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|LX LEGISLATURA Segundo Receso, Segundo Año|Miércoles 20 de agosto de 2008 |No. 32 |
| | |TOMO II |
CONTENIDO TOMO II
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Primera Comisión, el que contiene proyecto de decreto que concede permiso al Ciudadano Eugenio Santiago Clariond Reyes, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federativa de Brasil en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León..…………………………………………………………………………………..…….... 261
De la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
• Por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a rectificar la decisión de sustituir a la Lic. Elena Zúñiga Herrera en el cargo de Secretaria General del Consejo Nacional de Población. 262
• Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados Federal para que nombre una comisión plural de legisladores para visitar la comunidad Triqui en el Estado de Oaxaca, con el objetivo de conocer y recabar información sobre la grave situación de violencia que sufre las mujeres de la región. ………………………………………………………………………..………….... 265
• Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerar la solicitud de ampliación presupuestal presentada por el Instituto Federal Electoral. ……..………….... 270
• Por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a coadyuvar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos que tuvieron lugar en la comunidad de Santiago Lachivía, Oaxaca. ………………………………………………………………………..………….... 277
• Por el que se exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca a ejecutar las órdenes de aprehensión libradas en contra de los presuntos responsables por los homicidios de los jóvenes Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda Romero y Jorge Alberto Miranda Reyes y por las lesiones en contra de Diego Zárate Chávez en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca. …………………………….………………………………..………….... 281
• Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Hidalgo a realizar una investigación e informe sobre los actos suscitados en que fue destruida la propaganda alusiva al informe de labores del Diputado Federal Daniel Ludlow Kuri; asimismo, se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas del país para que garanticen las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los informes de labores de los legisladores federales. ……………………..………….... 284
• Por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a que redoblen los esfuerzos en la aplicación de los programas y acciones destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres. ……………………………………………………………..………….... 287
• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe pormenorizado de los resultados que ha arrojado el Operativo "Culiacán-Navolato"; y se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a conformar un grupo especial y plural de legisladores, a fin de que se traslade al Estado de Sinaloa, para obtener la información de campo necesaria de las autoridades y elementos que permanecen en el Estado de Sinaloa y participan en dicho Operativo. ……………………….…………………………………………..………….... 290
• Por el que se exhorta a los Gobernadores, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a las legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se incluya el tema de la perspectiva de género como un tema prioritario y se refleje en políticas públicas transversales, que permitan avanzar en el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres. ……………………….…………………………………………..………….... 293
• Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos para 2009, recursos destinados al Fideicomiso para el Fondo Metropolitano a fin de dar continuidad a la atención de los problemas de la zona metropolitana del Valle de México, al Sistema Aguas de la Ciudad de México, al Sistema de Transporte Colectivo Metro; y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. ….…………………………………………..………….... 296
• Por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Baja California Sur a establecer una mesa de trabajo y negociación, a fin de buscar mecanismos idóneos para resolver el actual conflicto entre taxistas y prestadores de servicios turísticos, en el Estado de Baja California Sur. ……………………..…………..…….... 301
De la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
• Por el que se solicita información relacionada con programas relativos al VIH-SIDA. ….. 302
• Relativo al funcionamiento de los servicios de control aéreo en los aeropuertos mexicanos. 305
• Relativo al Programa Especial de Cambio Climático del Gobierno Federal…………….. 308
• Relativo a la observancia de las nuevas reglas de emisión y operación de las tarjetas de crédito. …………………………………………………………………………………….. 312
• Relativo a la normatividad en materia de adicciones y a la creación de Centros de Rehabilitación para atenderlas. ………………………………………………………………………….. 318
• Sobre la asignación de recursos al ISSFAM para el ejercicio fiscal de 2009. ………….. 321
• Relacionado con los subejercicios del presupuesto rural. ……………………………..….. 325
• En torno a la situación de diversos extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. 329
• Por el que se solicita asignar mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 al programa IMSS-Oportunidades. ……………………………………….……..….. 332
• Relativo a créditos otorgados por el FOVISSSTE en el fraccionamiento “Las Fuentes”, municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas. ……………………….………....….. 335
• En relación con la jornada nacional de reforestación “Planta un árbol y sé parte de la historia”. ……………………….………....……………………………………………….. 337
• Relativo a la interconexión electrónica con las confederaciones y asociaciones autorizadas para prestar servicios de prevalidación electrónica de datos, en materia aduanal. …………….. 339
• Relativo a la certificación como área destinada voluntariamente a la conservación del ecosistema el bosque la primavera, de la zona conurbada de Guadalajara. ………………………..….. 342
• Relativo al cumplimiento de los compromisos de la Declaración del Milenio. ………..….. 349
• Relacionado con la administración de los recursos de pensiones de los trabajadores al servicio del estado. ……………………………………………………………………………..….. 352
• Por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor mantenga su representación regional en Puerto Vallarta, estado de Jalisco. ………………………………………..….. 355
• Por el que se solicita incluir a la ciudad de Oaxaca en los apoyos del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2009. ……………………………….………………………………..….. 357
• Relativo al abasto de gasolina y diesel en ambas fronteras del país. …………………..….. 360
• Para que en el Presupuesto de Egresos de 2009, se contemplen recursos para la ampliación y modernización de la terminal turística de Puerto Chiapas, estado de Chiapas. ……….….. 364
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
De los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que en el marco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte evalúe la posibilidad de proponer al Comité Olímpico Internacional que en las subsecuentes Olimpiadas, los Juegos Paralímpicos se efectúen previamente a la celebración de los Juegos Olímpicos. ……………………………………………………………………………….….. 367
Del Sen. Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instrumentar acciones y programas que protejan el delicado equilibrio que guarda la industria aérea nacional en sus operaciones desde y hacia el exterior. …………………………………..….. 370
De los Senadores Alfonso Sánchez Anaya y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a combatir el secuestro en esa entidad. …………………………………..….. 374
Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre el programa nacional para vehículos automotores. .. 376
Del Sen. Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo en torno al homicidio del C. José Jiménez Colmenares, ocurrido el 10 de agosto de 2006 en Oaxaca, Oaxaca. ………………………………………………….…………………..….. 379
Del Dip. Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para cerrar el relleno sanitario de San Luis Ayucan del municipio de Villa Jilotzingo, Estado de México, que contamina los mantos acuíferos de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán. ……………………………………….………………….…………………..….. 382
De la Dip. María de los Ángeles Jiménez del Castillo, a nombre de la Dip. Margarita Arenas Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores dar seguimiento de manera oportuna al proceso judicial en torno a la muerte del Sr. Luis Eduardo Ramírez Zavala. …………………..….. 384
Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal reorientar sus políticas públicas con estrategias y acciones que favorezcan una mayor generación de empleo. ………………………………………………………………………..…………..….. 386
De la Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a desechar de manera inmediata las iniciativas para establecer la cadena perpetua en México. ………..….. 388
Del Dip. Felipe Díaz Garibay, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal por sus acciones a favor de la prevención y tratamiento del SIDA en nuestro país. …. 393
De la Dip. Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a consumir vino nacional en los eventos que realice. ………………………………………..……..….. 396
Del Dip. Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a abstenerse de utilizar el padrón de beneficiarios de los programas sociales para fines políticos con miras al proceso electoral del 2009. ………………………………………..……………..….. 398
De los Diputados Nelly Asunción Hurtado Pérez, Liliana Carbajal Méndez y Edgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales y del Distrito Federal, analizar la procedencia de la implantación de mecanismos tendientes a mejorar la seguridad social de los policías en activo, así como de dotar de mejores apoyos a las familias de aquéllos en el ejercicio o con motivo de sus funciones. ………………………………..……………..….. 400
Del Dip. Ariel Castillo Nájera, a nombre de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a asignar al Instituto Federal Electoral los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones y atribuciones, con base en la correspondiente solicitud de ampliación presupuestal que dicho Instituto le formuló en forma y tiempo. ……………………………………………………………………..……………..….. 402
Del Dip. Tomas Gloria Requena, a nombre del Dip. César Horacio Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones urgentes a fin de combatir y erradicar la inseguridad en el Estado de Chihuahua. ………………………………..……………..….. 404
Del Dip. Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren los recursos necesarios para el proyecto de “Conservación y restauración de la Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera” en el municipio de Centla, Tabasco. …..….. 406
Del Dip. Diego Cobo Terrazas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a atender a los estudiantes que no fueron admitidos por las instituciones de educación superior del país. ….. 410
Del Sen. David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con relación a la situación del deporte en nuestro país. . 411
De Diputados integrantes de las Comisiones de Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que amplíe lo expuesto en el “Informe sobre la situación financiera y los riesgos” que enfrenta dicho Instituto y tenga a bien informar sobre la situación del Programa IMSS-Oportunidades. ………………………………………………. 413
Del Dip. Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al presupuesto correspondiente a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2009. ……………………………………. 415
De los Diputados Carlos Alberto García González, Luís Alonso Mejía García, Omeheira López Reyna, Raúl García Vivian y César Augusto Verástegui Ostos, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de los recursos públicos federales del ramo 33 para el Estado de Tamaulipas correspondientes al ejercicio fiscal 2007. …………………………………………………………………..………………………. 417
Del Sen. Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2009 se dote de mayores recursos al Instituto Nacional de Migración. …………………………………………………………..………………………. 419
De la Dip. María Victoria Gutiérrez Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los diferentes órdenes de gobierno a realizar acciones conjuntas dirigidas a permitir el libre acceso a las personas con discapacidad visual acompañadas de perros guías, en todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público. …………………………………………………………..………………….………. 420
Del Dip. Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al presupuesto correspondiente al mantenimiento integral y equipamiento de escuelas públicas con presupuesto participativo para el Ejercicio Fiscal 2009. 422
Del Dip. Andrés Bermúdez Viramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar la vigilancia en las aduanas y a fortalecer los programas de protección al migrante. …………….………. 424
De los Senadores José Luís García Zalvidea y Javier Orozco Gómez, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita al titular de la CONADE a una reunión de trabajo para tratar el desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos. …………….……………………………. 425
Del Dip. Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en relación a las pérdidas en el patrimonio cultural en el estado de Tabasco por las inundaciones de octubre de 2007. …………….……………………………. 427
Del Dip. Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Delegado Fiduciario de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación a informar detalladamente sobre la marcha y estado actual del proceso de liquidación del organismo referido. …………….……………………………. 429
De los Diputados Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Martha Angélica Romo Jiménez y José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se le solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación rinda un informe de los avances obtenidos durante el Primer Año del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012. ……………………………. 431
De los Diputados Alonso Flores Lourdes, Oliva Fragoso Silvia, Alavez Ruíz Aleida, Morales Sánchez Efraín, Varela López Víctor Gabriel, Mendoza Arellano David y Solares Chávez Miguel Ángel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para 2009, se asignen y etiqueten recursos para la construcción del Hospital General Regional de Iztapalapa. ………………………..………. 433
De la Dip. Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a contar con personal hablante de lenguas indígenas. ………………………..……………………………………………………..……. 436
Del Dip. Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. para que continúe con la cancelación de las autorizaciones de aquellos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de postgrado. . 438
Del Dip. Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los Tribunales Agrarios a resolver con apego a la legalidad y dar solución al conflicto de dotación de tierras al poblado San José Bodenquí, del Municipio de San Miguel Chapa de Mota, en Jilotepec, Estado de México. . 440
Del Dip. Pablo Trejo Pérez y de la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar un anticipo a las participaciones correspondientes a este año hasta por el monto que se adeuda a las entidades federativas por el derecho adicional de hidrocarburos correspondiente a 2007. …………………..……………. 442
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a destinar recursos para la realización del proyecto “Implementación de Sistemas Sustentables para la educación integral en el Bosque de Tarango” de la Delegación Álvaro Obregón, en el Distrito Federal. …………..……………. 444
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto suficiente para la realización del proyecto ejecutivo del camino carretero de diversas comunidades y que parte de la estación ferroviaria de Santiago Quiotepec, San Juan Coyula, Santa María Cuyamecalco, Santa Ana Cuauhtémoc, San Juan Chiquihuitlán, San Pedro Teutila, San Isidro Buenos Aires, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Chiquihuitlán de Benito Juárez y Santa María Tlalixtac, entre otros poblados del estado de Oaxaca. ……………………………………………………………………………. 446
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el cumplimiento del marco jurídico y respecto de las garantías que otorga la Constitución Política en el procedimiento administrativo que se sigue en contra del Magistrado Federal Francisco Salvador Pérez. ………………………………………………………….……………………………. 448
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto de 60 millones de pesos para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice el “Programa para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales de los Chimalapas”, en el estado de Oaxaca. ……………………….……………………………. 449
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto de 115 millones de pesos para la realización del proyecto “Fortalecimiento de la estructura de prevención y combate de incendios forestales en el suelo de conservación del Distrito Federal”. ……………………. 452
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto de 100 millones de pesos para la realización del “Programa de Derechos Sociales Indígenas para el Distrito Federal”. …………………………………………………………………………….…………. 454
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto de 850 millones de pesos para la realización del “Programa para la Productividad del Suelo Rural del Distrito Federal” …………………………………………………………………………….…………. 458
De Diputados de diversos Grupos Parlamentarios, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal a remitir un informe sobre el cumplimiento del artículo 25 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008. ………………………………………………………….….…………. 463
De las Diputadas Nelly Asunción Hurtado Pérez, Maricela Contreras Julián y Martha Tagle Martínez, la que contiene punto de acuerdo referente a los centros de atención y refugio de víctimas de violencia de género. …………………………………………………….….…….………. 465
De los Diputados Javier González Garza y Claudia L. Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer acción penal en contra de los responsables del homicidio culposo de 65 mineros acaecido en la Mina Pasta de Conchos, del Estado de Coahuila, ocurrido el 19 de febrero de 2006. ……………………………………….….…….………. 468
Del Dip. Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar medidas a fin de garantizar que el 60% del monto asignado al Sistema-producto café en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, llegue efectivamente a los productores cafetaleros del país. ……………………………………….….…………………….………. 471
De los Diputados José Jacques y Medina, Isidro Pedraza Chávez, Ángel Humberto García Reyes y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia porque el titular del Poder Ejecutivo Federal instituya el Día del Bracero Mexicano y del natalicio del líder México-norteamericano César E. Chávez. ….………….. 475
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, para referirse a la conmemoración del mes de agosto, como de los Adultos Mayores. ….………….. 477
De la Dip. Nelly Asunción Hurtado Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a las mexicanas que salvan el honor olímpico de México. ….…………..….. 479
Dictámenes a Discusión
De la Primera Comisión, el que contiene proyecto de decreto que concede permiso al Ciudadano Eugenio Santiago Clariond Reyes, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federativa de Brasil en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
PRIMERA COMISIÓN
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO AL C. EUGENIO SANTIAGO CLARIOD REYES, PARA QUE PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de La LX Legislatura, con fecha 30 de julio de dos mil ocho, fue turnada para su estudio y dictamen una solicitud de permiso remitida por la Secretaría de Gobernación para que el ciudadano Eugenio Santiago Clariod Reyes, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federativa de Brasil en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
Con fundamento en lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 78, fracción IV, Apartado C), esta Comisión emite el presente dictamen, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
I.- Del expediente del solicitante, mismo que contiene currículum vítae, identificación y acta de nacimiento, entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadano mexicano, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución General.
II.- El trabajo a desarrollar no implica sujeción a un gobierno extranjero, ni comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado expedir el permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos políticos.
En razón de lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:
DECRETO
ÚNICO.- Se concede permiso al ciudadano Eugenio Santiago Clariod Reyes, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federativa de Brasil en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 12 de agosto de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
De la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:
Por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a rectificar la decisión de sustituir a la Lic. Elena Zúñiga Herrera en el cargo de Secretaria General del Consejo Nacional de Población.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, RECTIFIQUE SU DECISIÓN DE SUSTITUIR A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaria de Gobernación, rectifique su decisión de destituir a la C. Lic. Elena Zúñiga Herrera, como Secretaria General del Consejo Nacional de Población, a propuesta de la Diputada Federal Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 23 de julio de 2008 la Diputada Federal Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. La proposición se inconforma ante la reciente decisión tomada por la Secretaría de Gobernación de separar del de Secretaria General del Consejo Nacional de Población a la C. Lic. Elena Zúñiga Herrera, cargo en el que estuvo 12 años, quedando vacante y en libre designación por Acuerdo.
Elena Zúñiga Herrera, nos menciona la proponente, fue la responsable de la elaboración del Programa Nacional de Población 2007-2012, además de planear y regular la dinámica poblacional y coordinar a los diversos sectores que influyen en ella; por lo mismo, la decisión generó tanto sorpresa como indignación en el ámbito político y social al constituir el Consejo un área en de necesaria continuidad en sus proyectos, siendo que, sin embargo, éstos han sido interrumpidos en diversas ocasiones.
Se menciona además que la trayectoria de Zúñiga Herrera es reconocida por académicos y organizaciones no gubernamentales, tanto por su promoción a las políticas de población, como por el respeto a los derechos humanos y sus aportaciones al fortalecimiento internacional de México en materia demográfica. Inclusive algunas organizaciones no gubernamentales han expresado su desencanto y su preocupación ante la citada remoción que podría influir en la oportunidad surgida con el nombramiento, ahora pendiente, como Presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, por la cooperación internacional que supone el cargo así como por sus labores para erradicar la pobreza mundial.
Por lo anterior la proponente exige que el Ejecutivo asuma su compromiso con la política de población y con los derechos de las mujeres, pues es lamentable que una funcionaria con tanta experiencia y con resultados tan positivos avalados por un excelente trabajo al frente de una de las dependencias gubernamentales con mayor prestigio social, tenga que abandonar el cargo.
2. En agosto de 2007 el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, designó de manera temporal a Elena Zúñiga Herrera como Secretaria General del Consejo Nacional de Población, por su conocimiento especializado de los temas de política de población como área estratégica para el diseño de políticas públicas y porque su presencia reafirmaría el prestigio de la CONAPO. Estas razones fortalecieron la confianza en la licenciada para colaborar con el Ejecutivo y dirigir nuevamente un equipo de alto nivel técnico, para proporcionar a la CONAPO una mejor calidad, presencia y prestigio para el desarrollo del país.
La Lic. Elena Zúñiga laboró para el Gobierno Federal conciente de que aún si obtuviera logros importantes para fortalecer internacionalmente la posición de México en materia demográfica y poblacional, elaborar el Programa Nacional de Población 2007-2012 y ser recientemente nombrada presidenta de la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Naciones Unidas y del Comité Especial de Población y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina, se procedería a cesarla de sus funciones de manera pública y conforme a lo que establece en el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Artículo 34.- En casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el Oficial Mayor respectivo u homólogo, bajo su responsabilidad, podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación, considerado para ser ocupado por cualquier servidor público, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esta Ley. Este personal no creará derechos respecto al ingreso al Sistema.
Una vez emitida la autorización deberá hacerse de conocimiento de la Secretaría en un plazo no mayor de quince días hábiles, informando las razones que justifiquen el ejercicio de esta atribución y la temporalidad de la misma.
La vacante abrió la oportunidad de iniciar un concurso del 11 de marzo al 12 de mayo pasado, para presentar alrededor de cuatro exámenes; sin embargo, el amplio currículum que abarca la Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Población, responsabilidades en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Directora General de Programas de Población y Secretaria General de CONAPO de junio de 2002 a marzo de 2006, así como una calificación de promedio final en los exámenes de 89 sobre 100 no le fue suficiente para acreditar la convocatoria junto a los demás aspirantes, por lo que el concurso fue declarado desierto.
Por lo anterior, y debido a que el servicio prestado por Elena Zuñiga no creaba derechos respecto al ingreso al Sistema, la dependencia gubernamental determinó dar paso, como lo permite un Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública en julio de 2005, a la libre asignación.
Cabe destacar que dicho Acuerdo señala, entre otras cosas, que la facultad para designar abarcará a las funciones que impliquen de manera permanente la negociación, orientación o defensa de las políticas institucionales en el ámbito, entre otras, de la política interior.
3. Después de la decisión de la Secretaría de Gobernación, operan plazos relativamente cortos para mantener una planificación coordinada en materias tan importantes como los problemas de descenso demográfico acelerado. Expertos han mencionado que en estos próximos años la población completará la última fase de transición demográfica, encaminándose rápidamente a un perfil envejecido. La tasa de crecimiento natural que descenderá de 1.35 por ciento en 2008 a 1.28 en 2010 y a 1.22 en 2012 requerirá, sin duda, modificaciones en las políticas públicas y es menester que esas decisiones se tomen por instituciones altamente especializadas en la materia.
Frente a ese reto, diversos servidores públicos, así como expertos en el tema, concuerdan en que una persona que puede dirigir los trabajos especializados para realizar esta tarea es la Lic. Zúñiga, que previamente se comprometió con los objetivos del Consejo y cumplió su compromiso consolidándole como un organismo de alto nivel técnico y fundamentalmente capaz de resolver las prioridades nacionales a corto, mediano y largo plazo.
4. Esta Comisión, ha podido constatar la sustitución de la Lic. Elena Zuñiga Herrera al frente de la Secretaría General del Consejo, como expresamente lo consignan los boletines de prensa Nos. 168-09/07/2008 y 183-16/07/2008 emitidos por la Secretaría de Gobernación los días 9 y 16 de julio, respectivamente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Secretario de Gobernación, a que se rectifique la decisión de sustituir a la C. Lic. Elena Zúñiga Herrera en el cargo de Secretaria General del Consejo Nacional de Población, en atención a su experiencia y logros en materia de políticas poblacionales y al llamado de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que se han manifestado a favor de la trayectoria de la funcionaria.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudad de México
a 12 de agosto de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados Federal para que nombre una comisión plural de legisladores para visitar la comunidad Triqui en el Estado de Oaxaca, con el objetivo de conocer y recabar información sobre la grave situación de violencia que sufre las mujeres de la región.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO punto de acuerdo sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres de la Comunidad Triqui en el Estado de Oaxaca.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres de la Comunidad Triqui en el Estado de Oaxaca, presentado por las Diputadas Alliet Bautista Bravo, Valentina Batres Guadarrama, Maricela Contreras Julián, Aleida Alavéz Ruiz y Sonia Noelia Ibarra Fránquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 30 de julio de 2008 las Diputadas, Alliet Bautista Bravo, Valentina Batres Guadarrama, Maricela Contreras Julián, Aleida Alavéz Ruiz y Sonia Noelia Ibarra Fránquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.- En su proposición, recuerdan las legisladoras que el 14 de febrero de 2008, el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó, por unanimidad, un dictamen de la Comisión de Equidad y Género por el que se exhortó "al gobierno del Estado de Oaxaca para que atienda la problemática de violencia contra las mujeres en la zona Triqui de dicha entidad federativa, además de que realice todas las medidas procesales conducentes para coadyuvar con la pronta impartición de justicia en el caso de la desaparición de las jóvenes Virginia y Daniela Ortiz Ramírez. Asimismo, se solicitó al Gobierno del Estado de Oaxaca, sirva remitir un informe a esta Soberanía en un plazo de 20 días sobre las acciones para atender los resolutivos del presente acuerdo. Sin embargo, la información solicitada no ha sido recibida.
Por otra parte, aluden las proponentes a la proposición aprobada por esta Comisión Permanente, el 21 de mayo de 2008, con punto de acuerdo por el que se exhortaba respetuosamente a la Procuraduría del Estado de Oaxaca, para que informe sobre las investigaciones de los homicidios de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino y en el que se exhortaba al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que en términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, emitiera la declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad Triqui, en el Estado de Oaxaca, y, en su caso, notifique la declaratoria al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.
Al respecto, refieren las proponentes que en un oficio remitido por la Secretaría de Gobernación para dar respuesta a dicha proposición, se argumenta que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, prevén un procedimiento para emitir una declaratoria de alerta de violencia de género y detalla quienes pueden solicitarla y que dentro de tales organismos, no se encuentra la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Secretaría de Gobernación informa que se estima que existe imposibilidad legal y material para atender el exhorto formulado al Secretario de Gobernación.
Ante ello, recuerdan las proponentes que en la Encuesta Nacional sobre Violencia 2003 realizada por el Instituto Nacional de Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática corrobora la situación de violencia, al señalar que Oaxaca es la entidad de la República donde 75 por ciento de las mujeres (encuestadas en 2003) dijeron haber sufrido violencia. El número más alto en todo el país. De igual forma, documentó que existen zonas en el Estado donde las mujeres se encuentran en mayor riesgo para su integridad y seguridad, siendo un ejemplo relevante el contexto político de la región Triqui, una de los más complicados por las continuas disputas políticas de grupos dirigidos por hombres.
Por eso, recuerdan que el artículo 23 de la Ley citada establece que la alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Además, apunta la proposición que el Estado mexicano ha asumido diversas responsabilidad por los actos que cometen tanto sus agentes como los particulares, relativos a discriminación y violencia, por lo que asumir una actitud tolerante por parte del Estado en los casos de violencia y discriminación de género viola la obligación de sancionar, pero también de prevenir, en la medida en la que no sólo facilita sino que perpetúa esta forma de discriminación en contra de las mujeres.
Por todo lo anterior, las proponentes someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, dos resolutivos en los que se integra una Comisión plural de legisladores para visitar la comunidad trique en el Estado de Oaxaca, con el objetivo de conocer y recabar información sobre la grave situación de violencia que sufren las mujeres de la citada región y, en forma posterior a dicha visita, se convoque a una reunión de trabajo con el Instituto Nacional de las mujeres, la Secretaria de Gobernación, las comisiones de Equidad y Genero, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y la Comisión Especial para conocer las políticas y la preocupación de justicia vinculada a los feminicidios en el país de la Cámara de Diputados, para entregar los resultados de la visita y tomar acuerdos que permitan enfrentar y solucionar la situación de violencia contra las mujeres triquis.
2.- En efecto, como lo recuerda la proponente, el pasado 21 de mayo esta Primera Comisión sometió a la consideración del Pleno un dictamen a una proposición presentada el anterior día 7 del mismo mes, por el que se realizaron los siguientes exhortos:
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en ejercicio durante el Primer Receso del Segundo Año de la LX Legislatura, exhorta respetuosamente a la Procuraduría del Estado de Oaxaca, informe sobre las investigaciones de los homicidios de Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos requiera a las autoridades competentes se dicten las medidas cautelares necesarias a efecto de garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de Jaciel y Gustavo Vázquez Flores, y sus padres Faustino Vázquez Martínez y Cristina Martínez Flores.
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Procurador de Justicia de la entidad, para que de manera inmediata, remitan a esta Soberanía el informe solicitado en fecha 14 de febrero de 2008.
CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que en términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, emita la declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad Triqui en el Estado de Oaxaca, y en su caso notifique la declaratoria al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.
QUINTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a que se continúen los trabajos necesarios para desarrollar un marco legal federal que permita enfrentar de manera integral la problemática de agresiones a las que se enfrentan periodistas, comunicadores, comunicadoras y medios de comunicación en el país.
La proposición fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente y comunicada en sus términos a las autoridades mencionadas. Sin embargo, sólo la Secretaría de Gobernación remitió respuesta al exhorto que expresamente se le hizo en el resolutivo Cuarto, comunicación que fue recibida el pasado 2 de julio por la Mesa Directiva de la propia Comisión Permanente y en la cual dicha dependencia considera imposible legal y materialmente atender la petición de este órgano legislativo federal, bajo los siguientes argumentos:
1. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (la ley) y su Reglamento, prevén un procedimiento, con mecanismos claros y específicos, para emitir una declaratoria de alerta de violencia de género.
2. Ese procedimiento detalla a los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil o los organismos internacionales, que pueden solicitar la declaratoria de alerta de violencia de género, tal como se desprende del artículo 24, fracción III, de la ley y de los numerales 32, 33 y demás relativos del Reglamento.
3. Dentro de tales organismos, no se encuentra la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
4. Ahora bien, para emitir la declaratoria que nos ocupa, con independencia del organismo que la solicite, es necesario agotar todas las etapas del procedimiento aludido en párrafos precedentes y que están contempladas en el propio artículo 24 de la ley y del 32 al 39 de su Reglamento.
5. Por lo anterior, se estima que existe una imposibilidad legal y material para atender el exhorto formulado al C. Secretario de Gobernación.
Destaca, en el particular, que el artículo 24 de la Ley citada precisa los elementos necesarios para la emisión de una declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
De lo anterior resulta que, en efecto, se precisa que algunos de los organismos locales, nacionales o internacionales facultados en la fracción III del artículo transcrito solicite la emisión de la declaratoria para que comience el procedimiento respectivo, constituyéndose éste, por lo tanto, en un requisito procesal indispensable.
Persiste, sin embargo, la necesidad de atender la problemática de violencia de género en la comunidad Triqui, como lo refieren las proponentes, quedando subsistente la necesidad de recibir la información que se solicitó en los resolutivos restantes del punto de acuerdo antes transcrito.
3. Es del conocimiento de esta Dictaminadora que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, el 14 de febrero de 2008, un dictamen de la Comisión de Equidad y Género por el que se solicitó al Gobierno del Estado de Oaxaca remitiera un informe en un plazo de 20 días sobre las acciones para atender los resolutivos del Acuerdo principal, que lo fue el de exhortar a dicho gobierno estatal atender “la problemática de violencia contra las mujeres en la zona Triqui de dicha entidad federativa”, además de realizar “todas las medidas procesales conducentes para coadyuvar con la pronta impartición de justicia en el caso de la desaparición de las jóvenes Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, lo que implica, entre otras cosas, realizar acciones de búsqueda, localización y rescate”. Ello, sin generar obligación alguna al gobierno estatal de referencia, pues no existe en este órgano legislativo federal potestades específicas para realizar solicitudes vinculantes de información a los órganos de gobierno estatales. Sin embargo, genera convicción a esta Comisión del constante seguimiento que diversas instancias del Congreso de la Unión han dado al problema en cuestión.
Cabe, por tanto, reiterar en el presente dictamen, las consideraciones que esta comisión vertió en el dictamen del pasado 21 de mayo, respecto de la necesidad de la declaratoria solicitada:
El artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
En este sentido y de acuerdo con información brindada por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, las mujeres indígenas de la zona Triqui de Oaxaca se han convertido en las principales víctimas de un conflicto interno de poder y de violencia estructural que ha generado violaciones a los derechos humanos de las mujeres, con la agravante de que son casos que se han mantenido en la impunidad.
Los lamentables casos de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años respectivamente, ambas maestras de educación primaria bilingüe, quienes están "extraviadas" desde hace aproximadamente siete meses, cuando caminaban entre las localidades oaxaqueñas de Villa Putla de Guerrero y Santiago Juxtlahuaca, situadas en la comunidad de El Rastrojo, y los homicidios de las locutoras Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino de 20 y 24 años de edad, respectivamente, son ejemplo de la grave situación de violencia y discriminación que viven las mujeres en la zona Triqui.
Asimismo, de acuerdo con las consideraciones vertidas en un dictamen de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Gobernación emita una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la comunidad Triqui, en el Estado de Oaxaca, aprobada por el Pleno de dicha legisladora, en los últimos años y derivado del conflicto en la zona, se han documentado los asesinatos de Juana Martínez Pérez, el 19 de febrero de 2005, y de Marcela Martínez López, el 26 de mayo de 2006. También han sido lesionadas en el año 2007, Laura Ortiz Ramírez, estudiante de la normal de Tlacochahuaya, Celina García, una niña de 12 años, y Sofía Bautista, de 11 años, quien fue víctima de una balacera que la dejó con parálisis facial.
Asimismo, se informó que se han denunciado dos violaciones sexuales contra mujeres de la comunidad Triqui, una en julio de 2006 en contra de una niña de 14 años y otra en octubre de 2007 en contra de una joven de 17 años. Además, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos ha denunciado que se conocen por lo menos de 10 casos más de violaciones sexuales, de los que no existen procesos por miedo de las víctimas a denunciar.
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre violencia 2003 realizada por el Instituto Nacional de Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática corrobora la situación de violencia, al señalar que Oaxaca es la entidad de la República donde 75 por ciento de las mujeres (encuestadas en 2003) dijeron haber sufrido violencia. El número más alto en todo el país.
De igual forma, la Encuesta Nacional sobre violencia 2003 documentó que existen zonas en el Estado donde las mujeres se encuentran en mayor riesgo para su integridad y seguridad. Un ejemplo de esto es el contexto político de la región Triqui, uno de los más complicados por las continuas disputas políticas de grupos dirigidos por hombres…
… Analizando la Ley General de de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las agresiones sistemáticas cometidas en contra de mujeres en la región Triqui, esta Comisión Dictaminadora considera que constituyen sin duda delitos que perturban la paz social y que la sociedad civil demanda que se detengan.
Esta dictaminadora considera que, persistiendo la grave problemática presentada en anteriores proposiciones y escapando a las potestades expresas del órgano legislativo federal el solicitar la declaratoria de alerta de violencia de género, en los términos de la Ley antes citada, es menester encontrar los mecanismos adecuados para que esta representación popular nacional intervenga en la atención del problema.
Ante ello, considera esta Primera Comisión que la propuesta que se dictamina ofrece una mecánica viable para dar una respuesta integral al problema, sobre todo, considerando que este Poder Legislativo Federal ha venido dándole puntual seguimiento. Sin embargo, considera esta dictaminadora que los tiempos constitucionales definidos para el desarrollo de las funciones de la Comisión Permanente, no permiten una óptima operación de la eventual comisión de trabajo que integrara este órgano. Ante lo cual, consideramos que dicha comisión transitoria presenta mayores posibilidades si es integrada por la Cámara de Diputados, por lo que se propone realizar un respetuoso exhorto en esos términos.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados Federal para que, de entre sus miembros, nombre una Comisión plural de legisladores para visitar la comunidad Trique en el Estado de Oaxaca, con el objetivo de conocer y recabar información sobre la grave situación de violencia que sufre las mujeres de la citada región. Así mismo, para que en forma posterior a la visita, se convoque a una reunión de trabajo con el Instituto Nacional de las mujeres, la Secretaria de Gobernación y las comisiones de Equidad y Genero, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Especial para conocer las políticas y la preocupación de justicia vinculada a los feminicidios en el país, de la propia Cámara de Diputados, a efecto de que sean entregados los resultados de la visita y se tomen los acuerdos que permitan enfrentar y solucionar la situación de violencia contra las mujeres triquis.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudad de México a 19 de agosto de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerar la solicitud de ampliación presupuestal presentada por el Instituto Federal Electoral.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ATIENDA en sus términos LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público atienda, a la menor brevedad, la solicitud de ampliación presupuestal presentada por el instituto federal electoral, presentada por el Senador José Guadarrama Márquez, a nombre del Senador Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 13 de agosto de 2008, el Senador José Guadarrama Márquez, a nombre del Senador Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.- El proponente expresa que el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó, el 31 de marzo de 2008, un acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2008, con el fin de que la autoridad administrativa electoral federal se encuentre en aptitud de atender las nuevas atribuciones, administración, distribución y vigilancia de los tiempo oficiales, así como para la reestructuración administrativa derivado de las reformas constitucionales y legales en la materia.
Afirma la proposición de mérito que esa solicitud tiene sustento legal en el artículo Vigésimo Primero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, que establece la facultad del Instituto Federal Electoral para solicitar ampliaciones a su presupuesto, para atender sus nuevas atribuciones de administración, distribución y vigilancia de los tiempos oficiales, así como para la reestructuración administrativa derivado de las reformas constitucionales y legales en materia electoral.
Indica que las nuevas atribuciones quedaron establecidas en el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), y entre ellas se establece, en el artículo 76, que para asegurar a los partidos políticos la debida participación en la materia, se constituirá el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral. Una de sus responsabilidades es las de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a programas y mensajes de los partidos políticos, formuladas por la Dirección Ejecutiva competente; siendo que el mismo artículo señala que el Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión.
Por otra parte, indica el proponente que la misma legislación electoral dispone que Instituto cuente con los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión.
Recuerda la proposición que es atribución del Consejo General ordenar la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias; debiendo hacer públicos los resultados, por lo menos cada quince días, a través de los tiempos destinados a la comunicación social del Instituto Federal Electoral y en los demás medios informativos que determine el propio Consejo.
Las nuevas obligaciones son importantes, expresa el proponente, para la consolidación de la última generación de modificaciones al sistema electoral mexicano, que coadyuvará a conseguir la equidad en las contiendas. Sin embargo, indica, y a pesar de que el Instituto Federal Electoral ha realizado diversas gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que les sea autorizada la referida ampliación presupuestal, a la fecha, esa dependencia sólo ha considerado la eventual aprobación de una ampliación presupuestaria por 350 millones, ante lo cual, toda vez que se trata de una suma menor al 50% de lo solicitado por el IFE, la proposición plantea la necesidad de que esta Comisión Permanente solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que atienda en sus términos y a la menor brevedad la ampliación presupuestal presentada por el Instituto.
2. En efecto, tal y como lo plantea el proponente, el proceso de reforma electoral constitucional y legal desarrollado durante los meses de octubre de 2007 a enero de este año, tuvo como una de las intenciones fundamentales del Poder Reformador y del legislador ordinario, el fortalecimiento de las autoridades electorales, tanto la administrativa, como la jurisdiccional.
Al respecto, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 99, 85, 108, 116 y 122, adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consideraba en su exposición de motivos:
Un segundo objetivo es el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales a fin de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación. De esta manera, el Instituto Federal Electoral vería fortalecida su capacidad para desempeñar su papel de árbitro en la contienda… Fortalecer la autonomía del Instituto Federal Electoral es propósito directo y central de esta iniciativa…
De importancia destacada es el tercer objetivo que se persigue con al reforma constitucional propuesta: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campaña electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.
Quienes suscribimos la presente iniciativa nos hemos comprometido a diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de comunicación entre sociedad y partidos, que atienda las dos caras del problema: en una está el derecho privado, en la otra el interés público. En México es urgente armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral.
Las garantías individuales que nuestra Constitución reconoce y consagra son para las personas no para las autoridades; éstas no pueden invocar como justificación o defensa de sus actos tales principios. La libertad de expresión es una garantía individual ante el Estado, los poderes públicos no están protegidos por la Constitución; son las personas, los ciudadanos, a los que la Constitución protege frente a eventuales abusos del poder público.
Es por ello que llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política.
La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los medios de comunicación.
Retomando esas consideraciones, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos del Senado de la República establecieron en el dictamen respectivo las “bases del nuevo modelo de comunicación social que se proponen incorporar en el artículo 41 constitucional”, de entre las cuales destacan:
• El acceso permanente de los partidos políticos a la radio y la televisión se realizará exclusivamente a través del tiempo de que el Estado disponga en dichos medios, conforme a esta Constitución y las leyes, que será asignado al Instituto Federal Electoral como autoridad única para estos fines;
• La determinación precisa del tiempo de radio y televisión que estará a disposición del Instituto Federal Electoral, para sus propios fines y para hacer efectivo el ejercicio de los derechos que esta Constitución y la ley otorgan a los partidos políticos;
• En congruencia con la decisión adoptada en relación al criterio de distribución del financiamiento público ordinario y para actividades específicas, se dispone que el tiempo de que dispondrán los partidos en radio y televisión, durante las precampañas y campañas electorales, se distribuya de la misma forma, es decir treinta por ciento igualitario y setenta por ciento proporcional a sus votos
• En el Apartado B de la misma Base III se establecen las normas aplicables al uso de radio y televisión por las autoridades electorales de las entidades federativas y los partidos políticos durante las campañas electorales de orden local; dejando establecido que en las elecciones locales concurrentes con la federal, el tiempo destinado a las primeras quedará comprendido en el total establecido en el Apartado A de la citada nueva Base III;
• Se establecen nuevos criterios para el acceso de los partidos políticos nacionales a la radio y la televisión fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales, preservando la forma de distribución igualitaria establecida desde la reforma electoral de 1978;
• Se eleva a rango constitucional la obligación de los partidos políticos de abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral expresiones denigrantes para las instituciones o para los propios partidos, o que calumnien a las personas. De igual forma, se determina la obligada suspensión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, señalando las únicas excepciones admisibles;
• También se eleva a rango constitucional la prohibición a terceros de contratar o difundir mensajes en radio y televisión mediante los que se pretenda influir en las preferencias de los electores, o beneficiar o perjudicar a cualquier partido o candidato a cargo de elección popular. Se establece disposición expresa para impedir la difusión, en territorio nacional, de ese tipo de mensajes cuando sean contratados en el extranjero;
• Para dar al Instituto Federal Electoral la fortaleza indispensable en el ejercicio de sus nuevas atribuciones, la ley deberá establecer las sanciones aplicables a quienes infrinjan las nuevas disposiciones constitucionales y legales, facultándose al IFE para ordenar, en caso extremo, la suspensión inmediata de las transmisiones en radio o televisión que violen la ley, en los casos y cumpliendo los procedimientos que la propia ley determine.
Todas esas bases se incorporaron en diversos preceptos constitucionales y fueron desarrolladas en la legislación secundaria, confiriendo al Instituto Federal Electoral diversas obligaciones cuyo cumplimiento es indispensable para la eficacia de la reforma electoral. Obligaciones que fueron desarrolladas en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada el pasado 14 de enero.
3. La proposición reproduce un párrafo del Acuerdo por el cual el Consejo General del IFE determina solicitar la ampliación presupuestaria:
"... se aprueba la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2008, con el fin de atender las nuevas atribuciones, administración, distribución y vigilancia de los tiempos oficiales, así como para la reestructuración administrativa derivado de las reformas constitucionales y legales en materia electoral, en términos de los antecedentes y considerandos expuestos, la cual asciende a la cantidad de 1,453.6 millones de pesos."
El documento de referencia se denomina “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2008, con el fin de atender las nuevas atribuciones, administración, distribución y vigilancia de los tiempos oficiales, así como para la reestructuración administrativa derivado de las reformas constitucionales y legales en materia electoral”. En las consideraciones para su aprobación, el Consejo General del Instituto destaca los fundamentos esenciales para la modificación presupuestal, destacando los siguientes:
II. Que el artículo 41, párrafo segundo, base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.
III. Que el artículo 41, párrafo segundo, base III, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate.
IV. Que el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la administración de los recursos federales deberá realizarse con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
XII. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, establece en su artículo transitorio vigésimo primero, segundo párrafo, que el Instituto Federal Electoral podrá solicitar ampliaciones a su presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal con el fin de atender sus nuevas atribuciones, administración, distribución y vigilancia de los tiempos oficiales, así como para la reestructuración administrativa, derivado de las reformas constitucionales y legales en materia electoral. Los montos de las ampliaciones deberán solicitarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a lo que se prevea en las referidas reformas legales, a más tardar el último día hábil de marzo de 2008, para lo cual el Consejo General del Instituto o el órgano que lo sustituya, deberá fundar y motivar en todos los casos los montos adicionales solicitados, su aplicación o su destino, así como determinar el impacto presupuestario de sus propuestas con base en criterios técnicos. Toda ampliación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y deberá ser informada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Mediante tal fundamento, el instituto procede a la conformación de un listado las necesidades prioritarias, desagregada por órganos y, dentro de éstos, por acciones a realizar, cada una con expresión del fundamento constitucional y legal que le ampara, para efecto de permitir “el uso de tecnologías y el desarrollo de sistemas que faciliten la realización de actividades y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros ya existentes”. Al final de dicho listado, y dentro de las consideraciones del Acuerdo, el instituto concluye:
XIV. Con la finalidad de atender las obligaciones establecidas a cargo del Instituto con motivo de la reforma electoral, se estima necesario solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestal por la cantidad de 1,453.6 millones de pesos, la cual queda integrada de la siguiente manera:
216.6 millones de pesos, el 14.9% como presupuesto regularizable para los siguientes ejercicios fiscales y 1,237.0 millones de pesos, el 85.1% como presupuesto no regularizable, este presupuesto está vinculado principalmente con la inversión tecnológica inicial que requiere hacer el Instituto para atender las nuevas atribuciones en materia de radiodifusión.
Resumen por programa y unidad responsables Millones de pesos
|Programa |Total |% |PR 1) |PNR 2) |
|Total General |1,453.6 | |216.6 |1,237.0 |
|Administrar las prerrogativas electorales de los partidos políticos |1,141.4 |78.5% |84.2 |1,057.2 |
|Actualizar el padrón electoral y expedir la credencial para votar |100.2 |6.9% |14.2 |86.0 |
|Planeación, concertación y control |96.6 |6.6% |55.7 |40.9 |
| |Unidad de Servicios de Informática |74.4 |5.1% |37.3 |37.1 |
| |Dirección Jurídica |14.7 |1.0% |12.5 |2.2 |
| |Secretaría Ejecutiva |6.5 |0.4% |5.0 |1.5 |
| |Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación |1.0 |0.1% |0.9 |0.1 |
|Fiscalización de los recursos de los partidos políticos |85.5 |5.9% |62.6 |22.9 |
|Organizar procesos electorales federales |30.0 |2.1% |0.0 |30.0 |
1) Presupuesto regularizable para los siguientes ejercicios fiscales
2) Presupuesto no regularizable (inversión inicial)
Resumen por capítulo de gasto Millones de pesos
|Programa |Total |% |PR |PNR |
|Total General |1,453.6 | |216.6 |1,237.0 |
|1000. Servicios Personales |153.1 |10.5% |133.1 |20.0 |
|2000. Materiales y Suministros |33.9 |2.3% |7.3 |26.6 |
|3000. Servicios Generales |131.5 |9.0% |76.3 |55.2 |
|5000. Bienes Muebles e Inmuebles |1,135.2 |78.2% |0.0 |1,135.2 |
En el caso del presupuesto regularizable, se deberá considerar su incremento para los siguientes ejercicios fiscales, derivado de la vigencia de las plazas permanentes y de los contratos de telecomunicaciones y mantenimiento de equipo y soporte tecnológico (software) en materia de radiodifusión.
En el anexo único del presente Acuerdo, se precisan las actividades que los órganos del Instituto requieren efectuar para dar cumplimiento a las obligaciones que le impone la reforma electoral.
XV. Que si bien el Anexo Único que acompaña a este acuerdo establece una modalidad para la eventual aplicación del presupuesto que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es posible que las diferentes áreas del Instituto continúen analizando el impacto de la reforma electoral y diseñen propuestas para optimizar el uso de los recursos públicos que se le encargan al Instituto.
XVI. Que el diseño de propuestas permitirá contar con un esquema modernizador de las tareas institucionales, basado en información complementaria de la que hoy se dispone y con una visión integral de la forma de responder a las nuevas responsabilidades institucionales.
XVII. Que las propuestas procurarán incorporar al modelo de aplicación de la reforma electoral, elementos de reestructuración administrativa del Instituto que tomen en consideración, entre otros elementos, los siguientes aspectos:
a. Las nuevas necesidades de actualización de la relación entre uso de nuevas tecnologías y los recursos humanos con que cuenta el Instituto;
b. El perfil de los funcionarios electorales que se incorporarán al Instituto para cumplir con las nuevas responsabilidades legales;
c. El nuevo esquema de coordinación al interior del Instituto que se requerirá para el óptimo cumplimiento de las responsabilidades y el uso de los recursos;
d. El esquema de un modelo tecnológico institucional que permita la actualización constante de sus equipos, al menor costo posible para el erario público;
e. En la medida de lo posible incorporar un modelo de colaboración interinstitucional con otros entes del Estado Mexicano y con centros académicos públicos como son la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, para la optimización de recursos tecnológicos, y de personal calificado preservando las condiciones de independencia, autonomía y manejo directo de las atribuciones correspondientes, y
f. Un esquema en materia de radiodifusión que establezca prioridades para la atención de las nuevas responsabilidades y soluciones tecnológicas alternativas, considerando el contenido del artículo 62, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
XVIII. Que el Instituto, a través de sus áreas ejecutivas, deberá elaborar propuestas que optimicen el uso de los recursos públicos que se solicitan, a lo largo del presente ejercicio fiscal.
XIX. Que conviene que el Consejo General y la sociedad en su conjunto conozcan de manera transparente la forma definitiva como se ejercerán los recursos correspondientes a la ampliación presupuestal, para lo cual es necesaria la elaboración de un cronograma de actividades y de un plan de trabajo que detalle de manera integral las actividades a realizar, y se informe al Consejo General de su instrumentación.
4. Para esta Comisión Dictaminadora es claro que cada uno de los montos presupuestales que especifica el Acuerdo, con sus anexos, están justificados de conformidad con el mandato que confirió el Constituyente Permanente al IFE, y que desarrolló el Congreso General, para efecto de dar cabal cumplimiento al nuevo régimen de administración de los procesos electorales y de relación de los partidos y la sociedad con los medios de comunicación.
Baste como muestra el mandato relativo a la constitución del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral. Al respecto, el Consejo General del IFE justifica en su Acuerdo:
Comité de Radio y Televisión del Instituto
Los artículos 59, párrafo 2; 65, párrafo 3 y 76 del código comicial Federal señalan que el Comité de Radio y Televisión del Instituto, será responsable de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a programas y mensajes de los partidos políticos, formuladas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como los demás asuntos que en la materia conciernen a los partidos políticos. En su caso, el Consejo General podrá atraer a su competencia los asuntos en esta materia que por su importancia así lo requieran.
Los mensajes de campaña y precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto.
El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias. Los resultados se harán públicos, por lo menos cada 15 días, a través de los tiempos destinados a la comunicación social del Instituto y en los demás medios informativos que determine el propio Consejo General. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión. Además, dispondrá, en forma directa, de los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión.
Cuestión semejante sucede en cada uno de los rubros definidos en el Acuerdo de referencia, mismos que en conjunto sustancian las dos tablas reproducidas en este apartado de consideraciones. Frente a ello, esta Comisión Permanente considera justificado exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que atienda en sus términos la solicitud de ampliación presupuestal hecha por el Instituto, toda vez que resulta de las necesidades que le origina el mandato expreso del órgano legislativo federal, del que esta Comisión Permanente forma parte.
Por lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, considera que existen los elementos necesarios para someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la solicitud de ampliación presupuestal presentada por el Instituto Federal Electoral.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudad de México
a 19 de agosto de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
Por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a coadyuvar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos que tuvieron lugar en la comunidad de Santiago Lachivía, Oaxaca.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA INVESTIGAR Y ESCLARECER LOS HOMICIDIOS Y LESIONES DE LOS COMUNEROS OCURRIDOS EL 5 DE AGOSTO DE 2008 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIVÍA, YAUTEPEC.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita investigar y esclarecer los homicidios y lesiones de los comuneros ocurridos el 5 de agosto de 2008 en el Municipio de Santiago Lachivía, Yautepec, Oaxaca, a cargo del Sen. Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia y por el Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 13 de agosto de 2008 el Sen. Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición por la que se solicita investigar y esclarecer los homicidios de los comuneros Cecilio Vásquez Miguel y Venancio Olivera Ávila, así como de las lesiones que sufrió Aurelio Ortega Pacheco, ocurridos el 5 de agosto de 2008 en el Municipio de Santiago Lachivía, Yautepec, Oaxaca, misma que establece los siguientes puntos resolutivos:
Primero.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional a que informe a esta Soberanía sobre las operaciones que se encontraban realizando elementos del Ejército Mexicano en la zona de Mihuatlán-Yautepec. Asimismo, a que colabore con las autoridades ministeriales locales en la investigación y esclarecimiento de los homicidios de los comuneros Cecilio Vásquez Miguel y Venancio Olivera Ávila, y de las lesiones cometidas en contra de Aurelio Ortega Pacheco, perpetrados presuntamente por elementos militares.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a que investigue exhaustivamente y esclarezca los acontecimientos en los que perdieron la vida los comuneros Cecilio Vásquez Miguel y Venancio Olivera Ávila, a fin de castigar a los responsables.
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónsolicita a laComisión Nacional de los Derechos Humanos a que en uso y atribución de las facultades que le confiere la ley, investigue los acontecimientos en que perdieron la vida loscomuneros Cecilio Vásquez Miguel y Venancio Olivera Ávila, así como de las lesiones sufridas por Aurelio Ortega Pacheco presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas armadas; así como del presunto abuso de autoridad cometido contra habitantes de Santiago Lachivía,y emita las recomendaciones correspondientes.
2. Con fecha 13 de agosto de 2008 el Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuve con las autoridades locales a fin de esclarecer la presunta participación de militares en los asesinatos de dos habitantes de la comunidad de Santiago Lachivía, Oaxaca, entre ellos el agente municipal de esa localidad, misma que establece los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, coadyuve con las autoridades locales a fin de esclarecer la presunta participación de militares en los asesinatos de dos habitantes de la comunidad de Santiago Lachivía, Oaxaca; entre ellos el Agente Municipal de esa localidad.
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inicie una investigación sobre los hechos acontecidos en la comunidad de Santiago Lachívia, Oaxaca.
En las mismas fechas de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que las proposiciones antes relacionadas se turnaran para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. Las proposiciones concurren en sus exposiciones sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el Estado de Oaxaca por parte de presuntos elementos de la fuerza armada. Enseguida se resumen en conjunto las fundamentales:
a. Los proponentes reconocen el continuo plan de acción por parte de los miembros encargados de la seguridad para proteger a la ciudadanía, sin embargo la lucha contra el crimen organizado ha provocado también la persistencia de presuntas violaciones y denuncias en contra de los derechos humanos de la misma población en los operativos del Ejercito y Policía.
b. La denuncia que presentan los senadores, refiere a este lamentable hecho sobre las deficiencias en labor y los criterios de acción para garantizar la seguridad. Se menciona en las proposiciones que las averiguaciones previas 64/2008 y 1043/H.C./2008 integran las denuncias por los hechos ocurridos el 5 de agosto en el Estado de Oaxaca, en la que dos personas, entre ellos un agente municipal, resultaron asesinadas por presuntos miembros del Ejercito luego que éstos dispararan contra 120 comuneros de Santiago Lachivía que realizaban su trabajo de "tequio".
c. Así mismo coinciden en que es lamentable que aún se presenten víctimas inocentes surgidas por el enfrentamiento en contra del crimen organizado, y hacen un atento llamado a la Secretaría de la Defensa y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se pronuncien por estos hechos, así como a las autoridades competentes para que de manera responsable, deslinden responsabilidades que aseguren el Estado de Derecho y las garantías individuales.
d. Por último solicitan que en próximas acciones de las fuerzas armadas prevea un esquema de conocimiento, capacitación y respeto de los derechos humanos, a fin de que al desarrollar sus tareas operativas no incurran en violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
2. Compartimos la preocupación que manifiestan los proponentes en relación a las continuas víctimas que se desprenden de los hechos violentos para combatir al crimen organizado. Por ello quienes signan el presente documento están convencidos de que la cooperación entre poderes necesita ser continua, lo que eventualmente creará mejoras sociales que garanticen la seguridad nacional.
3. Constituye un hecho público y asentado en las denuncias 64/2008 y 1043/H.C./2008, así como en el oficio 7678/2008 que el 5 de agosto en el Estado de Oaxaca para detener a campesinos en labores, 20 sujetos en ropa militar dispararon consecutivamente al aire, lo que provocó la huida y que finalmente que se les disparara a 120 personas. En el lugar desafortunadamente se registró el fallecimiento de un agente municipal y un labriego.
Finalmente en un comunicado de prensa la Procuraduría general de la República confirmó que tras la citada denuncia, el agente del Ministerio Público con sede en San Carlos Yautepec inició la averiguación previa y ordenó que diversos peritos se presentaran en el lugar.
4. A esta dictaminadora no le corresponde dictar ninguna sentencia en forma de presunción sobre los lamentables hechos en que murieron dos pobladores y fue herido de gravedad otro, como tampoco, en relación a los actos de negligencia y complicidad que supuestamente tuvo lugar por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en el Municipio de Santiago Lachivía, Estado de Oaxaca.
Sin embargo, quienes signamos el presente dictamen compartimos las demandas existentes para que el caso en el que al parecer 20 soldados dispararon directamente en contra de pobladores de la zona, se investigue a fin de que se deslinde responsabilidades y se sancione de quienes resulten responsables por la muerte de dos habitantes del municipio.
5. Esta dictaminadora considera oportuno señalar que quienes proporcionan la garantía de seguridad, específicamente para combatir la delincuencia organizada y la corrupción, necesitan de un estricto seguimiento de normas y procedimientos apegados al respeto de los derechos humanos. Además conminamos a las autoridades competentes, a que desarrollen acciones que les permitan reducir las persistentes denuncias públicas que muestran violaciones policíacas a nuestra ley, así como la desconfianza ciudadana.
La intención refiere a la garantía de confiabilidad en nuestros cuerpos de seguridad y conforme a los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo que le demanda la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
6. En atención a los resolutivos en análisis, consideramos que debido a la gravedad de los hechos y a las dudas concernientes que se desprenden de los mismos, la Secretaría de la Defensa Nacional necesita coadyuvar a las autoridades competentes, con el fin de esclarecer los desafortunados eventos en el Estado de Oaxaca, sin que esto suponga violaciones Capítulo III de la Ley Federal de de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Esta comisión considera además que la solicitud para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue el caso, y que se fundamenta por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 6, Fracción III de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos incrementa la posibilidad de esclarecer los asesinatos y garantizar el cumplimiento irrestricto de las garantías individuales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, coadyuve con las autoridades competentes para esclarecer los hechos que tuvieron lugar en la comunidad de Santiago Lachivía, Oaxaca;
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a que investigue exhaustivamente y esclarezca los acontecimientos en los que perdieron la vida los comuneros Cecilio Vásquez Miguel y Venancio Olivera Ávila, a fin de deslindar y fincar en su caso, responsabilidades.
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que inicie una investigación sobre los hechos acontecidos en la comunidad de Santiago Lachívia, Oaxaca.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 19 de julio de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
Por el que se exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca a ejecutar las órdenes de aprehensión libradas en contra de los presuntos responsables por los homicidios de los jóvenes Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda Romero y Jorge Alberto Miranda Reyes y por las lesiones en contra de Diego Zárate Chávez en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE EJECUTE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN GIRADAS EN CONTRA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LOS HOMICIDIOS DE JORGE ENRIQUE GARCÍA BRENIS, MARLON ROBERTO MIRANDA ROMERO Y JORGE ALBERTO MIRANDA REYES EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fueron turnada para su análisis y dictamen la proposición que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca para que ejecute las órdenes de aprehensión giradas en contra de los presuntos responsables de los homicidios de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda Romero y Jorge Alberto Miranda Reyes en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca., a cargo del Senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 13 de agosto de 2008 el Senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
En las mismas fechas de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que las proposiciones antes relacionadas se turnaran para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Se menciona en la proposición que aún persiste presencia de violencia en el Estado de Oaxaca, uno de los ejemplos es el hecho de la presunta impunidad que existe en la región de la Cuenca del Papaloapan, en el municipio de Loma Bonita. El proponente señala que en esa región ocurrió el asesinato de 3 jóvenes y un herido de gravedad, que ha servido como testigo y señalado al hijo del expresidente municipal, como uno de los culpables.
Arguye que ya se ha presentado una denuncia y se ha integrado un expediente por parte de la policía Ministerial de Tuxtepec, estableciendo en ella la averiguación previa que exige la orden de aprehensión librada en contra de los presuntos responsables.
Sin embargo, a pesar de estos registros y de la continua denuncia de los familiares de los jóvenes asesinados, señalando el lugar de residencia y de esparcimiento de los presuntos responsables, hasta la fecha no han sido consignados por las autoridades correspondientes, que afirman una falta de respuesta por razones de comunicación en la cooperación con la policía del estado, del país y de la Interpol.
Ante estos problemas los familiares de los jóvenes asesinados, que solo piden a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca actúen con imparcialidad y con estricto apego a la ley, se han visto en la necesidad de recurrir a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, así como un plantón en el palacio municipal de Loma Bonita, del que fueron desalojados violentamente.
2. Es del conocimiento de esta dictaminadora, debido a que constituye un hecho público, que el 22 de mayo de 2006 en el Municipio de Loma Bonita, aproximadamente a las 00:10 horas se suscitó un presunto enfrentamiento a la orilla de un barranco; testigos afirman que unos sujetos asesinaron a tres jóvenes de 19, 15 y 25 años de edad, mientras que uno más de 27 años resultó herido y hospitalizado en Cosamaloapan, Veracruz.
Ante estos hechos tan lamentables, se levantó la averiguación previa número 156/2006 del Ministerio Publico, en la que quedó asentado el triple homicidio en el Camino Viejo a Loma Bonita, frente a la entrada del Panteón Municipal, ubicado en la colonia Sol, además de la orden de aprehensión girada el 6 de junio para detener a los presuntos responsables.
3. Quienes signamos el presente dictamen rechazamos todo tipo de violencia y compartimos la preocupación que lanza el proponente ante estos hechos. Así mismo expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los jóvenes que fallecieron a consecuencia de la riña en el Municipio de Loma Bonita, Oaxaca.
No le corresponde a quienes dictaminamos, expresar alguna sentencia que presuma sobre caso en cuestión, como tampoco nos compete realizar afirmaciones sobre los supuestos actos de negligencia denunciados por familiares y medios de comunicación, así como de la sospecha de complicidad que existe para la protección del hijo de un exfuncionario en dicho municipio.
Esta Primera Comisión, sin embargo, encuentra elementos suficientes para compartir la denuncia de investigación y deslinde de responsabilidades de los delitos cometidos el 22 de mayo del 2006. Urge además hacer un llamado a las autoridades competentes a fin de que el caso en que se vieron involucrados tres jóvenes no quede sin rezagado.
4. Esta dictaminadora esta segura de que todo órgano de Gobierno debe procurar siempre el estricto apego a la ley y otorgar a la población la seguridad de sus que sus demandas son atendidas de manera pronta, y con mayor razón cuando el llamado es por la exigencia de una mejor eficacia de las autoridades. En este mismo sentido esta dictaminadora ha sostenido con anterioridad que:
La profunda desconfianza hacia las autoridades de nuestro país, proviene precisamente de la ineficacia para la solución de este tipo de problemas.
