin embargo, los recursos de ese programa se han revelado insuficientes, sobre todo en lo relativo a las reservas territoriales para el desarrollo urbano, en los que la Federación participa con un 30% y las entidades con un 70%.
Que por ello que existe la urgente necesidad de conformar un Fondo Nacional que permita a las entidades federativas la adquisición estratégica de reserva territorial apta para el desarrollo urbano, que esté dirigido prioritariamente a aquellas ciudades y/o municipios que presenten incrementos constantes, pero que ese fondo permita adquirir no solamente suelo para vivienda, sino también para servicios, equipamiento e infraestructura de carácter público.
3.- La Comisión dictaminadora coincide con las consideraciones de la Proposición que se analiza y estima procedente y oportuno solicitar de la Secretaria de Desarrollo Social, que se sirva informar a esta Soberanía sobre los estudios y programas que haya realizado o esté implementando para la adquisición de suelo para el desarrollo urbano, para la creación de un Fondo Nacional de Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano y, en su caso, el avance en la aplicación y desarrollo de dichos programas hasta el presente, así como sus proyecciones para el año 2007. Dicho informe deberá incluir los recursos aplicados y sus proyecciones presupuestales para el siguiente ejercicio.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- En el ámbito de colaboración entre los Poderes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los estudios y programas que haya realizado o esté implementando para la adquisición de suelo para el desarrollo urbano, para la creación de un Fondo Nacional de Reserva Territorial para el Desarrollo Urbano y, en su caso, el avance en la aplicación y desarrollo de dichos programas hasta el presente, así como sus proyecciones para el año 2007. Dicho informe deberá incluir los recursos aplicados y sus proyecciones presupuestales para el siguiente ejercicio.
Se solicita atentamente a la Secretaría de Desarrollo Social, hacer llegar la información a esta Soberanía, dentro de los 15 días naturales.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de agosto de 2006.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA (pri)
PresidentA
| | | |
| | | |
|SEN. ROMULO CAMPUZANO GONZALEZ (pAN) | |DIP. ISIDORO RUIZ ARGAIZ |
|secretario | |(pRD) |
| | |secretario |
| | | |
|DIP. JOSE PORFIRIO alarcon hernandez (pri) | |dip. concepcion olivia castañeda ortiz (pri) |
|SEN. victoria eugenia mendez marquez (pri) | |sen. hector antonio astudillo flores (pri) |
|sen. antonio garcía torres (pri) | |dip. tomas trueba gracian (pan) |
|dip. maki esther ortiz dominguez (pan) | |dip. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ (pan) |
|sen. hector larios cordova (pan) | |sen. GERARDO BUGANZA SALMERÓN (pan) |
|sen. rafael melgoza radillo (prd) | |dip. jorge legorreta ordorica (pvem) |
dip. pedro vazquez gonzalez
(pt)
Referente a las tasas de interés en torno al uso de las tarjetas de crédito.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
Con Punto de Acuerdo relativo a las tasas de interés en el uso de las tarjetas de crédito.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la Proposición Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Competencia Económica realice un estudio referente a las tasas de interés aplicadas por el sistema financiero nacional, suscrita por la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 9 de agosto de 2006.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
D I C T A M E N
ANTECEDENTES.
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 9 de agosto de 2006, la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Competencia Económica, realice un estudio referente a las tasas de interés aplicadas por el Sistema Financiero Nacional al uso de tarjetas de crédito.
Dicho Punto de Acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La autora de la Proposición hace referencia a la Reunión de Trabajo llevada a cabo el día 1° de agosto del año en curso en la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con la finalidad de que explicaran la medidas que esas instituciones, en el ámbito de su competencia, han instrumentado para moderar y, en su caso, actuar en contra de las instituciones financieras que sin considerar la capacidad de solvencia, han otorgado créditos indiscriminadamente.
Asimismo, señala la proponente que en dicha reunión se trató el tema del aumento de la cartera vencida, como uno de los efectos del otorgamiento indiscriminado de créditos y de los altos intereses establecidos por las instituciones financieras; por lo que en este sentido, afirma que “las tasas de interés fijadas por las Instituciones Financieras, tal parece que son establecidas de forma ajena a las leyes de oferta y demanda, es decir sustentadas en prácticas oligopólicas”, y solicita se investigue el posible ejercicio de prácticas monopólicas en la determinación de las tasas de interés a la que están sujetos los usuarios de tarjetas de crédito.
En reunión de trabajo de fecha 15 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, procedimos a la discusión y aprobación del presente dictamen con base en las siguientes
CONSIDERACIONES.
Efectivamente la Comisión Permanente en su sesión del día 13 de junio de 2006 acordó citar a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a efecto de:
• Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores explique las medidas que ha instrumentado para moderar y, en su caso, actuar en contra de las instituciones financieras que sin considerar la capacidad de solvencia, han otorgado créditos indiscriminadamente, en sus diversas modalidades.
• Que el titular de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros explique los programas que puedan instrumentarse enfocados a la orientación de los deudores de crédito que ya tengan pagos vencidos, para informarles oportunamente, con el fin de evitar abusos y amenazas por parte de las instituciones bancarias: a) Los derechos que les corresponden en caso de caer en situación de insolvencia; b) Si su crédito o créditos se cataloguen como irrecuperables; y c) Las consecuencias que ello conlleva.
Al respecto, durante la Reunión de Trabajo celebrada con motivo de las comparecencias referidas, el Titular de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros explicó detalladamente las actividades de la Comisión, así como las medidas de carácter informativo que ha llevado a cabo el organismo, precisando las acciones emprendidas por la CONDUSEF en materia de prevención y fortalecimiento de la cultura financiera de la banca, así como los programas sobre derechos de los usuarios puestos en práctica por dicha institución.
Por su parte, el Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores explicó que el otorgamiento del crédito bancario, en sus diversas modalidades, está sujeto a una serie de reglas prudenciales emitidas por la Comisión, las cuales coadyuvan a que el crédito no se otorgue de manera indiscriminada y que al procesar las solicitudes, siempre se tome en cuenta la solvencia del acreditado. Además, comentó que dicha Comisión realiza periódicamente visitas de inspección a las instituciones financieras a efecto de supervisar y verificar el cumplimiento de la norma y de dichas visitas no se observó que la Banca haya otorgado créditos indiscriminadamente o que no se haya considerado la capacidad de pago de los acreditados, ya que de haber sido así, se hubiera reflejado en un mayor índice de morosidad.
En la Reunión de Trabajo se habló además de las prácticas abusivas que van en detrimento del consumidor o usuario de tarjetas de crédito, tales como los altos intereses que cobran las instituciones de crédito a los usuarios, al respecto el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores afirmó no poder precisar si las tasas de interés y las comisiones que cobran las instituciones de crédito en productos como la tarjeta de crédito deban de considerarse demasiado elevadas, debido a la ausencia de un estudio serio hecho por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la materia. Asimismo, propuso la realización de un estudio formal realizado por la Comisión Federal de Competencia Económica en materia de competencia entre los distintos emisores de tarjeta de crédito, toda vez que el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores considera que entre más oferta de instituciones de crédito exista, se podrán abatir los altos costos que se cobran por el uso de tarjetas de crédito.
En resumen, en la Reunión de Trabajo se habló de malas prácticas crediticias que afectan a los consumidores, no se habló de prácticas monopólicas que afecten a las instituciones financieras que ofrecen tarjetas de crédito, por lo que esta Comisión considera necesario solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informe con fundamento en el artículo 4, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los avances obtenidos en la supervisión que hacen a las instituciones financieras que otorgan crédito a través de tarjetas. Asimismo, se considera necesario con fundamento en el artículo 4, fracción II de la referida Ley, informe sobre los avances en la regulación prudencial que ha emitido en materia de instituciones que ofrecen tarjetas de crédito.
