C O N T E N I D O - Consulta de documentos
C O N T E N I D O
ORDEN DEL DÍA …..........………….................................................................................................................................................... 6
ACtA DE LA SESION ANTERIOR………….......................................................................................................................................13
PODER EJECUTIVO FEDERAL ........................................................................................................................................................19
Secretaría de Gobernación
• Diecisiete oficios en respuesta a acuerdos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.………….……..………19
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.………….………………………………………………………………..………85
Oficios con los que remite acuerdos:
• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa de reformas al artículo 122 constitucional y los artículos 42 y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal…….……………………………………………………..………85
• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la Minuta de reformas a los artículos 26, 73 y 108 constitucionales. …….………………………………………………………………………..………………………………..………86
• Por el que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a reactivar la discusión sobre la reforma política del Distrito Federal. …….………………………………………………………..………………………..………………………………..…….…87
legislaturas de los estados…….…………………………………………………………..………………………………..………88
Oficios del Congreso del Estado de Jalisco, con los que remite:
• Acuerdo por el que solicita se dictamine la Minuta de reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal. ………………………88
• Iniciativa de decreto que reforma, modifica y adiciona diversos artículos de la Ley de Pesca. ………………….……………90
• Acuerdo en relación con los recursos excedentes del petróleo. …………………………………………………….…………..100
• Oficio del Congreso del Estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa de reformas al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ………………………………….…………..………………………………….…………104
• Oficio del Congreso del Estado de Oaxaca, con el que remite acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias presenten quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la cacería humana contra grupos de ciudadanos mexicanos en la zona fronteriza. …………………………...……………………………..………………………………….…………108
COMUNICACIONES de ciudadanos legisladores…………………………...……………………………………….…………109
• Del Sen. Adalberto Castro Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la que remite Informe de su participación en los trabajos realizados en el “II Taller sobre Integración de Mercados Agroalimentarios en Norteamérica”.…………………………………………………..……………………...……………………………………….………….109
• Del Dip. Jesús María Ramón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal, por tiempo indefinido, a partir del 13 de mayo de 2005………….………118
• De las Senadoras Micaela Aguilar González, Leticia Burgos Ochoa y Ana Bricia Muro González, con la que remiten el texto de la “Declaración de Lima, de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”. ………….……………………………………….……119
• De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, con la que remite el Informe de la Reunión de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas. ………….………………………………………………….……121
Iniciativas de ciudadanos legisladores………….………………………..…………………………………………….……123
• Del Sen. Antonio García Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo, se adiciona un tercer párrafo y ocho fracciones al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ………….………………………..……………………………………….123
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 constitucional. ………….…………………………….………..………………………………………..128
• Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.………………..…………..130
• Del Dip. Marcos Morales Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…...134
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 16 del Código Civil Federal. …..........................136
• Del Dip. Carlos Hernán Silva Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 55, 58, 62 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.138
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de la Dip. Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 312 del Código Penal Federal, se adiciona la fracción V al artículo 1501 y un Capítulo IX al Título Tercero del Código Civil Federal y se crea la Ley General de los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal. ……………………………………………143
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud…………….157
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 46 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2005. ………………………………………………………………………………………………………………...…..159
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7, fracción XXV de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.………………….……………………………………………………………………………………………………………...….162
• De la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma las fracciones I y II del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación.…….…………...….166
• Del Dip. Jorge Leonel Sandoval Figuera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII y reforma el último párrafo del artículo 215 del Código Penal Federal. .…….……………………………………………………………………………………………………………………..…...…..168
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES.…….……………………………………………………………….....…...…..171
• De los Senadores Mariano González Zarur y Emilio Gamboa Patrón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación a las irregularidades en las concesiones aeroportuarias del país.171
• De la Sen. Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo con relación a las deficiencias detectadas por la Auditoria Superior de la Federación con respecto a diversos programas de la Secretaría de Desarrollo Social. .…….……….………………………………………………………….....…...…..172
• Del Sen. Sadot Sánchez Carreño, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la que contiene punto de acuerdo en relación a las diversas medidas que se están tomando en los Estados Unidos en contra de los migrantes mexicanos. .…….……….………………………………………………………………………………………….....…...…..173
• Del Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Educación Pública modifique el Acuerdo Número 348, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de octubre de 2004, para establecer criterios de excepción a la edad mínima para ingresar al primer grado de los niveles de preescolar y primaria……………………………………………………………………….....…...…..175
• Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que explique las declaraciones vertidas en torno al trabajo que realizan los mexicanos en los Estados Unidos de América y las medidas anti-inmigrantes recién aprobadas por el congreso de ese país. …………………………………………………………………………………..…………………………………….....…...…..179
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno a la protección de la población femenina y de grupos y sectores vulnerables en el sistema de transporte público de la Ciudad de México……………..……………………………..…………………………………….....…...…..180
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores exprese su reconocimiento a los gobiernos de Siria y el Líbano, por el retiro del ejército sirio de territorio libanés……………..………………………………………..…………………………………….....…....…..182
• Del Sen. Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar se tomen medidas en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.….....…....……184
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de formalizar una protesta en la que México rechace los actos de abuso y explotación cometidos en contra de ciudadanos mexicanos en el extranjero. .….....…………………………....…..185
• De los Senadores Leticia Burgos Ochoa y Antonio Soto Sánchez y de la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación al homicidio de la niña Airis Estrella Enriquez Pando. .….................................................................................................…………………………....…..186
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno al asesinato de Airis Estrella Enriquez Pando…….............................…………………………....…..188
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de los Diputados Adrián Chávez Ruiz y Francisco Javier Obregón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a fin de suspender el trámite de licitación de la empresa “Ocean Garden Products” y que informe las razones por la que convocó al mismo. ……..........................................................................................................…………………………....…..190
• De la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular del Servicio de Administración Tributaria, y la del Secretario de la Función Pública, a efecto de que informen los detalles de las sanciones económicas impuestas a la organización PROVIDA….…..........................................................................................................…………………………....…..192
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de los Diputados Martha Lucía Micher Camarena y Alfonso Ramírez Cuellar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal atienda las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Fideicomiso “Transforma México”. ….…...............................................................................................................................…………………………....…..193
• De la Sen. Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo sobre la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos……......................................…………………………....…..195
• De los Diputados Guadalupe Suárez Ponce, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa “HR-418”…….....................................…………………………....…..196
• Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, a nombre del Dip. Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que el Congreso mexicano manifiesta su más enérgica condena al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica por la aprobación de la Ley de Identidad Real (HR-418).…...199
• Del Sen. Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo referente al posible retiro de México de los acuerdos bilaterales y de suspensión de visas con las Repúblicas de Brasil, Ecuador y Sudáfrica. .…………………………………………………………………………………………………………....201
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, a que no revoquen el Acuerdo de Supresión de Visas con la República Federativa de Brasil…………..………………………………....203
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación intervenga e informe acerca de las erogaciones realizadas a la fecha, en el proceso de venta de las empresas pertenecientes a Corporación Internacional de Transporte Aéreo. …………..………………………………………………………………………………………………………....204
• De la Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la aprobación del derecho al voto de las mujeres en Kuwait..206
• Del Sen. Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en relación a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2005. ………………………………………………………………………………………………………………………………………...208
• Del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo con relación a la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo Federal y las resoluciones dadas hasta la fecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación………………………………………………………………………………………………...209
• Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Consejo de Promoción Turística de México proporcione información sobre el evento a realizarse en Quintana Roo, en octubre próximo. …………………………………………………………………………………………………………………………...211
• Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SEMARNAT a que reubique la terminal GNL mar adentro de Baja California.………….………………………………………………………………………………………………………………………...213
• Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SEMARNAT a que establezca un área de refugio para proteger a la vaquita marina en la porción occidental del Alto Golfo de California…………………………………………………………………………..215
• Del Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del Estado de Guerrero revisar el caso del dirigente Héctor Ponce Radilla y libre a todos aquellos que por motivos políticos fueron encarcelados..……………………………………………………………………..217
• Del Dip. Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Economía, a fin de que explique la postura que adoptó la delegación mexicana en la reunión del comité del Codex Alimentarius, celebrada en Malasia………………………………………………..218
• Del Dip. Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar al director del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “La Palma”, respetar el derecho del preso político Jacobo Silva Nogales. …………………………………………………………………….……………………………………..221
• Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, a nombre de los Diputados Juan José García Ochoa y Jorge Martínez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo sobre el nombramiento y ratificación del Embajador ante la República de Cuba………………………………………….……………………………………..223
• Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, a nombre de los Diputados Inti Muñoz Santini, Eliana García Laguna y Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación al Día Mundial contra la Homofobia. ………………………………………….………………………………………………………………..225
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre del Dip. Jorge Martínez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública dar vista a la PGR del contenido de las investigaciones sobre las irregularidades administrativas cometidas por Rogelio Montemayor Seguy y 5 exfuncionarios de PEMEX, y de las conclusiones que ameritaron sanciones…………………………..227
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre del Dip. Jorge Martínez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que inicie una serie de acciones en apoyo a la situación de la connacional que fue víctima de un acto discriminatorio por parte de una Corte en Tennessee, Estados Unidos. …………………………………………………………………………………………………….…..229
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de a conocer la distribución de los aprovechamiento sobre rendimientos excedentes destinados a las entidades federativas.231
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de los Diputados César Chávez Castillo, Rafael García Tinajero y Martha Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que comparezcan el Secretario de Salud, los directores de Banobras y el de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. ………………………………………………………………………………………………..…………….…..233
• Del Sen. Antonio Soto Sánchez, a nombre de la Sen. Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la SEDESOL y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación remitan el Informe de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. ……….…..235
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno a la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre de la C. Ana Cristina Fox.….…..237
• Del Sen. Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad información sobre la estrategia de suministro de gas natural licuado a las centrales de generación de electricidad. ………………………………………………………………..….…..238
• Del Sen. Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al estado de la relación bilateral México-Estados Unidos…………………………………………………..….…..239
• De la Dip. Claudia Ruiz Massieu, a nombre de la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud incluya una partida especial, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, destinada al ejercicio médico de transplantes...240
• De la Dip. Claudia Ruiz Massieu, a nombre de la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la ampliación del decreto por el que se condonan los créditos fiscales generados por los adeudos en el pago del derecho por uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales, por lo que resta del 2005. ………………………………………………….242
• Del Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Juez Duodécimo Segundo en Materia Civil del D.F. a que se abstengan de intervenir conforme a los intereses de la C. Martha Sahagún de Fox, en el juicio que ésta entabló en contra de la periodista Olga Wornat. ……………………………………………………………….244
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, A NOMBRE DEL DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO DEL MAGNICIDIO DE VENUSTIANO CARRANZA.…….………………………………………………………………............................................................................…...…..246
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL 464 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE VALLADOLID.......................................................................…...…..248
Orden del Día
Acta de la sesión anterior.
SESION SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL Señor Elías Antonio Saca González, Presidente de la República de El Salvador
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE
• Uno, por el que se propone la integración de las comisiones de trabajo.
Comunicaciones y correspondencia.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría de Gobernación
• Diecisiete oficios en respuesta a acuerdos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Oficios con los que remite acuerdos:
• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa de reformas al artículo 122 constitucional y los artículos 42 y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la Minuta de reformas a los artículos 26, 73 y 108 constitucionales.
• Por el que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a reactivar la discusión sobre la reforma política del Distrito Federal.
legislaturas de los estados
Oficios del Congreso del Estado de Jalisco, con los que remite:
• Acuerdo por el que solicita se dictamine la Minuta de reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal.
• Iniciativa de decreto que reforma, modifica y adiciona diversos artículos de la Ley de Pesca.
• Acuerdo en relación con los recursos excedentes del petróleo.
• Oficio del Congreso del Estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa de reformas al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Oficio del Congreso del Estado de Oaxaca, con el que remite acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias presenten quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la cacería humana contra grupos de ciudadanos mexicanos en la zona fronteriza.
COMUNICACIONES de ciudadanos legisladores
• Del Sen. Adalberto Castro Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la que remite Informe de su participación en los trabajos realizados en el “II Taller sobre Integración de Mercados Agroalimentarios en Norteamérica”.
• Del Dip. Jesús María Ramón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal, por tiempo indefinido, a partir del 13 de mayo de 2005.
• De las Senadoras Micaela Aguilar González, Leticia Burgos Ochoa y Ana Bricia Muro González, con la que remiten el texto de la “Declaración de Lima, de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”.
• De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, con la que remite el Informe de la Reunión de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas.
Iniciativas de ciudadanos legisladores
• Del Sen. Antonio García Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo, se adiciona un tercer párrafo y ocho fracciones al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 constitucional.
• Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
• Del Dip. Marcos Morales Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 16 del Código Civil Federal.
• Del Dip. Carlos Hernán Silva Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 55, 58, 62 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de la Dip. Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 312 del Código Penal Federal, se adiciona la fracción V al artículo 1501 y un Capítulo IX al Título Tercero del Código Civil Federal y se crea la Ley General de los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal.
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud.
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 46 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2005.
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7, fracción XXV de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
• De la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma las fracciones I y II del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación.
• Del Dip. Jorge Leonel Sandoval Figuera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII y reforma el último párrafo del artículo 215 del Código Penal Federal.
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• De los Senadores Mariano González Zarur y Emilio Gamboa Patrón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación a las irregularidades en las concesiones aeroportuarias del país.
• De la Sen. Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo con relación a las deficiencias detectadas por la Auditoria Superior de la Federación con respecto a diversos programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
• Del Sen. Sadot Sánchez Carreño, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la que contiene punto de acuerdo en relación a las diversas medidas que se están tomando en los Estados Unidos en contra de los migrantes mexicanos.
• Del Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Educación Pública modifique el Acuerdo Número 348, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de octubre de 2004, para establecer criterios de excepción a la edad mínima para ingresar al primer grado de los niveles de preescolar y primaria.
• Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que explique las declaraciones vertidas en torno al trabajo que realizan los mexicanos en los Estados Unidos de América y las medidas anti-inmigrantes recién aprobadas por el congreso de ese país.
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno a la protección de la población femenina y de grupos y sectores vulnerables en el sistema de transporte público de la Ciudad de México.
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores exprese su reconocimiento a los gobiernos de Siria y el Líbano, por el retiro del ejército sirio de territorio libanés.
• Del Sen. Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar se tomen medidas en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de formalizar una protesta en la que México rechace los actos de abuso y explotación cometidos en contra de ciudadanos mexicanos en el extranjero.
• De los Senadores Leticia Burgos Ochoa y Antonio Soto Sánchez y de la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación al homicidio de la niña Airis Estrella Enriquez Pando.
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno al asesinato de Airis Estrella Enriquez Pando.
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de los Diputados Adrián Chávez Ruiz y Francisco Javier Obregón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a fin de suspender el trámite de licitación de la empresa “Ocean Garden Products” y que informe las razones por la que convocó al mismo.
• De la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular del Servicio de Administración Tributaria, y la del Secretario de la Función Pública, a efecto de que informen los detalles de las sanciones económicas impuestas a la organización PROVIDA.
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de los Diputados Martha Lucía Micher Camarena y Alfonso Ramírez Cuellar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal atienda las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Fideicomiso “Transforma México”.
• De la Sen. Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo sobre la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
• De los Diputados Guadalupe Suárez Ponce, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa “HR-418”.
• Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, a nombre del Dip. Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que el Congreso mexicano manifiesta su más enérgica condena al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica por la aprobación de la Ley de Identidad Real (HR-418).
• Del Sen. Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo referente al posible retiro de México de los acuerdos bilaterales y de suspensión de visas con las Repúblicas de Brasil, Ecuador y Sudáfrica.
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, a que no revoquen el Acuerdo de Supresión de Visas con la República Federativa de Brasil.
• Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación intervenga e informe acerca de las erogaciones realizadas a la fecha, en el proceso de venta de las empresas pertenecientes a Corporación Internacional de Transporte Aéreo.
• De la Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la aprobación del derecho al voto de las mujeres en Kuwait.
• Del Sen. Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en relación a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.
• Del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo con relación a la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo Federal y las resoluciones dadas hasta la fecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Consejo de Promoción Turística de México proporcione información sobre el evento a realizarse en Quintana Roo, en octubre próximo.
• Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SEMARNAT a que reubique la terminal GNL mar adentro de Baja California.
• Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SEMARNAT a que establezca un área de refugio para proteger a la vaquita marina en la porción occidental del Alto Golfo de California.
• Del Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del Estado de Guerrero revisar el caso del dirigente Héctor Ponce Radilla y libre a todos aquellos que por motivos políticos fueron encarcelados.
• Del Dip. Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Economía, a fin de que explique la postura que adoptó la delegación mexicana en la reunión del comité del Codex Alimentarius, celebrada en Malasia.
• Del Dip. Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar al director del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “La Palma”, respetar el derecho del preso político Jacobo Silva Nogales.
• Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, a nombre de los Diputados Juan José García Ochoa y Jorge Martínez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo sobre el nombramiento y ratificación del Embajador ante la República de Cuba.
• Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, a nombre de los Diputados Inti Muñoz Santini, Eliana García Laguna y Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación al Día Mundial contra la Homofobia.
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre del Dip. Jorge Martínez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública dar vista a la PGR del contenido de las investigaciones sobre las irregularidades administrativas cometidas por Rogelio Montemayor Seguy y 5 exfuncionarios de PEMEX, y de las conclusiones que ameritaron sanciones.
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre del Dip. Jorge Martínez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que inicie una serie de acciones en apoyo a la situación de la connacional que fue víctima de un acto discriminatorio por parte de una Corte en Tennessee, Estados Unidos.
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de a conocer la distribución de los aprovechamiento sobre rendimientos excedentes destinados a las entidades federativas.
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de los Diputados César Chávez Castillo, Rafael García Tinajero y Martha Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que comparezcan el Secretario de Salud, los directores de Banobras y el de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.
• Del Sen. Antonio Soto Sánchez, a nombre de la Sen. Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la SEDESOL y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación remitan el Informe de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México.
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno a la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre de la C. Ana Cristina Fox.
• Del Sen. Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad información sobre la estrategia de suministro de gas natural licuado a las centrales de generación de electricidad.
• Del Sen. Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al estado de la relación bilateral México-Estados Unidos.
• De la Dip. Claudia Ruiz Massieu, a nombre de la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud incluya una partida especial, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, destinada al ejercicio médico de transplantes.
• De la Dip. Claudia Ruiz Massieu, a nombre de la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la ampliación del decreto por el que se condonan los créditos fiscales generados por los adeudos en el pago del derecho por uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales, por lo que resta del 2005.
• Del Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Juez Duodécimo Segundo en Materia Civil del D.F. a que se abstengan de intervenir conforme a los intereses de la C. Martha Sahagún de Fox, en el juicio que ésta entabló en contra de la periodista Olga Wornat.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SEN. YOLANDA EUGENIA GONZALEZ HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN OCASIÓN DEL 85 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE DON VENUSTIANO CARRANZA
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, A NOMBRE DEL DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO DEL MAGNICIDIO DE VENUSTIANO CARRANZA
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL 464 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE VALLADOLID
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• Del Sen. Sadot Sánchez Carreño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la Corte Penal Internacional.
• Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la Secretaría de la Función Pública.
• Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación a los costos económicos que está causando al país el deterioro ecológico.
• Del Dip. Salvador Martínez Della Rocca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la posible consignación de los probables inculpados de los hechos violentos cometidos en contra de los estudiantes que participaron en el movimiento de 1968.
• Del Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la problemática actual de juegos y sorteos en el país.
• Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los casos de corrupción vinculados al Instituto Estatal Electoral del Estado de México.
• Del Sen. Juan José Rodríguez Prats, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.
• De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la controversia constitucional en materia del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.
C I T A .
Acta de la Sesión Anterior
ACTA DE LA SESION DE la comision permanente CELEBRADA EL MIERCOLES ONCE DE MAYO DE DOS MIL CINCO
PRESIDE EL SENADOR
DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS RAMOS
En La Ciudad De México, Distrito Federal, a las once horas veinte minutos del miércoles once de mayo de dos mil cinco, con una asistencia de treinta y siete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.
Se aprobó en votación económica el Acta celebrada el miércoles cuatro de mayo de 2005.
Se puso a consideración de la Asamblea un Acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, por el que aprueba celebrar Sesión Solemne el día 18 de mayo de 2005, para recibir al Presidente de la República de El Salvador.- Se aprobó en votación económica.
La Presidencia dio la bienvenida al señor Jia Qingling, Presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, y a su comitiva.
PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA
Se recibieron siete oficios con los que remite otros de diversas dependencias del Ejecutivo, en respuesta a sendos acuerdos aprobados por la Cámara de Diputados.- Se remitieron a la Cámara de Diputados.
Se recibió oficio de la Secretaría de Desarrollo Social, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 14 de abril de 2005, por el que se solicita a esa Dependencia remitir la información relacionada con la presunta transferencia de recursos de esa Secretaría a la de Educación Pública, respecto al programa Enciclomedia.- Se remitió copia a las Comisiones de Desarrollo Social; y de Educación y Cultura; y al Senador Oscar Cantón Zetina.
Se recibió oficio de la Secretaría de Desarrollo Social, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 23 de noviembre de 2004, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a formular y ejecutar una política de desarrollo regional orientada al crecimiento y desarrollo social con base en criterios de especialización económica de las regiones.- Se remitió copia a la Comisión de Desarrollo Regional; y al Senador Oscar Cruz López
Se recibió oficio de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 31 de marzo de 2005, relativo a la violencia que sufren nuestros connacionales en la zona fronteriza de Sonora y Arizona y a la estrategia de defensa de los derechos de los migrantes.- Se remitió copia al Senador Sadot Sánchez Carreño.
Se recibió oficio de la Secretaría de Desarrollo Social, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores 22 de febrero de 2005, por el que se solicita a esa Dependencia proporcionar los análisis técnicos, financieros, comerciales, sociales y políticos que fundamentaron el decreto abrogatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero de 2005, relativo al sector azucarero, e informe sobre las medidas concebidas para atender los efectos colaterales en éste, debidos a la disposición decretada.- Se remitió copia a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; y a la Especial que da seguimiento al cumplimiento de los objetivos y fines del decreto por el que se expropiaron diversos ingenios azucareros; y a los Senadores Oscar Cantón Zetina, César Raúl Ojeda Zubieta y Héctor Michel Camarena.
se recibió oficio de la Secretaría de Energía, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores 30 de marzo de 2005, por el cual se invita a comparecer a esa Dependencia, para revisar, analizar y presentar alternativas de solución al alto precio del gas natural para uso doméstico, asimismo, manifiesta la disposición a atenderla, en la fecha que tengan a bien señalar.- Se remitió copia al Senador Adalberto Arturo Madero Quiroga.
Se recibió oficio de la Secretaría de Energía, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores 15 de marzo de 2005, por el cual se exhorta al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la puntual realización de las auditorías de gestión, existencia y legalidad.- Se remitió copia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y al Senador César Raúl Ojeda Zubieta.
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso para que el Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Austria.- Se turnó a la Primera Comisión.
Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, solicitudes de permiso para que puedan prestar servicios los ciudadanos Indira Jimena Prado Cota, Alexis Schneider Ruiz y Aline Elizabeth Schneider, en la Embajada de Francia en México; Lucina Grisel Alfaro Narváez, en el Programa de Gusano Barrenador de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Marco Antonio Bautista Rodríguez y Mónica Gurrola Cuevas, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco; Nancy Lizeth Arzaga Tamez, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; Gerardo Alberto Rivas Orellana, Carlos Alberto López Torres y Sylvia Erika Montaña Quintana, en la Embajada de los Estados Unidos de América; María del Angel Estrada Reynoso, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco; y Marina del Carmen Encinas Chairez, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora. Asimismo, informa de la cancelación de permisos de diversos ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas.- La documentación relativa a las solicitudes de permiso se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente; y lo relativo a cancelación de permisos se turnaron a las Comisiones de Gobernación de ambas Cámaras.
Se recibió de la Secretaría de Salud, el Informe del primer trimestre de 2005 de los indicadores de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud.- Se turnó a las Comisiones de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores; y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respuesta a un acuerdo de la Cámara de Diputados del 21 de abril de 2005.- Se turnara a Cámara de Diputados.
Se recibió del Congreso del Estado de Jalisco, Iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.
Se recibió del Congreso del Estado de Jalisco, Punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión atienda la problemática generada por las empresas dedicadas al préstamo de dinero en efectivo.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras.
Se recibió del Congreso del Estado de Quintana Roo, Iniciativa de reformas a los párrafos quinto y sexto de la fracción II del artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Se recibieron de los Congresos de los Estados de Sonora y Zacatecas, acuerdos por los que exhortan a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones tendientes para incorporar en los planes y programas de estudios de preescolar y primaria el idioma inglés, como materia obligatoria.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
Se recibió del Congreso del Estado de Sonora, Acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión la eliminación de las barreras arancelarias que impiden la importación definitiva de vehículos automotores usados.- Se turnó a las Comisiones de Economía de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
Se recibió del Congreso del Estado de Sonora, Acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión se emita una normatividad que regule el establecimiento y operación de las casetas de peaje.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.
Se recibió del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, oficio en respuesta al acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el aumento a las tarifas del gas natural.- Se remitió a la Cámara de Diputados.
Se dio cuenta con solicitud del Diputado Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, de excitativa a comisiones, en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos cuarto y octavo del Artículo 27 constitucional, adiciona la fracción VII al Artículo 42 y reforma el Artículo 48 de la Constitución General de la República, para incorporar al marco constitucional a los territorios transfronterizos, producto de los tratados internacionales.- Se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El Diputado Jesús Martínez Álvarez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La Senadora Silvia Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. – Se turnó a las Comisiones Unidas de de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores
El Diputado Jesús Martínez Álvarez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 73, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El Diputado Rafael García Tinajero, a nombre de la Diputada Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del código federal de instituciones y procedimientos electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en Materia Electoral.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
El Diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, presentó Iniciativa con proyecto de decreto par reformar disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El Diputado Ángel Augusto Buendía Tirado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 73, 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El Diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Gobernación de la Cámara de Diputados.
El Senador Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.
El Diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 7 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El Diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 215 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El Diputado Rafael García Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo”.- Se turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
El Diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El Diputado Rafael García Tinajero, a nombre del Diputado Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
La Presidencia informó que el pasado 4 de mayo se recibió una solicitud de permiso para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada pueda aceptar y usar una condecoración que le otorga el Gobierno de la República de El Salvador. En virtud de que aún no están integradas las Comisiones de la Comisión Permanente y de que la condecoración será entregada el próximo día 17, se rectificó el turno. Con dispensa de trámites, se puso a consideración de la Asamblea el proyecto de decreto correspondiente. Se aprobó por 31 votos. Pasó al Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
El Diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con radio emisoras comunitarias.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Senador Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación al crecimiento del subempleo en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Rafael García Tinajero Pérez, a nombre del Diputado Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con los casos de Orlando Rebolledo Téllez y Daniel Cabrera Peñaloza, desaparecidos desde el 14 de febrero del presente año en la sierra de Petatlán, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Senador Adrián Alanís Quiñones, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el Diputado Leonardo Alvarez Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y la Diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de la Diputada Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron sendas propuestas con puntos de acuerdo en materia de incendios.- Se turnaron a la Tercera Comisión.
PRESIDE EL SENADOR
CESAR JAUREGUI ROBLES
El Senador Víctor Manuel Méndez Lanz, a nombre propio y del Senador José Carlos Cota Osuna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación a la venta de la Empresa Estatal “Ocean Garden”.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública a llevar a cabo las medidas necesarias para revisar los sistemas de seguridad y control de fuga de internos en las cárceles de la República Mexicana.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Senador Gerardo Buganza Salmerón, a nombre del Senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Educación Pública, para que lleve a cabo una exhaustiva investigación en torno a la venta de títulos profesionales apócrifos.- Se turnó a la Segunda Comisión.
La Diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre del Diputado Inelvo Moreno Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a modificar la definición de carga dinámica para el cálculo del límite de energía eléctrica para riego agrícola y se atiendan las quejas de los ejidos de los municipios de La Huacana, Michoacán por la aplicación incorrecta de la carga dinámica.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Senador Marco Antonio Adame Castillo, a nombre de la Senadora Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo relativo a las relaciones entre México y Brasil.- Se turnó a la Segunda Comisión.
La Diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de la Diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas comisiones de la Cámara de Diputados se acepte y analice, el estudio que realizará la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la instalación de casinos en México.- Se turnó a las Comisiones Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; y de Turismo de la Cámara de Diputados.
La Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores y al Procurador General de la República a agilizar la extradición del Señor Jean Touma Hanna Succar Kuri.- Se turnó a la Segunda Comisión.
La Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a asignar recursos adicionales en apoyo de los productores de trigo del Valle de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora.- Se turnó a la Tercera Comisión.
La Senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una explicación sobre la autorización para el control letal de zopilotes en Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Filemón Primitivo Arcos Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a entregar los recursos presupuestales aprobados al subsector cultural para el ejercicio 2005.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Rómulo Isael Salazar Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que en el proyecto de presupuesto de egresos 2006 se asignen recursos para la internacionalización del Aeropuerto de Poza Rica, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar al gobierno del Estado de Guerrero la revisión del caso del ecologista Francisco Arreaga Sánchez.- Se turnó a la Tercera Comisión.
La Diputada Diana Bernal Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para emitir un extrañamiento al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Jefe del Servicio de Administración Tributaria por el comunicado de prensa publicado sobre la situación fiscal de los señores Manuel y Jorge Bibriesca Sahagún.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Senador Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para analizar la evolución de la recaudación tributaria y los juicios de amparo y nulidad contra las reformas fiscales.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Senador Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Procurador Federal de Protección al Ambiente para que informen sobre las razones de las decisiones adoptadas en distintos temas ambientales.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Senador Antonio Soto Sánchez, a nombre de la Senadora Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República presente un informe sobre el estado que guarda la investigación del caso del C. Alfredo Jiménez Mota.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Salvador Martínez Della Rocca, a nombre del Diputado Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para que los recursos provenientes de las multas del IFE se destinen a los centros públicos de investigación del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Segunda Comisión.
El Diputado Salvador Martínez Della Rocca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe del subejercicio registro en doce dependencias y organismos públicos durante el primer trimestre del año.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Rafael García Tinajero Pérez, a nombre del Diputado Víctor Suárez Carrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a promover una amplia consulta pública a nivel nacional, sobre el proyecto de Ley para el Acceso y Aprovechamiento de los Recursos Genéticos.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El Diputado Ernesto Alarcón Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para citar a comparecer al Director General de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que explique los métodos para la ejecución de las obras hidráulicas programadas para el ejercicio fiscal 2005.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Salvador Martínez Della Rocca, a nombre del Diputado Emilio Zebadúa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Chiapas a establecer diálogo con el movimiento magisterial y del sector salud de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Quintín Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a cumplir el convenio celebrado entre el Secretario de Salud del Estado de Jalisco y el Sindicato de Trabajadores de la Educación.- Se turnó a la Segunda Comisión.
La Senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se recomiendan medidas en beneficio de madres de familia reclusas en el sistema penitenciario nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con la violación de los derechos humanos de la ciudadana Margarita García García.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a informar sobre la investigación realizada sobre la presunta responsabilidad penal del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Energía impulse las acciones de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Senador Sadot Sánchez Carreño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se refirió al Día del Maestro. Para el mismo tema intervinieron la Diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el Diputado Salvador Martínez Della Rocca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Diputado Francisco Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; y el Diputado Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.
La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas veinticinco minutos y citó para la próxima el día miércoles once de mayo, a las once horas.
Poder Ejecutivo Federal
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Diecisiete oficios en respuesta a acuerdos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 19 de abril de 2005.
DIP. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LIX LEGISLATURA
MÉXICO, D.F.
Distinguido Señor Presidente:
Atendiendo las instrucciones del Lic. Gilberto Higuera Bernal, Subprocurador de Control regional, Procedimientos Penales y Amparo, y derivado de su oficio D.G.P.L. 59-II-0-1874 de fecha 12 de abril del año en curso por el solicita: “Único.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, a revisar los caos de los maestros indígenas Rubén Aviad Cruz Trigueros, Samuel Velásquez Jacob, Víctor Manuel de Jesús González García y Ever Escalante detenidos el 14 de marzo del presente año”.
Al respecto me permito hacer de su conocimiento que haciendo una minuciosa búsqueda en los libros de gobierno que se encuentran en las Agencias del Ministerio Público de la Federación adscritas a esta Delegación Estatal, no se tiene registro de haber sido detenidos o puesto a disposición de esta Autoridad los maestros señalados, motivo por lo que esta Unidad Desconcentrada no esta en posibilidad de dar cumplimiento a su punto de acuerdo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL DELEGADO ESTATAL EN CHIAPAS
LIC. RODOLFO HERNANDEZ LIMON
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
México, D.F., 06 Mayo 2005.
C. SEN CÉSAR JÁUREGUI ROBLES
LlX LESGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
Me permito hacer referencia al Punto de Acuerdo aprobado en la sesión celebrada el pasado 21 de abril del año en curso, por la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice a la brevedad posible las modificaciones al Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y al Titular del Ejecutivo Federal para que proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sobre el particular, comento a usted que a fin de dar cumplimiento al artículo sexto transitorio de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se integró un Grupo de Trabajo específico, para adecuar el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos a las nuevas disposiciones de la Ley, como resultado de desarrollo el Proyecto de Modificación, el cual una vez concluidos se sometió a consideración de la industria y transportistas.
Sin embargo, durante su proceso de difusión en el Portal de la COFEMER, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, no obstante que participo en las modificaciones, presentó un escrito de inconformidad solicitando se efectuará una Modificación Integral al Reglamento y no sólo se adecuará a las disposiciones de la Ley.
En tal virtud, de inmediato se integró un grupo de trabajo específico, para la revisión integral del Reglamento, en donde se consideran aspectos del autotransporte y del ferrocarril, de tal manera que en breve se contará con un Proyecto de Reformas al Reglamento, para continuar con su trámite con las instancias correspondientes para someterlo a firma del Presidente de la República.
Sin otro particular envío a usted un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
DR. AARÓN DYCHTER POLTOLAREK
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, DESARROLLO RURAL Y ALIMENTACION
COMISION NACIONAL DE ACUACUL TURA Y PESCA
DlRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA
MAZATLAN, SINALOA A 6 DE MAYO DE 2005.
DIP. FED. MANLlO FABIO BELTRONES RIVERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO
Con fecha 28 de abril de 2005, se recibió en la COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA, su atento oficio No. SEL/300/1877/05 de 13 de abril de 2005, dirigida al C. RAMON CORRAL A VILA, COMISIONADO NACIONAL DE ACUACULTURA y PESCA, por el Lic. M. HUMBERTO AGUlLAR CORONADO, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación, mediante el cual le informa que en la sesión ordinaria del día 12 de abril de 2005, se presentó el punto de acuerdo emitido por la Coordinación Política, por el que se exhorta al C. COMISIONADO NACIONAL DE ACUACULTURA y PESCA a dar respuesta a las necesidades y peticiones de los pesqueros en el estado de Chiapas, para que se les otorgue autorización para la captura de camarón de altamar utilizando embarcaciones de pesca con motor fuera de borda de hasta 115 caballos de fuerza.
Sobre el particular, a continuación me permito hacer de su conocimiento las consideraciones técnicas y sociales emitidas por el Instituto Nacional de la Pesca, respecto al acceso de la flota pesquera artes anal en la captura de camarón, en la franja costera del Golfo de Tehuantepec.
1.- Considerando que la flota artesanal tendría acceso a la población de camarón de las primeras 12 brazas de profundidad, derivado de su capacidad de pesca con embarcaciones menores y la utilización de red de arrastre camaronera de 20 pies o bien de enmalle de fondo, estaría dirigiendo sus esfuerzos a la población de camarón blanco (Litopenaus vannamei), la cual presenta claros síntomas de deterioro, debido a la alta intensidad de pesca que se aplica por la flota industrial y artesanal; por lo que se disminuiría la capacidad de renovación de esta especie.
2.- Otro elemento que ha contribuido al deterioro de la población de camarón blanco en el Golfo de Tehuantepoec es el escaso reclutamiento que proveen los sistemas lagunares al medio marino, producto de la utilización de artes de pesca fijos, como los tapos y copos, los cuales explotan intensivamente la fracción juvenil; repercutiendo sobre la biomasa reproductora y por ende en los índices de reclutamiento postlarval hacia el interior de la zona estuarina.
3.- Debido a lo anterior, la Carta Nacional Pesquera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2004, señala que no debe incrementarse el esfuerzo pesquero y en el caso de Sinaloa la recomendación del Instituto Nacional de la Pesca y el acuerdo entre autoridades y pescadores prevé que las embarcaciones menores autorizadas a pescar en aguas marinas renuncien a su derecho de pesca dentro de las bahías, de tal manera que se pueda mantener el esfuerzo total en los mismos niveles de años anteriores
4.- En la practica, la pesca artesanal de camarón en la franja costera del Golfo de Tehuantepec, no esta sujeta a reglamentaciones de carácter administrativo, por lo que actualmente se efectúa de manera desordenada con artes y métodos de pesca no permitidos en la Ley de Pesca, su Reglamento y la NOM-OO2PESC-1993, tales como atarrayas con tamaño de malla menores a los permitidos, mangas camaroneras, copos de corriente, charangas (copos sin corriente) y tapos. De igual manera no se respetan las medidas establecidas para el éxito de las vedas estacionales, restricción del esfuerzo de pesca y reglamentación de las artes de pesca por lo que de permitir la salida de la flota artesanal a la zona marina, se incrementaría el esfuerzo de pesca y se estaría violando estos ordenamientos
5.- En el caso de Sinaloa y Sonora la captura principal es el camarón azul (Litopenaeus stylirostris) y camarón café (Farfantepenaeus califomiensis), la primera es una especie cuya migración implica que a mayores profundidades ya no sea accesible a las embarcaciones menores y de esa manera se protege su reproducción, en la segunda especie la reproducción se lleva a cabo prácticamente durante todo el año.
6.- En Sinaloa, las embarcaciones menores fueron autorizadas a pescar en el litoral marino respetando en su totalidad la NOM-OO2-PESC-1993, por lo que deben pescar cuando se levanta la veda en altamar con redes de arrastre con excluidores de tortugas y respetar la zona restringida de las 0 a las 5 brazas de profundidad, así como las nuevas medidas que sean establecidas, como el uso de excluidores de peces y de sistemas de seguimiento por satélite para las embarcaciones.
7.- En Sinaloa se estableció un programa de ordenamiento pesquero y se logro un acuerdo entre los sectores de la flota industrial y de los pescadores ribereños, lográndose un acuerdo en el que los primeros aceptaban la salida de las embarcaciones menores a faenar en aguas marinas que están concesionadas a la flota industrial
8.- Finalmente se considera que permitir la salida de la flota artesanal provocara un conflicto social con la flota industrial, que esta coordinándose con la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA para un programa que evite la pesca furtiva en el medio marino durante la actual temporada de veda del camarón
9.- Actualmente se están desarrollando programas y proyectos de investigación con el fin de establecer elementos para ordenar el aprovechamiento de esta importante pesquería en ambos ecosistemas, sistemas lagunarios estuarinos y zonas marinas por lo que, si en estos momentos se permite el acceso a otra flota, será otro elemento perturbador que no esta considerado en los análisis que se están realizando y además retrasaría la implementación del Plan de Manejo de la Pesquería del Camarón propuesto para esta zona; por lo que se estima importante que primero se de el ordenamiento, para después tomar decisiones mas razonadas sobre la conveniencia de abrir la zona costera a la flota artesanal
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO
PESQUERO Y ACUICOLA
PRISCILIANO MELENDREZ BARRIOS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Gobierno
México, D.F. 4 de Mayo de 2005.
DIP. MANLlO FABIO BEL TRONES RIVERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido en el Art. 23 Fracc. III de, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su 6f1cio No. D.G.P.L.59-II-0-1838/05, donde se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado el 5 de abril del 2005, mediante el cual se solicita se investigue quién o quiénes están haciendo mal uso del padrón de beneficiarios de la pensión alimentaria para los adultos mayores de setenta años.
Anexo envío a usted oficio S/N, con la información que proporciona la Mtra. Elsa J. Veites Arévalo, Directora General de los Servicios de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE SALUD
Servicios de Salud Pública
NOTA INFORMATIVA
México, D. F. a 3 de Mayo de 2005.
PARA: LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DE: MTRA. ELSA J. VEITES AREVALO
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
En respuesta a su oficio SG/03939/2005, de fecha 11 de los corrientes, respecto al contenido del oficio D, G. P. L.59-11-0-1838, dirigido al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, relacionado con el Punto de Acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la sesión efectuada el 5 de abril de 2005, le comunico lo siguiente:
La Secretaría de Salud del Distrito Federal, es la entidad facultada para garantizar el cumplimiento de la Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para adultos mayores de setenta años residentes en el Distrito Federal, y los Servicios de Salud Pública, la Institución encargada de su operación.
En cuanto a las aseveraciones del C. Diputado Federal Roberto Colín Gamboa, es importante señalar que ningún adulto mayor ha sido presionado u obligado a firmar ningún documento de apoyo a causa alguna por parte del personal que labora en esta Dependencia.
Con respecto a los puntos contemplados en el Acuerdo en cuestión, es necesario precisar que no se ha hecho mal uso del Padrón de Beneficiarios de la pensión alimentaria para los adultos mayores de 70 años, residentes en el Distrito Federal. Desde su origen, la base de datos que integra el Padrón se ha manejado con estricto apego a derecho y específicamente para los objetivos propios de la operación de la Pensión, en el marco de la Ley que establece el derecho a la Pensión Alimentaria para los adultos mayores de setenta años residentes en el Distrito Federal, publicada el19 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación y sus reglas de operación dadas a conocer el 31 de diciembre de 2004 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. .
Uno de los principios que sustentó la creación del Programa Alimentaría, atención médica y medicamentos gratuitos para adultos mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal, emitido en febrero de 2001, así como de la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para adultos mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal, es que su otorgamiento no está condicionado. Tiene un carácter universal, por lo que todos los adultos mayores que cubran los requisitos estipulados en la Ley y su Reglamento, tienen derecho a la pensión, eliminándose cualquier tipo de discrecionalidad o condicionamiento. La pensión se basa en el pleno ejercicio de los derechos sociales, promueve la construcción y la participación ciudadanas, eliminando totalmente el clientelismo y el corporativismo.
De hecho, en el instrumento que regula la relación de los beneficiarios o pensionados con respecto al Gobierno del Distrito Federal, denominado Carta Compromiso, en su décimo compromiso a la letra dice: "En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 44 del Reglamento de la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta años Residentes en el Distrito Federal: 'La pensión alimentaria es de carácter público, no es patrocinada ni promovido por partido político alguno .Y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes"'.
Aunado a lo anterior, los registros contenidos en el Padrón de Beneficiarios de la Pensión Alimentaría para adultos mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal se encuentran protegidos tanto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, así como por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal. En virtud de que la base de datos del padrón integra el nombre y la dirección del beneficiario, sus datos deben resguardarse para garantizar la seguridad de las personas adultas mayores, por lo que sus registros son estrictamente confidenciales, en los términos del Artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal.
A este respecto, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, estableció un Acuerdo, que en su párrafo primero consigna lo siguiente:
"Toda la información que obra en los archivos del Gobierno del Distrito Federal es Pública, con excepción de aquella que comprometa la seguridad pública y la procuración de justicia o que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, además de aquella que por mandato de Ley deba reservarse"
Con fundamento en lo anterior, se reitera que este Ente Público, no ha hecho mal uso del
Padrón de Beneficiarios, a través de medio alguno, ni .en beneficio o perjuicio de persona alguna, institución pública o privada, ni partido político.
Las Educadoras para la salud comunitaria efectúan las visitas domiciliarias determinadas por el Reglamento de la Ley. De manera particular, coadyuvan en la construcción de ciudadanía al informar permanentemente a la población beneficiaria de la Pensión Alimentaria, que ésta constituye un derecho erigido en Ley, así como orientar a la población en general en materia de promoción de la salud.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 10 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-1393 suscrito el 15 de marzo del año en curso, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. DGVI / 232 / 2005 signado el 4 del actual, por el C. Lic. Enrique Lepine Muñoz, Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al Punto de Acuerdo por el que se solicita a esa Dependencia informe por qué no han sido publicados los reglamentos de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
México, D.F., 4 de mayo de 2005
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobernación
Presente.
Por instrucciones de la Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo Social, y en atención a su oficio No. SEL/300/1495/05, fechado el 17 de marzo del presente año, referente al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, relativo a la publicación de los reglamentos de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, me permito enviarle la siguiente documentación:
• Copia del oficio No. 300.63, fechado el 29 de abril de 2005, suscrito por el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, en el que detalla el proceso seguido para la integración del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, anexando copia de las permanentes comunicaciones que se han sostenido con los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios y señalando las acciones subsecuentes para su culminación y publicación en breve.
• Copia del oficio No. 000100/323/2005, fechado el18 de abril de! presente año, suscrito por la Lic. Cecilia Loría Saviñón, Directora General del Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del cual informa sobre las actividades realizadas para la formulación del Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como el estado Que guarda el proceso de publicación del mismo.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
El Director General
Lic. Enrique Lepine Muñoz.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
México, D.F., a 29 de abril de 2005.
LIC. ENRIQUE LEPINE MUÑOZ
Director General de Vinculación Interinstitucional Presente
Me refiero a su oficio No. DGVI/176/2005 del 7 de abril del año en cursó, por el cual remite copia del diverso No. SEU300/1495/05, suscrito por el Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, a través del cual comunica a la Titular de esta Dependencia el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en la sesión del 15 de marzo de 2005, referente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. Al respecto, me permito informar a usted lo siguiente:
La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, es producto de la voluntad política de los principales actores representados en el H. Congreso de la Unión. Con ella se sientan las bases de una Política Social de Estado en beneficio de las personas menos favorecidas, para coadyuvar al desarrollo integral de la Nación.
Para cumplir con el mandato previsto en el artículo segundo transitorio de la Ley, esta Dependencia inició en el mes de febrero de 2004 los trabajos para la elaboración del Reglamento de la misma, contando para el mes de marzo del mismo año con el primer proyecto.
No obstante la facultad reglamentaria corresponde de manera exclusiva al C. Presidente de la República en términos de la fracción I del artículo 89 constitucional, el Ejecutivo Federal consideró necesario hacer del proceso de elaboración del Reglamento un ejercicio participativo, a fin de contar con diversas propuestas que permitieran enriquecer dicho instrumento jurídico. Por ello, el proyecto de Reglamento en sus diferentes versiones, fue sometido a la consideración de los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión de los gobiernos de las entidades federativas y de las asociaciones nacionales de municipios.
En este contexto, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo y se recibieron más de 300 propuestas, considerando una gran cantidad de ellas. Este marco de colaboración permitió que en los meses de julio y septiembre de 2004 se publicaran en el Diario Oficial de la Federación los Decretos de creación de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, del Consejo Consultivo de Desarrollo Social y de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, los cuales también constituyen disposiciones reglamentarias de la Ley.
En seguimiento a lo anterior, esta Secretaría continuó el intercambio de puntos de vista con los legisladores respecto al proyecto de Reglamento de la Ley y del Decreto de creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, recibiendo los últimos comentarios por parte de la Seno Leticia Burgos el 20 de enero de 2005.
A partir de la fecha citada, esta Dependencia continuó el proceso de consulta con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, con el fin de consensuar las versiones que, en su oportunidad, se someterán a su refrendo y a la consideración y firma del Titular del Ejecutivo Federal, trabajos que culminarán en breve tiempo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
DESARROLLO CON EQUIDAD. CONTIGO ES POSIBLE
EL SUBSECRETARIO
DR. RODOLFO TUIRAN
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 10 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. II-1075 signado el día 9 de noviembre de 2004, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 315-A- 02487 - 00000981 suscrito por la C. Lic. Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, Directora General de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo relativo al Presupuesto de Egresos para el año 2005 en materia de Ciencia y Tecnología.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"
México, D.F., a 2 de mayo de 2005.
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
Subsecretario de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobernación
Presente
Hago referencia a su oficio No. SEL/300/4273/04, mediante el cual remite el oficio No II-075 de fecha 9 de noviembre del año próximo pasado, en el que el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, se ha dirigido al Titular de esta Secretaria para que, en el ámbito de su competencia se proceda con el revolvente del orden de los 7 mil 300 millones de pesos del Presupuesto de Egresos para el año 2005 para la Ciencia y la Tecnología, así como los Institutos Tecnológicos Federales",
Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con atención me permito hacer de su conocimiento que la responsabilidad de esta Secretaría en materia de gasto público, está orientada a proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la Administración Pública Paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos públicos y en atención a las necesidades y políticas de desarrollo nacional, así como integrar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ser sometido a la aprobación de la H. Cámara de Diputados.
En este sentido, el Gobierno Federal ha reconocido desde el inicio de la presente Administración la importancia de la inversión en ciencia y tecnología como un instrumento de la política de Estado para contribuir a elevar el nivel de vida y bienestar de la población, así como para incrementar la competitividad del país; no obstante se ha reconocido también, una insuficiencia de recursos para poder dar cobertura integral a todas las necesidades sociales que requiere el país, El punto de Acuerdo que nos ocupa, es parte de las políticas dirigidas a avanzar en materia de ciencia y tecnología. no obstante, también sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
En ese orden de ideas, se hace necesario conocer y reconocer en ese ámbito el nivel de las asignaciones canalizadas por el Ejecutivo Federal a fin de dar sustento al Programa Especial de Ciencia y Tecnología. marco de referencia obligado que no solo señala las directrices del esfuerzo nacional en materia de Ciencia y Tecnología, sino que también ofrece, a través de su seguimiento, el conocimiento del esfuerzo federal a nivel de las asignaciones que le corresponden.