5. La averiguación previa citada necesita urgentemente de una investigación que mantenga como prioridad la persecución y sanción de los delincuentes, único requisito que solicitan los familiares y la propia víctima de lo hechos nombrados. Dicha solicitud se funda en plena atención a lo que ordena la Constitución, siendo que una vez presentada la denuncia correspondiente la autoridad deba aprehender a los presuntos responsables, en forma pronta y expedita. Para su mayor comprensión transcribimos el artículo:
Artículo 16. ...
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
...
6. Esta dictaminadora considera que es menester una cooperación entre poderes para que prevalezca una mejor eficiencia en los procedimientos judiciales, y está de acuerdo en exhortar al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca para que asegure la procuración y administración de justicia en el municipio de Loma Bonita.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca para que ejecute las ordenes de aprehensión libradas en contra de los presuntos responsables por los homicidios de los jóvenes Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda Romero y Jorge Alberto Miranda Reyes y por las lesiones en contra de Diego Zarate Chávez en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 19 de agosto de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Hidalgo a realizar una investigación e informe sobre los actos suscitados en que fue destruida la propaganda alusiva al informe de labores del Diputado Federal Daniel Ludlow Kuri; asimismo, se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas del país para que garanticen las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los informes de labores de los legisladores federales.
PRIMERA COMISIÓN
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA QUE REALICE UNA INVESTIGACIÓN E INFORME A ESTA SOBERANÍA POR LOS ACTOS SUSCITADOS Y EN QUE FUE DESTRUIDA PROPAGANDA ALUSIVA A INFORME DE LABORES DE DIPUTADO FEDERAL.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Hidalgo a tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto a la propaganda que con motivo de la presentación de los informes de labores anuales, coloquen los legisladores federales en dicha entidad, presentada por el Diputado Daniel Ludlow Kuri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El pasado 13 de agosto, el Diputado Daniel Ludlow Kuri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. El Legislador autor de la proposición, en síntesis, motiva la emisión del punto de acuerdo mediante los siguientes argumentos:
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, otorga a los legisladores federales la posibilidad de comunicar a la ciudadanía las acciones que en su nombre y para su beneficio se han venido realizando. Este derecho les otorga la posibilidad de colocar propaganda en el sitio convocado, siempre y cuando esta difusión se limite una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional y correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, cuando esta no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe y que además no aluda a fines electorales ni se realice dentro del periodo de campaña electoral alguna.
Que en relación a lo anterior, el diputado federal proponente coloco anuncios que promocionaban su informe anual a celebrarse el día 1º de agosto del presente año, el cual tenía como único objeto informar a la sociedad sobre su desempeño en el Congreso de la Unión.
Indica que la propaganda fijada en algunas de las principales avenidas de la Ciudad, fue destruida y anexa como pruebas fotos de la propaganda siendo retirada y de espectaculares desgarrados y manchados. Incluso ciertas propagandas fueron retiradas por elementos del servicio de empleo temporal de la Secretaria de Obras Publicas estatal para sustituirla por propaganda alusiva a los programas y obras que implementa el gobierno del Estado.
2. Esta dictaminadora coincide con el proponente en relación a la preocupación de que se desarrollen actos que le eviten a los representantes populares rendir cuentas a los ciudadanos. Estos hechos son contrarios a todo proceder democrático y es un problema serio que perjudica no solo a quien está encargado de rendir un informe, sino al derecho de la población que requiere conocer la situación que guarda el Gobierno.
La propaganda para promocionar el Informe del Diputado Federal el día 1º de agosto del presente año que fue desprendida, se suma a los problemas similares que ya se han registrado con anterioridad en diversos estados en los que se imposibilitó la seguridad para evitar que fuera arrancada la propaganda que facilitaba a la población, conocer la fecha y el motivo de convocatorias para rendir informes.
Estos hechos necesitan de la atención de todos los Poderes pero principalmente del Legislativo. Es prioritario que sean investigados por las autoridades competentes y asegurar a los ciudadanos que se está trabajando a favor de la pluralidad y de la libre elección.
3. Esta dictaminadora considera que la propaganda del legislador en el Estado de Hidalgo no violentó la ley, debido a que en el Estado de Hidalgo el inicio de campaña electoral para la renovación de los municipios esta concertada hasta el mes de septiembre y se ha respetado la obligatoriedad que ordena el artículo 228, Numeral 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que a letra dice:
Artículo 228…
Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.
Por estos motivos urge se inicie una investigación con el fin de que se deslinde responsabilidades y solicitamos que le sean garantizadas a los servidores públicos de dicha Entidad Federativa, las condiciones necesarias para facilitar la rendición de cuentas a los representados, en plena atención a lo que ordena la Constitución.
Todo servidor público debe asegurar a la sociedad la información necesaria y puntual sobre el ejercicio de su Gobierno, con el objetivo de permitirles a los ciudadanos dar seguimiento a la eficacia de las autoridades que trabajan para ellos. Sin embargo la evaluación debe acompañarse también de medios legales y de la debida protección que permita a los representantes cumplir cabalmente con sus obligaciones.
4. En base a lo anteriormente expuesto esta Primera Comisión considera que es pertinente exhortar a la autoridad local para que investigue los hechos ocurridos a fin de que sea resuelto el caso, pero principalmente conmina a que se tomen las medidas necesarias para que la obligación de los Legisladores Federales, con motivo de la presentación de sus informes de labores anuales, sea garantizada sin ningún tipo de problema.
En mérito de lo antes expuesto, esta Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Hidalgo, para que realice una investigación e informe a esta soberanía por los actos suscitados y en que fue destruida la propaganda alusiva al informe de labores del Diputado Federal Daniel Ludlow Kuri.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Hidalgo para que tome las medidas pertinentes para que se respete la propaganda colocada por los Legisladores Federales, con motivo de la presentación de sus informes de labores anuales, y así mismo se respete la propaganda colocada de todos los partidos en los procesos electorales venideros en dicha entidad federativa.
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Gobernadores de las Entidades Federativas de nuestro país, para que en el marco de sus atribuciones, garanticen las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los informes de labores de los Legisladores Federales así mismo para que se respete la propaganda colocada por estos para publicitarlo.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 19 de agosto de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
Por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a que redoblen los esfuerzos en la aplicación de los programas y acciones destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A REDOBLAR ESFUERZOS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a redoblar esfuerzos en la aplicación de los programas y acciones destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres, a cargo de la Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 13 de agosto de 2008 la Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, emitió el presente dictamen.
En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición antes relacionada se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. La proponente considera que en años recientes México ha experimentado mejoras legislativas a favor de la discriminación hacia las mujeres, como lo es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2007), ambas articuladas por el artículo 2º, párrafos II, V y VIII; artículo 3º, párrafos I y II; artículo 4º, artículo 18, párrafo I; artículo 30; artículo 34; artículo 123, párrafos V, VII, XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo señala que a pesar de que existen logros significativos y de que en años recientes, los gobiernos estatales y el gobierno federal han promovido políticas públicas para abordar la violencia contra las mujeres, la problemática aún necesitan mayor atención ante el acoso por la pareja que ahora alcanzó un 43.2 % a nivel nacional; o por el acoso en el ámbito laboral, que sumó un 30 por ciento y ante el 8.4 % de mujeres que no presenta denuncia debido a que no confía en las autoridades.
En referencia a lo anterior, las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres en México también han explicado que el acceso a la justicia para las mujeres ha tenido continuas trabas como la falta de equidad en las leyes en las leyes, lo que a la larga significa un sistema desfavorable para las mujeres. Además, el Diagnóstico Sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, Capítulo "Derechos Humanos de las Mujeres", elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), registró que la eficacia de dichas políticas públicas no está demostrada, vista la persistencia de los altos índices de violencia contra las mujeres.
La diputada arguye que el fin de la emisión de la Ley General de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia es garantizar a la población que se trabaja a favor de la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres establecido en el Artículo Octavo Transitorio de la Ley que mandata a las Legislaturas Estatales promover las reformas adecuadas en las legislaciones locales.
Pero no obstante de esta Ley, se necesita de la voluntad y el esfuerzo principalmente de los órganos de gobierno estatal y municipal, además de muchos actores e instancias involucradas para prevenir la violencia contra las mujeres y los vacíos legales que persistan.
Así mismo la proposición menciona que no se debe ignorar los informes que emiten recomendaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, por lo mismo le compete al Poder Legislativo coordinarse con las demás autoridades federales, estatales y municipales para que redoblen los esfuerzos en la aplicación de los programas y acciones destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres.
2. Está Primera Comisión está convencida de que en efecto existen notorios avances democráticos en nuestro país en materia pro género, sujetos al respeto de todos los sectores sociales. Además estamos concientes de que los órganos de gobierno deben ser los primeros obligados a conocer y prestar herramientas necesarias para alcanzar este objetivo.
Estamos de acuerdo en que la eliminación del racismo que aún ocurre contra las mujeres es un enorme reto a perseguir y que requiere de esfuerzos conjuntos y consistentes. Por este mismo motivo la lucha contra la violencia de género debe ser uno de los temas prioritarios para quienes tienen por encargo popular la redacción y la ejecución de las leyes.
3. Esta Comisión está conciente de que la desigualdad que viven las mujeres en México, además de las situaciones de violencia física, moral, económica y sexual impactan a todo el país ya a todos los órganos de Gobierno. Esta Comisión también reconoce que la sola emisión del mencionado ordenamiento no es suficiente para terminar con el grave problema, acendrado en nuestra tradición socio política.
Así mismo, estamos de acuerdo en que el feminicidio es una de las violaciones a nuestra Constitución más preocupantes y por lo mismo necesitamos de acciones encaminadas a busca el bienestar y la cooperación social a través de un creciente número de denuncias de por este delito.
No escapa a esta dictaminadora que en trabajos anteriores realizados, llegamos a la conclusión de que con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el país se encaminó a una mejor atención, sanción y erradicación de la violencia familiar, pero de la misma forma acrecienta una cultura de respeto y de aplicación de los principios que legales necesarios.
Además en virtud de que las cifras continúan siendo altas y que es urgente implementar una cultura de equidad de género está Primera Comisión en anteriores trabajos ha dictado:
…
Con el objetivo de ganar espacios en la lucha por la equidad de género, así en instancias gubernamentales, como en particulares, el Instituto Nacional de las Mujeres creó el Modelo de Equidad de Género MEG:2003, que forma parte de su programa de “Certificación sobre Equidad de Género”.
…
En abril de 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad de género y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.
…
Son sujetos de los derechos que establece la primera Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.
…
En el artículo octavo transitorio de este instrumento jurídico, se establece que los estados promoverán las reformas necesarias en sus legislaciones locales dentro de un término de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la ley, ello para garantizar que en todo el territorio nacional, las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia.
…
Además, el artículo 49 establece diversas obligaciones a cargo de las entidades federativas y los municipios, entre las cuales les ordena, en su fracción XX, impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género.
Conforme al segundo resolutivo del dictamen en análisis, quienes signamos este dictamen consideramos prudente desecharlo, debido a que los propósitos en él establecidos ya han sido considerados por este órgano legislativo y aprobado por la Comisión Permanente el día 28 de mayo de 2008 y que en su resolutivo establece:
ÚNICO.- La comisión permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los congresos estatales que no han armonizado su legislación con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a que lo realice a más tardar en junio del presente año.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales a que redoblen los esfuerzos en la aplicación de los programas y acciones destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres, con el propósito de garantizar su seguridad, bienestar y protección; así como la implementación de programas obligatorios de sensibilización, capacitación y formación para funcionarias y funcionarios públicos para fortalecer la perspectiva de género en el campo de la prevención del delito y la justicia penal.
PRIMERA COMISIÓN
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe pormenorizado de los resultados que ha arrojado el Operativo "Culiacán-Navolato"; y se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a conformar un grupo especial y plural de legisladores, a fin de que se traslade al Estado de Sinaloa, para obtener la información de campo necesaria de las autoridades y elementos que permanecen en el Estado de Sinaloa y participan en dicho Operativo.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL OPERATIVO FEDERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE SINALOA.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo relativo al operativo federal de seguridad pública en el Estado de Sinaloa, suscrito por el Senador Mario López Valdez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 13 de agosto el Senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. El proponente menciona que la inseguridad en todo el país durante el primer cuatrimestre del año alcanzó niveles nunca antes vistos, en razón de la oleada de ejecuciones y hechos violentos relacionados con el crimen organizado que sacudieron a distintos estados de la República, particularmente a Sinaloa, que ha sufrido el año más sangriento desde que se tiene registro.
En una respuesta pronta ante esa preocupación, no sólo de los sinaloenses sino de todos los mexicanos, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública, de las Fuerzas Armadas y de la Procuraduría General de la República en coordinación con autoridades estatales y municipales, a principios del mes de mayo implementó el Operativo Conjunto "Culiacán - Navolato" con la finalidad de recuperar la paz y tranquilidad de la entidad, reseña el que presenta la proposición de mérito.
Más de 2,700 elementos de las tres dependencias gradualmente fueron trasladados a Sinaloa para reforzar la seguridad y ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado, para garantizar a la ciudadanía la garantía de seguridad y tranquilidad social.
La Proposición señala que a tres meses de la puesta en marcha del Operativo "Culiacán - Navolato", mismo que ya se amplió a otros municipios, los homicidios dolosos parecen haber sido acrecentados de 330 homicidios a 458 durante la acción del operativo en el mes de junio y para finales del mes la cifra récord alcanzaba casi las 650 ejecuciones.
Para el senador las condiciones que han adquirido los homicidios son cada vez más preocupantes, con extremada violencia, con armamento sofisticado y se han extendido no sólo a personas involucradas con y en contra de la delincuencia organizada, sino además al resto de la población civil.
Quien suscribe considera que la población del Estado de Sinaloa está cada vez más consternada porque la situación en lugar de dar marcha atrás sigue avanzando; la responsabilidad de las autoridades es esclarecer los crímenes que se han registrado, pero sobre todo evitarlos.
Por otra parte, el legislador recuerda que el pasado 21 de mayo, esta Comisión Permanente aprobó por unanimidad un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhortó al Ejecutivo Federal, a que se redefinieran las estrategias de seguridad pública con el objeto de que a la brevedad posible se restableciera la tranquilidad y cobrara plena vigencia el Estado de Derecho, frente a los grupos del crimen organizado que lanzaron un reto abierto a las autoridades federales, estatales y municipales. Asimismo, se exhortó a evaluar la estrategia seguida y a tomar las decisiones para reducir de la manera más urgente el grave problema de la delincuencia organizada.
2. Esta Primera Comisión rechaza categóricamente cualquier acto de violencia que atente contra la población, como la que ha registrado en los últimos meses el Estado de Sinaloa. Además coincide en la preocupación del proponente en relación a las cifras de actos delictivos que se registran anualmente.
En los últimos años, la disputa entre los cárteles para controlar las rutas y el mercado de las drogas, han ocasionado un incremento en la violencia y asesinatos entre las que se cuentan no sólo la de los miembros de la delincuencia organizada, sino también las de los miembros de las corporaciones que se encargan de combatirlos y miembros de la sociedad civil.
Esta Comisión reconoce el esfuerzo de los miembros de las corporaciones encargadas de la seguridad pública y de combatir al crimen organizado y lamenta, a la vez, las pérdidas humanas de elementos federales, estatales y municipales que han muerto en el estricto cumplimiento de su deber.
Sin embargo la titular de la Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa, asentó que el trabajo que se ha desarrollado con el Operativo Culiacán-Navolato, Guamúchil-Mazatlán, nombre que se le dio a la tercera fase del Operativo, no se refleja en una disminución en el número de homicidios dolosos, reportando al 5 de julio de 2008, a dos meses de la puesta en marcha del Operativo Culiacán- Navolato, 421 muertes violentas y la cifra proyectada para el cierre de 2008, es de más de 3 mil homicidios dolosos.
3. No escapa a esta dictaminadora que el 21 de mayo del presente año, esta Honorable Asamblea aprobó un Punto de Acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que a la letra dice:
ÚNICO.- Se Exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Gobernación, Procuraduría General de la República y Secretaria de Seguridad Pública, en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa, se redefinan las estrategias de seguridad pública en el país y en particular en el Estado de Sinaloa con el objeto de que a la brevedad posible se restablezca la tranquilidad y cobre plena vigencia el Estado de derecho, frente a los grupos del crimen organizado que han lanzado, una vez más, un reto abierto a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales.
El mismo día se aprobó también un Punto de Acuerdo, presentado por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que a la letra dice:
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita al Secretario de Seguridad Pública, Ing. Genaro García Luna, al Procurador General de la República, Lic. Eduardo Medina Mora Icaza, y al Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Guillermo Galván Galván, para que en reunión de trabajo con la Primera Comisión de la Comisión Permanente, informen sobre la estrategia, las metas, los avances y logros con relación a los operativos de seguridad pública y el combate a la delincuencia que realiza el Gobierno Federal.
Los miembros de esta dictaminadora coincidimos en la necesidad del replanteamiento de las estrategias adoptadas en el combate a la delincuencia organizada en el Estado de Sinaloa que aún presenta altos índices de actos delictivos violentos, así como de pedir la información necesaria a efecto de conocer los avances en la estrategia aplicada para, entonces, poder instalar una mesa de trabajo que con el fin de que el Poder Legislativo auxilie a las autoridades responsables, en su labor de erradicar al crimen organizado.
Por lo antes expuesto y fundado, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Ejecutivo Federal remita a la brevedad a esta Soberanía, un informe pormenorizado de los resultados que a la fecha ha arrojado el Operativo "Culiacán - Navolato".
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, conforme un grupo especial y plural de legisladores, a fin de que una vez recibido el informe del Ejecutivo Federal, se traslade inmediatamente al Estado de Sinaloa, con el propósito de obtener toda la información de campo necesaria de las autoridades y elementos que permanecen en el Estado de Sinaloa y participan en dicho Operativo, con el propósito de evaluar dicho informe y a la vez entablar una mesa de trabajo con el Gobierno Federal a fin de que el Poder Legislativo Federal, en uso de la facultad que le confiere la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busque las soluciones legislativas que auxilien a las autoridades responsables a erradicar la problemática de la delincuencia organizada.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudad de México
a 19 de agosto de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
Por el que se exhorta a los Gobernadores, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a las legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se incluya el tema de la perspectiva de género como un tema prioritario y se refleje en políticas públicas transversales, que permitan avanzar en el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBERNADORES Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE EN LAS COMISIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES SE TRANSVERSALICE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en las Comisiones que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores se transversalice la perspectiva de género, suscrito por las Diputadas Maricela Contreras Julián, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Guadalupe Flores Salazar del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Martha Angélica Tagle Martínez del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 13 de agosto de 2008, la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. Las legisladoras mencionan que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) es un canal de diálogo y concertación, así como un espacio permanente de trabajo entre las y los titulares de los Gobiernos Estatales que la integran, a efecto de contribuir corresponsablemente al desarrollo nacional; en ese sentido, busca ser un espacio de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación para lograr un mayor equilibrio y una mejor redistribución de las facultades que corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal.
En este espacio, continúan, se impulsa el diseño de políticas públicas para el fortalecimiento del federalismo y de los procesos de descentralización, que busca coincidir con el gobierno federal en la búsqueda de soluciones a las demandas sociales, de infraestructura y de servicios públicos.
Dentro de los objetivos de la CONAGO está el realizar los proyectos y estudios políticos, económicos, sociales y jurídicos para deliberar, acordar, proponer y evaluar soluciones conjuntas sobre asuntos relativos a la política presupuestaria, criterios para la transferencia de potestades y recursos, desarrollo social, seguridad pública, costo de los servicios públicos, políticas de inversión pública, procesos de desarrollo y descentralización administrativa, fortalecimiento a los Gobiernos Locales y relaciones intergubernamentales, reseñan.
Sin embargo, a las proponentes les parece que en los análisis, propuestas y acuerdos que se adoptan en el seno de la CONAGO, no se ha tomado en cuenta la visión de género para el desarrollo de sus trabajos, por lo que consideramos necesario que este tema forme parte transversal de los asuntos que se ventilan en tan importante espacio donde participan las y los gobernadores.
A nivel federal, siguen, se cuentan con instrumentos jurídicos que establecen principios, políticas y estrategias dirigidas al respeto de los derechos humanos de las mujeres; además de sentar las bases de colaboración, coordinación y cooperación de los tres poderes en los tres órdenes de gobierno, así como con instancias académicas, centros de investigación, organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales, a efecto de sumar esfuerzos parta cumplir con el compromiso de propiciar las condiciones de un desarrollo igualitario, partiendo del respeto pleno de los derechos de las mujeres.
Las legisladoras explican que introducir el concepto de la perspectiva de género en la Administración Pública, implica lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, reconociendo sus diferencias, a fin de que puedan acceder y ejercer sus derechos, además de disfrutar de los recursos y beneficios de la sociedad; además de generar condiciones necesarias para obtener un desarrollo integral como personas en todos los ámbitos del desarrollo de una Nación.
2. La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) se creó formalmente en julio de 2002. Entre los acuerdos de esta reunión constitutiva se estableció que la Conferencia es un espacio libre e incluyente, un foro permanente, abierto al análisis de la problemática de las Entidades Federativas y la búsqueda de soluciones mutuamente convenientes que permitan articular entre sí, y con la Federación, políticas públicas en beneficio de los mexicanos.
La CONAGO establece que es evidente que todo país desarrollado ha logrado alcanzar un nivel de crecimiento económico con equidad, cuando cuenta con paz social, certidumbre democrática, estabilidad en las variables macroeconómicas fundamentales y una administración pública federalizada a gran escala.
Para lograrlo, la Conferencia se suma proactivamente en la promoción del desarrollo social en los ámbitos Nacional, Estatal y Regional, actualizando las relaciones interinstitucionales para estar en mejores condiciones de lograrlo.
Además, busca coincidir con el gobierno federal en la búsqueda de soluciones a las demandas sociales, de infraestructura y de servicios públicos con base en los siguientes principios: de solidaridad, para la búsqueda de relaciones de justicia y equidad entre los órdenes de gobierno; de subsidiariedad, para propiciar gobiernos locales capaces y comprometidos con las facultades, funciones, responsabilidades y recursos que les competen conforme a ley; de resarcitoriedad, para retribuir a las Entidades Federativas de forma proporcional a sus esfuerzos recaudatorios.
Desde su reunión constitutiva, la CONAGO se ha reunido más de treinta veces y los Gobernadores han llegado acuerdos en materia de reforma hacendaria, de seguridad pública, de fomento al campo, de relaciones comerciales equitativas y de Reforma del Estado, entre otros.
3. Por otro lado, en abril de 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad de género y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado. Uno de estos mecanismo es la transversalidad de género, es decir el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.
En ese contexto, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en sus artículos 7 y 8 establece las competencias de los Estados y del Distrito Federal que están comprendidas en el capítulo tercero. Así el artículo 15 señala que:
Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal:
I. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y el Distrito Federal;
III. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente Ley, y
IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal la aplicación de la presente Ley.
Esta Comisión reconoce que para lograr la verdadera democracia es ineludible continuar la búsqueda por la igualdad entre mujeres y hombres. Son los órganos de gobierno los primeros obligados a dar los pasos necesarios para alanzar este objetivo, de ahí la importancia de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Además y puesto que la Conferencia Nacional de Gobernadores es, como su nombre lo indica, una reunión de titulares del Poder Ejecutivo, les corresponde a ellos la conducción de la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, esta Comisión encuentra necesario y lógico que los acuerdos que de ella emanan tengan en cuenta como tema prioritario la transversalidad de género.
Por lo antes expuesto y fundado, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta a las y los Gobernadores, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a las legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se incluya el tema de la perspectiva de género como un tema prioritario y se refleje en políticas públicas transversales, que permitan avanzar en el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudad de México
a 19 de agosto de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos para 2009, recursos destinados al Fideicomiso para el Fondo Metropolitano a fin de dar continuidad a la atención de los problemas de la zona metropolitana del Valle de México, al Sistema Aguas de la Ciudad de México, al Sistema de Transporte Colectivo Metro; y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO relativo a solicitudes de recursos dentro del PEF 2009 para destinarlos al fideicomiso para el fondo metropolitano, al sistema de aguas de la ciudad de MÉXICO, y al sistema colectivo metro.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas solicitudes de recursos dentro del PEF 2009 para destinarlos al Fideicomiso para el Fondo Metropolitano, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y al Sistema Colectivo Metro, presentadas por el Diputado Pablo Trejo Pérez, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 13 de agosto de 2008, el diputado Pablo Trejo, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición por la que se solicita recursos adicionales dentro del Presupuesto de la Federación 2009 para el Fideicomiso para el Fondo Metropolitano del Valle de México, misma que contiene el siguiente punto resolutivo:
UNICO.-La Comisión Permanente solicita se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, recursos por la cantidad de 6,000 (seis mil millones de pesos 00/100 m.n) destinados al Fideicomiso para el Fondo Metropolitano a fin de dar continuidad a la atención de los problemas de la zona metropolitana del Valle de México.
2. Con fecha 13 de agosto de 2008, el diputado Pablo Trejo, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición por la que se solicita dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 incrementar los recursos destinados al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, misma que contiene el siguiente punto resolutivo:
Único.- La Comisión Permanente solicita se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, recursos por la cantidad de 2,000 (Dos mil millones de pesos 00/100 m.n.) para el Sistema Aguas de la Ciudad de México, a fin que es se destinen a los siguientes programas:
a) Agua potable: Rehabilitación de la red secundaria; construcción y rehabilitación de líneas de conducción y red; instalación de tomas domiciliarias; mantenimiento al parque de medición; rehabilitación de obra civil a infraestructura del sistema de agua potable y de plantas potabilizadoras, y
b) Drenaje: Construcción de diversos túneles interceptores; ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento y bombeo de agua residual; obras para evitar encharcamientos; rehabilitación integral de las lagunas de regulación del sistema de drenaje principal de la zona metropolitana de la Ciudad de México; construcción de líneas de conducción de agua residual tratada, entubamiento del río San Buenaventura, principalmente.
3. Con fecha 13 de agosto de 2008, el diputado Pablo Trejo, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición por la que se solicita dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 la asignación de recursos por un monto de 5 mil millones para fortalecimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, misma que contiene el siguiente punto resolutivo:
Único.-La Comisión Permanente solicita se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, recursos por la cantidad de 5,000 (Cinco mil millones de pesos 00/100 m.n.) para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin que es se destinen a proyectos de mantenimiento, adquisición de trenes férreos, obras de reforzamiento, elaboración de dictámenes de seguridad estructural de edificaciones e instalaciones; obras para resolver los efectos ocasionados por los hundimientos diferenciales del suelo; modernización de las estaciones, rehabilitación de telefonía de trenes, principalmente.
4. Con fecha 13 de agosto de 2008, el diputado Pablo Trejo, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición punto de acuerdo relativo al presupuesto correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2009., misma que contiene el siguiente punto resolutivo:
UNICO.-La Comisión Permanente solicita se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, recursos por la cantidad de 1,500 (un mil quinientos millones de pesos 00/100 m.n) para la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a fin de que se destinen a la continuación del Programa de Sistema Automatizado de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Investigaciones e Inteligencia.
CONSIDERACIONES
1. Esta dictaminadora es consciente que el trazo del desarrollo urbano nuestro país es completamente polarizado, los asentamientos humanos fundamentalmente se concentran en las grandes urbes. El mayor polo de atracción se ubica en el Distrito Federal y el Estado de México, donde se localizan el 22 por ciento de la población total, y genera la tercera parte del PIB Nacional.
Sin embargo, la tasa de crecimiento poblacional de la región aunado con la inmigración de estados del interior de la república ocasiona una fuerte presión sobre la capacidad de las finanzas públicas de los gobiernos, en materia de el abastecimiento de agua potable, una importante presión sobre la capacidad de transporte público, abastecimiento de agua, alcantarillado, seguridad pública, tratamiento de desechos sólidos, vivienda y suelo urbano, infraestructura de salud y educativa.
En respuesta ante la demanda de servicios y de la búsqueda de un desarrollo integral de la región, en el año 2003 se creo la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Estado de México, bajo el objetivo de promover políticas públicas que mejoren las condiciones de gobernabilidad, convivencia social y bienestar de los millones de personas que se concentran en los espacios urbanos del Distrito Federal y el Estado de México.
Con el fin de apoyar los trabajos de la comisión en comento, se aprobó un Fondo Metropolitano, para la realización de obras y servicios de carácter estrictamente metropolitanos de los municipios conurbanos del Estado de México y el Valle de Toluca, así como 16 Delegaciones del Distrito Federal. En el año 2006 la Cámara de Diputados autorizo un fondo inicial de 1,000 millones de pesos, para el año 2008, dicho fondo solo se han incrementado a un monto de 3,500 millones, que resultan insuficiente para la atención de por lo menos 40 proyectos que se implementan en la zona mencionada.
2. En este mismo sentido, esta comisión comparte la opinión con el proponente de la limitación en la capacidad de abastecimiento de agua en el Distrito Federal, que además presentan un profundo deterioro en su red de distribución a lo largo de sus 965 kilómetros de red primaria y 12 mil kilómetros de res secundaria. Las delegaciones que padecen en la actualidad problemas de abastecimiento son Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan, a lo largo de 2008 se presentaron varios conflictos locales en razón de la pérdida de presión y disponibilidad de agua en dichas delegaciones, no es un problema menor, porque en dichas delegaciones se concentran un importante núcleo de población de la ciudad de México, y la falta de agua o recurrentes cortes afecta la salud de la población compuesta de niños y mujeres.
Es de conocimiento de la Comisión que el Gobierno del Distrito Federal tiene como objetivo principal la dotación de servicios de agua potable, drenaje y rehúso de agua residual a los habitantes de la ciudad en forma constante y suficiente, mediante la adopción de acciones que contribuyan a la adecuada utilización de la infraestructura existente, así como fomentar el pago justo y oportuno de los servicios hidráulicos, pero también esta convencida que se requiere fortalecer una cultura del uso eficiente del recurso que garantice el abasto de las futuras generaciones.
3. Relativo a la situación de saturación del sistema de transporte en la Ciudad de México, responde a cambios estructurales en los patrones de viaje, dispersión y saturación. De acuerdo al diagnostico de Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, el fenómeno de la movilidad de la quinta parte de la población del país, presenta en principio un desafió geográfico, la altura de 2 240 metros.
En años recientes, el crecimiento población y el flujo de población del interior de la república en busca de mejores condiciones de vida y de empleo, han provocado una saturación del transporte público y privado, con sus respectivas consecuencias en el deterioro del medio ambiente y calidad de vida de los habitantes del Valle de México.
El diagnostico del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D.F., muestra que la población del Estado de México y de la Ciudad de México pasó de 3 millones de habitantes en 1950 a 18 millones el año 2000, y a 23 millones en 2005, el 22 % de la población. La ocupación física del territorio pasó de 22 mil 960 hectáreas a más de 741,000 hectáreas, que representa el 0.37% de la superficie total del país.
En ese fragmento del territorio nacional ocurrió la concentración humana, industrial, comercial y financiera más importante del país, donde se asientan 35 mil industrias y 3.5 millones de vehículos con altos consumos de energía fósil (gasolinas, diesel y gas) y todo ello en una cuenca que favorece la retención de emisiones contaminantes. La Zona Metropolitana del Valle de México en 1998 consumió 301 mil barriles diarios de gasolina equivalente.”
Además del crecimiento poblacional, se ha presentado un problema de dispersión de la población, con un proceso de despoblamiento de las delegaciones centrales donde esta la mayor infraestructura de transporte, hacia zonas que carecen de ella, como son las delegaciones del poniente, oriente y sur; y en mayor medida hacia los municipios del Estado de México, particularmente los ubicados al oriente.
Esto ha provocado un cambio en las características de los viajes en el Distrito Federal en la última década, predominando en la actualidad los viajes largos sobre los viajes cortos. La concentración de la población en las áreas externas de la Ciudad, ha provocado cambios importantes en los patrones de viaje, mientras que en 2008 los viajes con origen - destino en las delegaciones del Distrito Federal registran poco más de 4.2 millones de viajes por día.
La configuración de estos polos crean corredores de viajes Norte – Sur y Poniente – Oriente que atraviesan la ciudad como sus arterias mas densas en la movilidad de las personas y los bienes, y que se observan en determinadas partes de la red vial y de transporte. Además los viajes que se realizan en la ZMVM coinciden en espacio y tiempo. Del total de 20.57 millones de viajes registrados, el 33% se llevan a cabo de 6 a 9 de la mañana.
Resulta importante mencionar, para efectos de constituir políticas públicas que establezcan las bases del transporte de la siguiente generación, que el actual sistema de transporte de la Zona Metropolitana y del Valle de México, estima u una demanda de 5.6 millones de viajes en el 2020, y representará cerca del 20% del total de viajes a nivel nacional.
En el caso del transporte administrado por el GDF, el caso del metro es ilustrativo. El Sistema de Transporte Colectivo metro constituye la infraestructura física, técnica y humana más importante con la que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México para enfrentar la demanda de servicios de transporte, permitiendo un desahogo a la carga de las vialidades y aminorando considerablemente el impacto ambiental por pasajero transportado.
En la actualidad, el Servicio de Transporte Colectivo Metro, tiene una red de 200 kilómetros de vías dobles, en 11 Líneas y 175 estaciones, los cuales son recorridos diariamente por los 302 trenes que conforman el parque vehicular, de los cuales 201 se tienen programados para la operación diaria, realizando 1 millón 157 mil 490 vueltas anuales, lo que se traduce en una oferta de servicio de 3.4 millones de lugares anuales.
La disminución del índice general de captación del sistema indica rendimientos decrecientes, que en parte se explican porque sólo las líneas 1, 2 y 3 captan el 59% del total de usuarios. En situación contraria se encuentran las líneas 4 y 6 donde el trazo de las líneas no corresponde a los requerimientos de los usuarios.
Por su lado las intersecciones entre líneas del metro se concibieron originalmente para agilizar el trasbordo a los usuarios sin embargo éstas se han convertido en puntos saturados donde se concentra una aguda problemática vial, urbana, social y económico. Problema que se agudiza en horas pico, poniendo en riesgo a miles de usuarios de este tipo de transporte público.
4. Es del conocimiento de esta Comisión, que a pesar de las deficiencias del Sistema Metro de la Ciudad de México, esté ocupó en 2006 el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios al transportar a un promedio de 3,9 millones de pasajeros al día (en ocasiones superado por los metros de: Nueva York, Moscú y Tokio). También en ese año logró el quinto lugar a nivel mundial por la extensión de su red.
5. En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SPP), además de la demanda local, enfrenta los retos de una población flotante en las zonas conurbanas de 14 millones de personas.
La fuerzas de seguridad enfrentan serios obstáculos estructurales y operativos, por ejemplo, concentra una tercera parte de los efectivos de la policía, con alrededor de 70,000 elementos divididos en tres grandes corporaciones: Policía Preventiva, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial y se calcula que hay 87 policías por cada 10,000 habitantes, mientras que en otros países hay hasta 37 policías por cada 10,000 habitantes.
Adicionalmente no existe una política de información abierta sobre estadísticas delictivas por lo que los diagnósticos sobre el tema son parciales o fragmentados. Los recursos presupuestales con que cuenta la SSP, son insuficiente para la enorme demanda de seguridad pública que la Ciudad de México requiere, ya que diariamente circulan en ella alrededor de 22 millones de personas y concentra el mayor número de empresas comerciales e industriales del país.
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la H. Cámara de Diputados considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, recursos destinados al Fideicomiso para el Fondo Metropolitano a fin de dar continuidad a la atención de los problemas de la zona metropolitana del Valle de México, al Sistema Aguas de la Ciudad de México así como al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin que es se destinen a proyectos de mantenimiento, adquisición de trenes férreos, obras de reforzamiento, elaboración de dictámenes de seguridad estructural de edificaciones e instalaciones; obras para resolver los efectos ocasionados por los hundimientos diferenciales del suelo; modernización de las estaciones, rehabilitación de telefonía de trenes, principalmente y por último, para la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a fin de que se destinen a la continuación del Programa de Sistema Automatizado de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Investigaciones e Inteligencia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 19 de julio de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
Por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Baja California Sur a establecer una mesa de trabajo y negociación, a fin de buscar mecanismos idóneos para resolver el actual conflicto entre taxistas y prestadores de servicios turísticos, en el Estado de Baja California Sur.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
punto de acuerdo para que se conforme un grupo de trabajo integrado por diversas comisiones a fin de investigar el conflicto que se ha suscitado entre el gremio de los taxistas y las empresas transportistas en el municipio de los cabos, en el Estado de Baja California Sur.
PUNTO DE ACUERDO
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Baja California Sur a establecer una mesa de trabajo y negociación, afín de buscar mecanismos idóneos para resolver el actual conflicto entre taxistas y prestadores de servicios turísticos, que afecta gravemente a los usuarios y turistas que visitan Baja California Sur.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 19 de julio de 2008.
PRIMERA COMISIÓN
DE LA TERCERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO:
Por el que se solicita información relacionada con programas relativos al VIH-SIDA.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PROGRAMAS RELATIVOS AL VIH- SIDA.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz para que a través de la Secretaría de Salud del Estado se coordine con las autoridades federales del Sector Salud, particularmente con el Consejo Nacional para Prevención y el Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, para emprender urgentemente acciones relativas a prevenir, atender y controlar la presencia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), suscrita por los Senadores Juan Bueno Torio y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 02 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- Los autores de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina manifiestan sustancialmente lo siguiente: Se refieren al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y al virus que la produce (VIH), y explican sus efectos.
Señalan los proponentes que el Estado de Veracruz ocupa el primer lugar nacional en muertes a causa de dicho Síndrome y el tercer lugar con el mayor número de casos que ascienden a 11 mil, desde 1983; que el Puerto de Veracruz y Coatzacoalcos son los municipios del Estado más infectados por el virus siguiéndoles, Córdoba, Orizaba, Poza Rica y Cosamaloapan; puntualiza que la población más afectada son hombres heterosexuales, mujeres estudiantes, amas de casa y jóvenes, destacando el dato de que cada día se incrementa el número de casos de niñas y niños que nacen con el virus.
Continúan los proponentes: Se trata de un problema de salud pública mundial muy complejo y con repercusiones graves en el ámbito de la salud y en los planos económicos y sociales.
Invocan, los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y, 3° y 13, Apartado B, fracción I, de la Ley General de Salud para sustentar la regulación y competencia de los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, “siendo una competencia de los gobiernos de las entidades federativas organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad en materia de prevención y control de enfermedades transmisibles”. También invocan el Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA). CONASIDA es una instancia permanente de los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención y control del virus de la inmunodeficiencia adquirida, del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida así como de otras infecciones de transmisión sexual.
Concluyen los proponentes que la experiencia de casi dos décadas del CONASIDA deben ser aprovechadas y potenciadas con los esfuerzos de las autoridades locales; que es necesario intensificar las campañas informativas, de prevención y de sensibilización permanente, y que éstas sean focalizadas y hasta personalizadas, dirigidas hacia las regiones geográficas y entornos socioculturales, abundando en la prevención, el uso del preservativo, la transfusión segura de sangre, y que la magnitud del problema en el Estado de Veracruz es razón de sobra para actuar con urgencia, formulando el siguiente:
“Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz para que a través de la Secretaría de Salud del Estado se coordine con las autoridades Federales del Sector Salud, particularmente con el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, para emprender urgentemente acciones relativas a prevenir, atender y controlar la presencia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).”
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora comparten la preocupación externada por los autores de la Proposición que se dictamina y reconocen la gravedad, antecedentes y proyecciones alarmantes de la presencia del virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome que provoca (SIDA), así como la urgencia de emprender acciones orientadas a prevenir, atender y controlar esa enfermedad, así como otras infecciones de transmisión sexual.
Los proponentes enfocan su planteamiento a exhortar al Gobierno del Estado de Veracruz, para que se coordine con las autoridades federales para emprender urgentemente acciones para prevenir, atender y controlar el VIH y el SIDA. Al respecto, la Comisión Dictaminadora considera que este es un problema que incide en toda la población mexicana y que debe confrontarse integralmente, aún cuando reconoce que se deben emprender acciones con mayor urgencia en aquellas Entidades, como el Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Veracruz, que ocupan los primeros lugares de muertes e incidencias del virus y síndrome citados.
La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que la salud y la salubridad general son materias de competencia concurrente entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, conforme a las disposiciones legales que se citan literalmente a continuación:
LEY GENERAL DE SALUD
“Artículo 13.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:
A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:
…”
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
“Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.
…
XVI.- Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad;
…
XX.- Prestar los servicios de su competencia, directamente o en coordinación con los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal;
…”
Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera que en el caso procede solicitar información del Titular de la Secretaría de Salud, con la participación que corresponda al CONASIDA, sobre los programas y proyectos que se estén implementando o se vayan a implementar para prevenir, atender y controlar la presencia del virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), exhortándoles para atender con urgencia aquellas entidades como Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Veracruz, que ocupan los primeros lugares de muertes e incidencias del virus y síndrome citados.
Asimismo, la Comisión Dictaminadora considera procedente el exhorto propuesto por el autor de la proposición que se dictamina.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Salud, con la participación que corresponda al titular del Consejo Nacional para Prevención y el Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, remitan información, dentro de los 30 días naturales siguientes, sobre los programas y proyectos que se estén implementando o se vayan a implementar para prevenir, atender y controlar la presencia del Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), particularmente para atender con urgencia aquellas entidades como Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Veracruz.
Asimismo, se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz para que a través de la Secretaría de Salud del Estado se coordine con las autoridades Federales del Sector Salud, particularmente con el Consejo Nacional para Prevención y el Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y se solicita de los titulares de las dependencias enumeradas anteriormente, a que remitan información, dentro de los 30 días naturales siguientes, sobre los programas y proyectos que se estén implementando o se vayan a implementar para prevenir, atender y controlar la presencia del Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en dicho estado.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 14 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relativo al funcionamiento de los servicios de control aéreo en los aeropuertos mexicanos.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL AÉREO EN LOS AEROPUERTOS MEXICANOS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a diversos errores en los radares de aviación comercial y al control en seguridad aérea, presentada por el Diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 02 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- En su Exposición de Motivos el autor de la Proposición que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente: Se refiere a la situación del mundo globalizado en relación a las operaciones aéreas y a la parte que en él le corresponde a México; que todas las aeronaves que entran, salen o circulan en las pistas o espacio aéreo en el país son supervisadas por el Servicio de la Navegación Aérea adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; que es responsabilidad de las autoridades la prestación de los servicios de transportación aérea; que una parte importante de la actuación de las autoridades es la coordinación para el control y seguridad del tránsito aéreo. La seguridad aérea pende en mucho del auxilio de equipos de comunicaciones, meteorológicos, monitoreo, consolas de control de voz y radares, entre otras tecnologías, y que la navegación aérea que se presta en México se sirve de complejos sistemas para que las aeronaves se mantengan en todo momento bajo un control de seguridad, orden y fluidez del tráfico aéreo.
Continúa el proponente: En días recientes se conoció por los medios de comunicación la preocupación por parte de los trabajadores del tráfico aéreo sobre la “seguridad que preside en las comunicaciones aéreas mexicanas”; especialmente se han manifestado por fallas importantes en los radares de Cancún, Mérida, Ciudad de México y Veracruz; que estas fallas se han producido hasta por 27 minutos, lo que constituye un riesgo inminente a la seguridad aérea en diversos puntos del país, y que estas versiones no han sido confirmadas o desmentidas.
Concluye el proponente: Existe responsabilidad por parte del Congreso de la Unión en la salvaguarda en la seguridad de las personas, por lo que propone solicitar al Secretario de Comunicaciones y Transportes, a través del SENEAM, una explicación puntual de las razones del por qué existen las fallas en los radares y sistemas de los distintos centros de control aéreo; que la SCT ponga especial atención a los informes que le reportan diversas unidades administrativas, ya que existen errores en los procedimientos de entrada o salida de los vuelos, y solicitar que se examine si son adecuadas las condiciones con las que se garantiza una operación eficiente, un flujo comercial aéreo adecuado y la existencia de control de tráfico aéreo adecuado a las nuevas tendencias de control internacionales.
Formula el siguiente:
“Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Servicio a la Navegación Aérea, en el ámbito de sus respectivas competencias, a presentar un informe detallado sobre los documentos en los que conste en qué consistieron las fallas en el funcionamiento de los radares, se explique como evolucionó la actuación de las autoridades competentes y cuales fueron las medidas precisas, ordenadas para la corrección inmediata de estos errores, asimismo se incluya toda la información relativa a los incidentes relacionados con el tráfico aéreo o sus radares, ocurridos durante 2008, donde se especifiquen que acciones se han emprendido para garantizar la seguridad de las personas y la operabilidad de los equipos con los que opera y la competitividad de la calidad en la prestación de los servicios de navegación aérea.”
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden plenamente y se solidarizan con el planteamiento y la propuesta formulados por el autor de la Proposición con Punto de Acuerdo materia de este Dictamen.
Efectivamente, los legisladores integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que por diversas fuentes, han sido receptores de comentarios sobre los problemas de operación de los sistemas de tráfico y comunicación aérea mexicana, situación que se ha manifestado con la presencia de eventos en los que el equipo presentó fallas importantes, principalmente en el funcionamiento de los radares de diversos centros de control aéreo, sin que se conozcan las causas o detalles de tales fallas; se difundió alguna declaración del Director General de Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que niega que existan riesgos a la seguridad operacional en la Terminal II del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se menciona una reestructuración del espacio aéreo y los cambios de procedimientos correspondientes.
Importancia relevante asigna la Comisión Dictaminadora a solicitar información sobre las acciones y medidas de investigación, evaluación, prevención y mantenimiento y, en su caso, reparación o reposición de los equipos, de tal manera que se garantice técnica y humanamente, en lo posible, la operación segura de esta parte tan importante y sensible del tráfico aéreo y se eviten riesgos y accidentes.
Con fundamento en el artículo 32, fracciones I, V y VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la autoridad competente en la materia y el Servicios a la Navegación en el Espacio Mexicano (SENEAM) es el órgano desconcentrado dependiente de la SCT, quien tiene delegada la responsabilidad de proporcionar los servicios para la navegación aérea, de control de tránsito aéreo, meteorología aeronáutica, sistema de ayuda a la navegación aérea, telecomunicaciones aeronáuticas, servicios de despacho y control de vuelos, con el fin de garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano, según está previsto en el artículo SEGUNDO del Acuerdo por el que se crea el órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), publicado en el Diario Oficial de la Federación de 3 de octubre de 1978. Se reproducen las disposiciones citadas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
“Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;
…
V.- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación;
VI.- Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la navegación aérea;
…”
Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera procedente solicitar información del titular de la SCT, con la participación que corresponda al SENEAM, presentar un informe sobre los incidentes en la operación de los sistemas de tráfico y de comunicación aérea mexicana que se hubieren verificado durante el presente año, así como los resultados de la revisión que realiza la Dirección General de Aeronáutica Civil del grado de disponibilidad y confiabilidad de los Sistemas y Equipos mediante los cuales se proporcionan a los Servicios de Navegación, Control de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones y Meteorología Aeronáutica, una vez que se haya concluido dicha revisión.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la participación que corresponda a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), presentar un informe sobre los incidentes en la operación de los sistemas de tráfico y de comunicación aérea mexicana que se hubieren verificado durante el presente año, así como los resultados de la revisión que realiza la Dirección General de Aeronáutica Civil del grado de disponibilidad y confiabilidad de los Sistemas y Equipos mediante los cuales se proporcionan a los Servicios de Navegación, Control de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones y Meteorología Aeronáutica, una vez que se haya concluido dicha revisión.
Se solicita atentamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de SENEAM, se sirvan hacer llegar a esta Soberanía, la información solicitada en un plazo de 30 días naturales.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 14 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relativo al Programa Especial de Cambio Climático del Gobierno Federal.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL GOBIERNO FEDERAL.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al Programa Especial de Cambio Climático, suscrita por el Diputado Diego Cobo Terrazas, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- En su capítulo de Exposición de Motivos, el autor de la Proposición manifiesta que el 25 de junio de 2008 la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), publicó la convocatoria para realizar la consulta pública del Programa Especial del Cambio Climático 2008 – 2012 (PECC); dicha consulta tenía como objeto general reunir los puntos de vista de los diversos grupos sociales acerca del desarrollo de capacidades de adaptación ante el cambio climático antropogénico, así como de capacidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y que la primera etapa de la consulta fue realizada del 25 de junio al 9 de julio, pero que los participantes deberían entregar a la CICC los documentos sobre sus propuestas hasta el día 7 de julio, por lo que los interesados en participar sólo tuvieron nueve días hábiles para revisar el documento, elaborar y entregar sus propuestas.
Continúa el proponente afirmando que en la convocatoria se indica que el PECC cuenta con el apoyo del Consejo Consultivo del Cambio Climático (C4) y con la participación social de los Consejeros Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS); el proyecto PECC se divide en cuatro apartados generales: Adaptación, Mitigación, Transversalidad y Política Exterior, entre los que figuran los temas de ecosistemas, agricultura, ganadería, silvicultura, producción pesquera, infraestructura, energía, desechos, vegetación y suelo, y que el pasado 9 de julio se llevó a cabo la reunión final de trabajo de la Consulta pública sobre el PECC, con una plenaria inaugural, análisis de los trabajos ingresados en la Secretaría Técnica del CICC y una plenaria de clausura. Menciona que en la reunión final se conformaron cuatro mesas de trabajo: Adaptación y Reducción de la Vulnerabilidad, de la Política Exterior, Reducción de Emisiones en los Sectores de Generación y Uso de Energía y, Reducción de Emisiones en los Sectores de Vegetación y Uso de Suelo; destaca el proponente que en la convocatoria y en el registro de participantes no se consideró la mesa referente a Política Exterior y menciona sucintamente las observaciones que se produjeron en las cuatro mesas de referencia.
Argumenta el proponente que los resultados que arrojan las mesas de análisis estarán basados en meras valoraciones sin haber sido contrastadas con instituciones públicas ni con ninguno de los portavoces de los grupos sociales, incumpliendo las bases y los objetivos de la convocatoria; que la sociedad mexicana ha denunciado que en la planeación 2008 – 2012, las consultas presentan vicios en las formas y en los tiempos en que pueden ejercer su derecho a expresar sus opiniones; impugna la calidad democrática con la que se ejerce la dirección de la CICC; que la consulta en sí misma no viola el principio de legalidad, porque no es un referéndum, sin embargo sí viola los principios de transparencia, participación y pluralidad del régimen democrático, además de las garantías de la libertad de expresión y el derecho de decidir de la sociedad en su conjunto.
Concluye el proponente que: De lo que se trata es de rectificar lo realizado dada la relevancia que debe tener la evaluación de la vulnerabilidad de nuestro país ante el cambio climático; que la ciudadanía ha cuestionado la operatividad del PECC, señalando omisiones y presentando propuestas en torno a las medidas de adaptación del cambio climático, precisando la incapacidad en la instrumentación del programa y la ausencia de sistemas de información y alerta temprana en las funciones del programa; que la consulta pública del PECC no es representativa de los sectores educativo, industrial y gubernamental local y es omisa de las líneas con las cuales se va a trabajar en los estados y municipios; que el ejercicio de consulta pública se percibe parcial y promueve intencionalmente una seguridad ficticia en la sociedad; que el PECC omite perspectivas de género, participación de la juventud y papel de los medios de comunicación, y que el cambio climático no debe ser tomado como un tema de moda sino como oportunidad para generar verdaderas acciones que permitan a todos los sectores de nuestro país participar activamente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como en la adaptación a los efectos del cambio climático. Por ello, propone el siguiente:
“Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que se realice a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático una nueva consulta pública, que permita recabar las opiniones de una muestra representativa de la sociedad en los diferentes estados de la República, en torno al Programa Especial de Cambio Climático.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Gobierno Federal, para que a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, modifique el Programa Especial de Cambio Climático, estableciendo metas medibles y cuantificables, que permitan demostrar que se pueden alcanzar los objetivos planeados durante el periodo del programa.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Gobierno Federal, para que a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, designe un responsable por cada dependencia de la Administración Pública Federal, para dar seguimiento a las metas específicas del PECC.”
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos de la Proposición que se dictamina.
El grupo de asistencia técnica de esta Tercera Comisión de Trabajo revisó el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 25 de abril de 2005, del que se reproducen las siguientes disposiciones:
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con el objeto de coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático, y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco en la materia y los demás instrumentos derivados de la misma.
La Comisión lntersecretarial de Cambio Climático tendrá también por objeto identificar oportunidades, facilitar, promover, difundir, evaluar y, en su caso, aprobar proyectos de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos Mexicanos, en términos del Protocolo de Kyoto, así como de otros instrumentos tendientes al mismo objetivo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión se integrará por los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Comunicaciones y Transportes.
La Comisión podrá invitar a otras dependencias y entidades gubernamentales a participar de manera permanente o temporal en sus trabajos cuando se aborden temas relacionados con su ámbito de competencia u objeto.
…
ARTÍCULO CUARTO.- La presidencia de la Comisión recaerá de manera permanente en el Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los integrantes de la Comisión podrán designar a sus respectivos suplentes, quienes deberán contar con el nivel de subsecretario o su equivalente.
…
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se crea el Consejo Consultivo de Cambio Climático como organismo de consulta de la Comisión, el cual se integrará por un mínimo de quince personas provenientes de los sectores social, privado y académico, con reconocidos méritos y experiencia en temas de Cambio Climático, que serán designados por el Presidente de la Comisión a propuesta de sus integrantes y conforme a lo que al efecto se establezca en su Reglamento Interno, debiendo garantizarse el equilibrio en la representación de los sectores e intereses respectivos.”
También se analizaron las reglas de funcionamiento interno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de fecha 11 de octubre de 2005, según aparecen publicadas en la página de Internet de esta Comisión y se pudo constatar la corrección y sustento de las manifestaciones del autor de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina.
Finalmente, se analizó la agenda adoptada por el C4 para las reuniones finales de trabajo de la consulta pública sobre el PECC 2008 – 2012 y se pudo precisar, por ejemplo, que en la mesa B. Política Exterior en Cambio Climático se vertieron los siguientes comentarios: “1. Se manifestó preocupación por el corto plazo que se dio para la consulta pública, así como por la celeridad del proceso de integración del PECC. Al respecto se señaló la necesidad de mejorar la aplicabilidad del Programa, así como de integrar al mismo los resultados del estudio sobre los impactos económicos del cambio climático en México, actualmente en desarrollo…; 2. Se reconoció la labor de México en los foros internacionales, y se indicó que una tarea pendiente es promover una mayor correspondencia entre las acciones al interior del país y la política exterior en cambio climático, por ejemplo, reforzar la relación del PECC con los programas sectoriales…; 3. Se señaló la necesidad de promover una mayor articulación entre el gobierno y la sociedad civil (academia, organizaciones no gubernamentales y sector privado), incluyendo el enfoque de género en los foros internacionales relacionados a cambio climático…”
La Comisión Dictaminadora considera que lo anterior sustenta y justifica la propuesta de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, por conducto del titular de la SEMARNAT, para que analice y determine la viabilidad de realizar una nueva consulta pública en torno al Programa Especial del Cambio Climático, que promueva y admita una muestra representativa de las opiniones de la sociedad mexicana en los diferentes Estados de la República.
Igualmente se considera procedente exhortar al Gobierno Federal a que revise el Programa Especial de Cambio Climático, a efecto de establecer metas mesurables y cuantificables y que permitan valorar el alcance de los objetivos proyectados en el Programa y para que se designe un responsable por cada dependencia de la Administración Pública Federal, para dar seguimiento a las metas del PECC.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instruya a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para que:
Se analice y determine la viabilidad de realizar una nueva consulta pública en torno al Programa Especial del Cambio Climático, que promueva y admita una muestra representativa de las opiniones de la sociedad mexicana en los diferentes Estados de la República.
Se revise el Programa Especial de Cambio Climático, a efecto de establecer metas mesurables y cuantificables que permitan valorar el alcance de los objetivos proyectados en el Programa.
Se designe un responsable por cada dependencia de la Administración Pública Federal, para dar seguimiento a las metas del Programa Especial de Cambio Climático.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 14 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relativo a la observancia de las nuevas reglas de emisión y operación de las tarjetas de crédito.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA OBSERVANCIA DE LAS NUEVAS REGLAS DE EMISIÓN Y OPERACIÓN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Banco de México a que garantice la estricta observancia de las disposiciones relacionadas con la emisión y operación de tarjetas de crédito, por parte de las instituciones de banca múltiple, presentada por los Senadores Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- En su capítulo de Exposición de Motivos, los autores de la Proposición refieren que su propósito es señalar los elevados costos de los servicios y productos financieros que ofrecen las instituciones de crédito y proponer algunas medidas que protejan los intereses del público, por ejemplo, que los usuarios de la Banca cuenten con información suficiente y veraz sobre los distintos instrumentos financieros o que las autoridades promuevan realmente la competencia en el mercado a fin de que la Banca ofrezca al ciudadano mejores condiciones de crédito; mencionan como elementos de la problemática a la poca educación que existe sobre el uso de los servicios o productos financieros, las altas tasas de interés y las elevadas comisiones bancarias, así como las malas prácticas de algunos bancos, como es el caso de que se ha incrementado en los últimos años el envío a domicilio de tarjetas de crédito preautorizadas que no fueron solicitadas por el usuario. Esta práctica la realizan los bancos para colocar un mayor número de plásticos sin tomar en cuenta al futuro acreditado ni los riesgos de fraude que conlleva la activación de tarjetas sin que previamente exista el consentimiento del cliente o usuario.
Agregan los proponentes que la propia Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) en su publicación “Proteja su Dinero”, correspondiente al mes de mayo, presentó el caso de una niña de cuatro años, que fue invitada por BANAMEX a llenar una solicitud y formar parte de su “selecto grupo” de tarjetahabientes; que ante la duda de que sean aplicados cargos injustificados, los ciudadanos deciden comunicarse con la institución bancaria para tramitar el rechazo del plástico. Ese momento es utilizado por la entidad crediticia para tratar de convencer por todos los medios a los potenciales usuarios, quienes en ocasiones se sienten acosados por estas promociones.
Por otro lado, la CONDUSEF ha recibido un número importante de reclamaciones de ciudadanos que “son subidos al buró de crédito” por adeudos de tarjetas de crédito que recibieron sin que existiera solicitud de su parte y que además no fueron utilizadas.
El antecedente negativo ante el buró de crédito resulta de que todas las tarjetas de crédito traen consigo el cobro de una comisión por anualidad y en algunas ocasiones por apertura, en caso de que el ciudadano no lleve a cabo la notificación de no aceptación del plástico, y que la CONDUSEF hace algunas recomendaciones sobre la forma en que se debe proceder cuando se recibe una tarjeta de crédito no solicitada y que además no se desea utilizar. Pero, se preguntan los proponentes, ¿qué necesidad tiene el ciudadano de comunicarse al centro de atención telefónica de la institución bancaria para notificar que recibió una tarjeta no solicitada, de redactar un escrito al banco para que éste demuestre que cuenta con un contrato de adhesión debidamente firmado por el usuario o presentar una reclamación ante el buró de crédito por un adeudo que se generó por una práctica y operación no autorizada a los bancos?
Mencionan los proponentes que estas prácticas contravienen lo establecido por las “Reglas a las que habrán de sujetarse las Instituciones de Banca Múltiple y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado en la emisión y operación de tarjetas de crédito”, expedidas por el Banco de México el 30 de julio de 2004. Estas reglas establecen lo siguiente:
“… I) que la expedición de tarjetas se hará invariablemente con base en un contrato; II) que la emisora deberá entregar al titular una copia del contrato a más tardar en la fecha en que éste reciba la tarjeta; III) que la emisora deberá dar a conocer al titular previo a la firma del contrato, los conceptos y los importes vigentes de las comisiones que cobran en relación con las tarjetas; IV) que la emisora sólo podrá entregar las tarjetas solicitadas por el titular previa firma del contrato; y, V) que se deberá prever en el contrato que la tarjeta sólo podrá comenzar a utilizarse una vez que el titular lo solicite mediante los mecanismos de activación y seguridad que establezca la emisora, no procediendo la realización de cargos a la cuenta respecto de tarjetas no activadas.”
Con las anteriores consideraciones proponen el siguiente:
“PUNTO DE ACUERDO
Artículo Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Banco de México para que garantice la estricta observancia de las Reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones de banca múltiple y las sociedades financieras de objeto limitado en la emisión y operación de tarjetas de crédito, y aplique las sanciones que correspondan en caso de su incumplimiento.”
II.- La Comisión Dictaminadora comparte las inquietudes de los proponentes y reconocen la seriedad de los problemas relacionados con las prácticas e incremento de los adeudos del público usuario de tarjetas de crédito, destacando los relacionados con los plásticos enviados a domicilio sin que medie solicitud previa o contrato de emisión con el usuario respectivo.
Como resultado de la investigación realizada por el grupo técnico de esta Tercera Comisión de Trabajo, es preciso aclarar que las “Reglas a las que habrán de sujetarse las Instituciones de Banca Múltiple y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado en la emisión y operación de tarjetas de crédito”, que según los proponentes fueron expedidas por el Banco de México el 30 de julio de 2004 (aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 4 de agosto de 2004), fueron abrogadas por las “Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de las tarjetas de crédito”, Circular 29/2008 del Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2008 y que en su regla transitoria Segunda dispone: “A partir del 28 de julio de 2008 se abrogan las ‘Reglas a las que habrán de sujetarse las Instituciones de Banca Múltiple y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado en la emisión y operación de tarjetas de crédito’, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 4 de agosto de 2004”.