En virtud de que el Director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sugirió en la Reunión de Trabajo citada, la conveniencia de que la Comisión Federal de Competencia Económica realizara un estudio sobre las tasas de interés que se aplican a los créditos correspondientes a las tarjetas de crédito, esta Comisión considera procedente solicitar información sobre el particular.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que informe en un plazo de quince días naturales, a esta Soberanía, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los avances de la supervisión que ha realizado a las entidades financieras en materia de otorgamiento de crédito así como los avances en la regulación prudencial que ha emitido en materia de crédito que ofrecen las tarjetas de crédito, en el mercado mexicano.
SEGUNDO.- En términos similares, se solicita de la Comisión Federal de Competencia Económica informe en un plazo de quince días naturales, si tiene realizados o está realizando estudios de análisis, evaluación y proyección de las tasas de interés que se aplican a los créditos correspondientes a las tarjetas de crédito en el mercado mexicano.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de agosto de 2006.
TERCERA COMISIÓN
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA (pri)
PresidentA
| | |DIP. ISIDORO RUIZ ARGAIZ |
|SEN. ROMULO CAMPUZANO GONZALEZ (pAN) | |(pRD) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|DIP. JOSE PORFIRIO alarcon hernandez (pri) | |dip. concepcion olivia castañeda ortiz (pri) |
|SEN. victoria eugenia mendez marquez (pri) | |sen. hector antonio astudillo flores (pri) |
|sen. ANTONIO GARCIA TORRES (pri) | |dip. tomas trueba gracian (pan) |
|dip. maki esther ortiz dominguez (pan) | |dip. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ (pan) |
|sen. hector larios cordova (pan) | |sen. GERARDO BUGANZA SALMERÓN (pan) |
|sen. rafael melgoza radillo (prd) | |dip. jorge legorreta ordorica (pvem) |
dip. pedro vazquez gonzalez
(pt)
Relativo al Programa Oportunidades.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
Con Punto de Acuerdo relativo al Programa Oportunidades.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a explicar la discrepancia en el Programa Oportunidades, suscrita por el Diputado Julio Boltvinik Kalinka, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 09 de agosto de 2006.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
D I C T A M E N
ANTECEDENTES.
En el caso que se dictamina, se consideró procedente reproducir textualmente los Antecedentes de la Proposición:
Que el Gobierno Federal ha definido el programa Oportunidades como: "un programa federal para el desarrollo humano de la población en pobreza extrema". Para lograrlo, brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso.Es un programa interinstitucional en el que participan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales y municipales.
I. Que, de acuerdo con datos oficiales, desde finales del 2004 el programa alcanzó la meta establecida en cinco millones de hogares atendidos y, por tanto, incorporados en su padrón de beneficiarios. Para el ejercicio fiscal 2006 dicho padrón sigue siendo de 5 millones de familias, según lo reporta el propio programa.
II. Que al procesar las bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2002, 2004 y 2005, levantadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, se obtiene extraños resultados: a) la cobertura del programa Oportunidades, expresada en número de hogares, identificada por estas encuestas ha sido en las tres encuestas inferior al dato oficial del cierre del año anterior; b) además, el faltante ha venido aumentando dramáticamente como se muestra en el cuadro incluido abajo: mientras en el 2002 fue de sólo 152 mil hogares, para 2004 se alcanza la cifra de 765 mil y en el 2005 llega a la increíble diferencia de 1 millón 471 mil hogares.
III. Las ENIGH son encuestas con una larga tradición en México, la primera se hizo en 1963. La de 2005 es la decimotercera que se levanta. Se trata de encuestas muy detalladas y con muestras grandes y crecientes. Mientras la de 2002 se levantó en 17,000 hogares, la de 2004 se levantó en 22 mil 600 y la del 2005 en 23 mil 200 hogares. Como lo comprueba la cercanía entre el dato oficial y el de la encuesta en el 2002, las ENIGH pueden estimar con razonable precisión la cobertura del programa Oportunidades (95% en dicho caso). Sin embargo, el faltante del 2005 es del 29.4% si se compara con la cobertura oficial y del 41.7% cuando se compara con la cobertura captada por la ENIGH. Parece casi imposible que encuestas de este tamaño y profesionalismo cometan errores de esta magnitud, por lo que debe desecharse la hipótesis que los faltantes del 2004 y del 2005 se expliquen por errores de muestreo.
IV. Por todo lo anterior, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social está obligada a dar una explicación. La secretaría a su cargo ha venido ejerciendo un presupuesto calculado para atender a 5 millones de hogares, y según esta estimación altamente confiable, está atendiendo sólo a 3.5 millones, por lo cual tendría que explicar qué uso se le está dando al presupuesto restante.
Legisladores y legisladoras: el programa Oportunidades ha sido el programa estrella de la actual administración. Durante todo el sexenio, el Presidente de la República ha promocionado los logros de este programa como logros de su administración. Cabe recordar que hace unos meses, la Cámara de Diputados interpuso una Controversia Constitucional por el uso electoral, por parte del Ejecutivo Federal, de éste y de otros programas sociales a través de spots de radio y televisión, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó la razón al Legislativo y ordenó al Ejecutivo que interrumpiera dichos spots. Ahora, los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005 ponen seriamente en duda la veracidad de los datos de cobertura del programa y el destino de los recursos asignados a tal fin.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social tiene la obligación política, moral y legal, de contestar a satisfacción, las siguientes preguntas: ¿Cuál es la situación de las 1.5 millones de hogares excluidos del Oportunidades según la ENIGH? ¿Dónde están los recursos excedentes del programa al dejar de atender 1.5 millones de hogares? Si no responde pronto y cabalmente las suspicacias crecerán.”
CONSIDERACIONES
Para la elaboración del presente dictamen, se ponderó que Oportunidades es un programa de desarrollo humano del Poder Ejecutivo Federal que promueve, en el marco de una política social integral, acciones intersectoriales específicas en los ámbitos de Educación, Salud y Alimentación.
Oportunidades es el programa social más importante de la Administración actual, en cobertura y en presupuesto; está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y tiene como objetivo fundamental apoyar a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema. Su fin es potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación.
La Comisión Dictaminadora considera atendible la inquietud del autor de la Proposición que se dictamina y reconoce la necesidad de contar con mayor información, actualizada y veraz, sobre la cobertura del Programa y el destino de los recursos que le fueron asignados.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- En el ámbito de colaboración entre los poderes, se solicita de la Secretaria de Desarrollo Social, enviar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un plazo de 15 días naturales, la información relativa al funcionamiento y resultados del programa Oportunidades, detallando la cobertura del Programa y el destino de los recursos asignados al mismo. El informe deberá incluir los criterios y sistemas de verificación para determinar la cobertura del Programa y su comparación y validación frente a los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares “ENIGH”, del año 2005, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de agosto de 2006.
TERCERA COMISIÓN
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA (pri)
PresidentA
| | |DIP. ISIDORO RUIZ ARGAIZ |
|SEN. ROMULO CAMPUZANO GONZALEZ (pAN) | |(pRD) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|DIP. JOSE PORFIRIO alarcon hernandez (pri) | |dip. concepcion olivia castañeda ortiz (pri) |
|SEN. victoria eugenia mendez marquez (pri) | |sen. hector antonio astudillo flores (pri) |
|sen. ANTONIO GARCIA TORRES (pri) | |dip. tomas trueba gracian (pan) |
|dip. maki esther ortiz dominguez (pan) | |dip. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ (pan) |
|sen. hector larios cordova (pan) | |sen. GERARDO BUGANZA SALMERÓN (pan) |
|sen. rafael melgoza radillo (prd) | |dip. jorge legorreta ordorica (pvem) |
dip. pedro vazquez gonzalez
(pt)
En relación a la reasignación de los recursos liberados para la construcción de las unidades médicas de segundo nivel en el Estado de Jalisco.