El Presupuesto de Egresos que la H. Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio fiscal 2005 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004) como Gasto Consolidado para Ciencia y Tecnología recursos por 28,852.3 millones de pesos; erogaciones que comprenden entre otros, los recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología así como de la Secretaria de Educación Pública, mismos que tuvieron incrementos prespuestarios reales con respecto al año anterior.
Por lo antes expuesto, respetuosamente me permito señalarle que los recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal serán destinados a cubrir prioritariamente gastos ineludibles y programas sustantivos, conforme a lo establecido por dichas dependencias en orden a sus propios objetivos y acciones estratégicas de desarrollo sectorial y regional, entre ellos, la promoción de los instrumentos idóneos para el financiamiento de actividades científicas tecnológicas, así como también de Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel (becas de postgrado) y apoyos a las instituciones científicas y tecnológicas que correspondan, de acuerdo a sus propios criterios.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
La Directora General
Cecilia Barra
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 9 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II1-2-1163, suscrito el día 8 de marzo del año en curso, por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número PFPA/SRN/ 055/05 signado el 28 de abril último, por el C. Quim. Felipe Adrián Vázquez Gálvez, Subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M .HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SUBPROCURADURÍA DE RECURSOS NATURALES
México, D.F., 2 B ABR 2005
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO.
Subsecretario de Enlace Legislativo.
Secretaría de Gobernación.
Bucareli No. 99 Primer Piso
Col. Juárez.
C. P. 06600 México, D.F.
Me refiero a sU oficio número SEL/300/1284/05, fechado el 10 de marzo del presente, mediante el cual remite los puntos de acuerdo aprobados el día 8 de marzo del presente por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en los que se exhorta a las dependencias de la administración pública competentes, incluida la SEMARNAT y esta Procuraduría, a vigilar el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-131-SEMARNA -1998 para la observación de ballenas así como de la reglamentación vigente aplicable a las embarcaciones dedicadas a dicha actividad en Bahía de Banderas.
Al respecto, le comunico lo siguiente:
La PROFEPA anualmente realiza el Programa de Inspección y Vigilancia para la Temporada de Observación de Ballenas (diciembre - abril) cuya finalidad es garantizar la adecuada protección y conservación de estas especies que arriban a aguas mexicanas para completar su ciclo reproductivo, así como, establecer control entre los prestadores de servicios y lograr que las actividades de observación se lleven a cabo respetando la legislación ambiental, particularmente la NOM-131 SEMARNAT -1998.
Dicho Programa se opera en los sitios de mayor relevancia en donde se desarrolla esta actividad en la costa del Pacífico: Bahía de Todos los Santos, Baja California; lagunas San Ignacio y Ojo de Liebre en la Reserva de la Biosfera "El Vizcaíno. y el Complejo Lagunar Bahía Magdalena, Baja California Sur; así como en Bahía de Banderas, ubicada en las inmediaciones de los estados de Nayarit y Jalisco.
Durante la temporada de observación de ballenas 2003-2004 nuestras Delegaciones realizaron un total de 137 recorridos de vigilancia en los que se levantaron 21 actas de inspección, 9 operativos y se instaló un Comité de Vigilancia en Puerto Adolfo López Mateos, B.C S.
Para la presente temporada de observación (2004 - 2005) se realiza la vigilancia, tanto en las zonas de embarque como en las de observación de estos mamíferos marinos, de la normatividad ambiental, para lo cual se cuenta con el apoyo de los prestadores de servicios autorizados.
Al mes de marzo del presente se han realizado 209 recorridos de vigilancia, particularmente en el caso de nuestra Delegación en el estado de jalisco, algunos de ellos los ha realizado con la colaboración de la Secretaría de Marina, asimismo se han levantado 33 actas de inspección y se acreditaron a 13 vigilantes participativos para la conservación de ballenas en Bahía de Banderas.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección.
El Subprocurador de Recursos Naturales.
Quim.. Felipe Adrián Vázquez Gálvez.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 11 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-1463 signado el 31 de marzo del año en curso, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DGVI / 226 / 2005, suscrito el 3 del actual por el Lic. Enrique Lepine Muñoz, Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al Punto de Acuerdo por el que se solicita a esa Dependencia remitir información sobre los programas "Seguridad para las Mujeres" y "Renovación de la Masculinidad".
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
México, D.F., 3 de mayo de 2005
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobernación
Presente.
Por instrucciones de la Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo Social, y en atención a su oficio No, SEL/300/1633/05, fechado el1 de abril del presente año, referente al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del H, Congreso de la Unión, en relación al programa "Seguridad para las Mujeres", anexo al presente me permito enviarle la siguiente documentación:
• Copia del oficio No, 300,-61, fechado el 2 de mayo del presente año y suscrito por el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de esta dependencia, a través del cual remite la información correspondiente al programa referido
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
El Director General
Lic. Enrique Lepine Muñoz
Programa Hábitat 2005
"Seguridad para las Mujeres y sus Comunidades"
Consideraciones generales
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) diseñó, e instrumenta desde 2003, el Programa Hábitat con el propósito de articular los objetivos de la política social con los de las políticas de desarrollo territorial y urbano. Hábitat es una expresión del interés de avanzar hacia la superación de los rezagos y los profundos contrastes sociales en las ciudades y zonas metropolitanas, así como de contribuir a transformarlas en espacios S€guros, ordenados y habitables.
El Programa Hábitat está dirigido a enfrentar los desafíos de la pobreza y el desarrollo urbano, mediante la instrumentación de un conjunto de acciones que combinan, entre otros aspectos, el mejoramiento de la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas urbano-marginadas (también denominados barrios o polígonos) con la entrega de servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario en esas zonas.
Mediante Hábitat se busca asegurar la concurrencia y la integralidad de los esfuerzos dirigidos a apoyar a la población urbana en situación de pobreza patrimonial. El Programa es particularmente sensible a las necesidades de las mujeres, las niñas y los niños, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. .
Objetivos del Programa
El objetivo general del Programa Hábitat es contribuir a superar la pobreza urbana, mejorar el hábitat popular y hacer de las ciudades y sus barrios espacios ordenados, seguros y habitables, dotados de memoria histórica y proyecto de futuro. Sus objetivos específicos son:
• Brindar opciones a los hogares en situación de pobreza patrimonial para contribuir a que superen esa condición. .
• Promover la ampliación de las capacidades y oportunidades de las mujeres en situación de pobreza patrimonial.
• Contribuir a prevenir la violencia en todas sus formas, así como apoyar tanto a las víctimas como a los grupos y asentamientos en situación de riesgo o vulnerabilidad por esta causa.
• Mejorar el hábitat de las zonas urbano marginadas y asentamientos precarios de las ciudades, así como contribuir a resolver, con la participación organizada de las comunidades, los problemas ocasionados por la segregación socio-espacial y por otros tipos de exclusión fundados, entre otros, en la condición de género, la discapacidad y el ciclo vital.
• Alentar los esfuerzos tanto de mejoramiento ambiental como de ordenamiento territorial en el ámbito municipal, incluida la prevención de desastres y la mitigación de riesgos en zonas y polígonos urbanos seleccionados.
• Fortalecer las capacidades institucionales en el ámbito local en materia de planeación y gestión urbana y territorial, desarrollo local y asociación intermunicipal.
• Contribuir a ordenar el desarrollo urbano, abrir opciones de suelo par_ el asentamiento de las familias en situación de pobreza patrimonial y alentar la regularización de la propiedad y la titulación y registro de los activos inmobiliarios de los hogares en esa condición.
• Propiciar el fortalecimiento de la identidad, el arraigo y la autoestima de la población residente en las ciudades y zonas metropolitanas.
Población objetivo
El universo de atención del Programa Hábitat lo constituyen, preferentemente, los integrantes de los hogares en situación de pobreza patrimonial (de acuerdo con los criterios establecidos por la SEDESOL para la medición de la pobreza) asentados en las ciudades y/o zonas metropolitanas seleccionadas. Ese umbral de pobreza incluye a todos los hogares cuyo ingreso está por debajo de 51 pesos diarios por persona, el cual resulta insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público.
Integración del Programa
Para su operación, el Programa Hábitat se estructura en vertientes, que definen ámbitos territoriales de actuación, y en modalidades, que agrupan las líneas de acción, para atender los requerimientos y necesidades de desarrollo social, urbano y territorial de las ciudades y zonas metropolitanas del país.
Las vertientes que integran el Programa Hábitat son las siguientes: Ciudades Fronterizas, Ciudades Petroleras, Ciudades Turísticas, Zonas Metropolitanas, General y Centros Históricos.
Por otra parte, el Programa. Hábitat estructura y organiza sus acciones en las siguientes ocho modalidades:
• Desarrollo Social y Comunitario, que se dirige a ampliar las destrezas, competencias, capacidades y oportunidades de las personas y de los hogares en situación de pobreza patrimonial y a fortalecer el tejido social de las comunidades.
• Oportunidades para las Mujeres, que se orienta a apoyar a las mujeres en situación de pobreza patrimonial mediante acciones que contribuyan a desarrollar sus capacidades y a facilitar su desempeño laboral o su incorporación a la actividad remunerada.
• Seguridad para las Mujeres y sus Comunidades, creada a partir de 2005 y que busca fortalecer los esfuerzos de prevención y atención de la violencia en todas sus formas, con énfasis en la violencia hacia las mujeres y en el establecimiento de comunidades seguras.
• Mejoramiento de -Barrios, que busca tanto introducir, ampliar o mejorar la infraestructura y los servicios urbanos básicos en los asentamientos precarios, como integrarlos a la ciudad.
• Ordenamiento del Territorio y Mejoramiento Ambiental, que apoya las acciones dirigidas a mejorar el entorno ecológico de las zonas urbanas, a fortalecer las tareas de ordenamiento territorial y a reducir la vulnerabilidad de la población en situación de pobreza patrimonial asentada en zonas e inmuebles de riesgo frente a las amenazas de origen natural.
• Planeación Urbana y Agencias de Desarrollo Hábitat, que estimula el fortalecimiento de los instrumentos de planeación y gestión urbana y territorial, así como la formación y consolidación de instancias dirigidas a impulsar iniciativas y prácticas de desarrollo local, con el fin de mejorar el entorno urbano y avanzar hacia la construcción de ciudades y zonas metropolitanas más ordenadas, seguras, sustentables, incluyentes y competitivas.
• Suelo para la Vivienda S9cial y el Desarrollo Urbano, que apoya acciones para la adquisición de reservas territoriales en zonas aptas para el desarrollo urbano y la habilitación progresiva de lotes con servicios para el asentamiento de los hogares en situación de pobreza patrimonial. así como la regularización de la propiedad y la titulación y registro de activos inmobiliarios de los hogares en la misma condición.
• Equipamiento Urbano e Imagen de la Ciudad, que apoya la provisión o rehabilitación del equipamiento y mobiliario urbano, la protección, conservación o revitalización de los centros históricos y patrimoniales, y, en general, el impulso a acciones que contribuyan a conservar y mejorar la imagen urbana.
Las dos primeras modalidades se dirigen a ampliar las capacidades y oportunidades de las personas y los hogares en situación de pobreza patrimonial.
La tercera, cuarta y quinta modalidades se dirigen al entorno en el que se desenvuelve la vida cotidiana de las personas y de los hogares. con miras a superar los rezagos en materia de infraestructura y servicios. mejorar la calidad del medio ambiente, establecer comunidades seguras, reducir la vulnerabilidad de los asentamientos precarios frente a las amenazas de origen natural y ordenar los usos del suelo con fines de prevención de desastres.
Las tres últimas modalidades buscan apoyar el desarrollo incluyente, equitativo, ordenado y sustentable de los núcleos urbanos, impulsando iniciativas y prácticas de desarrollo local que contribuyan a mejorar la competitividad, funcionalidad y habitabilidad de las ciudades, conservar y proteger su patrimonio cultural, favorecer el acceso al suelo por parte de los hogares en situación de pobreza patrimonial y mejorar la imagen urbana.
Principios para la operación
La operación del Programa Hábitat se sustenta en los siguientes principios:
• Equidad.- Se dirige preferentemente a la población en situación de pobreza patrimonial e incorpora acciones para promover la equidad de género.
• Focalización.- Identifica y selecciona, en cada una de las ciudades elegidas, una o más zonas de atención prioritaria donde se concentra la pobreza patrimonial.
• Transparencia.- Contempla mecanismos que garantizan la asignación de subsidios a la población que más los necesita. La selección de las zonas de atención prioritaria responde a criterios de elegibilidad y prioridad claramente establecidos por la SEDESOL. El destino final de los apoyos se difunde a nivel nacional, estatal y municipal y la información básica sobre los proyectos se pone a disposición de quien lo desee para consulta en Internet.
• Sustentabilidad.- Promueve el fortalecimiento de los fundamentos económicos y sociales de las ciudades, así como el mejoramiento y la conservación del medio ambiente y la gestión estratégica del territorio.
• Corresponsabilidad.- El gobierno federal. los gobiernos locales (estatales y municipales) y. en su caso las comunidades beneficiarias. aportan recursos y concurren en la identificación de prioridades.
• Subsidiariedad.- La SEDESOL norma, coordina, verifica, da seguimiento y evalúa las acciones realizadas por el Programa Hábitat, mientras que la responsabilidad de la ejecución de los proyectos recae principalmente en los gobiernos estatales y municipales.
Modalidad Seguridad para las Mujeres y sus Comunidades
Creación de la modalidad
A partir de la experiencia adquirida en los ejercicios anteriores y de la relevancia del tema, se determinó incorporar al Programa Hábitat, a partir de 2005, la modalidad Seguridad para las Mujeres y sus Comunidades. Conforme se establece en las Reglas de Operación del Programa, la creación de esta nueva modalidad se basa, entre otras en lo siguiente:
• A los múltiples problemas que viven los habitantes de las ciudades y de los asentamientos precarios, se agregan las profundas inequidades de género y las ancladas en la discapacidad o el ciclo vital, que con frecuencia condicionan el acceso y uso diferenciado de los espacios, equipamientos y dominios urbanos.
• Iniciativas provenientes tanto del gobierno, como de la sociedad civil y la comunidad científica, han mostrado la importancia de impulsar el desarrollo social y transformar el hábitat popular desde una perspectiva que incluya las demandas e intereses de las mujeres y de otros segmentos de la población con necesidades especiales. La integración del enfoque de género y del ciclo vital de manera transversal en las políticas de desarrollo social y urbano puede contribuir a hacerlas más efectivas e igualitarias.
• Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las mujeres es la violencia física, sexual, emocional o económica que suelen padecer en su relación de pareja, la cual no sólo perturba sus vidas y atropella sus derechos, sino también afecta su autoestima, limita sus oportunidades y restringe su acceso a la información y los servicios relevantes.
• La violencia contra las mujeres en los hogares tiene una presencia bastante extendida y no distingue niveles educativos o socioeconómicos. Una encuesta reciente (INEGI e Instituto Nacional de las Mujeres, Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, México, 2003) revela que una de cada dos mujeres sufrió al menos un incidente de violencia con su pareja en los doce meses previos al levantamiento de dicha encuesta.
• El fenómeno de la violencia en el hogar también abarca otras modalidades cotidianas crónicas. Las víctimas principales son los niños y las niñas, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. La encuesta arriba citada indica que, a nivel nacional, casi una de cada dos mujeres en unión reconoce pegarles a sus hijos menores "cuando se portan mal". La violencia doméstica -por el enorme costo social, el impacto que tiene sobre la salud física y mental de las víctimas y sus vinculaciones con la violencia social es un asunto de incumbencia de toda la sociedad a pesar de que se genere y ocurra en el ámbito privado.
• La violencia también está presente en las calles, transporte público, parques y los mercados de las ciudades. Los datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C. (Encuesta Nacional sobre Inseguridad en las Entidades Federativas, México, marzo de 2002) indican que cada año al menos uno de cada siete hogares en el país reporta que al menos uno de sus integrantes fue víctima de algún delito.
• Si bien todos los grupos sociales se ven afectados por la delincuencia y la violencia social, ésta daña mayormente a los grupos en situación de pobreza porque son los que tienen medios más limitados para defenderse de ella. Por esta razón, una demanda prioritaria de los hogares localizados en asentamientos precarios es el de la seguridad pública. Esta demanda tiene su origen, entre otros factores, en la situación de aislamiento, marginación y carencia de infraestructura básica y equipamiento urbano en que se encuentran esos ámbitos territoriales.
• Sin vías de acceso adecuadas, con viviendas frágiles y fácilmente penetrables, sin alumbrado público y alejados de los servicios de vigilancia, los asentamientos precarios a menudo son susceptibles de convertirse en zonas de riesgo para sus moradores. Los estudios y encuestas impulsados por la SEDESOL indican que la gran mayoría de los integrantes de los hogares establecidos en asentamientos precarios se sienten inseguros en ellos, lo que los obliga, entre otras respuestas, a reforzar puertas y ventanas, a organizarse y adoptar medidas de seguridad con sus vecinos y a demandar con urgencia el establecimiento de módulos de vigilancia.
Beneficiarios de la modalidad
Las acciones agrupadas bajo la modalidad Seguridad para las Mujeres y sus Comunidades, tienen a la ciudad o zona metropolitana como referente territorial. Consecuentemente, los beneficiarios potenciales de esta modalidad podrán ser los habitantes de las localidades seleccionadas, aunque en la asignación de recursos tendrán prioridad los proyectos dirigidos a las zonas de atención prioritaria (zonas urbano marginadas, barrios o polígonos que reúnan los criterios de elegibilidad) y a los hogares en situación de pobreza patrimonial.
Acciones de la modalidad
Mediante la modalidad Seguridad para las Mujeres y sus Comunidades se apoyan los siguientes tipos de acciones:
• Medidas orientadas a apoyar la rehabilitación y/o equipamiento de centros especializados para la atención psicológica, médica y legal de las víctimas de violencia doméstica.
• .Acciones 'dirigidas a apoyar la prestación de servicios sociales orientados tanto a la prevención de la violencia doméstica, como a la atención a las víctimas.
• Acciones encaminadas a apoyar la rehabilitación y/o equipamiento de refugios o albergues para las mujeres víctimas de violencia en la pareja.
• Acciones orientadas a apoyar. al diseño e instrumentación de medidas de seguridad pública que propicien la organización y participación activa de las comunidades en la prevención de la violencia y el delito.
• Acciones de prevención situacional que contribuyan a propiciar condiciones de seguridad más adecuadas para los hogares y las personas en las zonas de atención prioritaria.
• Acciones dirigidas a transformar actitudes y comportamientos de las comunidades hacia la violencia en todas sus formas, incluido el impulso de campañas de sensibilización, educación y prevención.
• Acciones orientadas a alentar la participación de los diversos sectores de la sociedad en los observatorios de violencia (con énfasis en la violencia de género). Los observatorios de violencia son sistemas integrados de información dirigidos a generar conocimiento sobre los niveles y tendencias de la violencia, de sus modalidades y de sus causas y consecuencias. La información y análisis generados por los observatorios permiten tanto valorar el alcance de las políticas y programas encaminados a enfrentar este problema social, como proporcionar insumos para sustentar reformas legislativas e intervenciones más eficaces para combatirlo.
Recursos de la modalidad
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, se autorizaron 2,070.4 millones de pesos para el Programa Hábitat, que son aplicados en las diversas modalidades que lo integran.
Conforme se establece en las Reglas de Operación del Programa Hábitat, los ejecutores del Programa, particularmente gobiernos municipales, determinan los proyectos de obras y acciones a los que se canalizan los recursos federales y locales, conforme a las necesidades y prioridades de las zonas de atención prioritaria. Es decir, son las autoridades locales las que definen, con sus proyectos, los recursos que se destinan a cada modalidad.
Sin embargo, cabe señalar que las Reglas de Operación del Programa Hábitat establecen dos lineamientos para promover la canalización de subsidios hacia esta modalidad:
• De los recursos asignados a cada municipio, se deberá al menos 20 (veinte) por ciento para llevar a cabo acciones del conjunto de las tres modalidades siguientes: Desarrollo Social y Comunitario, Oportunidades para las Mujeres y Seguridad para las Mujeres y sus Comunidades.
• Las intervenciones en las zonas de atención prioritaria deberán caracterizarse por su carácter integrado y complementario. Es decir, deberán comprender acciones tanto de desarrollo social, como de desarrollo urbano (excepto en la Vertiente Centros Históricos), e incluir intervenciones de cuando menos cuatro de las seis modalidades siguientes: Desarrollo Social y Comunitario; Oportunidades para las Mujeres; Seguridad para las Mujeres y sus Comunidades; Mejoramiento de Barrios; Ordenamiento Territorial y Mejoramiento Ambiental; y Equipamiento Urbano e Imagen de la Ciudad.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 9 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
"En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-1394, suscrito el día 19 de abril del año en curso, por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGJF/063/2005 signado el 28 de abril último, por el C. Lic. Jorge Pulido Vázquez, Subdirector General Jurídico y de Fiscalización del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo relativo a la disposición de los recursos del fondo de reserva constituido en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
INFONAVIT
SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE FISCALIZACIÓN.
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO.
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.
PRESENTE.
Me refiero a su oficio N°. SEL/300/21 09/05 de fecha 20 de abril 'del presente año, enviado al C.P. Víctor Manuel Borrás Setién, Director General de este Instituto, mediante el cual remite el oficio No. D.G.P.L. 59-11-4-1394, por el que los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y Secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, comunican el Punto de Acuerdo aprobado en sesión de fecha 19 de abril de 2005, en los siguientes términos:
ÚNICO. La Cámara de Diputados hace un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que informen al Congreso de la Unión, sobre la disposición de los recursos del fondo de reserva constituido en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de los recursos propiedad de los trabajadores, administrados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para el traspaso a las Administradoras de Fondos para el Retiro o pago a los trabajadores pensionados o a sus beneficiarios. Asimismo, que las dependencias informen sobre los recursos derivados del seguro de retiro (SAR-92) y de la subcuenta de vivienda, respectivamente, acumulados entre mayo de 1992 y junio de 1997, precisando a la fecha, el número de registros de las cuentas individuales que han sido identificados y a cuánto ascienden los recursos devueltos a sus titulares pensionados y/o beneficiarios por concepto de pago o por traspaso de saldos a la cuenta individual de los' trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro:
Al respecto por instrucciones del C.P. Víctor Manuel Borrás Setién y con el fin de dar respuesta a los cuestionamientos realizados por la H. Cámara de Diputados, me permito informar lo siguiente:
Como es de su conocimiento, en términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002, por el que se reforma el artículo noveno transitorio, del Decreto de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de reformas y adiciones a las leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consumidor, publicado el 23 de mayo de 1996, así como .los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado el 10 de diciembre de 2002, las Instituciones de Crédito Operadoras de las Cuentas Individuales del Sistema de Ahorro- para el Retiro (ICEFAS) dejaron de operar y administrar las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro, abiertas del segundo, bimestre de 1992 al tercer bimestre de 1997.
Igualmente el citado Decreto instruyó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tener a su cargo el registro e individualización de los recursos de las subcuentas de vivienda contenidas en las cuentas individuales y sus intereses, así como los procedimientos para su traspaso o entrega al trabajador o sus beneficiarios mediante la identificación de los datos contenidos en las mismas.
De conformidad con la información recibida por parte de las ICEFAS, el número de registros correspondientes a las subcuentas de vivienda traspasadas al lNFONAVIT fue de 25,982,635.
Por IQ" que respecta a las solicitudes de retiro de recursos de los trabajadores pensionados o sus beneficiarios, se tiene programado que en el mes de junio del presente año, entre en operación la devolución de estos montos a través de las administradoras de fondos para el retiro, por lo que una vez que entre en marcha este proceso operativo estaremos en posibilidad de proporcionar la información solicitada.
Con relación a la atención de las solicitudes presentadas por los trabajadores para efectuar el traspaso a las administradoras de fondos para el retiro, al 1ro. de abril del 2005, se traspasaron $43,544,792.20 (CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.) correspondientes a 4,119 cuentas y se tiene programado para el 2 de mayo del presente año efectuar el traspaso de $14,642,312.83 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 83/100 M.N.) de 1,515 cuentas.
Por último, es importante mencionar que los recursos que nos ocupan forman parte del Fondo Nacional de la Vivienda y por ende se encuentran administrados de conformidad con la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que al momento en que los trabajadores /10 sus beneficiarios acreditan la titularidad de los mismos, procede en consecuencia el traspaso o retiro correspondiente.
Atentamente
LIC. JORGE PULIDO VAZQUEZ
SUBDIRECTOR GENERAL
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 9 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
"En atención al oficio No. III-932 signado el día 23 de noviembre de 2004, por el C. Sen. César Jáuregui Robles, Vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 400/18.04.05/ 087 suscrito el día 18 de abril último, por el C. Ing. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Subsecretario de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que diseñe un Programa de Empleo para Jóvenes Profesionistas, con el propósito de abatir la carencia de ocupaciones en este importante segmento poblacional.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO
México. D. F.. a 18 de abril de 2005
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
Subsecretario de Enlace legislativo
Presente
Hago acuse de su oficio no. SEL/300/4484/04 mediante el cual envía Punto de Acuerdo aprobado por lo Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. en el sentido de que se diseñe un Programo de Empleo para Jóvenes Profesionistas.
Sobre el particular, me permito informarle que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene implementados los siguientes programas para la atención de los jóvenes:
– BECATE. El cual tiene como objetivo incorporar a la población desempleada y subempleada a cursos de capacitación de corlo plazo, para que obtengan la calificación requerida por el protocolo productivo, con el propósito de reducir los costos de búsqueda de empleo y contratación que enfrenta la población y tas empresas.
– Observatorio Laboral. Que constituye un innovador sistema de información laboral que forma parte de las estrategias del gobierno mexicano para vincular efectivamente la oferta educativa y las necesidades del sector productivo nacional. Mediante el cual se proporciona a los estudiantes un marco de' referencia permanente para elegir carreras profesionales acordes con sus intereses, sus habilidades y con las tendencias laborales a nivel nacional y mundial.
Sin más por el momento, reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL SUBSECRETARIO
ING. FRANCISCO XAVIER SALAZAR SAENZ
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 11 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En alcance a mi similar No. SEL/300/2502/05 suscrito el 3 del mes en curso, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del oficio número CNAJ/486/2005 signado el 4 del actual, por el C. Lic. José Luis Valle Cosío, Coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a ese Organismo a suscribir un acuerdo de colaboración integral en materia deportiva, de cara a los próximos compromisos deportivos, con el Comité Olímpico Mexicano.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS
México, D.F. a 04 de mayo de 2005.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de
la Secretaría de Gobernación
Presente
Por instrucciones del Profesor Nelson Vargas Basáñez, Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y en alcance a su oficio D.G.501.274, a través del cual le da contestación al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y al Comité Olímpico Mexicano A..C. (COM), a suscribir un acuerdo de colaboración integral en materia deportiva de cara a los próximos Juegos Olímpicos.
Al respecto le comento que con fecha 03 del mes y año en curso, se suscribió un convenio entre el titular de la CONADE y del COM, fungiendo como testigo de calidad el e. Mario Vázquez Raña, a efecto de llevar a cabo un trabajo conjunto e integral en materia deportiva, de cara a los próximos Juegos Olímpicos.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
El Coordinador
Lic. José Luis Valle Cosío
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 11 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-969 signado el 30 de noviembre de 2004, por el C. Sen. César Jáuregui Robles, Vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DG/CA L/220/05, suscrito el 9 del actual por el C. Ing. Jorge Ocejo Moreno, Coordinador de Asesores del Director General de Petróleos Mexicanos, así como el anexo que en el mismo se menciona en forma impresa y en medio magnético, mediante los cuales da respuesta al Punto de Acuerdo relativo a la situación de los miembros de la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros Mexicanos.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
PEMEX
Dirección General
Coordinación de Asesores
México, D.F., 09 de mayo de 2005.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaria de Gobernación
En atención a su oficio de referencia SEL/300/470l/04, mediante el cual nace de nuestro conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2004 sobre la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros Mexicanos, en anexo referimos los comentarios de la Dirección Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos.
Amablemente solicitamos hacer llegar esta información a las instancias interesadas.
Atentamente,
Ing. Jorge Ocejo Moreno.
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SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 11 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-1392 signado el 15 de marzo del año en curso, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 112.- 000506, suscrito el 29 de abril próximo pasado por el C. Lic. Felipe Zavala Ponce, Coordinador General de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al Punto de Acuerdo por el que se solicita a esa Dependencia información detallada sobre el programa de comercialización de café con autofactura, que opera a través del Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional, así como se implente un programa mediante el cual se simplifiquen los trámites para la deducibilidad de las compras de café, por medio de autofacturas de los ejercicios 2002 a 2004.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA SECTORIAL
México, D.F., a 29 de abril de 2005
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION
PRESENTE
Me refiero a su oficio No. SEL/300/1487/05 del 18 de marzo del año en curso, a través del cual nos comunica Punto de Acuerdo de la sesión del 15 de marzo del 2005, en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio Administración Tributaria, en coordinación con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación y con el consejo Mexicano del Café, para que se implemente un programa mediante el cual se simplifiquen los trámites para la deducibilidad de las compras de café mediante autofacturas de los ejercicios 2002 a 2004, a través del sistema Informático de la Cafeticultura Nacional a cargo del Consejo Mexicano del Café, especificando y comunicando adecuadamente los requisitos para acceder a este programa y estableciendo un plazo amplio y claramente definido para tal efecto.
Al respecto, anexo al presente encontrara fotocopia del oficio P.E.P. 100/304/05, emitido por el del Consejo Mexicano del Café, el 4 de abril del presente año, para los efectos que procedan.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL COORDINADOR GENERAL
LIC. FELIPE ZAVALA PONCE
CONSEJO MEXICANO DEL CAFÉ
PRESIDENCIA EJECUTIVA
México, D.F., Abril 4 de 2005
LIC. FELIPE ZAVALA PONCE
Coordinador General de Política Sectorial
Presente.
En atención al comunicado de fecha 16 de marzo de 2005 que dirige al C. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; mediante el cual informa que en la Sesión del día antes mencionado, la Mesa Directiva del Senado de la República dio lectura a un punto de acuerdo propuesto por la Comisión de Agricultura y Ganadería, consistente en la solicitud de información detallada sobre el programa de comercialización de café, que opera a través del sistema informático de la cafeticultura nacional, los requisitos para acceder a este programa, el procedimiento para deducibilidad de las compras así efectuadas y el acceso a este beneficio por parte de los cafetaleros; me permito manifestar a Usted lo siguiente:
En lo que corresponde a este Consejo, me permito anexar una breve descripción de la comercialización de café mediante la impresión de autofactura y los requisitos que deben llenar los comercializadores para acceder al Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional.
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Presidente Ejecutivo Provisional
ING. LORENA ZAPIEN SANTOYO
CONSEJO MEXICANO DEl CAFE
PRESIDENCIA EJECUTIVA
Comercialización de Café mediante Autofactura:
El Consejo Mexicano del Café (CMC) obtuvo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), autorizaciones mediante oficios 325-SAT-IV-A-55872 y 325-SAT-IV-A-74943, de fechas 9 de agosto de 2002 y 3 de septiembre de 2002, respectivamente, en los siguientes términos:
1. Para los efectos de los artículos 29 y 29a del Código Fiscal de la Federación, durante el ejercicio fiscal de 2002, los comercializadores de café inscritos en el Padrón Nacional de Comercializadores implementado por el CMC, podrán comprobar con la documentación que se expida en los términos de la Resolución, la enajenación de primera mano realizada por los productores. .
2. Se faculta a los comercializadores expedir en original y copia comprobantes fiscales, donde destaca la leyenda "autofactura" impresos por el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional (SICN).
3. Se establece la obligación de los Comercializadores de presentar ante la Administración local de Respaldo al Contribuyente, (ALAC), escrito libre en el que manifiesten que se adhieren al sistema de autofacturación, y anexar copia del registro que para esos efectos, obtengan del CMC.
4°. La obligación del CMC de contar con la infraestructura informática suficiente con las especificaciones técnicas que garanticen un estricto control de las operaciones que facturen los comercialízadores de café. Obligación Que se. cumple a través del Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional (SICN).
5°. El CMC deberá proporcionar a la ALAC, informes de las operaciones realizadas por los productores y comercializadores.
En el mismo sentido, a solicitud del CMC, el SAT mediante oficio 325-SAT-IV-A-23205, de fecha enero 7 de 2003, emitió Resolución por la que actualiza para el ejercicio fiscal de 2003 los términos de las Resoluciones, de los dos oficios. antes mencionados.
Por último, mediante oficio del SAT número 325-SAT-IV-B-IO343, de fecha marzo 8 de 2004, amplia los términos de las autorizaciones concedidas en los dos oficios inicialmente aludidos, resumiéndose en lo siguiente.
1. Se releva a los comercializadotes afiliados al CMC, de la obligación de pagar, mediante cheque nominativo para abono en cuenta, pudiendo efectuar tal pago en efectivo, a las personas físicas productores de café que detenten una superficie igualo menor de 5 hectáreas y cuyos ingresos no excedan de 50 mil pesos, siempre y cuando la compra y el pago se efectúe en un lugar que no cuente con una institución de crédito que proporcione los servicios bancarios (rancherías, poblado o comunidad rural).
2. Los comercializadores de café inscritos en el Padrón de Comercializadores, podrán comprobar con la documentación que se expida en los términos de esta Resolución, la primera enajenación realizada por los productores de dicho producto.
3. Reitera la facultad de los comercializadores de café para expedir en original y copia los comprobantes fiscales, detallando los requisitos que deben contener.
En este punto se determina que los comercializadores que opten por la expedición de estos comprobantes, deberán presentar, durante el mes de julio de 2004, ante la Administración General de Asistencia al Contribuyente, por conducto del CMC, escrito libre en el que manifiesten que aplicarán esta facilidad, anexando . copia de la constancia del Registro que obtengan del mismo CMC.
4. Reitera que para la expedición de los comprobantes fiscales, el CMC deberá contar con la infraestructura informática que garantice un estricto control de las operaciones que facturen los comercializadores de café por cuenta y orden los vendedores de este producto.
5. El CMC proporcionará a la ALAC, la información de las operaciones realizadas por los productos y comercializadores de café durante el periodo de enero a diciembre de 2004. Para ello, indica presentarán en el mes de junio de 2005, los datos de las operaciones realizadas por los productores y comercializares de café efectuadas durante el ejercicio de 2004, conforme al programa elaborado por el SAT.
Requisitos para Acceder al Programa de Autofacturación:
-La empresa comercializadora deberá enviar el formato, debidamente requisitado. de la Solicitud de Inscripción que se publica en el portal .mx, anexando la documentación relativa a la personalidad jurídica, representación legal, identificación de representantes, cedula fiscal, constancia de inscripción al RFC y otros que, en su caso, requiera el área jurídica del Consejo.
-Los comercializadores deben celebrar con el CMC, convenio para determinar los términos y condiciones en que se utilizara el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional. En el Convenio de referencia. las empresas se manifiestan enterados del contenido de los oficios que emite el SA T, que incluye la obligación de formular los escritos mediante los cuales se adhieren al sistema de autofactura.
-Una vez celebrado el Convenio, son habilitados en el Sistema para que puedan realízar la captura de operaciones de compra de café de primera mano y así se realice la impresión del comprobante fiscal. por lo que se les entrega el botón informático, los programas requeridos y copia de los oficios del SA T mediante los cuales se establecen los requisitos para expedir los comprobantes fiscales del SICN y puedan ser deducibles de impuestos.
De esta manera. se genera un registro de operaciones que será la base que utilizará el Consejo para, según sea el caso, entregar los apoyos a los productores inscritos en el Padrón Nacional Cafetalero o bien hacer las retenciones que corresponden para la recuperación del apoyo, dentro del esquema del Fondo de Estabilización de Precios.
Asimismo, se cumple con los requisitos impuestos por el Servicio de Administración Tributaria para tener un sistema eficiente y confiable que permite un adecuado control de las operaciones que se realizan al amparo del Sistema y se obtiene información actual de todas y cada una de las operaciones de compraventa del producto, cada vez que se requiere.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 11 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1350 signado el 8 de marzo próximo pasado, por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DRN/140/2005 No. 1260, suscrito el día 28 de abril último por el C. M.V.Z. Fabián Pérez Flores, Titular de la Dirección de Recursos Naturales de la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales, se verifique el cumplimiento de los programas forestales relacionados con la explotación, comercialización o tráfico de árboles de navidad, a fin de prevenir y reducir su tala ilegal.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES
Tlaxcala, Tlax., a 28 de abril 2005
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado Subsecretario de Enlace Legislativo Secretaria de Gobernación
En respuesta a su oficio No. SEL/300/1279/05 dirigido al C. Gobernador del Estado, Lic. Héctor Israel Ortíz Ortíz; mismo que fue turnado a esta Dependencia para su atención y en el que da a conocer el punto de acuerdo del H. Congreso de la Unión en relación a un exhorto realizado a SEMARNAT y CONAFOR para que en coordinación con los Gobiernos de los Estados se establezcan programas forestales relacionados con la explotación, comercialización o tráfico de árboles de navidad existentes a fin de prevenir y reducir la tala ilegal de los mismos.
Al respecto le informo que dicho exhorto será analizado en la próxima sesión ordinaria del Consejo Estatal Forestal (en el que están representados todos los actores forestales) y se tomará la resolución correspondiente.
No omito comentar algunos puntos relacionados con la temática referida:
• Actualmente el Gobierno del Estado es el responsable de la Administración del Parque Nacional Malinche, para lo, cual cuenta con un Programa permanente de Uso Racional de los recursos naturales, así como de Inspección y Vigilancia.
• El Gobierno del Estado y la PROFEPA trabajan de manera conjunta, en el marco del Convenio de Coordinación firmado en 2001 "para proteger y preservar los recursos forestales del Estado de Tlaxcala.
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.
ATENTAMENTE
EL TITULAR
M.V.Z. FABIAN PEREZ FLORES.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 11 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1350 signado el 8 de marzo próximo pasado, por los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 510, suscrito el día 3 del mes en curso por el C. Ing. José Luis Luege Tamargo, Procurador Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al apartado Segundo del Punto de Acuerdo en el que se exhorta a esa Procuraduría a que, en coordinación con la Procuraduría General de la República implemente operativos de inspección permanente, a fin de detectar sitios de distribución de árboles de navidad, provenientes de tala ilegal y de importación ilegal.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
EI Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
México, D. F. a 3 de Mayo de 2005
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobernación
Presente
Hago referencia al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados de! H. Congreso de la Unión, aprobado en sesión de fecha 8 de marzo del año en curso y en particular al acuerdo segundo que a la letra dice "Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), implementen operativos de inspección permanente. a }in de detectar sitios de distribución de árboles de navidad, provenientes de tala ilegal y de importación ilegal!".
En este sentido. me permito informar a usted que esta Procuraduría desarrolla en cada Entidad Federativa del país y durante la temporada navideña de cada año, un operativo especial de Inspección y Vigilancia de árboles de navidad que tiene como objeto verificar la legal procedencia y la situación fitosanitaria de árboles de navidad de importación de plantaciones forestales de viveros registrados y pone especial atención en los árboles provenientes de bosques naturales debido a que son producto de la tala clandestina.
Aunado a este programa se revisa también la legal procedencia de materias primas forestales no maderables, que en dicha temporada tiene una alta demanda por sus características ornamentales como son; el musgo, el heno, la doradilla y la vara de perlilla.
En este contexto, es necesario mencionar que los puntos de revisión para árboles de navidad de importación son los puertos, aeropuertos y fronteras que cita la Norma Oficial Mexicana NOM-013 -RECNA T-.1997 que regula sanitariamente la importación de árboles de navidad naturales de las especies Pinus sylvestris Pseudotsuga menziesii y del género Abies , y su revisión comienza en los puntos autorizados de ingreso al país a partir del primer embarque en frontera en la primera quincena del mes de noviembre, proveniente de Estados Unidos o Canadá. En cuanto a los árboles de navidad de procedencia nacional, se inspecciona su situación legal en plantaciones, viveros, carreteras, predios forestales, mercados y centros comerciales en la segunda quincena de noviembre y concluye el 24 de diciembre de cada año.
Es necesario destacar que se ha formalizado un Convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la República, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y esta Procuraduría suscrito el pasado 28 de septiembre del 2004 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de octubre del mismo año, para la Atención y Persecución de los Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental cuyo objetivo principal ha sido el desarrollo de acciones de manera conjunta en el ámbito de sus respectivas competencias para la adecuada atención, investigación y persecución de los delitos como lo es trafico ilegal de árboles de navidad y la tala clandestina.
Con el propósito de reforzar las acciones de inspección en materia de árboles de navidad, esta Procuraduría elabora durante el mes de octubre de cada ano una circular que tiene como objetivo principal, difundir entre nuestras Delegaciones la normatividad existente en la materia y dar a conocer a los importadores, productores, transportistas y comercializadores la regulación legal de árboles de navidad para desalentar la comisión de ilícitos así, como coordinar acciones con la Procuraduría General de la República y los Gobiernos Estatales
Es importantes mencionar, que por primera vez en la historia de la normatividad forestal en México y en alusión al recientemente publicado Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el Diario Oficial de la Federación del 21 de febrero del presente año, en su artículo 108, se menciona específicamente a los árboles de navidad provenientes de plantaciones comerciales, evitando con ello las discrepancias que esta Procuraduría y los particulares sobre su inclusión y regulación como materias primas forestales.
Lo anterior, permite tener un mayor control y diferenciar durante el transporte a los árboles provenientes de plantaciones de los provenientes de bosques naturales.
Sin otro particular. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Procurador.
Ing. José Luis Luege Tamargo.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 10 de mayo de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-1477 suscrito el 5 de abril del año en curso, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 2120000328/05 signado el 27 de abril último, por la C. M. en C. Arlette López Trujillo, Secretaria de Ecología del Gobierno del Estado de México, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al Punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno de esa Entidad Federativa un informe detallado sobre las condiciones y operaciones de la empresa Sistema Ecológico de Regeneración de Aguas Residuales Industriales (Reciclagua).
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE ECOLOGIA
Metepec, Méx., a 27 de abril del 2005.
LICENCIADO
HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE
.
Reciba un afectuoso saludo y en atención a su oficio SEL/300/1716/05, de fecha 6 de abril de 2005, enviado al Lic. Arturo Montiel Rojas, Gobernador Constitucional del Estado de México, mediante el cual da a conocer el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, relativo al Punto de Acuerdo en el que solicita al Gobierno del Estado de México presentar un informe detallado sobre las condiciones y operaciones de la empresa Reciclagua, anexo me permito remitir a uestes la información requerida.
Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
LA SECRETARIA
M. EN C. ARLETTE LOPEZ TRUJILLO
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
México, D., F., a 2 de Mayo de 2005.
DIP. MANLlO FABIO BELTRONES RIVERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LlX LEGISLATURA DE LA
H. CAMARA DE DIPUTADOS
Presente
Distinguido Sr. Diputado Beltrones Rivera:
En atención al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en sesión del 28 de febrero del presente y que a la letra dice:
"Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que el Consejo de Salubridad General suspenda la vigencia de los Acuerdos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los días martes 6 de Julio y martes 26 de Octubre del 2004.
Segundo. Se solicita al Ejecutivo Federal enviar los Acuerdos mencionados, así como la fundamentación científica y jurídica que los motivaron, a fin de que sean analizados en el seno de esta Comisión en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales.
Tercero. Se solicita al Ejecutivo Federal evitar acciones de hostigamiento fiscal y judicial en contra de las empresas involucradas en la materia."
Me permito en mi carácter de Secretaria del Consejo de Salubridad General, enviar a usted el documento que sustenta los motivos que llevaron al Consejo de Salubridad General a expedir el "Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el alcoholismo y evitar la ingesta de alcohol etílico" del 6 de julio; y el "Acuerdo del Consejo de Salubridad General que modifica al acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el alcoholismo y evitar la ingesta de alcohol etílico", del 26 de octubre de 2004.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
DRA. MERCEDES JUAN
SECRETARIA.
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Oficios con los que remite acuerdos
Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa de reformas al artículo 122 constitucional y los artículos 42 y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA
DIPUTACIÓN PERMANENTE
SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
Recinto Legislativo a 11 de mayo de 2005
SEN. DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS RAMOS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI, 50 fracciones IV y V y 58 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que acuerdo a sus facultades dictamine a la brevedad posible, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 122 Base Primera, fracción V incisos c) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 42 y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que fuera a probada en forma unánime por esta Asamblea el 22 de diciembre de 2004.
Lo anterior para los efectos legislativos conducentes. Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
DIP. JULIO ESCAMILLA SALINAS
PRESIDENTE
Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la Minuta de reformas a los artículos 26, 73 y 108 constitucionales.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA
DIPUTACIÓN PERMANENTE
SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
Recinto Legislativo a 11 de mayo de 2005
SEN. DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS RAMOS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI, 50 fracciones IV y V Y 58 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que someta a la consideración de su Pleno la Minuta con los artículos 26, 73 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, aprobado el 28 de abril del 2004 por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, que de aprobarse garantizará que el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) se transforme en organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Lo anterior para los efectos legislativos conducentes. Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
DIP. JULIO ESCAMILLA SALINAS
PRESIDENTE
Por el que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a reactivar la discusión sobre la reforma política del Distrito Federal
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA
DIPUTACIÓN PERMANENTE
SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
Recinto Legislativo a 11 de mayo de 2005
SEN. DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS RAMOS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI, 50 fracciones IV y V Y 58 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal formula un atento y respetuoso exhorto a las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión para que en el marco de sus respectivas atribuciones constitucionales, reactiven la discusión en su seno acerca de la reforma política del Distrito Federal por se de interés general no sólo del Distrito Federal, sino de toda la nación.
Lo anterior para los efectos legislativos conducentes. Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
DIP. JULIO ESCAMILLA SALINAS
PRESIDENTE
Legislaturas de los Estados
Oficios del Congreso del Estado de Jalisco, con los que remite:
Acuerdo por el que solicita se dictamine la Minuta de reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal.
GOBIERNO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA DEL CONGRESO
Guadalajara, Jalisco a 28 de Abril de 2005
H. CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE
Con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Estado de Jalisco, los que suscribimos, la Comisión de Ganadería de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, preocupados por el uso indebido de anabólicos en la alimentación animal y conscientes de que la salud humana es prioritaria, formulamos el siguiente
ACUERDO INTERNO
La población jalisciense es vulnerable ante esta situación, claramente ilegal pero también es una situación indiscutiblemente inmoral, ya que los programas de alimentación del ganado, incluido el uso de sustancias como el clembuterol, han sido elaborados por aquellos quienes presuntamente representan los grandes intereses de la industria ganadera, los que se aprovechan de este tipo de productos para hacer engordar a un animal, utilizan el clembuterol sin pensar en los efectos negativos que le acarrean al ser humano.
Lo más preocupante en este momento son los recurrentes casos que en el estado de Jalisco se presentaron y se siguen presentando, ya que en 2002 se presentaron 114 casos de intoxicación, en 2003 se presentaron nueve, en 2004 49 casos y ya son suman 105 casos de intoxicación por el consumo de carne contaminada en lo que va del año, es de destacar la urgencia de acceder a un marco jurídico que dé certidumbre y disminuya el uso de sustancias prohibidas en la engorda animal, ya que esto repercuta directamente en la Salud Humana, este marco legal es necesario para combatir frontalmente el reiterado uso de esta sustancia.
Es responsabilidad tanto de la Federación como de las entidades federativas garantizar a sus habitantes de la calidad e higiene de los productos alimenticios que consumen, así como fomentar y proteger la integridad sanitaria y legalidad de las actividades productivas ganaderas.
La Ley Federal de Sanidad Animal debería de responder a dichas obligaciones, al regular lo relativo a la sanidad e inocuidad de los productos cárnicos, y con las modificaciones propuestas se aporta la coherencia requerida para evitar confusiones en la interpretación de la norma y, asimismo, permitir a las autoridades competentes realizar las inspecciones y verificaciones correspondientes que les permitan aplicar las sanciones a quienes alimenten o engorden con sustancias prohibidas al ganado ya esto pone en riesgo la salud humana.
La iniciativa propuesta por el Congreso del Estado de Jalisco, dictaminada ya por la Cámara de Diputados, promueve el fortalecimiento del marco legal para sancionar a los productores, distribuidores y comercializadores de carne para el consumo humano que esté contaminada con agentes tóxicos. Se destaca, claramente, la situación de alerta en el Estado e inclusive en otros estados del país en donde varias personas resultaron afectadas por consumir productos contaminados con clembuterol y otros agentes betaagonistas empleados para la engorda de animales. También se señala que a pesar de que la Ley Federal de Sanidad Animal y la Norma Oficial Mexicana prohíben su uso, dichos agentes tóxicos se siguen empleando sobre todo en la engorda de animales vacunos. Por ello, se propone incrementar las sanciones penales y económicas para las personas que participen directa o indirectamente en la comisión del delito referido.