En cuanto a la protección al tarjetahabiente, la Regla 3. PROTECCIÓN AL TARJETAHABIENTE, establece:
“3.1 La Emisora sólo podrá emitir y entregar Tarjetas de Crédito:
a) Previa solicitud del titular en los formularios que la Emisora utilice de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de las “Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 11, 12, 13 y 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros aplicables a las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y las entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público”, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
b) Mediante la suscripción de un Contrato por parte del Titular, o
c) Con motivo de la sustitución de una Tarjeta de Crédito emitida con anterioridad.
Todas las Tarjetas de Crédito deberán entregarse desactivadas y para su activación el Tarjetahabiente deberá solicitarlo expresamente mediante el uso de cajeros automáticos, vía telefónica, a través de su página electrónica en Internet, acudiendo a las sucursales o en los locales de las personas con las que las instituciones de banca múltiple celebren contratos de comisión mercantil para realizar las operaciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debiendo la Emisora o el comisionista de que se trate, conservar registro de dicha activación.
No es procedente la realización de cargos en la Cuenta respecto de Tarjetas de Crédito no activadas conforme a lo previsto en el presente numeral, excepto tratándose de los cargos por domiciliación previamente autorizados por el Tarjetahabiente.
El NIP deberá entregarse al Tarjetahabiente en forma separada de la Tarjeta de Crédito.
3.2 La Emisora deberá contar con un seguro que cubra el saldo insoluto de la Cuenta al momento del fallecimiento del Titular, o bien, condonar dicho saldo ante tal evento.
La Emisora no podrá establecer plazos de caducidad menores a ciento ochenta días naturales contados a partir del fallecimiento del Titular, para hacer efectivo el seguro o la condonación antes mencionados.
En el evento de que los Tarjetahabientes autorizados a utilizar Tarjetas de Crédito adicionales continúen usándolas con posterioridad al fallecimiento del Titular, la Emisora podrá exigir a cada uno de tales Tarjetahabientes, el pago derivado de las transacciones que haya efectuado con cargo a la Cuenta.
3.3 En caso de robo o extravío de la Tarjeta de Crédito, una vez que el Tarjetahabiente tenga conocimiento de ello, deberá dar aviso a la Emisora a través de cualquiera de los medios pactados.
En todo caso, la Emisora deberá dar al Tarjetahabiente el número de referencia del aviso, debiendo conservar constancia de la fecha y hora en que se efectúo.
A partir de dicho aviso, la Emisora deberá bloquear la Tarjeta de Crédito, por lo que el Titular, sus obligados solidarios y subsidiarios, no serán responsables de cargos que se efectúen en la Cuenta con posterioridad. Ello sin perjuicio de que la Emisora podrá liberar a dichas personas del pago de los cargos provenientes de operaciones que se realicen con anterioridad al aviso referido, en los términos y condiciones que al efecto se convengan.
La Emisora deberá informar al Titular, a través de su página electrónica en Internet, así como de un documento que adjunte al Contrato, del propio Contrato o del estado de cuenta, el alcance de su responsabilidad en caso de robo o extravío por transacciones efectuadas antes del aviso. Adicionalmente, deberá incluir el número telefónico para realizar avisos por robo o extravío de las Tarjetas de Crédito.
No obstante lo anterior, la Emisora podrá realizar con posterioridad al aviso de robo o extravío, los cargos previamente autorizados por el Tarjetahabiente mediante el servicio de domiciliación al que se refiere el numeral 2.7 de las presentes Reglas.
3.4 La Emisora tendrá prohibido efectuar, por cuenta propia o de terceros, ofertas a los Tarjetahabientes para la adquisición de bienes o servicios cuyo pago se realice mediante cargos que la Emisora haga en la Cuenta respectiva, en las que se señale que para evitar los citados cargos los Tarjetahabientes deban manifestar su desacuerdo.
3.5 La Emisora deberá incluir en la correspondencia de envío de la Tarjeta de Crédito o del NIP, el número telefónico para realizar avisos por robo o extravío, así como las siguientes recomendaciones al Tarjetahabiente:
a) No dar a conocer el NIP;
b) No grabar el NIP en la Tarjeta de Crédito o guardarlo junto a ella;
c) Destruir el documento con el NIP una vez memorizado;
d) Cambiar el NIP frecuentemente, y
e) Cuidar la Tarjeta de Crédito para evitar su uso indebido o fraudulento.
3.6 En el evento de que el Titular haya autorizado a la Emisora a cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la Tarjeta de Crédito, en cualquier cuenta que tenga abierta con ella, la compensación respectiva sólo podrá efectuarse cuando la Cuenta mantenga un saldo deudor vencido de más de noventa días naturales y que se trate de cargos que no hayan sido objetados en tiempo por el Titular, cuya aclaración se encuentre pendiente de resolver.
3.7 La Emisora sólo podrá cargar intereses moratorios sobre el importe de los pagos mínimos vencidos, en cada período de pago y respecto del saldo insoluto, a partir de la fecha en que el crédito se considere vencido para efectos contables en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
3.8 Las personas a quienes el Titular haya autorizado el uso de Tarjetas de Crédito adicionales, en ningún caso podrán ser obligados solidarios ni subsidiarios del Titular.
3.9 De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y en las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito deberán ajustarse al procedimiento referido en tal artículo, para atender las aclaraciones que formulen los Titulares sobre los cargos o abonos que se realicen en la Cuenta.
3.10 Las sociedades financieras de objeto limitado que emitan Tarjetas de Crédito con base en Contratos, así como las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas -en adelante Sociedades- que se encuentren obligadas a cumplir con las reglas para Tarjetas de Crédito que expida el Banco de México, respecto de transacciones que no excedan el equivalente en moneda nacional a veinte mil unidades de inversión, deberán sujetarse al procedimiento para aclaración de cargos o abonos que se describe a continuación:
a) Cuando el Titular no esté de acuerdo con alguno de los movimientos de la Cuenta podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.
La solicitud podrá presentarse en las oficinas, sucursales o en la unidad especializada, de la Sociedad de que se trate, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, la Sociedad estará obligada a acusar recibo de dicha solicitud.
El Titular tendrá derecho a no realizar el pago de la transacción cuya aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere esta Regla;
b) Una vez recibida la solicitud de aclaración, la Sociedad tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales para entregar al Titular el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el Titular. En el caso de reclamaciones relativas a transacciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.
El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal de la Sociedad facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita la Sociedad, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el Titular deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta Regla;
c) Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere la fracción anterior, la Sociedad estará obligada a poner a disposición del Titular en sus oficinas, sucursales o en la unidad especializada de la Sociedad de que se trate, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas, y
d) Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en esta Regla, la Sociedad no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.
Las Sociedades sujetas a la presente Regla, deberán informar a los Titulares en un documento explicativo que adjunten al Contrato, así como a través de su página electrónica en Internet, que para formular aclaraciones sobre los cargos o abonos que se realicen en la Cuenta, podrán utilizar el procedimiento antes descrito.”
La abrogación, a partir del 28 de julio de 2008, de las Reglas relacionadas con la emisión y operación de tarjetas de crédito, viene a dejar formalmente sin materia la Proposición que se dictamina; sin embargo, la entrada automática, en la misma fecha del 28 de julio de 2008, de las Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de las tarjetas de crédito, publicadas el 11 de julio del mismo año, deja vigente la inquietud sustantiva de los promoventes relacionada con la estricta observancia de las mismas por parte de las instituciones bancarias.
Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera procedente solicitar del titular del Banco de México la información relacionada con las medidas y acciones previstas y proyectadas para supervisar y garantizar la estricta observancia de las reglas mencionadas, por parte de las instituciones de banca múltiple y sociedades financieras de objeto limitado, así como a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que se encuentren obligadas a cumplir con las reglas para tarjetas de crédito que expida el Banco de México.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular del Banco de México, se sirva hacer llegar a esta Soberanía, información sobre las medidas y acciones previstas y proyectadas para supervisar y garantizar la estricta observancia de la Circular 29/2008, relativa a las Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de julio de 2008, por parte de las instituciones de banca múltiple y sociedades financieras de objeto limitado, así como de las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que se encuentren obligadas a cumplir con las reglas para tarjetas de crédito que expida el Banco de México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 14 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relativo a la normatividad en materia de adicciones y a la creación de Centros de Rehabilitación para atenderlas.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADICCIONES Y A LA CREACIÓN DE CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA ATENDERLAS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que se exhorte a los titulares de las entidades federativas a efecto de que lleven a cabo una revisión exhaustiva de la normatividad en materia de adicciones y en su caso propongan las reformas conducentes con la finalidad de crear y controlar los denominados centros de rehabilitación para las adicciones, presentada por el Diputado José Murillo Torres, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 23 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- En su capítulo de Exposición de Motivos, el autor de la Proposición se refiere al incremento considerable en el consumo de diversas drogas y al esfuerzo que está haciendo el gobierno para responder con energía al reto que ello implica; que se han identificado nuevas complicaciones, considerando que las drogas, alcohol, tabaco y comida, son las cuatro adicciones más comunes y que van en ascenso, señalando que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad, la adicción a las drogas ha aumentado, tres millones de personas son alcohólicas y el tabaquismo está matando a miles. En este contexto, la adicción a las drogas tiene el mayor potencial de provocar daño.
Continúa el proponente afirmando que en la actualidad los establecimientos para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones no cuentan con una regulación efectiva, con la finalidad de que haya una planificación de la dotación de los servicios de tratamiento. El papel del Estado en el desarrollo de las instancias de tratamiento y rehabilitación es fundamental, al tener una organización de una red de establecimientos supone el conocimiento del número, naturaleza y características de los centros de atención para adicciones en cada entidad. Tomando en cuenta que al Estado corresponde la rectoría política en el campo de la coordinación y la puesta en marcha de las políticas de prevención de drogas y atención a fármaco-dependientes deben promoverse procesos de recuperación, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas. “La atención de las personas con problemas por el consumo de drogas debe de ser asumida por el Estado. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, por lo tanto se debe colegir que el mismo Estado debe incentivar y desarrollar los programas relacionados con la reinserción social de los rehabilitados”.
Concluye el proponente al señalar que la atención preventiva y curativa tiene relativamente pocos años de establecida en México. En 1984, por primera vez, la Ley General de Salud consideró las adicciones, fármaco-dependencia, alcoholismo y tabaquismo, como un problema de salubridad general. Esto dio lugar a la creación en la Secretaría de Salud del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), el 8 de julio de 1986, cuyos objetivos son promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado encaminadas a prevenir y combatir los problemas de salud pública causados por las adicciones, así como proponer y evaluar los programas nacionales contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, el tabaquismo y la fármaco-dependencia. Invoca el artículo 4° Constitucional y señala nuestra responsabilidad de hacer efectivo el derecho fundamental a la salud y se puedan generar más centros especializados de rehabilitación para las adicciones, con información actualizada, con programas de prevención encaminados a la detección temprana, orientación y canalización a tratamiento de consumidores y, sobre todo, con personal capacitado y especializado. En tal virtud, propone el siguiente
“PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- se exhorte en forma respetuosa a los titulares de las Entidades Federativas a efecto de que lleven a cabo una revisión exhaustiva de la normatividad en materia de adicciones (salud Pública) y en su caso propongan las reformas conducentes con la finalidad de crear (en caso de no existir) y controlar los denominados centros de rehabilitación para las adicciones necesarios, para el control de éstas.”
II.- La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que prescribe que el pueblo mexicano tiene la voluntad de constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
La Comisión Dictaminadora también toma en cuenta que la salud y la salubridad general son materias de coordinación de la Federación, los estados y los municipios, en los términos previstos en los artículos 4° y 73, fracción XVI, de la CPEUM, así como el artículo 4° de la Ley General de Salud que establece: Son autoridades sanitarias: El Presidente de la República; el Consejo de Salubridad General; la Secretaría de Salud y, los gobiernos de las entidades federativas incluyendo al gobierno del Distrito Federal.
Conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Salud corresponde realizar las atribuciones que corresponden al Ejecutivo Federal en materia de salud, entre ellas las de coordinación con las entidades federativas.
Consecuentemente, en el caso, la Comisión Dictaminadora considera procedente que el exhorto solicitado por el proponente se dirija al titular de la Secretaría de Salud, a fin de que promueva los estudios y la revisión y actualización de la normatividad en materia de adicciones, así como la creación de centros de rehabilitación contra las adicciones en las diversas entidades federativas.
Adicionalmente, se considera procedente remitir el expediente a los gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, a que remita a esta Soberanía información acerca de las acciones que ha realizado y que realiza actualmente en materia de atención de adicciones, en virtud de las acciones puntuales que tiene sobre este tema, y promueva la creación de centros de rehabilitación, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, y la revisión y actualización de la normatividad en materia de adicciones.
SEGUNDO.- Remítase copia del expediente a los gobernadores de los Estados de la República y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 14 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Sobre la asignación de recursos al ISSFAM para el ejercicio fiscal de 2009.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL ISSFAM PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar más recursos al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para que pague a militares y marinos retirados el incremento a sus haberes de retiro en la misma proporción en que aumentan los haberes de los efectivos en activo, presentada por el Senador Dante Delgado Rannauro, y los Diputados José Manuel del Río Virgen, Elías Cárdenas Márquez y Alejandro Chanona Burguete, integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión de la Comisión Permanente del 23 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo.
CONSIDERACIONES.
I.- En su capítulo de Antecedentes, los autores de la Proposición manifiestan sustancialmente lo siguiente: El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) es un organismo público descentralizado federal cuyo objetivo es brindar bienestar en materia de salud, vivienda y educación a los militares en servicio activo o en situación de retiro, así como a sus derechohabientes; el ISSFAM presta anualmente servicio a 665 mil personas y otorga dos millones de consultas. El universo de las fuerzas armadas atendidas se conforma por 51,953 militares en retiro, 25,262 pensionados y 533,125 derechohabientes; que el ISSFAM ha sufrido el recorte de su presupuesto, lo que ha causado una carencia en la construcción de vivienda y en los servicios médicos a los militares en activo y en retiro, mencionando el problema del desabasto de medicamentos que alcanza una incidencia de 66 por ciento y el creciente número de personas en edad de jubilación.
Continúan los proponentes refiréndose a los militares y marinos en retiro que sufren una reducción de sus ingresos. El personal de tropa obtiene el 73 por ciento del ingreso mensual que percibía en activo y los generales y almirantes, su percepción en el retiro equivale al 19 por ciento del ingreso que recibían en activo, después de 40 años o más de servicio. Actualmente, el ISSFAM no integra al haber de retiro de militares y marinos el incremento de salario que reciben los efectivos en activo, como lo establece el artículo 23 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. El Instituto argumenta no contar con los recursos suficientes para cubrir el pago de la actualización de los haberes en retiro y simplemente ha dejado de pagarla aún cuando la ley lo obliga a hacerlo.
Los proponentes mencionan el caso particular del Almirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Naval, retirado, Héctor Luis Argudín Estrada, quien señalan es uno de los pioneros en la defensa de los derechos de las fuerzas armadas en retiro e interpuso en julio de 2006 una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para reclamar la nulidad de la resolución del ISSFAM en la que rechazaba aumentar el haber de retiro del interesado. El Tribunal citado resolvió a favor del demandante y, sin embargo, la resolución hasta ahora no ha sido cumplida por el ISSFAM, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no entrega los fondos que se necesitan para cubrir los incrementos correspondientes.
En su capítulo de Consideraciones los autores de la Proposición, resaltan el papel de las fuerzas armadas nacionales como pilar importante del Estado mexicano, y el que están desempeñando ahora al enfrentar graves peligros para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
No obstante, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas reciben en cambio pensiones irrisorias y una cada vez más deficiente seguridad social; el ISSFAM, señalan los proponentes, se ha convertido en un organismo que no responde a necesidades primarias de los efectivos en activo y en retiro, como salud, vivienda y pensiones, como lo dispone la Ley.
Concluyen los proponentes al señalar que la Secretaría de Hacienda debe velar porque el ISSFAM cuente con los recursos suficientes para cumplir con el pago de las pensiones de los efectivos en retiro, así como las garantías que la Ley les concede, mencionando nuevamente el caso particular del Almirante Héctor Luis Argudín Estrada y formulando el siguiente:
“PUNTO DE ACUERDO
UNO: EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A ASIGNAR MÁS RECURSOS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS (ISSFAM) PARA QUE PAGUE A MILITARES Y MARINOS RETIRADOS EL INCREMENTO A SUS HABERES DE RETIRO EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE AUMENTAN LOS HABERES DE LOS EFECTIVOS EN ACTIVO
DOS: EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA QUE ASIGNE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE EL ISSFAM LE PAGUE AL ALMIRANTE HÉCTOR LUIS ARGUDÍN ESTRADA SU COMPENSACIÓN REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE SU PENSIÓN CONFORME AL AUMENTO QUE RECIBAN LOS ELEMENTOS EN ACTIVO.”
II.- La Comisión Dictaminadora coincide en el exhorto que se propone a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asignar más recursos al ISSFAM, a fin de que pague a militares y marinos retirados el incremento a sus haberes de retiro en la misma proporción en que aumenta los haberes de los efectivos en activo, y también para que el ISSFAM pague al Almirante Héctor Luis Argudín Estrada, su compensación referente a la actualización de su pensión conforme al aumento que reciban los elementos en activo.
De igual forma, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta la aplicabilidad de las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se transcriben a continuación:
“Artículo 23. El haber de retiro integrado como se establece en el artículo 31 y la compensación, así como la pensión, se cubrirán con cargo al erario federal.
La cuantía del haber de retiro y de la pensión, tal como la estén percibiendo los beneficiarios, se incrementará al mismo tiempo y en igual proporción en que aumenten los haberes de los militares en activo.”
“Artículo 31. Para integrar el monto total del haber de retiro o de la compensación, se tomará como base el haber del grado con que vayan a ser retirados y se adicionará a éste el 70% de dicho haber. En el caso de la integración del monto total de la pensión correspondiente a familiares de militares muertos en situación de retiro, se tomará como base el haber del grado con que hayan sido retirados o que les hubiere correspondido en caso de retiro y se adicionará a éste el 60% de dicho haber, incluyendo los militares en activo que fallecen en actos del servicio. En ambos casos se adicionarán las primas complementarias del haber que les corresponda por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando las estén percibiendo los militares en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 24 de esta Ley, o bien al cumplirse el plazo a que se refiere la fracción V del mismo precepto, o a la fecha en que se formuló la solicitud mencionada en la fracción VI del artículo citado anteriormente, o el fallecimiento.
A los militares que pasan a situación de retiro con más de 45 años de servicios efectivos, se les fijará el haber de retiro que ya se indicó en el párrafo anterior, aumentando en un 10%.
Para los efectos de los párrafos anteriores, el haber de retiro será calculado con base en el haber fijado en los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente en la fecha en que el militar cause baja del activo.”
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
“Sexto: A todos los militares que estén en situación de retiro antes de la vigencia de esta Ley, se les sustituirá la “ayuda para militares retirados” por la cantidad que se determine conforme a lo establecido en el artículo 31 de la ley, de acuerdo al haber establecido en los tabuladores actuales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el grado que sirvió de base para el cálculo de su haber de retiro.
A todos los pensionados antes de la entrada en vigor de esta Ley, se les incrementará su pensión por la cantidad que se determine conforme a lo establecido en el artículo 31 de la ley, de acuerdo al haber establecido en los tabuladores actuales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el grado que sirvió de base para el cálculo de su pensión.
El aumento se hará efectivo a partir del día primero de septiembre del presente año.”
Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera procedente el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que en el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, conforme está previsto en los artículos 25 y 29 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se incluyan los recursos necesarios para que el ISSFAM cumpla sus obligaciones de pago a los militares y marinos retirados, relativas al incremento de sus haberes de retiro en la misma proporción en que aumentan los haberes de los efectivos en activo, así como cualquier compensación referente a la actualización de las pensiones correspondientes.
Igualmente la Comisión Dictaminadora considera procedente remitir el asunto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en relación a sus atribuciones de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que en el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se consideren recursos para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, cumpla sus obligaciones de pago a los militares y marinos retirados, relativas al incremento de sus haberes de retiro en la misma proporción en que aumentan los haberes de los efectivos en activo, así como cualquier compensación referente a la actualización de las pensiones correspondientes.
SEGUNDO.- Remítase copia del presente expediente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que, en el marco de sus atribuciones, considere el asunto en el análisis y dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 14 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relacionado con los subejercicios del presupuesto rural.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADO CON LOS SUBEJERCICIOS DEL PRESUPUESTO RURAL.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para dar atención a la difícil situación que enfrenta el presupuesto rural en nuestro país, presentada por el Diputado Carlos Ernesto Navarro López, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 23 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- En su capítulo de Consideraciones, el autor de la Proposición con Punto de Acuerdo se refiere a la situación de crisis alimentaria que se presenta a nivel mundial y que tiene incidencia en nuestro país; menciona que la Cámara de Diputados aprobó el que denomina “Presupuesto Rural 2008” que constituye un presupuesto histórico para el campo y, no obstante, se tiene un subejercicio también histórico en la aplicación de los recursos asignados; destaca que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es un instrumento de política pública para atender las necesidades del país y en ese contexto se autorizaron recursos para el campo en un monto que ha rebasado cualquier precedente y que tuvo el propósito de responder la recesión económica en los Estados Unidos de América, reducir la dependencia presupuestal del petróleo y la dependencia alimentaria de nuestro país. Por ello resulta ilógico que el presupuesto autorizado no se aplique en sus términos.
Afirma el proponente que según datos del Informe de la Cuenta Pública 2007, el Presupuesto Rural, también denominado Programa Especial Concurrente, tiene un subejercicio de 11,700 millones de pesos, que representa el 6.7 por ciento, y adecuaciones en los programas con recursos transferidos de una partida a otra en más del 30 por ciento del Presupuesto autorizado, “todo ello sin solicitar autorización o dar cuenta a la Cámara de Diputados”; que habiendo tantas carencias en el campo, tanta pobreza y hambre en más de 18 millones de mexicanos, desnutrición en el 40 por ciento de los niños que viven en el campo, problemas de salud y educación, rezagos en los aspectos sociales, se haya devuelto parte del presupuesto para el campo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cita como ejemplos los programas sociales, llamados prioritarios, como el Seguro Popular donde sólo se aplicó el 49 por ciento del programa devolviendo 5,188 millones de pesos a la SHCP; o el caso de SAGARPA que tuvo economías por 2,017 millones de pesos; o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que reintegró el 60 por ciento de los programas de caminos rurales y empleo temporal, o SEMARNAT que redujo su presupuesto en 12 por ciento, que significan 1,758 millones de pesos.
Luego se refiere el proponente al proyecto de Presupuesto 2008 presentado por el Ejecutivo Federal que consideró la compactación de más de 100 programas aplicados en el campo a 16 programas para el presente ejercicio y que fue aprobado por la Cámara de Diputados.
La propuesta gubernamental promovió nuevas reglas de operación que se han traducido en rezago considerable en la aplicación de los recursos, pues si bien se publicaron el último día de diciembre del año pasado, las instituciones no tuvieron el personal capacitado para atender la demanda, ni se difundieron los nuevos programas ni se capacitó a los productores. “Según lo dicho por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y los secretarios de desarrollo agropecuario del país, el presupuesto 2008 aplicado por la SAGARPA significa un fuerte centralismo de los recursos para el campo, y como se observa en el retraso en el ejercicio de los recursos públicos hay un retroceso en la federalización del campo que mandata la Ley de Desarrollo Rural Sustentable…”. Señala como ejemplos los convenios entre la Federación y los Estados, donde se federalizaron programas, recursos y decisiones relativas a la Alianza para el Campo y menciona que en años anteriores los anexos técnicos convenidos con los Estados estaban a más tardar en el mes de abril; este año, casi por concluir el séptimo mes de 2008, no se han suscrito los anexos técnicos del programa de adquisición de activos, antes Alianza para el Campo, con 22 Estados de la República. Casi todas las organizaciones campesinas han denunciado un fuerte rezago en la aplicación del gasto público para el campo estimando que a la fecha sólo se ha ejercido un 7 por ciento.
Concluye el proponente que el Secretario de Hacienda solicitó a la Cámara de Diputados un voto de confianza para aprobar los nuevos programas sin tener aún las reglas de operación, bajo el compromiso de que en este ejercicio se informaría del avance cuantitativo y cualitativo de los programas para el campo. Hasta la fecha no tenemos indicadores claros de los nuevos programas; se ha incumplido en lo que es un presupuesto por objetivos, y lo que es más grave es que la SAGARPA ha cambiado su formato de información a la Cámara de Diputados. Los informes que antes publicaba en forma mensual, ahora son trimestrales y sólo se refieren a los compromisos del gasto, no de los recursos realmente aplicados, “con ello se encubre en gran medida la ineficiencia en el gasto, resulta fácil señalar que fueron transferidos recursos a los Estados, la totalidad de los recursos del programa de financiamiento rural al fondo convenido con FIRA o Financiera Rural y otros, pero eso no significa que el recurso haya llegado al campo, por ello es imperante que los reportes de SAGARPA consideren los recursos aprobados, convenidos, radicados y aplicados, como diferentes situaciones del gasto público y como los considera la nueva responsabilidad hacendaria”. Por lo anterior, propone el siguiente:
“PUNTO DE ACUERDO
Primero: Que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados con el apoyo de la Auditoria Superior de la Federación audite los programas que rurales que presentan subejercicios en el presupuesto para el campo aprobado para el año 2007.
Segundo: Que la Secretaria de la Función Pública proceda al establecimiento de responsabilidades y se sancione a los funcionarios públicos responsables de los subejercicios conforme al articulo 114 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya que es una gran irresponsabilidad no aplicar los recursos estando aprobados y disponibles en un área con tantas carencias como es el campo mexicano.
Tercero: Que la SAGARPA presente información objetiva de los avances financieros del presupuesto rural, señalando cumplimiento cualitativo de objetivos y metas y direnciando en la parte cuantitativa los recursos aprobados, convenidos, radicados y ejercidos o aplicados, evitando así la simulación de que los recursos enviados a las carteras de las instituciones y los recursos transferidos se consideren recursos entregados a los productores. Todo ello conforme a la transparencia que el campo requiere y en cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos formulados por el autor de la Proposición que se dictamina.
Por cuanto a las consideraciones y propuestas, la Comisión Dictaminadora considera pertinente reproducir los artículos 3 y 23, párrafo noveno, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
“Artículo 3.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación serán supletorios de esta Ley en lo conducente.
Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes.
Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 23.- …
…
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.”
En el caso, resulta que los subejercicios correspondientes al Presupuesto del año 2007 no son susceptibles de ser subsanados en los términos de lo previsto por el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Situación distinta presenta el subejercicio relativo al Presupuesto de 2008, respecto al que corresponde exhortar a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Hacienda y Crédito Público, para que subsanen los subejercicios acumulados en lo que va del año de 2008, en el Presupuesto correspondiente al campo y, en su caso, se haga la reasignación de los recursos no ejercidos oportunamente, en programas rurales prioritarios.
Por lo que se refiere al subejercicio del Presupuesto del año 2007, procede exhortar, como lo solicita el proponente, a la Secretaría de la Función Pública para que proceda a realizar las investigaciones necesarias, determinar las responsabilidades y sancionar a los funcionarios públicos responsables de dichos subejercicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se transcribe a continuación en lo conducente:
Artículo 114.- …
…
VII. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso de la Unión en los términos de esta Ley y otras disposiciones aplicables;
VIII. Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y programas;
IX. Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y
…”
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se sirva instruir a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público, para que procedan a subsanar los subejercicios de los presupuestos, en un plazo máximo de 90 días y, en su defecto, proceder a la reasignación de dichos recursos a los programas rurales prioritarios que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se sirva instruir al titular de la Secretaría de la Función Pública, para que proceda a realizar las investigaciones necesarias, determinar las responsabilidades y sancionar a los responsables de los subejercicios relacionados con el Presupuesto Rural del año 2007, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que presente a esta Soberanía, dentro de los 15 días naturales siguientes, información detallada de los avances en la aplicación de los recursos financieros del Presupuesto Rural, relacionándolo con los objetivos y metas correspondientes, e identificando los destinatarios finales de los recursos, precisando las instituciones participantes y los productores del campo beneficiados.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 14 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
En torno a la situación de diversos extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE DIVERSOS EXTRABAJADORES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Director de la Comisión Federal de Electricidad a permitir la reinstalación de trabajadores despedidos, presentada por el Diputado José Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 23 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- Por su contenido y características, la Comisión Dictaminadora consideró pertinente reproducir literalmente el capítulo de Consideraciones, de la Proposición que se dictamina, conforme a lo siguiente:
“En febrero de 1999, el Ejecutivo Federal ingresó una iniciativa de ley para reformar la Constitución y permitir la privatización de la industria eléctrica, a partir de marzo de ese año, se integraron grupos de trabajadores sindicalizados del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que en pleno ejercicio de su libertad de expresión, se organizaron para difundir su opinión contraria a la privatización del sector eléctrico.
Algunos de estos trabajadores integraron planillas opositoras a la dirección del SUTERM por considerar que la misma no reflejaba en sus acciones el sentir mayoritario de los trabajadores, contrario a la privatización.
Estos grupos de trabajadores, aún cumpliendo todas sus responsabilidades laborales y ejerciendo los legítimos derechos de su estatuto sindical, a instancias de la dirección sindical del SUTERM, fueron sujetos de una hostilidad laboral permanente que fue la causa de la rescisión de su contrato. Este es el caso de los CC. Jesús Navarrete Castellanos de Oficinas Nacionales; Andrés Borunda Valle de la sección de Samalayuca, Chihuahua; Armando Manríquez Vázquez de la sección de Ensenada, Baja California; Jorge Luis López Pérez y Honas Hernández de la sección de Villahermosa, Tabasco; Suzano Rivero Hernández de Oficinas Nacionales; Brenda González Hernández de Guadalajara, Jalisco; María de Jesús Pérez Rodríguez de Orizaba, Veracruz y Ramón Calleja Rosado de Veracruz, Veracruz.
La mayoría de estos trabajadores tenían más de 10 años al momento de su rescisión y las causales invocadas por la empresa son claramente injustificadas.
En ejercicio de sus derechos constitucionales, estos trabajadores han interpuesto demandas de reinstalación que legítimamente proceden, pero en los juicios correspondientes se han encontrado con una tenaz resistencia de CFE que hace todo lo posible para alargar innecesariamente los juicios. Es de presumir la intención de la empresa de aprovecharse de la precaria situación económica de los trabajadores y lastimar su dignidad.”
Igualmente se reproduce literalmente el Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
“ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Director de la Comisión Federal de Electricidad, Ing. Alfredo Elías Ayub, para que se tomen las medidas pertinentes para la reinstalación perentoria de Jesús Navarrete Castellanos, Andrés Borunda, Armando Manríquez Vázquez, Jorge Luis López Pérez, Honas Hernández, Suzano Rivero, Brenda González Hernández, María de Jesús Pérez Rodríguez y Ramón Calleja Rosado.”
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideran que este es un caso en que no se cuenta con la información suficiente y precisa, para que se pueda tener un criterio claro y bien sustentado para efectos de dictaminar en el sentido de la Proposición ni para definir una posición de la propia Comisión.
Sin embargo, con la información que proporciona el autor de la propuesta que se dictamina, se puede inferir que a un grupo de trabajadores, específicamente determinados, les fue rescindido su contrato, entendemos que se refiere a su relación laboral, por haberse manifestado en contra de la privatización del sector eléctrico; que la mayoría de estos trabajadores tenían más de diez años al momento de su rescisión y “las causales invocadas por la empresa (se refiere a la Comisión Federal de Electricidad – CFE), son claramente injustificadas”, y que los mismos interpusieron demandas de reinstalación (sin precisar la autoridad ante quien se interpusieron dichas demandas). El sentido de la Proposición permite presumir que el procedimiento jurisdiccional correspondiente mantiene el carácter de pendiente.
La Comisión Dictaminadora considera que en el caso se trata de un asunto de la competencia de los tribunales del trabajo, que aparentemente se encuentra pendiente de resolución, y ha sido criterio reiterado del Congreso de la Unión, de sus Cámaras y de esta Comisión Permanente, el no formular exhortos o recomendaciones en procedimientos litigiosos, cuya resolución pendiente corresponde a un juez o tribunal autónomo, como es el caso de los tribunales o juntas del trabajo, en los términos previstos por el artículo 123, Apartado A, fracciones XX y XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora no considera procedente exhortar al “Director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, para que se tomen las medidas pertinentes para la reinstalación perentoria de Jesús Navarrete Castellanos, Andrés Borunda, Armando Manríquez Vázquez, Jorge Luis López Pérez, Honas Hernández, Susano Rivero, Brenda González Hernández, María de Jesús Pérez Rodríguez y Ramón Calleja Rosado”.
En cambio, para dar continuidad y seguimiento al asunto planteado, la Comisión Dictaminadora considera procedente remitir el expediente al Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados y, para su conocimiento y efectos, al Director General de la Comisión Federal de Electricidad.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Remítanse copias del presente expediente al Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, para su conocimiento y efectos.
SEGUNDO.- Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 14 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Por el que se solicita asignar mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 al programa IMSS-Oportunidades.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA ASIGNAR MAYORES RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 AL PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita asignar mayores recursos en el Presupuesto de Egresos para 2009 para fortalecer la infraestructura física, equipamiento y operación de las clínicas del programa IMSS-Oportunidades en todo el país, suscrita por el Diputado Erick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 30 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- El autor de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, en su Capítulo de Consideraciones, manifiestan sustancialmente lo siguiente:
De acuerdo con el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México existen 44 millones 700 mil mexicanos en situación de pobreza, de los cuales 14 millones 400 mil viven en pobreza extrema, que se encuentran en cerca de mil 800 municipios que se caracterizan por su elevada población rural y por rezagos en educación, salud e ingreso económico; ante tal realidad se han realizado diversos esfuerzos para la implementación de programas como el de IMSS-Oportunidades, que el próximo año cumplirá 30 años proporcionando atención médica en las zonas más aisladas y marginadas del país, y señala que lo anterior tuvo su origen en los años 60 cuando se modificó la Ley del Seguro Social para que el IMSS extendiera sus servicios a poblaciones en extrema pobreza y marginación. Así surgió IMSS-Oportunidades.
Continúa el proponente afirmando que: El Programa IMSS-Oportunidades otorga servicios de salud a mas de 10 millones de mexicanos; está implementado en 17 entidades federativas en 1764 municipios y 17 mil 430 localidades; cuenta con una infraestructura de 3548 unidades médicas rurales, 226 unidades médicas urbanas y 69 hospitales rurales, además de 225 unidades móviles de salud. Tiene asignados 17 mil 180 doctores, enfermeras y paramédicos que, junto con 260 mil 770 voluntarios, atiende a las comunidades antes mencionadas.
Agrega que el programa citado se subsidia totalmente con recursos con cargo al presupuesto público, primero dentro del ramo 12 correspondiente a la salud y a partir de 2004 en el ramo 19 que corresponde a seguridad social; entre 2000 y 2008 el presupuesto al programa pasó de 3649 millones de pesos a 6753.8 millones, lo que significa que los incrementos han resultado insuficientes, se han mantenido prácticamente constantes en términos reales y no han permitido reforzar la infraestructura, y mejorar los servicios.
Concluye el proponente que durante el primer trimestre del presente año han sido constantes las denuncias presentadas por los prestadores del servicio sobre la falta de recursos, la escasez de personal, la falta de material, de medicamentos, de equipo de laboratorio, de instrumental médico y de capacitación, entre otros; se destaca que esta situación pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes, sin perder de vista que quienes acuden a este servicio son personas con ínfimos recursos que en su mayoría habitan zonas rurales de difícil acceso y que no cuentan con otro tipo de seguridad social. Por estas razones se considera que los servicios que brinda IMSS-Oportunidades son irremplazables, por lo que el Programa debe ser fortalecido con los recursos suficientes para garantizar el abasto de todos los insumos necesarios para mejorar la calidad de sus servicios. Formula el siguiente
“Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) a que contemplen para el ejercicio fiscal 2009, los recursos necesarios para el fortalecimiento del Programa IMSS-Oportunidades.
Segundo.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se asignen mayores recursos presupuestarios en el PEF 2009 para que se fortalezca la infraestructura física equipamiento y operación de las clínicas del Programa IMSS-Oportunidades en todo el país”.
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora manifestaron su coincidencia y solidaridad con los planteamientos formulados por el autor de la Proposición que se dictamina y están de acuerdo sustancialmente, con algunas precisiones técnicas.
Corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) considerar en su anteproyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009, los recursos necesarios que permitan fortalecer el Programa IMSS-Oportunidades.
Por ello, la Comisión Dictaminadora considera procedente turnar este asunto al IMSS y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque en los términos de los artículos 6 y 25 al 29 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, propondrán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los conceptos y montos que integrarán el Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente presenta el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Por lo mismo, procede, remitir este asunto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para ser considerado en análisis y dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que analicen la posibilidad de asignar recursos adicionales, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, con el fin de fortalecer el Programa IMSS-Oportunidades.
SEGUNDO.- Remítase copia del expediente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos y sea considerado en el análisis del dictamen sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 14 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relativo a créditos otorgados por el FOVISSSTE en el fraccionamiento “Las Fuentes”, municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FOVISSSTE EN EL FRACCIONAMIENTO “LAS FUENTES”, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, ESTADO DE TAMAULIPAS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, a efecto de que revise y dé respuesta a las irregularidades en los créditos otorgados en el Fraccionamiento “Las Fuentes” en San Fernando Tamaulipas, suscrita por el Diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 04 de agosto de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- El autor de la Proposición que se dictamina, en su Capítulo de Consideraciones, invoca el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para sustentar el derecho de los mexicanos a una vivienda digna y decorosa y destacar la importancia que tiene ésta para el desarrollo nacional; y menciona al Fondo Nacional de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) como uno de los organismos a través de los cuales el estado impulsa, organiza y vigila las actividades inherentes a la vivienda, con la participación de los sectores social y privado.
Cita el proponente el caso de los problemas de los créditos otorgados a trabajadores del Estado en el Fraccionamiento “Las Fuentes”, en San Fernando, Tamaulipas, donde se han presentado irregularidades consistentes en que el costo de la vivienda se ha incrementado hasta cinco veces más de lo acordado en la firma del contrato, los intereses también se han incrementado exorbitantemente, hay acreditados que ya pagaron su vivienda y sin embargo se les sigue descontando; las viviendas son de mala calidad y no tienen los servicios necesarios, no cumplen las especificaciones técnicas y han surgido vicios ocultos (fugas de agua, conductos tapados, aplanados botados, filtraciones de agua en paredes y techos, grietas en muros, manchas de salitre, además de que se han detectado las calles en mal estado, áreas comúnes sin concluir e instalaciones eléctricas deficientes.
Concluye el proponente al señalar que, en virtud de la trascendencia que presenta este problema en el Municipio de San Fernando, y en atención a las demandas de las personas afectadas en dicho fraccionamiento, como representante de la comunidad, y formula el siguiente
“PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al vocal ejecutivo del fondo de la vivienda del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (Fovissste) a revisar cada caso, informar y dar respuesta pronta y expedita a los acreditados del Fraccionamiento “Las Fuentes” en el Municipio de San Fernando el estado de Tamaulipas”.
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora ponderan que este es uno de los casos en que no se aportan los elementos suficientes para normar un criterio sobre el problema planteado y la solución propuesta. Principalmente, porque en la Proposición que se dictamina no se precisan las características y modalidades de los problemas que sufren los trabajadores acreditados en el Fraccionamiento “Las Fuentes”, en el Municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas ni, en su caso, las demandas planteadas y el trámite procesal que guardan, ni la respuesta que a las mismas haya dado la o las autoridades responsables, entre ellas el FOVISSSTE, que se señala como el organismo directamente involucrado, sin precisar el origen, los términos y detalles de tal involucramiento.
Consecuentemente la Comisión Dictaminadora considera procedente y prudente solicitar del FOVISSSTE, la información pertinente sobre las irregularidades y demandas, en su caso, de los trabajadores acreditados en el Fraccionamiento Las Fuentes”, antes citado.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustentos en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular del Fondo Nacional de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se sirva informar a esta Soberanía, de la situación general que presente el fraccionamiento “Las Fuentes”, en el Municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas, incluyendo las irregularidades denunciadas o detectadas en cuanto a la vivienda y servicios estipulados, las demandas o reclamos de los trabajadores presentados, en su caso, y las medidas y acciones que se estén implementando o proyectando para solucionar el problema.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D. F. a 19 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
En relación con la jornada nacional de reforestación “Planta un árbol y sé parte de la historia”.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIÓN “PLANTA UN ÁRBOL Y SÉ PARTE DE LA HISTORIA”.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar se haga un reconocimiento al Gobierno Federal y a los gobiernos de los estados participantes por la exitosa implementación de la Jornada Nacional de Reforestación “Planta un Árbol y sé parte de la Historia”, suscrita por el Senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 30 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- El autor de la Proposición que se dictamina, en su Capítulo de Consideraciones, señala que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 05 de junio, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos invitó a todas las familias mexicanas a unir esfuerzos para plantar en nuestro país “el mayor número de árboles que se tenga registro en un solo día”, como ocurrió el pasado 05 de julio durante la jornada nacional de reforestación “Planta un árbol y sé parte de la historia”; durante esa jornada se lograron plantar 9 millones 345 mil 984 árboles en las 32 entidades federativas del país, por lo que se logró un avance importante dentro de la meta de 280 millones de árboles del Programa ProÁrbol, que se pretende alcanzar para el año 2008; los árboles mencionados fueron plantados en más de 200 predios que se destinaron para estas acciones de reforestación, en 7 mil 938 hectáreas del país; lo anterior fue posible gracias a la participación entusiasta de los tres niveles de gobierno, empresarios y sociedad en general, y que es importante reseñar que la jornada nacional no termina en esa fecha, puesto que la SEMARNAT, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), realizará un seguimiento del desarrollo que presenten los más de 9 millones de árboles que fueron plantados. Señala que las acciones de la jornada nacional ya empezaron a ser evaluadas por personal de CONAFOR a fin de corregir errores que son comúnes en este tipo de tareas sociales y asegurar que los árboles se afirmen en la tierra y aumenten sus posibilidades de sobrevivencia.
Continua el Proponente: Que del total de las plantaciones realizadas el pasado 05 de julio el 71% fue de tipo rural y se realizó en predios cuyos dueños son beneficiarios de ProÁrbol, por lo que las labores de mantenimiento favorables están garantizadas; el 29% restante fue de tipo urbano y estuvo a cargo de ciudadanos, realizándose en jardines, parques y unidades habitacionales, principalmente. Destaca esta jornada como una acción para contrarrestar la alta deforestación, de alrededor de 2% anual, lo que causa un gran daño ambiental. Con base en lo anterior, formula el siguiente
“PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un reconocimiento al Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales, y a la sociedad por su decidida participación en la Jornada Nacional de Reforestación "Planta un árbol y sé parte de la historia", en la que se sembró una cifra histórica de árboles, y se les exhorta a continuar con estas actividades ecológicas para beneficio de los mexicanos y el planeta en general.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales, para que en conjunto con la sociedad, den seguimiento a las acciones de reforestación iniciadas en la Jornada Nacional de Reforestación "Planta un árbol y sé parte de la historia", para que estos esfuerzos sean permanentes, y se cumpla la meta anual de 280 millones de árboles, planteada en el Programa ProÁrbol”.
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la Proposición que se dictamina, reconociendo la importancia y urgencia de emprender acciones como las contempladas en el Programa Nacional de Reforestación, por la trascendencia que tienen para la preservación del medio ambiente y, con ello, para la salud de los mexicanos.
La Comisión Dictaminadora considera procedente hacer un reconocimiento público al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y municipales, a los jefes de Gobierno y delegacionales del Distrito Federal, y a la sociedad en su conjunto, por su decidida participación en la Jornada Nacional de Reforestación “Planta un árbol y sé parte de la historia”, durante la que se sembró una cifra histórica de árboles, y se les exhorte para continuar con las acciones realizadas, a fin de cumplir la meta anual de 280 millones de árboles considerados en el Programa ProÁrbol.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace un reconocimiento público al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y municipales, a los jefes de Gobierno y delegacionales del Distrito Federal, y a la sociedad en su conjunto, por su decidida participación en la Jornada Nacional de Reforestación “Planta un árbol y sé parte de la historia”, durante la que se sembró una cifra histórica de árboles, y se les exhorta a continuar con las acciones realizadas, a fin de cumplir la meta anual de 280 millones de árboles considerados en el Programa ProÁrbol.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D. F. a 19 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relativo a la interconexión electrónica con las confederaciones y asociaciones autorizadas para prestar servicios de prevalidación electrónica de datos, en materia aduanal.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA INTERCONEXIÓN ELECTRÓNICA CON LAS CONFEDERACIONES Y ASOCIACIONES AUTORIZADAS PARA PRESTAR SERVICIOS DE PREVALIDACIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, EN MATERIA ADUANAL.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que a la brevedad de cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior publicado el 24 de enero de 2006, suscrita por los Senadores José Isabel Trejo Reyes, del PAN, Minerva Hernández Ramos, del PRD, y José Eduardo Calzada Rovirosa, del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 30 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- Los autores de la Proposición que se dictamina, en su Capítulo de Consideraciones, invocan el artículo 4, fracción VI, de la Ley de Comercio Exterior para sustentar las facultades de la Secretaría de Economía para coordinar la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los órganos de gobierno de los estados en las actividades de promoción del comercio exterior, así como concretar acciones en la materia con el sector privado; que durante la LIX Legislatura se aprobaron reformas a la Ley de Comercio Exterior a efecto de que las restricciones y regulaciones no arancelarias pudieran se acreditadas de manera electrónica; que conforme esta última disposición, la Secretaría de Economía implementará la interconexión electrónica con las entidades prevalidadoras autorizadas en los términos de lo dispuesto por el artículo 16-A de la Ley Aduanera, y que las restricciones y regulaciones no arancelarias son instrumentos valiosos de la política comercial de nuestro país, que tienen el propósito de regular o restringir la entrada o salida del territorio nacional de aquellas mercancías que pudiesen incidir en aspectos fundamentales para el país, mencionando la seguridad nacional, equilibrio ecológico, salud humana, animal y vegetal.
Continúan los proponentes: Que a más de dos años de entrada en vigor de esta reforma, la Secretaría de Economía aún no ha puesto en funcionamiento la interconexión electrónica a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior publicado el 24 de enero de 2006; que el Ejecutivo Federal ha optado por la implementación de nuevas tecnologías y medidas que contribuyan al combate al contrabando y la piratería, mencionando el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, y formula el siguiente
“Punto de Acuerdo
ÚNICO.- Que en atención a los cambios y dinamismos que día con día caracterizan al comercio exterior, se juzga pertinente mejorar las medidas de regulación por lo que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a las demás autoridades que administran o controlan alguna restricción y regulación no arancelaria para que lleven a cabo los trabajos, que dé cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2006 y a la brevedad posible establezca la interconexión electrónica a que hace referencia dicha disposición”.
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos formulados por los autores de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina.
La Comisión Dictaminadora considera pertinente reproducir el artículo Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de enero de 2006.
“TRANSITORIOS
Artículo Segundo.- Para efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 4o. de esta Ley, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción o regulación no arancelaría, deberán desarrollar en un plazo no mayor a 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, un plan de trabajo en el que establecerán responsables, metas, plazos comprometidos y además acciones necesarias para interconectarse electrónicamente con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo se establecerá la interconexión electrónica con las entidades prevalidadoras autorizadas en términos de lo dispuesto por el artículo 16-A de la Ley Aduanera, a fin de que el agente o apoderado aduanal estén en posibilidades de verificar el cumplimiento con las restricciones o regulaciones no arancelarias que correspondan”.
La fracción VII del artículo 4° de la misma ley que se cita, se refiere a la facultad del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía (SE), de coordinar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción o regulación no arancelaria se encuentren interconectadas electrónicamente con la SE y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SH y CP), y el artículo 16-A de la misma ley establece la atribución y las reglas que deberá seguir el servicio de administración tributaria para otorgar autorización a las confederaciones de agentes aduanales, a las asociaciones nacionales de empresas que utilicen los servicios de apoderados aduanales, para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos.
En tales términos, el párrafo segundo del segundo transitorio que invocan los proponentes se vincula, mediante el uso del adverbio “asimismo” y debe interpretarse junto con lo dispuesto en el párrafo primero del mismo artículo, de tal manera que la obligación de establecer la interconexión electrónica con las entidades prevalidadoras autorizadas, deberá desarrollarse en un plazo no mayor de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto de reformas, es decir del 24 de enero de 2006, mediante la presentación de un plan de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción o regulación no arancelaria, en el que se establezcan metas, plazos comprometidos y demás acciones necesarias para interconectarse electrónicamente con la SE y con la SH y CP.
En virtud de lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera procedente solicitar información a los titulares de la SE y de la SH y CP sobre los planes y programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción o regulación no arancelaria y en el que se establezcan responsables, metas, plazos comprometidos para interconectarse electrónicamente con las secretarías citadas, así como para establecer la interconexión electrónica con las entidades prevalidadoras autorizadas, en término de lo dispuesto por el artículo 16-A de la Ley Aduanera.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información sobre los programas y planes de trabajo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción o regulación no arancelaria, en el que se establezcan responsables, metas, plazos comprometidos y demás acciones necesarias para interconectarse electrónicamente con dichas secretarías, en los términos del artículo 16-A de la Ley Aduanera.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D. F. a 19 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relativo a la certificación como área destinada voluntariamente a la conservación del ecosistema el bosque la primavera, de la zona conurbada de Guadalajara.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CERTIFICACIÓN COMO ÁREA DESTINADA VOLUNTARIAMENTE A LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA EL BOSQUE LA PRIMAVERA, DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejido de Santa Ana Tepetitlán, certificar sus tierras como área destinada voluntariamente a la conservación del ecosistema, suscrita por los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD y Héctor Pérez Plazola, del Grupo Parlamentario del PAN.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 04 de agosto de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- Los autores de la Proposición que se dictamina, en su Capítulo de Consideraciones, manifiestan que el Bosque la Primavera constituye el pulmón más importante de la zona conurbada de Guadalajara, con una extensión de 36 mil 200 hectáreas, salvaguarda una vasta riqueza biológica cuya zona de influencia comprende 150 mil hectáreas; es un bosque de origen volcánico, cuenta con varios manantiales de aguas termales y pequeños ríos; su flora se compone principalmente de 7 especies de pino y 12 de encino, más de 90 especies de hongos, orquídeas, helechos y más de 600 especies vegetales; su fauna se integra por más de 70 especies de aves que incluyen algunas rarezas como el águila solitaria y otras en peligro de extinción a escala nacional, como la codorniz arlequín, el correcaminos y el diminuto halcón cernícalo. Alberga además al 20% de las mariposas de América del Norte y una importante variedad de mamíferos: venado cola blanca, mapache, zorra gris, coyote y ardilla, además de contar con peces, anfibios y reptiles, principalmente el coralillo.
Continúan los proponentes señalando que desde hace años, el bosque citado ha servido para la prestación de diversos servicios ambientales y ecoturísticos, sus mantos freáticos proveen de agua a varios municipios, destacando Guadalajara, Arenal, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tala y Zapopan, y es uno de los más importantes laboratorios viviente para la investigación científica.
En todo lo anterior, los proponentes sustentan la necesidad de salvaguardar el área del bosque, por lo que desde 1980 se decretó por resolución presidencial que se convirtiera en un área natural protegida; sin embargo, los representantes ejidales de Santa Ana Tepetitlán promovieron el amparo 413-1, “por considerar que las restricciones derivadas de dicha protección en realidad ponía en riesgo la permanencia del bosque al no poder desarrollar diversas actividades de preservación, protección y restauración”. La resolución judicial fue a favor del ejido, con lo que se dejó sin protección las 584 hectáreas que corresponden al mismo.
Ante la preocupación de diversos sectores que temen que se propicie la explotación desenfrenada de los recursos de esta zona, los proponentes consideran conveniente establecer una certificación voluntaria del predio antes referido. Citan como antecedente inmediato la propuesta que presentó el Senador Mario López Valdez a nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores el pasado 09 de julio y mediante la que se puso a consideración de la Universidad Nacional Autónoma de México el establecimiento de un área voluntaria para la protección del ecosistema y su biodiversidad en la extensión territorial correspondiente a la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, precisando que dicho acuerdo fue aprobado en sesión del 16 de julio pasado.
Concluyen los proponentes que la certificación voluntaria de los terrenos componentes del ejido en cuestión constituiría una manifestación inequívoca del compromiso de sus habitantes para preservar la riqueza biológica de la zona, dotándoles además de un conjunto de prestaciones e incentivos inherentes a tal protección; destaca la flexibilidad de tal certificación, pues permite a los dueños de las tierras determinar las acciones específicas de protección que son requeridas en la zona, a diferencia de la salvaguarda federal que en ocasiones tiene criterios demasiado generales que obstaculizan la explotación sustentable de los recursos federales por parte de los pobladores; la prestación de servicios ambientales y turísticos puede ser compatible con la conservación, restauración y protección que requiere esta reserva natural, y formulan el siguiente
“PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al Comisariado del Ejido de Santa Ana Tepetitlán para que evalúe la posibilidad de certificar las hectáreas excluidas del área natural protegida del Bosque de la primavera en virtud de la sentencia de amparo 413/2001, como Área destinada voluntariamente a la conservación del ecosistema, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 Bis y 77 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”.
II.- Los Integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos formulados por los autores de la Proposición con que se dictamina.
La Comisión Dictaminadora considera que en el caso se pretende exhortar al Ejido de Santa Ana Tepetitlán a certificar sus tierras como área destinada voluntariamente a la conservación del ecosistema correspondiente al Bosque La Primavera. Al respecto, se reproducen literalmente las disposiciones directamente aplicables a dicha propuesta:
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEGEPA).
ARTÍCULO 55 BIS.- Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son aquellas que pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señalados en los artículos 48 al 55 de la presente Ley; proveer servicios ambientales o que por su ubicación favorezcan el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 45 de esta Ley. Para tal efecto, la Secretaría emitirá un certificado, en los términos de lo previsto por la Sección V del presente Capítulo.
Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público.
El establecimiento, administración y manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se sujetará a lo previsto en la Sección V del presente Capítulo.
ARTÍCULO 77 BIS.- Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas, y demás personas interesadas en destinar voluntariamente a la conservación predios de su propiedad, establecerán, administrarán y manejarán dichas áreas conforme a lo siguiente:
I.- Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se establecerán mediante certificado que expida la Secretaría, en el cual las reconozca como áreas naturales protegidas. Los interesados en obtener dicho certificado presentarán una solicitud que contenga:
a) Nombre del propietario;
b) Documento legal que acredite la propiedad del predio;
c) En su caso, la resolución de la asamblea ejidal o comunal en la que se manifieste la voluntad de destinar sus predios a la conservación;
d) Nombre de las personas autorizadas para realizar actos de administración en el área;
e) Denominación, ubicación, superficie y colindancias del área;
f) Descripción de las características físicas y biológicas generales del área;
g) Estrategia de manejo que incluya la zonificación del área, y
h) Plazo por el que se desea certificar el área, el cual no podrá ser menor a quince años.
Para la elaboración de la estrategia de manejo a que se refiere el inciso g) de la presente fracción, la Secretaría otorgará la asesoría técnica necesaria, a petición de los promoventes.
En las áreas privadas y sociales destinadas voluntariamente a la conservación de competencia de la Federación, podrán establecerse todas las subzonas previstas en el artículo 47 BIS de la presente Ley, así como cualesquiera otras decididas libremente por los propietarios;
II.- El certificado que expida la Secretaría deberá contener:
a) Nombre del propietario;
b) Denominación, ubicación, superficie y colindancias del área;
c) Características físicas y biológicas generales y el estado de conservación del predio, que sustentan la emisión del certificado;
d) Estrategia de manejo;
e) Deberes del propietario, y
f) Vigencia mínima de quince años.
III.- La Secretaría podrá establecer diferentes niveles de certificación en función de las características físicas y biológicas generales y el estado de conservación de los predios, así como el plazo por el que se emite el certificado y su estrategia de manejo, para que, con base en estos niveles, las autoridades correspondientes definan y determinen el acceso a los instrumentos económicos que tendrán los propietarios de dichos predios. Asimismo, dichos niveles serán considerados por las dependencias competentes, en la certificación de productos o servicios;
IV.- Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se administrarán por su propietario y se manejarán conforme a la estrategia de manejo definida en el certificado. Cuando dichas áreas se ubiquen dentro del polígono de otras áreas naturales protegidas previamente declaradas como tales por la Federación, el Gobierno del Distrito Federal, los estados y los municipios, la estrategia de manejo observará lo dispuesto en las declaratorias y los programas de manejo correspondientes.
Asimismo, cuando el Ejecutivo Federal, los gobiernos de los Estados o los municipios establezcan un área natural protegida cuya superficie incluya total o parcialmente una o varias áreas destinadas voluntariamente a la conservación, tomarán en consideración las estrategias de manejo determinadas en los certificados que expida la Secretaría;
V.- Cuando en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se realice el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, los productos obtenidos podrán ostentar un sello de sustentabilidad expedido por la Secretaría conforme al procedimiento previsto en el Reglamento. Lo previsto en esta fracción no aplica para el aprovechamiento de recursos forestales cuyos productos se certificarán con base en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y
VI.- El Reglamento establecerá los procedimientos relativos a la modificación de superficies o estrategias de manejo, así como la transmisión, extinción o prórroga de los certificados expedidos por la Secretaría.
Se considera pertinente precisar en este instrumento que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación y el certificado que al respecto expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), son instituciones de nueva creación, producto de la reforma aprobada por el Poder Legislativo Federal a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de mayo de 2008, y se proyectan como instrumentos nobles que permitirán a las comunidades y ejidos proveer a la conservación de los ecosistemas de nuestro país, promover acciones de restauración y protección mediante la instrumentación de colaboración con el Gobierno Federal, sin las limitaciones y restricciones que conlleva la declaración de áreas naturales protegidas, por parte de las autoridades competentes.
Además, la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación del ecosistema, permiten adoptar la división y subdivisión relativa a las porciones del territorio, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, que se puede llevar a cabo en zonas y subzonas conforme a lo previsto en el artículo 47 bis de la ley vigente en materia ecológica que se trascribe a continuación:
ARTÍCULO 47 BIS. Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, en relación al establecimiento de las áreas naturales protegidas, se realizará una división y subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y dinámico, por lo que cuando se realice la delimitación territorial de las actividades en las áreas naturales protegidas, ésta se llevará a cabo a través de las siguientes zonas y sus respectivas subzonas, de acuerdo a su categoría de manejo:
I. Las zonas núcleo, tendrán como principal objetivo la preservación de los ecosistemas a mediano y largo plazo, en donde se podrán autorizar las actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación y de colecta científica, educación ambiental, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas. Estas zonas podrán estar conformadas por las siguientes subzonas:
a) De protección: Aquellas superficies dentro del área natural protegida, que han sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos naturales, que requieren de un cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo.
En las subzonas de protección sólo se permitirá realizar actividades de monitoreo del ambiente, de investigación científica que no implique la extracción o el traslado de especímenes, ni la modificación del hábitat.
b) De uso restringido: Aquellas superficies en buen estado de conservación donde se busca mantener las condiciones actuales de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en las que se podrán realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control.
En las subzonas de uso restringido sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones de las características o condiciones naturales originales, y la construcción de instalaciones de apoyo, exclusivamente para la investigación científica o el monitoreo del ambiente, y
II. Las zonas de amortiguamiento, tendrán como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán estar conformadas básicamente por las siguientes subzonas:
a) De preservación: Aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen ecosistemas relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes, en las que el desarrollo de actividades requiere de un manejo específico, para lograr su adecuada preservación.
En las subzonas de preservación sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y las actividades productivas de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones sustanciales de las características o condiciones naturales originales, promovidas por las comunidades locales o con su participación, y que se sujeten a una supervisión constante de los posibles impactos negativos que ocasionen, de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos y reglamentarios que resulten aplicables.
b) De uso tradicional: Aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema. Están relacionadas particularmente con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del área protegida.
En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su recuperación. Sólo se podrán realizar actividades de investigación científica, educación ambiental y de turismo de bajo impacto ambiental, así como la infraestructura de apoyo que se requiera, utilizando ecotécnias y materiales tradicionales de construcción propios de la región, aprovechamiento de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades económicas básicas y de autoconsumo de los pobladores, utilizando métodos tradicionales enfocados a la sustentabilidad, conforme lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
c) De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: Aquellas superficies en las que los recursos naturales pueden ser aprovechados, y que, por motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas se efectúen bajo esquemas de aprovechamiento sustentable.
En dichas subzonas se permitirán exclusivamente el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen beneficios preferentemente para los pobladores locales, la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto ambiental.
Asimismo, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre podrá llevarse a cabo siempre y cuando se garantice su reproducción controlada o se mantengan o incrementen las poblaciones de las especies aprovechadas y el hábitat del que dependen; y se sustenten en los planes correspondientes autorizados por la Secretaría, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
d) De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas: Aquellas superficies con usos agrícolas y pecuarios actuales.
En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y actividades de agroforestería y silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del área, y que contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de los suelos.
La ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización.
e) De aprovechamiento especial: Aquellas superficies generalmente de extensión reducida, con presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo social, y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que conformen.
En dichas subzonas sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para la instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales, que generen beneficios públicos, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a estrictas regulaciones de uso sustentable de los recursos naturales.
f) De uso público: Aquellas superficies que presentan atractivos naturales para la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de los ecosistemas.
En dichas subzonas se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de instalaciones para el desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la investigación y monitoreo del ambiente, y la educación ambiental, congruentes con los propósitos de protección y manejo de cada área natural protegida.
g) De asentamientos humanos: En aquellas superficies donde se ha llevado a cabo una modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales, debido al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área protegida, y
h) De recuperación: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación.