DICTAMEN del punto de acuerdo RELATIVO A LA
REASIGNACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MEDICAS EN JALISCO
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Dip. José Adolfo Murat Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se cita a comparecer al Director General del ISSSTE, a fin de que explique el motivo por el que se reasignaron los recursos liberados para la construcción de las unidades médicas de segundo nivel en el Estado de Jalisco.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 2 agosto de 2006, el Dip. José Adolfo Murat Macías presentó un punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General del ISSSTE, a fin de que explique el motivo por el que se reasignaron los recursos liberados para la construcción de las unidades médicas de segundo nivel en el Estado de Jalisco.
2.- Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 15 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señalan:
Primero.- Se cite a comparecer ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Lic. Enrique Moreno Cueto, a fin de que explique el motivo por el cual se reasignaron los recursos liberados para la construcción de las unidades medicas de segundo nivel en el Estado de Jalisco específicamente en la ciudad de Guadalajara inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con clave de cartera 0451GYN0118 a otros proyectos de inversión.
Segundo.- Rinda un informe detallado de los proyectos de inversión a los cuales se canalizaron los 24,932,010.00 pesos que fueron recortados del proyecto para la construcción de la unida medica de segundo nivel en Guadalajara, Jalisco, la justificación por la cual se tomó esta decisión en perjuicio de la población o si se utilizaron para gasto corriente de la Institución.
2.- La propuesta que se analiza establece que las unidades médicas de segundo nivel de atención comprenden a los hospitales generales de subzona (HGS), zona (HGZ) o región (HGR), con y sin medicina familiar, que atienden a derechohabientes remitidos por los servicios de medicina familiar de acuerdo con la regionalización de los mismos, para recibir atención diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación con recursos hospitalarios, de conformidad con la complejidad de su padecimiento. Aproximadamente el 12% de la demanda de atención corresponde a este nivel.
Que el proyecto para la construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel para el Estado de Jalisco fue concebido para poder atender esta necesidad apremiante en materia de salud pública, el cual fue planteado originalmente en el año 2005 obteniendo el mismo año su registro en la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y continuar sus trabajos en el año 2006.
Que de conformidad con las modificaciones del Programa Institucional de Obras Públicas 2005, aprobadas en la Junta de Gobierno, a este proyecto no se le asignaron recursos por lo que se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recalendarizara la inversión de 2005 para el año 2006, lo cual fue aceptado.
Que con la finalidad de contar con una red aun más amplia y de calidad de este tipo de unidades de atención médica, el Congreso de la Unión atendiendo esta apremiante necesidad de la población aprobó recursos para la construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel en Guadalajara (C.E.y C.E.CI.S Guadalajara), con clave de registro en cartera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 0451GYN0118 y oficio de liberación de recursos SGF/110/2006 con fecha 16 de enero de 2006 con un monto de 36,921,857.23 pesos.
Que contrariando el mandato emitido por el H. Congreso de la Unión, por el cual se asignaron recursos mediante el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados por esta Soberanía para la construcción de dicha unidad, el director general del ISSSTE el Lic. Enrique Moreno Cueto reasignó en una primera etapa 7,927,010.00 pesos por medio del oficio de reducción SGF/851/2006 del 6 de Julio del 2006 y en una segunda etapa 17,005,000.00 pesos mediante la reducción con número de oficio SGF /859/2006 del día 8 de julio del 2006. Resultando una reducción acumulada de 24,932,010.00 de pesos al proyecto original, quedando solo 11,989,847.23 pesos para la construcción de esta unidad de atención medica, como a continuación se especifica:
Proceso de liberación y recortes al Presupuesto para la construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel en Guadalajara.
|Monto liberado oficioSGF/110/2006 con |Monto de recorte oficioSGF/851/2006 |Monto de recorte oficioSGF/859/2006 |Monto Restante para la |Total Recorte |
|fecha 16 /01/2006 |con fecha 06/06/2006 |con fecha 08/06/2006 |ejecución del proyecto | |
|$36,921,857.23 |$7,927,010.00 |$17,005,000.00 |$11,989,847.23 |$24,932,010.00 |
Que lo relevante en este asunto es saber los motivos que originaron estos recortes por parte del Director General del ISSTE, Lic. Enrique Moreno Cueto; es prioritario que explique ante esta Soberanía, qué proyectos son más importantes que la atención de la población, por qué o fundando en qué se tomó esta decisión lacerando a la sociedad de esta manera con este recorte. Ya que como es notorio es un proyecto de gran impacto social y necesario para el estado de Jalisco. Adicional a lo anterior cuenta con el respaldo y aval del Gobernador Constitucional del Estado quien ha manifestado en diversas ocasiones la intención de donar un terreno para la construcción de dicha Unidad Medica.
3.- La Comisión dictaminadora reconoce la importancia que representa para la salud de los mexicanos contar con unidades médicas especializadas, que tengan la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación, por lo que ante la eventualidad de que las autoridades competentes hayan efectuado recortes presupuestales a los recursos aprobados para la construcción de unidades médicas de segundo nivel en el estado de Jalisco, resulta conveniente conocer los motivos que sirvieron de justificación para efectuar dichos recortes.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) remita a esta Soberanía en un plazo de 15 días naturales:
a) Un informe en el que explique si se han reasignado los recursos liberados para la construcción de las unidades medicas de segundo nivel en el Estado de Jalisco específicamente en la ciudad de Guadalajara inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con clave de cartera 0451GYN0118 a otros proyectos de inversión.
b) Un informe detallado de los proyectos de inversión a los cuales se canalizaron los 24,932,010.00 pesos que fueron recortados del proyecto para la construcción de la unida medica de segundo nivel en Guadalajara, Jalisco, la justificación por la cual se tomó esta decisión o si se utilizaron para gasto corriente de la Institución.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de agosto de 2006.
TERCERA COMISIÓN
DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA (pri)
PresidentA
| | |DIP. ISIDORO RUIZ ARGAIZ |
|SEN. ROMULO CAMPUZANO GONZALEZ (pAN) | |(pRD) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|DIP. JOSE PORFIRIO alarcon hernandez (pri) | |dip. concepcion olivia castañeda ortiz (pri) |
|SEN. victoria eugenia mendez marquez (pri) | |sen. hector antonio astudillo flores (pri) |
|sen. ANTONIO GARCIA TORRES (pri) | |dip. tomas trueba gracian (pan) |
|dip. maki esther ortiz dominguez (pan) | |dip. PABLO ALEJO LÓPEZ NUÑEZ (pan) |
|sen. hector larios cordova (pan) | |sen. GERARDO BUGANZA SALMERÓN (pan) |
|sen. rafael melgoza radillo (prd) | |dip. jorge legorreta ordorica (pvem) |
dip. pedro vazquez gonzalez
(pt)
Proposiciones de Ciudadanos Legisladores
De la Sen. Laura Alicia Garza Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre información a los usuarios de tarjeta de crédito.
PUNTO DE ACUERDO SOBRE INFORMACION A USUARIOS DE TARJETAS DE CREDITO
La que suscribe, Senadora de la República de la Quincuagésima Novena Legislatura, en nombre del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo bajo las siguientes
CONSIDERACIONES:
1.- A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, concurrieron el pasado 1º. de agosto los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, para desahogar el contenido del Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en su sesión del pasado 14 de junio, mismo que fue promovido por la Senadora Laura Alicia Garza Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el comportamiento que ha venido mostrando el crédito bancario y su cartera vencida, principalmente en su modalidad de crédito al consumo.