La minuta de decreto presentada por la Cámara de Diputados, en donde se dictaminó la iniciativa del Congreso de Jalisco, junto con otras iniciativas presentadas en el mismo periodo, pretende implementar mecanismos que regulen y fortalezcan el marco legal para sancionar a los productores, distribuidores y comercializadores de carne contaminada; el incremento de sanciones penales y económicas para las personas que participen directa o indirectamente en el uso de fármacos betaagonistas, como el clembuterol, en la engorda de ganado vacuno; que los rastros municipales cumplan los mismos requisitos que los de tipo federal, entre otras modificaciones. Con ese fin se modifican los artículos 28, 34, 44, 60, 63, 64 de la Ley Federal de Sanidad.
Dicho dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados el 24 de febrero de 2005 y presentado ante la Cámara de Senadores el 01 de Marzo de 2005.
En general, estas reformas a la Ley de Sanidad Animal que se analizan actualmente proporcionarían un conducto legal para enfrentar más efectivamente el riesgo que para la salud pública y la ganadería significa el uso de sustancias betaagonistas.
Por lo anterior solicitamos, de la manera más atenta, a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Hacienda y Crédito Público; de Estudios Legislativos, Segunda y de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, tengan a bien dictaminar lo antes posible las reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal, todo esto para el beneficio de la salud humana y de la misma actividad pecuaria.
ATENTAMENTE
LA COMISION DE GANADERIA
Dip. Salvador Barajas de Toro; Dip. Feliz Bañuelos Jiménez; Dip. Gabriel Guerra Bejar; Dip. Martha Ruth del Toro Gaytán; Dip. Julián Orozco González
Iniciativa de decreto que reforma, modifica y adiciona diversos artículos de la Ley de Pesca.
GOBIERNO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA DEL CONGRESO
Guadalajara, Jalisco., a 03 de Mayo de 2005.
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
PROL. A VENIDA CONGRESO DE LA UNIÓN NÚMERO 66
COL. DEL PARQUE, PALACIO LEGISLATIVO SAN LÁZARO,
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA,
EDIFICIO "D" NIVEL 3, MEXICO D. F.
C.P. 15960
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el Acuerdo Legislativo número 914/05 del que le adjunto copia, en el que se aprueba remitir a esa alta tribuna la Iniciativa de Decreto que reforma, modifica y adiciona diversos artículos de la Ley de Pesca, la cual es presentada por el Diputado Benito Manuel Villagómez Rodríguez, y que esta contenida en el cuerpo de este dictamen, para que en su oportunidad sea turnada a las comisiones correspondientes y se determine lo procedente, así como su resolución final.
Por instrucciones de la Directiva de esta Soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, propicia hago la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.
ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo. No Reelección.
MTRO. GABRIEL GALLO ALVAREZ
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTAD
O.
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:
Los suscritos integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, Diputados Luis Alejandro Rodríguez, Julián Orozco González, Jorge Urdapilleta Núñez y Benito Manuel Villagómez Rodríguez, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, en uso de la facultad que nos confiere el artículo 28 fracción I de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 64, 69 fracción I y IV, 94 fracción I, 97 fracción II, 147 fracción I, 152, 153, 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, nos permitimos presentar ante la Asamblea la siguiente Iniciativa de Acuerdo Legislativo con carácter de DICTAMEN, en base a los siguientes:
ANTECEDENTES
Que fue turnada para su estudio y dictamen a esta H. Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, el día 10 de enero del año en curso, por Acuerdo de la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Acuerdo Legislativo presentada por el Diputado Benito Manuel Villagómez Rodríguez, en donde propone la Iniciativa de Decreto que Reforma, Modifica y Adiciona diversos artículos de la Ley de Pesca; por lo que esta H. Comisión realiza los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.- Que en lo referente al estudio y dictamen, esta Comisión Dictaminadora resulta ser competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual a la letra dictan:
"Artículo 94.
Corresponde a la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con:
I. La legislación en materia ambiental;
II.- Queda claro que se han cumplido las formalidades del procedimiento legislativo, es decir, se cuenta con la competencia y se tiene la facultad para conocer del asunto que nos ocupa, de lo que se desprende que es necesario abordar el fundamento y forma de la iniciativa a estudio, por lo que se considera correcto estudiar la propuesta de Acuerdo Legislativo sobre la Iniciativa de referencia y determinar si es viable para su aprobación definitiva.
III.- Que el Diputado Benito Manuel VilIagómez Rodríguez, manifiesta en su iniciativa la siguiente exposición de motivos:
"Con fecha 26 de junio de 1992 entró en vigor la Ley de Pesca. En su ultima reforma de fecha 08 de enero de 2001, fueron modificados algunos artículos, entre ellos, sufrió algunos cambios con referencia a la Secretaria a la que corresponde esta ley, debido a que en el decreto de reforma se hizo a la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, con fecha 30 de Noviembre del 2000, en donde desaparece la Secretaria de Pesca, y en su lugar corresponde a la Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, esta reforma menciona textualmente en su articulo octavo, lo siguiente:
ARTICULO OCTAVO..- Cuando en la Ley de Pesca se mencione a la desaparecida Secretaria de Pesca, deberá entenderse como la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Considerando el cambio de Secretaria, en esta iniciativa se sugiere se mencione el cambio en el cuerpo de la citada Ley de Pesca, con el mas sano propósito de no confundir y facilitar el uso de la misma.
De igual manera se anexa un Articulo 2bis. Argumentando que dentro de los estados existen aguas dulces, que poco se toca al respecto, es un producto que no se encuentra muy especifico, por lo que considero importante que la pesca en aguas dulces, en el interior de los estados pueda ser legislado por los mismos.
También se anexa el articulo 5 bis con el propósito de que se fortalezcan las cooperativas pesque ras con recursos financieros para avios y para sus proyectos de industrialización.
AsÍ mismo se anexa una tabla, en donde clarifica de acuerdo a las infracciones, las sanciones correspondientes.
Nuestro país cuenta con costas suficientes para la explotación de la pesca, existen cooperativas pesqueras, que se dedican a la captura de estos productos, pero sin embargo la industrializaron es muy pobre, ya que estamos importando harina de pescado del Perú, y de China nos mandan albóndigas de pescado, teniendo a nuestro alcance los recursos para producir estos productos y mas.
La CONAPESCA y EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA, son instituciones que sustituyendo a la Secretaria de Pesca se crearon para lo siguiente:
La CONAPESCA fue creada para administrar, con calidad y transparencia, el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícola; para fomentar el desarrollo de la cadena de producción, distribución y consumo, en apoyo al desarrollo integral de los agentes productivos del sector y contribuir a mejorar la alimentación de los mexicanos. Creando un sector pesquero y acuícola moderno y competitivo que aproveche de manera sostenible y eficiente sus recursos, ofreciendo oportunidades de empleo permanente y bien remunerado y sus productos formen parte importante de la dieta de los mexicanos, además de incidir favorablemente en la exportación del país.
La CONAPESCA contando con la colaboración de los Centros de Investigación y los sectores productivos, actualizó regulaciones pesqueras mediante Normas Oficiales Mexicanas y vedas para diversos recursos biológicos y modalidades de aprovechamiento.
Estas regulaciones contribuyen a la pesca responsable y sustentable y se complementan con vedas establecidas previamente y con vedas actualizadas en los próximos años para los siguientes recursos pesqueros por regiones.
EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA. Es un Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; cuyas atribuciones son: Contribuir en la Actualización de la Carta Magna Pesquera; desarrollando lo siguiente:
i. PESQUERÍAS MARINAS Y COSTERAS: 1.Generalidades: Nombre común y científico; Zonas de captura (mapa con coordenadas de la zona) y unidades de esfuerzo pesquero. 2. Indicadores de la pesquería: Captura histórica; Medidas de manejo; Puntos de referencia y estatus. 3. Esfuerzo pesquero: Recomendaciones sobre el esfuerzo pesquero actual. 4. Lineamientos y estrategias de manejo: Recomendaciones al respecto.
II. PESQUERÍAS CONTINENTALES: 1.Generalidades: Nombre común y científico de las especies sujetas a aprovechamiento pesquero; Esquema del contorno físico del embalse; Superficie que ocupa; Entidad federativa donde se ubica y las coordenadas geográficas de referencia. 2. Indicadores de la pesquería: Captura histórica y porcentaje de captura por especie; Esfuerzo pesquero actualmente aplicado; Medidas de manejo efectuadas; Puntos de referencia; Estatus de la pesquería. 3. Esfuerzo pesquero: Recomendación sobre el esfuerzo pesquero actual. 4. Lineamientos y estrategias de manejo. Referido a las medidas de manejo requeridas para el ordenamiento de la actividad pesquera en el embalse.
III. SISTEMAS DE CAPTURA: 1. Generalidades: Listado de especies objetivo; Características de las embarcaciones típicas; Diseño del arte de pesca; Esquema de operación; Descripción de las técnicas y tácticas de captura (incluir maniobras especiales). 2. Indicadores: Eficiencia de captura y selectividad del arte. 3. Comentarios y recomendaciones: Referido a la necesidad de su normalización, evaluación tecnológica y ampliación de .las investigaciones.
IV ACUACULTURA: 1. Generalidades: Nombre común, científico, variedad o híbridos,' Origen de las especies; Distribución del cultivo; Sistema de cultivos empleados; Infraestructura usada para el cultivo,' Usos del producto. 2. Indicadores: Estado donde se realizan los cultivos,' Número de unidades de producción acuícola ó granjas; Superficie total de la granja y del espejo de agua; Laboratorios de producción por estado; Producción por ciclo y total anual,' Producción de laboratorios y valor de la producción. 3. Lineamientos y Estrategias de Manejo: Referencias normativas,' Control de manejo y recomendaciones en investigación.
V. ECOSISTEMAS LAGUANRES COSTEROS: 1. Generalidades: Localización geográfica (coordenadas); Extensión; Usos del sistema, Clasificación Lankford; Comunicación con el mar; Principales afluentes,' Especies de importancia pesquera. 2. Impactos: Información general de las causas de alteración del sistema. 3. Recomendaciones de manejo y de investigación: Propuestas para mejorar el ecosistema, así como el uso integral de sus recursos.
VI. LA PESCA EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS: 1.Generalidades: Localización geográfica (coordenadas y estados o municipios integrantes),' Extensión,' Clasificación y fecha de decreto; Fundamento establecido en la declaratoria y si cuenta con Programa de Manejo,' Usos; Características oceanográficas generales; Ecosistemas identificados y especies importantes. 2. Elementos del decreto o Elementos del Programa de .Manejo: Son aspectos de pesca y acuacultura contenidos en la declaratoria, o bien en el Programa. 3. Recomendaciones de manejo y de investigación: Solo para las áreas sin Programa de Manejo
Se hace mención de estas dos instituciones, ya que tienen que ver directamente con las reformas que realizo a la Ley de Pesca.
Por lo que tengo a bien proponer a esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo Legislativo, el cual deberá ser remitido para su cumplimiento después de ser aprobado, al Congreso de la Unión"
De la misma forma, el Diputado autor de la Iniciativa expone y propone que la Ley de Pesca deberá de quedar de la siguiente forma:
Artículo 1………………………..
Artículo 2………………………..
Artículo 2 Bis. En lo que se refiere a la pesca en aguas de ríos, presas y lagunas, podrá emitirse leyes Estatales, según corresponda.
Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación sin perjuicio de las facultades atribuidas a otras dependencias de la Administración Pública Federal, las que deberán establecer la coordinación necesaria con esta Secretaría, la cual tomara las siguientes acciones:
I. en el cuerpo de la presente ley, se entenderá por Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuando se mencione la Secretaria.
II. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sancionará la Carta Nacional Pesquera que elaborará, publicará y mantendrá actualizada la Secretaría;
III. Promover la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y artes de pesca, así como de las obras de infraestructura en aguas de jurisdicción federal, portuaria e industrial necesarias para impulsar el aprovechamiento, transformación, distribución y comercialización de la flora y fauna acuáticas, proponer la creación de zonas portuarias pesqueras y participar en su administración;
IV. Promover el consumo interno de una mayor variedad de productos y subproductos de la flora y fauna acuáticas, así como la diversificación de sus usos y formas de presentación, su industrialización, calidad y comercialización interna y externa a través de particulares, y cooperativas pesqueras, para lograr la mayor competitividad de éstos;
V. Promover el desarrollo de la acuacultura en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal;
VI. Será atribución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dictar las medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a protección especial o en peligro de extinción y participar con las dependencias competentes en la determinación de estas dos últimas. Asimismo establecerá las vedas totales o parciales referentes a estas especies;
VII. La Secretaría fijará los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; regulará la creación de áreas de refugio, para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y establecerá las épocas y zonas de veda;
Asimismo, por lo que se refiere únicamente al ejercicio de las facultades anteriores, se confiere a la citada Secretaría las facultades contenidas en los capítulos cuarto y quinto de la Ley de Pesca;
VIII. Determinar, de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, las zonas de captura y cultivo, las de reserva en aguas interiores y frentes de playa para la recolección de postlarvas, crías, semillas y otros estadios biológicos, así como las épocas y volúmenes a que deberá sujetarse la colecta;
IX. Regular la introducción de especies de la flora y fauna acuáticas en cuerpos de agua de jurisdicción federal; definir las normas técnicas sanitarias para garantizar el sano desarrollo de las especies acuáticas y comprobar las medidas de prevención y control en materia de sanidad acuícola, en forma directa o por medio de laboratorios debidamente acreditados, en coordinación con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal;
X. Establecer los volúmenes de captura permisible; regular el conjunto de instrumentos, artes, equipos, personal y técnicas pesqueras; el número de embarcaciones y sus características, aplicables a la captura de determinada especie o grupos de especies; fijar la época, talla o peso mínimo de los especimenes susceptibles de captura y proponer las normas para su manejo, conservación y traslado;
XI. Vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, que se cumplan las normas vigentes en las operaciones de transbordo, descarga y cambio de tripulantes en las embarcaciones pesqueras de bandera mexicana o inscritas en el Padrón de Abanderamiento Mexicano, en la zona económica exclusiva o en alta mar;
XII. Prestar servicios de asesoría y capacitación a las sociedades cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y comunales, cuando éstas así los soliciten; y
XIII. Solicitar la acreditación de la legal procedencia de los productos y subproductos pesqueros.
Las disposiciones de carácter general que se dicten con fundamento en este artículo, deberán basarse en dictámenes científicos y/o técnicos y en su caso, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 4..............................
Artículo 5..............................
Articulo 5 Bis. Las Cooperativas debidamente registradas de acuerdo con la ley de la materia; serán apoyadas por la Secretaria con recursos financieros a efectos de que puedan explotar sus concesiones y cuenten con equipos, capital de trabajo; así como cuando tengan proyectos de industrialización de sus productos.
Artículo 6. ............................
Los concesionarios y permisionarios deberán informar a la Secretaria sobre los métodos y técnicas empleados; así como de los hallazgos, investigaciones, estudios y nuevos proyectos relacionados con la actividad pesquera; así mismo en las embarcaciones pesqueras que determine el reglamento deberán llevar un libro de registro que se denominará bitácora de pesca, y que contendrá la información que señale la Secretaría.
.........................
Artículo 7. ............................
La Secretaría, en los términos que fije el Reglamento, podrá concursar .el otorgamiento de concesiones o permisos para el aprovechamiento por área, especie o grupo de especies para la pesca comercial.
Artículo 8. Los titulares de concesiones o permisos podrán ser sustituidos previa autorización de la Secretaría, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el Reglamento, salvo los casos expresamente prohibidos en esta Ley.
Artículo 9. La Secretaría podrá otorgar concesiones o permisos para la pesca comercial, a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, previo cumplimiento de los requisitos de esta Ley y su Reglamento.
…………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
Artículo 10. Las concesiones o permisos que expida la Secretaría se otorgarán por embarcación o unidad de esfuerzo pesquero, según se defina para cada especie, grupo de especies o zonas, en las disposiciones reglamentarias de la presente Ley.
………………..
Artículo 11. Los permisos que otorgue la Secretaría tendrán una vigencia que no podrá exceder de cuatro años y podrán ser transferidos en los términos del artículo octavo de esta Ley, con excepción de los que se otorguen para la realización de la pesca de fomento; la pesca deportivo-recreativa y los que se refieran a trabajos pesqueros necesarios para fundamentar la solicitud de las concesiones de pesca comercial.
Artículo 12. La Secretaría podrá otorgar permisos para realizar la pesca de fomento a quienes acrediten capacidad técnica y científica para tal fin.
Artículo 13. ..............................
...............................
No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de refugio que para éstas pudiera establecer la Secretaría, en los términos de la fracción IV del artículo 3 de la presente ley.
Artículo 14. La Secretaría de conformidad con el interés nacional y de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales de los que México es parte, determinará y en su caso declarará si existen excedentes por especie; en tal circunstancia permitirá con carácter de excepción que embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes, en la zona económica exclusiva y mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que para cada caso establezca la propia dependencia. En todo caso, se estará siempre a la más rigurosa reciprocidad.
..............................
Artículo 15. La Secretaría podrá autorizar con carácter de intransferible únicamente a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, la realización de las siguientes actividades:
I. a V. ..............................
Artículo 16.
Artículo 17 ..............................
I…………………………….
II. No proporcionen la información en los términos y plazos que le solicite la Secretaría o incurran en falsedad al rendir ésta;
III. No acaten, sin causa justificada, las condiciones generales de orden técnico que indique la Secretaría dentro del plazo establecido para ello;
IV. Transfieran las autorizaciones o sin consentimiento de la Secretaría, transfieran los derechos derivados de la concesión o permiso; y
V. …………………
Artículo 18. .......................
Artículo 19..............................
……………………………..
Artículo 20. La Secretaría mantendrá un Registro Nacional de Pesca que será público y gratuito, por lo que hace a las inscripciones que en éste se realicen; en el que se inscribirán de manera obligatoria las personas físicas o morales que se dediquen a esta actividad al amparo de una concesión, permiso o autorización, con excepción de las personas fisicas que efectúen pesca deportivo-recreativa.
…………………………..
La Secretaría expedirá el certificado de registro correspondiente.
Artículo 21. La investigación científica y tecnológica, así como la capacitación que realice la Secretaría deberá vincularse a la producción, en particular, a la de alimentos para el consumo humano y tendrán como propósito esencial incrementar la capacidad para identificar, cuantificar, aprovechar, administrar, transformar, conservar e incrementar la flora y fauna acuáticas.
La Secretaría, en coordinación con las dependencias correspondientes de la Administración Pública Federal, con las Instituciones de Investigación o con los particulares, establecerá servicios de investigación, genética, nutrición, sanidad y extensionismo.
Para el desarrollo de las actividades de investigación científica y técnica, la Secretaría contará con el apoyo del Instituto Nacional de Pesca, el que realizará investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas; dará asesoramiento para preservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesqueras; así como emitir opinión de carácter técnico y científico que proporcione elementos de juicio a la autoridad pesquera, cuando ésta se lo solicite, para la administración y conservación de los recursos; y las que le asigne el Reglamento Interior de la Dependencia.
Artículo 22. La Secretaría tendrá a su cargo el estricto cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, para lo cual, realizará los actos de inspección y vigilancia; la ejecución de medidas de aseguramiento y la determinación de infracciones administrativas.
..................................
Artículo 23. La Secretaría podrá realizar, por conducto del personal debidamente autorizado, visitas de inspección, para cuyo efecto dicho personal deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente.
En la misma diligencia, la autoridad procederá, en su caso, a levantar el acta correspondiente en presencia de dos testigos que designe el interesado y sólo en caso de negativa, serán designados por la autoridad. Podrá retener provisionalmente los bienes o productos que sean susceptibles de decomiso definitivo; asimismo, designará al depositario de los productos o bienes retenidos, pero en ningún caso podrá tener este carácter la Secretaría, salvo cuando se trate de instrumentos o artes de pesca prohibidos, a los que de inmediato se les dará el destino que legalmente proceda.
………………………………….
Artículo 24. ..........................
l. a VI..................................
VII. Transferir, sin autorización de la Secretaría, los derechos derivados de las concesiones o permisos;
VIII. No llevar a bordo de las embarcaciones la documentación expedida por la Secretaría para acreditar la concesión, permiso o autorización;
IX. ………………….
X. Desembarcar productos pesqueros en el extranjero o transbordarlos sin contar con la autorización de la Secretaría, salvo en caso de siniestro;
XI. Descargar en puertos mexicanos productos de pesca comercial provenientes de embarcaciones extranjeras, sin autorización de la Secretaría, salvo en caso de siniestro;
XII. a XIV .................................
XV. Hacer uso indebido de la información técnica o científica de la Secretaría;
XVI. Transportar en embarcaciones destinadas a la pesca instrumentos explosivos o sustancias contaminantes no autorizados por la Secretaría;
XVII. .............................
XVIII. Practicar la pesca con embarcaciones distintas de aquellas que haya autorizado y registrado la Secretaría;
XIX. Extraer, capturar, poseer, transportar o comerciar especies declaradas en veda o con talla o peso inferiores al mínimo especificado por la Secretaría u obtenerlas de zonas o sitios de refugio o de repoblación;
XX.. Capturar deliberadamente o sin ajustarse a las normas técnicas establecidas, quelonios o mamíferos marinos y especies en peligro de extinción, sin autorización de la Secretaría;
XXI. ..............................
XXII. No proporcionar la información en los términos y plazos que solicite la Secretaría o incurrir en falsedad al rendir ésta;
XXIII. Y XXIV…………………………
XXV. No demostrar documentalmente ante la Secretaría la legal procedencia de los productos de flora y fauna acuáticas por parte de quienes los posean, almacenen, transporten o comercien.
Artículo 25. Las infracciones a lo dispuesto por está Ley serán sancionadas por la Secretaría, con arreglo a la gravedad que implique la falta cometida por el infractor y sin perjuicio de las sanciones penales que en su caso correspondan.
…………………………….
1. ...........................
2. ..........................
3. ..........................
4. ………………....
5. ..........................
..............................
..................................
..................................
..................................
Artículo 26. La Secretaría impondrá las multas teniendo en cuenta la gravedad de la falta y las condiciones económicas del infractor, conforme a la tabla del artículo 27, y de acuerdo con el tabulador siguiente:
A)…………………………..
B) ....................................
C) ...................................
D) ....................................
…………………………….
Artículo 27. Las sanciones y multas establecidas en el presente ordenamiento se aplicarán conforme a la siguiente tabla:
SE APLICARA SANCION y EN SU CASO LA MULTA O INFRACCION CONFORMIE A LO PREVISTO EN EL Artículo 24, CON APLICACIÓN DE ACUERDO AL Artículo 25, Y CON EL T ABULADOR DE LA FRACCION DEL Artículo 26.
I. 1 C de 1001 a 2000 veces el salario mínimo
II. 1 C de 1001 a 2000 veces el salario mínimo
IIII. 3 C de 1001 a 2000 veces el salario mínimo
IV. 4 C de 1001 a 2000 veces el salario mínimo
V. 1 A de 20 a 100 veces el salario mínimo
VI. 4 B de 101 a 1000 veces el salario mínimo
VII. 2 C de 1001 a 2000 veces el salario mínimo
VIII. 3 A de 20 a 100 veces el salario mínimo
IX. 4 D de 2001 a 20000 veces el salario mínimo
X. 4 D de 2001 a 20000 veces el salario mínimo
XI. 4 C de 1001 a 2000 veces el salario mínimo
XII. 3 B de 101 a 1000 veces el salario mínimo
XIII. 4 C de 1001 a 2000 veces el salario mínimo
XIV. 5 D de 2001 a 20000 veces el salario mínimo
XV. 5 B de 101 a 1000 veces el salario mínimo
XVI. 1 C de 1001 a 2000 veces el salario mínimo
XVII. 4 D de 2001 a 20000 veces el salario mínimo
XVIII. 3 B de 101 a 1000 veces el salario mínimo
XIX. 1 C de 1001 a 2000 veces el salario mínimo
XX. 1 D de 2001 a 20000 veces el salario mínimo
XXI. 3 B de 101 a 1000 veces el salario mínimo
XXII. 3 A de 20 a 100 veces el salario mínimo
XXIII. 4 B de 101 a 1000 veces el salario mínimo
XXIV. 4 D de 2001 a 20000 veces el salario mínimo
XXV. 1 C de 1001 a 2000 veces el salario mínimo
A los reincidentes se les aplicará la multa de la categoría inmediata superior a la correspondiente a la infracción cometida por primera vez o hasta el doble en el caso de la categoría más alta, prevista en el tabulador a que se refiere el artículo 26 de esta Ley.
Artículo 28. A los productos o bienes decomisados, se les dará el destino que disponga la Secretaría, conforme a las siguientes alternativas: remate en pública subasta; venta directa de productos pesqueros; donación a establecimientos de asistencia social o de rehabilitación, tratándose de productos capturados en época de veda o en tallas menores a las autorizadas; y destrucción de productos contaminados o en estado de descomposición y en el caso de artes de pesca prohibidas, cuando sea procedente.
Artículo 29. El 50% de los ingresos que la Federación obtenga efectivamente de multas por infracción a esta Ley, así como el 70% de los que obtenga del remate en pública subasta o de la venta directa de los productos y bienes decomisados, se destinarán a la formación de fondos para los programas vinculados a la inspección y vigilancia en materia pesquera, así como para el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad y cumplimiento del personal de la Secretaría y para quienes denuncien infracciones y su distribución se hará en los términos que indique el Reglamento de esta Ley.
Artículo 30. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta Ley, se podrá interponer el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
………………………
………………………
La interposición del recurso se hará por escrito dirigido al titular de la Secretaría, en el que se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.
……………………….
TRANSITORIOS
ARTICULO UNICO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
IV.- Vista la finalidad del autor de la iniciativa, esta Comisión Dictaminadora consideran importante el tema que se plantea, aunque la misma trata más la cuestión de forma que de fondo; toda vez que la pretendida reforma y adición a dicha Ley, tiende a actualizar diversos conceptos que por razón a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estos han quedado atrasados y por tanto erróneos e inexactos; es decir, la actual Ley de Pesca establece "La Secretaria de Pesca" misma que ha quedado desaparecida para quedar en su lugar la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; razón por la cual esta H. Comisión concluye que en términos generales la iniciativa en cuestión es más de forma que de fondo, ello sin dejar por un lado lo planteado en la misma, para lograr un mejor fomento y fortalecimiento de las cooperativas pesqueras, al igual que de la clasificación de una tabla de infracciones y sanciones mejor diseñada, para lo cual esta H. Comisión determina que por tratarse de una Iniciativa de Decreto para Reformar y Adicionar diversos numerales de la Ley de Pesca, la cual es de competencia federal; razón por la cual el Congreso de la Unión es el Poder competente para resolver la procedencia e improcedencia de la misma, de igual forma y como lo plantea el Diputado autor de la Iniciativa, el medio idóneo para hacer llegar la misma, es por medio de un Acuerdo Legislativo presentada ante esta Soberanía, de tal suerte y de un correcto uso de las facultades que confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28 en su fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Jalisco; esta Comisión considera prudente aprobar en forma total la Iniciativa de Decreto que Reforma, Modifica y Adiciona diversos numerales de la Ley de Pesca; para que sea el Congreso de la Unión el que determine su procedencia e improcedencia de la misma, así como su resolución final.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta H. Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, en los términos de los artículos 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, RESUELVE someter a la consideración de la asamblea, el siguiente:
ACUERDO LEGISLATIVO CON CARÁCTER DE DICTAMEN
UNICO.- Remítase de la manera más atenta al Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto que Reforma, Modifica y Adiciona diversos artículos de la Ley de Pesca, la cual es presentada por el Diputado Benito Manuel Villagómez Rodríguez, y que esta contenida en el cuerpo de este Dictamen, para que en su oportunidad sea turnada a las Comisiones correspondientes de dicho Poder y se determine lo procedente sobre la misma, así como su resolución final.
ATENTAMENTE
COMISION DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y RECURSOS HIDRÁULICOS .
Guadalajara, Jalisco a 25 de abril del 2005
DIP. LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ.- PRESIDENTE; DIP. JULIAN OROZCO GONZALEZ.- VOCAL; DIP. JORGE URDAPILLETA NUÑEZ.- VOCAL; DIP. BENITO MANUEL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ.- VOCAL
Acuerdo en relación con los recursos excedentes del petróleo.
GOBIERNO DE JALISCO
PODER LEGISLA TIVO
Guadalajara, Jalisco., a 03 de Mayo de 2005.
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
PROL. AVENIDA CONGRESO DE LA UNIÓN NÚMERO 66
COL. DEL PARQUE, PALACIO LEGISLATIVO SAN LÁZARO,
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA,
EDIFICIO "D" NIVEL 3, MEXICO D. F .
C.P. 15960
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el Acuerdo Legislativo número 915/05 del que le adjunto copia, en el que se aprueba remitir a esa alta tribuna iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, en virtud de la cual, se solicita considerar la viabilidad de asignar una partida de los recursos que hubiere excedentes del petróleo, mismos que son ingresados a las finanzas públicas del Gobierno del Estado, de acuerdo a la normatividad que regula el fideicomiso para la infraestructura de los Estados (FIES); para ser aplicado a la indemnización correspondiente resultante de la adquisición vía expropiación concertada o en su caso forzada de inmuebles estratégicos para la mejor protección a perpetuidad al interior del Área de Protección de Flora y Fauna. La Primavera.
Por instrucciones de la Directiva de esta Soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo. No Reelección.
MTRO. GABRIEL GALLO ALVAREZ
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO.
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:
Los suscritos integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, Diputados Luis Alejandro Rodríguez, Julián Orozco González, Jorge Urdapilleta Núñez y Benito Manuel Villagómez Rodríguez, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, en uso de la facultad que nos confieren los artículos 28 fracción I de la Constitución Política del Estado, 64,69 fracción I y IV, 94 fracción Il, 147 fracción I, 152 y 159 párrafo 1 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, nos permitimos presentar ante la Asamblea la siguiente iniciativa de Acuerdo Legislativo con carácter de DICTAMEN, en base a los siguientes:
ANTECEDENTES
A la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, le fue turnada el 16 de diciembre de 2004, por acuerdo de la Asamblea, la iniciativa de Acuerdo Legislativo presentada por la propia la Comisión antedicha, en la que se manifiesta lo siguiente:
"Solicítese de manera atenta y respetuosa al H. Congreso de la Unión, que dentro de los trabajos de revisión al Presupuesto de Egresos 2005 del Gobierno Federal, consideren la viabilidad de asignar una Partida Presupuestaria etiquetada para la indemnización correspondiente de la adquisición vía expropiación concertada o en su caso forzada, de conformidad con lo estipulado por la legislación correspondiente, de inmuebles estratégicos para la mejor protección a perpetuidad al interior del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera."
PRIMERO.- Que en lo referente al estudio y dictamen, esta Comisión Dictaminadora es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que a letra dicta:
"Artículo 94.
Corresponde a la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con:
I.- ………….
II.- La conservación, preservación y restauración del ambiente en la búsqueda del desarrollo sustentable en el Estado de Jalisco;
IIl.- Las políticas, planes y programas que se celebren para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos hidrológicos, con base en la legislación de la materia,' y
IV.-La prevención, control y combate de la contaminación, en el ámbito de competencia del Estado y sus municipios. "
SEGUNDO.- Que queda claro que, se cumplen las formalidades del procedimiento legislativo, se cuenta con la competencia y se tiene la facultad para conocer del asunto que nos ocupa, de lo que se desprende que es necesario abordar el fondo de la iniciativa de estudio, por lo que se considera correcto estudiar la propuesta de Iniciativa y determinar si es viable para su aprobación definitiva.
TERCERO.- Que en la iniciativa que se dictamina, se hace la siguiente exposición de motivos:
" Que no obstante que el Bosque la Primavera tiene una importancia capital en la calidad de vida de los ciudadanos de la zona conurbada de Guadalajara, en virtud de su función hídrico-ambiental, que sin lugar a dudas le han merecido el reconocimiento por parte de todos como fIel pulmón de la ciudad y cuya conservación y protección es de interés público, por considerarse como patrimonio de los jaliscienses; existen diversos intereses que pretenden modificar los usos del suelo, eliminar la cubierta vegetal y urbanizar las propiedades que quedaron dentro del polígono que delimita el área protegida.
.- Que el Decreto por el que por causa de utilidad publica se establece zona de Protección Forestal y Refugio de Fauna Silvestre la Región conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie aproximada de 30,500 has, no contempló expropiación o la modificación en la tenencia de la tierra de los propietarios y ejidatarios de la zona, lo que en los últimos 24 años nos ha permitido identificar que para un adecuado manejo del Bosque si se hace necesario el que ciertas superficies del bosque dejen de ser propiedades privadas para convertirse en propiedad de la nación.
.- Que dicho Decreto en su artículo segundo Transitorio, en su segundo y tercer párrafo establece que:
En caso de que los propietarios y poseedores se hallen en la imposibilidad de realizar los trabajos, o de ejecutar las obras a que se refiere este artículo, podrán acogerse a las condiciones, términos y procedimientos que fijan las leyes de la materia.
Si los propietarios o poseedores se rehusaran a cooperar o bien, se opusieran a la realización de los trabajos o la ejecución de las obras a que se refiere este mandamiento, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1), adquirirá, para los fines que se indican, los terrenos de propiedad particular que se localicen dentro de la superficie señalada en el artículo primero de este ordenamiento.
.- Que en la actual administración Federal se ha clasificado el cuidado del bosque y del recurso agua como" Un asunto de Seguridad Nacional ", por lo que, debe ser prioritario el otorgamiento de recursos económicos que permitan garantizar la conservación y preservación de los ecosistemas protegidos, máxime si estos se encuentran amenazados y son colindantes con áreas urbanas.
.- Durante la administración estatal anterior, había sido manejado de manera pública, que el Gobierno del Estado estudiaba la adquisición de los predios de propiedad privada que integran el Bosque La Primavera, manejándose un programa en cinco vertientes:
1.- Compra.
2. - Expropiación
3.- Permuta por otros terrenos.
4.- Transferencia de derechos de desarrollo.
5.- Conservación de la propiedad, con proyectos acordes a la zonificación de la reserva natural.
Motivo por el cual la LV Legislatura autorizó para el ejercicio fiscal 2000 la asignación de $20'000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M N) para adquirir a perpetuidad predios que por alguna u otra razón representaran una oportunidad estratégica para su manejo y salvaguarda, no solo de ellos mismos sino del aquellos que los colindan o que de alguna forma se relacionan con ellos al interior del área protegida por el Decreto o en su zona de influencia inmediata. Habiendo adquirido el Gobierno del Estado 700 hectáreas del Predio denominado Agua Brava, ubicado en las inmediaciones del poblado La Primavera en el municipio de Zapopan.
.- Que debido a que el Bosque de la Primavera es una materia de "interés público", el Honorable Congreso de la Unión no debe quedar al margen de promover y asignar todos los recursos necesarios a esta Área Natural Protegida que cuenta con Decreto Federal, para que se garantice la conservación y preservación de los ecosistemas y sus componentes en dicho bosque.
.- Que en este marco, la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos ha recibido del Comité Técnico de Administración del Bosque La Primavera la propuesta para que, se promueva ante el H Congreso de la Unión la asignación de una Partida Presupuestaria del Presupuesto de Egresos Federal, etiquetada para indemnizaciones por expropiaciones concertadas u obligadas de predios estratégicos al interior del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. Lo que les permitirá entre otros puntos:
a) Garantizar un adecuado manejo del área natural protegida.
b) Intensificación de las actividades del Programa de Educación Ambiental (visitas guiadas, senderos interpretativos, apoyo en las tareas de restauración y conservación).
c) Establecimiento de áreas y servicios para visitantes y paseantes.
d) Promoción de actividades de uso público en la forma recomendada por el Comité Técnico.
e) La posesión del terreno puede permitir aplicar una cuota de ingreso al visitante y el Fideicomiso del Bosque La Primavera tiene la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles "
CUARTO.- Que del estudio y análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, la Comisión Dictaminadora considera importante realizar las siguientes consideraciones:
a).- En el punto de acuerdo de la iniciativa en cuestión, se pretendía que se solicitara al H. Congreso de la Unión, que dentro de los trabajos de revisión al Presupuesto de Egresos 2005 del Gobierno Federal, se considerara la viabilidad de asignar una partida presupuestaria etiquetada para la indemnización correspondiente de la adquisición vía expropiación concertada o en su caso forzada, de inmuebles estratégicos para la mejor protección a perpetuidad al interior del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera; lo anterior y dado que ya en este tiempo no es posible la vía de la asignación de una partida presupuestaria como se solicita; pero toda vez que el tema es de sumo interés de la Comisión promovente, se propone que la solicitud de la partida que se requiere, sea considerada y se asigne, de los recursos que hubiere excedentes del petróleo, mismos que son ingresados a las finanzas públicas del Gobierno del Estado, de acuerdo a la normatividad que regula el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES).
b).- Asimismo y toda vez que lo anterior es de competencia federal, y por lo tanto el Congreso de la Unión es el Poder competente para resolver la procedencia e improcedencia de la misma, se solicita remitir al mismo la Iniciativa de que se trata.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta H. Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, en los términos de los artículos 157 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, RESUELVE someter a la consideración de la asamblea, el siguiente:
ACUERDO LEGISLATIVO CON CARÁCTER DE DICTAMEN
UNICO.- Remítase de la manera más atenta al Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, en virtud de la cual se solicita considerar la viabilidad de asignar una Partida de los recursos que hubiere excedentes del petróleo, mismos que son ingresados a las finanzas públicas del Gobierno del Estado, de acuerdo a la normatividad que regula el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES); para ser aplicada a la indemnización correspondiente resultante de la adquisición vía expropiación concertada o en su caso forzada, de inmuebles estratégicos para la mejor protección a perpetuidad al interior del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera.
ATENTAMENTE
COMISION DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y RECURSOS HIDRÁULICOS .
Guadalajara, Jalisco a 25 de abril del 2005
DIP. LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ.- PRESIDENTE; DIP. JULIAN OROZCO GONZALEZ.- VOCAL; DIP. JORGE URDAPILLETA NUÑEZ.- VOCAL; DIP. BENITO MANUEL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ.- VOCAL
Oficio del Congreso del Estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa de reformas al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXX LEGISLATURA SECRETARIA
DIPUTADAS MARIA GUADALUPE SUÁREZ PONCE, CLAUDIA RUIZ MASSIEU Y
SENADORES ANTONIO GARCÍA TORRES Y RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les comunicamos que en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy la LXX Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, tuvo a bien aprobar iniciativa de reforma por modificación al segundo párrafo de la fracción" del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia certificada del escrito que le dio origen así como del dictamen presentado por la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y del Acuerdo No. 200 de fecha 11 de Mayo de 2005, para el tramite legislativo que corresponda, agradeciéndoles nos hagan saber el curso dado a la presente.
Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
MONTERREY, N.L, A 11 DE MAYO DEL 2005
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
ROSAURA GUTIÉRREZ DUARTE.- DIP. SECRETARIO; JOSÉ ÁNGEL NIÑO PÉREZ.- DIP. SECRETARIO.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXX LEGISLATURA
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
.
EXPEDIENTE RELATIVO AL ACUERDO NÚM. 200 LA LXX LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, HACE SUYA LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIP. JOSÉ ISABEL MEZA ELIZONDO, INTEGRANTE DE LA LXX LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE LA CUAL PROPONE REFORMAR POR MODIFICACIÓN AL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LA REELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS LOCALES, MISMA QUE SE REMITE AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA SU CONOCIMIENTO Y TRAMITE LEGISLATIVO.
PASÓ A LA COMISÓN DE: HACIENDA DEL ESTADO.
EN FECHA: 27 DE ABRIL DE 2005.
SE TERMINÓ: 11 DE MAYO DE 2005
C.P. PABLO RODRÍGUEZ CHAVARRÍA
OFICIAL MAYOR
H. CONGRESO DE NUEVO LEÓN
LXX LEGISLA TURA
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Dip. Hugo René Martínez Cantú
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.
José Isabel Meza Elizondo, Diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional a la LXX Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, acudo ante esta Soberanía con el objeto de someter a su consideración la aprobación de una iniciativa de reforma por modificación del segundo párrafo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que de así considerarlo sea remitida al Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
Fundamento mi propuesta en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63 fracción II, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como en los diversos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, así como en la siguiente:
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 116, fracción II que los diputados de las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el período inmediato, con excepción de los diputados suplentes que no hayan estado en funciones, quienes podrán ser electos un período subsecuente con el carácter de propietarios. De igual forma extiende tal prohibición para los diputados suplentes, ya que no podrán ser reelectos para el período inmediato con dicho carácter.
De igual manera, en nuestra Constitución Local se establece dicha prohibición en su artículo 49, al no permitir la reelección' inmediata de los diputados locales.
Ahora bien, considero que en la actualidad es imperiosa una reforma, tanto a la Constitución Federal, como posteriormente en su oportunidad a nuestra Constitución Local, para eliminar la prohibición de reelección inmediata de los legisladores locales.
La propuesta que se presenta es para efecto de que pueda haber una reelección para los diputados locales hasta por dos períodos consecutivos, con la limitante de que para poder ser electo de nueva cuenta por este cargo, deberá haber pasado por lo menos un período sin ejercicio después de la Legislatura en la que fue reelecto, así se evitaría que permanezcan en el puesto indefinidamente.
En forma adicional se prevé la restricción de que no podrán contender por más de dos períodos consecutivos, ni siquiera con el carácter de suplentes, aquellos diputados electos como propietarios; en tanto que los diputados que sean electos suplentes no se encontrarán sujetos a restricción alguna en cuanto a su reelección, mientras que no hayan estado en ejercicio.
Con lo anterior se lograría dar un impulso a la carrera parlamentaria de los legisladores, ya que estos contarían con mayor experiencia para desempeñar sus cargos.
De igual forma es de resaltarse que de aprobarse la reforma planteada, los diputados podrían adquirir mayores compromisos con la sociedad, y realizar su trabajo de manera eficiente, obtendrían un incentivo para continuar con ese cargo por otro período inmediato y así labrarse una carrera parlamentaria plena.
Lo anterior resulta de particular importancia, toda vez que consideramos que es necesario que se establezca en nuestro sistema un servicio profesional parlamentario, logrando con esto garantizar el óptimo desempeño en las funciones de los legisladores locales.
En tal sentido es de resaltarse que la prohibición de reelección inmediata opera sólo en nuestro sistema político, ya que en toda América Latina solamente tiene una prohibición semejante Costa Rica; con lo que puede advertirse la tendencia mundial de fortalecer al Poder Legislativo.
Claro está que la reelección que se plantea únicamente podría aplicarse en los casos en que los electores decidieran volver a votar por los legisladores que hubieran desempeñado su labor de una manera eficiente, fructífera y convincente para beneficio de los ciudadanos.
Por lo mencionado, estoy convencido de que esta reforma permitiría un mayor desarrollo político, social y económico en nuestro Estado y se aseguraría el control electoral ciudadano sobre nuestros representantes sociales locales, tal y como acontece en otras democracias más desarrolladas que la nuestra.
Se podría partir de esta consideración: el legislador cuando ocupa por primera vez un cargo de elección popular, por muy conocido que sea entre sus representados, siempre será un desconocido para muchos otros, pero si desempeña un buen papel como legislador, líder de organización o partido y promotor de obras para el desarrollo y beneficio comunitario como un ciudadano honesto y eficiente, no hay duda de que será reconocido por todos, o por al menos una gran mayoría de sus representados,
Esto conllevaría a un beneficio adicional para el partido que represente, para sus gobernantes, sus representados y sus seguidores. Por otra parte, la posibilidad de permanencia de algunos Diputados en posterior Legislatura, propiciaría que el Congreso Local pudiera dar seguimiento al desahogo de asuntos y proyectos a largo plazo, al contar sus integrantes con mayor tiempo en su cargo para resolver dichos asuntos.
En conclusión considero que dicha reforma constitucional constituirá un beneficio para el desarrollo de nuestro Estado y de nuestros ciudadanos, otorgando a los nuevoleoneses la posibilidad de reelegir a los representantes sociales que hayan desempeñado un papel trascendente la vida legislativa de nuestra comunidad y cumplido con un espíritu de servicio la representación que les fue otorgada.
Por lo que me permito proponer el siguiente proyecto de:
Decreto
Único. Se reforma por modificación el segundo párrafo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 116. ...
…..
I. …
II.- …
Los diputados a las legislaturas de los Estados podrán ser reelectos por un período inmediato, sin embargo, deberán dejar pasar un período adicional para poder contender nuevamente por el mismo cargo. Los diputados suplentes podrán encontrarse exentos de esta restricción si no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos con el carácter de suplentes para un período inmediato al de su reelección.
…
III a VII. ...
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Monterrey, Nuevo León a 27 de abril de 2005.
DIP. JOSÉ ISABEL MEZA ELIZONDO
Oficio del Congreso del Estado de Oaxaca, con el que remite acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias presenten quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la cacería humana contra grupos de ciudadanos mexicanos en la zona fronteriza.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
PODER LEGISLATIVO
CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LA UNION
MEXICO, D. F.
La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente Acuerdo:
"UNICO.- La LIX Legislatura Constitucional del Estado solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Congreso de la Unión, a las Comisiones de Derechos Humanos, y a los Consulados, presenten quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se inicie el procedimiento correspondiente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la cacería humana contra grupos de ciudadanos mexicanos y sobre todo oaxaqueños, y se tomen las medidas provisionales necesarias, que protejan la vida y las garantías mínimas de nuestros connacionales en la zona fronteriza.- DADO EN EL SALO N DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.- Oaxaca de Juárez, Oax., 31 de marzo de 2005.- ADELINA RASGADO ESCOBAR, DIPUTADA PRESIDENTA. Rúbrica.- HECTOR CESAR SANCHEZ AGUILAR, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.- MARCELA MERINO GARCIA, DIPUTADA SECRETARIA. Rúbrica."
Lo que comunicamos a usted, para los efectos procedentes.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ
Oaxaca de Juárez, Oax., 31 de marzo de 2005.
HECTOR CESAR SANCHEZ AGUILAR.- DIPUTADO SECRETARIO; MARCELA MERINO GARCIA.- DIPUTADA SECRETARIA.
Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores
Del Sen. Adalberto Castro Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la que remite Informe de su participación en los trabajos realizados en el “II Taller sobre Integración de Mercados Agroalimentarios en Norteamérica”.
J. ADALBERTO CASTRO C.
SENADOR DE LA REPUBLlCA
México, D.F., a 11 de Mayo del 2005.
SEN. DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE
Estimado Senador Presidente:
Adjunto a la presente, anexo a usted copia del Informe sobre mi participación en los trabajos realizados en el "II Taller sobre Integración de Mercados Agroalimentarios en Norteamérica" el cual se efectuó los días 4, 5 y 6 del presente mes, en la Ciudad de San Antonio, Texas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración y respeto.
ATENTAMENTE
J. ADALBERTO CASTRO C.
SENADOR DE LA REPUBLICA
México, D.F. a 11 de Mayo de 2005.
SEN. DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE
En relación a la autorización para participar en el "II Taller sobre Integración de Mercados de Norteamérica", celebrado del 4 a 16 de Mayo del año en curso, en la Ciudad de San Antonio Texas, en los Estados Unidos de América; me permito informar de los resultados obtenidos:
Con una asistencia numerosa de Canadá, EEUU y México de más de sesenta ponentes y participantes, se desarrollo un apretado programa: (se anexa relación de Instituciones Participantes y Programa).
Los temas tratados fueron los siguientes:
Coordinación Regulatoria, tema que sólo cuando surge una crisis y el comercio se ve severamente afectado se le da la atención requerida, es sabido que los mecanismos de coordinación bilateral y trilaterales del TLCAN son ineficientes. Hay diferentes costos de transacción, riesgos y efectividad, relacionados con métodos de coordinación alternativos formales e informales.
Las implicaciones económicas de la cadena de suministro y de la desintegración del mercado de carne de res y puerco. En esta interrupción que pasó con el TLCAN.
El diseño de sistemas integrados de Salud Animal en los países del TLCAN; así como su vinculación con la Bioseguridad.
Los mecanismos de coordinación de las políticas del campo (Agropecuarias) establecidas en el TLCAN.
Las políticas del campo estadounidense del 2002 y que se plantea retomar en 2006 ó 2007 (Subsidios). Los efectos colaterales de estas políticas son muy fuertes para los países del TLCAN, principalmente para México, lo que requiere de consensos y negociación de los Gobiernos.
El futuro y perspectivas de los países en desarrollo, la definición de las políticas públicas y sus efectos en la coordinación, integración y fortalecimiento de sus mercados, fueron los principales puntos que se plantearon y discutieron. En síntesis se requiere de una revisión del TLCAN en la parte del Sector Agropecuario, los tiempos y las circunstancias de hace diez años han cambiado.
ATENTAMENTE
JOSE ADALBERTO CASTRO CASTRO
SENADOR POR EL EDO. DE SINALOA
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Del Dip. Jesús María Ramón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal, por tiempo indefinido, a partir del 13 de mayo de 2005.
CAMARA DE DIPUTADOS
LIX LEGISLATURA
JESÚS MARÍA RAMÓN
DIPUTADO FEDERAL
SEN. DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
PRESENTE.
Muy distinguido Senador Presidente.
Jesús María Ramón Valdés, Diputado Federal a la LIX Legislatura al H. Congreso de la Unión, por mí propio derecho y por esta vía comparezco para solicitar ante esa Comisión Permanente licencia por tiempo indefinido a partir del día viernes 13 de los corrientes, por así convenir a mis intereses.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el debido respeto
SOLICITO
Primero. Tenerme por comparecido solicitando licencia al cargo de Diputado Federal a partir del día 13 de mayo de 2005.