En estas subzonas deberán utilizarse preferentemente para su rehabilitación, especies nativas de la región; o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales.
En las zonas de amortiguamiento deberá tomarse en consideración las actividades productivas que lleven a cabo las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva, basándose en lo previsto tanto en el Programa de Manejo respectivo como en los Programas de Ordenamiento Ecológico que resulten aplicables.
La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que esta Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Universidad Nacional Autónoma de México a evaluar la viabilidad de certificar la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel como área destinada voluntariamente a la conservación del ecosistema, en sesión del 16 de julio de 2008.
Como lo señalan los autores de la Proposición que se dictamina, dicho Punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía constituye un precedente importante y la Comisión Dictaminadora lo toma en cuenta y valora para la elaboración de este Dictamen.
Ahora bien, la Universidad Nacional Autónoma de México es un organismo constitucional autónomo, conforme a lo previsto en la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Orgánica, lo que determinó formalmente la procedencia del exhorto que previamente se le hizo.
En cambio, en la Proposición materia de este dictamen, se propone exhortar al Comisiariado del Ejido de Santa Ana Tepetitlán, que es una organización social de las previstas la fracción VII del el artículo 27 constitucional.
Conforme al artículo 47 de la LGEEPA, corresponde a la SEMARNAT promover la “participación de los habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales pueblos indígenas y demás organizaciones sociales públicas y privadas con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad”.
En tales términos, la Comisión Dictaminadora considera procedente exhortar al titular de la SEMARNAT para que, con el Comisariado del Ejido de Santa Ana Tepetitlán, y en su caso, con los representantes de otras comunidades u organizaciones sociales asentadas en el Bosque la Primavera, en la zona conurbada de Guadalajara, estado de Jalisco, para, estudien y evalúen la conveniencia de certificar sus tierras como área destinada voluntariamente a la conservación del ecosistema, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 bis y 77 bis de la LGEEPA.
La Comisión Dictaminadora, también considera pertinente ordenar que se comunique el Punto de Acuerdo al Comisiariado del Ejido de Santa Anta Tepetitlán, para su conocimiento y para el efecto de que analicen y evalúen la conveniencia de certificar sus tierras como áreas destinadas voluntariamente a la conservación del ecosistema.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de colaboración entre Poderes, para que, con el Comisariado del Ejido de Santa Ana Tepetitlán, y en su caso, con los representantes de otras comunidades u organizaciones sociales asentadas en el Bosque la Primavera, en la zona conurbada de Guadalajara, estado de Jalisco, estudien y evalúen la conveniencia de certificar sus tierras como área destinada voluntariamente a la conservación del ecosistema, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 bis y 77 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Comisariado del Ejido de Santa Ana Tepetitlán, de la zona conurbada de Guadalajara, estado de Jalisco, para su conocimiento, y a efecto de que analicen y evalúen la conveniencia de certificar sus tierras como áreas destinadas voluntariamente a la conservación del ecosistema.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D. F. a 19 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relativo al cumplimiento de los compromisos de la Declaración del Milenio.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA DECLARACIÓN DEL MILENIO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a implementar estrategias que atiendan las observaciones realizadas en el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre el índice de desarrollo humano municipal en México, y que alerta sobre la desigualdad en materia de salud, y advierte, sobre el riesgo para el crecimiento y el desarrollo social de la población, suscrita, por la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 04 de agosto de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- La autora de la Proposición que se dictamina, en su Capítulo de Antecedentes, se refiere a la firma de la Declaración del Milenio, en el año 2000, por parte de 189 países, incluido México, expresando la voluntad de asumir un compromiso mundial con el desarrollo a través de una agenda con objetivos y metas cuantificables, para mejorar las condiciones que laceran profundamente la dignidad humana, con miras a la universalización de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales; se trata de un llamado de naciones unidas y un compromiso de los países para alcanzar objetivos sobre el desarrollo, la gobernabilidad, la paz, la seguridad y los derechos humanos; los objetivos comprenden una serie de metas que deberán ser alcanzadas en el año 2015, en áreas como la pobreza, enseñanza primaria, equidad de género, mortalidad infantil, salud materna, VIH/SIDA y otras enfermedades, medio ambiente y la promoción de una asociación mundial para el desarrollo, y actualmente todos los procesos de las naciones unidas enmarcan en la declaración del milenio, constituida en el compromiso de la comunidad internacional para enfrentar los principales desafíos del desarrollo.
La proponente, expresa que en días pasados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió sobre la brecha de salud en México y el riesgo para el crecimiento; el PNUD plantea que la desigualdad en materia de salud está arrastrando hacia abajo los niveles extremos de desigualdad general, mientras que la educación y el ingreso se han reforzado como mecanismos de igualdad social; el informe citado plantea que la disparidad sanitaria registrada en los distintos municipios de este país supera la brecha educativa que persiste en algunas entidades; el informe destacó que en México hay entidades desarrolladas con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) similar al de algunos lugares de Estados Unidos y, en contraste, hay municipios cuyo índice es comparable a países del África Subsahariana; el informe en cuestión dio a conocer que 76 municipios en México retrocedieron en su desarrollo. Existen municipios verdaderamente desfavorecidos en materia de salud, con graves desigualdades, atribuibles a diferencias en el IDH generadas al interior de las entidades federativas, siendo los municipios de Oaxaca, Guerrero y Chiapas los que muestran índice de mayor desigualdad; otro dato del informe es que en ningún municipio de México el IDH de las mujeres es superior al de los hombres destacando que en cada municipio de nuestro país se observa que los hombres muestran niveles de desarrollo humano relativamente mayores a los de las mujeres.
Concluye la proponente que cumplir con las metas del milenio es más que la consecución de una simple agenda social, de nada servirán los progresos tecnológicos y nuestra capacidad para crear riqueza, si millones de personas siguen muriendo por enfermedades prevenibles; el cumplimiento de las metas del milenio implica arribar a un grado superior de civilización, donde los seres humanos sean vistos como el objetivo último de todos los esfuerzos; México adoptó las metas del milenio como una guía para orientar sus objetivos en materia de desarrollo social y superación de la pobreza durante los primeros años del nuevo siglo, concibiendo la pobreza como un factor que pone en riesgo la consolidación de nuestro proyecto democrático, el pleno desarrollo económico y las libertades de las personas. Propone los siguientes
“PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para implementar estrategias que atiendan las observaciones hechas en el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre el Indice de Desarrollo Humano Municipal en México, que han profundizado la brecha en salud y que ponen en riesgo el crecimiento y el desarrollo social de la población.
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para atender el cumplimiento en lo que se refiere a las metas de equidad de género en la educación y en la reducción de los índices de mortalidad infantil.
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que el Gobierno Mexicano haga del conocimiento público su profundo compromiso con el cabal cumplimiento de los Objetivos y Metas del Milenio, así como la intención de coadyuvar, a través de las medidas pertinentes desde el ámbito parlamentario, en el logro de los mismos”.
II.- Los Integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden plenamente con los planteamientos de la autora de la Proposición, con la salvedad de algunas precisiones técnicas.
Con apoyo del grupo de asistencia técnica de esta Comisión de Trabajo, se confirmó que en el Informe sobre desarrollo humano 2007-2008 publicado por el PNUD de las Naciones Unidas, se hacen diversas menciones, presentan datos y se valora la situación de México, en los términos precisados por la Proponente.
La Comisión Dictaminadora está conciente de que el Gobierno Federal debe implementar estrategias que atiendan las observaciones hechas en el Informe del PNUD multicitado, sobre el IDH en México; sin embargo, los integrantes de la Comisión Dictaminadora ponderan que, como se ha señalado en la Proposición que se dictamina y en el Informe del PNUD citado, se han realizado esfuerzos y desplegado diversas estrategias para atender e intentar resolver los objetivos de desarrollo del milenio, por lo que se considera prudente orientar el exhorto que se propone a fortalecer las estrategias en aquéllos aspectos objeto de las observaciones del Informe del PNUD.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para fortalecer las estrategias orientadas a cumplir los compromisos de México en la Declaración del Milenio y en particular para implementar estrategias que atiendan las observaciones hechas por el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el propósito de atender las desigualdades que presenta el índice de desarrollo municipal en México, cumplir con las metas de equidad y género en la educación y la reducción de los índices de mortalidad infantil.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D. F. a 19 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relacionado con la administración de los recursos de pensiones de los trabajadores al servicio del estado.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
CON PUNTO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo con el objeto de que no se sigan transfiriendo a AFORES privadas los recursos de pensiones de los trabajadores al servicio del estado, presentada por el Diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 30 de julio de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- El autor de la Proposición que se dictamina, en su Capítulo de Consideraciones, se refiere a la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado (ISSSTE); invoca expresamente el artículo Vigésimo Quinto transitorio del Decreto de 31 de marzo de 2007 que “señala que PENSIONISSSTE tendrá exclusividad de la administración durante tres años. Sin embargo no tendrán que transcurrir estos tres años, si los trabajadores en activo consienten en contratar con una AFORE y optan por los bonos; por lo que hace a los trabajadores de nuevo ingreso si ya tienen abierta una cuenta individual en una administradora podrán consentir en mantenerse en ella”; considera que las reglas octava y novena de la circular CONSAR 70-1, Diario Oficial de la Federación del 26 de septiembre de 2007, en relación a la regla segunda de la circular CONSAR 61-5, Diario Oficial de la Federación de 30 de diciembre de 2007, “autorizan a que antes de los tres años y sin que sea indispensable el consentimiento del trabajador, se transfieran los recursos de pensiones ISSSTE a las afores privadas”; y que lo anterior desconoce la letra expresa del artículo Vigésimo Quinto transitorio mencionado y se violenta el artículo 74 bis de la Ley del SAR que permite el acceso de los burócratas en activo o de nuevo ingreso a las AFORES privadas, desde el 10 de diciembre de 2002, pero siempre que medie el consentimiento del trabajador.
El autor de la Proposición presenta sus argumentos sobre la inconstitucionalidad de las circulares de la CONSAR antes citadas, principalmente en cuanto que se viola la regla de que se requiere siempre el consentimiento del trabajador para entrar en las AFORES privadas y concluye en que las circulares CONSAR de referencia, en la parte que autorizan la transferencia de los recursos de pensiones de los trabajadores al servicio del estado a AFORES privadas, sin su consentimiento, agreden las garantías de seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales y se pretende reducir los tres años de administración exclusiva del PENSIONISSSSTE. Con los argumentos anteriores, propone el siguiente
“PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorte al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Doctor Agustín Carstens Carstens, y al Presidente de la comisión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, doctor Moisés Schwartz Rosenthal, a que modifiquen las Circulares 70-1 y 61-5, en congruencia con los artículos 14 y 16 Constitucionales, Artículos 5°., 7º., y 25º. Transitorios de la Nueva Ley del ISSSTE y 74-Bis de la Nueva Ley del SAR. De manera que los recursos del ramo de retiro (Ley del ISSSTE del 83) y del seguro de retiro, cesantía y vejez (Ley del 2007) de los trabajadores al servicio del estado, sólo puedan ser transferidos a Afores Privadas con el consentimiento expreso de los trabajadores, debiendo reintegrarse al ISSSTE los recursos de aquellos trabajadores, que la fecha, hayan sido indebidamente transferidos a una Afore Privada”.
II.- La Comisión Dictaminadora analizó cuidadosamente los planteamientos y formulados por el autor de la Proposición que se dictamina y pondera que son el resultado de la interpretación de diversas disposiciones jurídicas, que es pertinente analizar, el artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del ISSSTE, correspondiente al Decreto publicado el 31 de marzo de 2007, que establece literalmente
VIGÉSIMO QUINTO. El PENSIONISSSTE administrará las Cuentas Individuales de los Trabajadores afiliados o que se afilien al Instituto durante los treinta y seis meses siguientes a su creación. Los Trabajadores que ingresen al régimen a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y tengan abierta ya una Cuenta Individual en una Administradora, podrán elegir mantenerse en ella.
Una vez concluido el plazo antes mencionado, los Trabajadores a que se refiere el párrafo anterior podrán solicitar el traspaso de su Cuenta Individual a cualquier Administradora, o permanecer en el PENSIONISSSTE sin trámite alguno. Asimismo, a partir de esa fecha, el PENSIONISSSTE podrá recibir el traspaso de Cuentas Individuales de Trabajadores afiliados al IMSS o de Trabajadores independientes.
Los Bonos de Pensión del ISSSTE no deberán ser considerados por las Administradoras para el cálculo de las comisiones que estén autorizadas a cobrar a las Cuentas Individuales.
Tratándose de Trabajadores que a la entrada en vigor de la presente Ley hayan elegido que su Cuenta Individual sea operada por una Administradora y opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en términos del artículo quinto transitorio, dicha Cuenta Individual seguirá siendo operada por la Administradora que hubieren elegido y los Bonos de Pensión del ISSSTE deberán ser acreditados en las Cuentas Individuales operadas por dichas Administradoras.
Como se puede apreciar de la anterior transcripción, en el párrafo primero del artículo Vigésimo Quinto Transitorio establece, primero una regla general: “El PENSIONISSSTE administrará las cuentas individuales de los trabajadores afiliados o que se afilien al instituto durante los 36 meses siguientes a su creación”; la última parte de este párrafo establece una excepción a la regla general: “Los trabajadores que ingresen al régimen a partir de la entrada en vigor de esta ley, y tengan abierta ya una cuenta individual en una administradora, podrán elegir mantenerse en ella”.
Además, el párrafo segundo del mismo artículo, presenta otra excepción a la regla general y es precisamente a que “Una vez concluido el plazo (de 36 meses), los trabajadores mencionados podrán solicitar el traspaso de su cuenta individual a cualquier administradora o permanecer en el PENSIONISSSTE, y finalmente, el último párrafo del mismo artículo presenta una excepción más: tratándose de trabajadores que a la entrada en vigor de la presente ley hayan elegido que su cuenta individual sea operada por una administradora y opten por la acreditación de bonos de pensión del issste en términos del artículo Quinto transitorio dicha cuenta individual seguirá siendo operada por la administradora que hubieren elegido y los bonos de pensión del ISSSTE deberán ser acreditados en las cuentas individuales operadas por dichas administradoras.
Conforme a lo anterior, la circular CONSAR 70-1 en sus reglas Octava y Novena, establecen los supuestos de que los trabajadores del ISSSTE estén registrados en una administradora o no, hayan elegido la acreditación del bono de pensión o no, precisando a quién y cómo deben remitir la información pertinente, según los diversos supuestos; y la circular CONSAR 61-5, en su regla segunda se limita a establecer los requisitos o formalidades a que deberán sujetarse el PENSIONISSSTE o las administradoras del Fondo para el Retiro, según los distintos supuestos establecidos en el artículo Vigésimo Quinto transitorio del Decreto Ley de 31 de diciembre de 2007 y las dos circulares que lo reglamentan.
La Comisión Dictaminadora, aunque encuentra congruencia de las circulares CONSAR 70-1 y 61-5 con lo dispuesto por el artículo Vigésimo Quinto de la Ley del ISSSTE, conforme fue publicada el 31 de diciembre de 2007, para satisfacer las inquietudes del promovente, considera procedente solicitar información de la SH y CP y la CONSAR sobre los criterios y medidas que se están adoptando para garantizar los derechos de los trabajadores sujetos al régimen del ISSSTE, particularmente su derecho de elección de la Administradora de sus fondos, en los casos que así corresponda, y sobre las medidas que se están adoptando para promover y garantizar la autonomía financiera del PENSIONISSSTE, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustentos en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se sirvan remitir a esta Soberanía, información relativa a los criterios y medidas que se están adoptando para garantizar los derechos de los trabajadores sujetos al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, particularmente su derecho de elección de la administradora de sus fondos, en los casos que así corresponda, y sobre las medidas que se están adoptando para promover y garantizar la autonomía financiera del PENSIONISSSTE, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D. F. a 19 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor mantenga su representación regional en Puerto Vallarta, estado de Jalisco.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR MANTENGA SU REPRESENTACIÓN REGIONAL EN PUERTO VALLARTA, ESTADO DE JALISCO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que no retire su representación regional en Puerto Vallarta, Jalisco, presentada por la Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- La autora de la Proposición que se dictamina, en su Capítulo de consideraciones, destaca la importancia de los instrumentos de defensa del consumidor; en ese contexto, la Asamblea General de la ONU, promovió políticas a escala mundial que en México fueron anticipadamente recogidas por la Ley Federal de Protección al Consumidor de diciembre de 1975, sustituida por la Ley de 1992; en ese marco legal surgió la Procuraduría General del Consumidor (PROFECO); en su evolución la PROFECO ha ido adquiriendo cada vez más atribuciones para vigilar, sancionar y recibir denuncias por violación de precios, así como para otorgar protección jurídica a los consumidores; y que extraña que este proceso evolutivo, avalado por el Congreso Federal mediante frecuentes adecuaciones legislativas “tenga un revés como el que se anuncia en Puerto Vallarta en el Estado de Jalisco. La intención de retirar las oficinas regionales de la PROFECO ubicadas en esa ciudad y puerto…”
Destaca el proponente que Puerto Vallarta tiene una población superior a los 200,000 habitantes y recibe anualmente más de 2, 800,000 turistas nacionales y extranjeros, por lo que eliminar la presencia de la PROFECO en esta región “traerá consigo la trasgresión de los derechos de los consumidores y auspiciará un contexto en que la estafa de malos proveedores o prestadores de servicios quedaría impune”; en tal virtud propone el siguiente
“PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, demanda al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, que suspenda cualquier programa tendiente a retirar la representación de la PROFECO sita en Puerto Vallarta, Jalisco; que informe a esta Soberanía las razones por las que se intenta llevar a cabo tal acción; y que en su lugar, encauce medidas para fortalecer su presencia en esa región”.
II.- Los integrantes de la Comisión dictaminadora coinciden plenamente con los planeamientos del autor de la Proposición que se dictamina, por lo que, con el apoyo de su grupo de asistencia técnica, confirmó que en los medio de comunicación locales se ha difundido, a partir del 24 de julio de 2008, que la PROFECO pretende cerrar su oficina en Puerto Vallarta a partir del agosto, por no haber presupuesto suficiente para su manutención. El anuncio lo atribuyen a la Delegada de la PROFECO en Jalisco, quien manifestó que la oficina de Puerto Vallarta pudiera permanecer, siempre y cuando el Municipio y el Gobierno de Jalisco se hagan cargo, y respecto de los empleados, señaló que no habrá problema en virtud de que continuarán laborando en Guadalajara.
El 31 de julio de 2008 se difundió un acuerdo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, por el cual se dirige un respetuoso y atento exhorto al titular de la PROFECO, así como al Delegado Estatal con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objeto de que se mantenga en funcionamiento su oficina de servicios en Puerto Vallarta.
En virtud de lo anterior, la Comisión dictaminadora considera procedente exhortar al titular de la PROFECO, para que proporcione información sobre las causas que originó el retiro de la oficina de representación de la PROFECO en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, y que adopte las medidas y acciones necesarias para mantener su oficina de representación regional en Puerto Vallarta, estado de Jalisco.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que proporcione información sobre las causas que originó el retiro de la oficina de representación de la PROFECO en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, y valore la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para mantenerla.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D. F. a 19 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Por el que se solicita incluir a la ciudad de Oaxaca en los apoyos del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2009.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN:
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA INCLUIR A LA CIUDAD DE OAXACA EN LOS APOYOS DEL FONDO METROPOLITANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita incluir a la Zona Metropolitana de Oaxaca como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano, en el Presupuesto de Egresos de 2009 y subsecuentes, presentada por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- El autor de la Proposición manifiesta en su Capítulo de Exposición de Motivos, que al inicio de la década de los cuarenta el crecimiento poblacional en México empieza a concentrarse mayoritariamente en las zonas urbanas; que en nuestro país existen 56 zonas metropolitanas que, de 1990 a 2005, pasaron de tener 42 millones 554 mil habitantes a 57 millones 878 mil. Entre ellas se encuentra la Ciudad de Oaxaca.
Que alrededor de la Ciudad de Oaxaca se han articulado y formado una zona metropolitana, 20 municipios: 1) Oaxaca de Juárez; 2) San Agustín de la Juntas; 3) San Agustín Yatareni; 4) San Andrés Huayapam; 5) San Antonio de la Cal; 6) San Bartolo Coyotepec; 7) San Jacinto Amilpas; 8) Animas Trujano; 9) San Lorenzo Cacaotepec; 10) San Pablo Etla; 11) San Sebastián Tutla; 12) Santa Cruz Amilpas; 13) Santa Cruz Xoxocotlan; 14) Santa Lucía del Camino; 15) Santa María Atzompa; 16) Santa María Coyotepec; 17) Santa María El Tule; 18) Santo Domingo Tomaltepec; 19) Tlalixtac de Cabrera y 20) Villa de Zaachila.
Continúa el proponente sosteniendo que las zonas metropolitanas fungen como centros de actividad económica y de prestación de servicios, son motores de desarrollo económico y social pero, al concentrar la mayor parte de la pobreza urbana, enfrentan nuevos retos; señala que para enfrentar la problemática del crecimiento poblacional antes mencionado, fue creado el Fondo Metropolitano, que en los ejercicios presupuestales de 2006 y 2007 sólo asignó recursos a la zona metropolitana del Valle de México; posteriormente, se canalizaron recursos en 2007 para las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, y en el 2008 se contemplaron recursos para 7 zonas metropolitanas que abarcan 9 entidades federativas
Concluye el proponente que el crecimiento de la zona metropolitana de Oaxaca es indudable y se hace indispensable apoyar su desarrollo urbano. Incluir a la zona metropolitana de Oaxaca en el Fondo Metropolitano se justifica por la necesidad de contar con servicios suficientes y adecuados para atender a la ciudadanía y promover una mejor planeación y regulación del crecimiento físico, la provisión de servicios públicos y el cuidado del medio ambiente. Por lo anterior, propone el siguiente:
“PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se incluya a la zona metropolitana de Oaxaca como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y subsecuentes”.
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos formulados por el autor de la Proposición que se dictamina, y consideran procedente su propuesta, con algunas precisiones y adiciones de técnica legislativa.
La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2008, fue publicado el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, reproduciendo las siguientes disposiciones:
“Artículo 4.- Para efectos de estas Reglas de Operación se entenderá por:
s) Zona metropolitana: Al conjunto de dos o más municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de la misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socio-económica.
Adicionalmente, se considera como zona metropolitana: a) Todos aquellos municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos que contienen una ciudad de un millón o más habitantes y b) Aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.”
El grupo de asistencia técnica de esta Tercera Comisión de Trabajo, como resultado de sus investigaciones sobre este tema, confirmó que en los censos generales de población y vivienda de 1990 y 2000, del INEGI, aparece la zona metropolitana de Oaxaca.
La Comisión Dictaminadora también toma en cuenta que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia competente de la Administración Pública Federal, conforme a lo siguiente:
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
“Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;
…”
Por ello, la Comisión Dictaminadora considera procedente turnar este asunto a la Secretaría de Desarrollo Social, porque en los términos de los artículos 6 y 25 al 29 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, propondrán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los conceptos y montos que integrarán el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente presenta el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Por lo mismo, procede igualmente, remitir este asunto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para ser considerado en su dictamen sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, para que consideren la integración a la zona metropolitana de Oaxaca, como beneficiaria del Fondo Metropolitano, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
SEGUNDO.- Remítase copia del presente expediente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos, en relación a su dictamen sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 19 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Relativo al abasto de gasolina y diesel en ambas fronteras del país.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ABASTO DE GASOLINA Y DIESEL EN AMBAS FRONTERAS DEL PAÍS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fueron turnadas las tres Proposiciones con Punto de Acuerdo siguientes:
1) Relativo a la Exportación Irregular de Diesel, presentada por el Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM.
2) Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos eliminar las restricciones para el abasto de combustible en la frontera sur de México, presentada por el Senador Rubén Fernando Velásquez López, del Grupo Parlamentario del PRD.
3) En relación con la extracción, traslado e internación indebida de combustible, diesel y gasolina del Estado de Chihuahua hacia Estados Unidos de América, presentada por el Diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de las tres Proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
Las tres Proposiciones que se citan en el proemio, fueron presentadas en la Sesión de la Comisión Permanente del 13 de agosto de 2008 y turnadas para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo.
CONSIDERACIONES.
I.- El autor de la Proposición que se enlista en primer lugar, en su Capítulo de Exposición de Motivos, describe las características del diesel y señala que en los últimos dos años México triplicó sus exportaciones a Estados Unidos y otros países. Esta sería una noticia alentadora si no fuera porque ese combustible está subsidiado con el dinero de los contribuyentes mexicanos y termina beneficiando a empresarios de ambos lados de la frontera; según datos proporcionados por la Secretaría de Economía (SE), la exportación de diesel fue de 68 millones de dólares al mes durante el primer trimestre de 2008. Considerando el diferencial de precios, lo anterior significa ganancias netas de 24 millones de dólares por mes; datos oficiales indican que decenas de compañías compran diesel y sus mezclas en el país a precio bajo subsidiado, para luego exportarlo a un precio mayor. El precio de adquisición de diesel en México fue de 6 pesos en los primeros meses de 2008, mientras que el precio promedio de venta en Estados Unidos fue de 11 pesos por litro al menudeo y de 9.30 al mayoreo; y tan sólo entre julio y agosto de este año se ha incrementado el precio del diesel en 22 centavos.
Continua el proponente señalando que la exportación de diesel es una actividad que se ha desarrollado e incrementado como reflejo del diferencial de precios entre México y Estados Unidos, Guatemala o Belice; desde hace años, cuando el combustible era más caro en México, PEMEX vendía diesel a embarcaciones de bandera extranjera en puertos mexicanos, a través de sus distribuidores. Éstos únicamente exportan diesel marino especial o el combustible conocido como “intermedio 15” (mezcla de combustóleo y diesel) y sujeto a permiso de exportación que se otorga a las empresas que venden a barcos de bandera extranjera especificando los múltiples países de destino; los diferenciales de precio entre México, Estados Unidos, Guatemala y Belice, provocan que los ciudadanos de aquéllos países crucen la frontera para abastecerse en México, sin dejar de considerar que hace muchos años los mexicanos radicados en zonas fronterizas cruzaban la frontera para cargar gasolina en Estados Unidos de América (EUA), lo que resultaba más barato debido a su relación con los precios del combustible a nivel internacional; dueños de gasolineras y particulares han enviado parte de sus cuotas de combustible al extranjero o lo revenden a uno o varios comercializadores para que lo vendan en el extranjero. Esta venta provocó que PEMEX racionara el producto en el norte y sur del país, dando como resultado: Cierre de gasolineras; cobro de una cuota extra a los clientes, hasta 3 pesos, independientemente del costo del combustible; limitación de la venta a 50 litros por cliente, y la decisión de no vender combustible a los coches que tengan placas extranjeras.
Mención especial tiene la modalidad de venta de combustible, vía terrestre, por las fronteras, que está prohibida en virtud de que solo PEMEX puede exportar diesel; para evitar tal prohibición en los permisos se describe un producto muy general como “Gasoil” (Gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas. Generalmente la venta irregular de diesel para exportación se realiza de la siguiente manera: Los distribuidores autorizados de PEMEX le venden el producto a un tercero. De esta manera el distribuidor no incurre “legalmente” en una falta que suponga perder el contrato de distribución con PEMEX.
Concluye el proponente en que este tipo de negocios han sucedido en el pasado y se han tomado las medidas pertinentes para detener la venta ilícita de combustible; en la actualidad el problema se agrava por el hecho de que se invierten miles de millones de pesos para subsidiar gasolinas y diesel para los mexicanos; de esta manera la demanda crece porque ahora el combustible se compra barato en México y se vende caro en Estados Unidos y Guatemala. “Sin embargo, este tipo de negocios se seguirán presentando mientras las autoridades no configuren el delito de venta ilegal de combustibles y de combustibles no autorizados, mientras PEMEX continúe con la política de supervisar únicamente y ser responsable de la venta de primera mano”; con lo anterior, formula el siguiente
“PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, instruya a las dependencias correspondientes de la administración pública federal, para que a la brevedad se atiendan los siguientes aspectos:
a. Suspender la emisión de permisos de exportación correspondientes a la fracción arancelaria 271019-04.
b. Realizar una minuciosa y exhaustiva supervisión en las Aduanas correspondientes a las pipas que transporten diesel.
c. Supervisar la exportación por medio de distribuidores autorizados de PEMEX a embarcaciones en puertos mexicanos.
d. Prohibir la exportación vía terrestre de la fracción arancelaria 271019-04
e. Verificar que la exportación vía terrestre sea exclusiva de Petróleos Mexicanos en pipas de la misma empresa.
f. Realizar una investigación a las empresas contratadas por PEMEX que comercialicen y exporten diesel a través de la vía terrestre.
g. Rescindir los contratos por parte de PEMEX a aquellos distribuidores que se les compruebe la venta de producto en grandes cantidades a los comercializadores que estén exportando vía terrestre”.
II.- El autor de la Proposición mencionada en segundo lugar, en su Capítulo de Consideraciones, menciona un documento enviado por la gerencia de ventas a estaciones de servicio de PEMEX-Refinación mediante el que la paraestatal impuso restricciones a la venta de combustible en la frontera sur de México, entre las que se determina que los automovilistas sólo pueden llenar su tanque y cargar 50 litros adicionales en depósitos externos, por persona; se limita la compra de combustible al sector pesquero, agrícola y ganadero, requiriendo para surtir de gasolina o diesel a que lleven la maquinaria a abastecerla a las estaciones de servicio, lo cual en algunos casos resulta imposible y en otros es incosteable y peligroso, por ejemplo por las dimensiones y lentitud de la maquinaria del campo; estas medidas se implementan con la finalidad de evitar el contrabando de combustible a Centroamérica, pero no han dado los resultados esperados, “a los traficantes de aquel insumo no les fue muy difícil corromper a algunos gaseros”, y por el contrario, han causado molestia y pérdidas entre los sectores productivos; por ejemplo, menciona el Estado de Chiapas, en el que unas 3 mil personas que dependen de la pesca de tiburón se enfrentan al riesgo de ver mermados sus ingresos hasta en un 85% y los productores de soya han denunciado que el desabasto del energético provocó que no se siembren alrededor 10 mil hectáreas de soya.
Continúa el proponente reconociendo que es necesario evitar la reventa de gasolina y diesel, por la especulación al margen de la ley, por la falta de condiciones de seguridad en el transporte ilegal de estos fluidos, pero las medidas que se implementen no deben ir en detrimento de nuestros sectores productivos. En días recientes el Gobierno de Chiapas acordó con el Ejecutivo y la Paraestatal la implementación de medidas de defensa de ciudadanos y productores Chiapanecos, que incluyen “operativos en las gasolineras para evitar acciones irregulares por parte de los expendedores; la entrada en operaciones de un laboratorio móvil de Pemex para verificar los productos transportados y evitar el contrabando de combustible en la frontera sur; controles extraordinarios en las aduanas para evitar el acceso de camiones cuyo único objetivo es la compra de combustible; operativos policiales para detectar y en su caso detener a vehículos que carezcan del permiso adecuado para el transporte de gasolina o diesel, y verificaciones in situ de la PROFECO con la finalidad de verificar que los centros de abasto de combustible cumplan con la normatividad y se evite cualquier práctica de racionalidad del producto al margen de lo que establece la ley, entre otras”.
Concluye el proponente afirmando que PEMEX se comprometió a evitar desabasto de combustible derivado de prácticas irregulares de venta, aunque los productores denuncian que tal promesa no ha sido cumplida; con lo anterior, formula el siguiente
“PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al Director General de Petróleos Mexicanos C. Jesús Reyes Heroles, así como al Director de PEMEX Refinación, C. José Antonio Ceballos Soberanis; a efecto de que se eliminen las restricciones para el abasto de combustible impuestas a las estaciones de servicio en la frontera sur de México, por poner la industria transportista y de construcción.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director General de Petróleos Mexicanos C. Jesús Reyes Heroles, que las medidas de control que se implementen para evitar el contrabando de combustible en la frontera sur del país, no afecten a los sectores productivos nacionales”.
III.- En el Capítulo de Consideraciones de la Proposición enlistada en tercer lugar, su autor se refiere al problema de escasez de combustible que se ha presentado en el Estado de Chihuahua, en el que diversos municipios “viven la racionalización en la venta del combustible diesel y de gasolina”, señalando que esta problemática se debe a la extracción, traslado e internación indebidos de diesel y gasolina, con la finalidad de venderlos en el Paso, Texas, EUA; este ilícito produce una ganancia de al menos 100 dólares por viaje en unidades, cargando tanques extras, pues el costo del litro de diesel en Chihuahua es de 6.27 pesos, mientras que en el Paso tiene un costo de 12.98 pesos; lo anterior ha provocado desabasto que ha traído como consecuencia compras adicionales por parte de los transportistas, creando un círculo vicioso de contrabando, acaparamiento y desabasto; la población también se ha visto afectada, pues en las últimas semanas la mitad de los autobuses destinados al transporte público dejaron de circular por falta de combustible, y el sector agrícola se ve afectado por la falta de combustible para uso agrario.
Concluye el proponente sosteniendo que los propietarios de las estaciones de servicio han adoptado medidas como dejar de abastecer depósitos extra instalados en las unidades y realizar el cobro del combustible a través de la transferencia electrónica con el fin de que los choferes carguen solamente el combustible aprobado por sus patrones, pero que a pesar de tales medidas, los problemas de desabasto, el acaparamiento y el contrabando persisten, y formula el siguiente:
“PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:
ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que atienda a la brevedad la problemática de extracción, traslado e internación indebida del combustible diesel y gasolina del Estado de Chihuahua hacia Estados Unidos; y asimismo, en uso de sus facultades administrativas implemente mecanismos para la venta, distribución del combustible y medidas aduanales necesarias, imponiendo las sanciones pertinentes para detener estas prácticas ilícitas; y que en coordinación con las autoridades judiciales se realice una investigación con respecto a las causas que ocasionan esta problemática y en caso de hechos constitutivos de delito se castigue a los responsables para que se restablezca el orden y la legalidad atendiendo al adecuado funcionamiento económico y social de la Entidad, informando por escrito a esta Cámara de Diputados”.
IV.- La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que las tres Proposiciones que se dictaminan tienen como denominador común referirse al problema del abasto del diesel y la gasolina en las fronteras norte y sur del país, y a los problemas que han generado los diferenciales de precios, lo que ha provocado el desabasto en el territorio nacional fronterizo, mayor demanda de los consumos de los combustibles citados, para transportarlo y consumirlo en el exterior, provocando desabasto y pérdidas para amplios sectores económicos y de la población en los estados de ambas fronteras del país.
Por la coincidencia temática y propositiva, la Comisión dictaminadora determinó la conveniencia de atender las tres proposiciones en este mismo instrumento; de igual forma coincide plenamente con los planteamientos formulados por los tres proponentes y considera que son atendibles las solicitudes, reconociendo la importancia y trascendencia de adoptar medidas y acciones urgentes para asegurar el abasto y racionalizar la venta del combustible y la gasolina en los expendios ubicados en ciudades cercanas a ambas fronteras del país.
Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera procedente exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos, implementen las medidas y realicen las acciones tendientes a garantizar y racionalizar el abasto de los combustibles gasolina y diesel en todos los expendios de las poblaciones localizadas en ciudades cercanas a las fronteras de nuestro país.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se sirvan adoptar las medidas y ejecutar las acciones tendientes a garantizar y racionalizar el abasto y venta de los combustibles gasolina y diesel en los expendios de las poblaciones localizadas en ambas fronteras de nuestro país.
Asimismo, analicen la pertinencia de que dichas medidas y acciones incluyan:
a) Que se determinen e implementen los mecanismos para la venta, distribución del combustible, así como las medidas aduanales necesarias.
b) Se eliminen restricciones al abasto de gasolina y diesel en ambas fronteras del país y que, en su caso, las restricciones en la venta de los combustibles no produzcan perjuicio o pérdida a la población en general y, en particular, a los sectores agrícolas y productivos.
c) Fortalecer los operativos en las aduanas correspondientes, para evitar la transportación y exportación ilegal.
d) Establecer medidas de supervisión y control especiales con las empresas con las que Petróleos Mexicanos tiene contratada la distribución de los combustibles citados.
e) Fortalecer las medidas de rescisión de contratos, sanciones administrativas y denuncia de delitos, para todas aquellas acciones que sean contrarias a las disposiciones antes mencionadas y causen perjuicio a la población y la economía local y general en el país.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D .F. a 19 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Para que en el Presupuesto de Egresos de 2009, se contemplen recursos para la ampliación y modernización de la terminal turística de Puerto Chiapas, estado de Chiapas.
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2009, SE CONTEMPLEN RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA TERMINAL TURISTICA DE PUERTO CHIAPAS, ESTADO DE CHIAPAS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a contemplar en el Presupuesto de Egresos de 2009 recursos suficientes para la ampliación y modernización de la infraestructura de la terminal turística de Puerto Chiapas, en el Estado de Chiapas, presentada por la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
DICTAMEN
ANTECEDENTES.
La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de agosto de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
CONSIDERACIONES.
I.- La autora de la Proposición que se dictamina, en su Capítulo de Consideraciones, señala que en el año 2006, con una inversión de casi 800 millones de pesos, se reestructuró Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), con recursos federales y estatales. Desde esa fecha se ha convertido en una herramienta moderna y de gran potencial para el crecimiento en la entidad; Puerto Chiapas es el primer puerto del Océano Pacífico de entrada a Centroamérica, conectado por vía terrestre con autopista y ferrocarril y por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de Tapachula. Es fundamental aprovechar al máximo la infraestructura marítima instalada para impulsar las exportaciones agrícolas de la región e impulsar la industria turística en el Soconusco.
Continúa la proponente argumentando que para lograr lo anterior, es necesario diseñar y construir un malecón turístico, un corredor turístico de San Benito a Barra San Simón, planificar el desarrollo turístico de Laguna Cabildos y del Canal Intercostero, el desarrollo de vivienda básica, la formación de prestadores de servicios y agentes turísticos, generar campañas para el impulso de una cultura turística, el embellecimiento y el acceso a San Benito, un tren turístico, módulos de información y policía turística, programa de fomento, oferta hotelera y restaurantera, campañas de higiene y de salud, así como programas de preservación del medio ambiente; y es fundamental que el Gobierno Federal impulse una estrategia que incluya soluciones técnicas que permitan al puerto operar en condiciones de competitividad e identificar acciones que logren a corto plazo su reactivación económica; es un buen momento de posicionar al Puerto de Chiapas con la idea de explotar al máximo el potencial comercial y turístico de la zona, y es necesario invertir mayores recursos en las obras de rehabilitación del puerto, entre las que se encuentra la prolongación del Rompeolas de Oriente y el dragado de mantenimiento, así como modernizar y generar las condiciones para consolidar la terminal de cruceros y de buques de carga, pero también para que las empresas navieras puedan atracar sus embarcaciones de gran calado, contando con servicios de puerto fijo, atraque y muellaje.
Concluye la proponente en que el fortalecimiento del Puerto Chiapas permitirá que nuevos segmentos del mercado inviertan en el estado para transportar los productos agrícolas que se producen en los campos y las selvas chiapanecas; fomentar el arribo de los paseantes de Europa, África, Asia y los países del Norte y Sur de América, haciendo del turismo una valiosa alternativa para el desarrollo de regiones con rezago social y económico importante; México cuenta con ventajas comparativas y oportunidades con las que no cuentan muchos países del orbe. Chiapas cuenta con atractivos turísticos naturales que, hasta ahora, no han sido valorados y explotados con una visión de largo alcance y desarrollo sustentable. Puerto Chiapas es una obra de infraestructura muy importante que puede convertirse en un detonante del crecimiento económico para la generación de empleos y la creación de nuevas empresas de servicios turísticos, que representarían un factor de alto impacto económico y social para la entidad y el país en su conjunto. Formula el siguiente:
“Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009, recursos suficientes para la ampliación y modernización de la infraestructura de la terminal turística de Puerto Chiapas, en el Estado de Chiapas”.
II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora manifiestan su coincidencia y solidaridad con los planteamientos formulados por la autora de la Proposición que se dictamina y están de acuerdo sustancialmente, con algunas precisiones necesarias.
La Comisión Dictaminadora estima que corresponderá a las Secretarías de Turismo y de Desarrollo Social, considerar en su anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, los recursos suficientes para la ampliación y modernización de la infraestructura de la terminal turística del Puerto Chiapas, Estado de Chiapas; por ello, considera procedente turnar este asunto a dichas dependencias, por conducto del titular del Poder Ejecutivo Federal, porque en los términos de los artículos 6 y 25 al 29 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, propondrán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los conceptos y montos que integrarán el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente presenta el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Por lo mismo, procede igualmente, remitir este asunto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para ser considerado en su dictamen sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a efecto de que instruya a los titulares de las Secretarías de Turismo, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, para que consideren la asignación de recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, para la ampliación y modernización de la infraestructura de la Terminal Turística de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas.
SEGUNDO.- Remítase copia del presente expediente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos, para ser considerado en su dictamen sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D. F. a 19 de agosto de 2008.
TERCERA COMISIÓN
Proposiciones de Ciudadanos Legisladores
De los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que en el marco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte evalúe la posibilidad de proponer al Comité Olímpico Internacional que en las subsecuentes Olimpiadas, los Juegos Paralímpicos se efectúen previamente a la celebración de los Juegos Olímpicos.
SANTIAGO CREEL MIRANDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE:
GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ y JUAN BUENO TORIO, Senadores de la República de la LX Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta H. Comisión Permanente, Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que en el marco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, evalúe la posibilidad de proponer al Comité Olímpico Internacional que en las subsecuentes Olimpiadas, los Juegos Paralímpicos se efectúen previamente a la celebración de los Juegos Olímpicos y, con ello, contribuir a la construcción de una nueva cultura mundial a favor de las personas con discapacidad, de respeto a sus derechos, mediante su promoción y haciendo más visibles sus talentos y entrega.
CONSIDERACIONES
En el marco de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, resulta oportuno expresar nuestro profundo reconocimiento a la entrega y dedicación de los deportistas paralímpicos que nos representan, pues seguramente nos darán un cúmulo de satisfacciones y harán que cada mexicano se sienta todavía más orgulloso de serlo, pues como ya es tradición, los deportistas paralímpicos han puesto muy en alto el nombre de México.
Basta recordar los magníficos resultados de las delegaciones participantes en las anteriores ediciones de los Juegos Paralímpicos. En la última edición, celebrada en Atenas en el año de 2004, la delegación nacional se ubicó en el dignísimo lugar 14 del medallero final.
Las 34 medallas conseguidas por estos atletas mexicanos en Atenas 2004 y el mismo número en Sydney 2000, son casi el triple de las que se lograron en los Paralímpicos de Atlanta 96, cuya cifra fue de 12, superando con mucho las expectativas. En estas dos últimas ediciones, México fue el mejor país de América Latina.
Vale la pena tomarnos un momento para reflexionar sobre el profundo sentido que tienen los triunfos de los deportistas paralímpicos para nuestra sociedad, ya que son uno de los mejores ejemplos de esfuerzo y constancia.
En este sentido, tenemos el deber de motivarlos para que sigan cosechando triunfos.
Juntos, gobierno y sociedad debemos multiplicar esfuerzos para apoyar a estos destacados mexicanos, cuyos logros comprueban una vez más que la discapacidad no es ningún obstáculo para conseguir lo que cualquier ser humano se proponga.
Es responsabilidad de todos, crear las condiciones para incorporar a las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida, siendo urgente eliminar la discriminación en su contra, lograr un cambio sociocultural de respeto y apoyo a su favor, proteger sus derechos y permitir un acceso equitativo y justo para su desenvolvimiento personal, social y deportivo.
Como ya es común, el Partido Acción Nacional considera impostergable la implementación de acciones integrales a favor de los deportistas paralímpicos, sustentadas en el respeto a la dignidad humana, en donde las personas con discapacidad no sean consideradas, nunca más, como ciudadanos de segunda.
En ese mismo sentido, uno de los principios básicos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, es que los deportistas con algún tipo de discapacidad no sean objeto de discriminación alguna, siempre que las actividades a realizar no pongan en peligro su integridad (Fracción XI del Artículo 2).
A su vez, la Fracción XXII del Artículo 29 de esta Ley, establece que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tiene como una de sus atribuciones formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad.
De acuerdo con el Artículo 9 de este mismo ordenamiento, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), se compone por las Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil reconocidos por esta Ley, que en sus respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.
Por su parte, el Artículo 10 señala que entre los organismos e instituciones públicas y privadas que se consideran integrantes del SINADE, se encuentran:
I. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;
II. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal, y Municipales de Cultura Física y Deporte;
III. La Confederación Deportiva Mexicana, AC;
IV. El Comité Olímpico Mexicano, AC;
V. Las Asociaciones Deportivas Nacionales;
VI. Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, y
VII. Las Asociaciones y Sociedades que estén reconocidas en términos de esta Ley y su Reglamento.
De conformidad con el Artículo 11 de la Ley, el SINADE deberá sesionar cuando menos una vez en cada año natural, a efecto de fijar la política operativa y de instrumentación en materia de cultura física y deporte y dar cumplimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, teniendo la CONADE la responsabilidad de integrar a dicho Programa los acuerdos del SINADE.
En este sentido, la finalidad de este Punto de Acuerdo es contribuir a cambiar la visión de que las personas con discapacidad deben estar, por naturaleza, siempre detrás de las personas que no tienen esa condición, siendo necesario dar un cambio radical para que realmente sean sujetas de derechos y no de caridad; anhelo y razón de ser de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En la esfera que nos ocupa, este importante instrumento internacional establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán, entre otras, las siguientes medidas pertinentes para:
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
Por lo anterior, se presenta a la Consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente Proposición como de urgente y obvia resolución.
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que en el marco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, evalúe la posibilidad de proponer al Comité Olímpico Internacional que en las subsecuentes Olimpiadas, los Juegos Paralímpicos se efectúen previamente a la celebración de los Juegos Olímpicos y, con ello, contribuir en la construcción de una nueva cultura mundial a favor de las personas con discapacidad, de respeto a sus derechos, mediante su promoción y haciendo más visibles sus talentos y entrega.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de agosto de 2008.
SENADOR GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ
SENADOR JUAN BUENO TORIO.
Del Sen. Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instrumentar acciones y programas que protejan el delicado equilibrio que guarda la industria aérea nacional en sus operaciones desde y hacia el exterior.
Presidente de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión.-
P R E S E N T E.-
El que suscribe Francisco Arroyo Vieyra Senador de la República por el estado de Guanajuato ante la LX legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, y en particular a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Relaciones Exteriores y de Turismo, para que instrumenten acciones y programas que protejan el delicado equilibrio que guarda la industria aérea nacional en sus operaciones desde y hacia el exterior, no negociando más convenios internacionales en materia aeronáutica que propicien mayor apertura y promuevan el aumento del número de empresas de aviación que operan dichas rutas y se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un informe detallado sobre las bases y hechos que la dependencia a su cargo ha considerado, para fomentar una mayor apertura y el aumento del número de competidores durante la negociación de convenios internacionales en materia aeronáutica, de acuerdo a las siguientes:
Antecedentes
Durante los últimos 3 años la situación y estructura de la industria aérea nacional ha cambiado drásticamente. De un mercado protegido, con el capital de las dos principales aerolíneas en manos de instituciones del Estado, en el cual prevalecía la percepción pública de la existencia de tarifas altas por los servicios del transporte aéreo, se ha pasado a un mercado con un gran número de competidores, cuyo capital se encuentra en manos privadas, y en el cual el Estado carece de herramientas para regular tarifas y oferta. No es coincidencia que en la industria aérea nacional al día de hoy dominen la depredación tarifaría y otras prácticas desleales de comercio.
Todo ello, aunado al constante aumento de los precios del combustible, el principal insumo de las aerolíneas, ha colocado a la industria en una situación de crisis inminente, por el constante aumento de costos y reducción de ingresos, poniendo en riesgo a la economía nacional y a los sectores productivos que dependen del transporte aéreo para la distribución de sus bienes o servicios.
No obstante ello, la Administración Pública Federal continúa fomentando la apertura y el aumento del número de operadores, o el aumento de capacidad de los existentes, ahora favoreciendo de paso a transportistas del exterior, con lo cual se acentúa aún más la situación precaria de la industria aérea nacional y el Estado renuncia a ejercer uno de los pocos instrumentos todavía a su alcance para regular capacidad, los convenios internacionales.
Como antecedente, en mayo de 1995 entró en vigor la Ley de Aviación Civil y en diciembre de 1998 su Reglamento como parte del andamiaje institucional que fomentó la apertura y la libre entrada y salida de competidores en la industria aérea.
Durante diciembre de 2005 y octubre de 2007 con la venta por separado del capital social de Grupo Mexicana y de Grupo Aeroméxico, empresas que operaban bajo el control de Cintra, se establecieron condiciones más efectivas de competencia en el mercado nacional. Simultáneamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó nuevas concesiones para prestar el servicio regular de pasajeros, con lo que en la actualidad existen 14 operadores que prestan el servicio de transporte regular de pasaje en el mercado doméstico.
La presión y el grado de competencia en el mercado aéreo nacional deriva de los factores siguientes:
▪ Elevado número de operadores: Existen 14 aerolíneas que cuentan con concesión para operar de manera regular el servicio de transporte aéreo, siendo México de los países que tiene el mayor número de aerolíneas en rutas de alta densidad. (Ej. MEX-MTY, MEX-GDL, MEX-CUN, GDL-TIJ)
▪ Sobreoferta de asientos: El crecimiento de la oferta ha sido superior al de la demanda, lo que se ha traducido en factores de ocupación bajos para las aerolíneas mexicanas en relación con estándares internacionales. (MEX: 61% vs. INT: 73% vs. USA: 82%)
▪ Caída en tarifas: Las condiciones de competencia han desatado una guerra tarifaría, con precios que no permiten cubrir los costos, lo que se ha traducido en pérdidas para el conjunto de los competidores.
▪ Altos precios del combustible: El incremento del precio de los hidrocarburos ha ocasionado que el costo de combustible para las empresas se haya casi triplicado durante los últimos años (2003 - 2007).
Consideraciones
Esto se ha traducido en falta de liquidez para las aerolíneas nacionales, en la caída de ingresos y constante presión sobre los costos, por lo cual algunas aerolíneas han optado por hipotecar su futuro con la “pre-venta” muy anticipada boletos con el fin de mantener su operación.
En este sentido, constituye una bomba de tiempo para los participantes en el sector y para los usuarios del mismo, por una parte, ante la posible quiebra intempestiva de algunos participantes y, por la otra, por los riesgos en materia de seguridad, toda vez que las aerolíneas pueden reducir sus costos para seguir operando, dejando de cumplir con los estándares de seguridad a los que están obligados.
Así las cosas, las aerolíneas más importantes de nuestro país han optado por tratar de crecer en el mercado internacional donde también existen fuertes presiones, pero, de igual modo, existen oportunidades que deben aprovecharse.
Si bien la participación de mercado de las aerolíneas mexicanas respecto a las extranjeras en el mercado internacional ha bajado, y en el caso específico de las aerolíneas norteamericanas, su estrategia de crecimiento se ha concentrado en México (el 32% de su nueva oferta), en general, los factores de ocupación entre las distintas regiones desde y hacia México presentan factores de ocupación promedio anual bajos, lo que señala que en estos mercados aún no es posible aprovechar mejor los acuerdos bilaterales vigentes en materia aeronáutica (FO USA: 64%; FO Europa: 69%; FO Sudamérica: 65%).
Paradójicamente, la intensificación de la competencia de manera indiscriminada parece fomentarse desde la instancia en donde las aerolíneas nacionales deberían encontrar apoyo, la Administración Pública Federal: se está gestando el aumento del número de competidores en ciertas rutas internacionales, la apertura entre México y la Unión Europea, así como mayor apertura para aerolíneas provenientes de España, apertura que es un factor de riesgo mayor para la industria nacional.
Los convenios bilaterales en materia aeronáutica establecen una serie de condiciones en materia de número de operadores, rutas o frecuencias, mediante las cuales cada país protege a su propia industria, considerando las condiciones vigentes en dicho país en un momento dado.
En este sentido, dadas las condiciones actuales de la industria aérea en México, una mayor apertura y aumento de la competencia desde y hacia el exterior, ya sea entre transportistas nacionales o entre nacionales y extranjeros, que bajo otras condiciones podría haber sido benéfica, puede ser en este momento el tiro de gracia para la industria aérea nacional.
Al respecto, esta soberanía debe tener presente que se han realizado negociaciones para modificar Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y España, firmado en abril del 2003, así como para celebrar un convenio horizontal con la Unión Europea, destinados ambos a aumentar el número de competidores, nacionales y extranjeros, en ciertas rutas desde y hacia el exterior.
En el caso del convenio con España, la postura de nuestro país se determinó con base en una premisa falsa, la falta de disponibilidad de asientos (capacidad/oferta) entre México y aquél país. Por el contrario, la información disponible muestra que el mercado entre estos dos países se caracteriza por: a) Disponibilidad de asientos en todas las épocas del año; y, b) Crecimiento sostenido en el número de asientos ofrecidos en este mercado.
No obstante, en dichas negociaciones parece que se cederá la designación múltiple por país y doble por par de ciudades, la liberalización de equipos, la liberalización de frecuencias, y cláusulas de derecho común que favorecerán a aerolíneas de otros países de la Unión Europea.
En el caso del convenio con la Unión Europea, se ha aceptado el llamado designador europeo. Con ello, se permitirá a cualquier aerolínea de cualquier Estado Miembro de la Unión pueda explotar cualquier designación de otro Estado Miembro. Asimismo, se ha aceptado una cláusula de competencia que limita la posibilidad de que se racionalice el mercado.
Es necesario aprender de los propios errores. No se pueden tener acuerdos comerciales justos si las condiciones estructurales entre los socios dan ventaja a uno de ellos o ponen en riesgo la subsistencia de la otra parte. Más allá de las asimetrías comerciales entre países, dos condiciones estructurales propias de la industria aérea ilustran esta situación, las restricciones a la inversión y la política de competencia.
En México, la legislación establece el 25% del capital como límite a la inversión extranjera y la Comisión Federal de Competencia ha rechazado la posibilidad de que se fusionen las aerolíneas más importantes del país. En cambio, en Europa, España inclusive, las condiciones son totalmente diferentes. Por tratarse de países comunitarios, existe libre flujo de capitales y la autoridad de competencia ha permitido la fusión entre aerolíneas troncales, tal es el caso de Air France y KLM o las recientes pláticas entre Air France y Alitalia.
Lo anterior ha permitido que las aerolíneas europeas puedan racionalizar la competencia entre ellas, ajustando equipos y capacidad a las cambiantes condiciones del mercado, sin depredarse mutuamente compitiendo en las mismas rutas, y quedando en situación de absorber en mejores condiciones financieras el aumento en el precio del combustible, a diferencia de lo que sucede en nuestro país.
Un indicador de lo anterior es el número de competidores. Así por ejemplo, mientras que en España existen siete aerolíneas que operan en el mercado, en el caso de México actualmente existen catorce empresas que cuentan con concesión para operar de manera regular el servicio de transporte aéreo.
En justicia no se puede tratar igual lo que es diferente. Las condiciones estructurales y financieras del sector aeronáutico en México y la Unión Europea son distintas; por lo tanto, no se debe fomentar el aumento del número de competidores cuando la industria nacional está en desventaja, o peor aún, acrecentar la irracionalidad de la competencia entre las aerolíneas nacionales en aras de seguir sin cuestionamientos una teoría de ortodoxia económica ajena a la realidad. En cualquier caso, las asimetrías deberían existir a favor de la parte más débil, como ocurrió en el marco de los acuerdos que dieron origen a la Unión Europea.
Todavía estamos a tiempo. El Estado, a través de la administración pública federal, debe recuperar su papel rector de la economía, abandonando posiciones ideológicas según las cuales una competencia sin control es lo mejor para los ciudadanos. Sin Estado no hay mercado, y sin la regulación del Estado no pueden existir condiciones de competencia efectiva.
En este mismo sentido, la actuación y acciones del Estado deben ser pensadas, lógicas y coherentes y no favorecer de manera inequitativa a unos competidores sobre otros.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, y en particular a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Relaciones Exteriores y de Turismo para que instrumenten acciones y programas que protejan el delicado equilibrio que guarda la industria aérea nacional en sus operaciones desde y hacia el exterior, no negociando más convenios internacionales en materia aeronáutica que propicien mayor apertura y promuevan el aumento del número de empresas de aviación que operan dichas rutas.
Segundo.- Se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado sobre las bases y hechos que la dependencia a su cargo ha considerado para fomentar una mayor apertura y el aumento del número de competidores durante la negociación de convenios internacionales en materia aeronáutica.
A t e n t a m e n t e,
SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA
Salón de Sesiones del Senado de la República, D.F. a 20 de agosto de 2008.
De los Senadores Alfonso Sánchez Anaya y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a combatir el secuestro en esa entidad.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL A COMBATIR EL SECUESTRO EN LA ENTIDAD.
Quienes suscribimos, Senador Alfonso Sánchez Anaya y Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, sustentados en las siguientes:
CONSIDERACIONES
Si bien es cierto que en los últimos años los mexicanos hemos vivido una escalada en los índices de delincuencia, la violencia es creciente y la sociedad no encuentra sosiego en ninguna parte del país, el territorio parece no ser determinante para la comisión de delitos y las ciudades periféricas hoy están más expuestas al llamado “efecto cucaracha” en el combate a la delincuencia. Asimismo, la incapacidad de las autoridades locales, parece ser un incentivo para que las bandas criminales salgan de los grandes centros urbanos e impacten de manera negativa en las ciudades medias.
Tal es el caso del Estado de Tlaxcala. El problema es de tal magnitud que hoy ocupa el vergonzante primer lugar como estado más inseguro en lo que a secuestros se refiere. De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que publica el “Excelsior” en su edición del pasado 12 de agosto, el 27 por ciento del total de los secuestros ocurridos en el país se llevan a cabo en Tlaxcala, cifra que incluso supera a las denuncias realizadas en la ciudad más grande del país, el Distrito Federal reportó durante el mismo año 118 denuncias por ese delito.
Desafortunadamente, para los tlaxcaltecas la tendencia en este 2008 es similar, en lo que va del año se han reportado 41 secuestros y la autoridad local sólo se ha limitado a negar la cifra que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha reportado y atender el asunto con la oferta de recompensas millonarias a quien dé información que lleve a la captura de los secuestradores.
En Tlaxcala, es importante tomar en cuenta que esta cifra resulta de mayor impacto, toda vez que su población es de un millón sesenta mil seiscientos cuarenta habitantes. Lo que significa que en Tlaxcala hubo un secuestro por cada seis mil noventa y siete personas, en contraste con lo que sucede en la capital del país donde se perpetró un secuestro por cada setenta y seis mil doscientos setenta y un habitantes.
A partir del año 2005 y ante la incapacidad de la actual administración frente a la prevención y combate del delito de secuestro y que ha dado como resultado el aumento exponencial del delito, es urgente la acción coordinada y efectiva con los estados vecinos y la Federación para garantizar plenamente la seguridad del pueblo Tlaxcalteca.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala a que instrumente una estrategia urgente de contención, prevención y persecución del delito de secuestro en el territorio tlaxcalteca.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que en coordinación con el Gobierno del Estado de Tlaxcala y los estados vecinos, atendiendo a las propuestas de la ciudadanía, emprenda un programa emergente que sea evaluado periódicamente y capacite al personal operativo de seguridad estatal y municipal para prevenir y reducir el índice delictivo en la entidad.
TERCERO.- Se exhorta al H. Congreso del Estado de Tlaxcala y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala a que realicen una revisión de la legislación local vigente con el fin de no sólo combatir y prevenir la comisión del delito de secuestro sino evaluar la necesidad de modificar las sanciones correspondientes.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 20 días del mes de agosto de 2008.
Sen. Alfonso Sánchez Anaya Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca
Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre el programa nacional para vehículos automotores.
PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Recinto de la Comisión Permanente, 19 de Agosto del 2008
SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
P R E S E N T E
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sexagésima Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren cerca de un millón de personas por causas asociadas a la contaminación del aire urbano. Además, un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países se pierde por las consecuencias que ésta tiene. Hoy en día, la calidad del aire urbano está determinada en su mayoría por el transporte urbano. Se estima que en las ciudades del mundo circulan alrededor de 1 billón de automóviles, con una tendencia clara a seguir aumentando. En México, 40% de la gente vive en ciudades, y por lo tanto está expuesta diariamente a contaminantes vehiculares, por lo que esto se considera ya un problema de salud pública.[1]
El sector transporte se ha venido presentando como una fuente contaminante mayor, con una gran cantidad de emisiones de monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrógeno (NO), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM) a nivel global. En el caso de las principales zonas metropolitanas y ciudades del país con un inventario de emisiones, las estimaciones indican consistentemente una contribución mayoritaria de gases contaminantes del sector transporte, en todos los casos superior al 70 por ciento. En el caso de las partículas PM10, dependiendo del número de calles sin pavimentar y de las extensiones de tierra sin cubierta vegetal, el suelo puede contribuir con 40 al 60 por ciento de las partículas y el sector transporte (especialmente los vehículos de diesel) puede aportar entre el 30 y el 40 por ciento.
Asimismo, ya en 1992 la ONU describió el aire de la ciudad de México como el más contaminado del planeta. Seis años después, ese aire le dio a la capital de nuestro país la reputación de "ciudad más peligrosa del mundo para los niños". Pero a pesar de los esfuerzos de más de una década, implementando estrictas medidas de control de la contaminación, una densa bruma cubre la ciudad casi todos los días, oscureciendo los picos nevados que la rodean y amenazando la salud de sus habitantes. Sin embargo, esta situación ya no es exclusiva de la zona metropolitana de la Ciudad de México, si no de todas las grandes urbes del país.