2.- En sesión de la Tercera Comisión del Congreso de la Unión de fecha 1 de Agosto de 2006, comenté sobre la necesidad de presentar un punto de acuerdo en relación a los altos costos que representa para las personas el uso de las tarjetas de crédito bancarias y del imperativo de que los tarjeta habientes conozcan los costos económicos que para ellos implica exceder su capacidad de endeudamiento real, ante la proliferación de la oferta y el otorgamiento indiscriminado de tarjetas de crédito.
3.- Que es preciso que todas las partes involucradas en el tema de las tarjetas de crédito, hagan su mejor esfuerzo para lograr que este producto tan usado por la población, se maneje con responsabilidad.
En este contexto por un lado, es necesario concientizar a la población de que al día de hoy, las tarjetas de crédito en México son un producto muy caro, que no son una extensión de su sueldo y que las tasas de interés en promedio son sumamente elevadas. Por otro lado, es necesario establecer un plazo perentorio para impulsar la cultura financiera y de esa forma, provocar que la sana competencia logre abatir las tasas de interés.
4.- Por lo anterior, estimo procedente solicitar a los titulares del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, de conformidad con sus atribuciones, a través de una Circular instruyan a las instituciones de banca múltiple que dentro de los Estados de Cuenta que utilizan para informar a las personas de sus movimientos con la tarjeta de crédito, se incluya un tríptico o folleto explicativo validado previamente por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros respecto de los costos que representa el uso del dinero plástico.
Este tríptico o folleto explicativo deberá contener los costos reales que cobra la institución respecto de su tarjeta de crédito, incluyendo tasas de intereses, principales comisiones y Costo Anual Total (CAT), así como un cuadro comparativo de los costos de al menos una tarjeta de crédito de cada banco de las que se encuentran en el mercado, con objeto de comparar un producto frente a otro.
Esta propuesta se hace en relación al desplegado que en el curso del mes de julio realizó la CONDUSEF y el cual muestra, en términos generales, lo antes señalado.
Cabe señalar que el Banco de México, de conformidad con sus atribuciones contenidas en los artículos 48 de la Ley de instituciones de Crédito, 3º, Fracción I, 24 y 26 de su Ley Orgánica, es la autoridad encargada de regular en materia de comisiones y tasas de interés, razón por la cual se le está solicitando a esta Institución Central que emita la disposición secundaria que se requiera, para que los bancos incluyan el tríptico o folleto explicativo de los costos y comparativo de la tarjeta de crédito, en el caso que éstas mismas instituciones se muestren reacios a apoyar esta gestión.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de conformidad con sus atribuciones establecidas en el artículo 11 fracciones XV y XVIII deberá elaborar o, en su caso, validar el formato de tríptico que las instituciones deberán enviar a cada cliente dentro del estado de cuenta, lo que considere más adecuado.
Adicionalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con sus atribuciones de inspección y vigilancia, llegado el caso, deberá supervisar que cada banco haya cumplido la obligación de enviar el tríptico correspondiente en cada estado de cuenta.
5.-La propuesta que se analiza plantea que la banca comercial apoye en la difusión cultural con objeto de que las personas que utilizan una tarjeta de crédito conozcan claramente las características del producto financiero que está utilizando, sus ventajas y desventajas y sobre todo, los costos que les puede representar el uso indiscriminado de la tarjeta de crédito.
Estamos conscientes de que lo anterior, provocará una sana competencia entre los bancos una vez que los tarjeta-habientes conozcan realmente cuanto les cuesta utilizar su tarjeta de crédito y puedan ser ellos mismos los que discriminen un producto o una institución por otra, al observar las diferencias entre una tarjeta y otra.
La pretensión de este Punto de Acuerdo, busca ante todo la protección del ahorro familiar, fomentar la cultura financiera y alzar la voz por los altos costos de las tarjetas de crédito en nuestro país.
A los usuarios y población en general reiteramos nuestra respetuosa sugerencia de que sean cuidadosos en el manejo de sus créditos, sobre todo en el uso adecuado de sus tarjetas de crédito.
PUNTO DE ACUERDO SOBRE INFORMACION A USUARIOS DE TARJETAS DE CREDITO
UNICO: Se solicita a los titulares del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, de conformidad con sus atribuciones, apoyen o, en su caso, a través de una Circular instruyan a las instituciones de banca múltiple que dentro de los Estados de Cuenta que utilizan para informar a las personas sus movimientos con la tarjeta de crédito, se incluya un tríptico o folleto explicativo que deberá elaborar directamente o validar previamente la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, respecto de los costos que representa el uso del dinero plástico.
Este tríptico o folleto explicativo deberá contener los costos reales que cobra la institución respecto de su tarjeta de crédito, incluyendo tasas de interés, principales comisiones y Costo Anual Total (CAT), así como un cuadro comparativo de los costos de al menos una tarjeta de crédito de cada banco de las que se encuentran en el mercado, con objeto de comparar un producto frente a otro.
De los Diputados Maki Esther Ortiz Domínguez y Evaristo Corrales Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en torno a la labor del periodismo.
La suscrita Diputada Maki Esther Ortiz Domínguez a nombre propio y del Diputado José Evaristo Corrales Macias, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos respecto del Catalogo de Profesiones, Oficios y Trabajos Especiales que publica anualmente y que tiene como finalidad fijar los salarios mínimos generales y profesionales que estarán en vigor en la República Mexicana de cada año, a que dentro de la definición que establece de Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa y Reportero(a) en prensa diaria impresa, se estudie la viabilidad de diferenciar entre las personas que realizan dicha actividad que cuentan con un titulo profesional y los que no, así como fijar el monto de sus salarios mínimos, a efecto de garantizar la protección de los derechos laborales otorgados por la Constitución de quienes realizan la importante labor del Periodismo en cualquiera de sus modalidades, para diferenciar cuáles deben ser consideradas como un oficio, y cuáles como profesión, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES:
Durante los últimos años se ha considerado al periodismo como el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su alrededor. El hecho definirse como oficio o profesión es porque ha sido durante años considerado como cualquiera de las dos, ya que, anteriormente, para ser periodista no era necesario estudiar una carrera universitaria, y aunque en la actualidad esto sucede en muchos casos, hoy en día en muchas universidades existe la carrera de comunicación social, en donde, además de estudiarse las bases del periodismo, se enseña todo lo concerniente a los medios de comunicación.
El periodismo ha ido evolucionando de acuerdo con la aparición de cada medio de difusión (imprenta, radio, televisión, medios electrónicos), y con ello la necesidad de ir profesionalizando y fortaleciendo la labor del periodista para estar a la altura de los avances que en términos de globalización de este campo, se requieren.
Anteriormente, para ser periodista no era necesario estudiar una carrera en una universidad, ya que se consideraba como un oficio, por la actividad práctica de recolectar y publicar la información relativa a la actualidad, no existían las facultades y escuelas de comunicación y no se conocía en el país otro periodista que no fuera el de oficio, esto de debía fundamentalmente a que la tecnología no había avanzado tanto como hoy.
Sin embargo, desde que el periodismo se comenzó a profesionalizar a ir avanzando también los avances tecnológicos en el campo de los medios de comunicación, y cuando se considera que inició con la primera Licenciatura en Comunicación, establecida en la Universidad Iberoamericana que abre la primera carrera que con un nivel universitario de licenciatura, propone analizar el fenómeno de la comunicación y de la información de masas, considerando todos los medios existentes hasta entonces, para un estudio más completo y profesional.