Segundo. Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.
Agradeciendo de antemano la gentileza de su atención, por este conducto le reitero la seguridad de mi alta consideración y estima.
Ciudad Acuña, Coahuila, a 12 de mayo de 2005.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
DIP. JESUS MARIA RAMON VALDES
De las Senadoras Micaela Aguilar González, Leticia Burgos Ochoa y Ana Bricia Muro González, con la que remiten el texto de la “Declaración de Lima, de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”.
México, DF a 16 de mayo de 2005
C.C. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presente
Por este conducto nos dirigimos a ustedes para solicitarle de la manera más atenta sea publicado en la Orden del Día y en la Gaceta de la próxima sesión de la Comisión Permanente la Declaración que suscribimos las Senadoras a bajo firmantes, durante el Segundo Seminario Internacional "Análisis Comparado y Seguimiento de la Legislación de Niñez y Adolescencia en América Latina" realizado los días 28 y 29 de abril del presente en el Palacio Legislativo Peruano.
En virtud de lo anterior, les solicitamos que la presente misiva sea leída por la o el Senador Secretario en turno y se informe en el Pleno que esta Declaración esta abierta la adhesión para las y los legisladores federales que así lo consideren.
Agradeciendo las atenciones que se sirva brindarle a presente, nos despedimos de ustedes con un cordial saludo.
ATENTAMENTE
SEN. MICAELA AGUILAR GONZÁLEZ
SEN. LETICIA BURGOS OCHOA
SEN. ANA BRICIA MURO GONZÁLEZ
DECLARACIÓN DE LIMA
DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Nosotras las parlamentarias y los parlamentarios representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, participantes en el Segundo Seminario sobre “Análisis Comparado y Seguimiento de la Legislación de Niñez y Adolescencia en América Latina” realizado en el Congreso de la República del Perú, Ciudad de Lima los días 28 y 29 de abril de 2005, acordamos:
PRIMERO. Constituirnos como una Red Legislativa a favor de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en América Latina, que impulse una agenda común para nuestros países.
SEGUNDO. Revisar y armonizar las leyes nacionales a la Convención de los Derechos del Niño y rechazar cualquier intento de propuesta Legislativa que trate de volver a la doctrina de la situación irregular, en especial recomendar al Gobierno de Colombia y en especial a los demás países que no hubiesen hecho, que adecuen su legislación en el tema de la infancia.
Difundir la Convención de los Derechos del Niño, en todos los niveles y medios posibles y promover la aprobación de los Protocolos Facultativos de la propia Convención y en la materia.
Recomendar la aprobación del Convenio contra Todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, así como la Convención contra el Crimen Organizado.
TERCERO. Garantizar sistemas de Justicia especializados en la Niñez y recomendar que no se tenga en cuenta la disminución de la responsabilidad penal como un mecanismo de “control social”.
CUARTO. Priorizar en la agenda política de cada país el tema de la Niñez y la Adolescencia y que no sea considerado como una categoría más residual en los Estados.
Exhortar a que los Poderes Ejecutivos de las Naciones Latinoamericanas, asuman la conducción de políticas sociales para la niñez y la adolescencia y que se implementen los presupuestos necesarios, por lo que es indispensable crear entes rectoras que dirijan la política nacional de la infancia y sean conducidos por los mismos Presidentes de cada país.
QUINTO. Promover que los delitos relacionados al comercio sexual infantil sean considerados como delitos de lesa humanidad y sean imprescriptibles en América Latina.
SEXTO. Promover que la “prostitución Infantil” no sea considerada como una modalidad de trabajo infantil y recomendar que la OIT, Modifique el Convenio 182 en este punto.
SEPTIMO. Incidir apara que los gobiernos en sus diversas escalas propicien programas para los niños en situación de calle, comprendiendo su estado de vulnerabilidad y garantizando sus derechos.
OCTAVO. Invitamos a las y los parlamentarios a adherirse a la presente Declaración y el próximo Seminario que se llevará a cabo en Colombia en el mes de Agosto.
De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, con la que remite el Informe de la Reunión de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas.
INFORME DE LA REUNIÓN DE LA RED
DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE LAS AMÉRICAS
FOZ DE IGUAZÚ, BRASIL
7 DE MAYO DE 2005
A la Reunión de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas asistió por parte de México la Senadora Lucero Saldaña Pérez, quien además funge como Vicepresidenta por América del Norte del Comité Ejecutivo de dicho organismo.
La reunión inició con el Informe de la Presidenta saliente de la Red, Diputada Ileana Rogel, representante de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Entre las actividades ha destacar desde su cargo se encuentran: la producción y difusión de los bancos documentales sobre presupuestos con enfoque de género, los efectos de las migraciones en las mujeres en el contexto de la integración intercontinental, los efectos del ALCA en las mujeres, la adopción de la resolución sobre el X Aniversario de la Conferencia de Beijing, la adopción de recomendaciones sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Irak y Darfur, entre otras. Posteriormente, la Secretaría de la Red, instancia de coordinación y respaldo a la misma, rindió su Informe, señalando la preparación y seguimiento de las reuniones de la Red y de su Comité Ejecutivo, así como el apoyo en las actividades emprendidas por el Comité Ejecutivo antes mencionadas.
Posteriormente, se analizaron los avances en el Plan de Acción adoptado por la Red en el 2002 y las propuestas en torno a éste. Entre los avances se señaló particularmente la adopción de reglas de procedimiento que ha permitido estructurar el funcionamiento de la organización. Asimismo, la modificación de la regla de procedimiento sobre la adopción de resoluciones por parte de la Red, a fin de garantizar su seguimiento. Otro aspecto a tratar lo constituyeron los avances para dotar a la Red de fuentes de financiación autónomas.
Una vez concluida dicha actividad, se llevó a cabo la presentación de la relatoría sobre “El seguimiento del impacto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en las Mujeres”, tema que ha sido recurrente y central en los trabajos de la Red en las reuniones anuales que se han llevado a cabo.
Pero el tema central de la Reunión de este año, y de acuerdo a lo definido en la pasada reunión anual, lo constituyó “El impacto de las migraciones en las mujeres”, sobre el cual se llevó a cabo un taller, la presentación de una relatoría y del banco documental sobre el tema. La conferencista sobre el tema fue la Embajadora de México en Brasil, Sra. Cecilia Soto.
Las reflexiones principalmente versaron sobre identificar las principales características del fenómeno migratorio en las Américas, la problemática que enfrentan los países anfitriones, la evolución de las tendencias migratorias por sexo, la migración clandestina, los efectos de la migración en las mujeres que migran como en las que no lo hacen, así como sobre la necesidad de que existan más datos y análisis en torno al fenómeno y el impacto de género.
Asimismo, se presentó para su discusión y aprobación una resolución sobre esta problemática, coincidiendo en los siguientes compromisos:
- Solicitar el establecimiento de un acuerdo global sobre políticas migratorias entre los países de América, con el fin de garantizar el pleno respeto a los derechos de los migrantes.
- Exhortar a la aprobación de un marco jurídico de lucha contra la violencia.
- Exhortar a la facilitación a las mujeres que solicitan el acceso a los servicios necesarios.
- Apoyar a organizaciones no gubernamentales y demás organismos que trabajen educando y sensibilizando a las mujeres de todos los ámbitos frente a los temas migratorios;
- Llamar a la ratificación por parte de todas las Asambleas y Congresos de los grandes países de migración tradicionales, de la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias.
- Exhortar a loa Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas a respetar los compromisos asumidos en el marco del proceso de las Cumbres de las Américas relativos a trabajadores migrantes y tráfico ilegal de personas.
Una vez adoptada dicha resolución, se procedió a la definición del Tema Central de la próxima reunión anual, siendo este la CEDAW y su aplicación en nuestro continente.
En ese sentido, se designó a la Senadora Lucero Saldaña Pérez para coordinar los trabajos de la Red sobre este tema, para tener como resultado una serie de análisis y propuestas para la próxima reunión anual.
Asimismo, se llegaron a una serie de acuerdos comunes, entre los que destaca la propuesta de la Senadora Saldaña para que la Red de Mujeres Parlamentarias se sume al Pacto Interparlamentario para la creación de la Red Interparlamentaria por el Derechos a una vida sin violencia de las Mujeres.
Asimismo, se procedió a realizar la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la Red, que ahora será presidido por la Dip. Aparecida Gama, de la Asamblea Legislativa de Brasil.
En dicha elección, se decidió que la Senadora Saldaña prosiguiera en la Vicepresidencia de la Representación de América del Norte por parte de México, mientras que por parte de Estados Unidos fungirá como representante Ms Jeanne Kohl-Welles, Senadora por el Estado de Washington.
SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ
VICEPRESIDENTA POR AMÉRICA DEL NORTE
COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED
Iniciativas de Ciudadanos Legisladores
Del Sen. Antonio García Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo, se adiciona un tercer párrafo y ocho fracciones al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constituyente Permanente
Congreso de la Unión
Cámara de Senadores
México, DF., a 18 de mayo de 2005.
Antonio García Torres, Senador de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del órgano previsto en el artículo 135 Constitucional, iniciativa por la cual se propone la modificación del primer párrafo, la adición de un tercer párrafo y de ocho fracciones al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
Primero. El análisis de la Constitución puede realizarse desde diversos ángulos: estructural, conforme al cual es la espina dorsal del tejido jurídico; funcional, en cuanto explora cuál es el comportamiento real frente a la propia Constitución; axiológico, que señala los principios y valores que se encuentran en la parte superior del sistema; o bien, argumentativo, conforme al cual constituiría la justificación esencial del propio sistema, con un contenido ético y de verdad.
Otros enfoques específicos, acentuarían la importancia de la Constitución como un instrumento que ordena los intereses fundamentales de las personas; o bien, como la expresión dinámica del acomodo de los intereses de los grupos sociales en su desarrollo evolutivo.
Cualquiera que sea el punto de vista que se adopte para abordar el estudio de la Constitución, es indudable su valor como norma fundamental del estado y eje principal del control y el orden social.
En lo particular, podría pensar en la Constitución como una técnica o quizá la técnica básica para el logro de la libertad y la justicia.
Segundo. La Constitución, por otra parte, no puede ser una y la misma para siempre, pues al cambiar los contextos reales y formales en los cuales nace, es claro que su forma y contenido tienen que modificarse.
Hoy, por ejemplo, las nociones tradicionales de la libertad se ven atravesadas por los avances de las tecnologías que llevan a pensar en una libertad informática.
Sin embargo, los ajustes a la Constitución, me parece que eventualmente pueden resultar en una hipermodificación o en una hipomodificación; esto es, que puede darse tanto una modificación en exceso de la Constitución, como una modificación menor a la necesaria.
Quizá, en nuestro caso, la Constitución ha padecido más claramente una sobremodificación, como lo constata el hecho de que a la fecha se han publicado 427 reformas, adiciones y derogaciones a su articulado.
De manera regular se ha relacionado la modificación de la Constitución con la situación en la cual el gobierno se encontraba compuesto por personas con una misma filiación partidaria y con un sistema político de partido único.
Sin embargo, del año 1994 al año 2004, en un clima político y social más plural, la Constitución se ha modificado en 94 ocasiones, con lo cual se mantuvo la tendencia histórica de una hipermodificación.
Ello nos parece indicar que la modificación a la Constitución se ha convertido más bien en una especie de uso común de los grupos sociales, con intereses de lo más diverso, sin que en muchos casos se pregunte acerca de la eficacia de las disposiciones que se modifican.
Es poco creíble, por otra parte, que la sociedad evolucione a un ritmo tal que cada año requiera que su Constitución, su pacto fundamental, se modifique.
Me parece que los principios y valores que compartimos en la comunidad, como la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, la vida y otros no han variado sustancialmente al paso de los años, que nuestras creencias sobre el gobierno republicano, el estado federal y tantos otros temas orgánicos, tampoco se han alterado.
Creo, en ese sentido que nuestra Constitución debe conservarse y preservarse en muchos de sus aspectos, y dar paso a modificaciones o reformas que sean realmente necesarias, no por un falso culto a la Constitución, sino por una firme convicción de que ello también reditúa en un mayor orden social y en una mayor seguridad para todos los ciudadanos.
Tercero. Considero que la modificación en exceso de la Constitución tiene su origen, en gran parte, en el procedimiento que se sigue para ello; por esa razón, en adelante, iré abordando los temas específicos correspondientes.
A. Los sujetos que proponen las iniciativas de reforma
De entrada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos carece de una disposición constitucional que otorgue de manera expresa a un sujeto o a sujetos determinados la facultad de proponer iniciativas de modificación constitucional.
Ello ha redundado en que el artículo 71 de la Constitución, que prescribe que corresponde al Presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, y a las legislaturas de los estados presentar iniciativas de ley y decreto se aplique de manera extensiva para conferir a esos mismos sujetos la facultad de proponer iniciativas de modificación constitucional.
El problema no es que el artículo se aplique de manera extensiva a las diversas categorías de sujetos indicados, sino que los sujetos han abusado de la facultad.
Para ilustrar este punto, se puede observar que en la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados se propusieron 184 iniciativas de modificación constitucional; que en la LVIII se presentaron 301 iniciativas de reforma constitucional; y que en lo que va de la LIX se han planteado 340 iniciativas.
En la Cámara de Senadores la incidencia de iniciativas de modificación a la Constitución también ha sido elevada, pues, por ejemplo de septiembre a diciembre de 2004 se presentaron, sólo en ese lapso, 41 iniciativas y en el recién concluido periodo de febrero a abril del año en curso, se presentaron 20 iniciativas de modificación constitucional.
En el caso del Presidente de la República y de las legislaturas locales, la incidencia ha sido menor.
Esos datos demuestran que el mayor problema existe dentro de los cuerpos legislativos y que ello se traduce en una excesiva proposición de modificación a la Constitución que, adicionalmente, redunda en un rezago legislativo, dado que la gran mayoría de las iniciativas de modificación a la Constitución no se dictaminan, o bien, muchas de ellas se dictaminan en sentido negativo y arrebatan tiempo también para el análisis y discusión de las iniciativas de ley secundaria o decreto.
Por esa razón, cabría pensar en limitar el ejercicio del derecho de iniciativa y que se condicione a que se encuentre respaldado por cuando menos 42 senadores y/o diputados, en caso de que se ejercite ante la Cámara de Senadores; o bien, por 165, diputados y/o senadores, en caso de que se realice ante la Cámara de Diputados.
Esta exigencia, obligaría a que las iniciativas de modificación constitucional contaran con un consenso mínimo sobre la necesidad de la misma y sobre su contenido, para que pudieran proponerse.
B. El límite en la materia de las reformas constitucionales
Uno de los puntos más discutidos en la doctrina es el relativo a cuál es el limite de reforma a la Constitución.
El límite material de las reformas constitucionales no es extraño a nuestra tradición jurídica, por el contrario, ya en el artículo 237 del Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana de 1814 se podía leer: “Artículo 237. Entretanto que la representación nacional, de que trata el capítulo antecedente, no fuere convocada, y siéndolo, no dictare y sancionare la constitución permanente de la nación, se observará inviolablemente el tenor de este decreto, y no podrá proponerse alteración, adición o supresión de ninguno de los artículos en que consiste esencialmente la forma de gobierno que prescribe”.
Posteriormente, la Constitución de 1824 prescribió: “Artículo 171. Jamás se podrán reformar los artículos de esta constitución y de la acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los poderes supremos de la Federación, y de los Estados”.
Es más bien, en la Constitución de 1857 que luego retoma la Constitución de 1917 en el artículo 135, en donde se adopta el sistema actual, conforme al cual se establece una cláusula abierta y vaga acerca de los límites de la reforma.
Las constituciones de Brasil (artículo 60), El Salvador (artículo 248), Estados Unidos de América (Artículo V), Venezuela (artículo 342), Bélgica (Artículo 197), Francia (Artículo 89), Grecia (Artículo 110), Italia (Artículo 139), Luxemburgo (Artículo 115), y Portugal (Artículo 290) sí establecen límites a las reformas constitucionales.
La razón de ser de estos límites a las reformas constitucionales tiene que ver con el hecho de que las materias límite de las reformas constituyen el núcleo duro de la Constitución, esto es, las materias sin las cuales no se podría concebir el estado constitucional en la modalidad respectiva.
Este aspecto, tiene un interés teórico y también un interés práctico, pues ello expresaría de manera clara e inequívoca cuál es el núcleo de nuestra Constitución y evitaría discusiones y conflictos innecesarios sobre esos temas duros.
La propuesta iría en el sentido de que ese núcleo duro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se constituya por los derechos fundamentales, las garantías individuales y sociales, la soberanía, la forma de gobierno y el estado federal.
Esto ayudaría también a que se propiciara una mayor seguridad y certeza sobre el propio futuro del estado nacional y de los mexicanos en general.
C. El procedimiento de reforma constitucional
a. Reglas generales del procedimiento de reforma constitucional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en el artículo 135 reglas atinentes al procedimiento de modificación constitucional, pero estas son precarias.
Ello ha llevado a que en la práctica se apliquen las reglas del procedimiento legislativo federal ordinario, no obstante de que las materias que se ventilan en uno y otro caso son de diversa naturaleza e, incluso, jerarquía.
Por ejemplo, tanto para el procedimiento legislativo federal ordinario como para el procedimiento de modificación constitucional se aplica la misma regla para determinar la mayoría para instalar válidamente la asamblea plenaria de cada cámara.
Esto debe llamar la atención, primero, sobre la situación de que debe haber una norma que expresamente determine la aplicación de las normas constitucionales que rigen el procedimiento legislativo federal ordinario al de reforma constitucional; pero también, sobre la circunstancia de la necesidad de mayores reglas constitucionales especiales aplicables al procedimiento de reforma constitucional.
b. La regla especial de la asistencia
Actualmente, para que las Cámaras de Diputados y Senadores puedan constituirse y deliberar válidamente en un procedimiento de modificación constitucional, sólo se requiere de la mayoría del 50% más 1, esto es, 250 diputados y 64 senadores, y para aprobar las reformas se requiere de las 2/3 partes de cada una de esas mayorías, esto es, 165 diputados y 42 senadores; lo cual quiere decir que una reforma constitucional puede ser aprobada por 1/3 de los legisladores de cada una de las cámaras y por 1/3 del total de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, lo cual evidentemente resulta incompatible con una reforma constitucional.
Por esa razón, lo que se sugiere es que se establezca que las asambleas de las cámaras, para poder instalarse y resolver sobre una reforma constitucional, deben estar presentes cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes y para ser aprobadas se requeriría, cuando menos, de las 2/3 partes de los votos de los presentes.
El hecho de que en la actualidad los congresos sean auténticamente órganos de la expresión plural de la sociedad y de los diversos partidos, no es un obstáculo para la propuesta anterior, más bien, es compatible con ese esquema, pues incentivaría a los diversos actores legislativos y sociales a que solo en los casos de clara necesidad la constitución se modifique.
c. La discusión mínima
Otro aspecto pernicioso que ha mostrado la insuficiente regulación sobre el procedimiento de modificación constitucional consiste en que eventualmente se ha llegado a reducir el proceso de discusión en temas importantes y estructurales para la vida del país.
Las reformas constitucionales deben ser analizadas de manera serena y con una sólida base argumentativa, y podría decirse, aún, de manera reforzada.
Esta necesidad ha estado reflejada en nuestros textos constitucionales, del cual se cita, solo como ejemplo, la Constitución de 1824, que prescribía que nunca el Congreso que calificara que una observación al texto de la Constitución merecía ser objeto de discusión y el que discutiera efectivamente esas observaciones sería uno mismo, sino que era necesario que fueran distintos Congresos.
Esa disposición, quizá inspirada en la Constitución de Cádiz de 1812, no es regla en desuso en la actualidad, de hecho, son varias Constituciones las que prevén que al admitirse una iniciativa de modificación constitucional debe formarse un nuevo órgano legislativo que conozca especialmente de la reforma, por ejemplo, y tan solo por ejemplo, Perú, Grecia, Países Bajos, Luxemburgo, entre otros; o bien, muchos más de ellos prevén validaciones posteriores de las reformas aprobadas inicialmente a través del plebiscito o el referéndum.
No establecido aún el plebiscito ni el referéndum en el ordenamiento constitucional mexicano, lo conveniente es pues que las iniciativas de modificación constitucional sean discutidas, en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, cuando menos en dos debates que no podrán dispensarse, con el propósito de garantizar una discusión mínima acorde al asunto y la materia en cuestión.
d. Participación de los interesados
Las normas constitucionales constituyen la expresión de los acuerdos fundamentales de los actores sociales, tal como se anticipaba en un principio; sin embargo, la Constitución no ha previsto mecanismos expresos para recoger la opinión de actores de suma importancia al respecto como son las legislaturas de los estados.
Así, cabe considerar la constante demanda de los congresos locales por participar más activamente en los procedimientos de modificación constitucional, y en este sentido, se debe reconocer como una facultad de los mismos emitir opiniones en los procedimientos de reforma constitucional y hasta antes de que las modificaciones sean aprobadas por el pleno de la Cámara que conozca de la iniciativa correspondiente.
Se considera que con ello se logrará una mayor fortaleza del sistema federal y de la forma de gobierno republicano, en un clima democrático en el cual se escucha a todos los actores sociales.
El hecho de que los estados se encuentren representados formalmente por los senadores y que la población lo sea por los diputados federales de los diversos estados y regiones del país no es óbice para que se pueda reconocer ese derecho a las legislaturas, puesto que la representación de los intereses de un estado no se agota en un solo representante, ni en un acto especial de él; esto es, la representación de los estados y la población no se acaba en los senadores y diputados, sino que se extiende también a sus diputados locales a quienes ya se reconoce participación en el proceso de reforma constitucional; lo que se propone es fortalecer su participación.
e. Reglas especiales para las legislaturas locales
Uno de los grandes vacíos que enfrenta nuestra Constitución es que no existen principios constitucionales a los cuales deben sujetarse las legislaturas en el trámite de las reformas constitucionales y ello ha llevado a que las propias legislaturas, en términos generales, den a las reformas constitucionales el trato de iniciativas de ley secundaria.
Sin embargo, la naturaleza agravada del procedimiento constitucional con la pretensión de que los acuerdos fundamentales permanezcan, requiere que las legislaturas observen reglas especiales en la aprobación de las reformas.
Esas reglas deben cristalizarse en el requerimiento de que tanto la propuesta que hagan de reforma, como la aprobación o rechazo de las reformas constitucionales sean acordadas por las 2/3 partes de los integrantes de las propias Cámaras, acorde a los procedimientos agravados para la propuesta de reformas constitucionales, y conformes con la votación agravada que se requiere en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión para la aprobación de dichas reformas.
Cuarto. El objetivo de la reforma constitucional es precisamente el de establecer, en términos reales, un procedimiento agravado de reforma a la Constitución que le de estabilidad, dar certidumbre al sistema jurídico y complementar el procedimiento de modificación constitucional con normas acordes con la naturaleza del mismo y la materia de la misma.
Por lo tanto, se somete a la consideración de las comisiones legislativas correspondientes y, en su caso, aprobación de esta Asamblea y del Constituyente Permanente, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO Y OCHO FRACCIONES AL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el primer párrafo, se adiciona un tercer párrafo y ocho fracciones al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de cada una de las Cámaras, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados, cada una por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes en ejercicio.
…
La reforma o adición a esta Constitución se sujetará, además, a las siguientes reglas:
I. El procedimiento de reforma o adición a esta Constitución se regulará por lo dispuesto en este artículo;
II. Las iniciativas de reforma o adición a la Constitución sólo procederán cuando sean presentadas por 42 senadores en la cual la Cámara de Senadores sea la Cámara de origen; y por 165 diputados, cuando se trate de las presentadas ante la Cámara de Diputados como Cámara de origen;
III. El Presidente de la República puede proponer iniciativas de reforma o adición a esta Constitución;
IV. Las legislaturas de los estados podrán proponer ante el Congreso de la Unión iniciativas de adición o reforma a esta Constitución, siempre que dichas iniciativas sean aprobadas cuando menos por las dos terceras partes de sus integrantes en ejercicio;
V. Las legislaturas de los estados, hasta antes de que se vote la reforma o adición propuestas a esta Constitución en las Cámaras del Congreso de la Unión, pueden formular opinión ante el órgano competente;
VI. No podrá proponerse reforma o adición a esta Constitución en menoscabo de las garantías individuales y sociales, la soberanía, la forma de gobierno y el estado federal previstos en ella;
VII. Para que cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión puedan discutir y resolver sobre la aprobación de reformas y adiciones a esta Constitución, se requiere de la asistencia de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes en ejercicio; y, para ser aprobada se requiere cuando menos de las dos terceras partes de los presentes, y
VIII. Las reformas o adiciones a esta Constitución requieren cuando menos de dos discusiones, tanto en lo general como en lo particular, antes de ser votadas.
ARTÍCULO TRANSITORIO.
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
A T E N T A M E N T E
Del Dip. Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 constitucional.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PRESENTA EL DIPUTADO FEDERAL, LUIS MALDONADO VENEGAS, VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO “B” DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, RELATIVA AL PAGO DE LA PRIMA QUINQUENAL.
El suscrito, Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa con Proyecto Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, relativa al pago de la prima quinquenal, de conformidad a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 31 de diciembre de 1984, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó una adición al artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual se refiere al pago de la prima quinquenal en los siguientes términos:
“Por cada cinco años de servicios efectivos prestados hasta llegar a veinticinco, los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima como complemento del salario. En los Presupuestos de Egresos correspondientes, se fijará oportunamente el monto o proporción de dicha prima.”
De conformidad a la normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el importe mensual de dicha prima desde el primero de enero de mil novecientos noventa y siete es de $46.00 por cinco años de servicio y hasta 10; de $55.00 de 10 a quince años; de $82.00 hasta 20 años; de $109.00 si se tiene una antigüedad en el servicio público de 20 a 25 años y de $136.00 de 25 años en adelante.
El gobierno del Estado de México paga a sus trabajadores el quinquenio de la siguiente manera: por el primer quinquenio $149.00; por el segundo $213.00; por el tercero $283.00; por el cuarto $338.00; por el quinto $400.00; por el sexto $472; por el séptimo $528.00 y por el octavo $542.00
Adicionalmente, los trabajadores al servicio del Estado de México reciben una prima adicional mensual por su permanencia en el servicio por cada año que laboren a partir de los treinta y que fluctúa de los $283.00 a los $573.00 mensuales.
Por su parte, el Instituto Federal Electoral cubre el quinquenio a sus trabajadores, en el presente ejercicio fiscal, de 5 a 10 años en ochenta pesos; de 10 a 15 en ciento diez pesos; de 15 a 20 en ciento cuarenta pesos; de 20 a 25 en ciento setenta pesos y de 25 años en adelante a razón de doscientos pesos mensuales.
Como podrán apreciar, compañeras y compañeros legisladores, la diferencia entre el pago de quinquenio que se cubre mensualmente a los Trabajadores al Servicio del Estado en el nivel federal, comparados con los montos que cubre el Gobierno del Estado de México y el propio Instituto Federal Electoral, es amplia, pero también injusta.
Y señalo que es injusta, porque son fundamentalmente los trabajadores al servicio del Estado, los hombres y las mujeres que integran la llamada base trabajadora, los que consagran su vida al servicio de las instituciones, permaneciendo leales a ellas, y porque las diferencias salariales entre sus sueldos y los que reciben los servidores públicos de mandos medios y superiores, son sumamente desproporcionados.
Por tal motivo, el Grupo Parlamentario de Convergencia, considera que es indispensable que la prima quinquenal se actualice, pues los Trabajadores al Servicio del Estado tienen ocho años de estar recibiendo la misma cantidad de dinero por este concepto que reconoce nuestra legislación laboral.
Al respecto, proponemos que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revise la normatividad emitida para el pago de la prima quinquenal, con el fin de que ésta se actualice a los montos que se pagan en el Instituto Federal Electoral y se incluya en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación que se enviará a la Cámara de Diputados el próximo mes de septiembre.
Pero, con el ánimo de que la revisión del pago de la prima quinquenal no quede al libre albedrío de las autoridades hacendarias y a negociaciones periódicas de las organizaciones de los trabajadores al servicio del Estado, es que sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reformar el artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que se revise el monto del quinquenio cada cinco años.
Este lapso que proponemos permitirá efectuar una evaluación de la economía nacional para que el ejecutivo proponga al Congreso, en su quinto año de gobierno, un incremento al quinquenio que reciben mensualmente los trabajadores por los años de servicio que van acumulando, lo que estimulará, sin lugar a dudas un mejor desempeño de la base trabajadora en la administración pública federal y recibir un beneficio económico directo para sus familias.
Derivado de lo anteriormente expuesto, es que se propone someter a la consideración de ustedes el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único.- se adiciona el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional en los siguientes términos:
Artículo 34. La cuantía del salario uniforme fijado en los términos del artículo anterior no podrá ser disminuida durante la vigencia del presupuesto de Egresos a que corresponda.
Por cada cinco años de servicios efectivos prestados hasta llegar a veinticinco, los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima como complemento del salario. En los Presupuestos de Egresos correspondientes, se fijará oportunamente el monto o proporción de dicha prima, que se actualizará cada cinco años de conformidad al crecimiento de la economía nacional.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo del 2005.
DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS
Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
C. C. SECRETARIOS DE LA COMISION
PERMANENTE DEL H. HONORABLE
CONGRESO DE LA UNION
Presente
Héctor Larios Cordova Senador de la República a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, con arreglo a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las decisiones gubernamentales tienen, sin lugar a dudas, un efecto importante en la economía de un país y México no es la excepción.
La cantidad de impuestos que el gobierno decide recaudar; las transferencias o subsidios que determina otorgar; así como las compras de bienes y servicios que resuelve realizar; significan consecuencias directas en la expansión de la actividad económica de nuestro país.
En ese tenor, las compras de bienes y servicios que hace el gobierno son un elemento que contribuye a impulsar y detonar el mercado interno mexicano, propiciando de esa manera el desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, para que las compras de bienes y servicios que realiza el gobierno mexicano, representen un verdadero y mayor beneficio para los mexicanos, las leyes que las regulan deben establecer criterios prácticos y justos para su instrumentación.
En ese sentido, es fundamental que la Ley garantice, entre otras cosas, el principio consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a que los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias.
Es decir, en los procedimientos de contratación de carácter internacional las dependencias y entidades deben optar, en igualdad de condiciones, por el empleo de recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el territorio nacional.
Actualmente, la práctica del comercio internacional entre las naciones es un hecho cotidiano e irreversible. El intercambio comercial y la firma de tratados se han convertido en una estrategia utilizada por los países para acceder a más mercados en el mundo.
En el caso de las licitaciones públicas la apertura comercial ha traído consigo diversos compromisos para nuestro país. Tal es así que por ejemplo, a través de la firma de los tratados comerciales con un capítulo de compras del sector público vigente, México ha adquirido la obligación de otorgarle a sus socios comerciales un trato de nacionales. Lo cual va de acuerdo con las normas y principios comerciales.
Sin embargo, es importante señalar, que en materia de las obligaciones derivadas de los tratados comerciales respecto a las compras del gobierno, se ha generado una apertura indiscriminada de nuestro mercado y se ha provocado que cuando el sector público convoca a licitaciones con carácter de internacionales, acceden a éstas personas y países con las que México no tiene celebrados tratados comerciales y, que de facto, no permiten a los mexicanos acceder a sus propios mercados. Todo esto ocasiona un trato desigual, un trato que no es recíproco para nuestro país.
Si bien es verdad que la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) en su artículo 14 ya establece un margen de preferencia para los nacionales, el mismo no es suficiente, ya que, la participación de empresas y productos originarios de países cuyas estructuras de integración de costos son muy distintas a las de México, es creciente. Tal es el caso de países como China, la India e Irak.
Por tal motivo, si bien la presente iniciativa busca reconocer en la LAASSP la responsabilidad adquirida por nuestro país con la firma de tratados comerciales, pretende también garantizar primeramente la participación de los nacionales y los socios comerciales en las licitaciones realizadas en México.
Para ello, se establece un apartado específico que prevee este tipo de licitaciones con el carácter de “nacionales bajo tratados”.
Es decir, con esta propuesta, se busca dar un origen lógico a las licitaciones, a fin de privilegiar las licitaciones nacionales. En otras palabras, se busca que sean convocadas en primera instancia las licitaciones como nacionales y en el caso de improcedencia derivada de los compromisos establecidos en los tratados de libre comercio o por falta de oferta, que se convoquen como nacionales bajo tratados y únicamente en casos ulteriores convocar licitaciones internacionales.
Con esto, se permitirá a las empresas establecidas en nuestro país, con capacidad de abastecer tanto al sector público como al privado, seguir ofertando bienes, en condiciones de calidad, oportunidad y precio, como ha sucedido desde la creación de la figura de la licitación pública.
Adicionalmente, con esta iniciativa se plantea la posibilidad de que la Secretaría de Economía pueda autorizar a organismos de verificación para llevar a cabo la revisión de la integración de los contenidos nacionales declarados por los participantes, a solicitud de la propia proveeduría o de las dependencias.
Además, se establece que en las licitaciones nacionales bajo tratados sólo se permitirá la participación de socios comerciales, cuando exista en el país al menos un fabricante de los bienes que se pretenden adquirir y éstos cumplan con el grado de contenido nacional. Todo esto, para que sea posible darle a los socios comerciales un trato no menos favorable que el más favorable otorgado a sus propios bienes y proveedores y a los bienes y proveedores de la otra parte.
Asimismo, con estas reformas respecto a las licitaciones internacionales el margen de preferencia establecido en el artículo 14 de la LAASSP sólo aplica cuando haya la participación de algún nacional cuyo bien tenga contenido nacional, dándose en ese caso la protección tanto al proveedor, al producto nacional o al socio comercial, respecto a cualquier otro extranjero.
También, se establece con estas modificaciones, que cuando en algún proceso de adquisición se incluyan bienes, siempre deberá tenerse a este supuesto como una adquisición de bienes y no de servicios.
Por último, se mantienen las exigencias de manifestar que las propuestas económicas no se cotizan en prácticas desleales de comercio exterior y se permite la participación de extranjeros, sólo en caso de que éstos le den un trato recíproco a los nacionales.
La presente iniciativa genera principios de certidumbre e igualdad para todas la partes involucradas en los procesos de adquisición, garantizando en todo momento las mejores condiciones para el Estado, fomentado el sector productivo nacional y cuidando siempre el respeto a lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos por México.
Por los motivos expuestos anteriormente, someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
Proyecto de Decreto
Artículo único.- Se reforma las fracciones I y II del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar como sigue:
Artículo 28.-Las licitaciones públicas serán:
I.- Nacionales:
a) Cuando únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes y servicios a adquirir o arrendar sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional. La Secretaría de Economía mediante reglas carácter general, establecerá los casos de excepción correspondientes a dichos requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado de contenido nacional de los bienes que se oferten, para lo cual tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.
Tratándose de la contratación de servicios; se considerarán nacionales cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes que se incluyan, en su caso, cumplan con los requisitos señalados en el primer párrafo de la presente fracción.
b) Nacionales de conformidad con los tratados.- cuando únicamente puedan participar personas mexicanas y extranjeras originarias de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con un capítulo de compras a gobierno vigente y los bienes a adquirir sean de origen nacional o de países con los que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con un capítulo de compras de gobierno vigente.
Se deberán llevar a cabo licitaciones de conformidad con los tratados en los siguientes casos:
1) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados; debiendo establecer la convocante los tratados bajo cuya cobertura se está convocando o, cuando el valor del contrato rebase los umbrales fijados en los tratados o, cuando en su caso, se haya agotado la reserva permanente señalada en los mismos.
2) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presente propuesta alguna o ninguna cumpla con los requisitos a que se refiere la fracción primera de este artículo.
Las licitaciones señaladas en este inciso deberán convocarse con este carácter, cuando exista al menos un fabricante de bienes que cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de grado de contenido nacional o un prestador de servicio nacional.
Para los efectos del presente inciso, los bienes nacionales y extranjeros deberán cumplir al menos con el cincuenta por ciento del grado de contenido nacional en su país de origen, de conformidad a las reglas que al efecto emita la Secretaría de Economía, señaladas en la fracción I inciso a) del presente artículo.
La Secretaría de Economía, emitirá lineamientos y autorizará a organismos de certificación o unidades técnicas especializadas públicas o privadas, a fin de que éstas, a solicitud del órgano interno de control correspondiente o de un particular, realicen visitas para verificar que los bienes cumplan con los requisitos señalados en el párrafo anterior, reportando los resultados al órgano interno de control respectivo. Los gastos que se deriven de la visita mencionada correrán a cargo del particular, o de la dependencia o entidad convocante cuando, según sea el caso, éstos lo soliciten.
II.- Internacionales:
En las que podrán participar personas mexicanas y extranjeras y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.
Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:
1) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval.
2) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional de conformidad con los tratados, no se presente propuesta alguna o ninguna cumpla con los requisitos a que se refieren las reglas de origen aplicables a compras de gobierno.
Solo aplicará el margen de preferencia a que se refiere el artículo 14 de esta Ley cuando en estas licitaciones participen proveedores, bienes, servicios o arrendamientos de origen nacional.
En este tipo de licitaciones la Secretaría de Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.
Cualquier procedimiento de adquisición en el que se incluya el suministro de bienes, será considerado como de adquisición de bienes.
Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales cuando en el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, arrendamientos, bienes o servicios mexicanos.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de mayo del año dos mil cinco.
ATENTAMENTE
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
Del Dip. Marcos Morales Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REFERENTE A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
El que suscribe, Diputado Marcos Morales Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la iniciativa de modificación del primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Poder Ejecutivo y sus órganos auxiliares pertenecientes a la administración Pública Federal, tanto centralizada como descentralizada, se consideran tradicionalmente como los sujetos de responsabilidades administrativas. Esto, es debido a que el presupuesto de egresos se ejerce en su mayor parte por la Administración Pública Federal, además de la legalidad que deben contener cada uno de los actos de los servidores públicos.
Esta idea se expresa en la exposición de motivos de la reforma al Título IV constitucional, publicada el 28 de diciembre de 1982, donde se establece que
“Son las bases constitucionales para establecer las obligaciones igualitarias a las que deben estar sujetos todos los que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, tanto en el gobierno como en la administración pública paraestatal. Se trata de que todo el que desempeñe una función pública, este sujeto a las responsabilidades inherentes a ella.”
La Suprema Corte de Justicia en la tesis aislada denominada “Responsabilidades de servidores públicos. Sus modalidades de acuerdo con el Título Cuarto Constitucional”, determina que: “…el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes: A).- La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; B).- La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; C).- La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y D).- La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.” (No. Registro: 200,154. Tesis aislada Materia(s):Administrativa, Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, Abril de 1996. Tesis: P. LX/96. Página: 128)
La redacción vigente del primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluye de las responsabilidades administrativas a servidores de otros Poderes de la Unión y de los órganos constitucionales autónomos; pero que sí se les aplica las otras formas de responsabilidades citadas en la tesis anterior.
El artículo citado establece que sólo se incluye a los miembros del Poder Judicial Federal; estos son los contenidos en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, los magistrados del tribunal electoral, tribunales colegiados de circuito y a los tribunales unitarios de circuito, y los jueces de distrito. El artículo 108, en comento, excluye a los miembros de los tribunales agrarios y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, que orgánicamente no dependen del Poder Judicial Federal, aunque materialmente realizan funciones jurisdiccionales.
Tampoco se incluye a funcionarios y empleados de los tribunales encargados de las áreas netamente administrativas, donde se ejercen los recursos públicos de estos órganos.
Esto último también es aplicable al Poder Legislativo Federal, ya que el artículo en comento sólo se refiere a los representantes de elección popular, excluyendo a otros servidores públicos que se encargan de las labores administrativas de las Cámaras conforme al artículo 47 y 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas mismas reflexiones se aplican en el ámbito local del Distrito Federal a sus órganos y a su administración pública.
Recordemos el comentario de Alexander Hamilton, contenido en “El Federalista”:
“La administración de gobierno, en su más amplio sentido, abarca toda la actividad del cuerpo político, lo mismo la legislativa que ejecutiva y judicial; pero en su significado más usual y posiblemente más preciso, se contrae a la parte ejecutiva y corresponde al campo del departamento ejecutivo.”
La administración pública no debe circunscribirse solamente en el Poder Ejecutivo, también los otros Poderes de la Unión realizan actividades administrativas y ejercen recursos públicos, que igualmente la ciudadanía exige su correcta utilización y la probidad de los actos de los funcionarios.
Las resoluciones de los órganos de control internos, facultados por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para vigilar y sancionar, sin esta reforma propuesta, no tienen una base constitucional firme, por lo que pueden ser fácilmente recurribles. Por eso se requiere que las contralorías tengan mas herramientas jurídicas contra el uso indebido de recursos o la falta de probidad de servidores públicos de órganos diferentes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente:
INICIATIVA DE REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los tres poderes de la Unión, en la Administración Pública Federal, central y paraestatal, y de los órganos autónomos que contemplan la presente constitución y las leyes; también se incluyen las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal y en las autoridades locales contemplados en el artículo 122 de la presente Constitución; quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de mayo de 2005.
Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 16 del Código Civil Federal.
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN MATERIA DE APLICACIÓN DE DICHO ORDENAMIENTO, PRESENTADA POR EL DIP. JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, EN VOZ DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS.
El suscrito, Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma disposiciones del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestro derecho positivo mexicano debe actualizarse del tal modo, que no origine duda o incertidumbre respecto del sentido de la ley, para poder realizar su aplicación en los distintos ámbitos y mediante las autoridades que tienen atribuciones para ello de acuerdo a nuestra Constitución General de la República.
Es así que siendo la ley nuestra herramienta más útil para ejercer y aplicar el Derecho, debemos velar por la precisión y la certidumbre del texto que aparece plasmado en nuestros ordenamientos.
En términos del planteamiento que propone el texto vigente del artículo 16 del Código Civil Federal, tal pareciera que se está eliminando a las entidades federativas del pacto federal y del ámbito de aplicación del Código. No debemos olvidar que el espíritu del Constituyente de Querétaro en 1917, fue precisar y robustecer la figura del federalismo en nuestro país, dando mayor vitalidad al propio pacto federal.
El artículo materia de la presente reforma está inmerso en un capítulo de DISPOSICIONES PRELIMINARES, dentro del Código Civil Federal, y en su artículo 1º señala de manera textual: Artículo 1.- Las disposiciones de este Código regirán en toda la República en asuntos del orden federal.
Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Convergencia estima que es oportuno precisar el texto que contiene el artículo 16 del multicitado ordenamiento jurídico, ya que, por un lado, es de interés público contar con una adecuada redacción de la ley, y por otro, la aplicación del Código Civil Federal se lleva al ámbito estatal en materia federal, por lo cual, resulta incompatible que se incluya únicamente al Distrito Federal dentro de la obligación de la ciudadanía de mantener un orden en el ejercicio de sus bienes y derechos.
Es aquí donde el papel del legislador se enriquece, precisamente mediante el uso de una adecuada técnica jurídico-legislativa.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 16. (Texto Vigente)
Los habitantes del Distrito Federal tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes relativas.
Artículo 16. (Texto que se propone)
Los habitantes del Distrito Federal y de las entidades federativas, tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes relativas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo del 2005.
DIP. JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO.
Del Dip. Carlos Hernán Silva Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 55, 58, 62 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE REFORMAR LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 55 Y LOS ARTÍCULOS 58,62 Y 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artíc ulo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Diputado Carlos Hernán Silva Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar la fracción V del artículo 55, y los artículos 58, 62 y 91, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando estos preceptos, con un párrafo que garantice el pleno cumplimiento de la voluntad popular que se expresa en la elección de gobernantes y representantes populares, a través del sufragio efectivo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
En nuestro país, el tránsito hacia un pleno estado democrático, que garantice verdaderamente, el ejercicio eficaz de las responsabilidades y funciones de los políticos, como servidores públicos, ha sido un proceso lento, gradual, que voluntariamente o no, ha sido inhibido por los actores políticos convencionales. Este proceso, ha estado expuesto a vaivenes y coyunturas sociales y políticas. Y escasamente ha propiciado las condiciones necesarias, para la consolidación de nuestras instituciones, que derive en el ya impostergable, posible y justo desarrollo sustentable de la economía nacional, para elevar real y efectivamente el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos.
No obstante, este complejo proceso de transición a la democracia, ha podido avanzar, gracias a que los ciudadanos, organizados al margen de los partidos políticos, bien sea en asociaciones civiles o sociales y en amplios movimientos reivindicatorios, han estado haciéndose cargo y asumiendo, en las últimas décadas, un protagonismo decidido, a favor de la democratización del país, de su sistema jurídico y de sus instituciones.
Es a la fuerza y capacidad organizativa de las y los ciudadanos mexicanos, movilizados en torno a un sinnúmero de demandas, a quien debemos atribuir, los indiscutibles avances registrados, en el tema político electoral, y las distintas reformas a la normatividad jurídica en esta materia.
Otro factor determinante en este devenir democrático, ha sido el comportamiento electoral de las y los ciudadanos, que, -de manera persistente- han optado, por un lado, por ratificar con su voto, el pluralismo político electoral, en todos los ámbitos de la vida pública y por el otro, evidenciado, - con el creciente abstencionismo presente en todos los comicios a lo largo y ancho de nuestra república -, un profundo desprecio, más por los actores que por nuestro sistema político electoral. Así, en la composición de las instancias legislativas, tanto a nivel local como federal, ésta diversidad ha permitido y obligado a la coexistencia y convivencia política de Legisladoras y Legisladores, que provenimos de distintos referentes ideológicos o partidarios, y, al mantenimiento -así sea en niveles aún primarios- de un equilibrio y un contrapeso reales a las decisiones, otrora hegemónicas del Presidente de la República en turno, que a lo largo de varias décadas fue –a contrapelo de las disposiciones constitucionales- el único e indiscutible gran legislador e incluso elector.
Es en nuestra legislación e instituciones electorales, en donde podemos ubicar los mayores logros, en términos de desarrollo democrático. No obstante, aún en esta materia, persiste la necesidad de perfeccionar normas, revisar el diseño estructural y, el funcionamiento de las instituciones responsables, de garantizar su aplicación y vigencia; a fin de, asegurar y consolidar lo logrado por la vía de nuevas reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta necesidad que se hace extensiva a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a otras leyes como la Orgánica del Congreso de la Unión, por citar algunos ejemplos, que deben ser revisadas, tanto desde la óptica de consolidación y desarrollo, de nuestros aún incipientes sistemas de ejercicio democrático del poder público, como de control de la constitucionalidad de los actos y políticas públicas; de los principios de división de poderes y de rendición de cuentas; de la democracia representativa, y también, para introducir métodos de mayor participación de las y los ciudadanos, en la definición de las políticas públicas y en los procedimientos de evaluación del desempeño de los gobernantes o representantes populares.
“porque la democracia no se reduce al acto electoral, sino que, requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como de una cultura, que acepte la legitimidad de la oposición política y reconozca, y abogue por los derechos de todos[1]”. Es, en esta frase –abogar por los derechos de todos- que debemos entender la obligación fundamental y por excelencia, de todo estado democrático y de pleno derecho. Es preciso, que en este concepto, ubiquemos la esencia misma de la democracia, porque en ella, también se encierra el lacerante rezago social, que está generando conductas, que amenazan con desbordarse.
Nadie puede, con legitimidad, aducir que en México vivimos en un estado democrático y de pleno derecho, en tanto persistan los niveles de injusticia, desigualdad e inequidad social, que mantienen a la nación escindida, con el 53.7% del total de la población, sobreviviendo en condiciones de pobreza.
Ante tales circunstancias, se explica el hecho de que la percepción social, del quehacer, la función, la responsabilidad y la credibilidad de las y los Legisladores en México, sea negativa; como negativo es, el balance que -por regla general- el ciudadano o ciudadana hace de sus gobiernos, de la democracia, de los políticos y de los partidos políticos.
En México, vivimos un etapa –que se prolonga ya algunos años- de desencanto del fenómeno democrático, consecuencia, -hasta cierto punto natural- de las grandes expectativas, que se abrieron ante el electorado mexicano, con el resultado de los comicios presidenciales del 2000, mismas que no han encontrado -hasta ahora- la respuesta institucional debida.
Los cambios que a la mayoría de las mexicanas y mexicanos les interesan no han llegado, y ni siquiera se esbozan en hechos tangibles para el mediano plazo. Las y los Legisladores, no debemos desatender ni soslayar esta situación, en primer lugar porque el riesgoso estado de cosas actual, implica a la nación en su conjunto, y en segundo lugar, porque en las causas profundas de esta situación, ningún gobernante o servidor público y ningún partido político, es del todo ajeno o puede dejar de asumir, la cuota de responsabilidad política y social que le corresponde, respecto del enorme cúmulo de demandas socioeconómicas y políticas, cuya solución es reclamada, cada día, con mayor exigencia, a los gobiernos en todos los órdenes y jurisdicciones.
Por esa razón, es preciso que en estricto cumplimiento del deber ser, de la razón misma que justifica la existencia de los estados democráticos y del estado mexicano, nos hagamos cargo del presente y futuro de nuestra nación y que, –en consecuencia- busquemos los mecanismos y procedimientos para reconciliar a las y los mexicanos con la política, en su más pura y alta acepción, que es la de la convivencia en la tolerancia, en la pluralidad, en armonía, en la civilidad y la normalidad democráticas; en la histórica y vigente enseñanza Juarista que dice: “Entre los hombres como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.