Es de destacar, por ejemplo, que en la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), se emiten alrededor de 3.1 millones de toneladas de gases contaminantes al año; le sigue Monterrey con casi 2 millones, Guadalajara con 1.4 millones, Ciudad Juárez con un poco más de 600 mil, Toluca con casi medio millón de toneladas anuales y Mexicali con más de 400 mil toneladas. En términos relativos, la participación de la industria y los servicios en la ZMCM es de 10 por ciento de las emisiones, en Monterrey y Toluca es de siete por ciento, en Guadalajara y Juárez de cinco. En contraste, la contribución del sector transporte es en Juárez de casi el 90 por ciento, en la ciudad de México del 85 por ciento, en Guadalajara de casi el 75, en Toluca y Mexicali de cerca del 70 y en Monterrey de un poco más de 50 por ciento.[2]
Por ello, uno de los mayores obstáculos que se tienen para mejorar la calidad del aire, es la gran circulación de automóviles viejos, en condiciones deplorables y sin contar con nueva tecnología anticontaminante. De acuerdo con la Comisión Ambiental Metropolitana, sólo en el Valle de México circulan más de 800 mil vehículos con más de 10 años de antigüedad.
Aunado a lo anterior, el importar vehículos usados de Estados Unidos a nuestro país, con más de 10 años de antigüedad y en condiciones físico-mecánicas deplorables, agrava la situación. Actualmente, las autoridades metropolitanas tienen detectados que entre 45 mil y 50 mil vehículos de los llamados 'chocolates', están en muy malas condiciones mecánicas y sin equipos anticontaminantes.
Adicionalmente, tan sólo en los últimos tres meses se ha aplicado en dos ocasiones, en sábado, la precontingencia ambiental atmosférica en la Ciudad de México y a partir de septiembre se restringirá la circulación de vehículos con placas extranjeras o de otros estados.
Todo esto, nos habla de una difícil situación respecto a la contaminación del aire a causa de la circulación de automóviles chatarra en forma creciente.
México ha logrado poco en la batalla por el aire limpio. Se podrían obtener mejores resultados si se aplicaran programas diseñados a partir de una nueva comprensión del impacto de esta contaminación en la salud y del papel que juega la población, tanto en la generación del problema como en su solución.
Es por esto que proponemos este Punto de Acuerdo, basándonos en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEPA), respecto al diseño y aplicación de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de la política ambiental, para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establezca un programa a nivel nacional, en donde los propietarios de vehículos automotores de más de 10 años puedan obtener una retribución económica al dar de baja en forma definitiva sus automóviles y procedan a su destrucción.
Asimismo, se propone emitir un respetuoso exhorto a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en la elaboración de la legislación correspondiente al Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, que en breve pasará a formar parte del ámbito local, consideren la exención de este impuesto por dos años, a quienes cambien un automóvil de más de 10 años de antigüedad, por un modelo reciente menos contaminante.
Lo anterior surge a partir de las diversas experiencias internacionales que han comenzado a forjar innovadores mecanismos que procuran el mejoramiento de la calidad del aire. Por ejemplo, en Italia, si un propietario decide entregar dos vehículos contaminantes al comprar un sólo automóvil nuevo, recibirá un total de 1,200 euros; también en el caso de que se tenga un automóvil viejo y no se use, el estado pagará 150 euros y un abono para uso del transporte público por tres años si se da de baja el vehículo. Como alternativa, también se puede optar por recibir 800 euros por usar el sistema de auto compartido (car-sharing), y también tienen un beneficio de 700 euros y un año de Impuesto de Circulación gratis si se cambian vehículos anteriores a 1997.
Asimismo, las autoridades de transporte de Portugal, desde mayo suspendieron automáticamente más de 900 mil matrículas de vehículos registrados entre 1980 y 2000. El año pasado no llegaron a 200 mil las nuevas unidades incorporadas al parque automovilístico de Portugal.
Por otro lado, a partir de 2008 los automóviles que quieran circular por el centro de Madrid deberán estar provistos de una pegatina verde que les acredite como poco contaminantes. En principio, aquellos que hayan sido fabricados antes de 1993 tendrán restringido este derecho.
Es así que la incorporación de mecanismos económicos para la modernización del parque vehicular, es un asunto con precedentes internacionales y que atiende nuestra realidad económica, toda vez que debido a la dificultad que representa el conformar un patrimonio para los mexicanos, no es posible exigirle a aquellos ciudadanos que con trabajo y esfuerzo apenas pudieron obtener un auto viejo para toda la familia, se deshagan de él sin obtener ningún beneficio y sin ofrecer algún mecanismo que les permita comprar modelos recientes.
Si permitimos que los vehículos viejos continúen en circulación, lo único que haremos será retrasar la incorporación de nuevas tecnologías y seguiremos teniendo un consumo excesivo de combustibles y estaremos emitiendo más gases a la atmósfera.
Por otro lado, es necesario recordar que el artículo 111 de la LGEPA establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está facultada para formular y aplicar programas para la reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera, con base en la calidad del aire que se determine para cada área, zona o región del territorio nacional. Sin embargo, hasta los programas de Proaire han sido insuficientes para resolver la crisis ambiental que vivimos. Por ello es necesario exhortar a la autoridad ejecutiva para que ponga en marcha nuevos esquemas que refuercen la lucha en contra la contaminación del aire y el calentamiento global.
Finalmente, otro asunto que preocupa a nuestro Grupo parlamentario es la insuficiencia de equipos especializados para medir la emisión de gases contaminantes en todos los estados de la República. Si bien es cierto que se ha ido incrementando la cobertura de esta tecnología a cada vez más Estados, aún no se tiene una cobertura nacional completa y, por lo tanto, sólo se hacen estimaciones para ciertas áreas del país.
En virtud de que la emisión de gases contaminantes a la atmósfera tiene un efecto directo sobre el calentamiento global, consideramos por demás importante que nuestro país, como mínimo, pueda realizar las mediciones correspondientes de la contaminación nacional. No es posible controlar aquello que no se mide.
Proponemos por eso, que tanto el Ejecutivo Federal como la Cámara de Diputados, consideren incorporar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008 una partida para que en todos los Estados de la República se implemente el equipo necesario para la medición de gases contaminantes para la atmósfera.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instrumente un programa nacional mediante el cual se retribuya económicamente a los usuarios de vehículos automotores en circulación con más de 10 años de antigüedad, siempre que éstos sean retirados definitivamente de circulación y se proceda a su destrucción.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión emite un respetuoso exhorto a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en la elaboración de la legislación correspondiente al Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos que en breve pasará a formar parte del ámbito local, consideren la exención de este impuesto por dos años, a quienes cambien un automóvil de más de 10 años de antigüedad, por un modelo reciente menos contaminante.
TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión emite una respetuosa solicitud al Ejecutivo Federal y a la Honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2009, se considere una partida para implementar en todos los Estados de la República, el equipo necesario para la medición de emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
Del Sen. Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo en torno al homicidio del C. José Jiménez Colmenares, ocurrido el 10 de agosto de 2006 en Oaxaca, Oaxaca.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E
El suscrito Senador del Grupo Parlamentario de Convergencia, Gabino Cué Monteagudo, en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para referirse al homicidio de José Jiménez Colmenares, ocurrido el 10 de agosto de 2006 en Oaxaca, Oaxaca, al tenor de las siguientes
Consideraciones:
Los ciudadanos tienen el legítimo derecho de manifestar libremente sus ideas y opiniones así como de asociarse públicamente. Ambos derechos constituyen principios garantes de la seguridad jurídica que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Un Estado Nacional, debe su naturaleza a los elementos intrínsecos que lo forman: “Población, Gobierno y Territorio”, sin embargo, la sociedad misma y las instituciones que se crean para el ejercicio del poder público, resultan ser la ingeniería de pesos y contrapesos necesarios para procurar la gobernabilidad, la certidumbre jurídica y la paz social en la Nación.
Por tanto, ningún Estado que se precie de respetar los valores democráticos permite que se menoscabe la esfera jurídica de la sociedad en ninguna de sus formas, ejemplo de lo anterior, resultó la enérgica protesta que la Secretaria de Relaciones Exteriores junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica y del gobernador del estado de Texas por la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín, al no respetar las medidas cautelares y la asistencia jurídica consular respectiva, que terminaron por viciar el proceso judicial y decretar la muerte de un compatriota.
De esta manera, el Estado mexicano privilegia la vida de una persona y garantiza una eficiente procuración de justicia.
La sociedad civil activa, consciente e informada, después de haber agotado estérilmente los canales institucionales, utiliza la protesta y la movilización como último recurso para que sean escuchadas y atendidas sus necesidades y carencias.
El descontento social y político durante el año 2006, resulto de fatales consecuencias para el Estado de Oaxaca. Durante más de 8 meses, Oaxaca fue testigo de históricas marchas multitudinarias, que exigían desde el primer momento incremento a los salarios de los profesores; transcurrido el tiempo y ante la abierta negativa de las autoridades por atender el problema, éstas se convirtieron en legítimas protestas que exigían el cese de la represeción, amenazas y persecuciones, así como el alto a la corrupción e impunidad imperante en la entidad federativa.
A raíz del torpe intento de la autoridad estatal por desalojar a los profesores que se encontraban en el primer cuadro del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca ocurrida el 14 de junio del año 2006, permitió que cientos de miles de ciudadanos oaxaqueños tomaran legítimamente las calles para exigir un alto al menosprecio y abandono social, económico y político en que han estado inmersos desde hace varios años; sin embargo, sobre las legitimas exigencias sociales, el Gobierno del Estado, reveló autoritarismo y franco desprecio por respetar la garantía de manifestarse libremente y una indiferencia por otorgar una solución legal y razonada a las protestas que la sociedad oaxaqueña entonces demandaba.
Así, las muestras de intolerancia de las autoridades estatales por otorgar una solución pacifica a la problemática social se recrudecieron al grado de endurecer los anticonstitucionales bloqueos policíacos en contra de las marchas pacificas así como utilizar las más deplorables tácticas para infundir miedo en la población con patrullajes de acechanza de distintas fuerzas policíacas, que los medios masivos de comunicación documentaron oportunamente y a los que llamaron “Caravanas de la Muerte”, pues utilizaban la estrategia de amedrentar a los manifestantes utilizando los llamados “levantotes” para debilitar la lucha social.
Producto de este ambiente de represión y autoritarismo se registraron un sin número de homicidios, desapariciones forzadas, lesiones y demás violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía oaxaqueña.
El día de hoy hago uso de esta Tribuna, para denunciar actos tan obscuros y lamentables que no permite el olvido, se trata de los homicidios que se registraron durante el conflicto social de 2006 en Oaxaca; particularmente me referiré a la muerte del señor José Jiménez Colmenares, ocurrido la tarde del 10 de agosto de 2006 en las calles de la ciudad de Oaxaca.
Aquel día, el señor José Jiménez Colmenares, mecánico de profesión, acompañó a su esposa la profesora Florina Jiménez Lucas a la marcha convocada por la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que exigía la liberación de los activistas apresados días antes así como la presentación con vida de otros tres compañeros suyos “levantados” también por la Policía Estatal.
Eran las seis y media de la tarde y la manifestación avanzaba sobre la Avenida División de Oriente a la altura de la Clínica Santa María, en una de las avenidas de mayor afluencia de la ciudad cuando presuntos francotiradores apostados en la planta alta de dicha clínica dispararon en contra de José Jiménez Colmenares, el caos fue inmediato, los manifestantes se replegaron y sólo unos cuantos trataron de reaccionar ante las agresiones, en tanto, la profesora Florina Jiménez Lucas se dio cuenta que su marido había recibido varios impactos de bala en el pecho y la cara.
La desesperación por salvar la vida del señor José Jiménez Colmenares hizo que la profesora Florina Jiménez con el apoyo de compañeros maestros llevaran el cuerpo inerte a la Clínica Santa María, de la cual presuntamente habían salido las ráfagas de plomo. Todo resulto inútil, producto de 9 impactos de bala, tal como lo constata el informe médico legal, José Jiménez Colmenares, murió de manera inmediata a causa de la certera agresión.
De este artero homicidio han pasado ya 2 años, y el expediente penal 46 FEPAM 2006, que consta de 102 fojas de investigación, entre las que obran dictámenes de peritajes, demuestra que la última diligencia o actuación del Ministerio Publico ocurrió el 26 de agosto de ese mismo año.
Esto indica que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca no ha cerrado la instrucción constitucional, no ha ejercitado la acción legal correspondiente, ocasionando la indefensión jurídica violatoria de las garantías constitucionales a la familia Jiménez Jiménez por lograr justicia.
No obstante, diferentes instancias legales tanto nacionales como internacionales en defensa de los derechos humanos han expresado su gran preocupación por las investigaciones ministeriales en el caso en particular del señor José Jiménez Colmenares.
Ejemplo de lo anterior constituye la Recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hecha al titular del Ejecutivo estatal Ulises Ruiz Ortiz en la que solicita que inicie el procedimiento administrativo en contra de la entonces Procuradora de Justicia de Oaxaca Lizbeth Caña Cadeza, “a efecto de determinar las responsabilidades administrativas en las que incurrió, al violentar los derechos de la sociedad oaxaqueña de legalidad y seguridad jurídica pro dilación en la procuración de justicia…”
Existe también la Recomendación AMR 41/040/2006 de Amnistía Internacional en la que refiere y condena los hechos de violencia del conflicto social y advierte con gran preocupación la ejecución del señor José Jiménez Colmenares muerto por 9 balas en una marcha en la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Asimismo, estamos a la espera de los resultados que arrojen las investigaciones realizadas por la Comisión Investigadora para el Caso Oaxaca, conformada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tiene como tarea principal determinar si durante el conflicto magisterial en Oaxaca, se presentaron violaciones graves a las garantías individuales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente solicito a esta Soberanía pronunciarnos al respecto del homicidio del señor José Jiménez Colmenares y demandar una expedita y eficiente procuración de justicia, por ello someto a la deliberación la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca para que en el ámbito de su competencia instruya al Procurador General de Justicia del estado para que realice de manera inmediata el cierre de la instrucción constitucional correspondiente a la Averiguación Previa 46 FEPAM 2006 y deslinde las acciones penales correspondientes.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que en uso y atribución de las facultades que le confiere la ley, informe a esta soberanía el estado que guarda el cumplimiento de la recomendación 15/2007, derivada del expediente 2006/2869/4/Q y acumulados, respecto a las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto social en el estado de Oaxaca en el año 2006.
Dado en el Salón de Sesiones a los veinte días del mes de agosto 2008.
Senador Gabino Cué Monteagudo.
Del Dip. Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para cerrar el relleno sanitario de San Luis Ayucan del municipio de Villa Jilotzingo, Estado de México, que contamina los mantos acuíferos de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán.
PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE CERRAR EL RELLENO SANITARIO EN JILOTZINGO, ESTADO DE MÉXICO.
Quien suscribe, Diputado Federal de la LX Legislatura, Joaquín Humberto Vela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, para cerrar el relleno sanitario de San Luis Ayucan del municipio de Villa Jilotzingo, Estado de México, que contamina los mantos acuíferos de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, bajo los siguientes
ANTECEDENTES:
En la comunidad forestal de San Luis Ayucan, del municipio de Villa Jilotzingo del Estado de México, existe un relleno sanitario que almacena, a cielo abierto, residuos biológico-infecciosos, en una zona con filtraciones hacia un manto acuífero que se extiende por los municipios de Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz y se intercomunica con Cuautitlán y con el Estado de Hidalgo. Desde este tiradero, operado por la empresa Confinam, se bombean desechos biológicos a la barranca que conduce agua a la Presa Madín en el perímetro de Atizapán de Zaragoza . Esto fue denunciado por las organizaciones: Comité Técnico Ciudadano de Jilotzingo, Sakbe Comunicación y Grupo de Tecnología Alternativa. La Química Guadalupe Ramírez Nieto tomó muestras de este tiradero y las mandó al Laboratorio Imagen Unidad Popotla, para establecer y cuantificar micro-organismos patógenos e infecto-contagiosas de alto riesgo.
El relleno sanitario viola las normas Semarnat 087 de residuos biológicos- infecciosos y 083 de rellenos sanitarios. Aún en dichas condiciones, de noviembre de 2007 a mayo de 2008, el relleno recibió toneladas de desechos biológicos sin tratamiento, depositados por camiones de SaniRent. Los peritajes determinan que los agentes patógenos detectados en este relleno generan las siguientes enfermedades infecciosas: cólera, fiebres hemorrágicas, brucelosis, difteria, meningitis, encefalitis, fiebre q, muermo, tuberculosis activa, hepatitis vírica, tularemia, tufus abdominal, lepra, ántrax, fiebre paratifoidea, disentería bacteriana, rabia y sida. El tiradero presentó desde un inicio irregularidades e ilegalidades, como los permisos de Uso de Suelo autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, para residuos no peligrosos y orgánicos con solo el 35% de humedad.
El tiradero fue cerrado el 8 de mayo de 2008 por el presidente municipal Jaime Mayén Núñez, como respuesta a la demanda de una Comisión de Regidores y por el Notario Publico 109 Lic. Gabriel Luis Ezeta Morales. Sin embargo, a la fecha, con complacencia de autoridades federales, el tiradero sigue operando y sigue recibiendo desechos biológicos.
El municipio de Villa Jilotzingo ha sufrido urbanizaciones ecocidas e intensivas talas clandestinas de árboles que siguen reduciendo sus zonas de filtración. Muchas de las talas fueron autorizadas por funcionarios o comisariados ejidales corruptos, con quienes hubo enfrentamientos y denuncias formales, como las presentadas en 2006 por Francisco y Maximino Roa. Desde 2005 alertamos sobre la necesidad de generar empleos no depredantes ni contaminantes para la población en extrema pobreza de la rica Villa Jilotzingo. Existe una terrible contradicción en este municipio; es rico en biomasa, en mantos acuíferos, en lluvia y en cuerpos superficiales de agua y, sin embargo, una buena parte de su población carece del servicio de agua potable.
Los municipios de Ocoyoacac, de Villa Jilotzingo, de Naucalpan y de Atizapán, forman una sub-cuenca y una relevante reserva de la biosfera, que también soporta a importantes asentamientos humanos y a una muy avanzada etapa de urbanización-industrialización, sin ninguna planeación y con el histórico incumplimiento de normas ecológicas y de desarrollo.
Las zonas de filtración Naucalpan también sufren un proceso acelerado de destrucción y sufre ataques ecocidas contra el Parque de Los Remedios; contra El Cerrito, última zona verde de Lomas Verdes; contra el Parque Otomí en el Ejido de Chimalpa y contra la franja verde contigua al Río Totolica, entre las colonias San Agustín y El Torito. Naucalpan aún conserva grandes mantos acuíferos los cuales, al igual que los Gobiernos del DF y del Estado de México con el Cutzamala, los desperdicia y, además, descarga en éstos sus aguas negras, al tiempo que es incapaz de colectar los grandes volúmenes de agua de lluvia que recibe o los afluentes que derivan de la subcuenca. Mientras, decenas de sus comunidades padecen inundaciones, como Río Hondo y como Jardines del Molinito y otras carecen del servicio de agua potable, como Chimalpa, México 86 y Poza Honda.
1. Dado lo anterior, es urgente que las autoridades involucradas en el tema, en un plazo perentorio, se aboquen a estudiar para determinar el mejor lugar en que debe localizarse el nuevo relleno sanitario.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS y a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, a frenar las actividades contaminantes hacia los mantos acuíferos del noroccidente del Estado de México y se cierre el relleno sanitario en San Luis Ayucan del municipio de Villa Jilotzingo.
SEGUNDO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente-PROFEPA, a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios-COFEPRIS y la Comisión Nacional del Agua, a que de inmediato se reúnan para determinar el lugar en que se debe ubicar el nuevo relleno sanitario y en un plazo perentorio se tomen las acciones necesarias para cerrar el actual en Jilotzingo.
TERCERO. Crear una Comisión en la Cámara de Diputados para que atienda y dé seguimiento a las denuncias de daños ambientales en la sub-cuenca Ocoyoacac-Villa Jilotzingo-Naucalpan-Atizapán, del Estado de México, para garantizar medidas correctivas y para promover precisas obras de conservación y de desarrollo ambiental de las autoridades federales y estatales así como de los gobiernos municipales involucrados.
CUARTO: Que las autoridades competentes informe a la Cámara de Diputados de las acciones que se vayan tomando, con el fin de dar el seguimiento correspondiente.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de agosto del año 2008.
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
DIP. JOAQUÍN HUMBERTO VELA GONZÁLEZ
De la Dip. María de los Ángeles Jiménez del Castillo, a nombre de la Dip. Margarita Arenas Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores dar seguimiento de manera oportuna al proceso judicial en torno a la muerte del Sr. Luis Eduardo Ramírez Zavala.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A EFECTO QUE DÉ SEGUIMIENTO DE MANERA OPORTUNA AL PROCESO JUDICIAL EN TORNO A LA MUERTE DEL SR. LUIS EDUARDO RAMÍREZ ZAVALA, A NOMBRE DE LA DIPUTADA MARGARITA ARENAS GUZMÁN, DEL GPPAN.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
P R E S E N T E
Compañeras y compañeros legisladores
La abajo firmante Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, someto a esta Asamblea con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición como punto de acuerdo de urgente, u obvia resolución mediante el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dé seguimiento de manera oportuna al proceso judicial en torno a la muerte del Sr. Luis Eduardo Ramírez Zavala, bajo el tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
El pasado 28 de julio el Consulado de México en Filadelfia presentó un comunicado que hace referencia al lamentable fallecimiento del ciudadano mexicano de 25 años de edad, Luís Ramírez Zavala, oriundo del Estado de Guanajuato, quien sufrió una abusiva golpiza el sábado 12 de julio en la Ciudad de Shenandoah, Pennsylvania.
Como resultado de estos eventos, el consulado expresó sus más sentidas condolencias a la familia del Sr. Ramírez Zavala y le ha provisto de la protección consular correspondiente y ha dado un cercano seguimiento a todas las investigaciones.
De manera inmediata la representación consular ha dado seguimiento a los cargos presentados por el fiscal de distrito del condado de Schuylkill, para castigar estos reprobables crímenes representan un primer e importante paso para disipar cualquier incertidumbre de impunidad o inadecuada impartición de justicia.
En este mismo sentido, además del lamentable suceso, es que éste pueda derivar del aumento en la tensión social impulsada por grupos anti-inmigrantes que a nivel nacional han generado una escalada en los crímenes por motivos raciales contra las minorías.
En esta tesitura la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los lamentables hechos ocurridos y a su vez nos encontramos comprometidos a fortalecer las acciones legislativas y gubernamentales para revertir la violencia a que se encuentran sujetos nuestros connacionales en todo el territorio de los Estados Unidos de Norte América, rechazando todo tipo de conductas violentas provocadas por motivos raciales, por lo que someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, condena los hechos ocurridos sobre nuestro connacional, Luís Ramírez Zavala, asesinado en territorio norteamericano.
Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dé seguimiento de manera oportuna al proceso judicial en torno a la muerte del Sr. Ramírez Zavala, para que éste no permanezca impune y les sea brindado todo el apoyo necesario a sus familiares.
Tercero. Se solicita que a través de los canales diplomáticos que correspondan, la Secretaría de Relaciones Exteriores verifique si este lamentable hecho sólo se trata de un caso aislado y no de una persecución generalizada en contra la comunidad mexicana por grupos anti-inmigrantes.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 1 de agosto de 2008.
Diputada Margarita Arenas Guzmán
Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal reorientar sus políticas públicas con estrategias y acciones que favorezcan una mayor generación de empleo.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL REORIENTE SUS POLÍTICAS PÚBLICAS CON ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE FAVOREZCAN UNA MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEO, A CARGO DEL SEN. CARLOS LOZANO DE LA TORRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
El que suscribe, Sen. Carlos Lozano de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos estamos al corriente de la problemática del desempleo, los bajos salarios y la falta de oportunidades laborales, realidades que apabullan los discursos y cifras oficiales que pretenden situarnos en la senda del “crecimiento económico”.
Recordamos todavía, que en enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisó a la baja su estimación sobre el crecimiento de la economía mexicana para este 2008, de 3.7 a 2.8 por ciento, debido a la desaceleración económica de los Estados Unidos de Norteamérica, cifra que se mantuvo en línea con lo previsto por el Banco de México, mientras que para los analistas económicos sólo alcanzaremos un crecimiento del 2.6 por ciento en este año.
A ello, habría que añadir los incrementos en los precios internacionales de las materias primas . Amén de que hoy conozcamos por reportes del Banco de México que la inflación anualizada alcanzó el 5.39 por ciento en julio, lo cual deteriora aún más la capacidad adquisitiva de los que menos tienen.
Pero de alguna manera o de otra, el Presidente de la República prometió ser el presidente de los empleos justos y bien remunerados, que sólo ha quedado en eso, como tantos otros ofrecimientos.
Errores conscientes, como el del 14 de febrero pasado, durante una visita a Estados Unidos, donde el Presidente Felipe Calderón presumió:
“Se crearon en México alrededor de 800 mil nuevos empleos en el primer año de mi Gobierno (2007), de tal manera que estamos haciendo nuestra parte de generar condiciones en México para que, en el futuro, nunca más un mexicano tenga que salir por necesidad (al extranjero)”.
En esta misma Tribuna, se hizo saber que metodológicamente estos datos habían sido irresponsablemente alterados, dado que muchos trabajadores reportados como nuevos no lo eran, pues simplemente habían migrado de empleos eventuales a permanentes, revés que significó reconocer sólo la creación de 529 mil nuevos empleos.
Así, la realidad es que el crecimiento anual del número de trabajadores afiliados al IMSS ha mantenido una tendencia peligrosamente descendente desde finales del 2006.
Esto nos habla de una creciente distorsión informativa, falta de transparencia y claridad gubernamental para no reconocer el deterioro o estancamiento de nuestro mercado laboral.
Inquietante resulta, que recientemente el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) con toda ligereza afirmó: "no tenemos una meta de número de empleos para este año como tal, tenemos una para el final del sexenio, es decir que estaremos creciendo a ritmos de 800 mil empleos anuales".
Servidor Público que desconoce las expectativas del Banco de México, en el sentido de que sólo se lograrán generar 370 mil nuevos empleos en este 2008 creándose un déficit de 830 mil empleos tan sólo en este año, pues anualmente requerimos de un millón 200 mil plazas para cubrir por lo menos la demanda de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.
El sector privado, por su parte estima que la cifra de empleos originados en este 2008 se sabrá hasta el final del año, apostando representantes de empresas como Manpower México la creación de entre 620 mil y 670 mil empleos, por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calcula un aproximado de 650 mil nuevas plazas y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) proyecta unas 500 mil .
Escenario que frente a los “triunfalismos” del gobierno, hace notoria la incapacidad de su administración para generar puestos de trabajo productivos, en la medida en que crece la población en edad laboral y que no deja de constituir el principal reto que ahora enfrenta el País.
De no hacer algo, vislumbramos que este desafío se mantendrá en las próximas dos o tres décadas, o más allá si no se reactiva el crecimiento económico y se emplea productivamente la creciente oferta de mano de obra .
Hacemos entonces, un resuelto llamado para que el Ejecutivo Federal reoriente responsablemente sus prioridades y acciones hacia la generación de empleos.
Bajo el entendido, de que el empleo representa la base de una vida digna y su falta, es un problema social grave. No hay persona más pobre que la que carece de un empleo.
Es por las razones expuestas, que solicito a esta asamblea la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza un severo extrañamiento al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por las promesas incumplidas en materia de generación de empleos en lo que va del sexenio, exhortándolo hacia una reorientación de las políticas públicas con estrategias y acciones que favorezcan una mayor creación de fuentes de trabajo.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente solicita la comparecencia del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Javier Lozano Alarcón y del recientemente nombrado Secretario de Economía, Ing. Gerardo Ruiz Mateos, para que expliquen a esta Soberanía sobre las acciones que habrán de emprender para revertir el déficit gubernamental en la generación de los nuevos empleos que demanda el País.
A t e n t a m e n t e,
SEN. CARLOS LOZANO DE LA TORRE
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 de agosto del 2008.
De la Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a desechar de manera inmediata las iniciativas para establecer la cadena perpetua en México.
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a desechar de manera inmediata las iniciativas para establecer la cadena perpetua en México
La suscrita, Diputada Federal Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a desechar de manera inmediata las iniciativas para establecer la cadena perpetua en México
Se presenta dicha proposición con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
El 7 de agosto pasado, el señor Felipe Calderón Hinojosa anunció que ese mismo día enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para establecer la cadena perpetua en contra de los secuestradores. Sin embargo, lo que envió ese día fue un oficio solicitando al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores “tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación del Senado de la República para que a la brevedad posible se sirvan dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal” presentada el 9 de marzo de 2007.
Debido a que en diversos medios de comunicación hicieron notar que no se trataba de una iniciativa sino de la misma que ya ha sido criticada en diversas ocasiones por inconstitucional, el señor Calderón envió al día siguiente la misma iniciativa, que ahora fue turnada a la Cámara de Diputados.
El motivo de la presente proposición es llamar la atención sobre la irresponsabilidad jurídica y política del señor Calderón. No es la primera vez, pero lo que estamos viendo destaca la enorme frivolidad con la que aborda la seguridad pública el actual gobierno federal.
Señalo la frivolidad, porque la gente que se encuentra dentro del gobierno ha admitido que la cadena perpetua, además de que no resuelve nada, es inconstitucional y contraviene los diversos tratados internacionales que México ha suscrito en la materia, empezando con la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la propia página de la Secretaría de Gobernación, tenemos a la mano una muestra de que los responsables de elaborar las propuestas de ley que presenta el señor Calderón han advertido que la cadena perpetua es inconstitucional:
Un estudio anterior a la primera y segunda presentación de la iniciativa,[3] elaborado en octubre de 2006, por el licenciado Enrique Félix Buenrostro Zamudio, Director de Estudio Legislativo de la Dirección General de Estudios Legislativos de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, dice, al proponer una reforma sobre cómo sentar jurisprudencia por contradicción de tesis, lo siguiente sobre la cadena perpetua:
PRISIÓN VITALICIA
A continuación, tendremos a la vista un cuadro comparativo entre los artículos 22, de las constituciones de 1857 y 1917, así como de la reforma que este precepto sufrió en 2005 en su primer párrafo, para observar su evolución desde hace152 años.
|Constitución de 1957 |Constitución de 1917 |Reformas de 2005 |
|Artículo 22. Quedan para siempre |Artículo 22. Quedan prohibidas las penas|Artículo 22. Quedan prohibidas las penas|
|prohibidas las penas de mutilación y de |de mutilación y de infamia, la marca, |de muerte, de mutilación y de infamia, |
|infamia, la marca, los azotes, los |los azotes, los palos, el tormento de |la marca, los azotes, los palos, el |
|palos, el tormento de cualquier especie,|cualquier especie, la multa excesiva, la|tormento de cualquier especie, la multa |
|la multa escesiva (sic), la confiscación|confiscación de bienes y cualesquiera |excesiva, la confiscación de bienes y |
|de bienes y cualesquiera otras penas |otras penas inusitadas y |cualesquiera otras penas inusitadas y |
|inusitadas ó (sic) trascendentales. |trascendentales. |trascendentales./ |
Respecto del primer párrafo del artículo 22 constitucional vigente es dable hacer las siguientes observaciones:
• Desde 1857 no ha sufrido cambios significativos, tan sólo se agregó como pena prohibida la pena de muerte en diciembre de 2005.
• Se trata de una lista enunciativa, más no limitativa de penas que están prohibidas, por lo que el legislador secundario (federal o local) no debe establecerlas en la leyes, pues contravendrían a la Constitución. Tampoco las autoridades ejecutiva ni judicial podrán imponerlas.
• Toda vez que se trata de una enumeración enunciativa, las penas que expresamente prohíbe esta disposición constitucional tienen un doble carácter: están prohibidas y a la vez son un ejemplo de penas inusitadas o trascendentales, de aquí se sigue que pueden existir más penas inusitadas o trascendentales además de las ya previstas en este artículo 22, y por lo tanto también serían indisponibles para las autoridades.
• En efecto, primero se enumeran las penas que están prohibidas, extendiendo posteriormente dicha prohibición a cualquier sanción penal inusitada o trascendental.
De acuerdo con Ignacio Burgoa: Una pena es trascendental cuando no sólo comprende o afecta al autor del hecho delictivo por ella sancionado, sino que su efecto sancionador se extiende a los familiares del delincuente que no participaron en la comisión del delito.8
Por su parte, la autoridad jurisdiccional mexicana ha sostenido en tesis aislada de la Quinta época9, que las penas inusitadas están prohibidas por la Constitución, toda vez que actualizan alguno de los siguientes supuestos: a) Son penas inhumanas, crueles, infamantes y excesivas; b) Se trata de penas cuyos fines no corresponden a aquéllos que persigue la penalidad, que en términos del segundo párrafo del artículo 18 constitucional es la readaptación social10; entre otras.
Tanto la prohibición constitucional de establecer penas inusitadas, como esta opinión jurisdiccional se fundamentan en derechos inherentes al ser humano, tales como el derecho a la integridad física, a no ser sometido a torturas, penas crueles o inhumanas, entre otros.
Es interesante destacar que la citada opinión judicial alude a también a que se considerarán penas inusitadas aquéllas cuyos fines se alejen de la finalidad esencial de la pena, al cual consiste en la readaptación social de la personada penada, por medio del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, en términos del artículo 18 constitucional.
Así pues, la prisión vitalicia es una pena que se aparta de la readaptación social del delincuente, pues la misma niega tal posibilidad, ya que al establecer que quien delinquió no podrá ser liberado, también reconoce, a priori, que no podrá ser readaptado. Entonces es dable afirmar que el Estado mexicano, desde el punto de vista constitucional prohíbe esta pena.
Por su parte, varios instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano prohíben las penas crueles e inhumanas así como los malos tratos; reconociendo, entre otros el derecho a al integridad física y moral de las personas. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, en su párrafo 3 dispone: El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Por lo que este acuerdo también prohíbe, implícitamente la prisión vitalicia.
JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PRISIÓN VITALICIA
Es importante destacar que los criterios que se presentan a continuación corresponden a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, por lo que se trata de jurisprudencia actual que se emitió entre los años 2001 y 2006. En primera instancia se presentarán tres jurisprudencias que establecen que la pena de prisión perpetua es una pena inusitada y por tanto prohibida, mientras que las últimas dos son jurisprudencias que modifican a las primeras y emiten el criterio contrario, es decir que la pena de cadena perpetua no es inusitada y que por ende no está prohibida.
Por otro lado, es interesante señalar que las primeras tres jurisprudencias se aprobaron el dos de octubre de 2006 por seis votos a favor y dos en contra, ya que los tres Ministros restantes se encontraban ausentes. El primer criterio se establece en la Tesis P/J 125/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por contradicción de tesis y cuyos rubro dispone:
a) Extradición. La pena de prisión vitalicia constituye una pena inusitada prohibida por el artículo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, por lo que para que se tramite aquélla, el estado solicitante debe compro - meterse a no aplicarla o a imponer una menor que fije su legislación.
En este criterio se reconoce que la cadena perpetua es una pena inusitada, pues se aparta del objeto que debe poseer toda penalidad en México, es decir la readaptación social y se encuadra dentro de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional.
El segundo criterio (Tesis P/J 126/2001) es el siguiente:
b) Pena inusitada. Su acepción constitucional. Según el espíritu del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el término inusitado aplicado a una pena no corresponde exactamente a la acepción gramatical de ese adjetivo, que significa lo no usado, ya que no podría concebirse que el Constituyente hubiera pretendido prohibir la aplicación, además de las penas que enuncia el citado precepto 22, de todas aquellas que no se hubiesen usado anteriormente; interpretar gramaticalmente el concepto, sería tanto como aceptar que dicha disposición constituye un impedimento para el progreso de la ciencia penal, pues cualquier innovación en la forma de sancionar los delitos implicaría la aplicación de una pena inusitada. Así, por “pena inusitada”, en su acepción constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad.
Por otro lado, la interpretación es sistemática, pues armoniza la disposición en comento con la finalidad de la pena, que de acuerdo con la antes revisado es la readaptación social, por lo que simplemente reproduce el mismo argumento que la tesis anterior.
La tercera tesis que se presenta es la Tesis: P./J. 127/2001, que a la letra señala:
c) Prisión vitalicia. Constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional. Si por pena inusitada, en su acepción constitucional, se entiende aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines punitivos; ha de concluirse que la prisión vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la legislación mexicana la pena de prisión siempre ha tenido un límite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el artículo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptación social del delincuente...
Se confirma la inconstitucionalidad de la pena de prisión vitalicia, se afirma la contravención a otra norma constitucional, el artículo 18 constitucional que establece como fin de la pena a la readaptación social. También se corrobora el carácter de pena inusitada y prohibida por el artículo 22 constitucional.
Ahora bien, con motivo de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 19 de septiembre de 2005, en la acción de inconstitucionalidad 20/2003, en la que se analizó la constitucionalidad del artículo 27 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, el Pleno de la Corte consideró que la pena de prisión vitalicia o perpetua no es contraria al artículo 22 de la Constitución General de la República.
En virtud de lo anterior, algunos Ministros de la Suprema Corte solicitaron la modificación de las jurisprudencias que se revisaron, toda vez que existían dos criterios diferentes, pues en el caso de la acción de inconstitucionalidad, ésta no alcanzó la mayoría calificada de 8 Ministros para tener efectos generales.
Las siguientes dos jurisprudencias son producto de esta solicitud de modificación, las cuales se aprobaron el 29 de noviembre de 2005 con el voto a favor de seis Ministros y cinco en contra. No hubo inasistencias. Tesis P/J 2/2006:
d) Extradición. La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, por lo que cuando aquélla se solicita es innecesario que el estado requirente se comprometa a no aplicarla o a imponer una menor que fije su legislación. Y tesis p/j 1/2006
e) Prisión vitalicia. No constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Simple y llanamente, los seis Ministros que aprobaron estas jurisprudencias por contradicción de tesis se acogen a una recalcitrante postura positivista. Si la pena de prisión vitalicia no se encuentra en el artículo 22 constitucional que establece las penas indisponibles para la autoridad, entonces está permitida. Esta postura además es muy parcial, pues siendo positivista también debió atender al artículo 18 constitucional, así como a los tratados internacionales firmados por México en la materia. Lamentablemente esta jurisprudencia es obligatoria por mayoría de un sólo voto y modificó la tesis primeramente referidas.
CONCLUSIONES
Cabe una crítica al sistema para crear jurisprudencia por contradicción o modificarla por este mismo método, pues basta el voto de un solo juzgador para que sea obligatoria, pues no se exige, como en los demás casos para formar, interrumpir y modificar jurisprudencia, de una mayoría calificada, que al menos garantice que la solución adoptada no depende de la opinión de una sola persona, como sucedió en el caso de la naturaleza jurídica de la prisión vitalicia que hasta octubre de 2006 era considerada como una pena prohibida, de las previstas en el artículo 22 constitucional.
Por lo anterior, se propone adicionar el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo en los siguientes términos:
Artículo 192...
...
También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados, siempre y cuando se aprueben por lo menos por ocho ministros.
_________________________
7 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre, poe el cual el Poder Constituye Permanentemente derogó la posibilidad de que el legislador segundario impusiera la pena de muerte.
8 Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantías individuales. México, ed. Porrúa, 2000. p. 662.
9 Registro IUS: 313147 Quinta Epoca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL, p. 2398, aislada, Penal. Rubro: PENAS INSUSITADAS Y TRASCENDENTES, QUE SE ENTIENDE POR
10 Artículo 18 constitucional. ... Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
De este texto firmado por el Director de Estudio Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se advierte que en el propio Gobierno del señor Calderón existen juristas serios, que partiendo de la obvia inconstitucionalidad de la última jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia sobre la prisión vitalicia, propuso cambiar la forma para sentar jurisprudencia por contradicción de tesis.
Ello denota, sin querer, el carácter improvisado y frívolo de las propuestas legislativas de Calderón, en primer lugar, porque se observa que no consulta a los encargados de estudiar la ley; en segundo, porque hace obvio que no le interesa modificar la conducta de las instituciones a su mando, no le interesa corregir desde adentro, con propuestas y medidas profundas, para lo que sólo recicla iniciativas inconstitucionales cada que la ola de crímenes que su gobierno no puede contener arremete contra la sociedad como lo ha hecho últimamente.
Podríamos poner 100 cadenas perpetuas y qué, quién va a detener la delincuencia, cómo va a evitarse.
No nos llama la atención que Calderón no pueda responder a dos años de gobierno espurio estas preguntas que deberían ser las que debió haber sabido desde su carísima campaña electoral.
Por las consideraciones mencionadas, deben desecharse de inmediato las iniciativas de Calderón para establecer la cadena perpetua en México, por oportunistas, frívolas y notoriamente improcedentes.
En consecuencia, someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a las comisiones de Justicia de las Cámaras de Senadores y de Diputados a desechar de inmediato las iniciativas de Felipe Calderón Hinojosa para establecer la cadena perpetua en México, por oportunistas, frívolas y notoriamente improcedentes, ya que contravienen los artículos 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de junio de 2008.
DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA
Del Dip. Felipe Díaz Garibay, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal por sus acciones a favor de la prevención y tratamiento del SIDA en nuestro país.
LIC. SANTIAGO CREEL MIRANDA
Presidente de la Comisión Permanente
del Honorable Congreso de la Unión
Presente.
El suscrito Diputado Federal, Felipe Díaz Garibay, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, HAGA UN RECONOCIMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL POR SUS ACCIONES A FAVOR DE LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL SIDA EN NUESTRO PAIS Y EXHORTE A LA MISMA DEPENDENCIA A CONTINUAR IMPULSANDO LAS ACCIONES PARA BENEFICIO DE LOS ENFERMOS DE ESTA EPIDEMIA Y MANTENGA LOS ESFUERZOS EN MATERIA DE PREVENCION DE CONTAGIOS Y ERRADICACION DE LA DISCRIMINACION HACIA EL SECTOR DE LA SOCIEDAD QUE LO PADECE, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. En 2007 hubo en América Latina 120,000 nuevos casos de infecciones y 70,000 muertes por VIH-SIDA y los expertos calculan que para 2015 unas 3,5 millones de personas vivirán con la enfermedad y 1,5 millones morirán a causa de la misma. Según las últimas cifras de ONUSIDA, en América Latina viven 1,7 millones de seropositivos, de los cuales 47,000 son niños y unos 400,000 jóvenes de entre 14 y 24 años de edad. Además, un 65% de las personas contagiadas de VIH viven en los países más grandes de la región: Argentina, Brasil, Colombia y México.
Argentina, Brasil y Colombia son los países con mayores epidemias en la región, en principio debido a sus grandes poblaciones. Brasil posee más de un tercio de todas las personas que viven con VIH-SIDA en América Latina. A pesar de su población relativamente pequeña, las tasas más altas de prevalencia de VIH se encuentran en Belice, Guatemala y Honduras — donde aproximadamente el 1% de los adultos o más estaban infectados con VIH a finales de 2003.
2. Según datos del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA, la incidencia en nuestro país al 30 de junio de 2008, es de 121,718 casos registrados y acumulados de SIDA, registrándose 3,896 en lo que va del 2008, de los cuales 1,767 fueron detectados y diagnosticados oportunamente. De ellos aproximadamente el 77% es en hombres, el 21% en mujeres y el 2% en menores de 15 años (SIDA pediátrico).
México ocupa el segundo lugar de casos notificados en América latina, después de Brasil, lo que nos debe motivar a reflexionar sobre la magnitud del problema que representa el sida en nuestro país, y aunque la epidemia se mantiene con una de las menores tasas de incidencia con respecto a los países del continente, por la cantidad de su población figura en las estadísticas con este puesto. No obstante, la magnitud del problema exige acciones eficaces y permanentes de las autoridades gubernamentales a efectos de mitigar la propagación de la epidemia y la pérdida de más vidas humanas.
3. El Presidente Felipe Calderón durante una reunión celebrada en Los Pinos con integrantes de la comunidad lésbico-gay y sexoservidoras dijo, cito: “es fundamental que las autoridades, los partidos políticos y la sociedad civil trabajemos juntos, sin distingos ideológicos, políticos o culturales para enfrentar el desafío del VIH-SIDA, toda vez que está de por medio la salud de miles de mexicanos”, y se comprometió a reforzar los programas para erradicar la homofobia y a reducir el costo de los medicamentos antirretrovirales que requieren las personas con VIH-SIDA, los cuales, en ocasiones, cuestan cuatro veces más que en otros países.
Unos días después, el 3 de agosto, anunció que el Gobierno de México ha decidido eliminar el requisito de planta que permitirá a laboratorios de otras naciones introducir y comercializar medicamentos retrovirales, lo cual redundará en una mayor oferta de las mismas. Agregó además que a través del sistema de salud público, durante todo el sexenio, continuará con la política de proveer todos los medicamentos antirretrovirales a los derechohabientes y a quienes no son beneficiarios de manera gratuita, la meta es lograr la cobertura universal para el año 2010.
4. Para el combate a la epidemia, la Secretaria de Salud ha implementado, entre otros, el Programa de Unidades Ambulatorias, que está integrado por 60 CAPASITS (Centros Ambulatorios de Prevención y Atención al SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual) a nivel nacional, de los cuales 52 ya están operando. Los llamados CAPASITS, son establecimientos de salud para la atención especializada de pacientes y sus familias que viven con el VIH-SIDA o que portan alguna infección de transmisión sexual.
Los CAPASITS cuentan con una estructura de recursos humanos que consiste en médicos especialistas en la atención a personas con esta enfermedad o con infecciones de transmisión sexual. Un equipo conformado por enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos y en algunos casos, también, odontólogos que proporcionan servicios de información, consejería y detección oportuna de las enfermedades, así como la promoción de acciones de prevención a la comunidad. Con esto se asegura una atención médica, sicológica y social a pacientes y familiares.
5. Además, el 3 de junio pasado, por tercer año consecutivo, la Secretaría de Salud entregó a través del CENSIDA, apoyos financieros a los mejores proyectos de prevención focalizada de la transmisión del VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, realizados por Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones académicas, con un importe cercano a los 35 millones de pesos, cantidad 24% mayor con respecto a la que se estableció en 2006 cuando inició el concurso.
Este año se financiarán 110 proyectos que se desarrollarán en todo el país. Estos proyectos ayudarán a reducir el riesgo de contagio entre usuarios de drogas intravenosas, prevenir infecciones de transmisión sexual en los trabajadores y las trabajadoras del sexo comercial, fomentar el diagnóstico oportuno en las mujeres embarazadas y, en general, detectar tempranamente la portación del virus.
La colaboración entre las ONG´s e instituciones académicas con la Secretaría de Salud, con intervenciones de educación sexual, se enfoca a inducir el cambio de comportamiento y actitud, promover el uso del condón y contribuir en la disminución del estigma y la discriminación hacia las personas con VIH-SIDA.
6. El Gobierno Federal es sensible a las inquietudes expresadas por los pacientes, las organizaciones de la sociedad civil, personal de salud, académicos e informadores en torno a los altos precios de los medicamentos reservados al VIH-SIDA. Por ello, se ha constituido la Comisión Negociadora de Precios de Medicamentos, una instancia de diálogo entre la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y compañías farmacéuticas; destaca que, en los últimos días, se ha tenido una positiva respuesta por la industria farmacéutica para rebajar el precio de medicamentos contra el padecimiento.
El 1° de agosto pasado, gracias a negociaciones del gobierno federal, los medicamentos Isentress (Raltegravir) y Stocrin (Efavirenz) del laboratorio MSD tendrán una reducción en el costo de entre 37,5% y 41% respectivamente para el último semestre de 2008 y todo el 2009, lo cual significarán ahorros millonarios para el gobierno.
El precio por un tratamiento mensual con el antirretroviral Stocrin, un medicamento de primera línea o convencional, bajará de 777 pesos a 458 pesos. El de Isentress, una nueva clase de antiretroviral para aquellos pacientes que ya no responden a medicamentos convencionales y que por lo mismo es más caro, pasará de nueve mil 50 pesos a seis mil 851 pesos. La Secretaría de Salud negocia con otros seis laboratorios para que también les reduzcan los precios de los antiretrovirales, y espera llegar a un acuerdo en los siguientes días.
7. El director ejecutivo de ONUSIDA, Peter Piot, felicitó a los países de América Latina que brindan acceso universal promedio a tratamientos para enfermos de Sida, "muchos países en la región, incluido México, han tenido ese acceso universal a tratamientos, tengo que felicitarlos porque proporcionan servicios para evitar la transmisión de VIH-SIDA a menores y con ello inspiran a otras regiones del mundo", dijo.
Cabe resaltar la importancia que le da México a este tipo de enfermedades y, por ello, otra de las acciones a destacar es la coordinación que nuestro país ha logrado establecer con organismos internacionales, a través de una estrecha cooperación técnica en materia de servicios de salud preventiva para las poblaciones vulnerables. Lo anterior se ve reflejado en mesas de trabajo, publicaciones conjuntas, materiales diversos, entre otros, que orientan especialmente a los jóvenes sobre educación y prevención de la infección y promueven la salud sexual y reproductiva ante estas estrategias.
Estas acciones, refrendan el compromiso del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud para con los mexicanos, mediante la implementación de estrategias concretas y responsables orientadas a la disminución de casos de esta epidemia en nuestro país.
8. El 3 de agosto pasado, dio inicio la Conferencia Internacional sobre SIDA, cuya sede ha sido destinada a nuestro país, siendo la primera vez que se realiza en un país de América Latina lo que hizo posible tuviera lugar, además, la primera visita oficial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, a México, quien inauguró dicha conferencia en la que participaron más de 20 mil personas.
Pero cabe preguntarse, ¿Por qué elegir a México como sede de tan importante evento? Los propios organismos internacionales han reconocido la función estratégica de México en la prevención de la epidemia y la trascendencia de sus acciones en este rubro. El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, declaró recientemente sentirse complacido del liderazgo de México en la campaña internacional de la lucha contra el sida.
Si bien debe reconocerse que aún hay mucho por hacer, consideramos conveniente que el activismo del Gobierno Federal a través de a Secretaria de Salud es merecedor de un justo reconocimiento y un respetuoso exhorto para que continué con dichos esfuerzo para beneficio de los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconoce los avances obtenidos en materia de prevención y tratamiento del SIDA en nuestro país por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y exhorta a dicha dependencia a continuar impulsando acciones para beneficio de los enfermos de esta epidemia y a mantener los esfuerzos en materia de prevención de los contagios y erradicación de la discriminación hacia el sector de la sociedad que lo padece.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, Cámara de Senadores, miércoles 13 de Agosto de 2008.
De la Dip. Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a consumir vino nacional en los eventos que realice.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A CONSUMIR VINO NACIONAL EN LOS EVENTOS QUE REALICE, A CARGO DE LA DIP. BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El vino tiene su origen en la cultura griega, ya que fueron quienes llevaron la vitivinicultura a la península ibérica, hace aproximadamente veintisiete siglos. En España el cultivo de la vid alcanzó, al igual que en Francia, Italia y Portugal, un notorio auge al correr de los siglos.
En 1942, cuando se descubrió América, en los cargamentos que zarpaban hacia el Nuevo Mundo, se incluían importantes cantidades de barricas con vino, debido a que los conquistadores y colonizadores españoles lo consumían, ya que constituía parte fundamental de su dieta cotidiana, y por ello se incrementó rápidamente la comercialización de esta saludable bebida en las tierras recién descubiertas.
Corresponde a Hernán Cortés el mérito de haber sido el principal promotor del cultivo de la Vitis vinifera en lo que hoy en día es México, el primer sitio del continente americano donde comenzó a cultivarse regularmente la vid.
El viñedo de la Nueva España comenzó a extenderse a partir de la Ciudad de México, capital del virreinato más floreciente de la metrópoli hispana, hacia las regiones septentrionales: Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, alcanzando posteriormente un gran desarrollo en el Valle de Parras, y luego en Baja California. Posteriormente fueron llevadas las viñas a América del Sur, alcanzando en Perú, Chile y Argentina formidable desenvolvimiento.
Es hasta el siglo XX cuando comienza a registrarse un modesto auge en la producción y calidad de los vinos mexicanos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial quedaron interrumpidas las importaciones de vinos europeos, y en 1942 fue expedida una ley, mediante la cual se reglamentaba la producción de vinos nacionales. Seis años más tarde fue creada la Asociación Nacional de Vitivinicultores, que afilió inicialmente a quince empresas. En el período comprendido entre los años 1950 y 1954 se incorporaron catorce compañías más.
En 1980, en el Congreso Internacional de la Vid y el Vino, y la septuagésima Asamblea General del Vino, se reconoció a nivel mundial la creciente calidad de los vinos mexicanos. En ese momento existían más de veinte compañías productoras de vinos, con más de ochenta marcas diferentes, en el mercado nacional. Después de 1982, cuando quedaron cerradas las fronteras a los vinos extranjeros, se registró un breve lapso de bonanza para los vitivinicultores mexicanos. Las autoridades gubernamentales afirmaron que la reapertura sería gradual y paulatina, pero la realidad fue muy diferente. Al permitirse la comercialización de vinos importados, en forma amplia e indiscriminada, sobrevino el cierre de numerosas empresas.
Como resultado de la apertura económica producto de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), disminuyeron aún más las empresas vitivinícolas registradas en el ámbito nacional.
Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, así como de la FAO, en el año 2005, México se encontraba en el lugar 24 como país productor de vino, por abajo de Chile que está en el lugar 10, Argentina en el lugar 5 y Francia en el lugar número 1, sin descartar el ascenso de Sudáfrica ó de Australia.
En cuanto a las importaciones tenemos que se registraron más de 104 millones de dólares, siendo los países a los que más importamos son España, Chile y Francia.
Lamentablemente en ese mismo año solo exportamos cerca de 3 millones de dólares, a países como Estados Unidos, Alemania y Francia.
Las principales regiones donde se cultiva son Baja California, Querétaro, Coahuila, Zacatecas, Durango, Sonora y Aguascalientes.
Al ser un país consumidor de vino y con una tradición productiva, es necesario que se impulse el vino nacional. Además de que es indudable que la calidad de los vinos elaborados en México ha merecido reconocimiento mundial, pues son numerosas las compañías nacionales cuyos vinos han obtenido premios, de manera muy repetitiva, en los más importantes concursos a nivel mundial.
La mejor manera de darle reconocimiento a nuestros vinicultores, es impulsando la producción nacional y consumiendo los vinos de gran calidad que tenemos, y con ello nuestro gobierno tiene que desempeñar un papel activo y promotor.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, conforme al siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal, de los Estados y de los municipios, a impulsar el desarrollo de la vitivinicultura nacional, promoviendo el consumo del mismo en todos los eventos que se realicen, y que lo requieran, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, Estatal y Municipal.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2008
DIP. BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Del Dip. Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a abstenerse de utilizar el padrón de beneficiarios de los programas sociales para fines políticos con miras al proceso electoral del 2009.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL SE ABSTENGA DE UTILIZAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA FINES POLÍTICOS CON MIRAS AL PROCESO ELECTORAL DEL 2009, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
El que suscribe, Carlos Ernesto Navarro López, Diputado Federal de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes:
Consideraciones
El martes 19 de agosto, el Periodista Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras que aparece en el periódico El Universal publicó que en próximas fechas el Ejecutivo Federal enviará una misiva personalizada a cada uno de los millones de beneficiarios de los programas sociales con un costo que oscila entre los 180 y 240 millones de pesos según la información que le fue proporcionada.
En la columna se detalla que la carta llevará una fotografía de Felipe Calderón y un saludo personalizado del mismo, como parte de la estrategia de difusión del segundo informe de gobierno.
La estrategia según revela el columnista es, “además de promover la imagen del Presidente y de su política social”, posicionar ante los beneficiarios que los apoyos materiales o económicos son de parte del Gobierno Federal, ya que según han detectado mediante encuestas y grupos de enfoque más del 60% de ellos creen que los recursos que reciben son por parte del gobernador de su estado.
Sostiene García Soto que para elaborar las cartas se tomaron como base los padrones de todas las dependencias del área de Desarrollo Social. Asimismo, se pidió que el costo fuera cargado al presupuesto de cada una de ellas.
“Cálculos que se manejan en la Sedesol señalan que el costo de impresión de cada carta, en la cotización de Talleres Gráficos de México, sería de un peso. A eso se añadirían los costos de envío, que estiman en tres pesos…”.
Y continua: “Es decir, el costo aproximado de las cartas que enviará el Presidente a los millones de beneficiarios de sus ayudas sociales sería de entre 180 y 240 millones de pesos, según datos que manejan en la Sedesol”.
“El Presidente se propone aprovechar la “tregua legal” que le da el Cofipe para difundir información y publicidad, con su nombre o su imagen, sobre sus obras de gobierno en el lapso de 12 días —seis antes y seis después de su informe—, por lo que el envío de las cartas se realizará entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre”.
“Para la impresión de la carta se elaboró un machote enviado desde Los Pinos a las dependencias, con espacios en blanco para los datos de cada programa. En el texto, que aparece junto a la foto del presidente Calderón en color, se lee la frase: “Para que vivas mejor, con mi segundo informe de gobierno”, seguida de la firma del primer mandatario”.
No es la primera vez que Felipe Calderón utiliza la información confidencial, para beneficio de él y el partido al que pertenece, que contienen los padrones de beneficiarios, amparado en el lastre de la impunidad durante la pasada contienda electoral utilizó ilegalmente la misma estrategia para sacar provecho de la entrega de los recursos económicos que reciben miles de mexicanos que padecen pobreza y marginación.
Sin importarle que los Programas Sociales sean el Eje Rector de una Política de Estado que va más allá de los intereses electorales de cualquier funcionario público del ámbito federal, estatal, municipal o de otro órgano de gobierno.
La Ley General de Desarrollo Social establece que La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los objetivos fundamentales de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social.
Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución, fortalecer el desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.
La misma ley señala que: “Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Asimismo, en su Titulo Segundo la Ley especifica en su artículo 10, fracción III, que son derechos de los beneficiarios “Tener la reserva y privacidad de la información personal”.
Una de las razones fundamentales de la necesidad de contar con una Ley en materia de Desarrollo Social fue el de separar la Política Social de Estado de los intereses partidistas del gobierno en turno, lo cual fue muy notorio durante la existencia del viejo régimen autoritario priista que se caracterizo por la utilización de los recursos públicos de forma clientelar.
Situación que el Partido Acción Nacional criticó severamente en múltiples ocasiones, incluyendo la época en que el ciudadano Felipe Calderón fue presidente de ese instituto político, y que desde que ejercen el poder han olvidado.
Es evidente que la finalidad de la misiva que pretende enviar Calderón va dirigida a posicionar a su partido con miras al proceso electoral de 2009, con lo que viola flagrantemente el anhelo de todos los mexicanos que tan sabiamente supo entender el Congreso de la Unión y que quedó plasmado en la reciente reforma al Artículo 134 constitucional de prohibir la utilización de recursos públicos para promocionar a algún funcionario.
No es ético, gastar inmensas cantidades de dinero en propaganda personal, y mucho menos es ético hacerlo cuando esa propaganda va dirigida a los más pobres de este país.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Primero: Se exhorta al Ejecutivo Federal se abstenga de promocionar su gobierno mediante la utilización de la información que contienen los padrones de beneficiarios de los programas sociales.
Segundo: Se exhorta al Ejecutivo Federal realice una promoción del contenido de su Segundo Informe de Gobierno con apego al principio de austeridad que las leyes y, sobre todo, la dura realidad económica por la que atraviesa el país exige.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 20 de agosto de 2008.
Diputado Federal
Carlos Ernesto Navarro López
De los Diputados Nelly Asunción Hurtado Pérez, Liliana Carbajal Méndez y Edgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales y del Distrito Federal, analizar la procedencia de la implantación de mecanismos tendientes a mejorar la seguridad social de los policías en activo, así como de dotar de mejores apoyos a las familias de aquéllos en el ejercicio o con motivo de sus funciones.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE ANALIZAR LA PROCEDENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DE MECANISMOS TENDIENTES A MEJORAR LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS POLICÍAS EN ACTIVO; ASÍ COMO DE DOTAR DE MEJORES APOYOS A LAS FAMILIAS DE AQUELLOS QUE HAN FALLECIDO EN EL EJERCICIO O CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES.
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
P R E S E N T E.
Con fundamento en la Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, los Suscritos Diputados Federal Nelly Asunción Hurtado Pérez, Liliana Carbajal Méndez y Edgar Armando Olvera Higuera, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los Titulares de las Secretarias de Seguridad Pública Estatales y del Distrito Federal, a fin de analizar la procedencia de la implantación de mecanismos tendientes a mejorar la seguridad social de los policías en activo; así como de dotar de mejores apoyos a las familias de aquellos en el ejercicio o con motivo de sus funciones.
CONSIDERACIONES
La seguridad pública se ha convertido, en el principal reclamo de la ciudadanía, encabezando la agenda y el quehacer político nacional.
El alto índice delictivo, principalmente de los relacionados con el crimen organizado, ha obligado al Ejecutivo Federal y las diversas esferas de Gobierno a realizar diversas acciones de coordinación para combatirlo frontalmente.
En estas diversas acciones se ha invertido una gran cantidad de recursos materiales, técnicos, operativos y humanos; pero resultan innegables las pérdidas que ha habido en esos mismos rubros. El reiterado de los cuerpos policiacos ha obligado al Ejecutivo a redefinir el esquema y perfil de las fuerzas de seguridad, a fin de contar en lo sucesivo con una policía científica honesta y profesional.