Desde principios de los años 60´s se comenzó a impartir la Carrera a nivel licenciatura de Comunicación en distintas universidades del país, no solo en la Universidad Iberoamericana, sino que se extendió hacia ciudades como Guadalajara y Monterrey adoptando en su mayoría el modelo establecido por la Universidad Iberoamericana, que contemplaba una carrera dentro de una amplia variedad de posibilidades de profesionalización en temas relacionados con la publicidad, relaciones públicas, periodismo, fotografía, y como tema de investigación, más allá del análisis sociológico, económico, político o psicológico de los medios masivos de comunicación y sus efectos.
Se considera que el Periodista es “la persona que se dedica al periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión o medios digitales. El periodista se dedica básicamente a la búsqueda de información y a su posterior difusión.” [15]
El periodismo, anteriormente considerado como un oficio (y que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sigue considerando como oficio) ha evolucionado a tal grado que hoy se considera una de las carreras más importantes para las empresas responsables del manejo y administración de los medios de comunicación, considerando que este ha sido uno de los campos que han revolucionado la entrada al siglo XXI. Este campo de las comunicaciones en un mundo globalizado cada vez más requiere de los servicios de profesionales con formación, capacidades analíticas y críticas, habilidades orales y escritas, además de vocación y talento natural y, se requerían adicionalmente, para asegurar un buen desempeño en su labor, tanto en las diversas corrientes de comunicación como en los distintos géneros periodísticos.
Sin embargo, los beneficios y salarios acorde a los servicios que han sido factor fundamental para que los medios de comunicación cada vez más envueltos en una competitividad en un mundo globalizado, hayan hecho de nuestro país un espacio para incrementar el valor del trabajo que todos estos profesionales de la comunicación han logrado.
La fracción VI del inciso A) del artículo 123 de la Constitución General de la República, establece que “Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Los Salarios Mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
Los avances y desarrollo en los medios de comunicación, radio, televisión, ya no son los mismos que hace veinte anos, ni treinta años, durante los últimos años, y sobre todo en México, durante los últimos diez años han planteado un panorama distinto que obliga a las empresas y a las entidades regulatorias y defensoras de los derechos de los trabajadores, para intervenir para que la profesión del periodismo, la licenciatura sea valorada como tal y no se confunda ni de devalúe ésta profesión al nivel de reportero como actualmente lo define la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Como lo establece el objetivo fundamental de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) es cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo, así como actualizar periódicamente el sistema de salarios mínimos (salario mínimo general, áreas geográficas y salarios mínimos profesionales, es así que las tareas de un periodista o profesional se ha enmarcado en la definición que hace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de la forma siguiente:
Reportero (a) en Prensa Diaria Impresa “es el trabajador que obtiene información de interés general sobre eventos o temas de actualidad a través de la observación de los hechos, de entrevistas a personas vinculadas con los mismos, o a las personas de interés para la comunidad. Esta información la ordena, estructura y trasmite de manera clara y expedita a la empresa periodística para su revisión y, en su caso, redacción definitiva y publicación. En ocasiones el trabajador es el encargado de elaborar la redacción misma de la nota. El reportero requiere de estar informado sobre los eventos o temas de su trabajo para darles seguimiento. En la captura de información puede auxiliarse de grabadoras, taquigrafía o notas y la transmisión la realiza a través de muy distintos medios, que incluyen desde la mecanografía y presentación directa de la nota hasta su envío por medio telefónico, telegráfico, télex o telefax.”
Reportero (a) Gráfico (a) en Prensa Diaria Impresa “Es el trabajador que acude a personas o a eventos de interés general con el objeto de obtener negativos de fotografía para ilustrar sucesos y artículos de actualidad. Generalmente entrega al periódico el material fotográfico sin revelar acompañándolo de los datos de referencia con los nombres de los personajes o de los eventos que aparecen en los negativos. En ocasiones el trabajador revela e imprime las fotografías. Para su trabajo se auxilia de cámaras fotográficas y otros artículos propios de su profesión, y en ocasiones acompaña en su labor a un reportero, quien le sugiere o indica el género, estilo o ángulo de la fotografía deseada.”
La misma Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) es un organismo público descentralizado, llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo, así como actualizar periódicamente el sistema de salarios mínimos (salario mínimo general, áreas geográficas y salarios mínimos profesionales.
La figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, específicamente en el artículo 123, fracción VI bajo el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente “…para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia…”. Se determina, asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) tiene como misión establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción que reconozcan y validen el respeto a la dignidad del trabajador y de su familia.
La misión de la Comisión es fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia, y establece en una de sus líneas estratégicas lo siguiente:
1. Revisar el sistema de salarios mínimos profesionales para incluir o excluir profesiones, oficios o trabajos especiales según lo justifiquen los elementos que deriven del análisis efectuado para cada caso específico.
Considerando que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, contempla las definiciones de profesiones, oficios y trabajos, en un sistema de consultas llamado SConsultas y muestra como titulo definiciones de profesiones, oficios y trabajos y no ha actualizado la carrera de periodismo ni le ha dado su justa dimensión esta evolución y aún contempla en su directorio de definición de oficios el de Reportero Gráfico en Prensa Diaria y Reportero en Prensa Diaria Impresa, junto con otros oficios de oficial prensista, oficial de albañilería, dependiente de mostrador en boticas, farmacias y droguerías, archivista clasificador en oficinas, , aún cuando ha sido una exigencia de los propios periodistas en los foros internacionales y nacionales que se han organizado en el mundo y en la Republica Mexicana, como sucedió en el Congreso Nacional de Periodistas Organizado por el Diario Unomasuno en el año 2003, en donde se hace la denuncia por parte de periodistas que participaron en los paneles, situación que hasta ahora no ha sido resuelta.
Es por ello que se propone exhortar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que revise y actualice las definiciones y salarios mínimos de reporteros en prensa diaria y prensa diaria impresa, elimine la confusión que existe con la definición de la licenciatura en Periodismo, o Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y no se considere a ésta profesión como un oficio.
Por todo lo anteriormente expuesto y sustentado que los suscritos diputados federales, José Evaristo Corrales Macías integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos respecto del Catalogo de Profesiones, Oficios y Trabajos Especiales que publica anualmente y que tiene como finalidad fijar los salarios mínimos generales y profesionales que estarán en vigor en la República Mexicana de cada año, a que dentro de la definición que establece de Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa y Reportero(a) en prensa diaria impresa, se estudie la viabilidad de diferenciar entre las personas que realizan dicha actividad que cuentan con un titulo profesional y los que no, así como fijar el monto de sus salarios mínimos, a efecto de garantizar la protección de los derechos laborales otorgados por la Constitución de quienes realizan la importante labor del Periodismo en cualquiera de sus modalidades, para diferenciar cuáles deben ser consideradas como un oficio, y cuáles como una profesión”.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 16 de agosto de 2006.
José Evaristo Corrales Macías
Maki Esther Ortiz Domínguez
De la Dip. Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relacionado con la agresión a legisladores de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
PUNTO DE ACUERDO RELACIONADO CON LA AGRESIÓN A LEGISLADORES DE LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea turnada a la Presidencia de Congreso, a fin de que sea atendida en calidad de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
No hay duda que las elecciones de año 2006 para elegir Presidente de la Republica pasarán a la historia de la naciente democracia mexicana como las más cuestionadas y faltas de credibilidad para una franjas importantes de ciudadanos.
Se debe en gran medida, y como es de dominio público, a la errática actuación del árbitro de la contienda, el Instituto Federal Electoral Federal (IFE) en concreto su Consejo General y su Presidente, a favor del candidato a la Presidencia de la Republica del Partido Acción Nacional (PAN).
Esto culminó como también nos consta en un enredo del cual hasta el momento no hemos podido salir y que se encuentra en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última instancia de decisión jurisdiccional en materia electoral que existe en el país.