La permanencia de los derechos civiles, políticos y sociales en México, es clave para que la política económica y social no sea separada de la agenda democrática. Es en este contexto que se propone esta modesta iniciativa de reforma constitucional, de Reforma del Estado, que bien podría ser considerada un primer paso, en el sentido de atender el reclamo social constante y persistente:
• Que las y los servidores públicos, emanados de una elección popular, cumplan cabalmente, con el mandato que el voto mayoritario, de las y los ciudadanos les confirió.
• Que lo hagan, con absoluta responsabilidad, con la atingencia debida y por todo el tiempo, o por la mayor parte del tiempo posible, del periodo para el cual fueron electos.
Ello, es condición sine quan non, para que nuestro sistema político, pueda ir paulatinamente recobrando uno de sus ingredientes fundamentales: la confianza, la credibilidad y la confiabilidad en sus políticos.
Resulta contrario a toda lógica, que aquellas mujeres y hombres que fueron postulados como candidatos, para el desempeño de un cargo de elección popular, y que, habiendo presentado ante la ciudadanía un conjunto de propuestas, planes de gobierno y plataformas electorales o legislativas, los abandonen de improviso para ir en pos de un nuevo y más alto cargo de elección en la jerarquía de la representación pública, o de los diferentes cargos de gobiernos, sólo porque ello responde a su proyecto político particular.
La inconsistencia, incongruencia y veleidosidad de las y los políticos, que transitan –sin reposo- de uno a otro cargo de elección pública, sin haber concretado o cumplido, con los compromisos previa y originalmente contraídos, daña severamente, su credibilidad y la de los partidos políticos, a la par que, abona el aumento de la desconfianza, y el recelo de las y los ciudadanos. Este fenómeno que conocemos y designamos “como lucha por el poder mismo”, ha desprovisto a la práctica política y a la política electoral en México, de su esencia, y de la única razón que la ennoblece y legitima: la lucha por el poder, pero para que el poder sirva a la vida, y a los derechos de las gentes, de los pueblos, de las comunidades; de las naciones.
Actualmente, con formas y tiempos rebasados por la realidad, el sistema político empeña sistemática y excesivamente millonarios recursos públicos, que se destinan a los partidos políticos, a las campañas y a la organización de los procesos de elecciones públicas; sólo para ver que con mucha frecuencia, los políticos electos, saltan a otro cargo mejor, calculando muchas veces, la ventajosa prolongación de su permanencia en el poder público, olvidando irresponsablemente, a sus representados y los proyectos ofrecidos, para garantizar su provecho personal.
Nuestro sistema jurídico permite que esto ocurra, y por lo tanto es legal y más aún, es un derecho político que de alguna manera tiene pleno reconocimiento normativo y un estatus de engañosa funcionalidad en la práctica política mexicana. Esto, no lo discutimos –por el contrario- es precisamente porque lo reconocemos como una situación que contribuye, a acrecentar la falta de credibilidad de las y los ciudadanos en la política, en los partidos políticos y en los actores políticos mexicanos, es que, estamos proponiendo esta iniciativa de reforma constitucional, porque consideramos inconveniente, la pertinencia de que se mantenga el actual estado de cosas. Lo que como Legisladores cuestionamos, es la legitimidad de mantener la vigencia, de una disposición constitucional que –a excepción del ámbito y de los espacios del poder público- la sociedad cuestiona, y lo hace con sustento, razonada y frecuentemente.
Para las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, escuchar receptiva y sensiblemente, y atender las demandas de las y los ciudadanos mexicanos, es la esencia misma de la representación pública. Es lo que nos confiere la autoridad política y moral en la cual sustentamos nuestros actos, iniciativas y el sentido mismo, de nuestro voto, en tanto Legisladores. Esta iniciativa de reforma constitucional, que ponemos a la consideración de esta Honorable Cámara, y en su momento -satisfecho que fuere el procedimiento correspondiente- de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y a las Honorables Cámaras de Diputados de los Congresos en las Entidades Federativas; obedece a la lógica y al compromiso ineludible, por todos nosotros adquirido, de ser artífices y constructores del sistema jurídico y de las instituciones, que nos permitan como sociedad y como país trascender a la democracia plena. A la democracia que surge y se colma en la más amplia, eficaz y cotidiana participación de las y los ciudadanos en el diseño y toma de decisiones de políticas públicas.
Esta iniciativa, de aprobarse, también promoverá la apertura de los espacios necesarios, para la renovación e inserción de nuevos actores políticos, esto es, de actores políticos de una nueva generación a la vida y responsabilidades públicas.
En la medida en que más ciudadanos y ciudadanas se interesen responsablemente, se capaciten adecuadamente y se les permita insertarse y fluir a través del sistema político mexicano, éste se revitalizará, se nutrirá de sus mejores hombres y mujeres; alejándose así, de los tradicionales, enquistados y monopólicos cotos y capillas de poder, que impiden, el verdadero desarrollo sustentable de nuestra Nación, que no sólo es perfectamente posible pretenderlo, sino que sobradamente merecemos los mexicanos y las mexicanas.
La iniciativa de reforma constitucional que proponemos, además de reivindicar plenamente el respeto al voto y a la voluntad popular, aspira a que todo gobernante o representante popular electo por el voto ciudadano, cumpla a plenitud e íntegramente, con las funciones públicas que le fueron confiadas y con la agenda, programas o acciones de gobierno que estando en campaña y en busca del voto de los electores, se comprometió públicamente a impulsar.
Con esta iniciativa, se pretenden disminuir las tensiones políticas innecesarias y adelantadas, que distraen a los servidores públicos de la debida y plena concentración, en el desempeño de sus responsabilidades; ya que buena parte de su capacidad intelectiva y de trabajo, se dirige prematuramente a conquistar una nueva, distinta o más alta responsabilidad.
En síntesis, y en términos muy sencillos, esta iniciativa propone crear las condiciones adecuadas, para que primero se termine la tarea política, de gobierno o legislativa iniciada, y sólo después, en función de dicho cumplimiento se aspire, se pretenda y se busque con plena legitimidad, el apoyo tanto de los partidos políticos, como el de los ciudadanos, expresado en votos, para el desempeño de otra responsabilidad pública.
Por lo expuesto, con fundamento en las consideraciones de hecho, y en los preceptos legales invocados en el proemio, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se propone reformar la fracción V del artículo 55, los artículos 58, 62 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando estos preceptos con un párrafo, que garantice el pleno cumplimiento de la voluntad popular, que se expresa en la elección de gobernantes y representantes populares, a través del sufragio efectivo.
INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL CON PROYECTO DE DECRETO:
Artículo Primero: Se modifica la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un párrafo que ocuparía la posición de párrafo tercero, a fin de mantener la coherencia de la disposición constitucional y recorriendo el actual párrafo tercero a la cuarta posición, para quedar como sigue:
ARTICULO 55. PARA SER DIPUTADO SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES REQUISITOS.
I.
II.
III.
IV.
V. …
…
LAS Y LOS DIPUTADOS DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES, LOS ASAMBLEISTAS DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS JEFES DELEGACIONALES, LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN FUNCIONES, NO PODRÁN SER ELECTOS EN LOS DISTRITOS O CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORALES, CORRESPONDIENTES A SU ENTIDAD O JURISDICCION, NI EN NINGUNA OTRA DURANTE EL PERIODO DE SU ENCARGO, AÚN CUANDO SE SEPAREN DE SUS PUESTOS, CUANDO NO HAYAN CUBIERTO AL MENOS CON LAS DOS TERCERAS PARTES DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE DICHO PERIODO. SATISFECHA ESTA CONDICIÓN SOLO PODRÁN SER ELECTOS SI SE SEPARAN DEFINITIVAMENTE DE SUS CARGOS NOVENTA DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN.
LOS SECRETARIOS DE GOBIERNO DE LOS ESTADOS, LOS MAGISTRADOS Y JUECES FEDERALES O DEL ESTADO, NO PODRÁN SER ELECTOS EN LAS ENTIDADES DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, SI NO SE SEPARAN DEFINITIVAMENTE DE SUS CARGOS NOVENTA DIAS ANTES DE LA ELECCIÓN.
VI. ….
VII. …..
Artículo segundo: Se modifica el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un párrafo segundo, para quedar como sigue:
ARTICULO 58.- PARA SER SENADOR SE REQUIEREN LOS MISMOS REQUISITOS QUE PARA SER DIPUTADO, EXCEPTO EL DE LA EDAD, QUE SERA LA DE 25 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA ELECCION.
LAS Y LOS DIPUTADOS FEDERALES, LAS Y LOS DIPUTADOS DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES, LOS ASAMBLEISTAS DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS JEFES DELEGACIONALES LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN FUNCIONES, NO PODRÁN SER ELECTOS SENADORES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORIA RELATIVA, DE PRIMERA MINORIA, NI DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE SU ENCARGO, AÚN CUANDO SE SEPAREN DE SUS PUESTOS, CUANDO NO HAYAN CUBIERTO AL MENOS CON LAS DOS TERCERAS PARTES DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE DICHO PERIODO. SATISFECHA ESTA CONDICIÓN SOLO PODRÁN SER ELECTOS SI SE SEPARAN DEFINITIVAMENTE DE SUS CARGOS NOVENTA DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN.
Artículo tercero: Se modifica el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 62.- LOS CARGOS DE DIPUTADOS Y SENADORES PROPIETARIOS SÓLO SON RENUNCIABLES POR CAUSA GRAVE Y, CUANDO LO HICIEREN, NO PODRÁN DESEMPEÑAR NINGUNA OTRA COMISIÓN O EMPLEO DE LA FEDERACIÓN O DE LOS ESTADOS POR LOS CUALES SE DISFRUTE SUELDO. LA MISMA REGLA SE OBSERVARÁ CON LOS DIPUTADOS Y SENADORES SUPLENTES, CUANDO ESTUVIESEN EN EJERCICIO. LA INFRACCIÓN DE ESTA DISPOSICIÓN SERÁ CASTIGADA CON LA PERDIDA DEL CARÁCTER DE DIPUTADO O SENADOR. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN EN LOS TERMINOS DEL TITULO CUARTO Y SU LEY REGLAMENTARIA.
Artículo cuarto: se modifica el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un párrafo segundo, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 91.- PARA SER SECRETARIO DEL DESPACHO SE REQUIERE: SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, ESTAR EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y TENER 30 AÑOS CUMPLIDOS.
LOS GOBERNADORES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LAS Y LOS SENADORES DE LA REPÚBLICA, LAS Y LOS DIPUTADOS FEDERALES, LAS Y LOS DIPUTADOS DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES, LOS ASAMBLEISTAS DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS JEFES DELEGACIONALES; LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN FUNCIONES; NO PODRÁN SER DESIGNADOS SECRETARIOS DE DESPACHO, DURANTE EL PERIODO DE SUS RESPECTIVOS ENCARGOS, AÚN CUANDO SE SEPAREN DE SUS PUESTOS; CUANDO NO HAYAN CUBIERTO AL MENOS CON LAS DOS TERCERAS PARTES DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE DICHO PERIODO. SATISFECHA ESTA CONDICIÓN SOLO PODRÁN SER DESIGNADOS SI SE SEPARAN DEFINITIVAMENTE DE SUS CARGOS NOVENTA DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN.
TRANSITORIO
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro. Cámara de Diputados LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.
12 de Abril de 2005.
DIP. CARLOS HERNÁN SILVA VALDÉS
De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de la Dip. Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 312 del Código Penal Federal, se adiciona la fracción V al artículo 1501 y un Capítulo IX al Título Tercero del Código Civil Federal y se crea la Ley General de los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 1501 Y UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE CREA LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ENFERMAS EN ESTADO TERMINAL,
Los suscritos, Eliana García Laguna, Irma Figueroa Romero y Rafael García Tinajero Pérez Diputados Federales a la LIX Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 1501 Y UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE CREA LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ENFERMAS EN ESTADO TERMINAL al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No se debe ni querer demasiado a la vida
ni odiarla demasiado, sino buscar un término medio
y ponerla fin cuando la razón lo aconseje.
No se trata de huir de la vida, sino de saber dejarla.
Séneca
Todo ser humano tiene derechos fundamentales, entre ellos la vida y vivir dignamente, disfrutar cada instante no sólo de las acciones cotidianas como respirar, caminar, mirar, hablar, comer, sonreír; sino de las especiales que le dan sentido a nuestra existencia.
Cuando la calidad de vida empieza a disminuir a causa de enfermedades terminales o daños irreversibles a la salud, dolores insoportables, tratamientos médicos que en contra de la dignidad alargan la agonía del enfermo o enferma sólo existe la indiferencia de la sociedad.
Ante este escenario en el que el desarrollo pleno de la persona humana se ve interrumpido es preciso preguntarse ¿qué vale más?: el derecho a “vivir” recluido en una unidad de cuidados intensivos, conectado a máquinas como el respirador artificial, bajo condiciones de sufrimiento, dolores inenarrables y lenta agonía o el derecho a morir con la misma dignidad como se ha vivido.
Etimológicamente la palabra eutanasia deriva de las raíces griegas “eu”, (bien, bueno), y de “thánatos” (muerte), que podríamos traducir como “buena muerte”. Según el diccionario terminológico de Ciencias Médicas, se define como “muerte suave, indolora y sin agonía”, o “muerte provocada sin sufrimiento, por medio de agentes adecuados”.
La palabra eutanasia tiene diversas definiciones. En su uso coloquial, la eutanasia es entendida como “muerte sin sufrimiento físico” o “la que se provoca voluntariamente”. En su uso fáctico es “muerte sin dolor” o “muerte en estado de gracia”.
Para los grecorromanos significaba “morir bueno” o “muerte digna”. Tácito en sus Anales la concibe como “muerte sin dolor por miedo a afrontar conscientemente el sufrimiento y la propia destrucción”. Para Séneca . . . es preferible quitarse la vida, a una vida sin sentido y con sufrimiento. . . , y Epícteto predica la muerte como una afirmación de la libre voluntad.
Para la teoría utilitarista de los derechos, la eutanasia se concibe como una opción más práctica en el caso de que se presente una existencia marcada por el dolor y sin posibilidades de felicidad. Desde este punto de vista, es aceptable dados los dolores que se le quitan a quién los está sufriendo.
En Utopía (Tomás Moro, 1516) encontramos el concepto médico y moral de la eutanasia:
[...] Cuando a estos males incurables se añaden sufrimientos atroces, los magistrados y sacerdotes, se presentan al paciente para exhortarle, tratan de hacerle ver que está ya privado de los bienes y funciones vitales [...] y puesto que la vida es un puro tormento, no debe dudar en aceptar la muerte, no debe dudar en liberarse a sí mismo o permitir que otros le liberen, esto es, la muerte no le apartará de las dulzuras de vida sino del suplicio y se realiza una obra piadosa y santa [...] este tipo de muerte se considera como algo honorable. . .
En términos prácticos, David Hume la justifica argumentando que:
. . .una vez que se admite que la edad, la enfermedad o la desgracia pueden convertir la vida en una carga y hacer de ella algo peor que la aniquilación. Creo que ningún hombre ha renunciado a la vida si esta mereciera conservarse.
En síntesis, la eutanasia es un derecho de la persona humana a decidir la forma y el momento de su muerte y tiene como objetivo librarla de intensos sufrimientos, de una agonía larga y dolorosa resultado de una enfermedad grave e incurable, la cual debe ser diagnosticada suficientemente, de manera que su característica de irreversibilidad sea tal que se determine la muerte como algo inevitable.
El debate sobre la legalización de la eutanasia debe centrarse en torno a dos preceptos fundamentales de respeto a los derechos de la persona humana que van intrínsecamente relacionados: la dignidad y el derecho a decidir.
La persona humana tiene el derecho a que se le reconozca la posibilidad de disponer de su propia vida en situaciones especiales simplemente por respeto a su dignidad. Reconocer la posibilidad de definir qué hacer con su vida es respetar su propia humanidad, de su libertad y el de su vida propia.
Desde este punto de vista, legislar sobre la terminación voluntaria de la vida representa una lucha por el reconocimiento del derecho a la “muerte digna”, tal como mucho tiempo atrás lo expresó Séneca: Es preferible quitarse la vida, a una vida sin sentido y con sufrimiento.
La “muerte indigna” es aquella que prolonga sin misericordia la vida por medios artificiales, donde la vida se va agotando lentamente y sólo se atiende al cuerpo físico, al ser biológico, más no al ser humano.
Es deber de todo profesional de la salud de hacer todo lo posible por curar, rehabilitar y recuperar en la medida de lo posible la salud a las personas enfermas; no obstante, cuando esta posibilidad se cancela, es un deber proporcionarle los tratamientos que le permitan aminorar de forma máxima el sufrimiento físico y emocional que representa una enfermedad terminal y, por lo tanto, la cercanía a la muerte. El dolor en sus distintas manifestaciones debe ser reconocido, respetado y buscar la posibilidad de aminorarlo y eliminarlo.
Joel Feinberg señala que. . . es indigno forzar a otro a morir en contra de su voluntad, pero es una indignidad semejante forzarle a vivir contra su voluntad. . .
La terminación voluntaria de la vida no se equipara con el asesinato. En el primer caso, siempre existe una razón humana, mientras que en el asesinato, no. La terminación voluntaria de la vida sólo puede producirse en interés de la dignidad del destinatario y tiene como objetivo disminuir el sufrimiento de la persona enferma.
El argumento más fuerte que justifica la terminación voluntaria de la vida es el elaborado por John Stuart Mill en On Liberty, 1991,[2] quien sostiene que la elección de la muerte por una persona enferma en estado terminal no es una cuestión en donde el Estado deba intervenir, puesto que esta acción individual no daña a terceros. El Estado debe respetar la autonomía de la persona humana a decidir sobre su vida.
Cabe cuestionarse qué daño produce la terminación voluntaria de la vida a la sociedad, si se trata de una decisión que atiende a un interés individual y que lo único que busca es la muerte sin dolor en interés del la persona enferma en estado terminal y supone la reducción de la duración de la vida.
A nivel mundial el tema de la terminación voluntaria de la vida y el derecho a la vida han sido discutidos desde hace muchos años y en diferentes países.
En 1935 en Inglaterra ocurrió un gran movimiento a favor de la legalización de la eutanasia, mientras que a partir de la segunda mitad del siglo XX algunos países disminuyeron las condenas hacia su práctica.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, establece en su artículo tercero el derecho a la vida, pero también garantiza, en el artículo quinto, el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que ha sido utilizado como una ventana para la aceptación de la eutanasia pasiva.
En junio de 1996, en el territorio norte de Australia, entró en vigor la Ley de los Derechos de los Enfermos Terminales, que autorizaba al médico a dar muerte al paciente terminal; sin embargo, en 1997 fue derogada.
Tras un intenso debate público prolongado por más de 25 años, en abril de 2001 el Senado holandés aprobó el proyecto de ley que regula la eutanasia y que entró en vigor el 01 de abril de 2002. Con esto Holanda es el primer país del mundo en el que, bajo estrictas condiciones, permite tanto la eutanasia activa como la pasiva y el suicidio asistido y reconoce legalmente el testamento de vida.
La Ley de Terminación de la Vida a Petición Propia y del Auxilio al Suicidio estipula detalladamente cómo debe proceder un médico que practica la eutanasia. En primer lugar, debe informar a una comisión regional de control, dichas comisiones se crearán en toda Holanda y estarán integradas por tres personas: un jurista que hará de presidente, un médico y un experto en ética, quiénes serán nombrados por los Ministros para un periodo de seis años. La comisión decidirá si el médico que practicó la terminación voluntaria de la vida cumplió con las disposiciones de la ley.
Uno de los requisitos es que el médico debe convencerse de que el paciente en cuestión realmente desea que se le aplique la eutanasia y que es consciente de sus implicaciones. Además, el paciente debe padecer un “sufrimiento insoportable y sin esperanzas de mejora”. Asimismo se debe comprobar que no existen alternativas para poner fin al padecimiento del paciente. Por último, el facultativo está obligado a recurrir a la opinión de un colega.
Si la comisión determina que la eutanasia se ha practicado correctamente, basándose en la información recabada, no se emprenderá ninguna acción judicial.
Por ahora médicos holandeses del Centro Médico de la Universidad de Groninga proponen regular la eutanasia de lactantes gravemente enfermos.
En 2002, Bélgica se convirtió en el segundo país en el mundo en aprobar una Ley que despenaliza la eutanasia y permite el suicido asistido.
La legislación de Bélgica va más allá que la holandesa, pues los pacientes no terminales y personas que padecen un insoportable sufrimiento psíquico pueden pedir la eutanasia a su médico desde mayo de 2002.
La ley de eutanasia en Bélgica sólo pone dos condiciones para la terminación anticipada de la vida: el paciente debe estar afectado por una enfermedad incurable o padecer un sufrimiento físico o psíquico insoportable. Pero en los casos en los que no sufre de padecimiento incurable también es posible recurrir a la práctica si el médico se toma un mes de reflexión y pide el consejo de dos colegas.
Esta Ley sólo es aplicable a personas mayores de 18 años, capaces de hacer la petición por sí mismas. También establece la facultad de suscribir un testamento de vida que debe ser renovado cada 5 años y que entra en vigor cuando el paciente cae en estado de coma.
En 1998 entro en vigor en Oregon (EUA) un ordenamiento conocido como Acto de muerte con dignidad (Death with Dignity Act) que permite el suicidio asistido, Consiste en que el médico puede prescribir, más no administrar, drogas letales a los enfermos terminales para dar fin a su vida. Sin embargo prohíbe la eutanasia.
El pasado 13 de abril de 2005 el parlamento francés adoptó una Ley que, sin legalizar la eutanasia, permite dejar morir “laissez mourir” a los enfermos sin esperanza de curación o en fase terminal Otorga a los pacientes terminales el derecho a morir permitiéndoles poner fin al tratamiento médico, esto es, una forma de eutanasia pasiva. Pero no legaliza la eutanasia activa.
También permite a los doctores administrar analgésicos a los pacientes que han decidido terminar con el tratamiento terapéutico, incluso si tales drogas aceleran la muerte.
En países europeos como Alemania y Suiza es permitido el suicidio asistido y reconocen legalmente el testamento de vida. España permite el suicidio asistido. Mientras que el Reino Unido y Dinamarca reconocen legalmente el testamento de vida.
El testamento de vida también es reconocido en Australia (por cuatro estados) y Canadá (las provincias de la Columbia Británica: Manitoba, Nova Scotia, Ontario y Québec desde 1992).
El Código Penal de Uruguay (Junio de 1934) en su artículo 37 establece la figura de homicidio piadoso: “Los Jueces tienen la facultad de exonerare de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”.
En México el único recurso lícito con que cuentan las personas enfermas en estado terminal para acabar con su vida es la eutanasia pasiva, pues tienen la opción de decidir dejar los tratamientos y en algunos casos el alimento, para acelerar el proceso de su muerte.
Según datos de la Secretaría de Salud, la tercera parte de las muertes que se registran al año se debe a enfermedades terminales. Sin embargo, las instalaciones de salud pública no ofrecen servicios que propicien una calidad de vida necesaria para hacer llevadera la agonía de los enfermos terminales y sus familiares.
Por las razones antes expuestas ponemos a la consideración de esta soberanía una propuesta integral en la materia, misma que recoge la preocupación que en el tema ha manifestado en diversas ocasiones el Partido de la Revolución Democrática.
La presente iniciativa recoge el espíritu de la presentada por el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura, como Ley de los Derechos de los Enfermos Terminales, la cual fue el resultado del Foro Sobre los Derechos de los Enfermos Terminales e Incurables y Temas Afines, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 28 de octubre de 2002, contando con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales e instituciones médicas tales como: Instituto Nacional de Cancerología, Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Instituto Mexicano de Tanatología, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, entre otras. La cual proponemos en los siguientes términos:
De las reformas al Código Penal Federal
La eutanasia no tiene una regulación específica en nuestro sistema legal, sin embargo los supuestos de la eutanasia activa y pasiva son abordados en principio por el artículo 312 del Código Penal Federal. Dicho precepto establece dos hipótesis: a) la de prestar el auxilio a otro para que se suicide, y b) inducir a otro para que se suicide.
Como es de observase la eutanasia tiene cabida en ambas hipótesis, tradicionalmente el tema se asocia con el homicidio consentido, pero no hay inconveniente en pensar que alguien pueda auxiliar o inducir a otro al suicidio con móviles piadosos.
Pero en todo caso debemos de preguntarnos si los supuestos que se establecen en el artículo 312 del Código Penal Federal –que constituyen casos de eutanasia- merecen un tratamiento distinto y más benévolo de los que no lo son. El precepto establece una pena de uno a cinco años de prisión para el que auxilie o induzca a otro al suicidio y de cuatro a doce años de prisión para el que preste un auxilio tal al punto de ejecutar él mismo la muerte, la cuestión es ¿debe aplicarse la misma penalidad a quien actúa por móviles piadosos para favorecer una buena muerte del sujeto pasivo? ¿Se incluyen en los supuestos del artículo 312 las conductas de quienes actúan por piedad?
Algunos autores en otros momentos han propuesto incluir una atenuante que se refiera a quien actúe por sentimientos de piedad, o de no ser así, incluir en el capitulo de homicidio un precepto especial para los casos de homicidio piadoso.
Gran parte de la doctrina jurídica, así como médicos y filósofos han procurado propuestas más radicales que no sólo atenúen sino dejen impune las conductas de quienes actúen o maten por motivos piadosos con el consentimiento de la víctima.
Sin embargo, no existe inconveniente para reconocer en nuestro sistema jurídico el derecho a una vida digna, y, por ende a morir con dignidad.
De las reformas al Código Civil
Legalmente el testamento se define como un acto solemne, personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte.
El testamento contiene la expresa voluntad del testador y es solo él quien por medio de éste decide el destino de su patrimonio o derechos.
Actualmente el Código Civil Federal reconoce en su titulo tercero un capitulo para los denominados “testamentos especiales”. Estos testamentos, son: el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero.
Por tanto, los testamentos especiales son aquellos que se hacen tomando en cuenta determinadas circunstancias y sólo en atención a las mismas se permite recurrir a esa forma privilegiada, no siendo eficaz en los casos ordinarios, como es el caso de nuestra propuesta de incluir en este apartado la figura del testamento de vida para enfermos en estado terminal.
“Testamento de Vida” o “Voluntad Anticipada” (Living Will). Es un documento en el que el interesado plenamente consciente expresa su voluntad sobre las atenciones médicas que desea recibir en caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que le haya llevado a un estado que le impida expresarse por sí mismo.
El primer “Testamento de Vida” fue escrito en 1967 por el abogado Louis Kutner basándose en el Diario Jurídico de Indiana (Indiana Law Journal).
Muchas de las propuestas de Testamento de Vida han sido escritas y promovidas por organizaciones mundiales pro-eutanasia como son: Asociación Derecho a Morir Dignamente; Sociedad por el derecho a Morir; Americanos Contra el Sufrimiento Humano (Americans Against Human Suffering AAHS); Concern for Dying; la Sociedad Nacional Hemlock; Unión Americana de Libertades Civiles, entre otras.
Este documento es reconocido legalmente por países como: Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Reino Unido, España, Dinamarca, Australia, Canadá
En este tipo de documentos se hace necesario, respetar la libertad del paciente para en la toma de sus decisiones, para lo cual es indispensable una adecuada información y comunicación. Con base en la necesidad de respetar la voluntad de la persona enferma en estado terminal, ésta se deberá plasmar por escrito en lo que se denominará en el Código Civil, Testamento de Vida que pretende prever cualquier tipo de abuso por parte de los médicos y de los familiares. A la vez, evitar a los segundos la angustia de la decisión, puesto que no se trata de su vida y que nunca saben qué hubiera decidido, si éste hubiera tenido la posibilidad de hacerlo.
Esta figura testamentaria se referirá además a la posibilidad de decidir sobre los tratamientos tendientes a reanimar y/o prolongar su vida.
De la Ley General de los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal
El desempeño de la profesión médica constantemente se enfrenta con la vida, pero también con la muerte, pero también la comunidad científica y aquellos a los que cotidianamente se enfrentan con la muerte de nuestros semejantes, hasta el momento no han podido más que tratar de mitigar el dolor de los pacientes, que consideran y demandan la necesidad de crear una ley que dé seguridad física, jurídica y emocional a los enfermos terminales.
Por lo tanto, las razones que nos motivan a proponer una iniciativa destinada a la protección de los derechos de las personas enfermas en estado terminal, tiene que ver con el profundo dolor, falta de atención y hasta insensibilidad que existe hacia estos seres humanos.
A pesar de los avances en torno a la creación de derechos de los pacientes de manera general, como es el caso de la creación de la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, no obstante, para nuestro Grupo Parlamentario es necesario la creación de una ley destinada específicamente a proteger a las personas enfermas en estado terminal, debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran una vez que han contraído un padecimiento, y que por su estado avanzado se les caracteriza como terminales.
Es de nuestro particular interés que la vida de cualquier persona enferma en estado terminal sea digna, para ello debemos procurarle una mejor calidad de vida, desde un ámbito objetivo y subjetivo, entendiendo que el segundo hace referencia al concepto de calidad de vida que genera el propio paciente, la percepción que él tiene acerca de ella.
El hecho de diagnosticar el padecimiento de un enfermo, como enfermedad terminal tiene muchas implicaciones, y se debe de buscar siempre la certeza, la transparencia y la honestidad, ya que de la información que obtenga, depende la toma de decisiones, tanto para el personal médico, como para el enfermo y sus familiares.
Actualmente en éste rubro el Reglamento de la Ley General de Salud contempla el derecho a la información en sus artículos 29 y 30 los cuales señalan que todo profesional de la salud esta obligado a proporcionar al usuario y, en su caso, a sus familiares, tutor o representante legal, la información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamientos correspondientes. Señala además que el responsable del establecimiento medico estará obligado a proporcionar al usuario, familiar, tutor o representante legal, cuando lo soliciten, el resumen clínico sobre el diagnóstico, evolución, tratamiento y pronóstico del padecimiento que ameritó el internamiento.
Por otra parte la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico señala que el paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento; se exprese siempre en forma clara y comprensible; se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad.
Consideramos que es necesario establecer el derecho a la información para toda que le permita conocer sobre su condición general de salud, lo cual le permitirá la toma decisiones más certeras.
Por otra parte, consideramos que el acceso a la información debe ser limitado a familiares del paciente, y con ello evitar que intereses patrimoniales o económicos puedan intervenir en la salud del paciente, actuando en todo momento de acuerdo a la voluntad de la persona enferma en estado terminal, pues él tendrá la posibilidad de autorizar o negar que se extienda este derecho a sus familiares, tutor o representante legal, o designar a persona de su confianza.
Nuestra propuesta pretende asegurar a la persona enferma en estado terminal, que no se le causará sufrimiento innecesario y que si él ó ella así lo decide, se le ayudará a concluir su vida suavemente, una vez que lo haya plasmado en la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida y después de cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, la aprobación por parte de un Comité de Bioetica de cada institución.
Buscamos la creación de un marco normativo en el que se garanticen el conjunto de derechos que debe tener una persona enferma en estado terminal y establecer los elementos que le permitan una gama de opciones, para acercarse a la muerte con la preparación psicológica y emocional que se requiere.
Es necesario quitarle el papel místico a la muerte y trabajar sobre una cultura que acepte el proceso de la vida, el cual culmina con la muerte.
Por lo antes expuesto presentamos la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 1501 Y UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE CREA LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ENFERMAS EN ESTADO TERMINAL, para quedar como sigue:
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 312 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 312 ...
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la conducta no será punible en el caso de que haya sido por petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca del sujeto pasivo y sea aplicado por un médico como se señala en la Ley General de los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal, y se lo haya comunicado al Comité de Bioética.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción V al artículo 1501 y se adiciona un capítulo IX al Título Tercero del Código Civil Federal para quedar como sigue:
TITULO TERCERO
De la Forma de los Testamentos
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1501.- El especial puede ser:
I …
II …
III…
IV…; y
V. De vida.
TITULO TERCERO
CAPITULO IX
DEL TESTAMENTO DE VIDA
Artículo 1598 bis. Testamento de Vida es el documento jurídico revocable, unilateral, personalísimo; por medio del cual una persona física capaz, dispone sobre aquellos tratamientos tendientes a reanimar y/o prolongar su vida.
Es derecho de la persona enferma en estado terminal la expresión de su voluntad en cualquier momento, de forma verbal y escrita, respecto a los tratamientos tendientes a reanimar o prolongar su vida.
Es un derecho de la persona enferma en estado terminal la revocación total o anulación total del Testamento de Vida en cualquier momento, sin responsabilidad alguna de ningún tipo.
La persona enferma en estado terminal deberá tener conocimiento y acceso en todo momento al formato de Testamento de Vida.
El médico tratante o, en su caso, el profesional de la salud responsable de la atención de la persona enferma en estado terminal deberá informar sobre la existencia y uso del Testamento de Vida.
El médico tratante deberá actuar conforme a las disposiciones estipuladas en el Testamento de Vida por la persona enferma en estado terminal.
En caso de la no existencia ni la capacidad para la expresión de la persona enferma en estado terminal, se actuará conforme a quien designe la ley como representante jurídico. No existirá impedimento para que los familiares, el tutor o el representante legal decidan solicitar o no, aceptar o no, aquellos tratamientos tendientes a reanimar o prolongar la vida de la persona enferma en estado terminal.
Artículo 1598 Ter. La elaboración del Testamento de Vida se deberá realizar por la persona enferma en estado terminal, bajo las siguientes condiciones y requisitos:
I.- Estar, en pleno uso de sus facultades mentales, dictaminado por el médico tratante y/o por el especialista en salud mental designado para tal fin;
II.- Ser mayor de edad;
II.I.- Los menores de edad se sujetarán a la voluntad de quien ejerza la patria potestad;
III.- Estar previa y ampliamente informado sobre las alternativas terapéuticas;
IV.- Sin presión alguna; es decir: de forma libre, autónoma y voluntaria; y
V.- Cumplir las formalidades para la validez del Testamento de Vida.
Artículo 1598 Quarter. El Testamento de Vida deberá firmarse ante notario público o, en ausencia del mismo, firmado por cuatro testigos, sin ningún vínculo de parentesco o relación patrimonial y dos más que deben ser los familiares, tutores o representantes legales. En ausencia o negativa a firmar por parte de los mencionados anteriormente, deberá ser firmado por cuatro integrantes del personal médico de la institución de salud que preste el servicio.
ARTÍCULO TERCERO. Se expide la Ley General de los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal para quedar como sigue:
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ENFERMAS EN ESTADO TERMINAL
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Primero
Del Objeto y del Ámbito de Competencia
Artículo 1.- La presente ley es de aplicación general en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social, regula los derechos de las personas enfermas en estado terminal y las obligaciones para con ellos de quienes constituyen el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo al artículo 5º de la Ley General de Salud.
Capítulo Segundo
De las Definiciones
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I.- Enfermedad terminal: A todo padecimiento reconocido, progresivo, irreversible e incurable que se encuentra en estado avanzado y existe certeza de muerte cercana a seis meses;
II.- Persona enferma en estado terminal: Aquella persona con diagnóstico de alguna enfermedad reconocida, progresiva, irreversible e incurable, cuyo tratamiento sea solamente un paliativo; y se espera, como consecuencia de la enfermedad, la muerte, en un lapso de tiempo cercano a seis meses;
III.- Derecho a la información: La seguridad de acceder oportunamente a la información total sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad que se padezca, lo cual está establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Así como el conocimiento de los derechos y beneficios que esta ley les otorga;
IV.- Condición general de salud: El estado clínico del paciente, sustentado por los profesionales de la salud;
V.- Tratamiento paliativo: Todas aquellas medidas orientadas a reducir los sufrimientos físico y emocional producto de una enfermedad terminal sin afectar el curso natural de la misma que se llevan a cabo por profesionales de la salud y cuyo fin es el de mantener y si es posible incrementar el potencial de bienestar de cada paciente en forma individual, familiar y social intentando mejorar su calidad de vida.
a) Tratamiento médico asistencial: Aquel orientado a reducir los signos y síntomas físicos producto de la propia enfermedad y/o tratamiento de ésta; con el reconocimiento del derecho a acceder a analgésicos opiodes, en particular a la morfina, considerándose a ésta como el tratamiento de elección en la mayor parte de los casos de enfermedades terminales o no que producen dolor moderado a severo conforme se establece en la rama de la clínica del dolor. El acceso a la misma deberá ser facilitado por las instituciones correspondientes cuando el médico tratante así lo indique en dosis adecuadas y por el término de tiempo apropiado y necesario y ningún hospital ni institución de salud podrá restringir o prohibir el uso de estas sustancias cuando sean prescritas por un médico especialista en clínica del dolor para una persona diagnosticada con dolor.
Analgésicos opioides: Estupefacientes, los referidos en el Capítulo V, artículos 234 al 244, de la Ley General de Salud, y todos los demás relacionados con este tema.
b) Tratamiento psicosocial: Aquel orientado a reducir el sufrimiento emocional y mejorar las condiciones individuales, familiares y sociales de quienes son afectados por la enfermedad.
VI.- Profesional de la salud: Todo aquel profesionista capacitado para brindar servicio asistencial en el ámbito de la salud, previo reconocimiento por instituciones acreditadas por las autoridades educativas, como son: escuelas, institutos y universidades de nivel técnico y superior, que le autoricen el ejercicio de dichas labores;
VII.- Calidad de vida: Es un estado objetivo y subjetivo de bienestar físico, psicológico y social. Cada paciente tiene el derecho de expresar las variables que definan su propio concepto de calidad de vida. Este derecho podrá ser ejercido por el representante legal en caso de que la persona enferma en estado terminal se encuentre incapacitada para manifestarlo;
VIII.- Enfoque tanatológico: Comprensión de las pérdidas biopsicosociales que conlleva el padecer una enfermedad terminal, tanto para la propia persona enferma en estado terminal como para los familiares, y los procesos que a partir de ésta se desencadenan, tal es el caso del duelo, entre otros. Ofreciendo alternativas para una mejor comprensión, aceptación y/o capacidad de enfrentar la muerte.
IX.- Duelo: Proceso gradual de adaptación psicológica a las pérdidas reales o potenciales; dicho proceso implica la presencia, en un primer momento, de un estado de crisis y/o impacto emocional severo en la persona que lo vive.
Dicho enfoque lo adquiere el profesional de la salud previa formación en el campo, en institución reconocida y/o mediante la experiencia clínica y profesional;
X.- Terminación Voluntaria de la Vida: Cuando la persona enferma en estado terminal, haciendo uso de sus facultades, decide de forma libre y autónoma terminar con su vida. Este concepto se subdivide de la siguiente manera:
a) Asistencia para la Terminación Voluntaria de la Vida: Cuando a solicitud de la persona enferma en estado terminal, el médico autorizado suministra los fármacos en dosis adecuadas, para que la persona en estado terminal, sin sufrimiento, se dé muerte a sí mismo, previamente plasmado en su Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida, la cual deberá ser aprobada por el Comité de Etica Médica;
b) Terminación Voluntaria de la Vida de forma activa: Cuando el médico autorizado, directa o indirectamente (a través del personal de salud), provoca la muerte de la persona enferma en estado terminal sin sufrimiento, suministrando fármacos en dosis adecuadas. Después de que la persona enferma en estado terminal lo solicita y lo plasma en su Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida, la cual deberá ser aprobada por el Comité de Etica Médica; y
c) Terminación Voluntaria de la Vida de forma pasiva: Cuando, a solicitud de la persona enferma en estado terminal, el médico autorizado interrumpe o no inicia el tratamiento o cualquier otro medio que contribuya a la prolongación de su vida.
XI.- Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida: Documento jurídico revocable, unilateral y personalísimo por medio del cual una persona enferma en estado terminal solicita de forma libre, voluntaria y autónoma se le otorguen los medios necesarios para la interrupción de su vida;
XII.- Instituciones de salud: Establecimientos, sean públicos o privados, que brinden servicios de atención médico-asistencial y psicosocial ambulatoria o de internamiento o de visita domiciliaria, y
XIII.- Comités de Bioética: Comité integrado en cada institución de salud, sea pública o privada, y cuya función es la de ser los órganos encargados de dictaminar en torno de las Solicitudes de Terminación Voluntaria de la Vida recibidas.
Título Segundo
De los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal
Capítulo Unico
Artículo 3.- Las personas enfermas en estado terminal tendrán derecho a:
I.- La información;
II.- Recibir tratamientos paliativos;
III.- El Testamento de Vida, y
IV.- La Terminación Voluntaria de la Vida.
Título Tercero
De los Derechos y Obligaciones
Capítulo
Sobre el Derecho a la Información
Artículo 4.- Toda persona enferma en estado terminal tiene derecho a que se le brinde la información verídica y oportuna sobre su enfermedad, evolución, tratamiento y alternativas terapéuticas de la misma, así como sobre su condición general de salud y pronóstico.
Artículo 5.- Toda persona enferma en estado terminal tiene derecho a que se le informe amplia y detalladamente sobre los derechos y beneficios que le otorga la presente ley;
Artículo 6.- La persona enferma en estado terminal podrá solicitar en cualquier momento un informe detallado escrito y oral de fácil acceso a su entendimiento sobre su enfermedad, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como de su condición general de salud, así como de los derechos que tiene como persona enferma en estado terminal estipulados en esta ley.
Artículo 7.- La persona enferma en estado terminal, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, podrá extender este derecho a sus familiares o designar a persona de su confianza.
Artículo 8.- La persona enferma en estado terminal, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, podrá negar que sus familiares tengan acceso a la información mencionada en el artículo anterior.
Artículo 9.- Independientemente de la decisión que tome la persona enferma en estado terminal, respecto del artículo anterior, el médico tratante o, en su caso, el profesional de salud responsable que la atienda están obligados a respetar la confidencialidad sobre su padecimiento o las decisiones que tome respecto a él, excepto en los casos que señale la ley.
Artículo 10.- Cuando la persona enferma en estado terminal sea menor de edad, la información se proporcionará a los familiares, al tutor o al representante legal.
Artículo 11.- El médico tratante o, en su caso, el profesional de salud responsable de atender a la persona enferma en estado terminal, tendrán la obligación de informarle abierta, clara, respetuosa, específica y oportunamente del diagnóstico, tratamiento, pronóstico y la condición general de salud en que se encuentra, así como a lo que tiene derecho según lo dispuesto por la presente ley.
Asimismo, el médico tratante o, en su caso el profesional de la salud respetará el hecho de que la persona enferma en estado terminal no desee tener conocimiento sobre dicha información.
Capítulo II
Del Tratamiento Paliativo
Artículo 12.- La persona enferma en estado terminal y su familia tienen derecho a que se les brinden, según sus requerimientos, los tratamientos paliativos por parte del profesional de la salud, en el orden médico-asistencial y psicosocial que corresponda, bajo un enfoque tanatológico.
Artículo 13.- Es un derecho de la persona enferma en estado terminal el tratamiento paliativo médico-asistencial, orientado al control de los signos y síntomas físicos producto de la propia enfermedad o tratamiento de ésta y mejorar su calidad de vida.
Artículo 14.- Es un derecho de la persona enferma en estado terminal, dentro del tratamiento paliativo médico-asistencial, el acceso a analgésicos opioides, en particular la morfina o medicamentos afines.
Artículo 15.- Es un derecho de la persona enferma en estado terminal y de su familia el tratamiento paliativo psicosocial orientado a reducir el sufrimiento emocional y mejorar su calidad de vida.
Artículo 16.- Los profesionales de la salud tendrán la obligación de proporcionar los tratamientos paliativos a la persona enferma en estado terminal y a su familia, bajo un enfoque tanatológico.
Capítulo III
De la Terminación Voluntaria de la Vida y
de la Solicitud de la Terminación Voluntaria de la Vida
Sección Primera
Terminación Voluntaria de la Vida
Artículo 17.- Toda persona enferma en estado terminal tendrá el derecho de solicitar la Terminación Voluntaria de la Vida.
Artículo 18.- Los profesionales de la salud deberán respetar la decisión de la persona enferma en estado terminal en función de la Terminación Voluntaria de la Vida.
Artículo 19.- El médico autorizado por la institución para la Terminación Voluntaria de la Vida deberá ejecutar dicho acto de forma directa o indirecta a través del personal de salud autorizado, una vez que cuente con la resolución favorable del Comité de Bioética en el sitio que la persona enferma en estado terminal designe y la institución médica pueda facilitar.
Artículo 20.- La aplicación de la Terminación Voluntaria de la Vida puede ser suspendida, incluso momentos antes de su ejecución, a solicitud de la persona enferma en estado terminal o por un tercero que haya detectado vicios en el procedimiento legal.
En estas circunstancias se levantará acta médica, suscrita por la persona enferma en estado terminal o el personal involucrado, donde se manifieste el motivo de la suspensión.
La persona enferma en estado terminal que se encuentre en la condición de ser atendida fuera de las instituciones de salud y hagan esta solicitud serán referidos a la institución que designe la Secretaría de Salud para tal efecto, apegándose a los lineamientos que esta ley establece.
Artículo 21.- Todas las circunstancias relacionadas con la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida de la persona enferma en estado terminal deberán ser anotadas en el expediente clínico institucional.
Sección Segunda
La Solicitud de la Terminación Voluntaria de la Vida
Artículo 22.- Es derecho de toda persona enferma en estado terminal la expresión de su voluntad en cualquier momento, de forma verbal y escrita, respecto a la Solicitud de la Terminación Voluntaria de la Vida.
Artículo 23.- Es un derecho de la persona enferma en estado terminal la revocación total o anulación total de la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida en cualquier momento, sin responsabilidad alguna de ningún tipo.
Artículo 24.- La persona enferma en estado terminal deberá tener conocimiento y acceso en todo momento al formato de Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida.
Artículo 25.- El médico tratante o, en su caso, el profesional de la salud responsable de la atención de una persona enferma en estado terminal deberá informar sobre la existencia y requisitos referentes a la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida.
Artículo 26.- Cubiertos los requisitos legales, y previa autorización del Comité de Bioética de la institución tratante, el médico autorizado, o el personal designado para tal fin por la institución, deberá actuar conforme a las disposiciones estipuladas en la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida de la persona enferma en estado terminal.
Título Cuarto
De los Requisitos
Capítulo I
De los Requisitos para el Derecho a la Información
Artículo 27.- El derecho a la información se ejercerá a solicitud de:
a) La persona enferma en estado terminal;
b) Los familiares, tutor o representante legal, en su caso; o
c) La persona de confianza a quien haya designado la persona enferma en estado terminal.
Capítulo II
De los Requisitos para el Derecho a los Tratamientos Paliativos
Artículo 28.- Tendrán derecho a los tratamientos paliativos:
a) La persona enferma en estado terminal; o
b) Los familiares de la persona enferma en estado terminal.
Capítulo III
De los Requisitos para la Elaboración
de la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida
Artículo 29.- La elaboración de la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida se deberá realizar por la persona enferma en estado terminal, bajo las siguientes condiciones y requisitos:
I.- Estar en pleno goce de sus facultades mentales, dictaminado por el médico tratante y/o por el especialista en salud mental designado para tal fin;
II.- Ser mayor de edad; y
II.- Los menores de edad se sujetarán a la voluntad de quien ejerza la patria potestad;
III.- Estar previa y ampliamente informado sobre las alternativas terapéuticas;
IV.- Haber recibido tratamiento paliativo adecuado, especialmente aquellos encaminados al alivio del dolor y otros síntomas que ocasionen un gran sufrimiento físico, incluso por personal capacitado en clínica del dolor y cuidados paliativos a pesar de todo lo cual la persona enferma en estado terminal no obtenga alivio suficiente;
V.- Sin presión alguna; es decir, de forma libre, autónoma y voluntaria;
VI.- Cumplir todas las formalidades para la validez de la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida; y
VII.- Se deberá entregar una copia de la solicitud al Comité de Bioética de la institución de salud que preste el servicio, para su análisis y dictamen.
Capítulo IV
De los Requisitos para el Cumplimiento
del Derecho de la Terminación Voluntaria de la Vida
Artículo 30.- La persona enferma en estado terminal deberá:
I.- Establecer su voluntad previamente en la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida, cumpliendo todas las formalidades necesarias y estableciendo las condiciones en que la persona enferma en estado terminal desea que la Terminación Voluntaria de la Vida se lleve a cabo;
II.- Contar con la resolución favorable del Comité de Bioética de la institución de salud que presta el servicio, una vez transcurrido el proceso de dictaminación, incluyendo el sitio, fecha, hora y medios necesarios y personal autorizado para la Terminación Voluntaria de la Vida.
III.- Deberá someterse a la persona enferma en estado terminal solicitante a una intervención psicológica, cuyo fin sea el esclarecimiento del impacto, ventajas y desventajas del ejercicio de este derecho, con el fin de que la persona enferma en estado terminal ratifique su decisión. Dicha intervención deberá ser realizada por un especialista en salud mental, con experiencia en personas enfermas en estado terminal, previo conocimiento del caso clínico, bajo una actitud neutra, libre de prejuicios y sin orientación de carácter religioso alguno;
IV.- Ratificar verbalmente su decisión, en presencia de dos testigos designados por la institución;
V.- El médico designado por la institución definirá el método farmacológico, la dosis y la vía de administración adecuada para la realización sin sufrimiento de la Terminación Voluntaria de la Vida; y
VI.- Podrá la persona enferma en estado terminal elegir en presencia de quién se realiza este acto.