Se busca que las instituciones policiacas cuenten con los más altos estándares de calidad y con las mejores tecnologías para combatir el crimen. Se buscan que los elementos que se integren a las fuerzas de la policía, sean policías con identidad histórica, con elevada preparación y con vocación al servicio, oficiales que estén a la vanguardia en la técnica, la ciencia y la tecnología policiales, mandos con sentido estratégico, capacidad de liderazgo y visión de futuro; con valores del honor, la justicia, la lealtad, la honradez y el servicio a la Patria.
El Ejecutivo Federal ha sostenido que las instituciones de servicio como la Secretaría de Seguridad Pública, solo se fortalecen con la probidad de sus miembros, con el respeto permanente a su ética y sus valores, con el orgullo de dar lo mejor de sí mismos en beneficio de la comunidad. Sin embargo a reconocido que tener una policía preparada patriota y honesta es importante, indispensable para ganar la batalla a los delincuentes, pero no es suficiente, puesto que se requiere avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales de las fuerzas del orden.
Es indudable que resulta una exigencia mejorar la calidad de vida de quienes velan por la seguridad del País, que aunado a un salario decoroso, estabilidad laboral y opciones de desarrollo profesional, se procure mejorar las condiciones de seguridad social de los policías, en beneficio de estos y de sus familiares derechohabientes, a fin de garantizarles que su familia no quedará desamparada en caso de que ellos sufrieran un daño grave en su persona o perdieran la vida en el cumplimiento del deber.
En congruencia con lo anterior el pasado 15 de octubre de 2007, en el marco de la inauguración de la Academia Superior de Seguridad Pública, en San Luis Potosí, el Ejecutivo Federal, anunció la creación de dos nuevos fondos de prestaciones para los policías federales y sus familias: el primero permitirá a los oficiales y al personal administrativo de la SSP contar con un financiamiento para comprar una vivienda digna y, como parte de ese compromiso entregó ese mismo día los primeros certificados de crédito a trabajadores de esa institución.
El segundo consiste fondo consiste en la creación de un seguro de vida e invalidez en beneficio de los oficiales y sus dependientes económicos, a fin de garantizar a los policías que sus seres queridos no quedarán en el desamparo en caso de que algo les ocurra durante el cumplimiento del deber.
El Ejecutivo en ese mismo acto, mencionó que solicito e instruyo a la Secretaria de Educación Pública un esquema de becas educativas para los policías, sus cónyuges y sus hijos para que puedan concluir su bachillerato, y se abran, además, nuevas opciones educativas para estudios profesionales.
En ese sentido, es necesario que las Entidades Federativas y el Distrito Federal, también realicen lo propio a fin de mejorar las condiciones de seguridad social tanto de los policías en activo como de la familia de aquéllos que perdieron la vida en el ejercicio o con motivo de sus funciones, máxime si se toma en consideración que hoy más que nunca, la policía ha tenido tanta presencia en el escenario en la lucha contra la inseguridad pública; por que se han establecido diversos operativos en diversas zonas del país y para ello se han desplegado un gran número de elementos para hacer efectivos tales operativos.
Por lo tanto, se exhorta a las Entidades Federativas y al Distrito Federal a que en el ámbito de su competencia consideren la posibilidad de analizar la procedencia en la implantación de mecanismos tendientes a mejorar la seguridad social de los policías en activo; así como de dotar de mejores apoyos a las familias de aquellos que han fallecido en el ejercicio o con motivo de sus funciones, como el modelo implementado por el Ejecutivo Federal, a fin de hacer efectiva la garantía de seguridad social de los servidores de seguridad pública y de sus familias.
En efecto, es del conocimiento general, la gran cantidad de ejecuciones y asesinatos que han ocurrido en nuestro País, sobre todo en lo que va del año y, de ello no han escapado los servidores públicos que con motivo o en ejercicio de sus funciones han sido privados de la vida, ya en enfrentamientos directos o en ejecuciones.
No se soslaya el hecho de que si bien recientemente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma Constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, que en lo que interesa, se reformó la fracción XIII al apartado B del artículo 123 de la Constitución y se adicionó el penúltimo párrafo que señala: “ las autoridades del orden federal… a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social”, sin embargo estas disposiciones complementarias no se instrumentarán sino hasta que se hagan las reformas legales correspondientes, mientras tanto a diario nuestros policías se ven sometidos al riesgo inherente al cumplimiento de su deber y, muchos de ellos pierden la vida, de ahí la necesidad de instrumentar de manera urgente medidas que mejoren sus condiciones de seguridad social en tanto se institucionalizan en un cuerpo normativo.
Poe ello, consideramos necesario presentar a esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo:
PRIMERO.- Se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales y del Distrito Federal, a fin de analizar la procedencia en la implantación de mecanismos tendientes a mejorar la seguridad social de los policías en activo; así como de dotar de mejores apoyos a las familias de aquellos que han fallecido en el ejercicio o con motivo de sus funciones.
SEGUNDO.- En su momento, se informe a esta Soberanía los acuerdos logrados al efecto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de agosto de 2008.
Dip. Nelly Asunción Hurtado Pérez
Dip. Liliana Carbajal Méndez
Dip. Edgar Armando Olvera Higuera
Del Dip. Ariel Castillo Nájera, a nombre de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a asignar al Instituto Federal Electoral los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones y atribuciones, con base en la correspondiente solicitud de ampliación presupuestal que dicho Instituto le formuló en forma y tiempo.
El suscrito, Ariel Castillo Nájera, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre de los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.- Que el proceso de democratización del Estado mexicano requiere una serie de acciones legislativas, políticas e institucionales para consolidar la existencia de una democracia plena que satisfaga las aspiraciones de los ciudadanos y los diversos actores políticos y sociales.
2.- Que, en función de lo anterior, en el año 2007 el Constituyente Permanente realizó la reforma de los artículos 6, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134 de nuestra Carta Magna, para adecuar el marco jurídico que rige las instituciones y procesos electorales a la nueva realidad política y social.
3.- Que, en congruencia con la reforma constitucional mencionada, en el mismo año de 2007 el Congreso de la Unión aprobó el decreto por el que se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación ocurrió el 14 de enero del presente año.
4.- Que, derivado de lo anterior, el Instituto Federal Electoral adquirió nuevas obligaciones y atribuciones, ineludibles para cumplir con las nuevas disposiciones legales en materia electoral, tales como, entre otras, las siguientes:
• El IFE está obligado a realizar de manera integral y directa, todas las actividades necesarias para cumplir cualquiera de sus atribuciones en materia de radio y televisión, entre las que se encuentra el monitoreo de medios de comunicación encaminado a verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión. Esto implica una mayor responsabilidad para el IFE, dado que la nueva legislación electoral prevé que el acceso a medios está restringido a las prerrogativas otorgadas a los partidos.
• Los precandidatos y candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad en radio y televisión Tampoco podrán contratar tiempos: dirigentes, afiliados a un partido o personas (físicas o morales) para su promoción personal con fines electorales o influir en las preferencias del voto.
• El Comité de Radio y Televisión del Instituto, será responsable de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a programas y mensajes de los partidos políticos, formuladas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como los demás asuntos que en la materia conciernen a éstos. Los mensajes de campaña y precampaña de los partidos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto.
• El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias. Los resultados se harán públicos, por lo menos cada 15 días, a través de los tiempos destinados a la comunicación social del Instituto y en los demás medios informativos que determine el propio Consejo General.
• El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión. Además, dispondrá, en forma directa, de los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión.
5.- Que el cumplimiento de las obligaciones del IFE antes señaladas, derivadas de la nueva legislación en la materia, son fundamentales para generar las condiciones necesarias para garantizar la equidad en los procesos electorales, porque de este modo se asegurará que el acceso a los espacios de radio y televisión del Estado por parte de los partidos políticos obedecerá a los acuerdos alcanzados en el propio IFE; porque se vigilará que particulares no autorizados influyan en las preferencias electorales; porque se observará que los titulares de los distintos órdenes de gobierno no utilicen los medios para promover sus imágenes y proyectos políticos; y porque se monitorearán los contenidos de los espacios noticiosos de los medios para detectar posibles presencias desproporcionadas de algún candidato o partido.
6.- Que la equidad en las contiendas electorales es una condición fundamental, para que las elecciones sean reconocidas por todos los actores como la única vía legítima para acceder al poder y la representación. Si las condiciones en que transcurre la competencia político electoral son equitativas, sin ventajas evidentes para algunos de los contendientes, se contribuye así a la legitimación creciente de las elecciones y se facilita la coexistencia de la pluralidad política, la diversidad ideológica y la competencia democrática.
7.- Que, en función de lo anterior, es necesario que el IFE cuente con los recursos indispensables para cumplir sus obligaciones. En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008, establece en su artículo vigésimo primero transitorio, que el IFE podrá solicitar ampliaciones a su presupuesto con el fin de atender sus nuevas atribuciones, administración, distribución y vigilancia de los tiempos oficiales derivado de las reformas constitucionales y legales en materia electoral.
8.- Que el IFE solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tiempo y forma, el 31 de marzo de 2008, la ampliación presupuestal en comento y que asciende a la cantidad de 1,453.6 millones de pesos.
9.- Que el proceso electoral federal que culminará en julio de 2009 comienza formalmente en octubre de 2008, razón por la cual el IFE requiere con urgencia, en el presente año, los recursos necesarios para cumplir sus nuevas obligaciones, sin poder esperar hasta la aprobación y entrada en vigor del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Con base en las consideraciones antes expuestas, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosa de los ámbitos de competencia de los Poderes Federales, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las gestiones necesarias para asignar al Instituto Federal Electoral, a la brevedad posible, los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones y atribuciones, con base en la correspondiente solicitud de ampliación presupuestal que dicho Instituto le formuló en la forma y tiempo establecidos en el artículo vigésimo primero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de agosto de 2008
Diputado Federal Ariel Castillo Nájera
Del Dip. Tomas Gloria Requena, a nombre del Dip. César Horacio Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones urgentes a fin de combatir y erradicar la inseguridad en el Estado de Chihuahua.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIP. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL IMPLEMENTE ACCIONES URGENTES A FIN DE COMBATIR Y ERRADICAR LA INSEGURIDAD QUE SE PRESENTA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.
El que suscribe Diputado Federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Motivos
En últimas fechas hemos visto con gran preocupación, como la inseguridad se ha ido incrementando en toda la República, tal es el caso del incremento del número de actos delictivos y la violencia que en los mismos se presenta con mayor frecuencia.
Un ejemplo claro de lo anterior, es la cantidad de ejecuciones y ajustes de cuentas que se han ocurrido en las diferentes entidades, destacando los casos particulares de los estados del Norte del país.
El reciente acontecimiento que se presentó el pasado sábado en la población de Creel, Municipio de Bocoyna del Estado de Chihuahua, en donde un grupo de aproximadamente quince hombres fuertemente armados, asesinaron a balazos a trece personas entre las que se encontraban dos menores de edad y un bebé de a penas un año de nacido, ha ocasionado un enérgico llamado de atención a las autoridades, por parte de la sociedad y de los familiares de las víctimas, quienes han mencionado que si no hay una respuesta pronta y positiva por parte de las mismas, ellos tomarán la justicia por propia mano.
El hecho es, que la ola de violencia que se ha desatado por parte de las organizaciones vinculadas con la delincuencia organizada, han llegado a transgredir los derechos de personas que no tienen relación alguna con este tipo de actos, lo cual resulta realmente indignante.
Y es aún más lamentable que en el camino de estos hechos, sean menores los que estén sufriendo las consecuencias. Tan sólo basta recordar los diferentes casos en los que los sicarios sin piedad alguna han utilizado a menores como escudos humanos para salvaguardar su integridad y con ello evadir la acción de la justicia.
Cabe mencionar, que en el estado de Chihuahua la guerra contra el narcotráfico, según datos proporcionados por diferentes organizaciones civiles y gubernamentales, a la fecha, ha dejado un saldo de más de ochocientas personas asesinadas en lo que va del año.
En este sentido, la declaración del Gobernador José Reyes Baeza es atinada, dando prioridad a revertir la escalada de violencia a fin de recuperar la paz a través de una mayor y mejor impartición de justicia, y mejores sistemas de seguridad pública, con lo cual permitirá garantizar la convivencia armónica de la sociedad.
Es momento de buscar la integración y la articulación de las tres instancias de gobierno, es tiempo de combatir y acabar con los altos índices delictivos que aquejan a esta entidad, sumándonos a esa lucha con trabajo y solidaridad junto con el Presidente de México.
Desde esta Tribuna, hago un llamado a los diferentes niveles de Gobierno para que no escatimen recursos financieros y humanos en la lucha en contra de la delincuencia organizada, ya que de no hacerlo seguiremos permitiendo que los criminales sigan manejándose en la impunidad de los hechos.
Por lo anterior, es fundamental revisar, depurar y monitorear las diferentes corporaciones policíacas a fin de evitar que la corrupción sea un elemento que continúe dañando y dejando en entre dicho la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
No podemos permitir declaraciones como la emitada por el Gobierno Federal, en la cual acepta, que en el tema de la inseguridad han sido superados, muestra de ello, es que en el último informe presentado por la PGR, se señala que el problema del secuestro ha crecido en 9.1% en lo que va del año, es decir se presenta más de 64 secuestros por mes. Siendo en su mayoría, relacionados con bandas dedicadas al narcotráfico que han diversificado sus actividades delictivas.
Es de vital importancia, revertir la crisis de inseguridad por la que está pasando nuestro país, con ello quiero decir, que ya es tiempo de poner un alto a los actos que con toda impunidad realizan éstas organizaciones criminales, las cuales dañan y laceran la paz y seguridad de todas todos lo mexicanos.
La sociedad mexicana, no debe de acostumbrarse a éstos hechos tan lamentables, por lo contrario, debemos brindarle un clima de seguridad, en aras de que las futuras generaciones tengan la certidumbre de tener un país seguro con instituciones confiables, pero sobre todo un país en donde puedan vivir con la tranquilidad y con la confianza de que su seguridad y el respeto a sus derechos humanos esté garantizada.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que:
1. Refuerce las tareas de inteligencia que permitan optimizar las acciones de combate al crimen organizado.
2. Evalúe y ajuste de manera inmediata las acciones federales de operación conjunta, con el gobierno de Chihuahua, a fin de garantizar mejores resultados en el combate a la delincuencia organizada.
3. Garantice el cumplimiento del estado de derecho, sancionando a los responsables de los actos delictivos con el objetivo de erradicar la corrupción y la impunidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, agosto de 2008.
DIP. César Horacio Duarte Jáquez.
Del Dip. Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren los recursos necesarios para el proyecto de “Conservación y restauración de la Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera” en el municipio de Centla, Tabasco.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE “CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA ADUANA MARÍTIMA DE LA CIUDAD Y PUERTO DE FRONTERA” EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren los recursos necesarios para el proyecto de “Conservación y restauración de la Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera” en el municipio de Centla, Tabasco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De septiembre a octubre el año pasado se registraron lluvias atípicas en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, la combinación del Frente Frío no. 4, una baja presión vinculada a la Tormenta Tropical “Noel”, generó a partir del 22 de octubre un sistema de lluvias constantes sobre el área de Tabasco y Chiapas. El impacto de daños y pérdidas asociadas a estas lluvias fue especialmente severo en Tabasco.
De tal suerte, del 23 al 27 de octubre de 2007 las lluvias que se presentaron afectaron a seis municipios del estado de Tabasco, Cárdenas, Centla, Comacalco, Huimanguillo, Paraíso y Tenosique, posteriormente el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) corroboró la ocurrencia de lluvias extremas e inundaciones atípicas del 28 al 30 de octubre, en 11 municipios, Balacán, Centro, Canducán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalapa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa.
El fenómeno fue de tal magnitud que se estima que en su momento más álgido estaba cubierto de agua el 62% de la superficie estatal que afectó a cerca de 1500 localidades, de las cuales el 90% son rurales; dejó casi 1.5 millones de damnificados (75% de la población del estado), casi 6,500 kilómetros de carreteras y caminos afectados (73% de la red del estado) y 132 puentes y 570 mil hectáreas agrícolas siniestradas.
En conjunto los daños y pérdidas causados por el desastre ascendieron a 31.8 miles de millones de pesos, equivalentes a poco más de 3,100 millones de dólares. Esta es una cifra que tiene pocos antecedentes históricos en México, sólo superada a las que ocasionaron los sismos de 1985 y los huracanes “Wilma” y “Stan” en 2005 (3,800 millones de dólares) que afectaron a siete estados del sur-sureste de México. Si se toma en cuanta la estimación del PIB realizada por la Secretaría de Planeación Económica del estado que alcanza a casi 108 mil 737 millones de pesos corrientes para 2007, el impacto del desastre representó 29.31% del PIB estatal.
Ante este desastre natural y la magnitud de las pérdidas económicas para el estado de Tabasco se hace urgente impulsar proyectos que activen la economía local aprovechando las riquezas naturales y el acervo histórico de las distintas comunidades del estado.
Tal es el caso del proyecto elaborado por el Centro INAH Tabasco de conservación y restauración de la antigua Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera en el municipio de Centla.
La palabra Centla proviene de las voces náhuatl “Cin-tla” que significan “en el maizal”.
El poblamiento del territorio que hoy es este municipio debió iniciarse a partir de la decadencia de las grandes urbes mayas (siglos IX y X) que florecieron en Comalcalco, Palenque, Reforma, Pomoná y Tortuguero, principalmente.
A la llegada de los españoles en 1518 además de los mayas chontales que mantenían el control del territorio delimitado por los ríos Usumacinta, San Pedro Mártir y Candelaria (al que llamaban Acalan), ya se habían infiltrado en la región grupos provenientes de la meseta central de México, principalmente los mexicas que, sobre la base de su poderío militar se habían logrado apoderar de sitios estratégicos en la costa del Golfo de México como la barra de Santa Ana, Cimatán y Xicalango, éste último en la desembocadura del río San Pedro y San Pablo (actual línea divisoria entre los estados de Tabasco y Campeche), desde donde controlaban las actividades en el golfo y la Laguna de Términos.
Para el 8 de junio de 1518 el capitán Juan de Grijalva llegó a la desembocadura del río de Tabasco al que, según la costumbre, se bautizó con su nombre por ser su descubridor.
Dos de los navíos de Grijalva de menor calado se internaron por el río hasta llegar a una punta donde fueron recibidos con hostilidad por los nativos que le conminaban a alejarse. Las cosas no pasaron a más, gracias a la intervención de Julianillo y Melchorejo, un par de indios yucatecos que habían sido capturados en Cabo Catoche durante la primera expedición española en 1517, y a los que se les había obligado a aprender el castellano para que sirvieran de intérpretes.
El soldado cronista de la conquista de México, Bernal Díaz del Castillo, relata que luego de que cesaron las hostilidades, Grijalva se entrevistó con el cacique llamado Tabscoob, quien se hizo entender con señas y vocablos, e intercambiaron presentes. Satisfechas ambas partes, los españoles se despidieron de Tabasco el 10 de junio. El sitio del encuentro Grijalva- Tabscoob, debió ser en las cercanías del actual puerto de Frontera, cabecera municipal de Centla.
El 22 de marzo de 1519, llegó a la desembocadura del río Grijalva el capitán español Hernán Cortés Pizarro y siguiendo la ruta tomada por la expedición anterior, se adentró por el río con sus embarcaciones de menor calado. Pese a la creciente hostilidad de los nativos.
Los tabasqueños respondieron con una lluvia de piedras, palos y flechas, obligando a los españoles a tirarse al río para buscar refugio en la orilla contraria, ahí Cortés quedó atascado siendo salvado milagrosamente por uno de los suyos. El ataque de los tabasqueños fue interrumpido sorpresivamente por un grupo de españoles que aparecieron en la retaguardia indígena y que habían sido enviados por Cortés para inspeccionar un camino que iba desde la punta de los palmares a la población.
Al final, los españoles se impusieron, se apoderaron del poblado y tomaron varios rehenes con los que enviaron mensajes al cacique. En ese poblado Cortés desembarcó los caballos y la artillería, y se dispuso con toda la tenacidad que le caracterizaba, a someter al cacique Tabscoob que, alentado por el indio Melchorejo, no cedía. Este intérprete de los españoles había huido la primera noche que Cortés estuvo en tierras tabasqueñas, buscó la protección de los nativos y les incitó a la guerra.
Los españoles urgidos de alimentos organizaron grupos de reconocimiento de la zona, pero indistintamente fueron atacados. Ante esto, Cortés que había advertido la superioridad bélica hispana, decidió darles la batalla.
Al amanecer del 24 de marzo los españoles se formaron en la plaza del pueblo y lista la caballería, arcabuceros, lanceros y artilleros, todos armados con espadas y protegidos con cascos y armaduras, se dirigieron al encuentro de los indios. Eran poco más de 400 hombres. Al llegar a una extensa llanura cultivada de maíz que se nombraba Cintla, divisaron a lo lejos el ejército nativo: ocho columnas de cinco mil hombres cada una. El choque fue brutal, pero al final se impuso la superioridad bélica de los españoles, las armas de fuego, los cañones y los caballos fueron determinantes para el triunfo. A este evento donde por primera vez en tierras continentales de América fueron utilizados los caballos y la artillería, se le conoce en la Historia como la Batalla de Cintla.
Concertada la paz luego de que los nativos aceptaran ser vasallos del rey de España y profesar la fe católica, el cacique Tabscoob obsequió 20 mujeres a los capitanes españoles, entre ellas, la Malinche, mientras Hernán Cortés simbólicamente hacía la primera fundación hispana en América continental bajo el nombre de Santa María de la Victoria. Cortés se despidió de Centla el 18 de abril de 1519.
En la actualidad el municipio de Centla se encuentra localizado en la región del río Usumacinta y en la subregión de los Pantanos. La cabecera municipal es la ciudad y puerto de Frontera y cuenta con una división constituida, además, por 53 ejidos, 74 rancherías, 4 poblados, 25 colonias rurales, 11 colonias agrícolas y ganaderas, 3 fincas, 2 fraccionamientos rurales y 3 villas.
Su extensión es de 3,093 kilómetros cuadrados, los cuales corresponden al 10.8% del total del estado; esto coloca al municipio en el cuarto lugar en extensión territorial. Colinda al Norte con el Golfo de México, al Sur con los municipios de Macuspana y Centro, al Este con el estado de Campeche y el municipio de Jonuta y al Oeste con los municipios de Centro, Nacajuca, Jalpa de Méndez y Paraíso.
El Centro Histórico de la cabecera municipal, está formado por 69 manzanas, en dos polígonos, ubicados en un promedio de veinte calles, alberga 198 inmuebles decretados con valor patrimonial, edificios construidos entre los siglos XIX y XX entre los cuales destaca el Edificio de la Antigua Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera.
Para el desarrollo del estado de Tabasco a principios del siglo XXI, representan un potencial importante la consolidación turística del Municipio. Para capitalizarlo y fortalecer la competitividad, de los destinos de Centla, es prioridad promoverle y que la definición del rumbo del sector turístico del municipio, sea congruente con los perfiles, oportunidades y necesidades locales, por ello, se requiere de invertir en el fortalecimiento de sectores tan importantes como la imagen urbana de la ciudad.
La actividad de mayor relevancia en el municipio de Centla es la pesca, el puerto de Frontera representa el polo pesquero más importante del estado; se explotan especies como róbalo, mojarra y sobre todo, camarón, que se exporta a diversos países.
En Centla se unen dos de los ríos más caudalosos del país, el Grijalva y el Usumacinta, que en conjunto con la vegetación de manglar, popal y tular, forman un fascinante paisaje, hábitat de especies como: saraguato, mico de noche, mapache, nutria, ardilla, gavilán, lechuza, pelícano, loro, cotorro y calandria.
La reserva de la biósfera que forman los pantanos de Centla, su principal ecosistema, constituye otra de las grandes bellezas de este municipio. Por encontrarse en el sistema déltico más importante de mesoamérica, esta zona resulta de singular atractivo para los visitantes, pues en ella se encuentran ríos, manglares y arroyos, que en conjunto llegan a crear un paisaje poco común.
Con más de 302,706 hectáreas de extensión, los pantanos de Centla son un ecosistema, donde conviven 39 especies de peces, 50 de anfibios y reptiles, 60 de mamíferos y 125 de aves, además de 434 especies de plantas, por lo que constituye un sitio excepcional para la contemplación de la naturaleza.
Aquí se tiene la posibilidad de acampar en los islotes de la laguna El Cometa y escuchar durante las noches el impresionante aullido de los monos saraguatos, o bien navegar entre los manglares y observar al cocodrilo de los pantanos, manatíes, nutrias, tortugas y las numerosas especies de aves, entre las que se hallan el águila pescadora, el pato canadiense, los pijijes y el jaribú, por mencionar sólo algunos.
Además de la majestuosidad de los pantanos, existen otros atractivos naturales como las playas de Miramar, ubicada a 72 kilómetros de Villahermosa, es una de las más grandes y concurridas del estado; Pico de Oro que se ubica a 66 kilómetros de Villahermosa y Playa Azul a 70 kilómetros de Villahermosa.
Por su ubicación geográfica, Centla se vuelve paso natural hacia Ciudad del Carmen, Campeche y a Cancún, Quintana Roo, sus playas, su historia y su basta diversidad natural, Centla se constituye como un polo de desarrollo para el estado a través de actividades económicas como el ecoturismo.
De tal suerte, el Proyecto “Conservación y Restauración de la Antigua Aduana Marítima de Frontera”, propone la conservación y restauración integral del edificio de la Antigua Aduana Marítima de Frontera, que regenere la imagen del Centro Histórico, eleve la calidad de vida de sus habitantes, fomente el turismo y permita a la Ciudad y Puerto de Frontera, Centla, Tabasco; integrarse al Programa “Pueblos Mágicos de México”.
Con fecha 13 de Junio de 2007, se declaró a la ciudad y puerto de Frontera como “Centro Histórico”, siendo este acto conmemorativo un punto de gran importancia y relevancia para poder accesar al programa federal de la Secretaría de Turismo, denominado “Pueblos Mágicos de México”, por lo tanto se hace necesario contar con espacios para los efectos de establecer el “Museo de Navegación”; existiendo en nuestro municipio edificios arquitectónicos que hasta hoy en día se pueden apreciar, sus fachadas de influencia renacentista y barroca con un toque pictórico por sus acabados en techos de tejas francesas de Marsella, destacando el “Antiguo Edificio de la Aduana Marítima del Puerto de Frontera”, ubicado en las calles de Francisco I. Madero, esquina José María Pino Suárez, de esta ciudad, el cual se considera idóneo para dicho fin, la cual es una de las primeras aduanas en América Latina, donde embarcaban todas las riquezas en oro, plata, maderas preciosas y especias hacia España, Francia y otros países del viejo Continente.
El proyecto de Conservación y Restauración de la Antigua Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera, cuyo costo total de 25 millones 640 mil pesos, será una puerta entre el presente y el pasado de esta ciudad, ya que albergará un Museo que podrán apreciar los visitantes tanto locales como nacionales y extranjeros, el cual que será representativo de la historia que enmarca a los habitantes de este Municipio, potencializará las bondades que tiene el Centro Histórico de la localidad, promoverá su eficiencia, su competitividad, nuevas dinámicas económicas, flujos turísticos y desarrollo social impactando directamente a 92,755 habitantes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo.
Único.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren los recursos necesarios para el proyecto de “Conservación y restauración de la Antigua Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera” en el municipio de Centla, Tabasco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de agosto de 2008.
Gerardo Priego Tapia
Partido Acción Nacional
Del Dip. Diego Cobo Terrazas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a atender a los estudiantes que no fueron admitidos por las instituciones de educación superior del país.
COMISIÓN PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
LX LEGISLATURA
P R E S E N T E
Los legisladores que suscriben, Diputados a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3°, el artículo 78, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55 fracción II, 60, 63 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a la consideración del Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, se atienda a los estudiantes que no fueron admitidos por las instituciones de Educación Superior del país, para que se puede sentar una mesa de dialogo en atención a sus demandas.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 20 días del mes de agosto del 2008
DIP. DIEGO COBO TERRAZAS
Del Sen. David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con relación a la situación del deporte en nuestro país.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, CON RELACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPORTE NACIONAL
El que suscribe, Senador David Jiménez Rumbo integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la Republica, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA SITUACIÓN DEL DEPORTE EN NUESTRO PAÍS, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
El pasado 8 de agosto dieron inicio los vigésimo novenos juegos olímpicos, los cuales a doce días de su desarrollo, una vez más, por un lado resaltan los contados casos sobresalientes de nuestra delegación, donde florece como siempre el real, verdadero y desinteresado apoyo familiar, confirmándose como el más efectivo patrocinador de nuestros atletas nacionales; sin embargo por otro lado los que no son deportistas pero también asistentes, también parte de la delegación y también siempre presentes en la majestuosa ceremonia de inauguración han puesto en evidencia; no a nuestros dignos representantes nacionales sino a la nula existencia de una política deportiva nacional, nula al igual que la existencia de un plan nacional del deporte.
La actuación de la delegación nacional, lamentablemente, es el más fiel y claro reflejo del desinterés de nuestras autoridades federales, quienes más que preocuparse por verdaderamente establecer las bases de una verdadera política de Estado en materia deportiva, siguen aplicando aquella que siempre proclaman previo a justas como la que hoy se desarrolla al otro del mundo y previa a un año de procesos electorales, con el único fin de hacerse de la imagen de quienes llegasen a destacar en dichos eventos, aunque tengan que despertarlos a las tres de la mañana.
Nuestros encargados de las políticas públicas en la materia y su líder de sector deberán verdaderamente empezar a preocuparse y trabajar por el desarrollo y futuro de una actividad la cual desde la celebración, en nuestro país, de los juegos olímpicos del 68; ha carecido de la voluntad e interés del Estado por hacer de ella una real política social.
Es por lo anterior, que sin importar cual sea el resultado final y la posición de nuestro atletas en el medallero; se informe a este Congreso de Unión la verdadera situación del deporte nacional, el por que a casi dos años de la designación del titular de la CONADE aun no existe oficialmente un plan nacional del deporte, que de manera transparente se informe sobre el cause y ejercicio de los recursos otorgados a dicha entidad y que el mismo director general de dicha entidad deportiva, explique el por que de la situación de enfrentamiento con otras instituciones encargadas del deporte federado.
Así mismo es importante contar con la opinión de las demás instituciones encargadas y también responsables de la situación por la que hoy atraviesa el deporte de nuestro país.
Es por ello que solicito a esta Comisión Permanente, turne a la Comisión encargada del deporte en el Senado de la República, el presente punto de acuerdo para que se cite a comparecer al director de la CONADE sobre la situación del deporte nacional, a la vez que también solicito se haga una invitación a los presidentes del Comité Olímpico Mexicano y de la Confederación Deportiva Mexicana, para que acudan a una reunión de trabajo donde ofrezcan su punto de vista y una alternativa de solución a la grave situación en la cual se encuentra el deporte mexicano.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, turne a la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, la presente proposición a fin de que emita el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Se cita a comparecer al Señor Carlos Hermosillo Goytortúa, Director General de la Comisión Nacional del Deporte, para que informe de los resultados obtenidos por nuestra delegación olímpica y de la situación del deporte nacional.
Segundo.- Se invita al Presidente del Comité Olímpico Mexicano, Felipe Muñoz Kapamas y al jefe de misión Carlos Padilla Becerra a una reunión de trabajo, sobre el desempeño de los atletas mexicanos en los recientes juegos olímpicos.
Tercero.- Se invita al Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, Teniente Alonso Pérez González, a una reunión de trabajo, sobre la situación del deporte federado.
Suscribe
Senador Javier Jiménez Rumbo
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de agosto de 2008.
De Diputados integrantes de las Comisiones de Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que amplíe lo expuesto en el “Informe sobre la situación financiera y los riesgos” que enfrenta dicho Instituto y tenga a bien informar sobre la situación del Programa IMSS-Oportunidades.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS CITEN AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A FIN DE QUE AMPLIE LO EXPUESTO EN EL “INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RIESGOS DEL IMSS” E INFORME, ADEMÁS, SOBRE EL PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES.
Los suscritos, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Social, otros integrantes de dicha Comisión, y miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la H Cámara de Diputados de diversos Grupos Parlamentarios: Dip. Rafael Ramos Becerril, Dip. Efraín Arizmendi Uribe, Dip. Samuel Aguilar Solís, Dip. Rosario I. Ortiz Magallón, Dip. Neftali Garzón Contreras, Dip. Margarita Arenas Guzmán, Dip. Enrique Rodríguez Uresti, Dip. Moisés Alcalde Virgen, Dip. Liliana Carbajal Méndez y Dip Enrique Iragorri Durán, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos al Pleno de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, con objeto de que se cite al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que amplíe lo expuesto en el “Informe sobre la situación financiera y los riesgos” que enfrenta dicho Instituto y tenga a bien informar sobre la situación del Programa IMSS-Oportunidades, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 9 de junio el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Director General del Instituto, Mtro. Juan Molinar Horcasitas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, presentó al Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión el Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007-2008.
El objeto del mencionado documento es que el Ejecutivo Federal y el H. Congreso de la Unión cuenten con un diagnóstico certero de la situación del IMSS, así como con un insumo importante para continuar con un debate informado sobre los retos que enfrenta dicho Instituto y las soluciones que requiere para superarlos. A partir del análisis exhaustivo del mismo algunos legisladores estimamos conveniente abrir un espacio para que el Director General del IMSS amplíe la información ahí contenida e informe sobre los principales indicadores tanto del Régimen Ordinario del IMSS como del Programa IMSS-Oportunidades.
La magnitud de los retos y oportunidades del Sistema Nacional de Salud son tales que la búsqueda de soluciones debe pasar forzosamente por un debate serio, buscando un consenso entre todos los actores del país que permita la toma de decisiones sobre dos de sus principales componentes: el Régimen Ordinario del IMSS que atiende a casi 50 millones de mexicanos y el Programa IMSS-Oportunidades, que hace lo propio con otros 10 millones. Es por esto que el Poder Legislativo, en cumplimiento con el compromiso asumido con el pueblo mexicano, debe trabajar siempre con miras a ofrecerle a la ciudadanía un Instituto más eficaz y más eficiente.
Por todo lo anterior, se considera necesario establecer un diálogo con el Director General del IMSS a fin de analizar a fondo la situación que el Consejo Técnico del Instituto expone en el Informe y sumar esfuerzos para encontrar soluciones a los problemas ahí planteados.
En razón de ello, es que con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos con carácter de urgente y obvia resolución la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social de la H. Cámara de Diputados citen a la brevedad al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, C. Juan Molinar Horcasitas, con el objeto de que amplíe lo expuesto en el “Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto” y tenga a bien informar sobre el Programa IMSS-Oportunidades, su situación, retos y perspectivas.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2008.
Dip. Rafael Ramos Becerril (PRD), Dip. Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Dip. Samuel Aguilar Solís (PRI), Dip. Rosario I. Ortiz Magallón, (PRD), Dip. Neftali Garzón Contreras (PRD), Dip. Margarita Arenas Guzmán (PAN), Dip. Enrique Rodríguez Uresti (PAN), Dip. Moisés Alcalde Virgen (PAN), Dip. Liliana Carvajal Méndez (PAN) y Enrique Iragorri Durán ( PAN)
Del Dip. Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al presupuesto correspondiente a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2009.
Punto de Acuerdo relativo al Presupuesto correspondiente a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal 2009.
El suscrito diputado federal a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el D.F. y sus municipios conurbados viven 18 millones de personas, circulan más de 3 millones de vehículos y operan cerca de 30,000 industrias y 12,500 establecimientos de servicio relacionados con sustancias peligrosas como Estaciones de Servicio, Plantas de gas L.P. y diferentes hidrocarburos, algunos de ellos son de características tóxicas, inflamables, explosivas, corrosivas e infecciosas. Las áreas con mayor ocurrencia de éste tipo de problemas se localizan al norte y oriente del área metropolitana.
Podemos hablar de tres graves experiencias que impactaron las decisiones y estrategias de Protección Civil: en primer lugar la explosión de San Juan Ixhuatepec, en segundo lugar los sismos del 19 de septiembre de 1985 y en tercero la explosión de abril de 1992 en Guadalajara. De todos ellos obtuvimos enseñanzas que nos han permitido dar la actual definición de estrategias ante la ocurrencia de desastres.
El Departamento del Distrito Federal desde el año de 1980 realizó estudios con un equipo multidisciplinario, en el que participó el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica del propio DDF, lo que permitió establecer las medidas necesarias para hacer frente a la problemática.
Se concluyó que para fortalecer a la Ciudad de México frente a desastres no bastaba con mejorar las medidas existentes e implantar otras; era necesario, además, planificar, organizar y coordinar un conjunto de actividades que debían realizarse sistemáticamente antes, durante y después de un desastre.
Esto implicó la necesidad de elaborar un programa que contemplara todas las actividades orientadas a la prevención, auxilio y restablecimiento de la ciudad ante la presencia de calamidades o la ocurrencia de un desastre.
Se entiende por Protección Civil el cumplimiento de las tareas humanitarias, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Tareas como: Servicio de alarma, Evacuación, Habilitación y organización de refugios, Aplicación de medidas de oscurecimiento, Salvamento, Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa; Lucha contra incendios; Detección y señalamiento de zonas peligrosas; Descontaminación y medidas similares de protección; Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas; Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables; Servicios funerarios de urgencia; Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia; y las actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización.
En síntesis, y derivado de la vulnerabilidad que presenta la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, por la gran cantidad de personas que viven, fluyen, comercializan, se transportan, trabajan, etc, por las condiciones económico-políticas y sociales, así como por las condiciones geológicas con las que cuenta esta zona se requieren de trabajos tanto de prevención como de atención en materia de protección civil para el resguardo de personas y bienes.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta H. Comisión Permanente se someta a consideración la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO.- Se solicita sea considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, recursos por la cantidad de 1,500 (mil quinientos millones de pesos 00/100 m.n) para la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, a fin que es se destinen a para la implementación de un sistema de alerta miento sísmico a través de la instalación de alarmas en las colonias, barrios y casa habitación asentadas en las zonas de mayor riesgo de la ciudad; obras de prevención para vivienda en riesgo; verticalización de edificios inestables; monitoreo aéreo, para apoyo logístico, transporte y seguimiento de emergencias; mitigación de riesgos a la vivienda; implementación de sistemas predicativos y herramientas tecnológicas de punta, para el alerta miento temprano de sismos y fenómenos hidrometeoro lógicos.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión permanente, a los veinte días del mes de agosto de 2008.
SUSCRIBE
DIP. PABLO TREJO PÉREZ
De los Diputados Carlos Alberto García González, Luís Alonso Mejía García, Omeheira López Reyna, Raúl García Vivian y César Augusto Verástegui Ostos, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de los recursos públicos federales del ramo 33 para el Estado de Tamaulipas correspondientes al ejercicio fiscal 2007.
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION REALICE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DEL RAMO 33 PARA EL ESTADO DE TAMUALIPAS CORRESPONDIENTES AL EJERICIO FISCAL 2007, A CARGO DE LOS DIPUTADOS POR EL ESTADO DE TAMAULIPAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.
Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos Diputados Federales por el Estado de Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presentan ante esta H. Cámara de Diputados el siguiente Punto de Acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Auditoria Superior de la Federación a que realice la fiscalización de los recursos públicos federales del Ramo 33 del Estado de Tamaulipas, correspondientes al ejercicio fiscal 2007, basado en las siguientes:
Consideraciones
1. La realización de auditorías de recursos federales a diversas instancias es una tarea vasta y de gran relevancia para el crecimiento económico y el bienestar social, ya que monitorea y verifica la gestión, manejo y administración de los recursos públicos federales. Dichas revisiones se realizan a partir del origen y destino de dichos recursos, en otras palabras de su “buen uso” y del cumplimiento de los objetivos y metas de gobierno derivadas del financiamiento público.
2. Actualmente, el esquema de fiscalización en México opera desde dos ámbitos: el interno a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las Contralorías Internas Estatales; así como el externo, cuya responsabilidad recae en el Poder Legislativo, el cual delega esta ardua labor a la Auditoría Superior de la Federación (ASF); y a las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaciones Locales (EFSL) en apoyo a la ASF. Estas dependencias en conjunto realizaron las auditorías que sustentan el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, con lo que el ejercicio del gasto y el logro de objetivos de los programas y fondos que operan las dependencias del Poder Ejecutivo y los gobiernos locales fueron fiscalizados oportunamente.
3. Particularmente, los gobiernos locales tienen la obligación de informar sobre el destino, metas y avance en la entrega-recepción de los recursos que la Federación transfiere a los estados y municipios a condición de ser destinados a fines preestablecidos.
4. En la revisión de la Cuenta Pública 2006, se auditaron por un lado, los recursos del Ramo General 33 los cuales se transfirieron a las 32 entidades federativas, 118 gobiernos municipales y 7 demarcaciones territoriales del Distrito Federal a través de los siete fondos que integran dicho Ramo, éstos son: FAEB: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; FORTAMUN-DF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples; FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y el FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
5. Por otro lado, también se auditó el Ramo General 39, PAFEF: Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en 15 estados de la República; como los recursos complementarios provenientes de los excedentes petroleros y que le fueron asignados al ramo a través del FIES: Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, en 11 entidades federativas; y FEIEF: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en 5 estados. Sin embargo, el Ramo General 39 desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación en el año 2007 como resultado de las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley de Coordinación Fiscal (en diciembre de 2006), las cuales establecieron que estos recursos se incluyeran dentro de las denominadas Aportaciones Federales del Ramo General 33.
6. Del total de las auditorias practicadas a los Ramos Generales 33 y 39 en 2006, la ASF ejerció 53 auditorias de manera directa; mientras que las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales llevaron a cabo 302.
7. No obstante, para el ejercicio 2006, en el estado de Tamaulipas la ASF sólo realizó 3 auditorías: una de desempeño al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Municipio de Ciudad Madero, una financiera y de cumplimiento a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del mismo Municipio, así como la realizada a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estado y del Distrito Federal, en donde se encontraron grandes irregularidades, que tuvieron como desenlace un dictamen negativo de la ASF, al considerar que el Estado no cumplió con el marco normativo aplicable a la administración, control, ejercicio y destino de estos recursos.
8. Por otro lado, aunque la Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas realizó 10 auditorías, 7 de éstas se concentraron en sólo 4 municipios: Altamira, El Mante, Río Bravo y San Fernando; dejando de lado la fiscalización de recursos en ayuntamientos importantes del Estado como son Matamoros, Reynosa y Victoria, los cuales en 2007 recibieron los montos más importantes de las Aportaciones Federales.
9. Lo anterior refleja que en el Estado de Tamaulipas y en sus municipios, es necesario reforzar el proceso de fiscalización para el ejercicio fiscal 2007, a modo de contribuir en la mejora del ejercicio del gasto, así como a incrementar la calidad del mismo. Principalmente a través de mecanismos que eleven el número de los ayuntamientos y recursos auditados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos presentar ante esta Soberanía la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
ÚNICO. Se hace un atento exhorto a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una revisión y fiscalización, mediante la aplicación auditorías de desempeño, de los recursos de los fondos del Ramo 33 correspondientes al ejercicio fiscal 2007, para el Estado de Tamaulipas; así como a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de los municipios de Matamoros, Reynosa y Victoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados, a 06 de agosto de 2008.
Diputado Federal Carlos Alberto García González
Diputado Luís Alonso Mejía García
Diputada Omeheira López Reyna
Diputado Raúl García Vivian
Diputado Cesar Augusto Verastegui Ostos
Del Sen. Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2009 se dote de mayores recursos al Instituto Nacional de Migración.
El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la Republica, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, se dote de mayores recursos al Instituto Nacional de Migración; al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El pasado 29 de julio, la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, C. Cecilia Romero Castillo, acudió a una reunión de trabajo con legisladores de la Segunda Comisión de ésta Comisión Permanente. En dicho encuentro, se pusieron de manifiesto diversas preocupaciones de los legisladores en torno a la conducción de la política migratoria en la presente administración y fundamentalmente, respecto de la constante violación a los derechos humanos de los migrantes indocumentados.
En este tenor, la Comisionada señaló que aquellas, son situaciones que también preocupan al Instituto Nacional de Migración, por lo que se han tomado diversas medidas para la facilitación de los flujos documentados, la garantía de los derechos de los migrantes, la modernización de la gestión migratoria y el mejoramiento de las estaciones migratorias.
Al respecto señaló que tales medidas, se concentran en el Programa Integral de la Frontera Sur, pero que para garantizar el cumplimiento de éstas, es necesario superar la falta de presupuesto y de personal y que según sus palabras se enfrenta “una fuerte precariedad de recursos humanos en el instituto. Hay un rezago impresionante de personal. Nos falta muchísimo para cubrir adecuadamente las estaciones migratorias y los 172 puntos de internación que existen en el territorio nacional”.
Asimismo, en otras ocasiones la comisionada ha señalado que el INM sólo cuenta con 4 mil 600 empleados entre agentes migratorios, delegados y funcionarios de medio y alto nivel; una parte del personal es inconstante y, desde hace varios años, la base laboral no ha aumentado.
Ciertamente, los niveles presupuestales destinados a la atención de la gestión migratoria han permanecido constantes en términos reales, mientras que los flujos migratorios de tránsito se han incrementado significativamente en los últimos diez años.
Comprendemos que el bache por el que atraviesa la política migratoria no se debe fundamentalmente a la falta de presupuesto o personal y que tal carencia no opaca ni justifica los lamentables casos de corrupción o violaciones de derechos humanos, pero como legisladores no podemos permanecer estáticos ante las insuficiencias reportadas, mas aun si con ello se contribuye a erradicar tan lamentables situaciones. El Poder Legislativo debe establecerse como un coadyuvante permanente de los organismos públicos, más aún cuando el ejercicio de sus funciones tiene un impacto social directo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta representación soberana, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la H. Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2009 se incluyan los recursos necesarios para dotar de los recursos humanos y materiales suficientes al Instituto Nacional de Migración, eficientar sus labores y optimizar la infraestructura de las estaciones migratorias.
Senador Rubén Fernando Velázquez López
De la Dip. María Victoria Gutiérrez Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los diferentes órdenes de gobierno a realizar acciones conjuntas dirigidas a permitir el libre acceso a las personas con discapacidad visual acompañadas de perros guías, en todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público.
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los diferentes órdenes de gobierno, a que realicen acciones conjuntas dirigidas a permitir el libre acceso a las personas con discapacidad visual acompañadas de perros guías, en todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público
La suscrita, Diputada Federal María Victoria Gutiérrez Lagunes integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de que se exhorte a los diferentes órdenes de gobierno a que realicen acciones conjuntas dirigidas a permitir el libre acceso a las personas con discapacidad visual acompañadas de perros guías, en todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público, conforme a las siguientes:
Consideraciones
El tema de la discapacidad ha cobrado un significativo incremento de atención por parte de los profesionales y la sociedad en su conjunto en los últimos años. La problemática, dificultades y barreras que enfrentan las personas con discapacidad han sido expuestas y analizadas públicamente y cada vez son más las personas, instituciones y asociaciones que se incorporan a la tarea de mejorar las condiciones de vida y bienestar personal de este grupo poblacional.
Según la Organización Mundial de la Salud, en México existen 10 millones de personas con discapacidad. De estas 230 mil tienen una discapacidad severa. Las discapacidades más comunes son: auditiva, neuromotora, de lenguaje, mental y visual.
Sin embargo, en contraste con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 reporta que más de 97 millones de mexicanos que habitaban el país en ese año 2.2 millones tenían algún tipo de discapacidad, y de ellos, 629 mil eran invidentes o débiles visuales.
La discapacidad de tipo visual se relaciona principalmente con enfermedades y con la edad avanzada; en ambos casos las mayores concentraciones se observan en mujeres; por su parte, los accidentes producen 18.8 por ciento de la discapacidad visual en hombres, mientras que en las mujeres este porcentaje es de 6.2 por ciento.
El sentido de la vista es una de las facultades más importantes para el ser humano, debido a que le permite relacionarse con su medio ambiente, reconocer los objetos que lo rodean en lo que respecta a movilidad, forma, tamaño, color y luminosidad, y tener acceso a la información de su entorno.
Así como los sordos leen los labios al hablar con alguien, los invidentes aprenden a descifrar sonidos, aromas, corrientes de aire, sabores, y cosas que el entorno ofrece. Esto es, tratar de compensar su déficit con los demás sistemas sensoriales. Debido a que el 80 por ciento de la información que un ser humano recibe es por medio de la visión, las personas con discapacidad visual requieren de más apoyos, y sobre todo una atención temprana para que en un determinado momento puedan desarrollar sus habilidades al igual que una persona con su sentido de la vista normal.
Existen muchas diferencias y pocas cosas comunes entre las personas con algún tipo de discapacidad visual, debido a que algunas de ellas son ciegos congénitos, otros adquirieron la ceguera y algunos tienen restos visuales en diversos grados.
Las personas invidentes, a pesar de su discapacidad conforman uno de los grupos que en mayor medida intentan integrarse a la sociedad económicamente activa y, en consecuencia, buscan además su pleno desarrollo cultural, social, económico, educativo, entre otros, por lo que cada vez son más las personas invidentes las que van teniendo acceso a la adquisición de los llamados perros-guía, animales entrenados especialmente para auxiliar a quienes tienen problemas visuales.
Sin embargo, de manera discrecional en múltiples establecimientos o prestadores de servicios públicos y privados restringen el acceso de estos animales por lo que las personas invidentes que los llevan se ven en la necesidad de prescindir de dichos servicios, tales como restaurantes, museos, hoteles, establecimientos comerciales, transporte, etcétera, y con ello están anulando derechos que por ley asisten a sus dueños, quedando en los prestadores del servicio la decisión de prohibir o dar entrada a los usuarios de perros-guía.
Esta situación se debe en algunos de los casos a una deficiente información o una equivocada conceptualización de la unidad usuario-perro-guía. Pensando que es probable que el perro-guía es portador de alguna enfermedad, que pudiera hacerle daño a cualquier persona que lo rodea, quizás también que es muy sucio, que no se comporta adecuadamente, que comerá cualquier cosa que se le antoje, o en general una mala conducta.
En realidad esto no puede suceder ya que los perros-guía son de razas cuyas características principales son la obediencia, la nula agresividad y antes de ser graduados como tal, se lleva a cabo un proceso de adiestramiento para desempeñar su noble función y se pone especial atención a los cuidados higiénicos así como sanitarios que les deben de proporcionar sus dueños. Precisamente por esa noble e importante función que realizan estos caninos, es que en nuestro país surge el proyecto de fundar la primera escuela de perros guía para ciegos en América Latina en el año de 1988, impulsada por la Institución Discapacitados Visuales, I.A.P.
Los perros desde pequeños son sometidos a diversas vacunas, análisis, y todo tipo de estudios radiológicos, además de ser desparasitados. La higiene del perro-guía consiste desde el cepillado diario del pelaje para eliminar los restos de pelo muerto hasta estar educado para evacuar en los lugares más adecuados. Además, los perros son alimentados con productos de alta calidad y con cantidades acordes con su raza, peso y sexo.
Debido a ello se considera que el trabajo que realizan estos animales es tan importante para las personas con debilidad visual o invidentes, que llega a ser imprescindible proporcionándoles a estas personas la movilidad y sus posibilidades de acceso a diferentes lugares y espacios que no los pueden obtener con la utilización del bastón tradicional, principalmente a aquellos en los que se prestan servicios.
De ahí la importancia de que las disposiciones en la materia contenidas en el marco jurídico vigente, sean cumplidas a cabalidad para que a las personas invidentes o débiles visuales se les permita efectivamente el acceso con perros-guía a lugares públicos, establecimientos mercantiles y toda institución o dependencia donde se presten servicios públicos.
En este sentido, la Ley General de las Personas con Discapacidad prevé en su artículo 15 que para facilitar la accesibilidad en los espacios públicos, se debe posibilitar a las personas el uso de perros guía. Por su parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece en el párrafo tercero del artículo 58 que:” Los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen. Dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan al discapacitado como consumidor.”
Compañeras y compañeros legisladores, desafortunadamente observamos que aún y cuando estas disposiciones están vigentes se sigue presentando la problemática descrita.
Por ello, consideramos urgente que los diferentes órdenes de gobierno impulsen tareas conjuntas con el fin de que se cumpla la legislación vigente en la materia a efecto de que las personas con discapacidad, y en especial las personas con discapacidad visual acompañadas con su perro guía, tengan acceso a espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público, y en establecimientos mercantiles.
Por lo anteriormente expuesto, se somete al pleno de esta soberanía el siguiente.
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales para que lleven a cabo acciones conjuntas dirigidas a permitir el libre acceso a las personas con discapacidad visual acompañadas de perros guías, en todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público, así como en establecimientos mercantiles.
Segundo. Que la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales para que lleven a cabo acciones conjuntas dirigidas a fomentar el efectivo cumplimiento de las disposiciones legales en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad.
Diputada Federal María Victoria Gutiérrez Lagunes
Palacio Legislativo de San Lázaro, julio de 2008.
Del Dip. Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al presupuesto correspondiente al mantenimiento integral y equipamiento de escuelas públicas con presupuesto participativo para el Ejercicio Fiscal 2009.
Punto de Acuerdo relativo al Presupuesto correspondiente al Mantenimiento Integral y Equipamiento de Escuelas Pública con Presupuesto Participativo para el Ejercicio Fiscal 2009.
El suscrito diputado federal a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La participación comunitaria y la inclusión de los ciudadanos en la planeación, control, y evaluación de las acciones y recursos públicos están encaminadas a fomentar el desarrollo local, el bienestar de la población y la transparencia; a que los vecinos participen en la decisión del presupuesto con base en las prioridades señaladas por sus comunidades; y a fomentar un compromiso y la corresponsabilidad ciudadana para enfrentar las necesidades comunes para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad[4].
La experiencia latinoamericana en cuanto al presupuesto participativo, es significativa y rica en enseñanzas y resultados, relevantemente la brasileña. Porto Alegre es un referente necesario sobre el tema. En cambio en nuestro país el camino seguido hasta ahora ha sido lento e insatisfactorio, en gran medida por la política de control corporativo, paternalista y clientelar que ha prevalecido en los últimos más de setenta años.
En México, la creciente emergencia ciudadana registrada desde hace ya 35 años, ha empezado a incidir en los cambios sociales y políticos registrados hasta el momento. Trastocó positivamente la participación electoral y la confianza en el respeto al voto, a partir de la ciudadanización de los órganos electorales, así como de las reglas para participar en los procesos; liquidó los lastres prevalecientes del sistema político mexicano, provocó la alternancia en el poder a partir de la derrota del viejo partido de Estado, y ha sentado las bases para la transición democrática en el país.
El presupuesto participativo se define como “un instrumento privilegiado de gestión de un gobierno democrático que promueve el interés y la participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos, particularmente en la orientación de una parte del presupuesto municipal destinado a mejorar las condiciones de vida, es un mecanismo que ofrece condiciones básicas para el debate de la población y el gobierno local sobre las prioridades del gasto público y la solución de sus necesidades, permitiendo la atención a las comunidades históricamente excluidas de las obras y servicios públicos”[5]
En el Distrito Federal el primer antecedente de presupuesto participativo en el país se remonta al año 2002 donde a partir de iniciativas de los gobiernos delegacionales de Cuauhtémoc y Tlalpan, aunque fueron intentos dispersos, teóricos y sin el apoyo del Gobierno Central.
Así mismo la atención a las demandas de la población se ha caracterizado par la continuidad en los modelos institucionales de asignación de recursos, que se basan en el comportamiento histórico presupuestal, lo cual ha generado una inequidad creciente tanto en los servicios e infraestructura, como en la democratización del ejercicio del poder. El presupuesto participativo por el contrario, permite mayor dinamismo en el manejo y asignación de los recursos, además de recoger las necesidades reales de la población porque es ella la que prioriza.
Y partiendo del presupuesto participativo se diagnostica que una de las necesidades de mayor demanda en el Distrito Federal es el contar con espacios dignos para la educación pública para lo que se requieren recursos que sufraguen el costo que requieren los planteles educativos para que los niños y niñas que cursan educación básica ejerzan su derecho constitucional de educación.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta H. Comisión Permanente se someta a consideración la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO.- La Comisión Permanente solicita sea considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, recursos por la cantidad de 1,700 (un mil setecientos millones de pesos 00/100 m.n) para el mantenimiento integral y equipamiento de escuelas públicas con recursos del presupuesto participativo.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los veinte días del mes de agosto de 2008.
SUSCRIBE
DIP. PABLO TREJO PÉREZ
Del Dip. Andrés Bermúdez Viramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar la vigilancia en las aduanas y a fortalecer los programas de protección al migrante.
PROPOSICIÓN DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A REFORZAR LA VIGILANCIA EN LAS ADUANAS Y A FORTALECER LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE.
Andrés Bermúdez Viramontes, Diputado Federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Con motivo de las próximas fechas decembrinas y las redadas que están realizando las autoridades norteamericanas en contra de migrantes indocumentados, grupos de mexicanos regresan día con día al país.
La mayoría de ellos cuentan con herramientas de trabajo que al importarlas no deberán pagar ni un centavo por ellas, ya que son su medio para subsistir y les permiten ejercer su oficio para iniciar un negocio propio e inclusive para generar fuentes de trabajo, al retornar a sus lugares de origen.
Es injusto que estos grupos de migrantes, sigan siendo victimas de abusos al retornar al país por parte de algunos funcionarios públicos, quienes aprovechándose de la situación les cobran por importar las herramientas referidas y por lo poco obtenido como resultado de grandes esfuerzos.
Lo cual, es a todas luces ilícito, en virtud de que la Ley Aduanera en su artículo 61 exenta a estas mercancías del pago de impuestos y el Código Penal Federal, tipifica como delito estas conductas. No obstante aún cuando jurídicamente el migrante pudiera estar protegido, la realidad es otra, pues existen miles de testimonios de quienes han sido y son victimados por funcionarios corruptos e inescrupulosos año con año, situación que no debe ser tolerada ni solapada por esta LX Legislatura.
Por lo que, como un acto de solidaridad con nuestros hermanos migrantes, les solicito su apoyo para que con carácter de obvia y urgente resolución aprobemos la siguiente proposición con punto de acuerdo que someto a su consideración.
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para reforzar la vigilancia en la Aduanas y fortalecer los programas de protección al migrante, poniendo especial cuidado en informarles las características de las mercancías que se encuentran exentas del pago de impuesto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día
seis de agosto de 2008.
Dip. Andrés Bermúdez Viramontes
De los Senadores José Luís García Zalvidea y Javier Orozco Gómez, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita al titular de la CONADE a una reunión de trabajo para tratar el desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR AL TITULAR DE LA CONADE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR EL DESEMPEÑO DE LA DELEGACIÓN MEXICANA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Los que suscriben, José Luís García Zalvidea y Javier Orozco Gómez, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la Republica, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR AL TITULAR DE LA CONADE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR EL DESEMPEÑO DE LA DELEGACIÓN MEXICANA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS, de conformidad con los siguientes
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Entre los de 1932 y los de 2004 -sin considerar los actuales de Beijing, hoy en plena celebración-, nuestros deportistas dieron a México diez medallas de oro, 18 de plata y 24 de bronce, lo que arroja un promedio de 3.25 medallas por 16 ediciones de esta competición cuatrianual. Sin duda, los números evidencian la falta de una política de Estado respecto al deporte.
SEGUNDO.- En días previos y en conferencia de prensa en las instalaciones del COM, y ante la presencia de su titular Felipe Muñoz y del Jefe de Misión, Carlos Padilla, se hizo público el pronóstico que este organismo junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) realizaron sobre las expectativas de triunfo de la delegación nacional.
De acuerdo al análisis, México tendrá la posibilidad de acceder a las finales en los deportes de atletismo, boxeo, canotaje, clavados, halterofilia, taekwondo, tiro con arco y vela.
Según el estudio –se señaló entonces- la probabilidad de estos deportes de llegar a la final radica en quedar entre el primero y el octavo sitio, lo cual cumpliría con este pronóstico, que no busca crear falsas expectativas ni brindar un triunfalismo anticipado.
Hay que resaltar que hasta la inscripción de esta proposición sólo habíamos logrado una medalla de bronce.
TERCERO.- Según trascendió en los medios de comunicación, al concluirse la primera mitad de actividad en los Juegos Olímpicos de Beijing, resulta paradójico que los deportistas con mayores apoyos gubernamentales ofrecen magros resultados, mientras que los menos privilegiados, hasta el momento, han dado gratas sorpresas.
“Dentro de los primeros casos está el del marchista Eder Sánchez, quien había planeado ubicarse entre los primeros seis, sin embargo cruzó la meta del estadio Nido de Pájaro en el lugar 15”, y quien cuenta con una de las becas más altas del fideicomiso CIMA (32 mil 400 pesos mensuales).
Igualmente, se encuentra la velerista Tania Elías Calles, quien se encuentra en el penúltimo lugar, a falta de cinco regatas, a 70 puntos de la líder.
Recordemos que Elías Calles ha tenido una inversión 5 millones 777 mil 216 pesos a lo largo de cuatro años para su preparación.
En contraste, se encuentra Mariana Avitia, quien ni siquiera contaba con beca de CIMA, pero logró colarse a los octavos de final de tiro con arco a sus 14 años.
En este sentido, quienes suscriben solicitan al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, obsequie el turno a la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República para sus efectos correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea, la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República invita al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Sr. Carlos Manuel Hermosillo Goytortua, para que acuda a una reunión de trabajo con los senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, a efecto de evaluar los resultados de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Beijing y la política de Estado en materia de deporte.