También como es de dominio público cuando la coalición Por el Bien de Todos acudió al Tribunal Electoral, tenía la presunción de que los principios rectores de la función estatal en materia electoral se encontraban en franco entredicho, pues la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad fueron vulnerados en todas las etapas en que ocurrió la contienda por la Presidencia de la República, como también consta en las denuncias que ha formulado nuestro candidato y los legisladores integrantes de la coalición en los diversos medios y en esta máxima tribuna del país.
Como recientemente los señalé en esta Tribuna y lo reitero que sostenemos que influyó de forma determinante en los resultados finales de la elección, la demostrada parcialidad e ilegalidad en la actuación del árbitro de la contienda, especialmente el Consejo General del Instituto Federal Electoral, su Presidencia y la Junta General Ejecutiva, al no evitar la llamada “guerra sucia” e imponer en los contendientes y terceros ajenos a la contienda electoral antes señalados, las medidas correctivas o sancionadoras correspondientes.
También lo dije en esta tribuna hace ocho días que cuando la Coalición por el Bien de Todos acudió ante el Tribunal hizo un largo detalle de los aspectos que a su juicio enturbiaron la elección como se ha señalado, pero también que en el curso de los cómputos distritales hubo una evidente manipulación de las actas de escrutinio y computo en las casillas electorales.
No transcurrieron ni ocho días a partir de la fecha en que el Tribunal Electoral determinó el recuento parcial en 11, 839 casillas de 149 distritos ubicados en 26 estados del país cuando salieron a flote todas las tropelías que NO cometieron los ciudadanos, sino los funcionarios electorales.
En efecto los resultados del conteo parcial dan cuenta de un fraude organizado, masivo y sistemático del cual han sido testigos los jueces y magistrados, y que han quedado en actas circunstanciadas que serán tomadas en consideración para desahogar los juicios interpuestos por la coalición y calificar la elección presidencial.
Y si bien habremos de esperar los resultados de la litis jurídica, paralelo ha ello los partidos agrupados en la coalición y nuestro candidato a la Presidencia de la Republica, haciendo valer nuestro derecho constitucional a manifestarnos, hemos desarrollado desde hace 18 días acciones de resistencia civil pacifica que se originaron en la capital de la Republica y que se han extendido a todo el territorio nacional.
Por desgracia el pasado lunes 14, cuando legisladores federales y locales de nuestro partido pretendían instalarse en la banqueta de nuestra casa, la Cámara de Diputados, que es la casa del pueblo mexicano, en plantón de resistencia civil pacifica y nuevamente haciendo uso de la garantía constitucional a manifestarse, fueron violentamente desalojados por elementos del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal Preventiva.
Como es obvio que los mandos del Estado Mayor Presidencial sólo obedecen órdenes e instrucciones del Presidente de la Republica, resultan por demás lamentables los empeños del primer mandatario por convertir en letra muerta el derecho constitucional a manifestarse y sofocar en su casa a los legisladores inconformes y descontentos por los resultados que arrojaron los comicios para elegir Presidente de la Republica del pasado 2 de julio.
Lo ocurrido el lunes pasado nos demostró por enésima ocasión que este gobierno de gerentes, que por fortuna está por concluir, careció de oficio político, ya que una obligación fundamental del Estado es precisamente desarticular los conflictos sociales y encontrar soluciones por medio del diálogo y como último recurso ejercer el monopolio del uso de la fuerza.
Por lo visto ésta parece ser la tónica que en los estertores de su final esta dispuesto a emplear el actual gobierno federal, pues no olvidemos los recientes acontecimientos ocurridos en las instalaciones de Sicartsa en Lázaro Cárdenas Michoacán, los que después de la batalla campal, arrojó la muerte de dos trabajadores del la empresa pertenecientes al Sindicato Minero.
Por otra parte, nos preguntamos ante el desproporcionado despliegue de fuerza policíaca del lunes pasado, ¿Por qué esa eficiencia policíaca no tiene los mismos resultados cuando se trata del combate al crimen organizado y al narcotráfico, que resultara de la aprehensión masiva de sus jefes y operadores?
La orden dada para reprimir a los legisladores no lleva a otra pregunta ¿por qué un gobierno cuyo principal timbre de orgullo había sido la tolerancia democrática no tiene empacho en mancharse las manos de sangre al final del sexenio?
Y si alguna duda existiera ahí están las escenas del nuestro compañero diputado federal Juan José García Ocho, sangrando en el rostro. Pero esta acción es la confirmación de lo que durante varios meses de la campaña se empapó de rojo la palabra “peligro”en las pantallas electrónicas que hoy riegan la sangre en las calles del Congreso Mexicano. Pareciera un mensaje tardío de mano dura para apoyar la campaña de intimidación con una escenografía criminal.
Sr. Presidente, los legisladores de la coalición Por el Bien de Todos, declaramos que a lo contundencia del tolette, el movimiento ciudadano agrupado en un gran frente nacional, responde con la firmeza de continuar en la resistencia civil pacifica en los espacios públicos que considere pertinentes y bajo el amparo que la norma suprema que éste constituyente aprobó, para la libre reunión y manifestación de los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y considerando el nivel de violencia que han desatado instituciones del Estado mexicano con el propósito de desalentar e intimidar las acciones de resistencia civil pacifica que llevamos a cabo, me permito someter a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta al Presidente de la Republica a que rinda un informe pormenorizado de las razones que consideró para la actuación de los elementos del Estado Mayor Presidencial que directamente se encuentran bajo su mando y que ocasionaron la represión sufrida por legisladores federales en funciones y electos. Que deslinde responsabilidades y castigue ejemplarmente a los responsables y que no aliente acciones de intimidación a los ciudadanos en resistencia civil pacifica.
SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal a que rinda un informe de la actuación de los elementos de la Policía Federal Preventiva que se encuentran bajo su mando, en la represión sufrida por legisladores federales en funciones y electos. Que deslinde responsabilidades y castigue ejemplarmente a los responsables. Que no aliente acciones de intimidación a los ciudadanos en resistencia civil pacifica.
TERCERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a que intervenga para frenar las campañas de intimidación y de linchamiento en medios a la resistencia civil pacifica y que al final de cuentas, se convierten en la justificación para las acciones de represión a los ciudadanos.
CUARTO.-En su momento y en su caso al Presidente de la Republica se le acusará de traición a la patria, en virtud de que ordenó la agresión a ciudadanos indefensos y a legisladores que sólo se han opuesto a una decisión fuera de toda normatividad legal y democrática al romper el equilibrio de poderes que da razón de ser al pacto federal. Esta acusación se fundamenta básicamente por oponerse con violencia inusitada a los derechos individuales de reunión, manifestación, expresión y de pensamiento.
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Diputada Beatriz Mójica Morga
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 16 de agosto de 2006
Del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo en relación con la violación tumultuaria que sufrieron mujeres de Coahuila, por parte de soldados del ejército mexicano.
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÙS GONZÀLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN RELACIÓN CON LA VIOLACIÒN TUMULTUARIA QUE SUFRIERON MUJERES DE COAHUILA POR PARTE DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO MEXICANO
CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
El suscrito, Diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad contenida en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES:
La semana pasada la diputada Blanca Eppen Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante esa soberanía un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Coahuila para que realicen las investigaciones y se tomen acciones correspondientes en torno a los hechos relacionados con el abuso sexual en contra de 13 mujeres, registrados el pasado 11 de julio en el Municipio de Castaños, Coahuila.