Título Quinto
De las Formalidades
Capítulo Primero
De las Formalidades para la Validez de
la Solicitud de la Terminación Voluntaria de la Vida
Artículo 31.- La solicitud de la Terminación Voluntaria de la Vida deberá ser planteada por la persona enferma en estado terminal ante Notario Público o, en ausencia del mismo, firmada por cuatro testigos, dos sin ningún vínculo de parentesco o relación patrimonial y dos más que deben ser los familiares, tutores o representantes legales. En ausencia o negativa a firmar por parte de los mencionados anteriormente, deberá ser firmada por cuatro integrantes del personal médico de la institución de salud que preste el servicio.
Capítulo Segundo
De las Formalidades para la Aplicación de
la Terminación Voluntaria de la Vida
Artículo 32.- El plazo para la aplicación de la Terminación Voluntaria de la Vida no deberá ser menor de siete días ni mayor a diez, después de contar con la aprobación del Comité de Bioética.
Título Sexto
Sobre el Diagnóstico
Capítulo Primero
Del Diagnóstico de la Enfermedad Terminal
Artículo 33.- El diagnóstico:
I.- Deberá ser suscrito por al menos dos médicos con especialidad en el padecimiento de la persona enferma en estado terminal. Uno será el médico tratante y uno más designado por la institución que preste el servicio;
II.- Los diagnósticos serán anexados al expediente clínico;
III.- Deberá informarse clara y respetuosamente a la persona enferma en estado terminal sobre la confirmación del diagnóstico de la enfermedad terminal, las opciones de tratamiento paliativo y el pronóstico de dicha enfermedad, y
IV.- Se entregará un resumen del expediente clínico a la persona enferma en estado terminal, a sus familiares, o a quien haya designado el enfermo.
Capítulo Segundo
Del Diagnóstico para la Solicitud de la Terminación Voluntaria de la Vida
Artículo 34.- El diagnóstico para la Solicitud de la Terminación Voluntaria de la Vida:
I.- Deberá ser suscrito por una comisión de médicos especialistas en la enfermedad que padezca la persona enferma en estado terminal. Uno será el médico tratante especialista en la enfermedad causante del estado de enfermedad terminal. Y otro deberá ser designado por la institución en la que se encuentre el paciente. Uno más será designado por la Secretaría de Salud; sólo para los fines de Terminación Voluntaria de la Vida establecidos en la presente ley.
La comisión de médicos especialistas debe llegar por mayoría simple a las siguientes conclusiones:
a) que es un padecimiento reconocido, progresivo, irreversible e incurable, que se encuentra en estado avanzado, y que existe certeza de muerte cercana a seis meses;
b) que el estado de la persona enferma en estado terminal es insoportable y sin esperanzas de mejoría;
c) que no existe ninguna otra solución para la situación en la que se encuentra la persona enferma en estado terminal;
d) que ha recibido tratamiento paliativo adecuado y oportuno de forma continua por especialistas en clínica del dolor y cuidados paliativos;
e) que no existe ningún tratamiento paliativo que disminuya el sufrimiento de la persona enferma en estado terminal;
f) que la persona enferma en estado terminal solicitante ha tomado voluntaria, libre y de forma autónoma la decisión de acelerar su muerte, y
II.- Los diagnósticos, acuerdos, conclusiones y comentarios de dicha comisión serán registrados en el expediente clínico y se enviará una carta al Comité de Bioética encargado de la resolución de la solicitud de la Terminación Voluntaria de la Vida.
III.- Se entregará una copia de los diagnósticos, acuerdos, conclusiones y comentarios a la persona enferma en estado terminal y/o a sus familiares o al representante jurídico, o a quien haya designado la persona enferma en estado terminal.
Título Séptimo
De las Instituciones
Capítulo I
De los Comités de Bioética
Artículo 35.- El Comité de Bioética es un órgano médico interno de cada institución de salud pública o privada, el cual esta conformado por profesionales de la salud y especialistas en bioética de las ramas numéricas de otras disciplinas, para que la resolución a la petición de la persona enferma en estado terminal, sea interdisciplinaria e integral.
Artículo 36.- El Comité de Bioética estará conformado de acuerdo a los siguientes lineamientos:
I.- Los profesionales que integren el Comité deberán ser titulados y con cédula profesional, mayores de 35 años, en pleno uso de sus garantías constitucionales, sin procedimiento penal administrativo instruido en su contra, y sin parentesco con la persona enferma en estado terminal solicitante de la Terminación Voluntaria de la Vida;
II.- El Comité se integrará por número impar y sus resoluciones se tomarán por mayoría simple, y
III.- El Comité será integrado por siete miembros, de los cuales cuatro serán médicos en los términos siguientes: el primero será el médico tratante, un especialista en clínica del dolor y cuidados paliativos, un especialista en salud mental, un observador externo designado por la Secretaría de Salud, dos profesionales del derecho, la filosofía o la sociología especialistas en bioética y un representante de la persona enferma en estado terminal.
Artículo 37.- Son facultades del Comité de Bioética:
a) Evitar que el proceso de solicitud, requisitos, formalidades y aplicación de la Solicitud de la Terminación Voluntaria de la Vida, se encuentre plagada de vicios y a la vez, evitar que se incurra en un delito sancionado por cualquier normatividad en la materia;
b) El Comité de Bioética resguardará la copia de la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida y tendrá la facultad de dictaminar, mediante el estudio y análisis del expediente clínico, y las conclusiones generadas por la Comisión Certificadora, la aceptación o negación de la aplicación de la Terminación Voluntaria de la Vida, a la persona enferma en estado terminal que la haya solicitado;
c) Cuando lo considere necesario, podrá solicitar estudios complementarios, o la intervención de algún otro especialista o asesor relacionado con la enfermedad de la persona enferma en estado terminal solicitante, y
d) Mediante acta médica emitirá su resolución.
e) El Comité podrá declararse incompetente para emitir resolución a través de razonar con base en criterios estrictamente médicos y científicos y sin prejuicios de carácter religioso o cualquier otro que no incurra en circunstancias discriminatorias.
Artículo 38.- Una vez recibida la copia de la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida, el Comité deberá realizar una revisión minuciosa del expediente clínico, y deberá emitir una resolución en torno a la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores de haber recibido dicha solicitud.
En caso de que surjan dudas clínicas sobre el caso, para su análisis y estudio, se podrá prorrogar hasta por otros cinco días hábiles.
Artículo 39.- son obligaciones del Comité de Bioética:
a) Actuar siempre en beneficio de la calidad de vida de la persona enferma en estado terminal y de sus familiares;
b) Si durante el análisis del caso, existen indicios o evidencias de manipulación o inducción para que una persona enferma en estado terminal haya solicitado la Terminación Voluntaria de la Vida, o alteraciones de cualquier otro documento anexo al expediente clínico, así como diagnósticos clínicos tendenciosos; el Comité deberá inmediatamente suspender el estudio y dar vista a la Secretaría de Salud y a la autoridad judicial correspondiente;
c), Informará por medio de acta médica inmediatamente a la Secretaría de Salud, a la persona enferma en estado terminal solicitante y al hospital, en el caso de los pacientes hospitalizados; o al médico tratante, en caso de pacientes ambulatorios; o los familiares, al tutor o representante legal, o en su caso a quien haya designado la persona enferma en estado terminal, sobre la resolución del Comité;
d) Si la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida no se aprobó, se hará un seguimiento del caso; y la persona enferma en estado terminal podrá solicitar la revisión del dictamen, así como la intervención de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico;
e) Cuando la Solicitud de Terminación Voluntaria de la Vida se apruebe, se deberá precisar el método que se aplicará a la persona enferma en estado terminal, así como el personal de salud que deberá realizarla. Además de ratificar las condiciones establecidas por la persona enferma en estado terminal, su oportunidad y adecuación;
f) No importando cuál fuere la resolución, todos los miembros del Comité deberán guardar estricta confidencialidad sobre el caso, protegiendo así la integridad de la persona enferma en estado terminal solicitante y de sus familiares, así como la del personal médico involucrado, y
g) Todas las actuaciones del Comité se realizarán mediante actas médicas, las cuales se anexarán al expediente clínico. El Comité deberá conservar una copia del expediente.
Capítulo II
De la Capacitación
Artículo 40.- Es deber de las instituciones encargadas de la salud, sean públicas o privadas, capacitar a su personal médico en cuanto a los derechos que otorga esta ley a las personas enfermas en estado terminal.
Título Octavo
De la Secretaría de Salud
Capítulo Único
De sus Atribuciones
Artículo 41.- Es atribución de la Secretaría de Salud crear la norma correspondiente al uso y control de las sustancias destinadas para la Terminación Voluntaria de la Vida.
Artículo 42.- Es atribución de la Secretaría de Salud crear la norma correspondiente a la aplicación de los tratamientos paliativos incluido el tratamiento del dolor y la garantía de disponer de fármacos adecuados para su alivio.
Artículo 43.- La Secretaría de Salud debe instrumentar programas de capacitación sobre los derechos y obligaciones que se generan en torno a esta ley.
Artículo 44.- La Secretaría de Salud conformará un Comité Nacional de Bioética Médica, encargado de la coordinación de los Comités de Bioética mencionados en el Título Octavo de esta ley.
Título Noveno
De las Sanciones
Capítulo Único
Artículo 45.- Se estará a las disposiciones del Código Penal Federal cuando la aplicación de la Terminación Voluntaria de la Vida no se haya cumplido con lo estipulado en la presente ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 18 de mayo de 2005.
DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA
DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO
DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ
Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud.
*INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 184 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PRESENTADA POR EL DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, EN VOZ DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA.
El suscrito, Diputado Jesús Martínez Álvarez, a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La salud pública es un asunto que debe ser tratado de manera incluyente y en el cual se deben tomar en cuenta las posturas de los tres Poderes de la Unión, puesto que, el asunto no se limita únicamente a la elaboración de programas contra las adicciones, sino que, implica toda una cadena de temas importantes para nuestra Nación, como lo es la corrupción y el narcotráfico en cualquiera de sus facetas.
Lo anterior implica que la elaboración de programas a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, pueden y deben ser enriquecidos por otros integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial, mediante la invitación que a ellos se realice para acudir a las sesiones del propio Consejo.
Es el Poder Legislativo el órgano que se encarga de aprobar las leyes en nuestro país y por tanto, cuenta con una estructura de estudio en las Comisiones respectivas, para temas trascendentales en nuestro país, como lo es el de la salud pública.
En la competencia del Poder Judicial está la resolución de controversias a cargo de los entes públicos y privados, así como de la ciudadanía; y es precisamente el tema de las adicciones el que se lleva en ocasiones a los tribunales, a través de los procesos penales primordialmente.
No se trata de establecer un método para invadir esferas de competencia en perjuicio del Poder Ejecutivo, sino de hacer un frente eficaz contra el problema de las adicciones en nuestro país, con el enriquecimiento de las opiniones y aportaciones de los tres poderes, mediante un sistema interdisciplinario de participación, sin menoscabar la facultad que se le atribuye al Ejecutivo para dictar las disposiciones que regulen el funcionamiento del propio Consejo.
A juicio del Grupo Parlamentario de Convergencia, es pertinente dar participación a los tres Poderes de la Unión en un asunto que, conducido por el Ejecutivo Federal, resulta de fundamental importancia para México, ya que, nos encontramos dentro de niveles alarmantes de consumo y adicción a las drogas.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 184 bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 184 BIS.
Se crea el Consejo Nacional Contra las Adiciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones que regula el presente Título, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los Artículos 185, 188 y 191 de esta Ley.
Dicho Consejo estará integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud.
El Secretario de Salud deberá invitar, según sea el caso, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas para asistir a las sesiones del Consejo, así como a integrantes de los tres Poderes de la Unión.
La organización y funcionamiento del Consejo se regirán por las disposiciones que expida el Ejecutivo Federal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo del 2005.
DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ.
Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 46 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2005.
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 46 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, Y PRESENTADA POR EL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto que reforma el artículo 46 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2005, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que el Presupuesto de Egresos de la Federación es el principal instrumento de política económica del Gobierno Federal, a través del cual se distribuye el gasto público federal para garantizar la prestación de los servicios generales del Estado; mejorar los niveles de vida de la población; generar las condiciones necesarias que garanticen el desarrollo económico del país; avanzar en el mejoramiento de nuestro sistema de administración de justicia; dar cumplimiento a las obligaciones contractuales gubernamentales; incrementar la infraestructura nacional, y asegurar el desarrollo económico y social equitativo de los estados y municipios, entre otros.
Tratándose de infraestructura Carretera, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación para el año 2005, sometido a la consideración de la H. Cámara de Diputados en septiembre pasado, contenía una propuesta de gasto equivalente a 11,368.5 millones de pesos. De ése total, correspondían a: Construcción y Modernización, 5,725.9 mp; Conservación, 3,050.0 mp; Programa de Empleo Temporal (PET), 1,180.0 mp; Caminos Rurales, 971.8 mp; Derecho de Vía, 370 mp y, Estudios y Proyectos, 70.8 mp.
La referida propuesta fue ampliada por la H. Cámara de Diputados en 16,043.0 mp, alcanzando un total de 27,411.5 mp, importe prácticamente superior en dos veces a lo ejercido en el año 2004.
El ejercicio del presupuesto no sólo está sujeto a la disponibilidad del mismo, sino también al cumplimiento de diversa normatividad y la propia capacidad de ejecución.
En términos de la normatividad aplicable, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2005, a los artículos 72 y 73 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente y a diversos lineamientos en la materia emitidos por la Unidad de Inversiones, para poder realizar proyectos / programas de inversión, las dependencias y entidades del Gobierno federal requieren previamente contar con el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, que para éste propósito, se requiere obligatoriamente presentar un análisis de costo-beneficio por proyecto / programa, y en su caso, las evaluaciones de factibilidad legal, ambiental y técnica, etc...
El tipo de análisis de costo-beneficio varía conforme al monto de inversión y a la naturaleza de cada proyecto:
1. Análisis costo-beneficio;
2. Análisis costo-beneficio simplificado;
3. Justificación económica
El primer caso aplica para los proyectos mayores a 100 millones de pesos y se hace acompañar de una evaluación de factibilidad técnica, legal y ambiental, el segundo, de costo-beneficio simplificado corresponde para los proyectos de entre 10 y 100 millones de pesos, en tanto que para los proyectos inferiores a 10 millones de pesos, sólo se presenta una justificación económica.
Entre mayor es el monto, de igual forma la complejidad del análisis y los requisitos, tal es el caso, para la ejecución de obras públicas, consistentes en:
• Registro en cartera de proyectos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
(Artículos 72 y 73 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal).
• Proyecto ejecutivo completo.
(Previo a la publicación de la convocatoria del concurso para la realización de los trabajos, artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).
• Propiedad de los derechos de vía.
(Necesarios para la ejecución de las obras, artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlación con el artículo 2, fracción III de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal).
• Evaluación del impacto ambiental de la obra.
(En los términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y al artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).
• Autorización de inversión emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
( De acuerdo al artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).
• Dictamen favorable de un experto independiente para el proyecto ejecutivo y el análisis de factibilidad de la obra.
(Artículo 46 del Presupuesto de Egresos de la Federación, vigente para el ejercicio fiscal 2005).
Sirva mencionar que la Ley de Obras Públicas señala en su artículo 19 que, “Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. En las bases de licitación se precisarán, en su caso, aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista”. Con lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no estará en posibilidades de publicar las bases / convocatoria de licitación, de no contar con los permisos y liberaciones correspondientes.
Considerando la importancia que para nuestro país deben representar los caminos rurales, como infraestructura elemental para la comunicación y desarrollo regional, es por lo que debe brindarse una especial atención a los proyectos en proceso y por iniciar, traduciéndose en fuentes de empleo, derrama económica e impulso para su crecimiento, por lo que es imprescindible superar los obstáculos existentes en materia de normatividad, la que en ocasiones impide la aplicación oportuna del gasto programado incluso, provocando el subejercicio del mismo.
A fin de lograr éste propósito, la necesidad de reformar el artículo 46 en su fracción II, que a la letra dice “Los nuevos programas y proyectos de inversión presupuestaria en infraestructura de hidrocarburos, eléctrica y de transportes, incluyendo carreteras, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos y, en el caso de infraestructura hidráulica, mayor a 50 millones de pesos, y
III. Las adiciones que............
Es por ello que, como resultado de la problemática existente en las zonas rurales, me permito presentar la siguiente:
INICIATIVA DE REFORMA
Único. Se reforma el artículo 46, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2005.
Artículo 46.-.......
I.- .......
II.- Los nuevos programas y proyectos de inversión presupuestaria en infraestructura de hidrocarburos, eléctrica y de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos y, en el caso de infraestructura hidráulica, mayor a 50 millones de pesos y,
III.- Las adiciones que representen un.....................
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo del 2005.
DIP. JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL
De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7, fracción XXV de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, CON EL OBJETO DE QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES TENGA ENTRE SUS ATRIBUCIONES PROMOVER QUE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO SEA CONSIDERADA E INTEGRADA EN TODOS LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS POLÍTICAS, REGLAMENTARIAS Y DE ACCIÓN RELATIVAS AL DESARROLLO E INDUSTRIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7, fracción XXV, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con el objeto de que el Instituto Nacional de las Mujeres tenga entre sus atribuciones promover que la perspectiva de género sea considerada e integrada en todos los programas y estrategias políticas, reglamentarias y de acción relativas al desarrollo e industria de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Las mujeres, a través de las distintas épocas, hemos desplegado grandes esfuerzos de reflexión y acción, en la búsqueda de lograr el reconocimiento expreso y específico de nuestros derechos. Hoy es tiempo también de que todos los movimientos de mujeres, continúen la labor de promoción y vigencia efectiva de nuestras prerrogativas y libertades fundamentales, luchando por una reformulación global de los Derechos Humanos con perspectiva de género, ahora en el contexto de la sociedad de la información.
En la aldea global interconectada en que vivimos, el conjunto de avances en informática, matemática aplicada y tecnología de telecomunicaciones que se agrupan bajo la etiqueta nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han penetrado nuestras relaciones sociales de un modo tan acelerado, que han producido una auténtica revolución social basada en la información; amenazando con transformar por completo nuestra idea de sociedad y de las estructuras que la conforman.
Las TIC ofrecen una gran potencialidad para el desarrollo humano. En comparación con la mayoría de los instrumentos tradicionales del desarrollo, las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden llegar a un número mayor de gente, en un espacio geográfico más amplio, trabajar más rápidamente y a un costo inferior. Esta revolución está cambiando todos los parámetros de espacio/tiempo en el que habíamos ubicado hasta la fecha nuestra actividad: el trabajo, el consumo, los aprendizajes, el ocio, lo cotidiano, e incluso las relaciones humanas.
Sin embargo, los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera equitativa: junto con el crecimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha surgido un nuevo tipo de pobreza que separa a los países en función del nivel de desarrollo de las tecnologías de la información, dividiendo los educados de los analfabetos, los ricos de los pobres, los jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales, transversilazando y profundizando la brecha de pobreza entre hombres y mujeres en todos las categorías de la actividad y del desarrollo humano.
El enfoque de género y las TIC implica, por tanto, la comprensión de las relaciones de poder dentro de la sociedad de la información. Tomar conciencia de estas relaciones conlleva, a su vez, comprender que las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, la discriminación de género en el trabajo y la educación, la clase social, el analfabetismo, la ubicación geográfica, inhiben el control y acceso de las mujeres a las TIC.
Ya desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín, en 1995, diversas organizaciones de mujeres lideradas por el Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (PARM APC), alertaron sobre la urgencia de ampliar las acciones sobre medios y comunicación para incluir las TIC y la participación de las mujeres en las decisiones acerca del diseño y despliegue de ellas.
A su vez, los informes de la evaluación a cinco años y diez años de implementación de la Plataforma de Acción de Pekín, observan que las diferencias y disparidades de género resultaron ignoradas en las políticas y programas de desarrollo y divulgación de mejores tecnologías. Y que, como consecuencia, los avances tecnológicos han beneficiado menos a las mujeres y les han traído mayores desventajas.
Por ello, en el objetivo de coadyuvar a revertir esta tendencia negativa en el ámbito de nuestro país, la presente iniciativa propone adicionar una nueva redacción a la fracción XXV de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de tal manera que el actual texto esa fracción, pasaría a ser una nueva fracción XXVI. Esto, con el objeto de que el Instituto Nacional de las Mujeres tenga entre sus atribuciones promover que la perspectiva de género sea considerada e integrada en todos los programas y estrategias políticas, reglamentarias y de acción relativas al desarrollo e industria de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así como para promover el análisis de género en todos los niveles, desde el diseño inicial hasta la implementación, el monitoreo y la evaluación en todo proyecto de desarrollo de las TIC.
Conforme a estas nuevas atribuciones, el Instituto Nacional de las Mujeres estará en capacidad de promover el análisis del estado actual de la participación de las mujeres y los hombres en el campo de las TIC, incluyendo un análisis comprensivo desagregado por sexo de estadísticas, indicadores y decisiones políticas en la materia. También estará en posibilidad de desarrollar programas de capacitación para que las mujeres utilicen las TIC estratégicamente, en particular en las comunidades marginadas, para su propio fortalecimiento económico y social; así como para demandar que las mujeres obtengan un acceso igualitario a las nuevas oportunidades de empleo y a cargos en los sectores que toman decisiones en el campo de las TIC y de los medios de comunicación.
Estamos ciertos que en la construcción de un modelo de sociedad de la información justa, todas las acciones deben demostrar no sólo un fuerte compromiso de equidad, sino también la orientación de la instancia adecuada, el Instituto Nacional de las Mujeres, en pro de un enfoque intersectorial que elimine la discriminación resultante de las relaciones de poder desiguales en todos los niveles de la sociedad. Han de elaborarse políticas y programas pro-activos en todos los sectores destinados a la mujer en tanto que agente activo y primario de cambio en lo que atañe a la posesión, formulación, utilización y adaptación de las TIC.
Si se quiere conseguir la igualdad real de las mujeres respecto de los hombres y, por ende, conferirles la plena capacidad de reclamar sus derechos fundamentales y hacer uso de ellos en la sociedad de la información, es necesario adoptar un enfoque equitativo completo en el análisis, en el que se señale el contenido de las políticas y programas relativos a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
A sabiendas pues de que las TIC pueden ser utilizadas tanto para exacerbar como para transformar relaciones de poder desiguales, en el objetivo de revertir esas relaciones de inequidad, transformar las condiciones asimétricas entre los géneros y provocar el empoderamiento de las mujeres en el contexto de la sociedad de la información, es esencial reconocer y corregir las diferencias, disparidades y desventajas de que son objeto las mujeres en la era digital. Esto implica necesariamente que el Instituto Nacional de las Mujeres, como Institución creada para ese objetivo específico, ha de ser quien legalmente esté facultado para analizar de qué manera las mujeres son distintas de los hombres y cómo se traducen estas diferencias en los distintos niveles de acceso a las nuevas tecnologías, de oportunidad, de participación en ellas y de uso de las mismas.
Así como también para vigilar que las intervenciones y los programas normativos o jurídicos corrijan expresamente la discriminación de géneros en la era digital. Reconociendo siempre la necesidad de que las mujeres se involucren en la toma de decisiones respecto del desarrollo de estas tecnologías de la información a fin de participar de manera plena en su crecimiento e impacto.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7, fracción XXV, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con el objeto de que el Instituto Nacional de las Mujeres tenga entre sus atribuciones promover que la perspectiva de género sea considerada e integrada en todos los programas y estrategias políticas, reglamentarias y de acción relativas al desarrollo e industria de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Único: se reforma y adiciona el artículo 7, fracción XXV, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES:
Artículo 7. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la equidad de género;
II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación;
III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal;
IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos;
V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin;
VI. Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres y, evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo;
VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres;
VIII. Propiciar y en su caso, participar en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la firma y cumplimiento de los instrumentos acordados en el ámbito internacional y regional, relacionados con la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres;
IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados con la equidad de género y las mujeres;
X. Promover entre los tres Poderes de la Unión y la sociedad, acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural;
XI. Establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus derechos humanos;
XII. Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la procuración de justicia y de la seguridad pública de la Federación y Entidades Federativas, para proponer medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación femenina;
XIII. Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupen de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres;
XIV. Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y con la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;
XV. Propiciar las condiciones necesarias para legitimar, ante las instituciones del Estado, la relevancia de impulsar políticas públicas con perspectiva de género, que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y, promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos;
XVI. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado, en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres, cuando así lo requieran;
XVII. Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como para la difusión a nivel nacional e internacional de las actividades que las benefician;
XVIII. Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;
XIX. Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e información tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de las mujeres;
XX. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley;
XXI. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas; organizaciones privadas y sociales; organismos internacionales y regionales; gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género;
XXII. Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en la materia de equidad de género, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XXIII. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres;
XXIV. Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en relación con los avances del Programa y la operatividad del mismo;
XXV. Promover que la perspectiva de género sea considerada e integrada en todos los programas y estrategias políticas, reglamentarias y de acción relativas al desarrollo e industria de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así como el análisis de género en todos los niveles, desde el diseño inicial a la implementación, monitoreo y evaluación en todo proyecto de desarrollo de las nuevas tecnologías, y
XXVI. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto.
TRANSITORIOS.
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los doce días del mes de abril de dos mil cinco.
DIPUTADA FEDERAL CRISTINA PORTILLO AYALA
De la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma las fracciones I y II del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación.
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Diputada Federal a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, facción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las fracciones I y II del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La importancia colectiva que tienen la micro, pequeña y mediana empresas (MPYMES), es relevante en la economía nacional ya que proporcionan más del 50 % de los empleos generados en el país y representan mas del 90 % de las unidades productivas establecidas en Territorio Nacional, convirtiéndose en el centro del aparato productivo nacional.
Otro aspecto a considerar es que históricamente las MPYMES han representado una de las mejores alternativas para la independencia económica. Podemos decir que este tipo de empresas han sido la gran oportunidad, a través de las cuales los grupos en desventaja económica han podido iniciarse y consolidarse por meritos propios. Igualmente hay que anotar que las MPYMES ofrecen la opción básica para continuar con el desarrollo económico del país, ofreciendo con frecuencia nuevos productos, ideas y técnicas productivas.
Por todo lo anterior las MPYMES representan un segmento productivo al que es necesario ayudar y estimular, con el propósito de evitar fracasos innecesarios a este tipo de empresas que han sido la alternativa para satisfacer necesidades de carácter material y, a la vez, la opción generadora de nuevas ofertas de empleo.
En virtud de que la multa es una sanción de carácter económico impuesta por alguna infracción cometida a una norma legal, y que en materia fiscal cumple con el fin primario de ejercer la acción punitiva contra los actos violatorios cometidos por un contribuyente a determinada disposición tributaria, su función principal es la de disuadir la comisión de actos indebidos por los demás sujetos de la obligación.
La Ley del Impuesto sobre la Renta establece los diferentes Regímenes Fiscales, a los que se deben sujetar tanto las personas morales como las físicas. El Título IV, capítulo segundo, sección III, referente a las personas físicas, establece el Régimen de Pequeños Contribuyentes, reconociendo la limitación administrativa y económica de éstos, en correspondencia con el Código Fiscal de la Federación que en su artículo 84 fracciones IV y VI, relativas a las multas por infracciones por no llevar contabilidad, libros, registros especiales y otras obligaciones contenidas en los ordenamientos fiscales, dispone que las multas a las infracciones señaladas en el artículo 83 del mismo Código, se apliquen de manera diferente a los sujetos obligados del Régimen de los Pequeños Contribuyentes con una sanción más baja.
El contenido pecuniario, aunque beneficia indudablemente al fisco, no es su propósito principal, ya que en el marco jurídico mexicano, las multas no se establecen con único propósito de incrementar los ingresos del Estado, sino que se establecen, principalmente, para sancionar a los transgresores de las normas jurídicas.
El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe las multas excesivas. La Constitución de 1857, en su artículo 22, hace la misma mención; sin embargo, ambas Constituciones son omisas en la definición de cuando una multa tiene el carácter de excesiva. No existe un criterio uniforme para determinar cuando una multa impuesta por alguna infracción a las Leyes Fiscales es excesiva.
Las Leyes tributarias, al establecer las sanciones pecuniarias que deban aplicarse en caso de infracción a sus disposiciones, señalan un máximo y un mínimo; al efecto, la autoridad administrativa competente, al determinar el monto de la sanción atiende al criterio de que éste debe estar comprendido entre el mínimo y el máximo legal establecido, considerando además, la gravedad de la infracción, y las condiciones económicas del infractor.
No obstante, es necesario señalar que las MPYMES no tienen la capacidad económica y administrativa que les permita competir en condiciones de simetría con las grandes empresas, lo que representa una desigualdad entre unas y otras; es por ello que las MPYMES no deben ser sancionadas con multas cuyos mínimos y máximos sean iguales a los de aplicación a las grandes empresas, ya que, jurídicamente, no bebe darse un tratamiento igual a los desiguales, en aras de la congruencia que debe guardar el Código Fiscal de la Federación, con lo establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en cuanto a la manera proporcional y equitativa con la que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos.
De ahí la necesidad de modificar los montos de las sanciones en concepto de multas, aplicables a todos los contribuyentes, para establecer los montos mínimos y máximos de dichas sanciones que sean compatibles con las capacidades económica y administrativas de los contribuyentes; es decir, reducir las multas aplicables a las MPYMES, en relación con las de aplicación a las grandes empresas.
Es importante señalar que la contabilidad y los registros diversos que obligan las Leyes Fiscales, son una herramienta que orientan la buena marcha de cualquier unidad productiva, obligación que es, además, una necesidad administrativa y económica que todo tipo de empresa o persona física, debe implementar y cumplir; el incumplimiento de esta obligación debe estar sancionado en función a la capacidad del contribuyente, por lo cual, se deben modificar los montos de las multas, actualizando su valor en salarios mínimos vigentes y elevando los de aquellos contribuyentes que no tributen en el Régimen de Pequeños Contribuyentes o no pertenezcan al estrato de la micro, pequeña y mediana empresa, de acuerdo a su mayor capacidad económica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma las fracciones I y II del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:
ARTÍCULO 84. ......
I. De $ 11740.00 a $ 17,372.00, a la señalada en la fracción I, salvo tratándose de contribuyentes que estén considerados como micro y pequeñas empresas la multa será de $ 870.00 a $ 8,686.00
II. De $ 870.00 a $ 8,686.00 a las establecidas en las fracciones II y III, salvo tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, capítulo II Sección III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no haya excedido de $ 1,750.000.00, supuestos en los que la multa será de $ 186.00 a $ 4,364.00.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de mayo de 2005.
DIPUTADA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO.
Del Dip. Jorge Leonel Sandoval Figuera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII y reforma el último párrafo del artículo 215 del Código Penal Federal.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII Y REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 215 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de Mayo del 2005.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LIX LEGISLATURA
HONORABLE ASAMBLEA:
Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II y 72 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XIII y reforma el último párrafo del Artículo 215 del Código Penal Federal, bajo el tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como resultado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1984, la Ley de Amparo estableció en sus fundamentos legales las inquietudes de los ciudadanos que contribuyeron a consolidar la Consulta Nacional Sobre Administración de Justicia y Seguridad Pública con la demanda de un juicio de garantías más transparente, entre las que destacan las modificaciones surgidas en la aplicación de la suplencia de la queja, la participación del Ministerio Público Federal como representante de la sociedad, así como las sanciones para las autoridades responsables que incumplen los mandatos emanados en la fase de suspensión del acto reclamado.
En el juicio de amparo las autoridades responsables son las que dictan, promulgan, publican o tratan de ejecutar una ley o un acto reclamado, por ello de ningún modo estos servidores públicos se encuentran exentas de la aplicación del principio de autonomía de las responsabilidades que rige al sistema jurídico mexicano.
Por lo anterior, los individuos dotados de facultades propias de una autoridad cuando incurren en las conductas que a criterio del legislador violan las leyes, se enfrentan a las consecuencias de una responsabilidad penal que sanciona el código federal de la materia y, a una consecuencia de carácter político o administrativo que preceptúan las hipótesis de los Artículos 110 y 111 de la Ley Fundamental, con arreglo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es decir procede el enjuiciamiento por responsabilidades diferentes que consuman la irregularidad con una sola conducta.
En el caso de la responsabilidad penal derivada de las faltas a la Ley de Amparo en su calidad de reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala los actos cometidos por los servidores públicos con el carácter de autoridad responsable o bien como tercero perjudicado, están obligados a obedecer las determinaciones derivadas de una resolución denominada suspensión del acto reclamado, con arreglo a lo establecido en los artículos 122, 123, 124 y 124 Bis. de la Ley de Amparo.
Por lo tanto, deben dejar sin efectos los alcances legales de sus actos que originaron la solicitud de protección de la justicia federal, debiendo manifestar en un informe previo la veracidad de las argumentaciones señaladas en los conceptos de violación.
El servidor público que transgrede el sentido de las actuaciones derivadas del proveído que decreta la suspensión estando debidamente notificada del fallo, se ubicará en las hipótesis del Título Quinto, De la Responsabilidad en los Juicios de Amparo, Capítulo Segundo de la Responsabilidad de las Autoridades, por la comisión de los delitos cometidos contra la administración de justicia y el de abuso de autoridad, conforme a lo establecido en los artículos 205, 206 y 208 de la Ley de Amparo, que a su letra indican:
Artículo 205.- La autoridad responsable que maliciosamente revocare el acto reclamado, con el propósito de que se sobresea en el amparo sólo para insistir con posterioridad en dicho acto, será castigada con las sanciones previstas en el Código Penal aplicable en materia federal para los responsables del delito de abuso de autoridad.
Artículo 206.- La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
Artículo 208.- Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente será separada de su cargo y consignada al juez de Distrito que corresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad.
En lo que respecta al tipo delictivo de abuso de autoridad como aparece en las causas invocadas, éste posé varios elementos para su consumación como la conducta de actuar y la de omisión ante el deber legal contrario, por parte de una persona dotada de atribuciones que la coligen como autoridad y que al encontrarse estas hipótesis fuera de la ley penal, se considera para la doctrina que se trata de una manifestación de delitos especiales e imperfectos, toda vez que no establecen una sanción como ocurre en el artículo 215 del Código Penal Federal, fundamento que es el que establece el ilícito conforme a la Ley de Amparo.
Lo anterior ha dado lugar a la emisión de diversos criterios de interpretación a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a los alcances del artículo 215 del Código Penal, siendo el más invocado en el caso concreto, el que se localiza en la tesis de contradicción número 19/97, referente a la aplicación de la responsabilidad penal por abuso de autoridad y el modo de aplicación de las penas derivadas de las causas previstas en los artículos 205, 206 y 208 de la Ley de Amparo.
Sin embargo, este criterio interpretativo a todas luces carece de fuerza legal para lograr su estricta observancia, por parte de las autoridades de todas las materias, como ocurre en el caso de las administrativas, toda vez que en primer lugar, una tesis no constituye jurisprudencia firme que obligue a su cumplimiento, y en segundo lugar solo constriñe para su estudio a las autoridades invocadas en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, por ello no existe una garantía de que en la práctica la tesis de mérito sea útil para poner fin a una contienda.
Es preciso que la deontología jurídica como disciplina dedicada al estudio de los deberes profesionales de quienes se dedican a la aplicación de derecho, guíe a las autoridades penales para resolver este conflicto de leyes que propician la inexacta interpretación del artículo 215 del Código Penal Federal y que conlleva a perjudicar a la sociedad en su carácter de recurrentes de las resoluciones contra las autoridades responsables en los juicios de garantías, porque trastocan las garantías de legalidad y seguridad jurídica consignadas en los preceptos 14 y 16 de la Ley Fundamental.
Estos planteamientos nos hacen fijar nuestra atención en los sucesos que ocurren cuando las autoridades administrativas al enfrentar las consecuencias de sus conductas violatorias de sus obligaciones derivadas de la Ley de Amparo, por ser calificadas como parte responsable de un acto reclamado, se escudan para eludir las suspensiones decretadas en autos con el argumento de que el delito imputado carece de penalidad y por lo tanto las causas concluyen en el terreno de la impunidad, como ocurre con los actos cometidos por Presidentes Municipales, Representantes de los Ayuntamientos, Regidores, Jefes Delegacionales, entre otros.
Por tal motivo, es importante analizar que para darse estos supuestos legales debemos estar en presencia de los elementos del delito de abuso de autoridad, pero persiste en el artículo 215 del Código Penal una laguna al no establecer literalmente las sanciones para los actos cometidos en arreglo a lo preceptuado por los artículos 205, 206 y 208 de la Ley de Amparo, lo cual en los hechos ha dado lugar a que se insista en el argumento de la inexistencia del delito por la falta de penalidad, lo cual se resolverá con esta iniciativa cuyas bondades no solo se reducen a sanear las omisiones del Código Penal Federal en materia de sanciones, sino establece los casos en que deberán considerase como delitos las conductas derivadas de las violaciones a la Ley de Amparo, por parte de las autoridades responsables y autoridades con interés en un asunto como tercero perjudicado a fin de poner un alto a los actos dolosos en perjuicio de nuestra sociedad, así como de las instituciones que debemos guardar con lealtad, honradez, respeto y estricto apego a las leyes previamente establecidas.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:
I N I C I A T I V A
Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII y reforma el último párrafo del Artículo 215 del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:
“Artículo 215 -Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:
I - XII…
XIII. Cuando las autoridades en su calidad de responsables o terceros perjudicados teniendo conocimiento de los mandatos dictados en favor del quejoso o terceros perjudicados a sabidas de su deber legal de cumplir o dejar de ejecutar un acto en los procedimientos previstos en la Ley de Amparo desobedezcan, violen, o desvirtúen las resoluciones.
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XIII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. . .
TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de mayo del dos mil cinco.
Atentamente
DIP. LIC. JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA.
Proposiciones de Ciudadanos Legisladores
De los Senadores Mariano González Zarur y Emilio Gamboa Patrón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación a las irregularidades en las concesiones aeroportuarias del país.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES MARIANO GONZÁLEZ ZARUR Y EMILIO GAMBOA PATRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN RELACIÓN A IRREGULARIDADES EN LAS CONCESIONES AEROPORTUARIAS DEL PAÍS.
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a fin de que exponga a esta Soberanía las medidas y acciones que necesariamente se deben adoptar, para evitar que se sigan presentando irregularidades y abusos en el manejo de las concesiones aeroportuarias del país, particularmente en lo que se refiere a tarifas de estacionamientos y servicios de taxis.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo de 2005.
De la Sen. Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo con relación a las deficiencias detectadas por la Auditoria Superior de la Federación con respecto a diversos programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
POSICIONAMIENTO CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CON RESPECTO A DIVERSOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: A la luz de los resultados sobre las diversas deficiencias detectadas por la Auditoria Superior de la Federación a los programas de orden social, esta soberanía solicita a la Secretaría de Desarrollo Social envíe un informe detallado y pormenorizado sobre la falta de desempeño y de operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 18 días del mes de mayo de 2005.
Del Sen. Sadot Sánchez Carreño, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la que contiene punto de acuerdo en relación a las diversas medidas que se están tomando en los Estados Unidos en contra de los migrantes mexicanos.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR SADOT SÁNCHEZ CARREÑO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN A LAS DIVERSAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN TOMANDO EN LOS ESTADOS UNIDOS EN CONTRA DE LOS MIGRANTES MEXICANOS.
HONORABLE ASAMBLEA:
De nueva cuenta, los migrantes mexicanos en Estados Unidos están padeciendo una oleada de medidas racistas y xenofóbicas, enmarcadas dentro de un constante sentimiento anti inmigrante, que hace necesario acudir a esta tribuna para rechazar y reprobar, de manera enérgica, estos actos.
Hoy más que nunca, los derechos y aspiraciones de nuestros connacionales son minados con diversas iniciativas y leyes de reciente aprobación en ese país, señaladamente en estados donde la xenofobia y la discriminación son aún peores, como ocurre en Arizona y California.
A la promulgación de leyes y acciones que van en ese sentido, como la proposición 187 promovida en California, la Propuesta 200 de Arizona y la creación del grupo Minuteman, se suman ahora otras más que claramente marcan un retroceso en los logros de los derechos de nuestros migrantes.
La llamada “Ley de Identificación Real”, fue aprobada por el Senado estadounidense, con objeto de obligar a todos los estados de la Unión, a no aceptar la matricula consular como identificación oficial expedida por un gobierno extranjero. Y contempla la construcción de una barda, o muro de 4.5 kilómetros de extensión, en la frontera entre México y California.
Otra iniciativa, aprobada por ambas Cámaras del Congreso local de Arizona, obliga al gobierno estatal a prohibir a sus dependencias, a los gobiernos locales, así como a los servicios de procuración de justicia, aceptar la matricula consular como identificación válida.
En este punto, es necesario resaltar que esta iniciativa enviada para su ratificación a la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, fue en un gesto que debemos reconocer, vetada por ella. Aunque aún existe el riesgo de que el Congreso estatal supere ese veto, con lo cual, sin duda se perjudicarían severamente los legítimos derechos de nuestros migrantes al trabajo, a la salud y a la educación, entre otros.
También, el Congreso de Arizona acaba de enviar a la Gobernadora la iniciativa de ley SB 1306, que autoriza a los departamentos policíacos, alguaciles y demás agentes del orden a investigar, aprehender, detener o deportar a aquellas personas que violen las leyes migratorias de Estados Unidos.
Esta ley, permitiría a policías locales desempeñar funciones de agentes migratorios federales para detener a inmigrantes indocumentados, a pesar de que un gran número de corporaciones policiales de Arizona han expresado su oposición a la SB 1306 al argumentar que carecen de recursos y personal suficiente para asignar oficiales a detener inmigrantes, en detrimento de otras tareas vitales de seguridad pública.
Organismos no gubernamentales, que igualmente rechazan esta iniciativa, han advertido que de ser implementada, la policía podría incurrir en violaciones a derechos civiles al detener personas sospechosas de ser indocumentadas, sólo por su apariencia física.
En California, es evidente que el apoyo manifestado públicamente por parte del Gobernador Schwarzenegger al grupo extremista Minuteman, habla de su alejamiento de la comunidad mexicana radicada en ese estado; además de que ha solicitado desplegar más guardias fronterizos para vigilar la frontera común.
En ese estado, existe en la actualidad una marcada intención por parte de algunos grupos de activistas, por crear su propia patrulla fronteriza estatal, y para tal efecto, ya se anunció que comenzarán a recaudar las 600 mil firmas que necesitan para llevar esta iniciativa a las boletas electorales para el proceso de 2006, proceso similar por el que se aprobó la racista propuesta 200 de Arizona.
Es una verdadera lástima que en algunos sectores de los Estados Unidos, no se percaten de que no es atentando contra los más elementales derechos de los migrantes, ni construyendo muros como se puede avanzar en la discusión del tema migratorio.
Es por ello, que los legisladores del PRI en esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rechazamos tajantemente esta clase de medidas en contra de los migrantes mexicanos.
A la vez que apoyamos las acciones y esfuerzos que el Ejecutivo Federal ha anunciado llevará a cabo ante el gobierno de los Estados Unidos y ante organismos internacionales, para hacer valer los derechos de los mexicanos en el exterior.
Todo ello, en congruencia con el Punto de Acuerdo presentado en el Senado de la República el 14 de octubre de 2004, con el cual solicitamos al Ejecutivo Federal que denunciara ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ante la Organización Internacional del Trabajo y ante el propio gobierno Federal de los Estados Unidos, las acciones discriminatorias y xenofóbicas que en ese entonces, al igual que ahora, atentan contra la dignidad de los trabajadores mexicanos.
Es debido a lo anteriormente expuesto, que me permito someter a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas promovida por México, en torno a la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes en todo el mundo, adoptada en abril pasado en Ginebra, expresa su total apoyo al Ejecutivo Federal para denunciar ante foros internacionales la adopción e instrumentación por parte del Gobierno de los Estados Unidos, de las diversas leyes anti inmigrantes anteriormente descritas que atentan contra los derechos de nuestros compatriotas en ese país.
SEGUNDO.- De igual manera, como lo hicimos en el Senado mediante Punto de Acuerdo del pasado 31 de marzo, reiteramos al Ejecutivo Federal la urgente necesidad de que el gobierno Mexicano despliegue una estrategia regional de defensa de los derechos de los migrantes, con los países de Centro y Sudamérica, y en contra de las medidas adoptadas por los Estados Unidos, en materia migratoria.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil cinco.
Del Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Educación Pública modifique el Acuerdo Número 348, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de octubre de 2004, para establecer criterios de excepción a la edad mínima para ingresar al primer grado de los niveles de preescolar y primaria.
CON EL PERMISO DE LA DIRECTIVA, SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES.
Quien suscribe, Senador por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, ocurro a presentar Punto de Acuerdo mediante el cual la H. COMISIÓN PREMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN solicita al C. Secretario de Educación Pública modifique el Acuerdo Número 348, publicado el 27 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, y establezca criterios de excepción a la edad mínima para ingresar al primer grado de los niveles de pre-escolar y primaria, lo anterior por considerarse que dicho ordenamiento resulta una medida de discriminación para los infantes, así como una contravención a las garantías que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a las siguientes:
CONSIDERACIONES
Primera.- La educación básica ha sido a través de nuestra historia el derecho educativo fundamental al que han aspirado las y los mexicanos. Una escuela para todos, con igualdad de acceso, que sirva para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el progreso de la sociedad, ha sido una de las demandas colectivas más significativas de nuestro tiempo. Desde el punto de vista humanístico, la educación básica representa una de las más altas responsabilidades públicas, así como una condición indispensable para el ejercicio de la libertad, la justicia y la democracia.
El artículo 3º constitucional formuló de la manera más exacta el derecho de los mexicanos a la educación y la obligación del Estado de ofrecerla. Gracias a este ordenamiento constitucional, las oportunidades de acceder a la enseñanza primaria se han generalizado y existe mayor equidad en su distribución social y regional. El rezago escolar absoluto, representado por los niños y niñas que nunca ingresan a la escuela, se ha reducido significativamente y la mayoría de la población infantil tiene ahora la posibilidad de culminar el ciclo primario.
Sin embargo, el combate contra el rezago no ha terminado. Desde hace muchos años, una gran cantidad de padres de familia ha tenido serios problemas para que sus hijos puedan ingresar a los niveles básicos de la enseñanza ya que, tanto los planteles oficiales como los privados, exigen de una manera rigorista y poco flexible que los menores tengan una edad determinada para poder acceder a los diversos niveles básicos de educación.
Esta situación crítica se debe a diversos ordenamientos que regulan los diferentes niveles de la enseñanza básica, como el Acuerdo número 348, publicado el 27 de octubre de 2004, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se determina el Programa de Educación Preescolar. Dicho acuerdo, obligatorio para todos los planteles públicos y privados de las 32 entidades federativas, en su articulo 2º establece que “las edades de ingreso para cada uno de los grados de preescolar serán: 3-tres años para el primero, 4-cuatro años para el segundo y 5-cinco años para el tercero, cumplidos al 1 de septiembre del año de inicio del ciclo escolar”.
Lo anterior ha generado una profunda preocupación y descontento entre los padres de familia que desean inscribir o reinscribir a niños y niñas a los grados de preescolar, quienes argumentan que dicha medida provoca injustos rechazos a sus hijos, lo que representa un acto discriminatorio y, por ende, una violación a sus derechos humanos. Argumentan que lo correcto y equitativo sería el aplicar a los niños y niñas un examen de conocimientos, a fin de detectar si estos cuentan con la madurez o capacidad requerida para ingresar a los planteles preescolares.
Respecto a la educación primaria, la autoridades educativas de la mayoría de las entidades federativas, como es el caso particular de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, continúan apegadas al articulo 2º del Acuerdo #209, del 13 de marzo de 1996, emitido por la Secretaria de Educación Pública, el cual establece como único requisito de preinscripción la edad de 6-seis años cumplidos al 1º de septiembre del año del ciclo escolar en cuestión, aun y cuando el Acuerdo 312 publicado el 15 de Abril del 2002, por el que se modifica el diverso 181, y mediante el cual se establece el plan y los programas de estudio para la educación primaria, fue emitido precisamente con el objeto de dar flexibilidad a dicho requisito, a través de casos considerados como excepciones. Este acuerdo adiciona un párrafo a dicho numeral, el cual establece que las autoridades educativas locales podrán autorizar el ingreso a planteles oficiales o incorporados, a niñas y niños que se encuentren por cumplir la edad de referencia.
Entre los argumentos esgrimidos para no aceptarlos se establece que si los niños más pequeños entran a grupos de aprendizaje superiores a lo que corresponde a su edad, es posible que padezcan problemas de adaptación, pues se enfrentarían con procesos de negociación, convivencia e interacción distintos a los que dominan. Consideramos que esto podría ser valido cuando entre los menores existe una diferencia de más de seis meses, sin embargo, en la realidad la diferencia muchas veces es de días, la única “omisión” de los niños rechazados es no haber nacido antes del 1 de septiembre, existiendo innumerables casos de menores que quedan marginados por haber nacido el 4 o 5 de septiembre, para el caso de primer año de primaria. Tal apego a los acuerdos rebasa el sentido común, y afecta gravemente a los infantes y sus familias.