SEGUNDO.- El Senado de la República hace una cordial invitación al Presidente del Comité Olímpico Mexicano, Sr. Felipe Muñoz Kapamas, y al Jefe de la Misión de la Delegación Mexicana, Sr. Carlos Padilla Becerra, para que acudan a la reunión de trabajo del Sr. Carlos Hermosillo Goytortua y Senadores de la República, con el objeto de evaluar la política de Estado en materia de deporte.
SUSCRIBEN
SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA
SEN. JAVIER OROZCO GOMEZ
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de agosto de 2008.
Del Dip. Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en relación a las pérdidas en el patrimonio cultural en el estado de Tabasco por las inundaciones de octubre de 2007.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACIÓN A LAS PÉRDIDAS EN EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ESTADO DE TABASCO POR LAS INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 2007, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo en relación a las pérdidas en el patrimonio cultural en el estado de Tabasco por las inundaciones de octubre de 2007, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De septiembre a octubre el año pasado se registraron lluvias atípicas en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, la combinación del Frente Frío no. 4, una baja presión vinculada a la Tormenta Tropical “Noel”, generó a partir del 22 de octubre un sistema de lluvias constantes sobre el área de Tabasco y Chiapas. El impacto de daños y pérdidas asociadas a estas lluvias fue especialmente severo en Tabasco. Las severas, extraordinarias y no previsibles inundaciones ocurridas y que rebasaron en su salida al mar, son la resultante compleja de una amenaza incrementada, por encima de niveles históricos registrados, con un periodo de retorno no considerado en los escenarios de amenazas existentes.
Tal amenaza se concretó en un desastre que supero en magnitud, intensidad y características al evento extremo que se tenía como referencia próxima anterior que fueron las inundaciones de 1999, la cual puso en evidencia los riesgos de la situación referida al agua y los problemas de su administración, dejando daños cuantificables por más de 3,500 millones de pesos.
De tal suerte, del 23 al 27 de octubre de 2007 las lluvias que se presentaron afectaron a seis municipios del estado, Cárdenas, Centla, Comacalco, Huimanguillo, Paraíso y Tenosique, posteriormente el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) corroboró la ocurrencia de lluvias extremas e inundaciones atípicas del 28 al 30 de octubre, en 11 municipios, Balacán, Centro, Canducán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalapa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa.
En vista del grave impacto socioeconómico del fenómeno, el gobierno del estado y otras autoridades solicitaron, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la integración de una misión conjunta de evaluación por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La misión permaneció en Tabasco entre el 27 de enero y el 3 de febrero de este año.
Según el informe de la CEPAL y del CENAPRED las lluvias intensas y las consecuentes inundaciones causaron estragos inéditos en el estado.
En conjunto los daños y pérdidas causados por el desastre ascendieron a 31.8 miles de millones de pesos, equivalentes a poco más de 3,100 millones de dólares. Esta es una cifra que tiene pocos antecedentes históricos en México, sólo superada a las que ocasionaron los sismos de 1985 y los huracanes “Wilma” y “Stan” en 2005 (3,800 millones de dólares) que afectaron a siete estados del sur-sureste de México. Si se toma en cuanta la estimación del PIB realizada por la Secretaría de Planeación Económica del estado que alcanza a casi 108 mil 737 millones de pesos corrientes para 2007, el impacto del desastre representó 29.31% del PIB estatal.
Más allá de los montos económicos, el informe señala que este evento hidrometereológico ha sido el más devastador para la infraestructura y los bienes de los centros culturales de Tabasco. En particular, los efectos más fuertes tuvieron lugar en la Zona CICOM, donde están concentrados importantes patrimonios culturales del estado como el Teatro Esperanza Iris, la Biblioteca José María Pino Suárez, la casa de Artes José Gorostiza, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, las escuelas del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, la Casa de la Trova Tabasqueña, la Sala Ocampo Ramírez, la Galería Fondo Tabasco y la Casa Mora Casa del Escritor.
El evento puso en manifiesto la gran vulnerabilidad del emplazamiento de estos centros culturales debido a que se encuentran a escasos metros de la orilla del Río Grijalva.
Sin embargo, continúa el informe, no solamente fueron dañados por las aguas estos establecimientos más vulnerables, sino también otros que se encuentran en el centro de la ciudad como el Museo de Cultura Popular, la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, la Galería El Jaguar Despertado y la Galería Siempre Viva Isabel Rullán de Izundegui. Estos fueron afectados por las lluvias.
Por esta misma causa, también fueron afectados el Planetario Tabasco 2000 y los museos que se localizan en el Parque La Venta: el Museo de Historia Natural, el Parque Museo La Venta y el Centro Cultural Ágora.
Además de estos centros que se encuentran en la Ciudad de Villahermosa, sufrieron afectaciones por las inundaciones 40 bibliotecas en los municipios de Centro, Cárdenas, Tacotalpa, Centla, Nacajuca y Teapa.
Los montos de los daños a la infraestructura y el equipamiento de los centros culturales suman 153.9 millones de pesos y el monto por las pérdidas asciende a 61 millones de pesos. En conjunto, los daños y pérdidas ascienden a 214.9 millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo.
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que realice un estudio sobre el impacto y las pérdidas al patrimonio cultural en el estado de Tabasco por las inundaciones de octubre de 2007.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se incluya una partida especial para restaurar el patrimonio cultural en el estado de Tabasco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de agosto de 2008.
Gerardo Priego Tapia
Partido Acción Nacional
Del Dip. Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Delegado Fiduciario de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación a informar detalladamente sobre la marcha y estado actual del proceso de liquidación del organismo referido.
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL C. ENRIQUE RIVAS ZIVY, DELEGADO FIDUCIARIO DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO EN LIQUIDACIÓN A INFORMAR DETALLADAMENTE A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA MARCHA Y ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO REFERIDO; A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
El suscrito Diputado Federal en la LX legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:
Consideraciones
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación no deja de ser noticia y preocupación a pesar de contar ya con casi siete años en ese largo y tortuoso proceso de liquidación que no puede concluir todavía y que se ha caracterizado por su opacidad.
Recordemos que fue en junio de 2001 cuando, por una parte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ‘Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica’; y por otra, fueron publicadas también en el DOF, las ‘Bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México’, en las que indica que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) designaría al liquidador que sustituiría al Director General del Organismo en Liquidación en todas sus funciones.
Después, en agosto de ese mismo año el secretario de Comunicaciones y Transportes, Arq. Pedro Cerisola y Weber, designó a Banobras como liquidador responsable de la liquidación de FNM.
Resalta que desde ese entonces no han dejado de aparecer deficiencias graves en el proceso de liquidación de dicho organismo.
Al día de hoy, el C. Enrique Rivas Zivy es el cuarto delegado fiduciario del Organismo Liquidador Ferrocarriles Nacionales de México y lejos de superarse las deficiencias, éstas se profundizan.
Casi siete años después de iniciado el proceso de liquidación hubo quejas ciudadanas en el sentido de la existencia de indicios de que el delegado fiduciario habría ofreciendo en venta predios e inmuebles de Ferrocarriles Nacionales en toda la República “a precios de liquidación”.
Ahora hay más quejas ciudadanas que sugieren que funcionarios de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML) habrían suscrito convenios que favorecen a empresas privadas causando posibles daños al erario público por más 400 millones de pesos. En particular, sostienen que el sr. Enrique Rivas Zivy,, junto con otros funcionarios del organismo, habría aceptado que concesionarias privadas dejaran de cubrir adeudos al organismo; habría suscrito convenios que favorecerían excesivamente a algunas empresas como Transporte ferroviario de Carga, Ferrocarril de México (Ferromex), Ferrocarril del Sur (Ferrosur), Remetsa, Cicloaceros, y Ferrovalle, y habría descuidado el manejo de recursos públicos.
Estas graves acusaciones, que nos resultan increíbles y que dañan la imagen de este servidor público, deben ser desmentidas y aclaradas por él, en beneficio propio y del manejo eficiente y transparente de los recursos públicos que le han sido encomendados.
Por lo anteriormente citado propongo el siguiente
Punto de acuerdo.
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente al C. Enrique Rivas Zivy, delegado fiduciario de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, a informar detalladamente a esta Soberanía sobre la marcha y estado actual del proceso de liquidación del organismo Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación a su cargo, así como a aclarar las quejas ciudadanas presentadas respecto a dicho proceso.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a de 20 de agosto de 2008.
Suscribe
Dip. Pablo Trejo Pérez
De los Diputados Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Martha Angélica Romo Jiménez y José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se le solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación rinda un informe de los avances obtenidos durante el Primer Año del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, QUE RINDA UN INFORME DE LOS AVANCES OBTENIDOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 2007-2012.
Los suscritos, Diputadas Federales Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Martha Angélica Romo Jiménez y el Diputado Federal José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la Alta Consideración de esta Soberanía proposición con Punto de Acuerdo de urgencia u obvia resolución, por lo que se le solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que rinda un informe de los avances obtenidos durante el Primer Año del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La agroindustria azucarera es el principal motor económico de muchas regiones del país, ya que en conjunto genera un 11.6 % del valor del sector primario y el 2.5 % del Producto interno Bruto Manufacturero. Su aportación en el ámbito social, se refleja en el hecho de que en la agroindustria de la caña de azúcar trabajan directamente 450 mil mexicanos que de manera indirecta dependen de este sector 2.2 millones de personas.
Esta actividad impacta a 227 municipios de 15 estados del país, donde habitan más de 12 millones de mexicanos. Cabe destacar, que Estados Unidos muestra un déficit anual de aproximadamente 1.5 millones de toneladas de azúcar y que se reparten en cuotas preferenciales a 40 países del Mundo; no obstante, México logró en el año 2005, ventas máximas de 250 mil toneladas de azúcar.
Referentemente, uno de los propósitos generales del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012 es “asegurar una oferta de azúcar de calidad suficiente, oportuna y accesible a todos los mexicanos y a las empresas consumidoras de la cadena.” Así mismo, entre los objetivos particulares del Programa se encuentran los siguientes puntos:
• Satisfacer con cantidad, calidad y oportunidad el mercado interno de azúcar y sus derivados, mediante una mayor productividad en campo y fábrica.
• Apropiarse de la demanda insatisfecha de azúcar y sus derivados en el mercado de Norteamérica, con base en el conocimiento de sus preferencias.
• Incursionar con éxito en el mercado de bioenergéticos, mediante una amplia base productiva y competitiva.
Concernientemente, una línea estratégica de acción de mayor relevancia en este Programa, es la “solidificación e incremento de la producción de caña de azúcar”. En este contexto, los retos a superar en el año 2012, es el contar con un sector de la agroindustria de la caña de azúcar superior, competitivo y rentable, que pueda garantizar una oferta de azúcar de calidad que abastece plenamente el consumo nacional y que exporta todos sus excedentes al mercado regional de Norteamérica; además de intentar incursionar con éxito en la diversificación de educolorantes y bioenergéticos; así como atender al mercado nacional con 5.4 millones de toneladas de azúcar.
Dada la importancia del sector azucarero para el desarrollo del país, y tomando en cuenta que la prospectiva de la producción nacional de azúcar para la zafra 2007-2008 se ha planteado una producción de 5 millones 404 mil 727 toneladas de azúcar, consideramos de suma importancia el aspecto que implica el manejo del sector azucarero, con base en una industria que pudiera solventar en un futuro mejores ingresos en dicha materia, así como su consideración y aplicación a la rama agroindustrial.
Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que rinda un informe de los avances obtenidos por el “Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012” durante su primer año de implementación.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Senado de la República y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el Segundo Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal, en la Ciudad de México, Agosto 08 de 2008.
Es cuanto Señor Presidente
Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo
Diputada Federal
Martha Angélica Romo Jiménez
Diputada Federal
José Luis Espinosa Piña
Diputado Federal
De los Diputados Alonso Flores Lourdes, Oliva Fragoso Silvia, Alavez Ruíz Aleida, Morales Sánchez Efraín, Varela López Víctor Gabriel, Mendoza Arellano David y Solares Chávez Miguel Ángel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para 2009, se asignen y etiqueten recursos para la construcción del Hospital General Regional de Iztapalapa.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009, SE ASIGNEN Y ETIQUETEN RECURSOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE IZTAPALAPA.
Los que suscriben Diputadas y Diputados Federales: Alonso Flores Lourdes, Oliva Fragoso Silvia, Alavez Ruíz Aleida, Morales Sánchez Efraín, Varela López Víctor Gabriel, Mendoza Arellano David y Solares Chávez Miguel Ángel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, en razón de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las precarias condiciones de vida de muchos de los capitalinos se expresan, entre otras cosas, en elevados índices de enfermedad, muerte prematura, discapacidad y sufrimiento. Así, la población que vive en el Distrito Federal (DF) presenta condiciones de salud muy complejas, donde coexisten enfermedades infecciosas y carencias, con patología crónica y problemas derivados de la violencia, la inseguridad y los accidentes.
De acuerdo con diversos estudios elaborados por distintas instituciones oficiales, analizan que, a pesar de que el comportamiento de la mortalidad general e infantil es descendente, se observa una desaceleración de esta tendencia y sobre todo una enorme desigualdad entre las delegaciones. Respecto a las condiciones de salud coexisten proporciones muy altas de enfermedades infecciosas y carencias en delegaciones como Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa.
A esta desigualdad ante la enfermedad y muerte, se suma el deterioro de los servicios públicos de salud por el desfinanciamiento prolongado y su reorganización en una lógica bipolar de beneficencia para los “pobres'' y mercantilización para “clientes potenciales''; privatizando la producción de servicios rentables, introduciendo el lucro como finalidad de la prestación de servicios y destruyendo en la práctica el derecho constitucional a la protección a la salud.
Las condiciones de salud de los habitantes del DF condensan la multiplicidad de carencias y/o elementos de protección que se desarrollan en la ciudad y, sobre todo, para los grupos más vulnerables, son expresión de la capacidad/incapacidad redistributiva de las políticas gubernamentales. Por tanto, la definición de políticas de salud incluyentes y acciones médico-sanitarias intensivas en las zonas de mayor precariedad deberán ser los ejes de una propuesta de política social integral para el DF.
Las carencias en salud, que sin duda son una limitante de primer orden para el bienestar de las personas. La falta de acceso a los servicios de salud aumenta la vulnerabilidad de los individuos y las familias ante el embate de las enfermedades, al tiempo que dificulta el aprovechamiento de una gama de servicios de salud de corte preventivo, lo cual incide negativamente sobre la calidad de la vida de las personas, pues además de truncar las potencialidad de los individuos en edades productivas, quebranta las redes de solidaridad familiar e impone altos costos afectivos en las personas cercanas a quien fallece.
Las condiciones de marginación más notoria son en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco. De acuerdo a estudios elaborados y sus resultados obtenidos podemos establecer que, las condiciones de alta y muy alta marginación se ubican en la periferia del DF, esto es, en las zonas de más reciente urbanización que sufren de varias carencias en su infraestructura urbana.
La disparidad en los niveles de marginación entre distintas zonas de la ciudad también se aprecia en la distribución de la población residente en zonas urbanas según el grado de marginación por delegación. Puede verse que en ciertas delegaciones, como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapozalco y Coyoacán, la población residente tiene una marginación escasa o mínima. De hecho, en todas estas delegaciones dos terceras partes o más de los habitantes residen en zonas de baja o muy baja marginalidad. En contraste, en ciertas delegaciones más del 80 por ciento de la población reside en zonas de alta y muy alta marginalidad, en este grupo se encuentran, Milpa Alta, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Esto revela que la ciudad de México tanto la marginación urbana como la prosperidad económica siguen un patrón de marcada concentración espacial, que requiere atención en sí mismo más allá de los niveles de marginación urbana.
Los cambios en los perfiles demográficos y epidemiológicos de la población urbana y dos décadas de desinversión federal en infraestructura médico-sanitaria, profundizan el desfase entre las necesidades de salud y las capacidades de atención del sistema público en la ciudad.
Las delegaciones centrales concentran el equipamiento urbano y de salud en la ciudad y en estas delegaciones en donde los indicadores médicos, médicos especialistas, unidades de primer nivel y camas censables por 1000 habitantes, presentan promedios aceptables respecto de estas áreas, la transformación de la pirámide poblacional y el predominio de enfermedades crónico-degenerativas, sumada a la nula inversión federal para ampliar y/o transformar las unidades de atención conforman un complejo panorama de inadecuación e insuficiencia de la infraestructura para la atención a la salud y, paradójicamente, una subutilización de los recursos existentes.
La situación extrema está representada por los hospitales pediátricos que, en promedio, tiene 40 años de haber sido construidos, por lo que su ubicación responde a las necesidades de atención medica y a los patrones de poblamiento de esa época; lo que explica, parcialmente, que la ocupación de estas unidades oscile entre 50 y 55%. En contraste, una parte una parte sustancial de la demanda de atención en estas unidades proviene de la zona conurbada.
La población de la delegación Iztapalapa asciende a 1,875,784 habitantes, de los cuales 860,411 (45%), carecen de seguridad social. Esta es la delegación más poblada y demandante de servicios en el DF. En la zona oriente del DF, casi el 60% de los hogares pueden ser clasificados como hogares pobres, pero cuando se considera el área oriental de la ZMCM esta proporción asciende a 85%. En un agrupamiento de delegaciones y municipios conurbados según un índice de Calidad de Vida (ICV), se encuentra que en las áreas clasificadas como precarias o malas, sólo entre 20% y 35% de la población tiene una vivienda suficiente, con el consecuente impacto sobre su salud. En estas áreas, los perfiles de morbilidad se caracterizan por el predominio de enfermedades infecto-contagiosas, particularmente gastroenteritis infecciosa y enfermedades carenciales, simultáneamente por el incremento en las lesiones accidentales e intencionales y los psicotrastornos.
En la actualidad en la delegación Iztapalapa cuanta con el Hospital General Iztapalapa, el cual tiene una antigüedad de 20 años, con un deterioro en sus instalaciones hidráulicas y desafortunadamente los techos cuentan con filtraciones y deterioros de impermeabilización y en general no esta en condiciones optimas para seguir trabajando.
Otro factor que se presenta en dicho hospital, es de la sobre demanda en consulta externa y en el área de hospitalización. La demanda de consulta especializada y de medicina quirúrgica es alta y no se cubre con la infraestructura existente actualmente.
El Hospital Belisario Domínguez, a pesar de atender un número importante de usuarios de la delegación Iztapalapa no ha logrado disminuir la sobre demanda de atención al Hospital General Iztapalapa. La próxima inauguración del hospital General Tláhuac, ayudará a disminuir la sobredemanda de servicios en el segundo nivel de atención médica no así para las especialidades médico-quirúrgicas.
No es posible su ampliación para instalar nuevos servicios de especialidades medicas demandantes, se considera cuando menos que el hospital debe contar con más de 20 especialidades medico quirúrgicas y algunas de alta especialidad.
Por tal motivo, se espera la obra de sustitución total del Hospital General Iztapalapa por un Hospital de tipo General con 180 camas censables y 100 no censables para sustituir al hospital actual solo conservando de éste el banco de sangre, la consulta externa para establecer un modulo de atención primaria y de salud sexual y reproductiva.
Un Hospital que de respuesta a las solicitudes de los vecinos, pacientes y sus familiares que durante largo tiempo han solicitado a las administraciones capitalinas se cuente con los recursos humanos y materiales para una atención digna y humana, debido a que en ocasiones tienen que esperar hasta tres meses o más para ser atendidos por un médico especialista, aumentándose este tiempo cuando se trata de estudios clínicos; peticiones que se han reiterado al Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Este nuevo Hospital General Regional Iztapalapa será un establecimiento de salud para atención médica que estará enfocado a atender los servicios de especialidades básicas, como son: pediatría – neonatología, gineco-obstetricia, medicina interna, cirugía general y geriatría - gerontología.
Contando también con 12 especialidades médicas: alergia – inmunología, dermatología, endocrinología, cardiología, neurología, nefrología, neumología, psiquiatría, reumatología, infectología, epidemiología hospitalaria y geriatría.
Se espera contar con 11 especialidades quirúrgicas: angiología, cirugía reconstructiva, cirugía maxilo facial, oftalmología, otorrinolaringología, proctología, urología, traumatología y ortopedia, cirugía ambulatoria, cirugía de tórax y neurología.
Y 4 de alta especialidad: gastro – endoscopia, neurocirugía, hemato – oncología médico quirúrgica y cardiología intervencionista.
Este hospital será un apoyo para las unidades médicas de primer nivel de atención y hospitales de la red. Con una mayor resolución al aumentar el número de especialidades medico quirúrgicas, y disposición de mejor tecnología así como capacitación del personal de acuerdo a las necesidades de salud de la población. También se busca impulsar la docencia y capacitación de los recursos humanos de salud del propio hospital y de la comunidad médica. Todo para brindar la atención médica de calidad y alta resolución a la población socialmente no protegida, satisfaciendo las necesidades de salud del usuario, proveer adecuada atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación.
A pesar de los recursos canalizados por el gobierno del DF para la remodelación y adecuación de algunos hospitales, las brechas en la disponibilidad de unidades para la atención a la salud son evidentes.
En conclusión, lo que se pretende con la siguiente propuesta es:
1. Abatir los rezagos sociales.
2. Revertir las desigualdades carenciales.
3. Implicar la cobertura de los servicios de salud.
4. Aumenta y mejorar las condiciones de vida de la población.
5. Disminuir las complicaciones de las enfermedades crónico degenerativas.
En razón a lo expuesto anteriormente y fundamentado, me permito someter a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Salud, del Distrito Federal, Presupuesto y Cuenta Publica y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, se contemple y se etiquete la cantidad de $ 500 millones de pesos para la construcción de un Hospital General Regional Iztapalapa en el Distrito Federal.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 20 agosto de 2008.
Dip. Alonso Flores Lourdes
Dip. Oliva Fragoso Silvia
Dip. Alavez Ruíz Aleida
Dip. Morales Sánchez Efraín
Dip. Varela López Víctor Gabriel
Dip. Mendoza Arellano David
Dip. Solares Chávez Miguel Ángel
De la Dip. Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a contar con personal hablante de lenguas indígenas.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES A CONTAR PERSONAL HABLANTE DE LENGUAS INDÍGENAS
La suscrita, Dip. Ana Yurixi Leyva Piñón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, cuyo objetivo es apoyar a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema, con el fin de incrementar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación opera bajo un sistema de corresponsabilidades que requiere de los beneficiarios diferentes compromisos dependiendo de la vertiente que se trate.
En razón de lo anterior es que el programa opera exclusivamente en aquellas localidades que cuentan con facilidades de educación y salud, toda vez que la entrega de los diferentes apoyos del programa están condicionadas a que los beneficiarios acudan a la clínica local a recibir talleres sobre nutrición y alimentación, con la finalidad de que la gente mejore sus hábitos alimenticios, y de esa forma la ingestión de los nutrientes esenciales ha permitido aumentar el consumo total de las familias en 22% en zonas rurales y alrededor de 16% en zonas urbanas, concentrándose el incremento en alimentos ricos en proteínas, así como frutas y verduras lo que ha tenido como resultado que la prevalencia de anemia en zonas rurales fuera 7.2% menor en niños beneficiarios de 48 a 59 meses de edad; que los niños beneficiarios en zonas rurales de 24 a 71 meses de edad crecieron en promedio 0.67 cm. más que los niños no beneficiarios; y la prevalencia de baja talla en zonas rurales es 12.4% menor en localidades incorporadas al Programa en comparación con las no incorporadas.
Respecto de las corresponsabilidades en salud, se requiere de los beneficiarios la asistencia regular a consultas de medicina preventiva que se han incrementado del orden del 35% en el medio rural y del 20 % en el urbano entre las familias de Oportunidades; en áreas rurales, como resultado de Oportunidades, se redujo el promedio de días de enfermedad para los grupos de 0 a 5 y de 16 a 49 años en alrededor de 20%; se incrementó en 61% el número de mujeres en zonas rurales que se practican el examen del Papanicolau en comparación con aquellas que no están en el Programa; se ha reducido en 11% la mortalidad materna y de 2% en la mortalidad infantil; así como la reducción en el consumo de alcohol y tabaco por parte de los jóvenes beneficiarios.
En cuanto al componente educativo, la entrega de las becas a los jóvenes depende de su asistencia a la escuela y los logros en este aspecto son que la inscripción a bachillerato en zonas rurales se incrementó en 85%; hubo una reducción de 23.7% en el abandono escolar de los jóvenes de 16 a 19 años de zonas urbanas; en zonas rurales se incrementó la probabilidad de entrar a la secundaria de los niños y niñas de 12 a 14 años en 42 y 33 % respectivamente; se logró un grado adicional en la escolaridad esperada de jóvenes de 15 a 18 años en zonas rurales; y los niños y niñas de 15 a 18 años han progresado en la escuela en forma consecutiva entre 30 y 64% más que los no beneficiarios en zonas rurales.
Las acciones de corresponsabilidad atienden a la necesidad de formar a la gente en mejores hábitos alimenticios y de salud que le permitan un mejor desenvolvimiento mental, físico y social; estas acciones en manera alguna debieran ser un mero requisito para mantener los apoyos del programa. Sin embargo, en el caso de algunas localidades indígenas se presentan deficiencias que hacen inútiles los talleres que se imparten, por las razones que a continuación se detallan.
Al cierre del segundo trimestre de 2008, de las cuatro millones 912 mil 173 familias atendidas, un millón 294 mil 705 corresponden a familias que habitan en 18 mil 698 localidades indígenas, en estas comunidades un número importante de titulares son personas que no habla español y se desenvuelve solo en su lengua materna. Por ese motivo y respecto de las localidades indígenas en las que opera el programa se requiere de un nuevo modelo de gestión, de suerte que como en el ámbito de la educación pública en donde existe la educación en las lenguas originarias de las comunidades, las corresponsabilidades de los beneficiarios en los talleres comunitarios para el cuidado de la salud, la asistencia a atención a los servicios de salud es necesario contar con personal que o bien sea hablante de la lengua de la comunidad, o bien se cuente con personal que pueda traducir los talleres a los titulares para satisfacer el objetivo que se persigue con la impartición de los mismos.
En ese sentido, sería deseable que la estructura de Corresponsales de Oportunidades pudiera ser un instrumento útil para subsanar las deficiencias que se producen en estas localidades ante la carencia de personal capacitado para desenvolverse en las lenguas originarias de las comunidades.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a llevar a cabo las acciones necesarias para que a partir del ejercicio 2009 se cuente en el modelo de gestión del programa en las localidades indígenas con el personal capacitado para que los talleres que constituyen la corresponsabilidad de los titulares se impartan en su lengua originaria.
SUSCRIBE
Dip. Ana Yurixi Leyva Piñón
Del Dip. Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. para que continúe con la cancelación de las autorizaciones de aquellos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de postgrado.
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. PARA QUE CONTINÚE CON LA CANCELACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE AQUELLOS VALUADORES QUE NO CUMPLIERON CON EL PLAZO DE TRES AÑOS PARA OBTENER SU CÉDULA PROFESIONAL DE POSTGRADO. A CARGO DEL OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS.
El suscrito Diputado Federal OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Honorable Comisión Permanente la proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. El 30 de diciembre del año 2002, se publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, derivado de las dificultades que presentaron algunos Peritos Valuadores que no contaban con una especialización, el Congreso de la Unión aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2005, una reforma al Artículo Segundo Transitorio de la citada Ley, otorgando un plazo de tres años para que aquellos que no cuenten con la referida cédula profesional, puedan obtenerla y titularse; para tales efectos se facultó a la Sociedad Hipotecaria Federal a cancelar aquellas autorizaciones.
2. El sentido de aprobar la referida ley, fue porque existió la necesidad de que los valuadores profesionales en créditos garantizados cuenten con una cédula profesional de postgrado, para que exista la certeza y calidad en los dictámenes y valoraciones que emiten; en virtud de que en el año de 1994, se presentó un quebranto financiero que fue soportado por avalúos formulados por “pseudovaluadores” habilitados por instituciones financieras.
3. Con fecha 4 de junio el suscrito presento un Punto de Acuerdo “para apoyar a la Sociedad Hipotecaria Federal a que siga cumpliendo con sus funciones que la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, Vigente le faculta”.Y la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, resolvió a mi favor el 2 de Julio del año en curso, y textualmente señala:
“La Comisión Dictaminadora estima que, de acuerdo con las Consideraciones y Punto de Acuerdo anteriores, se ha atendido sustancialmente la Proposición con Punto de Acuerdo que ahora se dictamina, toda vez que en el mismo se consideró que no era procedente exhortar a la Sociedad Hipotecaria Federal, a abstenerse de cancelar las autorizaciones de los valuadores profesionales, hasta que no concluya el proceso legislativo de reformas a la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; en cambio, se acordó enviar el expediente a la Sociedad mencionada, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia, lo que resulta equivalente con lo propuesto por el Diputado Octavio Martínez Vargas de apoyar a la Sociedad Hipotecaria Federal a que siga cumpliendo con las funciones que le atribuye la Ley de la materia. “ … (SIC). (Publicado en la Gaceta Parlamentaria Número 18, Año 2008).
4. El 16 de julio, ante la Comisión Permanente, se presenta un punto de acuerdo que “solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal se abstenga de cancelar las autorizaciones de aquellos peritos valuadores que no han cumplido con el requisitos de titularse”. Por lo que dicho punto de acuerdo, no es posible que prospere en sus términos, en virtud de la Tercera Comisión ya resolvió sobre el asunto, como se explica en el considerando número 3.
5. Lo que ocupa al Partido de la Revolución Democrática es que se desmerité el esfuerzo de aquellos ciudadanos que cumplieron con todos y cada uno de los requisitos para obtener su cedula profesional de postgrado y actuar como perito valuador.
6. Por lo anterior, se ofrece el apoyo a la Sociedad Hipotecaria Federal, para que continúe con sus funciones y siga cancelando las autorizaciones que ya fenecieron depurando y actualizando su padrón. Y se solicita atenta y respetuosamente entregue un informe detallado sobre el avance de las cancelaciones a que se refiere el artículo segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. para que continúe con la cancelación de las autorizaciones de aquellos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de postgrado, en virtud de que dicho plazo feneció el 6 de febrero del año 2008.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente hace una atenta invitación a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. para que entregue un informe detallado y actualizado sobre las cancelaciones a que se refiere el artículo segundo transitorio que señala la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en Crédito Garantizado.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los veinte días del mes de agosto de dos mil ocho.
A T E N T A M E N T E
Dip. Fed. Octavio Martínez Vargas
Del Dip. Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los Tribunales Agrarios a resolver con apego a la legalidad y dar solución al conflicto de dotación de tierras al poblado San José Bodenquí, del Municipio de San Miguel Chapa de Mota, en Jilotepec, Estado de México.
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TRIBUNALES AGRARIOS, PARA QUE RESUELVAN CON APEGO A LA LEGALIDAD Y DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO DE DOTACIÓN DE TIERRAS AL POBLADO SAN JOSÉ BODENQUÍ, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHAPA DE MOTA, EN JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. A CARGO DEL DIPUTADO FEDERAL OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.
El suscrito, diputado Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, Punto de Acuerdo, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. En el poblado denominado Ex Hacienda de San José Bodenqui, Municipio de San Miguel Chapa de Mota, perteneciente al distrito de Jilotepec, Estado de México, está asentada la comunidad agraria indígena de raza Otomí Bodenqui, misma que fue beneficiada con terrenos concedidos en concepto de reconocimiento de bienes comunales en el expediente 321/92, dictada por el Tribunal Unitaria Agraria Distrito No. 9 con residencia en Toluca, cuya posesión fue ordenada en resolución el día 20 de enero de 1994 por motivo del rezago agrario de 1934, mediante lo cual se constituye la zona comunal denominada “Bodenqui”.
2. El día 3 de octubre del año de 1934 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución respecto al expediente de dotación de tierras al poblado de Dongú, Estado de México y en su resolutivo Primero declara que es procedente la dotación de ejidos solicitada por los vecinos del poblado de Dongú, Municipio de Chapa Mota Estado de México y en los resolutivos Tercero y Sexto se señalan las fracciones, medidas y colindancias así como el justo título comunal para efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos declarados a favor del poblado beneficiado así como su inscripción en el Registro Púbico de la Propiedad y dicho fallo en el Registro Agrario Nacional.
3. Aunado a lo anterior, ante los comuneros y avecindados el Sr. José Ignacio Mier y Terán del Valle, en su calidad de legítimo propietario de la Hacienda de Bodenqui y en representación de su Sra. Madre María del Valle viuda de Don Francisco Mier y Terán, así como representando a la comunidad agraria el Sr. Felipe Sánchez Ramón, el primero de los nombrados ratificó la entrega de la totalidad de la finca propiedad se su Sr. Padre al núcleo agrario, de los terrenos contenidos en la Resolución pronunciada en el expediente de Jurisdicción Voluntaria de fecha 20 de enero de 1994.
4. Cabe señalar que con fecha 5 de marzo de 1979, el Lic. D. Ayey Jaime González titular del Registro Público de la Propiedad del Distrito de Jilotepec informa mediante oficio 221/OR1/14/79, informa el número de hectáreas con las que fueron beneficiados los vecinos de “Dongú”.
5. La dotación de tierras comunales del poblado de Bodenqui desde el año de 1992, ha sido controvertido ante los Tribunales Agrarios abriéndose el expediente 321/92, en virtud de que se presentan personas distintas que señalan ser legítimos propietarios fundándose para ello, en títulos declarados por la autoridad agraria como certificados de inafectabilidad, pero de hecho existe un documento que acredita que dichos títulos carecen de antecedentes registrales, tal como se puede probar con el oficio número DNR/187/07, de fecha 12 de febrero de 2007 suscrito por la Lic. Marta Patricia Tejada Mascarúa, en su carácter de Directora de Normatividad Registral, del Registro Agrario Nacional.
6. Durante el curso del juicio en primera, segunda instancia se presentaron diversos expedientes que sean formado por la tramitación de múltiples acciones emprendidas por las personas que se ostentan como propietarios, cometiendo, así agresiones verbales, físicas e intimidatorias de las cuales son objeto sus miembros y representantes, “llegando al absurdo de obtener mandatos judiciales contarios a derecho y en beneficio de terceros”. Esta última afirmación se comprueba con el anexo número uno que se adjunta.
7. Derivado de dichas anomalías se interpuso el juicio de amparo ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito número 9, resuelve en el mismo sentido reconociendo la propiedad a personas distintas de las ya reconocidas en el Decreto Presidencial señalado en el considerando dos del presente punto de acuerdo, sin la necesidad de un título de propiedad.
8. La comunidad de Bodenqui, interpone un recurso de revisión con el número de expediente 138/97-09 R.R., ante el Magistrado Marco Vinicio Martínez Guerrero, del Tribunal Superior Agrario y resuelve que el “Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, incurrió disposiciones legales aplicables para la tramitación de la acción reconvencional”…(SIC). Por lo que resolvió procedente revocar la sentencia de amparo para efecto de que se regularice el procedimiento. (Se adjunta copia del recurso de revisión como anexo número 2).
El Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática solicita se resuelva con estricto apego a la ley respecto a la dotación de la tierra señalada en el presente punto de acuerdo, para lo que se pide que los Tribunales Agrarios realicen un minucioso análisis y resuelvan conforme lo previsto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin la injerencia de cualquier otra autoridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
Único.- Se exhorta los Tribunales Agrarios, para que actúen con legalidad y se resuelva el conflicto de dotación de tierras al poblado San José Bodenquí, del municipio de San Miguel Chapa de Mota, en Jilotepec, Estado de México.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil ocho.
LIC. OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS
DIPUTADO FEDERAL
Del Dip. Pablo Trejo Pérez y de la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar un anticipo a las participaciones correspondientes a este año hasta por el monto que se adeuda a las entidades federativas por el derecho adicional de hidrocarburos correspondiente a 2007.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OTORGUE UN ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ESTE AÑO HASTA POR EL MONTO QUE SE ADEUDA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR EL DERECHO ADICIONAL DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE A 2007.
Los que suscriben, Pablo Trejo Pérez y Minerva Hernández Ramos, diputado federal y senadora de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:
I. ANTECEDENTES.
El pasado 13 de agosto de 2008, se presentó a esta Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al director general de Pemex a cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Derechos, relativo al pago del derecho adicional previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del capítulo XII, del título segundo de dicha ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005 y se solicita la intervención de la entidad de fiscalización superior de la federación con la finalidad de exhortar a Pemex y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar cumplimiento a una disposición fiscal consistente en el pago del derecho adicional que Pemex tuvo la obligación de pagar a las entidades federativas por el incumplimiento de la meta de producción de hidrocarburos del año de 2007.
II. CONSIDERACIONES
La mayoría de las entidades federativas han sido afectadas en su hacienda pública porque hasta ahora ni Pemex ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han reconocido el adeudo, aun cuando el año pasado se suscitó el mismo problema, que finalmente se resolvió a favor de los gobiernos locales.
Las entidades federativas presupuestaron el derecho adicional, por lo que han tenido que hacer reasignaciones para cubrir sus faltantes. Incluso, algunas de ellas tienen problemas para cumplir los compromisos derivados de convenios firmados con la Federación para efectuar obras conjuntas.
Sin embargo, también se reconoce la incapacidad financiera de Pemex para hacer frente a sus adeudos por lo que en aras de facilitar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, las entidades federativas y las autoridades federales están llevando a cabo un proceso de revisión y conciliación, como sucedió el año pasado.
Por tal motivo y a fin de permitir que las entidades federativas estén en posibilidad de hacer frente a sus compromisos presupuestales, en tanto se alcanza un resolutivo satisfactorio para las partes, se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les efectúe un adelanto en sus participaciones de 2008, o en su caso, un préstamo de corto plazo sin intereses, hasta por el monto que se les adeuda por el Derecho Adicional aproximadamente por $8,877 millones de pesos.
III. PUNTO DE ACUERDO
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue un anticipo de las participaciones federales correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de este año o en su caso, un préstamo de corto plazo sin intereses, hasta por el monto que se les adeuda por concepto del derecho adicional de 2007 previsto en el artículo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII, del Título Segundo, de la Ley Federal de Derechos publicado el 21 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación”.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de agosto del año 2008.
ATENTAMENTE
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|SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS |DIP. PABLO TREJO PÉREZ |
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a destinar recursos para la realización del proyecto “Implementación de Sistemas Sustentables para la educación integral en el Bosque de Tarango” de la Delegación Álvaro Obregón, en el Distrito Federal.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e.
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El Bosque de Tarango y áreas verdes adyacentes se ubica al poniente del Distrito Federal, en la delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, cuenta con alrededor de 10 hectáreas.
Debido a la gran cantidad de zonas arboladas y abundante vegetación sus características geológicas y morfológicas la hacen invaluablemente importante la infiltración de agua para la recarga del acuífero.
Por su ubicación, las grandes inmobiliarias han pretendido invadir esta importante zona verde para construir unidades y complejos habitacionales, paisaje urbanizado del cual se encuentra rodeado, sin embargo gracias a la intervención férrea de la comunidad y a pesar de la presión que se ejerce sobre el territorio, la población se ha impuesto a estos invasores.
La situación es de tal gravedad que a diario se presenta actos ilícitos como tiro de basura, cascajo, animales muertos, autos abandonados, por mencionar algunas violaciones a la normatividad ambiental. Otras consecuencias o ilícitos como robos a mano armada, inclusive con resultados fatales, son practica común.
Ante la situación, la Cámara de diputados asignó recursos al PROGRAMA DE RECUPERACION DEL SUELO DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL 2007, para en una primera etapa, realizar acciones y trabajos encaminados a la protección de esta importante zona verde de la Delegación Álvaro Obregón. Con esos recursos se instaló una protección perimetral de 500 metros lineales de cercado con malla ciclónica, lo cual ha permitido la disminución del índice de tiro de cascajo, basura y otros materiales, de igual manera los robos y actos vandálicos disminuyeron considerablemente.
Por lo anteriormente expuesto solicito se turne la siguiente propuesta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para que resuelva lo conducente a la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el ámbito de su competencia, destine un presupuesto de 4,795,600.00 (cuatro millones setecientos noventa y cinco mil seiscientos pesos M.N. 00/100) pesos para la realización del proyecto “Implementación de sistemas sustentables para la educación integral en el bosque de Tarango” de la delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veinte días del mes de agosto del año dos mil ocho.
Suscribe
Dip. Aleida Alavez Ruiz
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto suficiente para la realización del proyecto ejecutivo del camino carretero de diversas comunidades y que parte de la estación ferroviaria de Santiago Quiotepec, San Juan Coyula, Santa María Cuyamecalco, Santa Ana Cuauhtémoc, San Juan Chiquihuitlán, San Pedro Teutila, San Isidro Buenos Aires, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Chiquihuitlán de Benito Juárez y Santa María Tlalixtac, entre otros poblados del estado de Oaxaca.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e.
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Como es de su conocimiento el estado de Oaxaca, enfrenta serias carencias en infraestructura de toda índole, sin embargo, una de las que con mayor frecuencia impide el desarrollo de las comunidades, alejadas de las grandes ciudades, es la falta de caminos pavimentados y seguros para los habitantes de la entidad.
No es un secreto que por las condiciones geográficas de la entidad, la atención a los requerimientos de la población oaxaqueña en materia de caminos vuelve aún más difícil dar la cobertura que se requiere, por lo que es necesario un esfuerzo mayor por dar impulso al desarrollo de las vías de comunicación, lo que traerá aparejado incentivar el comercio, el turismo, dar cabida a mejores servicios de salud, educación, vivienda por citar algunos básicos para el crecimiento de Oaxaca.
En este caso específico, la solicitud de apoyo, corresponde para la región de la cañada de la entidad, cuyo camino de terracería parte de la estación ferroviaria de Santiago Quiotepec, pasando puntos intermedios de San Juan Coyula, Santa María Cuyamecalco, asimismo comunica a Santa Ana Cuauhtémoc, San Juan Chiquihuitlán, San Pedro Teutila, San Isidro Buenos Aires, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Chiquihuitlán de Benito Juárez y Santa María Tlalixtac, entre otros poblados, cuya población asciende a una cantidad aproximada de 10 mil habitantes.
Estas comunidades se localizan enclavadas sobre la cordillera de la sierra Cuicateca, a una altura aproximada de 1800 metros sobre el nivel del mar.
Estas difíciles condiciones geográficas obligan a la población a trasladarse de manera precaria a las ciudades de Oaxaca, Puebla o Veracruz para abastecerse de productos básicos.
Conforme a las peticiones de las autoridades municipales y de los pobladores de la región, refieren que como muchos de los caminos de esas comunidades, existen desde hace muchos años, sin embargo nunca se ha atendido su petición de ampliación y pavimentación del camino, el cual en época de lluvias es inseguro para el transito de los pobladores, lo que en consecuencia dificulta el desarrollo regional.
Como este caso, son los enormes compromisos que existen con el pueblo de México, es deber impostergable atender de manera oportuna la petición de justicia social, no se nos pide menos que cumplir con nuestra obligación y destinar recursos que incidan en el bienestar y desarrollo del país; un camino pareciera ser en el presupuesto un asunto de poca monta e igual importancia, por el contrario para los habitantes de esas humildes poblaciones es la oportunidad de un futuro diferente.
Por lo anteriormente expuesto solicito se turne la siguiente propuesta a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados para que resuelva lo conducente a la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, para que en el ámbito de su competencia, destine un presupuesto suficiente para la realización del proyecto ejecutivo del camino carretero de las comunidades que se señalan a continuación y que parte de la estación ferroviaria de Santiago Quiotepec, San Juan Coyula, Santa María Cuyamecalco, Santa Ana Cuauhtémoc, San Juan Chiquihuitlán, San Pedro Teutila, San Isidro Buenos Aires, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Chiquihuitlán de Benito Juárez y Santa María Tlalixtac, entre otros poblados del estado de Oaxaca.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veinte días del mes de agosto del año dos mil ocho.
Suscribe
Dip. Aleida Alavez Ruiz
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el cumplimiento del marco jurídico y respecto de las garantías que otorga la Constitución Política en el procedimiento administrativo que se sigue en contra del Magistrado Federal Francisco Salvador Pérez.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e.
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Los miembros del Poder Judicial de la Federación al igual que todos los servidores públicos tienen como obligación fundamental el apego irrestricto a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos cargos o comisiones.
Sin embargo, ninguno de estos principios restringe el libre ejercicio de las libertades como la de expresión, de imprenta, de información que garantiza nuestra Carta Magna.
Por ello, es relevante traer el caso del Magistrado Federal Francisco Salvador Pérez a la tribuna de la Comisión Permanente, pues no es un secreto que los procedimientos que se instauran en el Poder Judicial, por la forma en que está redactada la propia Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son procesos que dejan en desventaja al trabajador judicial, toda vez que en partes del procedimiento el Consejo de la Judicatura actúa como juez y parte.
Asimismo, el Poder Judicial se caracteriza por ser un órgano de poder cerrado, de cuyos procedimientos muy pocas veces tenemos noticias por ello es necesario hacer de la transparencia en la realización de sus procedimientos sea una practica constante.
El caso de magistrado ha despertado serias dudas en el Estado de Oaxaca, donde se desempeñaba como impartidor de justicia, con una carrera judicial de 35 años, y a raíz de pronunciar su simpatía con el movimiento social que sucedió en el año 2006 en la entidad, ha sido objeto de procedimientos poco claros, en los que el Consejo de la Judicatura Federal tiene la obligación de apegar a derecho y de hacer públicos.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración la siguiente Proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al Consejo de la Judicatura Federal, para que en el ámbito de su competencia vigile el estricto respeto a las libertades constitucionales de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al Consejo de la Judicatura Federal, para que en el ámbito de su competencia vigile el cumplimiento del marco jurídico y respecto de las garantías que otorga la Constitución Política en el procedimiento administrativo que se sigue en contra del Magistrado Federal Francisco Salvador Pérez.
Dip. Aleida Alavez Ruiz
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto de 60 millones de pesos para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice el “Programa para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales de los Chimalapas”, en el estado de Oaxaca.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e.
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La integración de la presente propuesta, tuvo su origen en los comuneros del Municipio de San Miguel Chimalapa, quienes promovieron por iniciativa propia la realización de reuniones y asambleas en cada una de las comunidades del municipio; en las cuales, se analizó la importancia de nuestras selvas, bosques y todo lo que se refiere a los recursos naturales, principalmente los problemas agrarios y ecológico-productivos. La información promovida en las comunidades a través de estas pláticas, produjo se elaborara un proyecto formal que permitiera buscar apoyos para proteger la biodiversidad y asegurar la conservación de ecosistemas prioritarios y así mejorar las condiciones de vida de las comunidades participantes y sobre todo conservar su territorio comunal.
De esta manera, CHUDEB A.C, Autoridades Comunales y Municipales entran en acción para iniciar un proceso regional de conservación que permita un mejor manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y al mismo tiempo impulse el desarrollo integral comunitario de la región.
Los recursos naturales en general, que se encuentran en el territorio de San Miguel y Santa María Chimalapa, presentan diferentes grados de perturbación, desde zonas vírgenes hasta áreas que han sido siniestradas totalmente. Las principales causas que han provocado el deterioro de estos recursos están relacionados con el conflicto agrario, los incendios forestales, la extracción de madera clandestina, el tráfico de animales silvestres, el establecimiento de zonas agrícolas con sistemas inestables de cultivo, la renovación de pastizales y en menor medida la extracción de madera para uso doméstico.
Otros factores que han afectado la superficie de los bosques y selva, pero de origen natural, fue la presencia del huracán Herminia, a su paso, arrastró tierra, azolvó ríos y terrenos de cultivo, derribó árboles, milpas y pérdida de animales, tanto silvestres como domésticos. En 1998, el desastre ecológico fue provocado por incendios forestales, en donde se perdió una buena parte de la selva más conservada y de los bosques mesófilos de montaña. Se tiene un calculo estimado que en los incendios de 1998 se afectaron 210, 000 hectáreas de diversa intensidad de daños. Desde el siniestro total, hasta daños superficiales y con daños en el follaje y copa, con sus consecuencias en la fauna silvestre, agua y suelo.
El área de los Chimalapa, se considera una de las superficies más importantes de selvas tropicales húmedas conservadas en el sureste mexicano. Es una zona ancestralmente habitada por la etnia zoque, que en 1995 contaba con cerca de 13,000 habitantes distribuidos en sus dos municipios. Sin embargo, las selvas se extienden más allá de los límites de Chimalapa: hacia el norte, a la región de Uxpanapa, Veracruz y hacia el este, la reserva de la biosfera El Ocote, Chiapas. Esta región en su conjunto es conocida como la selva Zoque.
En 1967 que le fueron reconocidas las tierras de San Miguel por 134,000 hectáreas y de Santa María Chimalapa, que adquirieron desde la época colonial.
Nuestros derechos los hemos tenido mucho antes de que se fundara el estado Mexicano, pero la SRA nunca efectúo el deslinde físico de los terrenos comunales del decreto de nuestra resolución presidencial, en beneficio de nuestros intereses de comuneros indígenas verdaderos defensores de los recursos naturales asentados en Chimalapa,
Es de esta manera, que dio origen el actual conflicto agrario que ya es de confrontación social y mantiene como rehén a la ecología causando la destrucción de los recursos naturales de los Chimalapas y limitando el desarrollo social y económico de la región por lo que determinamos con base en los artículos 7 del convenio 169 de la OIT.
“Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos. Los criterios de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.
Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el ambiente de los territorios que habitan.
Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
Por lo anterior es necesario adoptar e impulsar modelos alternativos de desarrollo agropecuario que posibilite a los productores, ser protagonistas de su desarrollo mediante esquemas de producción y comercialización más estables promoviendo el autoconsumo y el fortalecimiento del mercado regional mediante la venta interna de los excedentes.
El propósito del proyecto de la Granja Integral es coadyuvar en la diversificación de las actividades productivas mediante el uso, manejo y conservación de los recursos naturales de la región, utilizados en el proceso de producción de alimentos de origen vegetal y animal, a través de la integración y aprovechamiento eficiente de los componentes de la economía campesina y que permita un desarrollo interno, lo que les pondrá en condiciones de obtener independencia alimentaria en una primer fase y así, estar preparado para dar un siguiente salto tecnológico que le permita mejorar su situación, adecuando las acciones correspondientes, buscando la optimización de los recursos asignados para los diferentes módulos de la granja, así como reducir el impacto ambiental adverso (pérdida de la biodiversidad, plagas de insectos, enfermedades y contaminación), tratando de aprovechar racionalmente y de manera sustentable de los recursos suelo, clima y vegetación que poseen, bajo un punto de vista de conservación.
Siendo la pretensión del presente proyecto, la operación conjunta de unidades de producción propias de la economía campesina, proponiendo un ordenamiento que incremente su eficiencia y la conservación de los recursos naturales. Donde el manejo de éstos, interacciona con múltiples factores impulsores del desarrollo, dentro de los que tenemos las condiciones sociales, la tecnología, los niveles económicos, la educación y la ciencia.
El módulo comunitario de Granja Integral es una alternativa flexible para las diferentes situaciones sociales, tecnológicas, económicas y es un excelente espacio para la motivación científica de las interesados en las ciencias biológicas; de tal manera que el modelo y operación de una Granja Integral va a estar en función de las condiciones ambientales de la localidad, objetivos y finalmente de las expectativas del interesado en trabajar este sistema de desarrollo rural.
En este sentido, las iniciativas de conservación de las comunidades, se han expresado en el acuerdo colectivo para declarar su territorio como Área Comunal de Conservación Ecológica, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. En esta declaratoria subyace la conciencia y el compromiso de cambiar el manejo que se hace actualmente de los recursos naturales, la tendencia es modificar las prácticas agrícolas hacia sistemas estables de cultivo, con prácticas de conservación de suelos y agua, establecer acuerdos comunitarios sobre uso del fuego, de la cacería y pesca, definir el uso del suelo, sumando los intereses de los diversos sectores. Para lograr lo anterior, se ha determinado como parte del Plan de Desarrollo de la Zona Oriente el presente proyecto.
Por lo anteriormente expuesto solicito se turne la siguiente propuesta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para que resuelva lo conducente a la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el ámbito de su competencia, destine un presupuesto de 60 millones de pesos para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante convenio de concertación con la asociación civil “Chimalapas Unidos por la Defensa y Conservación de las Etnias y la Biodiversidad” (CHUDEB, A.C.), realice el “Programa para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales de los Chimalapas”, en el estado de Oaxaca.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veinte días del mes de agosto del año dos mil ocho.
Suscribe
Dip. Aleida Alavez Ruiz
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto de 115 millones de pesos para la realización del proyecto “Fortalecimiento de la estructura de prevención y combate de incendios forestales en el suelo de conservación del Distrito Federal”.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e.
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Con una superficie de 87,294 hectáreas de suelo de conservación (SC), el Distrito Federal constituye un territorio estratégico para la vida de la Ciudad de México, ya que se localiza dentro del eje neo volcánico y se caracteriza por presentar ecosistemas muy diversos, en la que se encuentra representada casi el 2% de la biodiversidad del mundo, además constituye el área central del valle de México, que genera servicios ambientales, imprescindibles para la sustentabilidad de la zona Metropolitana de la Ciudad de México, como la recarga del acuífero, la captura de carbono, la producción de oxigeno o la retención de suelo fértil. También del SC, se obtienen otros tipos de servicios indispensables para el desarrollo sano de una sociedad, como paisajes naturales o amplios espacios verdes para el esparcimiento.
Sin embargo, el SC día con día sufre fuertes presiones que amenazan su condición y su estructura y causan un deterioro principalmente por el crecimiento desordenado de la mancha urbana, ocasionando disturbios en los recursos naturales que representan un potencial económico y ambiental indispensable para el desarrollo y viabilidad de la Cuidad de México.
Entre causas de disturbio mas importante que influyen en la estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas terrestres, los incendios forestales son uno de los factores de mayor riesgo, teniendo a nivel nacional, alrededor de 8,745 incendios cada año con una superficie afectada de 243,882 hectáreas y, para el caso del SC, en promedio cada año ocurren 2,030 eventos (incendios + conatos) que afectan una superficie forestal total de 1,864 hectáreas; ocupando el segundo lugar incidencia de incendios, solo después del Estado de México.
Para hacer frente a esta situación el gobierno y dueños poseedores del bosque (núcleos agrarios) destina recursos para la ejecución de acciones tendientes a una prevención oportuna y un combate eficiente de los incendios forestales. Estas acciones permites reducir de manera significativa la incidencia de los mismos y el grado de afectación.
Actualmente se cuenta con una infraestructura de operación (17 torres campamento, comando de incendios forestales, vehículos, equipo y herramienta, etc.), que desde el año 1998 han sido y siguen siendo los pilares en el combate a los incendios forestales del Distrito Federal. Sin embargo, ya cuentan con 10 años de uso y aunque se ha invertido en su mantenimiento es necesario renovar y actualizar el 80% de esta infraestructura.
Ante esta situación, resulta de vital importancia invertir de manera suficiente con recursos económicos a un problema que nivel mundial en materias de contaminación ambiental y degradación de ecosistemas terrestres, es uno de los más importantes, los incendios forestales.
Por ello, es indispensable fortalecer los esquemas operativos que actualmente se encuentran funcionando y que dependen de elementos indispensables, prioritarios y de seguridad con son: la infraestructura de detección, adquisición de equipos y herramientas ordinarias automatizadas; así como dotar al personal combatiente del equipo mínimo necesario que exigen las reglas internacionales en materia de incendios forestales cuy premisa es “la seguridad del personal ante todo”. Para lo anterior es necesario contar con un presupuesto de 115 millones de pesos.
Para ver con perspectiva la problemática y la necesidad de los recursos, en el año 2007 en el D.F. se presentaron 681 incendios forestales, afectando una superficie de 890 hectáreas este y otros factores, han impactado fuertemente en el proceso de degradación del Suelo de Conservación del D.F.
En este sentido se pretende, a través de las acciones de Protección de los Recursos Naturales en el Suelo de Conservación, y áreas Naturales Protegidas y en las Zonas Limítrofes del Distrito Federal con los Estados de México y Morelos, buscar soluciones para revertir la tendencia de degradación del ecosistema, a través de la instrumentación de una política ambiental que considere la adquisición de equipo especializado e invierta en el fortalecimiento a la infraestructura (equipo, herramienta, insumos, etc.) existente en materia de incendios forestales y hacer frente de manera efectiva a la problemática y sus consecuencias ambientales, buscando la armonía entre el desarrollo de la población y la preservación de los ecosistemas del SC del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto solicito se turne la siguiente propuesta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para que resuelva lo conducente a la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el ámbito de su competencia, destine un presupuesto de 115 millones de pesos para la realización del proyecto “Fortalecimiento de la estructura de prevención y combate de incendios forestales en el suelo de conservación del Distrito Federal.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veinte días del mes de agosto del año dos mil ocho.
Suscribe
Dip. Aleida Alavez Ruiz
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto de 100 millones de pesos para la realización del “Programa de Derechos Sociales Indígenas para el Distrito Federal”.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e.
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La situación que existe en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha sido con base en su esfuerzo e insistencia para recordar una y otra vez su imprescindible presencia en el desarrollo de la nación.
Los recientes eventos, después de una larga lucha, comienzan a cristalizarse. La reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, nos obligan a dar cumplimiento puntal en todas las escalas sociales, no sin antes reconocer los contenidos de los acuerdos de San Andrpes Larranzair y el propio Convenio 169 de la OIT.
El Distrito Federal, dada su categoría político-administrativa sui generis, resiente la inequidad en el ejercicio pleno de los derechos de sus ciudadanos y muy particularmente de la población indígena, a la cual se debe poner atención fundamental.
Queremos destacar, que en el Distrito Federal contamos con 150 pueblos originarios, algunos de ellos con sus barrios, que se ubican en todo su territorio. La historia de la construcción de esta gran ciudad no puede entenderse sin ellos, enriquecida con el arribo de población de distintos grupos indígenas que se han radicado en ella.
Lamentablemente, nunca es suficiente contar con los presupuestos adecuados para dar cabida a las demandas sociales de esta población. De ahí que solicitamos que en el análisis del proyecto de Presupuesto, se pueda contemplar la inclusión de un programa denominado “Programa de Derechos Sociales Indígenas para el Distrito Federal”, al cual se le pueda asignar un presupuesto de 100 millones de pesos, a través de la vertiente “social” del anexo 7 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, en el ramo 06 “Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, creando para su inclusión un rubro denominado “Otros de atención indígena”.
Para el ejercicio de este presupuesto, se celebraría un convenio entre el gobierno federal y del Distrito Federal, a través de la CDI y la SEDEREC, con sus acuerdos específicos y lineamientos técnicos.
El presupuesto que se solicita será invertido para el ejercicio de las siguientes acciones:
1.- INTEGRIDAD TERRITORIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Proyecto de Apoyo a Pueblos Originarios
La Ciudad de México fue proclamada en 1824 capital de la República Mexicana y asiento de los poderes de la federación. En ese año, la traza de la ciudad abarcaba prácticamente lo que hoy se conoce como el “centro histórico”. Alrededor de la ciudad se extendían los territorios de los pueblos indios que sobrevivieron a la conquista y colonización. Hasta 1812, los gobiernos indígenas de Tenochtitlan, Tlatelolco, Xochimilco, Coyoacan, Tacuba, Tacubaya, Azcapotzalco, tenían jurisdicción sobre extensos territorios que abarcaban numerosos pueblos y barrios a todo lo ancho de la ciudad de México. Al paso de los años los pueblos originarios no fueron considerados en el proceso de la construcción de la ciudad de México, lo que confino no solo a la exclusión y discriminación si no que edemas se estableció que en la medida que el Distrito Federal avanzada a una supuesta modernidad los habitantes originarios tendrían necesariamente que dejar su identidad como pueblos originarios.
Al paso del tiempo, los pueblos originarios no solo mantienen su identidad y sus costumbres como pueblos, si además son protagonistas sociales y promotores de su propia cultura y desarrollo en los territorios de la ciudad que lo había negado.
Para ello, se requiere realizar acciones para:
• Promover el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los 150 pueblos originarios de la ciudad México, respetando su identidad social, cultural, usos, costumbres e instituciones propias.
• Impulsar actividades promuevan el desarrollo integral de los miembros de los pueblos, así como la equidad, el bienestar social, el respeto a la diversidad, el fomento a la participación ciudadana y una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno y la comunidad.
• Generar programas productivos para desarrollar en los pueblos originarios y atención a comunidades étnicas
Programación presupuestal
Solicitamos un presupuesto de 50 millones de pesos para el apoyo a los proyectos comunitarios.
2.- CONVIVENCIA INTERCULTURAL
La Ciudad de México se caracteriza por una pluriculturalidad generada por procesos de diversa índole. En ella confluyen pueblos y comunidades indígenas provenientes de las regiones culturales que comprende nuestra nación, así como por comunidades migrantes provenientes de otras naciones, pero que se han venido asentando de manera paulatina en la ciudad.
Así, que para el censo del año 2000 se encontraban cuando menos 56,187 mujeres y hombres nacidos en el extranjero pero con residencia en el Distrito Federal, y en hogares donde el jefe de familia es extranjero, aproximadamente 71,456 residentes.
Por otro lado, la presencia de población indígena en la ciudad se acerca a 141,710 hablantes, según el INEGI en su estimación para el año referido, mientras que para el censo de 2005 registra a 118,424 personas. De todas ellas, por presencia numérica destacan las lenguas siguientes: Náhuatl, Otomí, Mixteco, Zapoteco, Mazateco, Totonaco, Mixe, Chinanteco, Tlapaneco, Maya, Tzeltal, Purépecha, Huasteco, Triqui.