Muy atinadamente la legisladora del PAN se refirió a este ominoso acontecimiento, el cual también ya fue condenado por el Congreso de esa entidad, sin embargo es imprescindible manifestar que es doblemente preocupante que los agresores sean elementos de nuestras fuerzas armadas, que estan precisamente para defender la integridad de los ciudadanos.
Los militares agresores, pertenecen a la Sexta Zona Militar ubicada en Múzquiz, y se encontraban asignados para resguardar la paquetería del proceso electoral en el Instituto Federal Electoral (IFE), que se localiza en la colonia Del Paso, en Monclava.
Este hecho es inconcebible ya que el prestigio y la reputación del Ejército Mexicano estriba precisamente en su función de cuidar y salvaguardar la integridad de los mexicanos. Son las fuerzas armadas las que deben proteger a la población, situación que se han visto en tragedias naturales y donde los soldados han sido héroes de la población.
Por estas razones, no se puede entender que un comando de efectivos con uniformes y armamento que estaban dispuestos a cuidar la paquetería electoral del 2 de julio, se hayan trasladado en un vehículo Hummer del Ejército Mexicano a esta zona de tolerancia para amedrentar y violar con lujo de violencia a las mujeres que se encontraban en esos lugares.
Si bien seis elementos del Ejército fueron detenidos por la policía militar en Melchor Múzquiz y trasladados a la tercera región militar, ubicada en Mazatlán, donde serán juzgados por delitos militares: abandono de funciones e insubordinación, es necesario que estos hechos no queden impunes.
Por todo lo anteriormente expuesto, y atendiendo nuestra responsabilidad como legisladores ante la sociedad para velar por los intereses de nuestros representados y buscar soluciones a los problemas que nos aquejan como sociedad, nos unimos a la exigencia de justicia para resolver estos casos de abusos cometidos contra 13 mujeres de la forma más vil y cobarde, y por tanto me permito presentar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila para que, en el ámbito de su competencia, realicen las pesquisas correspondientes, se preserve la integridad y seguridad de las víctimas y se les preste ayuda moral, sicológica y económica que corresponda, con la finalidad de que no queden impunes los hechos relacionados con el abuso sexual contra 13 mujeres, registrados el pasado 11 de julio de 2006 en el Municipio de Castaños, Coahuila
Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniòn, a miércoles 16 de agosto de 2006
Dip. Jesús González Schmal
Del Dip. Inti Muñoz Santini, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en torno a las agresiones físicas en contra de legisladores integrantes del Congreso de la Unión.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENAN LAS AGRESIONES FÍSICAS EN CONTRA DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; SE EXHORTA A LOS PRESIDENTES DE AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR EL FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS LEGISLADORES; SE EXHORTA AL PRESIDENTE VICENTE FOX A RESPETAR Y GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL LEGISLADORES Y SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INVESTIGAR Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES QUE ORDENARON Y EJECUTARON LOS ACTOS DE VIOLENCIA FÍSICA EN CONTRA DE DIPUTADOS Y SENADORES INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
Los que suscriben, diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 y 78, fracción III de la Ley Fundamental; 11 de la Ley Orgánica y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena enérgicamente las agresiones físicas de las que fueron objeto legisladoras y legisladores federales por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva y del Estado Mayor Presidencial, el día lunes 13 de agosto de 2006 frente a las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión formulamos un atento exhorto a los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adopten las medidas necesarias para salvaguardar el fuero constitucional de los legisladores federales.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República Lic. Vicente Fox Quesada para respete y garantice el pleno ejercicio de las facultades constitucionales de los legisladores federales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución General de la República.
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal un informe pormenorizado de las acciones efectuadas por elementos de la Policía Federal Preventiva y del Estado Mayor Presidencial en contra de diversos legisladores federales.
QUINTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y fincar las responsabilidades legales a los servidores públicos federales que ordenaron y ejecutaron los actos de violencia física en contra de legisladores federales.
SEXTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para ordene el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los funcionarios de la Cámara de Diputados que impidieron el acceso al recinto legislativo a los legisladores federales agredidos por elementos de la Policía Federal Preventiva y el Estado Mayor Presidencial.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 16 de agosto de 2006.
De la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, asignados a los programas de apoyo destinados al sector agropecuario.
La que suscribe, Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el C. Francisco Gil Díaz, a liberar recursos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, asignados a los programas de apoyo destinados al sector agropecuario al tenor de las siguientes
Consideraciones
El desarrollo de toda actividad productiva de cualquier de los tres sectores de la economía nacional, requieren de los apoyos que otorga el Estado, a fin de proporcionar los elementos indispensables que propicien el crecimiento del producto interno bruto de nuestro país.
La actividad agropecuaria es una rama económica que por su importancia, el gobierno debe atender con la debida atingencia, pues como es de conocimiento general, el campo padece de manera crónica una serie de obstáculos; como es la importación de productos agropecuarios en condiciones de competencia desleal por efectos de las prácticas de dumping, así como la escasez de crédito, las altas tasas de interés, el incremento del costo en fertilizantes y de otros insumos. Adicional es de considerar la gravedad de los problemas climatológicos que azotan a la República Mexicana.
El pequeño y mediano productor del sector ya mencionado, ante estos trastornos, se agrega el que los recursos asignados a programas considerados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, se han reducido en algunos casos y a su vez no son suministrados con oportunidad. Reduciendo aún más la productividad agropecuaria.
Es obvio que es necesario que le Gobierno Federal libere los recursos en congruencia con los ciclos agrícolas, como también las asignaciones a las obras de infraestructura hidráulica.
Existe un reclamo por parte de los productores agropecuarios a nivel nacional, en el sentido que se han reducido partidas consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, así cómo también de un retraso en el suministro de recursos a diferentes programas de apoyo a éste sector, trastornando de manera significativa sobre todo al pequeño y mediano productor.
Por lo avanzado del año, los afectados consideran que requieren de la urgente intervención del H. Congreso de la Unión y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para corregir esta grave situación.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único.- se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, el C. Francisco Gil Díaz a agilizar la liberación de los recursos aprobados en el Presupuesto de egresos de la Federación 2006 las partidas destinadas a los diversos programas de apoyo al sector agropecuario.
Dado a los 16 días del mes de Agosto de 2006, en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Del Sen. Rómulo de Jesús Campuzano González, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a brindar el apoyo necesario a la candidatura del Dr. Julio Frenk Mora para ocupar la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud.
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De los Diputados Maki Esther Ortiz Domínguez y Evaristo Corrales Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a establecer mecanismos que informen e inviten a las personas a declararse como donadores voluntarios de órganos.
Punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal y al Centro Nacional de Transplantes para que establezcan mecanismos que faciliten a las personas la expresión de ser donador voluntario en el proceso de expedición de licencias de conducir.
Con su venia. Presidente
La suscrita Diputada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal y al Centro Nacional de Transplantes para que establezcan mecanismos que faciliten a las personas la expresión de ser donador voluntario en el proceso de expedición de licencias de conducir, bajo las siguientes:
Consideraciones
Hace algunos años, padecer una enfermedad que afectaba de manera irreversible un órgano o tejido significaba la muerte o tener una pésima calidad de vida. El día de hoy la esperanza de encontrar alivio, tiene cabida en los enfermos y sus familiares. La tabla de salvación de estas personas es el tratamiento terapéutico que involucra el transplante de un órgano o tejido.
Sin embargo, en nuestro país a pesar de los beneficios esta práctica no ha logrado la dimensión y, por consecuencia, los beneficios que sí ha traído en otras latitudes. En México, según datos del Centro Nacional de Transplantes, se realizan 12 transplantes por millón de habitantes, mientras que países como España alcanzan 50, Costa Rica 25 y Argentina alrededor de 20.