En este contexto, por la aplicación inflexible de un ordenamiento a todas luces arbitrario, miles de niños y niñas quedan sin la oportunidad de acceder a la educación básica en la etapa que les corresponde, debiendo esperar un año, lo que significa perdida de tiempo, así como un desgaste económico y emocional para el menor y su familia.
Segunda.- Al aplicar el requisito de la edad, las autoridades educativas han revivido un conflicto que ya se había superado, ya que las disposiciones antes mencionadas violentan la garantía de la educación y su obligatoriedad establecida en nuestra Carta Magna, pues el criterio de la edad mínima cumplida al 1º de septiembre para ingresar a uno de los grados de la educación básica, contraviene, entre otras cuestiones, el carácter de la obligatoriedad establecido por la Constitución.
Cabe destacar que en el estado de Nuevo León, el requisito de la edad mínima cumplida al 1º de septiembre para ingresar al primer grado de primaria, fue contrarrestado mediante amparos, por considerarse que el Acuerdo 209 emitido por la SEP estaba por encima del derecho a la educación consagrado en la Constitución Política y, el cual, tan solo en dicho estado, afectó a un promedio anual de 16 mil alumnos, quienes fueron rechazados para ingresar al nivel de primaria debido que no cumplían con el requisito en cuestión.
Debido a lo anterior, en el año 2002, el Acuerdo 209 fue flexibilizado, mediante el Acuerdo 312, el cual establece que las autoridades podrán autorizar el ingreso a planteles oficiales o incorporados, a niñas y niños que estuviesen por cumplir la edad de referencia.
De esta manera, en el estado de Nuevo León, en pleno ejercicio de su soberanía educativa, se estableció una ampliación de dos meses en el requisito de ingreso a primaria, estableciendo que el niño o niña tuvieran 6-seis años cumplidos al 31 de octubre; lo anterior mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del estado, el 6 de mayo de 2002. Sin embargo, ya en la práctica, es fecha que dicha excepción no ha sido aplicada por las actuales autoridades educativas del estado, las cuales continúan exigiendo la edad de seis años, cumplidos al 1º. de septiembre, para el caso de los menores que aspiren a cursar el primer año de primaria; debiendo señalarse que esta problemática de crisis educativa que padecen las familias del estado de Nuevo León no es aislada, pues está situación se encuentra vigente lamentablemente en casi todas las entidades federativas del país.
Lo anterior ha provocado que los padres de niños y niñas que padecen dicha discriminación en las escuelas se encuentren analizando, nuevamente, la posibilidad de solicitar amparos con el objeto de defenderse ante la inflexibilidad de las autoridades educativas, la cual consideran como una violación a los derechos humanos de sus hijos.
Tercera.- La planeación educativa toma en cuenta estudios que determinan el nivel de desarrollo del alumno que pretende ingresar a los diferentes grados de educación básica, así como aquellos otros que fijan las habilidades básicas requeridas para cada grado educativo.
Sin embargo, no existen estudios definitivos que permitan concluir científicamente que dichos ciclos o niveles terminan o comienzan en fechas determinadas, como pudiera ser el 1º de septiembre. Asimismo, estamos concientes de que dicha planeación se encuentra sujeta a la disponibilidad de espacios, infraestructura y presupuesto aprobado para cada estado en la Ley de Egresos correspondiente. Sin embargo, consideramos que el hecho de volver a aplicar el requisito de la edad representa una medida discriminatoria al derecho a la educación plasmado en la Constitución Política, así como una preocupante indiferencia a lo establecido por el Acuerdo 312, cuya principal razón de ser es precisamente la de dar flexibilidad a la edad de ingreso al primer año de primaria.
Con base en lo anterior, solicitamos de manera respetuosa que la Secretaría de Educación Pública establezca como requisito único para preinscripción a primer año de primaria el acreditar el tercer grado de preescolar, en lugar de la edad de 6-seis años cumplidos al primero de septiembre pues, aun y cuando dicha autoridad emitió un Acuerdo tendiente a flexibilizar dicho requisito, este no ha sido aplicado por las autoridades educativas estatales.
Es necesario determinar criterios basados en la pedagogía, neurociencias y psicología infantil, ciencias que han proporcionado a la educación nuevas herramientas para definir si los niños o niñas cuentan con las aptitudes necesarias para poder ingresar a determinado grado de nivel preescolar, en este caso, el primer año de primaria. Por otra parte, es importante señalar que el requisito de la edad para el ingreso a primaria no tiene razón de ser, pues todo niño o niña que pretenda ingresar a este nivel, está obligado a demostrar el certificado del tercer grado de educación preescolar, por lo que exigir más requisitos es burocratizar y entorpecer una de las actividades mas nobles de la persona humana. Situación que desde luego, contraviene una de las funciones mas apremiantes del Estado y de la sociedad en su conjunto, esto es, garantizar el acceso a la educación a la población.
Asimismo, cabe mencionar que la propia Secretaría de Educación Pública del estado de Nuevo León reconoce la necesidad y conveniencia de establecer criterios que deben ser incluidos en las inscripciones de los niños que no cuenten con los seis años de edad cumplidos al cierre de la inscripción al primer año de primaria. Lo anterior se encuentra soportado en el hecho de que, desde el mes de diciembre de 2004, la máxima autoridad educativa se comprometió a presentar un estudio sobre este problema al Gobernador del estado, el cual incluiría la excepcionalidades de la inscripción basadas en aspectos básicos del aprendizaje, tales como el físico, el social y el psicológico. Incluso, mencionó que la flexibilidad en los casos de inscripción se fundamentará principalmente por aquellos niños que presenten actitudes gnoseológicas y conductuales sobresalientes del común de sus compañeros, a pesar de no contar con la edad biológica. Sin embargo, es fecha que no se ha percibido el efecto de dicho estudio relativo a las inscripciones, pues cada vez son más los padres de familia que se quejan del rechazo que reciben sus hijos por parte de las escuelas, a causa del incumplimiento al requisito de la edad mínima requerida para el ingreso a cada grado escolar.
Estamos convencidos de que existe el riesgo de que al incorporar a la primaria a niños sin la edad adecuada, les puede generar problemas de convivencia con sus compañeros, toda vez que pudieran no contar con las habilidades y la madurez necesarias, tales como responsabilidad, adaptación, socialización, entre otros. Sin embargo, el hecho de haber cursado los tres años de preprimaria, y de que los padres o tutores están concientes de que el grado de madurez de estos niños y niñas es equiparable al de los menores que han cumplido los seis años al 1º de septiembre, consideramos que son elementos suficientemente validos para que los niños en cuestión puedan acceder al primer año de primaria.
Los niños deben tener los mismos derechos que los adultos y deben ser protegidos, sobre todo, durante su crecimiento, a fin de garantizarle un desarrollo pleno e integral. Debido a que todos los niños nacen libres e iguales en dignidad y derechos, es preciso eliminar todas las formas de discriminación y exclusión contra ellos para lograr su pleno desarrollo físico y mental, y proporcionarles una infancia feliz. Por consiguiente, procuremos por todos los medios, que el factor edad deje de ser un dolor de cabeza para los padres de familia y tutores de los niños y niñas que cumplen los seis años después del primero de septiembre, y que este factor ajeno a su voluntad, deje de ser un elemento de discriminación infantil, ya que además de segregarlos de los demás infantes, desde una edad temprana, se les sucumbe en una realidad que los lleva a vivir experiencias poco gratas, fomentando en ellos complejos de inferioridad que seguramente afectaran su posterior desarrollo como persona.
Por lo tanto, debemos procurar que las niñas y los niños encuentran en la escuela el ambiente adecuado para adquirir conocimientos fundamentales, adoptar valores y actitudes cívicas que les permitirán alcanzar una vida plena, al formarse como individuos solidarios, incluyentes y respetuosos del Estado de Derecho. La educación es la columna vertebral de nuestro proyecto de Nación, de ahí que corresponda a las autoridades garantizar el acceso a la educación, en un marco de equidad, libertad y de calidad en la enseñanza.
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del Pleno conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al C. Secretario de Educación Pública modifique el Acuerdo Número 348, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de octubre de 2004, para establecer criterios de excepción a la edad mínima para ingresar al primer grado de los niveles de preescolar y primaria, por considerarse que dicho ordenamiento resulta una medida de discriminación para los infantes, así como una contravención a las garantías que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
H. Comisión Permanente, México, DF, 18 de mayo de 2005.
SEN. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que explique las declaraciones vertidas en torno al trabajo que realizan los mexicanos en los Estados Unidos de América y las medidas anti-inmigrantes recién aprobadas por el congreso de ese país.
PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE SUSCRIBE EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE INFORME QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO MEXICANO FRENTE A LAS MEDIDAS ANTIINMIGRANTES RECIÉN APROBADAS POR EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EXPLIQUE LAS RAZONES DE SUS DECLARACIONES VERTIDAS EN TORNO AL TRABAJO QUE REALIZAN LOS MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
CONSIDERACIONES:
1. El pasado 10 de mayo, el Senado de los Estados Unidos de América aprobó la cláusula “Real ID” que forma parte de un paquete de medidas para autorizar recursos a diversas operaciones militares y humanitarias en el mundo y permite la construcción de una barda de tres millas de extensión en la frontera de Estados Unidos con México, cerca de San Diego, además de que otorga al Secretario de Seguridad Interna estadounidense autoridad para ignorar leyes federales y elevar las bardas; asimismo, la mencionada ley establece que para obtener una licencia de conducir es necesario el número de seguro social, un acta de nacimiento y un documento con la dirección del solicitante
2. Los integrantes de la Comisión Permanente consideramos que esta ley deja a los mexicanos residentes en Estados Unidos, en un estado de completa y total indefensión. La exigencia de un pasaporte interno recuerda las viejas prácticas autoritarias, las cuales son incompatibles con un país democrático que vela por el respeto a los derechos humanos.
3. Consideramos que es momento de dejar del lado el doble discurso y entender que nuestros connacionles no son terroristas, sino trabajadores que anualmente producen 650 mil millones de dólares en Estados Unidos, de los cuáles más de 7 mil millones se destinan a la seguridad social a la cual, por cierto, no tienen acceso.
4. Consideramos que las medidas aprobadas por el Congreso estadounidense no contribuyen en nada a la buena vecindad, no promueven el desarrollo económico de la región, ni el respeto a los derechos humanos y, por el contrario, tensan la relación bilateral entre ambas naciones.
5. Esta Soberanía se pronuncia porque haya un giro en la política migratoria y que se reconozca la dignidad de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos de América
6. Tenemos claro que ante la situación que atraviesan las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, no vamos a poder conformar un bloque competitivo, democrático y eficaz para concursar en el marco global.
7. Estamos ciertos que la solución al fenómeno migratorio debe ser resultado de un proceso de negociación y comprensión y no de una medida violatoria de los derechos humanos de los trabajadores mexicanos.
8. Nos solidarizamos y sumamos a las protestas de los gobiernos de Chihuahua y Sonora quienes se han manifestado ante la ineficacia y entreguismo de la política exterior del Gobierno Federal.
9. Vemos con preocupación que la actual política exterior de México nos ha aislado del mundo, de Cuba, América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, por lo que es momento para realizar un análisis responsable y con visión de futuro para formular una propuesta alternativa que parta de una nueva y viable estrategia.
10. Por otra parte, el pasado viernes 13 de mayo, en una reunión con empresarios norteamericanos celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, el Presidente Vicente Fox Quesada señaló que los trabajadores inmigrantes mexicanos hacen en los Estados Unidos los trabajos “que ni siquiera los negros quieres hacer”.
Tal declaración tiene una carga inaceptable de contenido racial, impropia de un Jefe de Estado, que ha motivado, con justa razón, respuestas de repudio y desaprobación no sólo internas, sino de muy diversas organizaciones y líderes internacionales que deploran tan impertinente, cuanto insensible declaración.
11. No obstante, en lugar de asumir la responsabilidad de tan deplorables declaraciones que lastiman el buen nombre y crédito internacional de nuestro país, la Presidencia de la República ha guardado silencio y se ha escudado en el inaceptable y erróneo señalamiento de que el Presidente Fox fue “mal interpretado”, por lo que es indispensable que el propio Ejecutivo Federal ofrezca una explicación pública suficiente sobre las motivaciones de su declaración, pues no basta con las disculpas que empleados menores de la Cancillería expresaron ayer martes.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que explique a esta Soberanía las declaraciones vertidas en torno al trabajo que realizan los mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos de América y sus referencias racistas al respecto, así como a que se pronuncie en contra de las medidas antiinmigrantes aprobadas por el Congreso de ese país.
SEGUNDO. Se convoca a legisladores de todos los partidos a conformar una mesa de diálogo en el marco del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, para discutir nuestra política exterior con relación a Estados Unidos de América y establecer la propuesta de una estrategia distinta, tendiente a corregir los errores y volver a situar a México en el lugar de dignidad y respeto que le corresponde, lo cual permitirá una defensa más eficaz de los derechos humanos de nuestros connacionales en los Estados Unidos.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 17 de mayo de 2005
De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno a la protección de la población femenina y de grupos y sectores vulnerables en el sistema de transporte público de la Ciudad de México.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SEN. SARA I. CASTELLANOS CORTÉS EN TORNO A LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA Y DE GRUPOS Y SECTORES VULNERABLES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
1. Los habitantes de la Ciudad de México, representamos una de las mayores concentraciones urbana del continente americano y del mundo. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2000, el Distrito Federal concentra el 10.1% de la población total del país, con 8,698,300 habitantes. Esta situación provoca diversos fenómenos sociales como delincuencia, contaminación, falta de servicios públicos, y discriminación y abuso a sectores y grupos vulnerables de la población, como mujeres niños, y personas con capacidades diferentes.
2. Diversos estudios señalan que el Metro –que es el transporte que ostenta la mayor capacidad y velocidad de traslado-, ha sufrido una disminución relativa en el número de viajes, pasando del 19% en el año de 1986 al 14% en el año 2000; el automóvil, que es por mucho el transporte que tiene menor capacidad de pasaje, ha experimentado un crecimiento enorme en la cantidad de unidades en los últimos años, y los autobuses pequeños, como las combis y los microbuses, han tenido un aumento notable en el número de viajes, al pasar del 35% en 1989 al 55% en el 2000. Eso significa, por un lado, que hay una disminución de los viajes en los modos de transporte de alta capacidad, y por otro lado implica que millones de vehículos viajan con uno o dos pasajeros.
3. El Sistema de Transporte Colectivo se inauguró el 4 de septiembre de 1969. Tenía 16 estaciones y 12.5 kilómetros, ahora tiene 175 y 201.2 kilómetros. A pesar de que en estos 36 años ha aumentado su infraestructura de manera considerable, también tiene grandes rezagos que imposibilitan su viabilidad y sobre todo, no cumple con las medidas de seguridad óptimas para los usuarios.
4. La inseguridad pública, la falta de mantenimiento, la basura, el estado degradado, sucio y de mala imagen, así como los abusos sexuales contra las mujeres, son algunos de los factores que han incidido para que los habitantes de la Ciudad de México prefieran otros medios de transporte, que perjudican de manera directa el medio ambiente.
5. En una encuesta denominada “Estudio de la cultura de Transporte en el Distrito Federal", aplicada por las autoridades capitalinas a mil ciudadanos de las 16 delegaciones políticas, del 21 a 15 de septiembre, determinó que la preferencia por los automóviles ocupó el primer lugar con 32 por ciento; el Metro, 30 por ciento; taxis, 17 por ciento, y otro tipo de transporte como microbuses y camiones, 21 por ciento. De las personas que prefieren utilizar el Metro como principal medio de transporte, 41 por ciento dijeron que lo utilizan por su rapidez; 18 por ciento por la seguridad; 16 por ciento por la comodidad. La conclusión de dicha encuesta, apunta hacia la demanda de mejorar el servicio, poner más atención en la vigilancia y seguridad. La experiencia más desagradable es la inseguridad, falta de cultura cívica, contaminación y tráfico.
6. Además de la inseguridad y abusos a que diariamente se enfrentan en el Sistema de Transporte Colectivo la población femenina y grupos vulnerables como niños y ancianos, en las líneas del Metro no existen los mecanismos suficientes para el libre tránsito de las personas con capacidades diferentes. Los 24 equipos de salvaescaleras colocados en el Metro para servicio de discapacitados están subutilizados y mal distribuidos, de acuerdo con dirigentes de asociaciones promotoras para la integración de este sector de la población. Muchas de las personas que utilizan cotidianamente el Metro ni siquiera saben de su existencia y otros los han visto, pero nunca en funcionamiento.
7. Colocados en apenas seis estaciones del Metro, los salvaescaleras son operados por los vigilantes o jefes de estación, cuando alguna persona los necesita. El sistema se acciona con un botón de alarma que al escucharse provoca que los agentes policíacos acudan al llamado, para auxiliar a quienes lo necesitan. Este sistema se utiliza esporádicamente; tanto así, que no se requiere en varias semanas.
8. Por otro lado, apenas en 35 de las 175 estaciones que tiene el Metro en 11 líneas, se cuenta con guías en sistema Braille y canaletas en el piso para que invidentes lleguen a los andenes con mayor facilidad.
9. Recientemente se modificó el Reglamento Interno del Metro con el fin de que todos los domingos los usuarios de bicicletas puedan ingresar a las instalaciones del sistema y viajen en un vagón destinado a ellos. De igual forma, podrán ingresar los perros guías. No obstante, es evidente que no se cuenta con las adecuaciones arquitectónicas necesarias para lograr el objetivo de manera exitosa.
10. Otro de los fenómenos que ha crecido de manera alarmante, es el abuso sexual en contra de las mujeres. Los delitos de acoso sexual hacia las mujeres se han incrementado cada año: durante 2003 se presentaron 468 incidentes, mientras que en 2002 fueron 446, y 462 casos en 2001, de acuerdo a información estadística del Metro.
11. Las líneas troncales, se han vuelto un caos al momento de tomar los vagones; la gente grita y hasta ha habido golpes por querer entrar. Esta situación se agudiza cuando los vagones se detienen entre cinco o diez minutos entre cada estación. Se coloca en gran peligro a ciertos sectores de la población, como las mujeres, las personas con capacidades diferentes, los ancianos y los niños. De nada sirve la división de género en las líneas troncales, si en las demás estaciones, los hombres pueden entrar libremente en los vagones de las mujeres. Es alarmante que la población femenina sea objeto de tocamientos; así también como la falta de respeto y espacios hacia los menores, mujeres embarazadas o ancianos. Ante esta alarmante ineficiencia, algunos actores políticos, han llegado a solicitar la creación de un transporte exclusivo para estos sectores sociales, con la intención de darles mayor seguridad y comodidad.
12. Información estadística del STC señaló que en el 2003 se presentaron 75 actos de exhibicionismo, 40 de hostigamiento y siete violaciones fuera de las instalaciones, así como en las escaleras de acceso o en paraderos. Se da a conocer que el abuso sexual alcanzó el nivel más alto de los últimos tres años.
13. Recientemente se llevó a cabo una la Campaña para Prevenir y Evitar el Abuso Sexual en el Metro, dirigida a las usuarias. Esto favoreció una disminución en el número de denuncias por abuso sexual; sin embargo hacen faltan recursos económicos para mantenerla.
14. En el recién concluido período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, a partir de iniciativas presentadas por legisladores de todos los grupos parlamentarios en las Cámaras de Diputados y Senadores, el 21 de abril, se aprobó por unanimidad el Decreto por el que se crea el Ley General de las Personas con Discapacidad, el cual fue remitido al Titular del Ejecutivo Federal para efectos de su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. En dicha Ley se establecen las bases normativas para generar mejores condiciones de vida y justicia social a las personas con discapacidad, además de diversas responsabilidades a cargo de las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, en beneficio de ese importante sector de la población.
Por lo anteriormente descrito y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos el Grupo Parlamentario del PVEM en el Senado somete a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO: Se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal instruya a las autoridades correspondientes, a intensificar las actividades que fortalezcan los programas de seguridad pública orientados a la protección de mujeres, niños, ancianos y personas con capacidades diferentes en el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México; y, de manera especial, instalar un circuito cerrado en vagones y pasillos del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, además de realizar de manera estricta y vigilada la división de géneros en todas las estaciones de dicho sistema de transporte, en las llamadas horas pico.
SEGUNDO: Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a la brevedad promulgue la Ley General de las Personas con Discapacidad recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y proceda, en consecuencia a la integración del Consejo Nacional y Consultivo a que se refiere dicha normatividad.
Tercero. En términos de las facultades legislativas y reglamentarias que corresponden, respectivamente, a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, conforme al artículo 122 de la Constitución General de la República, se les solicita respetuosamente revisar y modernizar los diferentes ordenamientos que regulan la protección de la población femenina, grupos vulnerables y personas con capacidades diferentes, en todas las modalidades de transporte público en la Ciudad de México.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 18 días del mes de mayo de 2005.
SEN. SARA I. CASTELLANOS CORTÉS
Del Dip. Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores exprese su reconocimiento a los gobiernos de Siria y el Líbano, por el retiro del ejército sirio de territorio libanés.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE PRESENTA EL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, VICECOORDINADOR DEL GRUO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA Y PRESIDENTE DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-LÍBANO, A FIN DE QUE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EXPRESE A TRAVÉS DE UNA NOTA DIPLOMÁTICA SU RECONOCIMIENTO A LOS GOBIERNOS DE SIRIA Y EL LÍBANO POR EL RETIRO DEL EJÉRCITO SIRIO DE TERRITORIO LIBANÉS.
CONSIDERACIONES
El pasado 14 de febrero, en la República del Líbano se suscitó un atentado en la ciudad de Beirut, en el cual perdió la vida el ex Primer Ministro de esa nación, Rafik Hariri, del que la oposición en el Líbano responsabilizó al régimen de Damasco.
A partir de ese hecho, ocurrieron una serie de sucesos que amenazaron con reproducir el clima de violencia que padeció esa nación amiga durante quince años, comprendidos entre 1975 y 1990, con una cruenta guerra civil que causó grandes estragos entre toda la población.
Luego del atentado al que he hecho referencia, se desató una crisis política que culminó con la dimisión del gabinete del Primer Ministro, Omar Karami, y la oposición pretendió que el Presidente, Emile Lahud, renunciara.
En su momento, el occidente manifestó su preocupación ante el riesgo de que la situación saliera de control, pues habían ocurrido enfrentamientos entre opositores y partidarios del gobierno, en la ciudad de Beirut, dejando como saldo una persona muerta y otra herida.
Posteriormente los presidentes de Siria y del Líbano, anunciaron que el repliegue de las tropas sirias al valle libanés de la Bekaa sería completado en los meses subsecuentes.
El anuncio coincidió con una multitudinaria manifestación en Beirut, convocada para exigir la retirada total y definitiva de los 14 mil soldados sirios, y no un simple alejamiento de tropas hacia el valle de la Bekaa.
El martes 8 de marzo, cerca de medio millón de manifestantes respondieron al llamado del grupo islámico Hezbolá en una jornada de protesta en contra de la “interferencia” extranjera.
Siria anunció a principios del mes de marzo, la total salida de sus tropas en el Líbano, retirada que incluye también a los servicios de inteligencia, con lo cual se daría cumplimiento a la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en septiembre de 2004.
Por tal motivo, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, envió el 25 de abril un equipo de expertos para verificar el retiro total de las tropas sirias del Líbano, como lo anunció Damasco, con lo cual se alcanzó la concreción del acuerdo entre el organismo multinacional y los gobiernos de Siria y el Líbano.
La resolución alcanzada, es un ejemplo para el mundo, de la factibilidad de solucionar los disensos mediante la utilización de las herramientas políticas y diplomáticas, respetando las propuestas divergentes, pero al propio tiempo, encontrando coincidencias que permitan dirimir de manera civilizada las diferencias.
Derivado de lo anteriormente expuesto, a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia y en mi calidad de Presidente del Grupo de Amistad México-Líbano, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo:
ÚNICO.- QUE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, EXPRESE A TRAVÉS DE UNA NOTA DIPLOMÁTICA SU RECONOCIMIENTO A LOS GOBIERNOS DE SIRIA Y EL LÍBANO POR EL RETIRO DEL EJÉRCITO SIRIO DE TERRITORIO LIBANÉS.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo del 2005.
DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS
Del Sen. Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar se tomen medidas en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR SE GARANTICE LA CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD EN LA PROXIMA ELECCIÓN DE GOBERNADOR PARA EL ESTADO DE MÉXICO.
El suscrito, Senador Jesús Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de que sea considerado como asunto de urgente u obvia resolución y puesto a discusión y votación en esta misma sesión, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los CC. Consejeros del Instituto Electoral del Estado de México involucrados en presuntos actos de corrupción en la contratación de la empresa Cartonera Plástica, a someterse a la jurisdicción de las instancias investigadoras correspondientes, deponiendo su encargo por la vía institucional pertinente, para efecto de que sean aclaradas con justeza las acusaciones de mal despacho que sobre ellos pesan y se garantice una organización, desarrollo y vigilancia del próximo proceso electoral que dé cumplimiento estricto a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
SENADOR JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
18 de mayo de 2005.
Del Dip. Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de formalizar una protesta en la que México rechace los actos de abuso y explotación cometidos en contra de ciudadanos mexicanos en el extranjero.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A EFECTO DE QUE, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES CONDUCENTES, SE FORMALICE UNA PROTESTA EN LA QUE MÉXICO RECHACE LOS ACTOS DE ABUSO Y EXPLOTACIÓN COMETIDOS EN CONTRA DE CIUDADANOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO, ESPECÍFICAMENTE EN ESTADOS UNIDOS; PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA.
CONSIDERACIONES
En días pasados, a través de la Cancillería en México, se ha informado que nuestro país no cuenta con elementos jurídicos o diplomáticos que puedan substanciar una controversia que detenga o impida la construcción por parte de Estados Unidos de una barda perimetral en la frontera de México y Estados Unidos, para controlar el acceso de inmigrantes mexicanos y de Centroamérica a dicho país.
Sin embargo, se considera que los abusos y violaciones a la dignidad y a la vida de los migrantes trabajadores que habitan en ese país o que intentan acceder a él, no se limita o extingue con la edificación de un muro o barda entre ambas fronteras.
Ya se cuenta con un relevante cúmulo de acontecimientos históricos que revelan la opresión y maltrato que se ejerce por parte de las autoridades estadounidenses en contra de los mexicanos inmigrantes. El suceso más reciente es la formación del grupo conocido como Minuteman integrado por ciudadanos estadounidenses, en el que, al amparo de las autoridades policiales y fronterizas, se lleva a cabo una verdadera cacería en contra de nuestros connacionales, con el supuesto fin de evitar el acceso de ilegales al territorio vecino.
El Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia considera que se debe realizar una protesta enérgica y contundente ante los foros internacionales que se tienen disponibles, para que los abusos cometidos en contra de los mexicanos en el extranjero sea un asunto de relevancia, independientemente de las intenciones del gobierno estadounidense por separar nuestras fronteras y edificar un muro limítrofe que repela la inmigración.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que se lleve a cabo una protesta formal de México, ante diversos foros internacionales, mediante la cual se rechace de manera tajante el abuso cometido en contra de mexicanos en el extranjero, y de manera específica en Estados Unidos.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo del 2005.
DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS
De los Senadores Leticia Burgos Ochoa y Antonio Soto Sánchez y de la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación al homicidio de la niña Airis Estrella Enriquez Pando.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL HOMICIDIO DE LA NIÑA AIRIS ESTRELLA ENRÍQUEZ PANDO EN CHIHUAHUA
Los suscritos, Leticia Burgos Ochoa y Antonio Soto Sánchez, legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en los siguientes:
CONSIDERANDOS
La polarización en las condiciones de vida de las mujeres en diferentes estratos sociales y zonas del país muestra la persistencia de la desigualdad como un obstáculo estructural a la vigencia de los derechos humanos en México.
Hoy -en los umbrales del siglo XXI- en México existe un gran número de mujeres viven en la pobreza, aisladas física, social y culturalmente, con perspectivas de corta vida, sin acceso a la educación, a la salud, a los trabajos remunerados y a infraestructura de apoyo a sus tareas domésticas, en tanto que otras han logrado su incorporación plena a la corriente principal del desarrollo del país.
La cultura de género dominante y su lenta transformación, así como la persistencia de instituciones y estructuras de poder reproducen y fomentan las asimetrías de género y mantienen estereotipos tradicionales, constituyen el obstáculo estructural de más difícil superación en materia de igualdad entre los sexos y de respeto a los derechos humanos de las mujeres.
En este sentido basta señalar que el propio gobierno mexicano reconoce que en nuestro país 47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años que conviven con su propia pareja en el hogar sufren algún tipo de violencia emocional, económica, física o sexual por su esposo.
Así mismo, el INEGI señala además que 56 de cada 100 mujeres de 15 a 19 años sufren algún tipo de maltrato por su esposo o compañero, mientras, una de cada dos mujeres que trabaja padece agresiones por parte de su pareja.
Por otra parte, las agresiones físico-domésticas son realmente alarmantes, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, recientemente publicó que en México ocurren al año 5 200 muertes de mujeres de entre 15 y 49 años de edad por causas violentas; es decir, 14 fallecen diariamente y dos de cada tres en sus hogares. Peor aún, el 97% de estos casos siguen impunes porque de cada 100 delitos reportados, 50 se investigan, apenas ocho terminan en arresto y juicio, y sólo tres en prisión, con condena. Entonces, ¿qué hacer frente a los casos de 1.4 millones de mexicanas que sufren violencia doméstica, de los que 1.2 millones tienen características de tipo sexual.
Pero ante tal situación, hay una cuestión que en México no tiene parangón.
Sin duda, la violencia doméstica está rebasada en el caso de las mujeres de Juárez, Chihuahua, el estado más grande de México y con la mayor extensión de frontera con los Estados Unidos, que desde hace diez años padece el sufrimiento de madres y familiares que horrorizados encuentran a sus hijas, hermanas, novias y esposas, muertas después de haber sido sometidas a la tortura y la violación.
Cabe señalar que desde 1993 a la fecha 415 mujeres han perdido la vida bajo esas deplorables circunstancias, sin que se haya logrado hacer justicia.
Lo más lamentable, es que el factor común de estas tristes historias no es necesariamente un asesino común, sino una vida parecida y una muerte sin solución. Las víctimas nacieron en la pobreza, trabajaron para mejorar sus vidas y, después de haber sido brutalmente asesinadas, se les negó justicia.
Pero ahora, en Chihuahua otro terrible caso ha sacudido a la opinión pública: el secuestro, violación y homicidio de la niña Airis Estrella Enríquez Pando de siete años de edad.
El cuerpo sin vida de Airis fue encontrado en un tambo de 200 litros de cemento con evidencia de haber sido ultrajada. El hallazgo del cuerpo de la víctima fue hallado después de más quince días de que fuera secuestrada por un vehículo momentos después de salir de una tienda de abarrotes.
No obsta decir, que tan macabro acontecimiento estremece a los chihuahuenses después de que la sociedad y organizaciones civiles se solidarizaran con los familiares en la búsqueda de la menor tras su secuestro.
Hasta ahora, organizaciones civiles de mujeres y ciudadanas están convencidas de que las autoridades federales y estatales mexicanas no han asumido su responsabilidad en el caso de Airis o de cada una de las muertas de Juárez y pareciera que no quieren llegar a fondo, ni castigar a los verdaderos criminales.
Hay que insistir en que la violencia contra las mujeres está dentro y fuera de su entorno familiar, que está ligada a la corrupción, a la impunidad, al crimen organizado, al irrespeto de los derechos humanos, es resultado de la inequidad y la intolerancia. Es por ello un problema social nacional de alta prioridad que nos interpela a todas y todos los mexicanos, pero sobretodo a las autoridades y funcionarios públicos responsables de garantizar el Estado de Derecho.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal y al gobernador constitucional del Estado de Chihuahua para que, con estricto apego a derecho y en ámbito de sus competencias, no escatimen esfuerzos para esclarecer el homicidio de la niña Airis Estrella Enríquez Pando y dar con el paradero de los autores de tan ominoso crimen.
SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal y al gobernador del Estado de Chihuahua para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, redoblen esfuerzos y acciones institucionales para detener la ola de violencia en contra de las niñas y las mujeres en esa entidad federativa.
TERCERO.- Se solicita la comparencia en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Fiscal Especial para la Atención de delitos relacionados con los homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, María López Urbina, para que informe sobre el estado que guardan los asuntos relacionados con su cargo.
SUSCRIBEN
SEN. LETICIA BURGOS OCHOA
SEN. ANTONIO SOTO SÁNCHEZ
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo de 2005.
De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno al asesinato de Airis Estrella Enriquez Pando.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM EN TORNO AL ASESINATO DE LA NIÑA AIRIS ESTRELLA RODRÍGUEZ PANDO, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
1. El pasado quince del presente mes se descubrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cuerpo sin vida de la niña Airis Estrella Rodríguez Pando. Este es el asesinato número catorce en lo que va del año, en ese municipio, cometido contra mujeres. El homicidio de esta pequeña de tan solo ocho años de edad, nos llena de indignación e impotencia porque a diferencia de los casos de feminicidios reportados desde 1993, la víctima es la de menor edad de los cientos de mujeres asesinadas en los últimos años.
Según las informaciones disponibles, el cuerpo fue localizado en un tambo de plástico, cubierto de cemento al surponiente de Ciudad Juárez, en una casa situada a la altura del kilómetro 30 de la carretera a Nuevo Casas Grandes, en la Colonia Minas de Saldaña. De acuerdo al informe forense, a la víctima la golpearon, violaron y además, la encementaron. Las preguntas, aún sin respuesta, son las mismas de siempre: ¿quién puede tener tanto odio, para una pequeñita?; ¿cuáles son las raíces que generan tanta violencia contra las mujeres?
2. El Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas durante su programa radiofónico semanal pidió a la población sumarse a "una Cruzada permanente contra la violencia" e informó que se abrió un número telefónico especial para recibir todo tipo de datos relacionados con el caso, las 24 horas del día.
Por su parte la Procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, quien encabeza personalmente las pesquisas sobre los casos de feminicidio, informó que solicitó la ayuda de la Agencia Federal de Investigaciones Estadounidense, en su carácter técnico, para revisar grabaciones y rastros que se encontraron en el lugar donde fue localizado el cuerpo. La participación del FBI será en cuestiones de técnica forense, no de investigaciones de campo. Destacó que al momento se cuenta con un retrato hablado del probable responsable del crimen.
3. No deseamos prejuzgar, ni adelantar juicios; sin embargo, es nuestra esperanza, como todos así lo deseamos, que el homicidio de Airis Estrella Rodríguez Pando no signifique una nueva fase o modalidad en los casos de muertes de mujeres en Ciudad Juárez, caracterizada por la impunidad y la agudización del problema. Se ha llegado a un punto crítico que está representado por el homicidio de esta pequeña y por el crecimiento de homicidios de mujeres en otros estados de la República.
4. En el recuento lamentable y humillante de la violencia de género contra las mujeres en nuestro país, no podemos olvidar que en el 2004 se registró en Ciudad Juárez un promedio de 1.5 homicidios de mujeres por mes. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, al año se registran 5 mil 243 muertes violentas de mujeres debido a homicidios, suicidios y accidentes. Entre enero y mayo de 2004 fueron asesinadas 154 mujeres en la frontera sur. El Estado de México ocupa el primer lugar en homicidios dolosos de mujeres, con una tasa de 7.47 asesinadas por cada 100 mil mujeres, lo que representa 130 por ciento más que la media nacional. En el DF hay un registro de 147 mujeres asesinadas violentamente entre octubre de 2002 a marzo de 2004. En Veracruz fueron asesinadas 204 y con un sólo número de diferencia 203 en Chiapas; mientras en Baja California ya son 102. En Sonora único estado con un adecuado registro de la situación, muestra 65 mujeres asesinadas en dos años.
5. En torno a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, la sociedad civil nacional e internacional continúa indignada frente a la clara evidencia de los homicidios, razón por la cual se ha hecho común la visita de relatores de distintos organismos internacionales, que buscan la solución a este problema.
Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos el Grupo Parlamentario del PVEM en el Senado somete a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que gire las órdenes correspondientes a fin de que la Procuraduría General de la República coadyuve en los trabajos de investigación sobre el caso del homicidio de la menor Airis Estrella Rodríguez Pando, a efecto de aclarar debidamente dicho crimen y castigar a los responsables, en el contexto de violencia e inseguridad que aún prevalece en Ciudad Juárez, Chihuahua.
SEGUNDO. La Comisión Permanente solicita al Titular del Ejecutivo Federal a que, por conducto de las dependencias competentes, se sume a las tareas de colaboración y coordinación necesarias entre los distintos órdenes de gobierno, para fortalecer el proyecto denominado “Cruzada permanente contra la violencia”, promovido por las autoridades del Estado de Chihuahua.
Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los dieciocho días del mes de mayo de 2005.
SEN. SARA I. CASTELLANOS CORTÉS
De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de los Diputados Adrián Chávez Ruiz y Francisco Javier Obregón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a fin de suspender el trámite de licitación de la empresa “Ocean Garden Products” y que informe las razones por la que convocó al mismo.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE SUSPENDER EL TRÁMITE DE LICITACIÓN DE LA EMPRESA “OCEAN GARDEN PRODUCTS” Y QUE INFORME LAS RAZONES POR LA QUE CONVOCÓ AL MISMO.
Los diputados suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El pasado dos de mayo, fue publicada la convocatoria para participar en el proceso de licitación para la enajenación del cien por ciento de los títulos del capital social de Ocean Garden Products.
Dicha convocatoria se basa en los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Desincorporación que los días 24 de enero y 28 de febrero de este año, decidieron que había que privatizar el único espacio real de apoyo con que cuentan los productores de camarón, langosta, abulón y pulpo.
El único espacio, que queda del compromiso que adquirió el estado nacional de apoyo a los pescadores del país.
Conforme el estado fue abandonando su papel de rector de la economía, eliminó de sus prioridades la atención a la pesca: cerró el banco de fomento cooperativo, vendió las plantas procesadoras de productos del mar, su comercializadora nacional, desapareció la Secretaría de Pesca y ahora pretende eliminar a una empresa exitosa que ha logrado acceder al 18% del mercado de camarón en los Estados Unidos.
En países como el nuestro, donde se abre una diferencia cada vez más grande entre los pocos ricos y los muchos pobres, la promoción de actividades productivas que representen una mejoría en el nivel de vida de la sociedad, con empleos dignos y bien remunerados, es la única alternativa para disminuir las espantosas situaciones en que sobrevive el 60% de la población.
La responsabilidad del estado, plasmada en la constitución en el artículo 25 que a la letra dice “corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable” además de que “mediante el fomento económico y el empleo y una más justa distribución de la riqueza, permita el ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos” queda sin sentido ante este tipo de medidas.
Una empresa como Ocean Garden es más que una simple comercializadora. Es una empresa que cumple un papel social relegado por la administración en turno y las anteriores. Apoya con créditos para sustituir artes de pesca antes de la temporada de captura, cosa que no hace ningún otro programa oficial.
Cuenta ya, con marcas de prestigio a nivel internacional que sería lo que efectivamente se vendería en el caso de consumar su privatización.
Es una empresa, que en los hechos, ha funcionado como una banca social y cuyos precios, constituyen el referente inferior a partir del cual se comercializan en el mercado.
Trabaja con ganancias, y mediante evaluaciones periódicas con su consejo de administración cuatro veces al año. En resumen es una empresa eficiente y eficaz que ocupa un importante espacio en la cadena productiva del país.
Por ello, no entendemos las razones de que se quiera privatizar. No entendemos que se pretenda ahora enajenar una empresa de alto impacto social para el sector de la pesca y la acuacultura, que ha costado muchísimo esfuerzo levantar y apoyar durante 48 años. ¿Acaso son tan importante para el estado mexicano los ingresos que va a arrojar su enajenación como para sacrificar el impacto económico y social que pueda tener para el sector?
Ante el discurso oficial de lograr competitividad frente a productores de otros países, la venta de Ocean Garden permitiría de facto tener condiciones de desventaja con respecto a países como Australia.
Finalmente, su desincorporación, no se encuentra en ninguno de los preceptos del artículo 32 de la Ley Federal para Entidades Paraestatales, que además estipula que debía de darse atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora.
Por lo anteriormente expuesto, los que suscriben someten a la consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: Se exhorta al ejecutivo federal a que suspenda el proceso de licitación para la enajenación del cien por ciento de las acciones del capital social de Ocean Garden Products.
SEGUNDO: Se solicita al ejecutivo federal información respecto a los motivos por el que se decidió enajenar las acciones del gobierno mexicano en la empresa Ocean Garden Products.
Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo 2005
DIP. ADRIÁN CHÁVEZ RUIZ
DIP. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN
De la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular del Servicio de Administración Tributaria, y la del Secretario de la Función Pública, a efecto de que informen los detalles de las sanciones económicas impuestas a la organización PROVIDA.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A NOMBRE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RELATIVO A LA SANCIÓN IMPUESTA A LA ASOCIACIÓN PROVIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
PUNTO DE ACUERDO
UNICO- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la brevedad posible la comparecencia del titular del Servicio de Administración Tributaria, Ing. José María Zubiría; así como del Secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, a efecto de que informen a esta soberanía, los detalles acerca de las sanciones económicas impuestas a la organización PROVIDA.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Mayo 18 de 2005
SENADORA YOLANDA EUGENIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de los Diputados Martha Lucía Micher Camarena y Alfonso Ramírez Cuellar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal atienda las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Fideicomiso “Transforma México”.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL EJECUTIVO ATIENDA LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION SOBRE EL FIDEICOMISO TRANSFORMA MEXICO
Las y los diputados suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2003, que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Comisión de Vigilancia, contiene evidencias de uso indebido de recursos públicos a favor de la Fundación Vamos México. Con este fundamento, la Auditoría Superior determinó recomendar evaluar la desaparición del Fideicomiso Transforma México por no contar con mecanismos de control interno ni de seguimiento de los donativos que opera.
Se debe recordar que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que la Auditoria Superior de la Federación realizara una auditoría integral de los ejercicios de 1999 a 2003 a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ante el posible desvío y uso discrecional de recursos de ese órgano de asistencia pública para financiar instituciones privadas vinculadas con la fundación Vamos México.
Lo anterior, luego de que compareciera ante legisladores la directora de la Lotería Nacional, Laura Valdés Ruiz, y se detectara la existencia de supuestos apoyos a organismos privados con recursos públicos, a través del fideicomiso Transforma México. En la investigación senatorial se puso de manifiesto la nula planeación comercial de los sorteos que tiene al borde de la quiebra a la Lotería Nacional así como las devoluciones de los billetes de cada uno de aquéllos, que fluctúan en alrededor del 70 por ciento, lo cual la imposibilita para obtener utilidades.
Las operaciones ilegales pusieron al descubierto que los vocales del comité técnico del fideicomiso Transforma México -quienes toman decisiones para la asignación de recursos- son al mismo tiempo contratistas y beneficiarios del mismo, o bien, a pesar de estar prohibido, se beneficia a organizaciones políticas y religiosas y a la familia presidencial a través de este fideicomiso, otorgando recursos multimillonarios de manera directa a diversos organismos privados que, coincidentemente, reciben también recursos de Vamos México.
El resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2002 es contundente: 110 millones 950 mil pesos fueron donados a Transforma México, así como a tres agrupaciones más. Debió haberse enterado a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y ésta destinarlos a la Secretaría de Salud con objeto de aplicarlos en obras de asistencia pública. En el caso de los 110 millones de pesos se canalizaron recursos a la creación de un fideicomiso para donativos, cuando debieron reportarse a la Tesofe, para que la Secretaría de Salud los aplicara a la asistencia pública, de conformidad con la normativa aplicable.
Respecto de las deficiencias en el otorgamiento de apoyos a dos instituciones, por 22 millones 339 mil pesos, se observaron posibles promociones indebidas a una de ellas, efectuadas por el entonces director de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública de Lotenal; del donativo otorgado a una asociación para el proyecto de equipar 123 aulas de medios, el cual se concluyó en marzo de 2003, existe un remanente de 5 millones 961 mil 500 pesos, mismo que no ha sido reintegrado al fideicomiso.
Además, faltó supervisar el cumplimiento de los proyectos y no se han efectuado auditorías para comprobar recursos. El resultado del trabajo realizado por la ASF concluye que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública “no dio cumplimiento al concepto de rendición de cuentas, al encontrar grandes deficiencias en el manejo de recursos de Transforma México”.
Por otra parte, en la revisión de la Cuenta Pública 2003 la Lotería Nacional, a través del Fideicomiso Transforma México, provocó un quebranto a sus finanzas por 71 millones 725 mil pesos, al propiciar triangulaciones a través de donativos a 53 instituciones privadas y públicas que no lograron acreditar el destino de esos recursos y que en algunos casos deberán realizar su devolución.
En opinión de la entidad de fiscalización superior de la federación, se considera que en términos generales la Lotería Nacional para la Asistencia Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración, ejecución, control y supervisión de las operaciones examinadas, ya que en los donativos otorgados a 38 instituciones y asociaciones se observó que 71 millones 725 mil pesos presentaron irregularidades en su comprobación y no cumplieron con la normativa aplicable.
Entre las anomalías detectadas en el caso de la Lotenal, la ASF encontró que los cuestionarios para solicitar la canalización de recursos no se elaboraron en tiempo y forma, y en algunos casos se presentaron fechas de recepción anteriores a la fecha de autorización del comité técnico del fideicomiso; otros presentaron dos fechas de recepción, y la mayoría manifestaron días de recepción anteriores a la constitución del fideicomiso público de la Lotería Nacional, Transforma México.
Del impacto económico citado arriba, los donativos otorgados a 24 instituciones y asociaciones representan un quebranto por 30 millones 5 mil pesos que fundamentalmente se refiere a ausencia de comprobación de conceptos, sobreprecios en facturas y donativos que no cumplieron con la normatividad aplicable. Finalmente, como resultado de la revisión llevada a cabo, la Auditoría Superior de la Federación recomendó el cumplimiento estricto de la normatividad para el otorgamiento de donativos y el establecimiento de sistemas de control a efecto de que los recursos asignados al Fideicomiso Transforma México se apliquen con eficiencia, eficacia y honradez. Esta recomendación ha sido ignorada; y es por ello que hoy se recomienda la desaparición del fideicomiso en cuestión.
Resulta importante destacar que el proceso de fiscalización que llevó a cabo la ASF determina importantes áreas de oportunidad, sobre las cuales se debe reflexionar para acabar con la opacidad y avanzar con mayor celeridad en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.
Según la Auditoria Superior un área que ha sido seriamente afectada por la opacidad corresponde a la de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos que ejercen cuantiosos recursos públicos. Al cierre de 2003 existían mil 353 figuras de este tipo cuyos activos ascendían a poco más de 662 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación, en los Informes de Resultados de las Revisiones a las Cuentas Públicas de los años 2000, 2001 y 2002, manifiesta la apremiante necesidad de transparentar su operación.
Aunado a lo anterior se destaca el Acuerdo expedido por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, mediante el cual los recursos federales operados por estos instrumentos quedan sujetos a control, comprobación y rendición de cuentas. Además el Poder Legislativo, aprobó recientemente, una reforma a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, mediante la cual ya se incorporan estas figuras como entes sujetos de fiscalización. Queda pendiente para su aplicación y vigencia que el Ejecutivo suscriba el decreto correspondiente.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión le exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que proceda a iniciar los procedimientos correspondientes para deducir o fincar responsabilidades tanto de carácter administrativo como –en su caso- penales a quien o quienes resulten responsables del uso y desvío indebidos de recursos públicos de la Lotería Nacional.
SEGUNDO. Que satisfechos dichos procedimientos atienda a la recomendación que con fecha 31 de marzo del presente emitió la Auditoria Superior de la Federación, esta Comisión Permanente le exhorta al C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que por conducto de su Secretario de Hacienda y Crédito Público y en cumplimiento de sus facultades proceda a la desaparición del Fideicomiso Transforma México, y se lleven a cabo las acciones tendientes a ejecutar dicha recomendación en sus términos.
DIPUTADA MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2005
De la Sen. Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo sobre la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO sobre la situación de los migrantes mexicanos en estados unidos que PRESENTA la senadora cecilia romero castillo del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Congreso Mexicano a través de la Comisión Permanente, manifiesta su extrañamiento ante la recién aprobada Real ID Act por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que vulnera los derechos humanos de los mexicanos residentes en ese país.
SEGUNDO.- Instruye a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión para que, en conjunto lleven a cabo un programa de trabajo tendiente a propiciar la aprobación de la recién presentada “The Secure America and Orderly Immigration Act of 2005”
Dado en el Salón de Sesiones el día miércoles 18 de mayo del año 2005.
ATENTAMENTE
SEN. CECILIA ROMERO CASTILLO
De los Diputados Guadalupe Suárez Ponce, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa “HR-418”.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE PRONUNCIA ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA HR-418 (Real ID Act)
Quienes suscriben, Guadalupe Suárez Ponce, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Adriana González Carrillo, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por la que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa “HR-418” (Real ID Act) con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
El pasado 6 de mayo, el pleno de la Cámara de Representantes aprobó la REAL ID Act, (H.R. 418) por 368 votos a favor y 58 en contra, misma que fue promovida por el congresista James Sensenbrenner. El Senado estadounidense, el pasado 6 de mayo, respaldó esta iniciativa por unanimidad la cual ha sido ya promulgada por el presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush.