Otro actor social y étnico refuerzan el carácter pluricultural de la ciudad de México, son los pueblos originarios son en mayoría de origen náhuatl, ubicados en la delegaciones consideradas rurales y preservación ecológica que aun mantienen sus costumbres y tradiciones como los habitantes originarios de la antigua Tenochtitlán. En este contexto resulta de vital importancia que la ciudadanía cuente con las herramientas para que se exprese libremente través de los diversos medios disponibles y tenga los canales de comunicación que permitan fortalecer a las organizaciones, pueblos originarios y comunidades indígenas que la componen. Desde este punto de vista, uno de los medios de comunicación que permite cumplir de mejor forma con estos objetivos es la radio, ya que, posibilita una mayor cercanía entre las personas y puede constituirse en un medio de interacción que aporte al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
a) Programa de Centro de Lenguas Indígenas del Distrito Federal
Los datos oficiales que cuantifican la presencia indígena en el Distrito Federal tienen importantes divergencias, por un lado el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática (INEGI) en el Censo de Población y Vivienda del 2000 refiere una población de hablantes de lengua indígena de 141,710; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el estudio “Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002” estima una población indígena de 333 428.
Las razones de esta disparidad radican en los criterios que se utilizaron para la cuantificación de esta población. Por un lado, el INEGI emplea el criterio de “Hablante de Lengua Indígena” que consiste básicamente en preguntar al entrevistado si habla o no alguna lengua indígena.
Por su parte la CDI, hace una estimación a partir de la información del INEGI del 2000, considerando la población en hogares con al menos un hablante de lengua indígena lo que da una cifra mayor de población indígena como ya se indicó.
Para el 2005, el Conteo de Población y Vivienda del INEGI registra en la ciudad de México a una población de hablantes de lenguas indígenas de 118 424 personas, de los cuales 55 487 son hombres y 62 937 son mujeres. El mismo conteo al considerar en sus indicadores, a la población de hogares indígenas, es decir hogares cuyo jefe o jefa de familia habla alguna lengua indígena, aumenta la cifra de esta población a 247 208 personas.
Aún más relevante que el número de hablantes de lenguas indígenas, es la gran diversidad de dichas lenguas con presencia en el Distrito Federal.
Objetivo General
Fomentar y fortalecer el uso público y la enseñanza de las lenguas indígenas entre las personas indígenas que residen en el Distrito Federal, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para vigorizarlas y divulgarlas.
Objetivos Específicos
• Conformar un equipo de hablantes de lenguas indígenas que cuenten con los elementos básicos teóricos metodológicos para desarrollar una serie de talleres de lecto-escritura, alfabetización y enseñanza de lenguas indígenas.
• Elaborar materiales en audio, en video y escritos en lenguas indígenas, incluyendo los programas del gobierno de la ciudad dirigidos a indígenas, que sirvan como elementos de formación, difusión y consulta tanto para la población de habla indígena, como para la sensibilización de la población no indígena.
• Promover la difusión de las lenguas indígenas que se hablan en la ciudad, en los medios de comunicación.
• Realizar estudios y diagnósticos sobre las lenguas indígenas que se hablan en el Distrito Federal.
• Promover la conformación de acervos literarios en las lenguas indígenas que se hablan en el Distrito Federal.
• Realizar talleres de formación de traductores e intérpretes interculturales en las lenguas indígenas que se hablan en la ciudad, y brindar servicios de traducción en lenguas indígenas.
Programación presupuestal
Para la realización de este programa la SEDEREC requiere de un monto presupuestal de $20 millones de pesos.
b) Centro de Producción Radiofónica y video de Acceso Público para los proyectos de radio y video comunitario de las comunidades indígenas y pueblos originarios del DF.
Objetivo General
• Permitir la realización de proyectos de carácter autogestivo encaminados a la resolución de necesidades de los pueblos originarios y comunidades indígenas radicadas en el Distrito Federal en el marco del desarrollo sociocultural. Plurietnico y comunitario
• Permitir el acceso al manejo de los medios de comunicación a los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en el Distrito Federal a través de la realización de proyectos comunitarios orientados a la producción radiofónica y audiovisual.
• Hacer eficientes los recursos invertidos en radio a partir de la creación de un espacio de producción y difusión de las comunidades que por un lado profesionaliza los trabajos y por el otro abate costos al dividir entre los proyectos el recurso que se invierte
• Proporcionar el espacio para el efectivo ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información de los pueblos originarios y comunidades indígenas
Objetivos específicos.
• Crear un Centro de Producción Radiofónica comunitario de Acceso Publico para los proyectos de radio comunitaria de las comunidades del DF.
• Apoyar la terminación de proyectos que requieran equipo más profesional, técnico y/o humanos. en video.
• Apoyar en el rescate de la memoria musical de la ciudad grabando en este estudio las expresiones musicales de las comunidades del DF.
• Apoyar la visibilidad de los proyectos a través de instalar una radio en Internet que de salida concreta a los trabajos ya realizados y otros por realizar por los números
• Proyectos de radio que hay en comunidades de la Ciudad de México, además de buscar otros espacios como La Radio de los Ciudadanos, y otras opciones públicas y comerciales.
• Profesionalizar los proyectos con talleres formativos, apoyo técnico y rescate de la memoria comunitaria en radio.
• Crear un Centro de Postproducción en video comunitario de Acceso Publico para los proyectos de video comunitaria de las comunidades del DF.
• Apoyar la terminación de proyectos que requieran equipo más profesional, técnico y/o humanos.
• Apoyar la visibilidad de los proyectos a través de instalar una pagina en Internet que de salida bajo la modalidad de “video on demand” a los trabajos ya realizados
• Trabajar con UACM para participar en los talleres de creación de proyectos en video en el marco del rescate de la memoria comunitaria y la identidad.
• Profesionalizar los proyectos con talleres formativos, apoyo técnico y rescate de la memoria comunitaria en video
Dentro de la proyección presupuestal para el presente proyecto se requieren de un presupuesto por 30 millones de pesos.
El Distrito Federal, realmente requiere allegarse de recursos que para tal efecto apruebe la Cámara de Diputados, con sustento en las razones y motivos anteriormente planteados, para lo cual solicitamos a la Comisión de Asuntos Indígenas que tome en cuenta estas necesidades, que estamos seguros contribuirá enormemente a la consecución de los objetivos requeridos para el logro de la protección de los derechos indígenas que nos mandata la Constitución.
Por lo anteriormente expuesto solicito se turne la siguiente propuesta a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para que resuelva lo conducente a la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el ámbito de su competencia, destine un presupuesto de 100 millones de pesos para la realización del “Programa de Derechos Sociales Indígenas para el Distrito Federal”, a través de la vertiente “social” del anexo 7 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, en el ramo 06 “Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, creando para su inclusión un rubro denominado “Otros de atención indígena”, como programa de nueva creación, y cuyo monto deberá ser transferido en su totalidad al Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veinte días del mes de agosto del año dos mil ocho.
Suscribe
Dip. Aleida Alavez Ruiz
De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto de 850 millones de pesos para la realización del “Programa para la Productividad del Suelo Rural del Distrito Federal”
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e.
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La situación que existe en el campo mexicano, debido al manejo estructural de la economía y el impacto que este tiene en la sociedad mexicana, afecta los medios productivos y calidad de vida de las mujeres y los hombres en toda la República y, particularmente al Distrito Federal, dada su categoría político-administrativa sui generis, que aún reciente la inequidad en el ejercicio pleno de los derechos de sus ciudadanos.
La Ciudad de México incluye una superficie del 59% de su territorio bajo una categoría de suelo de conservación, que incorpora el suelo rural del que dependen 62 núcleos agrarios, 55 ejidos, 7 comunidades y 36 poblados rurales, conformado por 28,600 hectáreas de tierras agrícolas, 10,154 hectáreas de uso urbano, 11 mil de pastizales, 500 de matorrales y 38 mil de bosques.
Representamos a una entidad que el Legislativo Federal le otorgó la facultad expresa de normar el desarrollo rural y agropecuario, establecido en la Constitución General de la República en su artículo 122, a diferencia del resto de las entidades federativas; sin embargo, también se rige por las disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, también aprobada por el Congreso de la Unión, de la cual se desprenden las disposiciones concurrentes programáticas.
El suelo rural del Distrito Federal brinda beneficios invaluables para su población que se entrelazan con la normatividad de protección ambiental muy rigurosa, dada la construcción histórica de esta entidad. Fuimos y seguimos siendo el centro de migraciones de población rural de otros Estados, pero paradójica y muy lamentablemente, también somos expulsores de población al extranjero por razones ampliamente conocidas, sobre lo cual tenemos una gran responsabilidad para atender a aquellas familias que los migrantes dejan para buscar mejores medios para el desarrollo de sus economías familiares.
Para el logro de un mejor bienestar de los habitantes del suelo rural, se requieren de presupuestos adecuados para dar cause a las necesidades y aspiraciones sociales, de ahí que apelamos a la sensibilidad de la Comisión de Desarrollo Rural, en la búsqueda de presupuestos federales complementarios.
Con ello se prevé mejorar la producción, comercialización, acopio y distribución de sus productos para enfrentar el rezago económico y social, muy particularmente para apoyar programas que mejoren e intensifiquen la productividad de los cultivos tradicionales; mejorar la infraestructura rural y coadyuvar al bienestar social.
En tal virtud, solicitamos la aprobación de una partida presupuestal denominada “Programa para la Productividad del Suelo Rural del Distrito Federal”, que se incluya en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en la vertiente “económica”, a través del Ramo 08 “Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)”, en un rubro programático específico, por 850 millones de pesos.
Para el ejercicio de este presupuesto, se celebraría un convenio entre el gobierno federal y del Distrito Federal, a través de la SAGARPA y la SEDEREC, con sus acuerdos específicos y lineamientos técnicos para que se transfieran estos recursos directamente al Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
El presupuesto que se solicita será invertido para el ejercicio de las siguientes acciones:
1. Fomento productivo para la mujer rural
Tiene por objeto ampliar las capacidades de las mujeres rurales para acrecentar su horizonte de oportunidades en la construcción de sus propias ofertas de empleo, las de sus hijas y vecinas; desarrollar alternativas productivas integrales, sustentables y participativas que generen ingresos suficientes, contribuyendo a su autonomía y libertad de decisión para su futuro. Particularmente impulsaremos la estrategia sobre la Parcela de la Mujer. Para la realización de estas acciones se requieren diez millones de pesos.
2. Protección y recuperación de cultivos nativos y herbolaria.
Una de las acuciantes demandas sociales es la producción y recuperación de cultivos nativos y herbolaria tradicional, como es el caso de los maíces criollos, el nopal y distintas especies de flora, hongos y suculentas, que contribuyen tanto a las cocinas como a la medicina tradicionales, en la base del logro de la soberanía alimentaria. Los recursos que se ejercerían para este programa serán de por lo menos 40 millones de pesos.
3. Manejo de microcuencas para el desarrollo rural
Para la SEDEREC es de suma importancia coadyuvar en los estudios enfocados al manejo integral de microcuencas que orienten, desde un enfoque de sustentabilidad, el desarrollo agropecuario y rural para incidir en las estrategias para mitigar los efectos del cambio climático. Con el presupuesto que se pueda asignar a este tenor, se formularán los estudios con este enfoque de las 18 microcuencas del suelo rural del Distrito Federal, así como la implantación de la primera fase de los estudios que involucran estrategias de labranza de conservación con acciones de recuperación de suelo productivo, manejo de aguas superficiales y acuíferos, y captura con técnicas artesanales de aguas pluviales, para lo cual se requiere de un presupuesto de 80 millones para tal efecto.
4. Programa de fomento agroindustrial y desarrollo artesanal
En esta estrategia se ubican las acciones comunes de apoyo a la producción de cultivos de hortalizas, gramíneas, ornamentales y aromáticas, y su comercialización, así como el fomento del desarrollo artesanal, la instauración de centros de acopio y comercialización regionales permanentes y estacionales, tanto en suelo rural como en el suelo urbano del Distrito Federal. Uno de los programas vinculados a esta estrategia es el apoyo a los productores de maíz para enfrentar la crisis, que lamentablemente se vislumbran recurrentes ante la política de biocombustibles de nuestro principal socio comercial foráneo, del cual dependemos del grano básico para nuestra alimentación, el maíz. Con ello requerimos apoyar a los productores puntualmente en el marco de los ciclos agrícolas evitando que el reloj presupuestal les afecte.
Asimismo, con esta estrategia se apoyará al desarrollo de una de las prácticas más ancestrales que han servido de modelos para otras civilizaciones, como lo es la producción chinampera.
El ejercicio de estas acciones requiere de una inversión de 170 millones de pesos.
5. Fomento de la producción orgánica
El suelo rural, por las condiciones normativas ambientales, requiere que las actividades rurales se realicen con un enfoque de protección, lo cual hace un campo fértil para la producción de cultivos orgánicos y su comercialización, así como desarrollar estrategias de certificación de este tipo de producción para incursionar, con mayor incidencia, en las estrategias de comercio justo en el ámbito nacional y los mercados internacionales. Para ello, se ejercerá un presupuesto de 30 millones de pesos.
6. Mejoramiento de traspatios familiares
El mejoramiento de traspatios familiares constituye el manejo de todos los recursos con los que cuentan para la producción de alimentos, de manera que se logre el autoabasto, mejore sus hábitos alimentarios y, del excedente que produzca, pueda incorporarlos al mercado local mediante las formas comunitarias que mejor convengan.
Las actividades realizadas en los traspatios familiares constituyen una forma de vida y una cuestión cultural, en donde las actividades son realizadas con mano de obra familiar, principalmente por las mujeres.
El objetivo consiste en reconocer el valor de la agricultura familiar y de traspatio de los pueblos originarios y rurales en las delegaciones del Distrito Federal, a través de apoyos en capacitación y proyectos productivos con un enfoque participativo, equitativo, multiétnico y pluricultural, que garanticen la seguridad y soberanía alimentarias y sustentable de los productores familiares.
Con este programa se fortalecerá el autoconsumo y la economía familiar en la generación de alimentos; mejorará la alimentación y revertir los efectos de la desnutrición; apoyará y consolidará la producción agropecuaria, mediante el aprovechamiento de los espacios disponibles en el traspatio familiar; y rescatará el conocimiento tradicional de las familias que viven en la zona rural, relacionadas con las actividades del campo para el logro de la sustentabilidad. El presupuesto que se requiere para este programa es de 40 millones de pesos.
7. Fomento de la agricultura urbana
La agricultura urbana consiste en la utilización de espacios públicos, privados y familiares para la producción de alimentos en base al cultivo de hortalizas, frutales, forrajes y plantas ornamentales, medicinales, aromáticas y forestales, que fomente la agricultura orgánica, principalmente en el suelo urbano.
Dentro de los beneficios que provee la agricultura urbana son: rescatar predios en mal uso o precario, mejorar el paisaje urbano de las colonias, atender grupos de población con necesidades de fortalecimiento a su economía familiar, generar ingresos familiares, producir alimentos sanos y a precios accesibles, fomentar la organización social-solidaria y contribuir a las estrategias de “Ciudad Verde”.
Es necesario generar interés en la población que habita en el suelo urbano de la importancia que tiene el conocimiento sobre el cultivo de productos alimentarios, para que se reconozca la importancia que tiene el suelo rural para la Ciudad de México.
El objeto consiste en apoyar proyectos de agricultura urbana, mediante los cuales se ponga a producir los lotes baldíos y espacios disponibles en escuelas, fábricas, dependencias gubernamentales, campos deportivos, jardines, camellones, azoteas, entre otros análogos, con el máximo de eficiencia para obtener la máxima producción de alimentos frescos y sanos, basada en prácticas orgánicas - agrícolas.
Con ello, se fortalecerá el autoconsumo y la economía familiar de grupos organizados y familias en la producción de alimentos agrícolas sanos y baratos y se apoyará y consolidará empresas sociales del ramo agrícola, propiciando un acercamiento de la población urbana a las bondades de la agricultura. Para la consecución de este programa se requiere de 40 millones de pesos.
8. Turismo alternativo
El turismo alternativo tiene como fin realizar actividades recreativas en contacto con el espacio rural, sus entornos y expresiones culturales, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la conservación de los elementos y recursos naturales y culturales. Incluye al turismo de aventura, el ecoturismo y el turismo rural.
En tal virtud, es necesario apoyar a los pueblos, ejidos, comunidades y grupos organizados que realizan actividades de turismo alternativo en el suelo rural en la Ciudad de México, para el mejoramiento de la infraestructura dedicada a dicho fin, de manera que el servicio que presten se de en la mejor de las condiciones posibles.
El objeto de este programa consiste en apoyar proyectos para el mejoramiento de infraestructura, promoción y elaboración de proyectos de turismo alternativo, por los cuales se incremente el valor rural y ambiental de la Ciudad de México y se promueva el potencial de la actividad en beneficio de los sujetos sociales.
Particularmente, difundir la oferta presente de servicios de turismo alternativo con el propósito de mejorar la infraestructura, que los sujetos sociales tiene para la prestación de este tipo de servicio turístico, y se realicen las acciones de promoción, difusión y capacitación especializada; generar empleo y bienestar en grupos organizados, pueblos, ejidos y comunidades, que presten servicios de turismo alternativo; propiciar un acercamiento de la población de la Ciudad de México hacia su campo, con la prestación de servicios de calidad a precios justos; y apoyar en la conclusión de proyectos de turismo alternativo. Para este fin se requiere invertir 80 millones de pesos.
9. Investigación y experimentación agropecuaria y rural
Para la investigación y experimentación rural y agropecuaria requerimos de la instalación de un centro para dicho fin, acompañado de un laboratorio móvil de análisis del suelo que orienten las mejores prácticas de producción agrícola, así como realizar un monitoreo para la recuperación del suelo, que también orienten acciones tendientes a la protección de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, como lo demanda la FAO. Para el ejercicio de estas acciones se requiere de un presupuesto de 60 millones de pesos.
10. Información estadística y geográfica para la gestión administrativa
Consiste en la instrumentación de un sistema de administración y monitoreo continuo del suelo rural del Distrito Federal, a través de un sistema automatizado de identificación de diferencias en las estructuras urbano-rural y topográfica para la administración rural. Con ello se realizará el inventario, mantenimiento y gestión de la planeación rural, así como dar seguimiento a las acciones de la Secretaría y mejorar la toma de decisiones en beneficio de la población rural. Para ello se requiere de la adquisición de un software, la instrumentación y la capacitación de personal para su uso, para un período de 5 años. La inversión se calcula en 100 millones de pesos.
11. Capacitación, asesoría y asistencia técnica
Dentro de las acciones de capacitación, se apoyará a la población rural en el mejoramiento de sus técnicas y el patrocinio de congresos, foros, ferias y exposiciones agropecuarias, para el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ya que son instrumentos básicos para que la población rural mejores sus medios de producción y comercialización, y pueda hacer frente a las adversidades que conlleva el sistema de producción económica imperante. Para este rubro se requiere la aplicación de un presupuesto de 30 millones de pesos.
12. Empleo rural competitivo
Consiste en generar apoyos al empleo rural encaminados a proteger el suelo rural, frente a las limitaciones normativas ambientales que se ejerce sobre este tipo de suelo. Con esta acción se promoverán acciones encaminadas a las estrategias de recuperación de suelo rural mediante la instauración de un programa de barrios rurales sustentables que pueda hacer frente a la consolidación de la demanda de reserva territorial, así como en la generación espacios de protección rural en donde se recuperen las estrategias tradicionales de conservación social. Para esta estrategia se invertirá 30 millones de pesos.
13. Atención a migrantes y sus familias
El trabajo de la SEDEREC consiste en atender la vinculación con los migrantes en el exterior y para atender a Familias de Migrantes y Promoción de los Derechos Humanos.
En la consecución de la atención de migrantes en el exterior se consolida el trabajo para proporcionar información, orientación y atención a los migrantes originarios del Distrito Federal y a sus Familias, respecto al acceso a servicios públicos. Para la coordinación y promoción de organizaciones de capitalinos en el exterior, el objetivo radica en establecer comunicación y relación con las agrupaciones que han conformado los migrantes originarios del Distrito Federal en el exterior, y apoyar los esfuerzos para la organización que surjan de la comunidad capitalina migrante.
Asimismo, se requiere continuar con el proceso de instalación de las Casas de la Ciudad de México como una estrategia para compartir y promover la riqueza cultural, artística, productiva y turística de los migrantes; fortalecer los lazos afectivos y culturales de los migrantes capitalinos radicados en el sur de los Estados Unidos; y promover los productos del suelo rural en el extranjero. Se está por abrir la Casa de la Ciudad de México en la Ciudad de Los Ángeles, y se proyectan otras en los estados de Illinois y Texas para 2008.
En la consecución de estos objetivos, se aplicarían recursos provenientes del programa que solicitamos por 40 millones de pesos.
El Distrito Federal, realmente requiere allegarse de recursos que para tal efecto apruebe la Cámara de Diputados, con sustento en las razones y motivos anteriormente planteados, para que tome en cuenta estas necesidades, que estamos seguros contribuirá enormemente a la consecución de los objetivos requeridos para el logro del desarrollo rural sustentable que mandata la Ley aprobada por esta soberanía.
Por lo anteriormente expuesto solicito se turne la siguiente propuesta a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados para que resuelva lo conducente a la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el ámbito de su competencia, destine un presupuesto de 850 millones de pesos para la realización del “Programa para la Productividad del Suelo Rural del Distrito Federal”, dentro del ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en la vertiente “económica”, como programa de nueva creación y cuyo monto deberá ser transferido en su totalidad al Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veinte días del mes de agosto del año dos mil ocho.
Suscribe
Dip. Aleida Alavez Ruiz
De Diputados de diversos Grupos Parlamentarios, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal a remitir un informe sobre el cumplimiento del artículo 25 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, REMITAN UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008.
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo bajo las siguientes:
Un país plenamente democrático, es incluyente y justo cuando realiza una asignación de recurso de manera equitativa entre hombres y mujeres para propiciar la igualdad de oportunidades.
Los Poderes de la Unión, son corresponsables en lo que tiene que ver con el desarrollo e integración de las mujeres a la vida nacional, dadas las pocas oportunidades de las que han gozado históricamente; ello hace indispensable, consolidar y fortalecer los presupuestos dirigidos a las mujeres y la igualdad de género, cuya implementación, deberán estar sometidos a un constante evaluación de rendición de cuentas.
Un presupuesto con enfoque de género, debe reconocer las diferentes necesidades, intereses, derechos y obligaciones que las mujeres y los hombres tienen en la sociedad; reconocer también, las contribuciones diferenciadas de ambos géneros en la producción y distribución de bienes y servicios.
Una de las prioridades de las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género plasmada en su Plan General de Trabajo, ha sido fomentar que en nuestro país se elaboren presupuestos para mujeres y la igualdad de género.
Por ello, el 5 de marzo del 2007, fue firmado el Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por legisladoras y legisladores federales y locales, de diversos grupos parlamentarios, así como por el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias estatales de las mujeres. Con dicho documento, se asumió, entre otros, el compromiso de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, con la finalidad de ampliar las asignaciones presupuestales y etiquetar los recursos a programas dirigidos a mujeres y promover la igualdad de género.
Tras una ardua labor de cabildeo y trabajo legislativo, la Comisión de Equidad y Género logró la aprobación del mayor presupuesto para mujeres en la historia del país. Aunado a esto, en un acto sin precedente, se aprobó la incorporación del Artículo 25 en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, que incorpora los lineamientos para el impulso, desde el Ejecutivo Federal, de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en toda la Administración Pública Federal. El Decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.
El Artículo 25, plantea algunos elementos mínimos para incorporar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos. Entre ellos se destaca lo siguiente:
o Que la perspectiva de género se refleje en su matriz de indicadores, así como en sus evaluaciones.
o Incluir en sus programas y campañas contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.
o Se marca la forma de dar seguimiento a los recursos destinados a las mujeres y la equidad de género, así como la obligación de entregar informes trimestrales sobre las acciones realizadas en esta materia, detallando objetivo, indicadores utilizados, la programación de erogaciones y el ejercicio de los recursos.
o Que el Instituto Nacional de las Mujeres así como las dependencias y entidades remitan a la Cámara de diputados los informes trimestrales correspondientes.
o Que dicha información debe ponerse a disposición del público en general.
o Se promoverán programas y acciones para ejecutar el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
o Se agilizarán los trámites administrativos en las Reglas de Operación de los programas.
Es importante para las que suscribimos el presente Punto de Acuerdo tener la información a tiempo, para llevar a cabo las modificaciones pertinentes a este artículo en el próximo Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009.
Por las consideraciones expuestas para efectos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, remitan un informe a esta soberanía, a la brevedad posible, sobre el cumplimiento del Artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, según las obligaciones que en dicho precepto se señalan.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
20 de agosto de 2008.
SUSCRIBEN
Dip. Maricela Contreras Julián
De las Diputadas Nelly Asunción Hurtado Pérez, Maricela Contreras Julián y Martha Tagle Martínez, la que contiene punto de acuerdo referente a los centros de atención y refugio de víctimas de violencia de género.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y REFUGIO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Las que suscriben, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
El H. Congreso de la Unión aprobó las Leyes Generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconociendo los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, a través de garantizar la igualdad entre los géneros, y buscando eliminar la discriminación y la violencia que aún persiste en nuestra sociedad en contra de las mujeres.
La importancia de estos instrumentos jurídicos estriba en que sientan las bases para el diseño de una política nacional en materia de igualdad de género y en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, donde las instancias y dependencias de la Administración Pública Federal así como los Estados y municipios, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, deben realizar acciones para promover acciones para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres.
De estos instrumentos se derivan diversas obligaciones para los Gobiernos Estatales y el Distrito Federal, y que para el caso del presente punto de acuerdo, es de resaltar que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 49 fracciones I, IX y X, señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 49.- Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;
II a VIII…
IX. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los programas estatales y el Programa;
X. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;
XI a XXII…”
Con estos preceptos se deja claro que es una obligación para los Gobiernos Estatales y para el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivos Congresos Locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, llevar a cabo los mecanismos necesarios para que se destinen recursos presupuestarios, humanos y materiales de manera prioritaria en sus políticas públicas locales, mismas que deben ser acordes con la Política Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Derivado de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 dada a conocer por el INEGI, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM, señala que 67% de las mujeres mexicanas dijeron haber vivido un episodio de violencia en algún momento de su vida, ya sea en su hogar, en la escuela, en el trabajo o en su entorno inmediato.
El 43.2% de las entrevistadas dijo que sufría violencia por parte de la pareja (sobre todo, emocional), el 29.9% en el ámbito laboral, el 15.6% en la escuela, el 39.7% en los espacios públicos (calle, mercado, medios de transporte, cine, etcétera) y el 15.9% dijo padecer agresiones en el círculo familiar (en el propio o el de su pareja).
Aunado a estos datos, retomamos el documento titulado “Delitos contra las mujeres” editado por INEGI y UNIFEM, que tiene por objeto identificar y clasificar los delitos que se cometen contra las mujeres y muestra como dato relevante que la violencia de género se persigue y se tipifica de manera diversa en las legislaciones locales, pues se le ha regulado de manera desarticulada.
Patricia Olamendi Torres, autora de la publicación señala “que el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las niñas, niños y mujeres es asumir las reformas jurídicas y la política pública necesaria para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en sus diversas expresiones, promoviendo una cultura de respeto a su dignidad e integridad.”[6]
Con estas cifras y razonamientos, afirmamos que hay una alta incidencia de violencia en contra de las mujeres que carece de la debida atención y que llega a poner en riesgo la integridad psicológica, física y la vida de las mujeres, así como de sus hijas e hijos; de ahí que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevea la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas de violencia de género, además de diseñar y evaluar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a dichas víctimas.
Se hace mención especial a los refugios, puesto que son espacios de protección y atención interdisciplinaria, especializada en la intervención a mujeres así como a sus hijas e hijos en situación de riesgo por la violencia familiar o sexual que enfrentan; la finalidad de los refugios es brindar herramientas emocionales y habilidades personales para erradicar la violencia, a través de herramientas emocionales y destrezas personales para la autosuficiencia de las mujeres, que las lleva a la toma de decisiones hacia una vida libre de violencia.
De ahí que es de vital importancia la creación de estos centros.
Es importante destacar que la Red Nacional de Refugios es una organización civil que agrupa a un conjunto de refugios públicos y privados, donde se brindan todos los servicios que requieren las víctimas de violencia de género; se coordinan a través de la misma a 56 refugios que existen en el país, de los cuales 36 son operados por la sociedad civil y el resto por dependencias públicas. Sin embargo, sólo existen en 28 Estados del país y la capacidad de atención de todos los refugios es insuficiente.
Conscientes de que la responsabilidad no sólo es de las y los Ejecutivos Estatales, reconocemos que también lo es por parte de los Legislativos Locales, ya que sin la asignación de recursos suficientes para crear, implementar, desarrollar y garantizar la sustentabilidad de los centros de refugio públicos, privados y de las organizaciones sociales para la recepción, orientación, prevención, protección y atención integral de las víctimas de violencia de género, no se logrará erradicar esta problemática.
Por lo que este H. Congreso de la Unión considera oportuno realizar un respetuoso exhorto a los Congresos Locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las y los titulares del Ejecutivo Estatal, para la asignación de recursos a fin de crear, implementar, desarrollar y garantizar la sustentabilidad de los centros de refugio públicos, privados y de las organizaciones sociales para la recepción, orientación, prevención, protección y atención integral de las víctimas de violencia de género en cada una de las entidades federativas.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a la consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que destinen los recursos necesarios y suficientes para la creación, desarrollo, y sustentabilidad de los centros de refugio públicos, privados y de las organizaciones sociales, mismo que reciben, orientan, protegen y atienden de manera integral a las víctimas de violencia de género.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de agosto de 2008
SUSCRIBEN
Dip. Nelly Asunción Hurtado Pérez Dip. Maricela Contreras Julián
Dip. Martha Tagle Martínez
GP Convergencia
De los Diputados Javier González Garza y Claudia L. Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer acción penal en contra de los responsables del homicidio culposo de 65 mineros acaecido en la Mina Pasta de Conchos, del Estado de Coahuila, ocurrido el 19 de febrero de 2006.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, CON EL OBJETO DE EXHORTAR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA QUE A LA BREVEDAD, EJERZA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE LOS RESPONSABLES DEL HOMICIDIO CULPOSO DE 65 MINEROS ACAECIDO EN LA MINA PASTA DE CONCHOS, ESTADO DE COAHUILA, OCURRIDO EL 19 DE FEBRERO DE 2006.
EL SUSCRITO DIPUTADO JAVIER GONZALEZ GARZA Y LA DIPUTADA CLAUDIA CRUZ SANTIAGO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 78 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS EMXICANOS, 58 Y 59 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTA A ESTA SOBERANÍA, CON CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:
Consideraciones
Hasta el momento han quedado impunes los hechos que provocaron la muerte de 65 mineros víctimas de homicidio culposo en Pasta de Conchos, por lo que se exige que en un acto de Justicia se realicen las acciones legales que aún se encuentran pendientes.
Es importante recordar que en el Informe Final de la Comisión Especial de esta Cámara de Diputados para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos, se concluyó de manera tajante, que: “Se comprobó la Hipótesis establecida como Suceso provocado, originado por negligencia y omisión…”
Lo anterior en razón de que la explosión del 19 de febrero de 2006, tuvo como fuente una concentración excesiva de gas metano y polvo de carbón, lo que provocó un derrumbe prácticamente en toda la mina. Dicha concentración de gas metano fue producto de la negligencia y omisión de la empresa Industrial Minera México. Y en consecuencia responsabilidad del Grupo México, como concentradora de IMMSA y solidaria responsable, incluyendo a la tercerista General de Hulla S.A. de C.V.
Sin embargo, no sólo hay responsabilidad de particulares sino que además en este Informe se precisa que “…las autoridades de la Delegación Federal del Trabajo en el estado de Coahuila cometieron negligencia y omisión grave y culposa al ignorar el incumplimiento, por parte de la empresa concesionaria Industrial Minera México, S.A. de C. V., de las medidas de seguridad que cegaron la vida de los trabajadores mineros…”
Al efecto es necesario enfatizar que de las responsabilidades antes señaladas, fueron resultado de las flagrantes violaciones de la empresa IMMSA a las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo, ejemplos de ello son: obras inconclusas de mampostería en los Cañones antiguos 1 Oriente y Poniente, lo que generó concentración del gas metano; hubo fallas de la irrigación de los mineros continuos en los frentes de trabajo para evitar la suspensión del polvo de carbón, que es un material altamente combustible; de igual forma el inadecuado polveo a la totalidad de la mina; la ventilación ineficiente; insuficientes metanómetros y falta de aislamiento en las uniones de las líneas de conducción de alto voltaje al interior de la mina, así como la falta de salidas de emergencia, sistemas de alarmas, entre otras anomalías de igual gravedad.
Por lo que corresponde a los funcionarios y servidores públicos de la Secretaría de Economía, incumplieron sus obligaciones, por mandato de ley, en materia de verificación, incluidas la práctica de visitas de inspección e imposición de las sanciones procedentes.
Cabe mencionar que además de lo anterior, el titular de la citada Secretaría omitió información acerca de las verificaciones practicadas a IMMSA en materia de seguridad, según se desprenden de los reportes emitidos por el Servicio Geológico Mexicano.
Con motivo de lo anterior, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila remitió el correspondiente desglose a la Procuraduría General de la República, además de que han sido presentadas diversas denuncias penales con motivo de la muerte de estos 65 mineros, sin que a la fecha esta Dependencia haya procedido a ejercer acción penal en contra de los funcionarios de Industrial Minera México, Grupo México y General de Hulla, así como diversos funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de la Secretaría de Economía por homicidio culposo. Y además en el caso de los servidores públicos en mención, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y los que resulten.
En flagrante violación a nuestro Estado de Derecho así como en los principios de imparcialidad, eficiencia, legalidad y justicia, entre otros, resulta inaceptable a la conciencia nacional, que a dos años de la tragedia de Pasta de Conchos aún no se haya aplicado sanción penal alguna en contra de los responsables de estos trágicos acontecimientos. Considerando que siempre es indignante la impunidad, más aún cuando se trata de la muerte de 65 trabajadores, la cuales pudieron haberse evitado de haberse cumplido debidamente con las disposiciones en materia de seguridad e higiene y, con la suficiente inversión económica.
Resulta indispensable que para evitar a futuro la repetición de estos delitos, es necesario que se sancione a los responsables. En tal virtud, se debe preservar la vida, salud e integridad de las y los trabajadores por encima de intereses patronales ya que el trabajador pone a disposición de este su fuerza de trabajo, no su vida, razón por la que el patrón debe asegurarse de que concluya sus jornadas de trabajo sano y salvo.
El patrón que lesiona o priva de la vida a sus trabajadores por no haber aplicado las medidas de seguridad e higiene establecidas en la ley, ya sea por negligencia o imprudencia de actos previsibles o evitables, comete lisa y llanamente los delitos, mismos que no pueden quedar en la impunidad. Recordemos que hay culpabilidad en sentido penal cuando la conducta patronal es jurídicamente reprochable como consecuencia del nexo intelectual y emocional, existentes entre el acto y el sujeto que desarrolla esa conducta.
Las acciones omitidas por los funcionarios de Industrial Minera México S.A. de C.V., Grupo México S.A.B. de C.V. y General de Hulla S. A. de C.V. así como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, implicados en los sucesos de Pasta de Conchos por no haber cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad e higiene, causándose la muerte o lesiones de los trabajadores.
En este sentido y de acuerdo a la vinculación de la responsabilidad penal que se determine, la PGR deberá garantizar la reparación del daño.
Adicionalmente a lo dicho, diremos que al diferirse de manera indebida el ejercicio de la acción penal, se violentarían:
a) El artículo 8º. Constitucional, que ordena que toda petición debe resolverse por la autoridad mediante escrito y en breve término.
b) La actividad desarrollada por el Ministerio Público, se conceptúa doctrinariamente como un acto de colaboración de la función jurisdiccional; inclusive las autoridades de amparo han resuelto de manera repetida que al consignarse la averiguación previa, ésta integra junto con las diligencias judiciales, un todo indivisible que constituye el proceso penal. En tal virtud, debe considerarse que la garantía a una justicia pronta y expedita debe ser también tomada en cuenta por la PGR.
c) El artículo 20, apartado A, fracción I, que textualmente señala: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.”
Es conveniente retomar que no obstante la modificación del Párrafo Cuarto del artículo 21 Constitucional, con la Reforma de Justicia Penal, debe considerarse que la esencia de los criterios en las autoridades de amparo, acerca de que la integración de la averiguación previa y la emisión de la resolución sobre el ejercicio de la acción penal no deben interferir en la búsqueda de justicia por el Ministerio Público, cuya esencia debe salvaguardar los derechos de las victimas.
POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA CON EL CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO.- Se exhorta al Procurador General de la República, Licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza, para que respecto a la explosión que tuvo lugar el 19 de febrero de 2006 en la Mina Pasta de Conchos localizada en el Municipio de San Juan de Sabinas, Estado de Coahuila, la que provocó que 65 mineros perdieran la vida, proceda a la brevedad a ejercer acción penal en contra de la o las personas respecto a las cuales se determine su probable responsabilidad, por el delito de homicidio culposo y los que resulten.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de agosto de 2008.
Dip. Javier González Garza Dip. Claudia L. Cruz Santiago
Grupo Parlamentario PRD Grupo Parlamentario PRD
Del Dip. Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar medidas a fin de garantizar que el 60% del monto asignado al Sistema-producto café en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, llegue efectivamente a los productores cafetaleros del país.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A TOMAR MEDIDAS A FIN DE GARANTIZAR QUE EL 60% DEL MONTO ASIGNADO AL SISTEMA-PRODUCTO CAFÉ EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009, LLEGUE EFECTIVAMENTE A LOS PRODUCTORES.
El suscrito, diputado federal Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar medidas a fin de garantizar que el 60% del monto asignado al Sistema-producto café en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, llegue efectivamente a los productores cafetaleros del país, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes.
Antecedentes
Como es sabido, actualmente el campo mexicano se debate en una profunda crisis de carácter estructural debido a que la política agrícola aplicada desde el gobierno federal deja la soberanía alimentaría en manos de las importaciones, luego de que con la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las compras al exterior crecieron considerablemente, desalentando la producción nacional.
A título de ejemplo puede constatarse que solamente en relación a maíz, producto básico de la alimentación del pueblo mexicano, el país está obligado a seguir importando más de 10 millones de toneladas anuales a precios muy altos.
En efecto, tan sólo entre 2006 y 2007 los precios que México pagó por el maíz pasaron de 1 200 a 1 800 millones de dólares y se prevé que este año los incrementos sean mayores.
El enfoque impuesto a la política agrícola en el sentido de que habiendo excedentes de productos agropecuarios en el mercado internacional, que aparentemente eran muy baratos y que México, contando con abundantes reservas de divisas, los podría comprar incluso a precios de dumping, ha demostrado con creces su inviabilidad.
Ello se debe a que las grandes transnacionales agropecuarias como Cargill, Monsanto y Nestle controlan los mercados internacionales e influyen decisivamente sobre las cadenas de producción-consumo de los productos agropecuarios, elevando los precios y provocando una verdadera crisis alimentaría a nivel mundial, a la que México no es ajeno.
Frente a este adverso escenario, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se incluyó al crecimiento con calidad del sector rural como una de las tres grandes áreas de atención estratégica de las políticas públicas del Gobierno Federal.
En este marco, se determino que el impulso de las cadenas productivas debiera permitir el tránsito de la producción primaria a los encadenamientos de la industria, los servicios y mercados terminales, así como el cambio de una política exclusivamente de fomento productivo a otra que conjugara las de infraestructura, de ordenamientos de mercado y las de desarrollo social y humano.
Adicionalmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) planteó en su Programa Sectorial como enfoque de cadenas productivas, la inclusión desde la planeación de las actividades de cada una de las unidades de producción, hasta la entrega del producto al consumidor final, pasando por la producción primaria, el procesamiento, el manejo posterior a la cosecha, el transporte y la comercialización en los mercados internos o externos, con base a los Sistemas-Producto.
La finalidad de esta directriz fue la de privilegiar la investigación para producir, cosechar y procesar a menor costo, a fin de elevar la productividad, la calidad de los productos y la economía del sector rural y favorecer un entorno ambiental favorable.
En este mismo tenor, cabe destacar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable publicada en diciembre de 2001, establece en su artículo 149 que la Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de Sistemas-Producto, como Comités del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones.
En esta ley, la integración de cadenas se refiere al desarrollo de alianzas estratégicas mediante la formación y formalización de Comités Sistemas-Producto, en donde estos comités constituirán los mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas productivas.
Por cada producto básico o estratégico, el artículo 150 de la citada ley mandata que se establecerá un Comité Nacional Sistema-Producto, el cual llevará al Consejo Mexicano los acuerdos tomados en su seno.
La integración de los Comités Nacionales se concibió en un solo Comité Nacional por Sistema-Producto, integrado con un representante de la institución responsable del Sistema Producto correspondiente, quien lo presidirá con los representantes de las instituciones públicas competentes en la materia; con representantes de las organizaciones de productores, de las cámaras industriales y de servicios involucrados directamente en la cadena producción-consumo y por otros representantes que establezcan los integrantes del Comité en su reglamento interno.
Además, como elemento integrador y ordenador de las políticas públicas y de las acciones de las diferentes dependencias y entidades gubernamentales que actúan en el sector rural, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estableció en su artículo 14 instrumentar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable de conformidad con lo establecido en la propia Ley, así como en la Ley de Planeación.
Este Programa publicado en 2003, retoma en sus políticas específicas el impulso a las cadenas productivas, estableciendo como objetivo el integrar y fortalecer las cadenas productivas que favorezcan mayor competitividad y que faciliten una estructura más eficiente de comercialización de la producción rural, retomando también el objeto de lograr una mayor retención del excedente económico por parte del productor primario.
Para dar mayor solidez a la participación de los agentes económicos del medio rural el 28 de abril de 2003 se firmó el Acuerdo Nacional para Campo entre el Ejecutivo y sus representantes federales en el ámbito rural, los gobiernos estatales, las representaciones de las organizaciones campesinas y de productores, investigadores e instancias de enseñanza.
Este Acuerdo define los cambios estructurales que se requieren para enfrentar el grave deterioro de amplios sectores de la producción y la sociedad rural, con una perspectiva de desarrollo nacional a largo plazo, mediante el aumento de la productividad, rentabilidad, competitividad, transformación y diversificación productiva, que permitan el aumento de la producción, el ingreso rural, el dinamismo económico en las zonas rurales, y el aprovechamiento sustentable de todas las potencialidades productivas del país; así como mediante políticas de desarrollo humano social, que contribuyan a reducir de manera efectiva las desigualdades sociales existentes.
De manera específica, el Acuerdo Nacional para el Campo centra el tema de los Sistemas-Producto en el numeral 220, y se refiere a “Fortalecer la organización e integración de los productores agropecuarios, forestales, pesqueros, agroindustriales, comercializadores y sus organizaciones en comités Sistemas-Producto para la planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores de cadenas productivas, a través de los cuales se podrá concertar programas agroindustriales, de desarrollo y expansión de mercados o el impulso a las modalidades de producción por contrato y asociaciones estratégicas y de esta manera elevar su competitividad, eficiencia y equidad de la distribución de valor conforme a lo aportado por los actores”.
Empero, la problemática que afecta a la producción, comercialización, distribución y consumo del café en nuestro país, conlleva a plantear las siguientes consideraciones.
Consideraciones
En nuestro país las regiones cafetaleras se encuentran en cuatro zonas: las vertientes del Golfo de México y del Océano Pacífico, la zona Centro-Norte y la del Soconusco en Chiapas. En conjunto, estas cuatro zonas, abarcan un total de 398 municipios en 12 estados productores.
A partir del ciclo 1990-1991, el precio del café en México se rige por las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, así como por los vaivenes que origina la oferta y la demanda, propiciando que el precio de café se modifique constantemente. Otro aspecto que también influye son las diferencias que existen en las diversas zonas productoras durante la comercialización, ya que se considera que el 48% del total de los productores se desenvuelven como productores cereceros, es decir, venden el fruto del cafeto, mientras el 52% venden café pergamino.
En los últimos 10 años la tendencia del precio internacional del café mexicano llegó a su máximo nivel en 1995 con 160.75 centavos de dólar la libra, y su nivel mínimo fue en 1992 con 45.65 centavos, para el año 2000 el precio fue de 64.08 centavos de dólar por libra, precio menor al pagado por el café Colombiano y Brasileño.
El consumo interno de café en el año 2000 fue de un millón 31 mil sacos de 60 kilogramos, equivalente a 640 gramos de consumo per cápita. Dicho consumo es bajo si se compara con el de Estados Unidos (3.72 Kg.), Francia (5.7 Kg.). Alemania (8.5 Kg.) o Suecia (11Kg.).
No obstante lo anterior, la producción promedio en los últimos 17 años a sido de 4.7 millones de sacos de 60 Kg. donde el 80% es decir, 3.8 millones de sacos se destinan al mercado de exportación; de estos, el 90 % se realiza como café verde, cuyo valor promedio ha sido de 480 millones de dólares, aunque en los últimos 5 años la producción se ha desplomado en mas del 58% al pasar de 668 a 278 millones de dólares creando la siguiente problemática: baja productividad por la avanzada edad de plantaciones mas de 60 años, con un rendimiento promedio de 5 quintales por hectárea, no existen líneas de crédito adecuadas para financiar la rehabilitación y renovación de plantaciones, escasez de mano de obra para levantar la cosecha como consecuencia de la migración campesina al norte del país y a los E.U, obsolescencia de activos fijos para el beneficio húmedo del grano cosechas irregulares como resultado del cambio climático global y plantaciones en riesgo a ser cambiadas por cultivos alternos que proporcionen mejores ingresos a los productores.
Según el banco mundial, en México trabajan más de 280,000 familias catalogadas como las más pobres de México en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, mismas que actualmente producen el 65% de la producción nacional cafetalera, sin que reciban los apoyos en forma oportuna y suficiente para mantener la producción, el otro 35 % se produce entre productores con predios mayores a 10 hectáreas, que adolecen del mismo mal que los anteriores productores
No obstante las áreas que prevalecen en México son las cultivadas con café bajo sombra quienes proporciona acciones de mitigamiento al cambio climático global al capturar el oxido y monóxido de carbono principal agente del calentamiento global y de la apertura de la capa de ozono del planeta proporcionando a la comunidad mundial servicios ambientales.
Visto en conjunto puede afirmarse que a pesar de la normativa institucional y de los programas establecidos, la producción del café en nuestro país esta prácticamente estancada y va a la baja debido a la avanzada edad de las plantaciones y al cambio climático, originando baja calidad de grano y afectando como consecuencia la comercialización, distribución y consumo del grano en el mercado nacional.
Lo anterior ocurre a pesar de que en esta rama de la actividad productiva, desde hace tiempo se viene creando un marco normativo con pretensiones de promoción y fomento.
En efecto, en 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que abrogó la Ley que había creado el Instituto Mexicano del café, mismo que fue sustituido por el Consejo Mexicano del café, que en el mes de enero de ese mismo año se había creado.
En 1994 el Gobierno Federal hizo un pronunciamiento para articular una política de apoyo al sector cafetalero a través del llamado Programa Nacional de Apoyo a Productores de Café.
En la actualidad, el órgano gubernamental relacionado con la cafeticultura nacional es la Asociación Mexicana del Café (AMECAFE) y que ha sido nombrada como agente técnico de la SAGARPA ante en Sistema Producto Café, cuyo propósito principal consiste en diseñar políticas que permitan promover y fomentar la productividad del sector cafetalero con fundamento en la ley de Desarrollo Rural Sustentable.
De igual manera, en los últimos años, se ha avanzado en la constitución del Comité Nacional de sistema-producto café y de sendos Consejos Estatales del café que le dan vida, existiendo también el llamado Consejo Nacional de Organizaciones Productoras de Café.
Empero, los programas de apoyo concurrente instrumentados en los últimos años han establecido mecanismos excesivamente burocráticos de acceso a los recursos públicos ocasionando el retraso oportuno de los pagos que el Gobierno Federal otorga en los Programas de Fomento.
Indudablemente, México posee un enorme potencial en esta rama productiva, lo que nos permite afirmar que si se resuelven los problemas aquí apuntados, se podría, a corto y mediano plazo, aumentar la productividad nacional con programas de rehabilitación y renovación de plantaciones y haciendo mas sencillas las reglas de operación de los programas de fomento existentes lo que representaría un beneficio para un segmento muy importante de productores del sector social y privado que tienen en esta actividad su sustento de vida.
En suma de lo que se trata es de que los productores de Café en México reciban los beneficios de las políticas públicas establecidas, a fin de obtener mayores ventajas en la producción y comercialización de este cultivo altamente atractivo para la población mundial, empezando por poner en marcha un conjunto de medidas que permitan que los recursos destinados a este importante Sistema-producto lleguen realmente a los productores.
Con base en los considerandos anteriores, estimo imprescindible exhortar al poder ejecutivo federal para que por intermedio del titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Pesca se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar que el 60% del monto asignado al sistema-producto café en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, sean aplicados a la rehabilitación y renovación de plantaciones y de esta forma se evite la migración campesina y se promueva el arraigo de las familias en las regiones cafetaleras.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad a lo establecido por los artículos 56 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Único. La Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que adopte las medidas necesarias que permitan garantizar que el 60% del monto destinado al Sistema-producto del Café en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, se destinen a las actividades primarias como son renovación y rehabilitación de plantaciones cafetaleras bajo sombra, para que lleguen efectivamente los recursos públicos a los productores cafetaleros del país y actué como una acción de mitigamiento ante el cambio climático global
Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil ocho.
Dip. Fed. Othón Cuevas Córdova
De los Diputados José Jacques y Medina, Isidro Pedraza Chávez, Ángel Humberto García Reyes y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia porque el titular del Poder Ejecutivo Federal instituya el Día del Bracero Mexicano y del natalicio del líder México-norteamericano César E. Chávez.
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE PRONUNCIA PORQUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL INSTITUYA EL DÍA DEL BRACERO MEXICANO Y DEL NATALICIO DEL LIDER MEXICO-NORTEAMERICANO CESAR E. CHÁVEZ
José Jacques y Medina, Isidro Pedraza Chávez, Angel Humberto Garcia Reyes y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Diputados Federales de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1.- César Estrada Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en una pequeña granja cerca de Yuma, Arizona, Estados Unidos de América.
2.- Durante el periodo de la Gran Depresión el padre de César Chávez, Don Librado, no pudo pagar un crédito bancario con lo que perdió la granja y la familia se vio obligada a trabajar como campesinos itinerantes. Cesar Chávez empezó a trabajar a los 10 años de edad.
3.- En junio de 1939 la familia Chávez se mudó a California y se establecieron en San José. Ahí vivieron en un barrio llamado Sal Si Puedes.
3.- En 1942 el padre de Cesar Chávez murió a causa de un accidente, con lo que el joven se vio obligado a abandonar sus estudios para dedicarse completamente a trabajar en el campo.
4.- Entre 1944 y 1946, Chávez sirvió en la Marina de Estados Unidos y en 1948 se casó con Helen Fabela.
5.- En 1952, entró a trabajar como educador en la Organización de Servicios a la Comunidad (OSC), el cual era un grupo dedicado a la autoayuda que pertenecía a la Fundación Áreas Industriales de filántropo Saúl Alinsky.
6.- Sus grandes dotes de organizador lo convirtieron en el director general de la OSC en 1958, puesto al que renunció cuatro años después para volcarse en la creación de un sindicato agrícola que luchara por los derechos laborales de la población chicana.
7.- En 1962 César Chávez, junto con Dolores Huerta, fundó el National Farm Workers Association (la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo), que luego se convirtió en el UFW (United Farm Worker/ Unión de Trabajadores Agrícolas). Richard Chávez, su hermano, diseñó el águila representativa del UFW.
8.- En 1962 eran pocos los miembros de la Unión pero en 1970, después de haber logrado que los propietarios de viñedos de California firmaran un contrato colectivo que benefició a los trabajadores agrícolas, la cifra aumento a más de 50 mil miembros.
9.- Durante los siguientes 31 años, Chávez estableció un legado de servicio, convicción y liderazgo que sirvió como base para todos los trabajadores latinos radicados en la Unión Americana. Como presidente de la Unión de los Trabajadores Agrícolas de América (United Farm Workers of América, AFL-CIO) fundó y fue líder del primer movimiento exitoso agrícola en la historia de los Estados Unidos. Bajo su liderazgo, una extensa coalición de uniones, grupos religiosos y consumidores se unieron a favor de la justicia social.
10.-El entonces Senador norteamericano Robert Kennedy llegó a decir que César Chávez era “Una de las figuras heróicas de todos los tiempos”.
11.- Como parte de su estrategia de Resistencia Civil y Pacífica Cesar Chávez realizó, a lo largo de su vida, tres huelgas de hambre:
• La primera en 1968, la cual duró 25 días, tomando solo agua.
• La segunda en 1972 en Arizona, que duró 24 días, en apoyo a a los trabajadores de ese estado
• La Tercera en 1988, que duró 36 días, en contra del uso de los pesticidas
12.- Como testimonio a sus contribuciones para la organización de los trabajadores latinos, y especialmente para los trabajadores migrantes mexicanos, recibió los premios civiles más grandes de los Estados Unidos de América y México: La Medalla Presidencial de la Libertad y el Águila Azteca, respectivamente.
13.- El 23 de abril de 1993, César Chávez murió de cáncer a los 66 años.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instaurar el Día del Líder César Chávez, para conmemorarlo el 31 de marzo de cada año.
Segundo. Se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a promover actividades de reconocimiento a la labor desarrollada por el Líder mexicano-norteamericano César Chávez.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 20 días del mes de agosto de 2008.
Intervenciones de Ciudadanos Legisladores
De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, para referirse a la conmemoración del mes de agosto, como de los Adultos Mayores.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCION NACIONAL, PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACION DEL MES DE AGOSTO, COMO DE LOS ADULTOS MAYORES.
Compañeras Senadoras y Senadores, el motivo de mi intervención es para hacer una mención especial en este mes de agosto, ya que en nuestro país conmemoramos el Día de los Adultos Mayores.
A partir de los documentos emanados de la Primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al Envejecimiento y realizada en el año de 1982, nace la conmemoración del Día del Adulto Mayor, destinándose para ello el 28 de agosto de cada año y surgiendo como un reconocimiento que el máximo organismo internacional hizo a las personas mayores de sesenta años, a su situación y su lugar en la sociedad.
Fue en ese mismo año que en nuestro país, se decretó el mes de agosto, como el mes de la Vejez. México, pionero en la Comunidad Internacional en la procuración de los adultos mayores, ratifica el 28 de agosto, como la fecha para celebrar el Día del Anciano —actualmente el día del Adulto Mayor— el cual se festejó por primera vez en la Ciudad de México, un año después en Monterrey y tomando mayor relevancia a partir del año 2002, en que vio la luz la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores modificándose en ese año el nombre de dicha celebración.
Cabe destacar que actualmente en el mundo hay más de 600 millones de personas, con más de 60 años de edad. En México hay casi 5 millones de personas de 65 años (y más), lo que a su vez representa el 5 por ciento de la población mundial, la cuál en menos de cuarenta años habrá de transformarse en cerca del 20 por ciento del total.
De esta manera, las cifras estadísticas nos reflejan dos clases de datos: el primero, que hace patente que gracias a los avances tecnológicos y científicos en materia de salud y bienestar social, se ha podido acrecentar la calidad y esperanza de vida en mayor número de años; por otra parte, los datos estadísticos nos permiten asumir el compromiso de garantizar que las ventajas anteriores lleguen a todos los adultos mayores a través de los programas sociales impulsados por los órganos gubernamentales, como el Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores, a nivel federal, de los organismos de las Entidades Federativas y otros de orden municipal, así como también aquellos surgidos de la iniciativa privada.
Por lo que destinar no sólo un día, sino un mes al reconocimiento de las personas de la tercera edad, propiciará que todos los integrantes de la sociedad reconozcan la labor realizada por nuestros adultos mayores durante su etapa productiva, pero también representa una fuerte llamada de atención ante el creciente maltrato que sufren en muchos hogares mexicanos, al ser relegados del núcleo familiar en varias de sus formas, a veces convertidos en víctimas de maltrato físico y psicológico, discriminación e incluso abandono.
La vejez, como estado natural de la vida, entre otras cosas trae consigo la experiencia del trabajo realizado por muchos años, y a quienes tienen la gracia de vivirla, deben ser tratados con respeto y llevar una existencia conforme a su dignidad humana.
Por lo anterior, es relevante indicar que el cuidado de su salud, alimentación y el fomento a su desarrollo integral, deben ser puntos de radical importancia en los programas que el Gobierno Federal impulsa, ya sea por vía del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o de las instituciones de seguridad social, como el DIF, IMSS y el ISSSTE. Por otra parte, es necesario actualizar nuestro marco jurídico, procurando que los Adultos Mayores gocen de una mayor protección y preferencia, haciendo patente lo establecido par la propia Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Hoy más que nunca, debemos ratificar el compromiso con nuestros Adultos Mayores, haciéndoles participes del crecimiento de nuestro país, considerando su labor como una de las bases del desarrollo de México. Es por ello, que debemos velar por el fortalecimiento y respeto de sus derechos humanos, garantizándoles un trato digno y reconociendo su esfuerzo, dedicación y constancia por ser la historia de nuestras vidas, de nuestras familias y del Estado Mexicano.
Gracias
SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA
México D.F. a 20 agosto de 2008
De la Dip. Nelly Asunción Hurtado Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a las mexicanas que salvan el honor olímpico de México
MEXICANAS SALVAN EL HONOR OLÍMPICO DE MÉXICO
Si bien el deporte es una actividad que implica competición rendimiento y resultados, también requiere de apoyos a la formación, recreación y salud del individuo.
De hecho, el deporte en México cuenta con una estructura insuficiente que, sin embargo, no justifica los resultados obtenidos. Ante tal panorama, consideramos en extremo relevante los esfuerzos personales en la plataforma de 10 metros sincronizados de las atletas Paola Espinosa y Tatiana Ortiz, quienes resultaron premiadas con la medalla de bronce. A ellas extendemos nuestro más amplio reconocimiento y felicitación.
Asimismo, aun cuando no hayan logrado obtener medallas, es de reconocerse la destacada participación y esfuerzo en estos juegos olímpicos de atletas como las arqueras mexicanas Aída Román y Mariana Avitia, y del púgil mexicano Arturo Santos.
En ese sentido, y ante la falta de oportunidades, es de resaltar el desempeño de las mujeres atletas mexicanas que hoy destacan en las Olimpiadas. Pues ellas, además de enfrentarse contra un ambiente de la más reñida competencia, tienen que luchar contra los típicos estereotipos que prejuician cualquier actividad para la mujer que no sea lo que se considera “propio de su sexo”.
Lo anterior hace más grande el mérito de nuestras clavadistas sobre todo si se considera que nuestro país en los Juegos Olímpicos en Beijing 2008, hasta hoy ocupa el lugar 66 de la lista de medallas, cuando países con menores recursos humanos y materiales como Kenia, Jamaica, Etiopía o Panamá, por mencionar sólo algunos, han obtenido, por mucho, mejores resultados, colocándose en los lugares 18, 20, 24 y 39 respectivamente.
Hasta antes del bronce de Paola y Tatiana México no figuraba en el medallero olímpico actual, y nos da mucho gusto que sean precisamente dos mujeres las que hayan obtenido los primeros triunfos mexicanos, lo cual aviva la esperanza de obtener nuevas victorias en estas olimpíadas.
Palacio Legislativo a 19 de Agosto de 2008.
Dip. Fed. Nelly Asunción Hurtado Pérez
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[1] SEMARNAT. Transporte Sustentable.
[2] Fernández, Bremauntz. Adrián. La Contaminación del Aire, como abatir este problema de salud. INE. 2001
[3] Buenrostro Zamudio, Enrique Félix, Marco jurídico de la votación para sentar jurisprudencia por contradicción de tesis o unificación de criterios, [citado: 18-08-08] Formato pdf, Disponible en Internet: , pp. 5-9.
[4] “Presupuesto participativo en las perspectivas actuales”, por Daniel Carlos García Gómez. Director de Capacitación para el Empleo. Secretaría del Trabajo del GDF
[5] Red de Izquierda Democrática. “Anteproyecto de Presupuesto Participativo del DF”. Por Guillermo Dorantes Yedra y Norma Pacheco Núñez. anteproyecto.htm
[6] OLAMENDI TORRES Patricia. Delitos contra la Mujeres. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. México 2007.
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Hurtado Pérez |[pic] | |
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Jacques
y Medina |[pic] | |[pic]
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Sandoval Ramírez |[pic] | |
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González
Garza |[pic] | |
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Hurtado
Pérez |[pic] | |
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Jiménez
del Castillo |[pic] | |[pic]
[pic] | |DIP. Martha Angélica
Romo
Jiménez |[pic] | |[pic]
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Espinoza
Piña |[pic] | |
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Trejo Pérez |[pic] | |
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Trejo Pérez |[pic] | |
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[pic] | |DIP. Pablo
Trejo Pérez |[pic] | |
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Terrazas |[pic] | |
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Gloria
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Hurtado Pérez |[pic] | |[pic]
[pic] | |DIP. Liliana
Carbajal
Méndez |[pic] | |
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[pic] | |DIP. Yolanda
Rodríguez
Ramírez |[pic] | |
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[pic] | |DIP. Felipe
Díaz Garibay |[pic] | |
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Guadarrama |[pic] | |
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Lozano
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Jiménez
del Castillo |[pic] | |[pic]
[pic] | |DIP. Margarita
Arenas
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González |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Gabino
Cué
Monteagudo |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Arturo
Escobar y
Vega |[pic] | |
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[pic] | |SEN. Francisco Javier
Castellón
Fonseca |[pic] | |
Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de la Junta de Coordinación Política de fecha 11 de octubre del año 2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado.
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Arroyo
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Bueno
Torio |[pic] | |
|Miércoles 20 de agosto de 2008 | | |
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