Esta baja tasa, a pesar de que se ha trabajo de manera importante en la formación del personal médico y técnico de la salud para realizar este tipo de procedimientos, se debe a que existe insuficiente oferta de órganos y tejidos para cumplir con la demanda de personas que los necesitan para sobrevivir.
Confrontando las cifras de la demanda contra los transplantes realizados encontramos un déficit que se explica en mucho por la insuficiente disponibilidad de órganos y tejidos cadavéricos, una de las dos opciones que establece la legislación en la materia.
Con base en datos del Registro Nacional de Trasplantes, la proyección de necesidades anuales es de 7 mil riñones, 10 mil córneas, 500 hígados y 500 corazones. Sin embargo, en el 2004, de acuerdo con el Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Salud, se realizaron 2 mil 587 transplantes de corneas, 1731 de riñón, 100 de hígado y 20 de corazón.
Para que sea posible utilizar los órganos de cadáver, además de las circunstancias especiales de muerte, se requiere que la persona en vida haya manifestado su voluntad de donar sus órganos. Ello, en caso de que tenga conocimiento previo de su muerte y quiera dejar un regalo de vida o que quieran donar sus órganos en caso de muerte repentina, como ocurre en muchos accidentes, especialmente los de tránsito.
Para lograr que las personas de manera informada y voluntaria decidan si quieren dejar un regalo de vida para después de su muerte, se requiere que las instituciones como el Centro Nacional de Transplantes (CENATRA) y las autoridades de los estados promuevan y provean los instrumentos que permitan tal definición.
Al respecto, algunas entidades federativas como Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Coahuila, por mencionar algunas, han estipulado la decisión donar en las licencias de conducir lo cual ha probado ser un medio eficaz para acercar los procedimientos a los ciudadanos. En este sentido, el punto de acuerdo que someto a la consideración de la Asamblea pretende hacer un llamado al resto de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, para que con el apoyo del Centro Nacional de Transplantes y la colaboración de los centros estatales, implementen esquemas similares de información y expresión voluntaria de donador de órganos en las licencias de conducir expedidas en sus respectivas jurisdicciones.
Con base lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Único: Se exhorta al Centro Nacional de Transplantes y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan mecanismos que informen e inviten a las personas a declararse como donadores voluntarios de órganos para después de la muerte en el proceso de expedición de permisos de conducir, así como, que dicha calidad se pueda registrar en la licencia.
Es cuanto Sr. Presidente.
Atentamente
Diputada Maki Esther Ortiz Domínguez
Del Sen. Héctor Astudillo Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación a la autopista del Sol, México-Acapulco.
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De la Sen. Laura Alicia Garza Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar el decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
La que suscribe, Senadora de la República de la Quincuagésima Novena Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo bajo las siguientes
CONSIDERACIONES:
Después de varios años de trabajo legislativo, finalmente en el pasado periodo de sesiones fue aprobada por el Congreso de la Unión la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Este instrumento para la Defensa del Contribuyente permitiría a los pequeños contribuyentes recibir servicios de asesoría y representación legal, cuando el monto no exceda de treinta salarios mínimos elevados al año, es decir, 17,765 pesos.
La figura del Procurador de la Defensa del Contribuyente, es una propuesta que surgió hace más de cuatro años y, desde entonces, ha sido apoyada por todas las fracciones parlamentarias. Aunque reconocemos que todavía se encuentra dentro de los tiempos que establece la Constitución para publicar el decreto, es tiempo de que el Ejecutivo Federal cumpla con su publicación. Por lo anteriormente señalado me permito poner a consideración de la Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar, a la brevedad posible, en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
|MESA DIRECTIVA |
|Sen. Enrique Jackson Ramirez |
|Presidente |
| |
|Dip. Claudia Ruiz Masssieu Salinas | |Dip. Pablo Alejo López Nuñez |
|VicepresidentA | |Vicepresidente |
| | | |
|Dip. José Porfirio Alarcón |Sen. Susana Stephenson Pérez |Dip. Inti Muñoz Santini |Dip. Diva Hadamira Gastelum Bajo|
|Hernández |Secretaria |Secretario |Secretario |
|Secretario | | | |
CONSULTA LA
“GACETA PARLAMENTARIA”
| |
| |
OPINA:
gaceta.sgsp@senado.gob.mx
Xicoténcatl No.9, Col. Centro
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010
Ciudad de México, Distrito Federal.
Teléfono: 5130-2200 y 5345-3000
Extensión: 4888
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[1] es.conocer_el_periodismo
[2] es.conocer_el_periodismo ww.ucm.es/info/per3/cic/cic5ar9.htm
[3] .mx/2002/enero.html
[4] ucm.es/info/per3/cic/cic5ar9.htm
[5] REYNOSO CASTILLO, Carlos “El Derecho del Trabajo, panorama y tendencias”, México, 2006, p.27
[6] PROPUESTA DE LEY DE DERECHOS LABORALES DE LOS PERIODISTAS, España, isión Redactora de Foro de los Periodistas.
[7]
[8] Fuente: VV. AA. (1993). El mercado de la información en España (1993-1997). Madrid: Servicio de publicaciones de Telefónica
[9] noticias/03feb/03021806.html
[10] La exposición de motivos se retoma del artículo Corrupción en Salud. Publicado en el libro: Legislación y ética, buenas prácticas en el laboratorio clínico y la medicina. De las autoras: Figueroa Romero Irma S. y Milka E. Correa Rubio.
[11] Transparency International. Robo, extorsión y sobornos despojan a millones de los servicios de salud, dice el Informe Global de la Corrupción 2006. Febrero de 2006, Berlín, Germany.
[12] Guerrero García, Rafael. (2005) Ponencia presentada a nombre de la Asociación Mexicana de Propietarios de Laboratorios Clínicos, A.C.
[13] Ruiz Moreno, Ángel Guillermo. El mito del “Seguro Popular” de Fox; no es seguridad social. En Macroeconomía. Mayo de 2006, año13 Número 153. pág. 157.
[14] Cantera, Sara. Ponen a medicinas precios de país rico. En periódico Reforma., Sección Negocios. 22 de mayo de 2006. Pág.1.
[15]
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Nota: Con fundamento en el Acuerdo Parlamentario de la Mesa Directiva de fecha 20 de marzo del año 2001, por el que se crea la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República y con base en el numeral Sexto de ese ordenamiento, los textos publicados en la Gaceta carecerán de valor probatorio y no generarán consecuencias jurídicas para el Senado de la República
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Galindo |[pic] | |Torre del Caballito
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Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3167 3631
Fax: 5317
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Astudillo
Flores |[pic] | |Torre del Caballito
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Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3179 5108, Fax: 5307
hastudillo@senado.gob.mx | |
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[pic] | |SEN. Rómulo
Campuzano
González |[pic] | |Torre del Caballito
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Col. Tabacalera
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Tels. 53.45.30.00
Exts 3441, 5200, Fax: 5216
/detalleint.php?id=82-21
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Galindo |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 15, Oficina 4 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3167 3631
Fax: 5317
lgarza@senado.gob.mx | |
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[pic] | |dip. Maki Esther Ortiz Domínguez |[pic] | |Palacio Legislativo
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Extensión:
1770,1270
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7723,7722
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[pic] | |dip. Maki Esther Ortiz Domínguez |[pic] | |Palacio Legislativo
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Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
7608,7374
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[pic] | |Dip. Laura Elena Martínez Rivera |[pic] | |Palacio Legislativo
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Teléfono: 56.28.13.00
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[pic] | |Dip. Inti Muñoz Santini |[pic] | |Palacio Legislativo
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[pic] | |dip. Maki Esther Ortiz Domínguez |[pic] | |Palacio Legislativo
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7608,7374
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[pic] | |SEN. Francisco
Fernández
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