La denominada iniciativa Real ID Act (HR-418), tal y como su antecedente directo –la HR10- dice implementar las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre del gobierno estadounidense mediante la reforma a todos los servicios de inteligencia y espionaje de Estados Unidos de América. Cabe mencionar que esta iniciativa se encuentra incluida en una partida presupuestal para financiar proyectos relacionados con las guerras de Irak y Afganistán, entre otros
La propuesta faculta al Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos de América para construir ciertas barreras y caminos en la frontera con México, establece el endurecimiento de las leyes de inmigración y nacionalidad para requerir mayores pruebas de que quienes soliciten asilo a los Estados Unidos de América no sean terroristas y limita con una serie de criterios más rígidos la expedición de licencias de conducir para que puedan ser aceptadas por autoridades federales.
El criterio fundamental exigido para expedir licencias de conducir aceptadas por autoridades federales es el de la evidencia de que quien la solicita tenga una residencia legal. Adicionalmente, esta ley autoriza al Secretario de Seguridad Interior a imponer requerimientos adicionales a la expedición de las mismas.
La Real ID Act establece que todos los solicitantes de licencias de conducir, quienes vayan a renovarlas o quienes deseen una tarjeta de identidad del estado, deben presentar hasta cuatro documentos que comprueben que son ciudadanos o que residen legalmente en este país. La medida da tres años a los estados para que implementen el programa y los obliga hacerlo so pena que las licencias de conducir que emitan no tengan validez en instancias federales. En la práctica esto supone convertir en una especie de agentes migratorios a los empleados de las agencias de tránsito de los 50 estados de la Unión Americana.
Las licencias de conducir han fungido como un instrumento central para la identificación y obtención de un empleo en el área de servicios para la población migrante en Estados Unidos de América. Hacer más estrictos los requerimientos para su expedición resulta innecesario toda vez que esa comunidad no tiene ninguna relación con actividades terroristas, como las que la ley en cuestión pretende combatir. Los migrantes no son terroristas sino gente trabajadora en busca de un modo honesto de ganarse la vida.
Es claro que esta ley no representa una solución integral del fenómeno migratorio y es omisa respecto del debate de fondo del problema. Afecta los derechos de los migrantes mexicanos, como de otras nacionalidades por la restricción en la expedición de licencias de conducir y por la construcción de bardas en la frontera, pues tales medidas no corresponde con el clima de entendimiento y convivencia diaria de las comunidades de ambos lados de la frontera, ni con la intensa dinámica de intercambios comerciales que se producen en la región.
Los legisladores mexicanos somos profundamente respetuosos de la soberanía del Congreso de los Estados Unidos de América y su gobierno. No obstante tenemos la obligación de manifestar nuestro más enérgico rechazo a esta propuesta toda vez que la representación y defensa de los derechos de nuestros ciudadanos rebasa nuestras fronteras.
La barda de tres millas de extensión que se pretende construir a lo largo de la frontera entre Tijuana y San Diego no sólo no va a detener el paso de los indocumentados mexicanos sino que, seguramente, provocará mayor incertidumbre, inseguridad y muerte en la frontera.
Como en Alemania Oriental o en Palestina, los muros son fuente inhumana de divisiones, conflictos, enconos y mezquindad. En la frontera entre México y Estados Unidos necesitamos justo lo opuesto: cooperación, confianza, prosperidad y buena voluntad.
Prueba de ello, es que la Declaración Conjunta de la Cumbre trilateral de Norteamérica celebrada en Waco, Texas, el pasado 23 de marzo de 2005, puso de manifiesto que los representantes del Ejecutivo de México, Estados Unidos y Canadá comparten un concepto de seguridad y prosperidad regional mutuamente dependiente y complementario.
Igualmente el presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, durante la primera conferencia de prensa de su segundo mandato afirmó que dentro de la nueva visión de la Casa Blanca hacia el tema migratorio se enmarcaba el trabajo de la patrulla fronteriza que, dijo, “debía avocarse a perseguir sólo a criminales, narcotraficantes, terroristas y ladrones y no a personas de buen corazón que vienen a trabajar aquí”.
Lo más grave, quizá, es que esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Casa Blanca como consta en declaraciones oficiales de la misma. Ante ello, los legisladores mexicanos debemos hacer patente nuestro compromiso con los derechos de nuestros connacionales en el extranjero para que obtengan el trato digno y respetuoso que toda autoridad debería concederle.
México apoya plenamente las medidas y los esfuerzos de la comunidad internacional contra el terrorismo. Sin embargo, ninguna medida podrá estar encima de la integridad de la persona humana y de la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo.
De ser aprobada, esta iniciativa lesionaría gravemente disposiciones centrales del derecho internacional que asiste a los migrantes en el mundo y contribuiría a la generación de un ambiente poco favorable para la cooperación bilateral en la obtención de una migración legal, ordenada y segura entre México y Estados Unidos.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa HR-418 (Real ID Act) por el Congreso Norteamericano y manifiesta su deseo de que sea comunicado en breve, por parte de la Mesa Directiva, el contenido de esta proposición a sus homólogos estadounidenses de ambas Cámaras.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de los canales institucionales pertinentes, sugiera a su homólogo estadounidense, retomar el espíritu de cooperación y los compromisos adquiridos en la pasada Cumbre Trilateral para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta que nuestros migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América merecen un trato digno y respetuoso toda vez que viajan a ese país buscando mejores condiciones de vida a través de su reconocido y arduo trabajo por lo que no corresponde considerarlos como delincuentes ni terroristas.
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se de puntual seguimiento al presente asunto a fin de hacer uso de los recursos legales, diplomáticos y políticos pertinentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de mayo de 2005.
DIP. GUADALUPE SUÁREZ PONCE DIP. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO
DIP. RODRIGO IVÁN CORTÉS JIMÉNEZ
Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, a nombre del Dip. Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que el Congreso mexicano manifiesta su más enérgica condena al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica por la aprobación de la Ley de Identidad Real (HR-418).
PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO MEXICANO MANIFIESTA SU MAS ENÉRGICA CONDENA AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE IDENTIDAD REAL (HR-418), ESPECÍFICAMENTE EN SU APARTADO RELATIVO A LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA FRONTERA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, SUSCRITO POR EL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Quienes suscribimos, diputados miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes
1. El pasado 10 de mayo, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad el proyecto de Ley HR-1268, el cual otorga fondos emergentes para la lucha global contra el terrorismo. El paquete de leyes contiene la medida antimigrante conocida como Ley de Identificación Real (HR-418: Real ID, por sus siglas en inglés). Un día después, el presidente George Bush promulgó el decreto que pone en vigor dicha Ley.
2. La Ley de Identificación Real proporciona recursos adicionales para el control fronterizo, los cuales, según el presidente Bush “fortalecerán la capacidad de la Nación para prevenir el ingreso y operación de terroristas extranjeros en Estados Unidos”. La sección 102 de la Ley incluye disposiciones sin precedentes que otorgan facultades al secretario del Departamento de Seguridad de la Patria (DSP) para pasar por alto, con absoluta discrecionalidad y sin ninguna revisión judicial, cualquier tipo de leyes federales que impidan la construcción de caminos y bardas en las inmediaciones de la frontera estadounidense con México.
3. Adicionalmente, la Ley de Identidad Real otorga fondos para completar la barda fronteriza que se encuentra en el área de San Diego. El lenguaje que se utiliza en el precepto legal es demasiado ambiguo y puede permitir al secretario del DSP, en el futuro y de manera discrecional, construir más bardas a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos.
4. Consideramos que esta propuesta es inhumana, ineficiente y resultará en el incremento del sufrimiento, la violencia y la muerte a lo largo de la frontera. Hoy los migrantes están más expuestos a los abusos y al maltrato e, inclusive a la pérdida de la vida. En los últimos cuatro años, como consecuencia de la puesta en marcha de los programas de sellamiento de la frontera implementados por la Patrulla Fronteriza estadounidense, han aumentado de manera considerable los abusos y las extorsiones a que son sometidos nuestros connacionales, quienes se han convertido en presa fácil de las redes del crimen organizado.
5. Por tanto, creemos que estas medidas no reducirán la migración indocumentada sino solamente contribuirán a incrementar el número de muertes en la frontera. La barda que existe actualmente en la frontera con San Diego cuesta aproximadamente 3 millones de dólares por milla. Numerosos reportes ilustran que este gasto no ha resultado en la reducción de la migración indocumentada, sino que solamente ha hecho cambiar la ruta de los migrantes del área de San Diego hacia la zona de Arizona. Más de dos mil migrantes han muerto a la fecha desde 1997 en esa región, de acuerdo con estadísticas del propio gobierno estadounidense.
7. Estamos convencidos de que no es a través de la construcción de muros como se resuelven los temas de la frontera. Este tipo de medidas no corresponde con el clima de entendimiento y convivencia diaria de las comunidades de ambos lados de la frontera, ni con la intensa dinámica de intercambios comerciales que se producen en la región y menos con la relación institucional que se ha venido construyendo entre ambos países.
8. En las reuniones interparlamentarias hemos discutido con respeto los temas de la coyuntura de la relación bilateral. Aunque estas reuniones no se han traducido en resultados concretos ni han concluido en acuerdos legislativos válidos para ambos congresos, son un mecanismo de diálogo que debemos mantener para explicar nuestras posiciones sobre diversos temas que son de interés para nuestras naciones.
10. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos merecen un trato digno y respetuoso toda vez que viajan a ese país buscando mejores condiciones de vida a través de su reconocido y arduo trabajo por lo que no corresponde considerarlos como delincuentes ni terroristas.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su tajante rechazo a la Ley de Identidad Real (HR-418), aprobada en días pasados por el Congreso de Estados Unidos y promulgada por el presidente de dicha nación. La construcción de bardas en la frontera entre México y Estados Unidos no contribuye de ninguna manera a la solución integral del problema migratorio y no otorga confianza a la relación bilateral para llegar a acuerdos profundos que garanticen la seguridad fronteriza y regional.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita al Congreso estadounidense a construir mecanismos de diálogo en donde se expongan nuestras posiciones para avanzar en una agenda que garantice a los dos países un flujo de migración legal, seguro y ordenado para alcanzar una solución integral de este fenómeno.
Diputado Federal Rafael García Tinajero
Comisión Permanente. 18 de mayo de 2005.
Del Sen. Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo referente al posible retiro de México de los acuerdos bilaterales y de suspensión de visas con las Repúblicas de Brasil, Ecuador y Sudáfrica.
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO REFERENTE AL POSIBLE RETIRO DE MÉXICO DE ACUERDOS BILATERALES DE SUPRESIÓN DE VISAS CON LA REPÚBLICA DE BRASIL, ECUADOR Y SUDÁFRICA.
HONORABLE ASAMBLEA:
En días recientes diversos medios de comunicación han dado cuenta del posible retiro de nuestro país de varios acuerdos bilaterales de supresión de visas, argumentando requerimientos nacionales en materia de Seguridad. Estos mismos medios de comunicación han dado cuenta de que por nuestro territorio cruzan de manera ilegal ciudadanos sudafricanos, cubanos, guatemaltecos, ecuatorianos, brasileños, chinos, e indonesios, que tiene como destino final entrar de manera indocumentada a los Estados Unidos.
El Partido de la Revolución Democrática, siempre ha considerado a la migración como un fenómeno global, resultado de las políticas económicas neoliberales, que tiene como finalidad el proteger los intereses de las grandes empresas trasnacionales y denostar la economía de los sectores populares y de las pequeñas y medianas empresas.
Este mismo argumento lo expresamos de manera recurrente para demandar a nuestro gobierno un cambio en la política económica aplicada durante los tres últimos sexenios, la cual ha motivado que cientos de miles de mexicanos busquen con la migración hacia los Estados Unidos la posibilidad de mejores condiciones de vida que en nuestro país por desgracia no tienen.
Hemos sido un Partido impulsor y promotor de la defensa de los derechos humanos, políticos y laborales de nuestros connacionales en el exterior; criticamos la violación a los derechos humanos que autoridades mexicanas impunemente realizan en la frontera sur de nuestro país; denunciamos duramente la construcción de muros y la militarización de la frontera con Estados Unidos, e incluso, hemos sostenido que con esas medidas adoptadas de manera unilateral por parte del gobierno estadounidense no se resuelve el problema de la migración de mexicanos hacia el norte del continente.
Manifestamos en diversas tribunas nacionales e internacionales, que el fenómeno migratorio mundial debe ser resuelto en los organismos multilaterales como la ONU y a través de acuerdos multilaterales que tengan como objetivo erradicar la pobreza, así como, el apoyo económico a aquellos países expulsores de migrantes.
Estas tesis sostenidas nos otorgan calidad moral y política para expresar nuestra oposición al retiro de nuestro país de los acuerdos de supresión de visas en pasaportes ordinarios suscritos por México con Brasil, Ecuador y Sudáfrica.
Queremos creer que las frases reduccionistas “de que nuestro país le esta haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos en materia de migración”, no pueden ser ciertas; queremos creer que, “este supuesto análisis” de los acuerdos, no tiene nada que ver con la política de contención estadounidense a nacionales de países potencialmente terroristas.
Creemos que si en verdad se está realizando un análisis de estos acuerdos, responde a políticas de seguridad nacional y a nuestros propios intereses. Lo cual dudamos.
Queremos creer que esta valoración que esta haciendo la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, no responde a una actitud de venganza por parte del gobierno mexicano a la negativa de Brasil de apoyar la propuesta de México para la Secretaría General de la OEA ó a la negativa de Brasilia de no invitarnos a la Cumbre Sudamericana con países Árabes, ó simplemente a la posición adoptada por Brasil respecto a las reformas al Sistema de las Naciones Unidas.
Si fueran estas las razones, lamentamos mucho que el gobierno mexicano y su titular en la SRE se valga de estos mecanismos para expresar su enojo y no utilice la vía diplomática para resolver las diferencias existentes entre ambos países.
Consideramos oportuno mencionar que de consumarse el retiro de nuestro país de estos acuerdos bilaterales – que deberían de ser aprobados por el Senado de la República – sería un mensaje negativo hacia América Latina y el Caribe, en este momento donde diversos líderes de la región buscan una integración regional que enfrente los futuros desafíos de la globalización.
Lamentamos mucho, que el gobierno mexicano, muestra una vez mas la falta de una Política Exterior de Estado, hacia para el continente, ya que afecta, no solo la ya deteriorada imagen de nuestro país en el exterior, sino que también afecta al turismo, las inversiones, el intercambio cultural y académico entre México y el resto de la comunidad latinoamericana.
Exhortamos al poder Ejecutivo Federal a que no tire a la basura el poco diálogo político-diplomático que aún tenemos en la Comunidad Internacional y sobre todo con Sudáfrica, país que representa una puerta de diálogo con los países del África, y con el cual hemos sostenido relaciones importantes en materia comercial y de apoyo político en organismos multilaterales.
Finalmente compañeras y compañeros legisladores.
México, sin duda, debe contribuir en un esquema de seguridad regional con Estados Unidos y Canadá. México, sin duda, debe contribuir a combatir de manera decidida el terrorismo de organizaciones extremistas y del promovido por los Estados represores. México, sin duda, debe aportar sus instituciones de seguridad a la protección de los intereses estratégicos de nuestro país y de nuestros vecinos; esto no significa que México tenga hoy que cerrarles las puertas a todos aquellos nacionales de otros países con los que Estados Unidos tiene diferencias políticas comerciales e incluso militares.
Es momento de discutir nuestra relación con América del Norte, con América Latina y con el resto del mundo desde una perspectiva de Estado, dejando en el pasado la “Política Exterior de gobierno” que cada seis años cambia según el partido o el presidente en turno.
No desgastemos mas nuestra relación con América Latina, evaluemos conjuntamente, Ejecutivo y Legislativo la pertinencia o no de denunciar estos acuerdos bilaterales
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Senador de la República, somete a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Esta H. Comisión Permanente solicita información a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaria de Gobernación sobre los criterios que se están considerando para el retiro de México de los acuerdo bilaterales de supresión de visas signados con Brasil, Ecuador y Sudáfrica.
SEGUNDO.- Esta H. Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a no denunciar ninguno de los acuerdos bilaterales, antes de enviar la información solicitada, para su análisis y discusión en este órgano legislativo.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los dieciocho días del mes de mayo del año 2005.
De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, a que no revoquen el Acuerdo de Supresión de Visas con la República Federativa de Brasil.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A QUE NO REVOQUE EL ACUERDO DE SUPRESIÓN DE VISAS CON LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, PUESTO QUE NO EXISTEN LOS ELEMENTOS FEHACIENTES PARA ELLO.
Los Senadores que suscriben, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO: Que solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, a que no revoquen el Acuerdo de Supresión de Visas con la República Federativa de Brasil, puesto que no existen los elementos fehacientes para tomar esta decisión.
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciséis días del mes de mayo de 2005.
Del Dip. Luis Maldonado Venegas, a nombre del Dip. Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación intervenga e informe acerca de las erogaciones realizadas a la fecha, en el proceso de venta de las empresas pertenecientes a Corporación Internacional de Transporte Aéreo.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN INTERVENGA E INFORME ACERCA DE LAS EROGACIONES REALIZADAS A LA FECHA, EN EL PROCESO DE VENTA DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES A CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (CINTRA) TRATÁNDOSE DE, AEROMÉXICO, AEROLITORAL, MEXICANA DE AVIACIÓN, AEROCARIBE (CLICK MEXICANA) Y SERVICIO DE APOYO EN TIERRA (SEAT), PRESENTADO POR EL DIP. JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL EN VOZ DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS.
El que suscribe diputado Jesús González Schmal, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:
CONSIDERANDOS:
Como resultado de la notoria intención del Secretario de Hacienda para realizar la venta de los activos de CINTRA (Corporación Internacional de Transporte Aéreo), que comprende las empresas Aeroméxico, Mexicana de Aviación, Aerolitoral, Aerocaribe (Click Mexicana) y SEAT, ha sido evidente el despliegue publicitario y de información optimista por parte del recién nombrado Presidente del Consejo de Administración de dicha sociedad, Dr. Andrés Conesa Labastida, así como del Secretario Ejecutivo del IPAB, Dr. Mario Beauregard Álvarez, lo cual merece una especial atención acerca del manejo de los recursos públicos de éstas empresas, considerando que el 65% de la participación accionaria de dicha controladora es del Gobierno Federal.
A mediados del mes de Abril en el “Tianguis Turístico de Acapulco”, se anunció el lanzamiento de Click Mexicana, la nueva aerolínea de bajo costo, producto de la conversión de Aerocaribe. De igual forma, que saldría al mercado con tarifas un 30% más bajas que las convencionales. En fecha reciente, dicho porcentaje fue modificado a un 15%. La nueva aerolínea significará una inversión de $10 millones de dólares.
Con anterioridad, el Dr. Conesa informó a la opinión pública acerca de la contratación del Credit Suisse First Boston como Agente Financiero, aunque después mencionó que podría fungir como Asesor de la Desincorporación. Así mismo, acerca del proceso de contratación del Despacho de Abogados para el análisis jurídico de la venta de los activos de CINTRA, ya citados. En adición a todo lo ya enunciado, el cambio de imagen de Mexicana de Aviación, consistente en la pintura de los aviones, uniformes del personal, etc...
Se continúan difundiendo resultados de gestión, informando las importantes utilidades netas de CINTRA al cierre de 2004, por $573 millones de pesos, no obstante el impacto por el incremento en el precio de la turbosina, cuándo al cierre de 2003 las pérdidas ascendieron a $2,236 millones de pesos. A ésta fecha, el Despacho de Auditores Price Waterhouse Coopers, de seguir fungiendo como su Auditor Externo, ya debió emitir su dictamen acerca de la situación financiera y realidad económica de CINTRA.
Por lo anterior, considerando el avance que presenta este proceso de venta, es importante conocer verazmente el gasto que está significando, por lo expuesto, solicito a ésta H. Asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO.- Que la Auditoria Superior de la Federación intervenga en apego a su función, y practique las revisiones pertinentes, así como determine la validez y razonabilidad de las cuantiosas erogaciones realizadas en el proceso de venta de las empresas pertenecientes a Corporación Internacional de Transporte Aéreo (CINTRA), la veracidad de la situación financiera reportada y sobre la observancia del correcto manejo de los recursos públicos de la nación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo del 2005.
DIP. JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL
De la Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la aprobación del derecho al voto de las mujeres en Kuwait.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA POR LA APROBACIÓN DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN KUWAIT
Quien suscribe, Norma Patricia Saucedo Moreno, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por la que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la aprobación del derecho al voto de las mujeres en Kuwait con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
El día 16 de mayo de 2005, el Parlamento de Kuwait aprobó un proyecto de ley, apoyado por el Gobierno, que reconoce los derechos políticos de las mujeres y les permitir votar y presentarse como candidatas en las elecciones del emirato.
Votaron a favor de la iniciativa 35 diputados, 23 lo hicieron en contra y tan solo una abstención, constituyendo dicha votación un hecho histórico en el parlamento de referencia.
Sin embargo, el proyecto incluye un artículo por el que se exigirá que cualquier candidata o votante femenina acate la Sharia, es decir, la ley islámica.
Tras conocerse el resultado de la votación, el primer ministro kuwaití, el jeque Sabah Al Ahmad Al Sabah, felicitó a las mujeres de su país y recordó que el deseo de su gobierno era que tuvieran iguales derechos que los hombres.
La votación parlamentaria se llevó a cabo después de que un comité parlamentario para asuntos de Interior y Defensa apoyase por mayoría el proyecto de ley.
Según informó la agencia de noticias kuwaití, KUNA, tras largas deliberaciones tres de los cinco miembros del comité votaron a favor mientras que los otros dos lo hicieron en contra.
Con esta aprobación parlamentaria, el Gobierno kuwaití reconoce los derechos políticos de las mujeres, después de que la cámara rechazara varias propuestas en ese sentido.
Hasta hace cincuenta años eran pocas las mujeres kuwaitíes que recibían alguna formación política, aparte de una somera educación religiosa. Poco a poco fue cambiando este estado a medida que pasaban los años.
La Ley electoral Kuwaití de 1962, por ejemplo, excluía a las mujeres de poder postularse a un puesto de elección popular, es decir, les fue restringido durante todo este tiempo el derecho de votar y ser votadas.
Dicha ley, limitaba el derecho al voto a los hombres mayores de 21 años que no son miembros de la policía o del Ejército. Finalmente, gracias a la aprobación de una nueva ley electoral no sólo se ha promovido la participación política de la mujer, sino que también ascenderá la cifra de electores a 339.000.
En el caso mexicano, es bien sabido que en el año de 1953 las mujeres ejercieron por primera vez su derecho al voto.
En nuestro país, se concibió el crecimiento político de la mujer de manera progresiva. Se pensó que primero deberían votar de manera gradual para tener el derecho de participar en las elecciones federales. Fue así que se dieron las primeras reformas a la Constitución. En 1946, se reformó el artículo 115 para que las mujeres pudieran votar y ser votadas en las elecciones municipales.
No obstante, sería hasta 1953 que llegó la reforma constitucional; y, (al decir de algunos autores de textos sobre el período), sin que organizaciones de mujeres hayan presionado.
El derecho a voto de la mujer en América Latina llegó de manera dispar. En Argentina se consiguió, tras largas luchas, en 1947. En Brasil, se obtuvo la facultad de votar a las mujeres en 1932, mismo año en que Costa Rica la implementó. En Guatemala sólo se otorgó este derecho en 1945 a las mujeres que sabían leer y escribir. No fue sino hasta 1965 que el voto femenino se extendió también a las analfabetas.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su beneplácito y se congratula por la aprobación del derecho al voto de las mujeres por el Parlamento de Kuwait.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Mesa Directiva de la misma, se emita un atento comunicado al Parlamento de Kuwait por el que se expresen los parabienes del Congreso Mexicano por considerar la profunda trascendencia que implica el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en el mundo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de mayo de 2005.
DIP. NORMA PATRICIA SAUCEDO MORENO
DIPUTADA FEDERAL LIX LEGISLATURA
Del Sen. Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en relación a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005, que PRESENTA el senador javier corral jurado del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta de la manera más atenta y respetuosa a los miembros de las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, para que a la mayor brevedad celebren una reunión de trabajo, en conferencia parlamentaria, para discutir la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, así como discutir y conversar los temas que deberán enlistarse en atención, tanto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la controversia constitucional sobre el Presupuesto 2005, como de las urgencias y necesidades importantes del desarrollo económico, político y electoral del país.
Dado en el Salón de Sesiones el día miércoles 18 de mayo del año 2005.
ATENTAMENTE
SEN. JAVIER CORRAL JURADO
Del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo con relación a la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo Federal y las resoluciones dadas hasta la fecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con el permiso de la Presidencia:
Compañeras y Compañeros Legisladores:
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para manifestar nuestra inconformidad con las resoluciones que ha tomado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 109/2004 interpuesta por el entonces Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Daniel Cabeza de Vaca.
Con sus resoluciones, la mayoría de los ministros que votaron a favor de reconocerle al Presidente de la República el derecho para hacer observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, le han dado al Presidente Vicente Fox una facultad que en la Constitución, simplemente no tiene.
Es pertinente recordar que el sistema federal mexicano, en lo que corresponde al principio de distribución de competencias, se rige por lo que se señala en el Artículo 124 Constitucional que a la letra establece “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”.
Si revisamos el Artículo 82 Constitucional en donde se establecen las facultades del Presidente de la República, no vamos a encontrar facultad expresa para que el Ejecutivo Federal pueda hacer observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos.
Si revisamos el Artículo 72 párrafo primero Constitucional, tampoco vamos a encontrar dicha facultad a favor del Ejecutivo Federal. Y mucho menos en el Artículo 74 en donde se señalan las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.
En síntesis, la Corte “interpreta” que el Ejecutivo sí tiene esa facultad y no se la “reconoce”, sino que se la “otorga”; graciosamente, sustituyendo en los hechos al Constituyente Permanente que es el único facultado en términos del Artículo 135 Constitucional para adicionar o reformar la Constitución.
Eso sienta un grave precedente en el orden jurídico mexicano, porque la Constitución ya no prescribe lo que el Constituyente Originario o el Constituyente Permanente aprobaron, sino lo que los Señores Ministros interpretan a su leal saber y entender.
Además, la votación obtenida de seis a favor y cinco en contra del reconocimiento del derecho de veto del Presidente, comprueba que el tema es altamente polémico y da para seguirlo discutiendo.
Ahora bien, el día de ayer los Ministros de la Suprema Corte determinaron que la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, es un acto administrativo y que, consecuentemente, la Cámara de Diputados estará obligada, en términos de los resolutivos que se aprueben en la sentencia, a conocer en un período de sesiones extraordinarias las observaciones originalmente formuladas por el Ejecutivo Federal.
Sobre este particular el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo exhorta a nuestros compañeros Diputados del PRI, PRD, PVEM y Convergencia para que en conjunto conformemos la mayoría de las dos terceras partes de los Diputados Federales para superar las observaciones del Ejecutivo.
Todos tenemos un compromiso con diferentes Grupos Sociales, Entidades Federativas, Municipios y Universidades Públicas, para que el conjunto del gasto social aprobado en noviembre y suspendido en su ejercicio por la Suprema Corte de Justicia sea aplicado de inmediato.
Este es el toque distintivo del presupuesto aprobado por la Cámara respecto del proyecto enviado por el Presidente de la República.
Paradójicamente, ¿el Ejecutivo tendría que explicarnos por qué, no hizo observaciones a la Ley de Ingresos de la Federación para 2005? en donde notoriamente se tenía un incremento de ingresos públicos respecto de lo propuesto por el Presidente Fox.
¿Qué acaso el Presidente pretendía que este excedente de ingresos públicos se destinara al inmenso pago de los rescates bancario y carretero, entre otros?
No, el Pleno de la Cámara de Diputados decidió que esos excedentes debían ser orientados, fundamentalmente, al gasto social, en sus diferentes modalidades.
Por ello, ya que la Cámara de Diputados deberá tener un período de sesiones extraordinarias para conocer las observaciones del Ejecutivo Federal, debemos mantener el mismo ánimo de apoyar presupuestalmente a los grupos sociales que lo requieren, a las Entidades Federativas, a los Municipios y a las Universidades Públicas de México.
Sin compartir en ningún momento los resolutivos de la Corte, entendemos que debemos acatarlos, pero acatándolos podemos superar las observaciones del Presidente.
Por las consideraciones antes expuestas sometemos a la consideración de la Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO.
ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en la resolución que de a la Controversia Constitucional 109/2004 se sujete a las disposiciones legales preexistentes y vigentes, salvaguardando el Estado de Derecho.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil cinco.
A T E N T A M E N T E
DIP. OSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Consejo de Promoción Turística de México proporcione información sobre el evento a realizarse en Quintana Roo, en octubre próximo.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUÁL SE SOLICITA AL TITULAR DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MEXICO PROPORCIONE INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO A REALIZARSE EN QUINTANA ROO EN OCTUBRE PRÓXIMO.
Los legisladores que suscribimos, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A nivel nacional, la actividad turística es una de las más importantes. De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Turismo, ésta representa alrededor del el 8% del Producto Interno Bruto. La balanza turística ha tenido un crecimiento estable en los últimos cuatro años, por lo que no es de extrañar que en 2004 haya registrado un superávit de más de $43 mil millones de pesos.
Más aún, a pesar de las secuelas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el ingreso de divisas por visitantes internacionales durante el primer trimestre del presente año aumentó en 19.4% con respecto al mismo periodo de 2004. Así, el ingreso de divisas por este concepto alcanzó más de $38 mil 500 millones de pesos.[3]
A este importante desarrollo han contribuido los planes y programas estratégicamente diseñados para promover los destinos tradicionales, así como para desarrollar nuevos destinos de sol y playa, que son los que tienen mayor demanda. De igual forma, se han concebido estrategias de mercadotecnia que han abierto la puerta a una gran variedad de clientes interesados en conocer diferentes sitios de nuestro país. Estos clientes no sólo provienen de los Estados Unidos sino de Europa, de América Latina y recientemente de Asia.
Tal vez una de las ramas más importantes del gobierno Federal que ha contribuido a estos logros es el Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V. (CPTM). El CPTM es una “empresa pública de participación estatal mayoritaria” que representa a los tres niveles de gobierno así como al sector privado. Asimismo, se le considera como un organismo con visión de mercado a largo plazo, que debe utilizar de manera óptima los recursos asignados a la promoción turística del país, para de esta forma, contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Turismo 2001-2006.
De acuerdo con datos del Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, en el año 2004 el Consejo de Promoción Turística destinó alrededor de $838 millones de pesos para fortalecer la posición de México como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. De esos recursos, aproximadamente $780 millones de pesos provinieron del porcentaje de la recaudación obtenida del pago de derechos de los turistas que visitan el país, mejor conocido como Derecho de No Inmigrante; mientras que los restantes $58 millones de pesos se obtuvieron del impuesto que se aplica en las Entidades Federativas por concepto de servicios de hospedaje.
Más aún, para el ejercicio fiscal del año 2005, al Consejo de Promoción Turística de México le fue asignado un presupuesto total de $273.7 millones de pesos, de los cuales $247.1 millones serán destinados exclusivamente a promover la imagen de México como destino turístico. Este presupuesto debe ser ejercido mediante campañas de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo, de penetración competitiva en los mercados nacional e internacional.
No obstante que la labor desempeñada ha dado buenos resultados, hace un par de días, los medios de comunicación y el propio Consejo dieron a conocer que se invertirán aproximadamente $22.3 millones de dólares en la promoción y realización de la entrega de los premios latinoamericanos de música de la cadena televisora MTV.
Estos recursos públicos serán aportados por el gobierno del Estado de Quintana Roo y el Consejo. Con ello se persigue promocionar a México en todo el mundo en los segmentos de ecoturismo, cultura, convenciones, sol y playa y Premium.
Sin embargo, llama nuestra atención el hecho de que contrario al objetivo del Consejo, sea México quien tenga que pagar por promocionar el evento de una de las cadenas más importantes de televisión, cuando se supone que tendría que ser al contrario. Basta con ver los supuestos “promocionales” de dicho evento para darse cuenta que no se está promocionando ninguno de los aspectos ya señalados y que, al menos idílicamente, tendrían como resultado colocar a México como uno de los principales destinos turísticos. Esto lo afirmamos porque lejos de ver un monumento arqueológico maya, un área natural o una majestuosa playa, lo que se aprecia es a una canta autora, hablando de la entrega de premios a celebrarse el próximo mes de octubre en el parque Xcaret.
Se considera oportuno aclarar que los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no nos oponemos a que se reconozca el trabajo de los artistas, cantantes y compositores latinoamericanos en eventos como el que se llevará a cabo en Quintana Roo, sino a que las autoridades encargadas del sector turístico hagan uso de recursos públicos que al menos hasta ahora, por lo que hemos visto, no aportará los beneficios que se espera.
Otro punto que llama nuestra atención y nos genera otro tipo de interrogantes es el de la sede elegida para el evento en comento: el auditorio el Gran Tlachco en el parque “ecológico” Xcaret. Cabe recordar que en años anteriores, grupos ambientalistas e incluso legisladores del Grupo Parlamentario al que pertenezco denunciaron que la empresa Xcaret estaba destruyendo parches arrecifales para la construcción de un puerto de arribo para cruceros, que a todas luces beneficiaría a unos cuantos inversionistas, pero no así a todo el sector hotelero del Estado de Quintana Roo. No dudamos que en esta ocasión los inversionistas de Xcaret también se beneficiarán de la publicidad que ya se les está dando, pero ¿qué hay de los verdaderos atractivos turísticos del Estado? ¿Y de los atractivos turísticos del resto del país?
De acuerdo al Consejo de Promoción urística, dos de sus objetivos específicos son: “diversificar la oferta turística, destacando las cualidades de producto diferenciado, experiencia única y alto valor del dinero; así como desconcentrar geográficamente los flujos turísticos.” Sin embargo, no consideramos que continuar promocionando el turismo de sol y playa de uno de los lugares que figura entre los de mayor ocupación y mayor captación de divisas nacionales y extranjeras contribuya al logro de estos objetivos.
Es necesario que la autoridades turísticas aclaren minuciosamente en qué forma serán aplicados los recursos y sus fuentes, así como que expliquen, uno a uno, cuáles serán los beneficios que se obtendrán no sólo en Xcaret, sino en Quintana Roo y el resto de las entidades federativas del país, sobre todo después de que el Director General de la cadena televisora en Latinoamérica manifestara que entre los principales atractivos que México ofrece a la empresa destacan: que el 50% de la población sea menor de 24 años y que el país continúa siendo uno de los mercados más importantes al representar el 35% de sus negocios.
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, misma que solicitamos se turne a la Tercera Comisión:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita al Director General del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V., informe detalladamente y aclare en qué forma serán aplicados los recursos y sus fuentes, así como que explique uno a uno cuáles serán los beneficios que se obtendrán no sólo en Xcaret, sino en Quintana Roo y el resto de las entidades federativas del país, como resultado de la entrega de los premios latinoamericanos MTV, a celebrarse el próximo 20 de octubre.
Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil cinco.
SEN. JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ SEN. VERÓNICA VELASCO RODRÍGUEZ.
SEN. SARA ISABEL CASTELLANOS CORTÉS. SEN. EMILIA PATRICIA GÓMEZ BRAVO.
SEN. GLORIA LAVARA MEJÍA.
Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SEMARNAT a que reubique la terminal GNL mar adentro de Baja California.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUÁL SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE REUBIQUE LA TERMINAL GNL MAR ADENTRO DE BAJA CALIFORNIA
Los legisladores que suscribimos, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El conjunto de islas e islotes conocidos comúnmente como “Islas Coronado” perteneciente al municipio de Tijuana, en Baja California se encuentra amenazado por la inminente construcción de una terminal de gas natural licuado en la que se llevarán a cabo actividades altamente riesgosas en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La “Terminal GNL Mar Adentro de Baja California” se localizará a 600 kilómetros de la Isla Coronado Sur y a una distancia de 13 kilómetros de la costa de Baja California. El proyecto tiene por objeto instalar la infraestructura para regasificación, así como un nuevo gasoducto submarino de 16 kilómetros de longitud, que estará enterrado a dos metros del sustrato marino y por el cual se transportará el gas natural licuado. Este gasoducto, a su vez, se conectará en tierra con otro que se conectará finalmente al gasoducto existente de Baja California Norte.
El conjunto de Coronado se integra por las islas Coronado Norte, Coronado Centro, Pilón de Azúcar y Coronado Sur, que se caracterizan por albergar especies de flora y fauna silvestre y también endémica. En todas las islas se encuentran aves marinas como la gaviota, el pelícano, el petrel de tormenta, el pato y el mérgulo de Xantus. Cabe señalar que éste último se encuentra clasificado como especie en peligro en la NOM-059-ECOL-2001.
Por lo que respecta a los reptiles y anfibios, las especies más destacadas en las islas son: la víbora de cascabel de Coronado, la culebra de Coronado que se alimenta de huevos de ave, el lagarto de Coronado, el saurio de Coronado, saurio cola de “látigo”, saurio "plateado", saurio manchado, serpiente nocturna de San Diego y la salamandra de árbol. Entre los mamíferos marinos que habitan las islas destacan: elefantes marinos, focas, lobos marinos y nutrias.
Cabe destacar que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad considera que las Islas Coronado se localizan dentro de la Región Marina Prioritaria Ensenadense, es decir, se trata de un área litoral y oceánica que por sus características físicas y biológicas resulta particularmente importante para la conservación de la biodiversidad. De hecho la misma CONABIO reconoce que esa zona representa el área más importante del ambiente oceánico con predominio de una corriente fría y en su parte costera es el ecotono del clima mediterráneo y el desierto central.
Ahora bien, en esa misma zona se ha identificado como Área de Importancia para la Conservación de las Aves de las Islas Coronado, por que posee una biodiversidad exclusiva y muy vulnerable a los impactos de obras o actividades como la que nos ocupa en esta ocasión.
Es lamentable advertir la reiterada incongruencia de la política ambiental mexicana. No es posible que por una parte, las autoridades competentes reconozcan que la conservación del ambiente en las Islas Coronado es fundamental para la preservación de la biodiversidad, mientras que dado que no existe un ordenamiento jurídico federal y mucho menos estatal que se oponga a la construcción de la Terminal GNL Mar Adentro de Baja California, resuelva que bastará con que el proyecto considere dentro de sus estrategias, acciones para la conservación y/o restauración de los ecosistemas y la biodiversidad.
Al respecto, nos parece irresponsable que la autoridad encargada de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como de proteger el ambiente en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, considere la posibilidad de que con acciones de prevención y mitigación que no se detallan en la manifestación de impacto ambiental, quedará cubierto cualquier daño que se ocasione al ecosistema de las Islas Coronado y a otros más que dependen de éste, ello sin mencionar el daño a las especies animales y vegetales terrestres y acuáticas que de él dependen, muchas de estas, como ya se mencionó, endémicas o en peligro de extinción.
Más aún es muy lamentable que aún cuando el 23 de julio de 2003 el Congreso aprobó un exhorto para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas llevara a cabo las gestiones necesarias para declarar como área natural protegida a las Islas del Pacífico de Baja California, este hecho haya sido obviado en el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, sobre todo cuando a pesar de que no existe el área natural protegida, los argumentos esgrimidos ponen de manifiesto la urgencia de que esa zona sea decretada como tal.
Cabe enfatizar que los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no nos oponemos al desarrollo nacional, a lo que nos oponemos es a que reiteradamente el tema ambiental, de supuesta prioridad nacional, sea relegado a intereses económicos. En ese sentido, y por lo anteriormente expuesto, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, misma que solicitamos se turne a la Tercera Comisión:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reubique la terminal GML de Baja California para evitar los daños al ambiente y la flora y fauna terrestre y marina de ese exclusivo ecosistema del Pacífico Mexicano.
Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil cinco.
DIPUTADO GUILLERMO VELASCO RODRÍGUEZ
Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SEMARNAT a que establezca un área de refugio para proteger a la vaquita marina en la porción occidental del Alto Golfo de California.
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE ESTABLEZCA MEDIANTE ACUERDO SECRETARIAL UN ÁREA DE REFUGIO PARA PROTEGER A LA VAQUITA MARINA EN LA PORCIÓN OCCIDENTAL DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA.
Los Senadores que suscribimos, integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, presentamos la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
La porción occidental de la zona conocida como el Alto Golfo de California constituye único hábitat apropiado para el desarrollo de la vaquita marina (Phocoena sinus), especie endémica de nuestro país, que se encuentra en peligro de extinción, como consecuencia de su captura incidental en redes de enmalle o agalleras, así como debido a la alteración de los fondos marinos del área en donde se alimenta.
Considerando lo anterior, el Gobierno Federal decretó el 10 de junio de 1993, la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, teniendo entre sus objetivos otorgar protección a la vaquita y parte de su área de distribución.
Posteriormente, esta declaratoria ha sido complementada a través de la implementación del Programa de Manejo de la Reserva, así como de varios ordenamientos en materia pesquera, de vida silvestre, de inspección y vigilancia y de investigación y monitoreo.
Sin embargo, a pesar de la existencia del área natural protegida antes referida, y del marco jurídico restrictivo, la situación poblacional de la vaquita sigue estando en riesgo, por lo que resulta necesario implementar medidas adicionales para la preservación de dicha especie y su hábitat, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
La flora y fauna silvestre constituyen un recurso natural que forma parte de la riqueza pública de la Nación, correspondiendo al Estado Mexicano su conservación, para lograr un desarrollo sustentable.
En la porción occidental del Alto Golfo de California, frente a las costas del Estado de Baja California, en las proximidades del Puerto de San Felipe, se encuentra la zona de mayor concentración de la vaquita marina, especie endémica de nuestro país, que se encuentra catalogada como en peligro de extinción por la “Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo”.
Lo anterior, derivado del uso de artes de pesca poco selectivos como las redes de enmalle o agalleras, y a la alteración de los fondos marinos del área en donde se alimenta; situación que pone en riesgo la viabilidad biológica de dicha especie.
Sin embargo, como se mencionó en el apartado de ANTECEDENTES del presente Punto de Acuerdo, la creación de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado no ha permitido garantizar la preservación de la vaquita marina. Lo anterior, en atención a que el área natural protegida antes referida no abarca todo el hábitat natural de la especie que nos ocupa.
Por otro lado, el Anexo del Acuerdo por el cual se aprueba la actualización de la Carta Nacional Pesquera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2004, establece que la evaluación más confiable y reciente sobre la abundancia de la vaquita estima la existencia de 567 individuos con un intervalo de confianza de 177 a 1,074 vaquitas. Este mismo anexo indica que la mortalidad incidental calculada es de 58 vaquitas al año.
Lo anteriormente señalado indica que la población de vaquita sujeta a mortalidad incidental debido al uso de redes de enmalle o agalleras fluctúa entre el 7% y el 15% y que, por ende, el límite objetivo de mortalidad incidental recomendado para evitar su extinción es menor a 0.2% por año; es decir, una tasa de mortalidad de cero.
Por lo antes expuesto, resulta necesario que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, implemente los instrumentos y mecanismos necesarios para alcanzar dicha tasa de mortalidad, y de esta forma, se garantice la preservación de la vaquita marina.
Lo anterior, si consideramos que dicha dependencia es la responsable de velar por la conservación y recuperación de las especies de vida silvestre; particularmente las que se encuentren consideradas como en peligro de extinción
Ahora bien, el artículo 65 de la Ley General de Vida Silvestre dispone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá establecer, mediante acuerdo Secretarial, áreas de refugio para proteger especies nativas de vida silvestre que se desarrollan en el medio acuático, en aguas de jurisdicción federal, zona federal marítimo terrestre y terrenos inundables, con el objeto de conservar y contribuir, a través de medidas de manejo y conservación, al desarrollo de dichas especies, así como para conservar y proteger su hábitat.
En este sentido, el acuerdo Secretarial por el que se constituya dicha Área de Refugio deberá establecer las condiciones a las que quedará sujeta la realización de las actividades productivas que pudieran afectar la protección y recuperación de la vaquita marina, así como de su hábitat y de los fondos marinos en los que dicha especie se alimenta.
Por todo lo expuesto, respetuosamente sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO: Se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 65 de la Ley General de Vida Silvestre, establezca un Área de Refugio para proteger a la vaquita marina en la porción occidental del Alto Golfo de California, frente a las costas del Estado de Baja California, en las proximidades del Puerto de San Felipe, y que a través de dicho acuerdo se restrinja y se regule la realización de actividades productivas que pudieran afectar la protección y recuperación de la vaquita marina, así como de su hábitat y de los fondos marinos en los que dicha especie se alimenta.
Honorable Cámara de Senadores. México, D. F., a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil cinco.
DIPUTADO GUILLERMO VELASCO RODRÍGUEZ
Del Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del Estado de Guerrero revisar el caso del dirigente Héctor Ponce Radilla y libre a todos aquellos que por motivos políticos fueron encarcelados.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO REVISE EL CASO DEL DIRIGENTE HÉCTOR PONCE RADILLA Y PROCURE JUSTICIA PARA TODAS LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ENTIDAD
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Recientemente se ha reseñado en la prensa la vulneración a la integridad corporal, la injusta detención y el encarcelamiento de Héctor Ponce Radilla, dirigente perredista en el estado de Guerrero.
Se sabe que la detención fue por una orden de aprehensión girada por un juez hace más de un año cuando fue acusado del delito de motín y daños en agravio del exdelegado y otros empleados del Instituto de la Vivienda y Suelo Urbano.
Héctor Ponce venía realizando movilizaciones y bloqueos en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el Puente de Coyuca de Benítez para solicitar del gobierno local el cumplimiento de un conjunto de demandas entre otras, fertilizantes, laminas para techar casas, el ingreso de las camionetas de Coyuca de Benítez al centro de Acapulco, y la regularización en la tenencia de la tierra en las colonias Excampo de Tiro y Tierra Digna.
Por otro lado el Secretario de Gobierno refirió en relación al caso de Héctor Ponce que: “son averiguaciones previas instruidas, y también eran mandatos judiciales que no se habían ejecutado” y advirtió que una función del gobierno será “darle cumplimiento a esos mandatos judiciales que estaban totalmente rezagados”.
Consideramos que con el presente caso se pone en tela de juicio uno de los principales baluartes en los que descansa el sistema de justicia, el principio de igualdad en la aplicación de la ley; por ello cuando el aparato de procuración de justicia se utiliza de manera facciosa, parcial y de forma discriminatoria, se destruye la credibilidad y la confianza social indispensables para lograr el valor de la justicia uno de los más importantes que le brindan cohesión al cuerpo social.
La alternancia política debe constituirse como un mecanismo de eficacia de los procedimientos democráticos que permitan que mediante el diálogo político se construyan los puentes necesarios para resolver los conflictos sociales en el marco de la ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la aprobación de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. De conformidad con el Pacto Federal, se exhorte respetuosamente al C. gobernador del estado de Guerrero, Lic. Zeferino Torreblanca para que en el ámbito de sus facultades instruya al C. procurador de Justicia del estado para que realice una revisión del expediente de Héctor Ponce Radilla y conforme a derecho se pueda determinar si procede su libertad.
DIP. FED. SALVADOR MARTÍNEZ DELLA ROCA, A NOMBRE DE:
DIP. FED. FRANCISCO CHAVARRÍA VALDEOLIVAR
Palacio de Xicoténcatl, sede la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, 18 de mayo de 2005.
Del Dip. Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Economía, a fin de que explique la postura que adoptó la delegación mexicana en la reunión del comité del Codex Alimentarius, celebrada en Malasia.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO RAFAEL TINAJERO A NOMBRE DEL DIPUTADO ADRIÁN CHÁVEZ RUIZ A OBJETO DE CITAR A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, FERNANDO CANALES CLARIOND PARA QUE EXPLIQUE LA POSTURA QUE ADOPTÓ LA DELEGACIÓN MEXICANA EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL CODEX ALIMENTARIUS CELEBRADA EN MALASIA.
El que suscribe, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, con base en los siguientes:
CONSIDERANDOS
El 14 de diciembre del año próximo pasado en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, posteriormente en febrero de este año fue aprobada por el Senado y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo para sus efectos legales correspondientes,
Después de todo ese proceso legislativo, dicha Ley entró en vigor el pasado 2 de mayo.
Es importante recordar que aquel 14 de diciembre la discusión de ésta ley fue álgida y bastante tensa, en nuestra memoria esta el descenso por la pared del pleno de la Cámara de Diputados de un activista de Greenpeace. Después de la votación en lo general, se presentaron varias reservas.
El Diputado Adrián Chávez Ruiz, presentó la reserva al Artículo 101 sobre etiquetado y de manera textual señaló “Este artículo me parece que es de los más controversiales y el que más ha provocado polémica al interior del trabajo de las comisiones unidas y es precisamente porque trata sobre el etiquetado de los productos para consumo humano directo que contengan organismos genéticamente modificados.”
En aquella ocasión se dijo que, si bien esta discusión tenía que ver con que los consumidores tienen el derecho a la información sobre los productos que adquieren, este artículo iba mucho más allá. Se planteó por parte del Diputado Chávez la necesaria valoración de la Cámara de Diputados sobre legislar para privilegiar el bienestar de la República y de todos sus habitantes o si se mantenían situaciones de excepción para determinados grupos, en este sentido y para recordar lo que aquí he mencionado, los invito a revisar la versión estenográfica de aquel día.
Finalmente la redacción propuesta del primer párrafo del Artículo 101 era la siguiente:
“Los OGMs o productos que contengan organismos genéticamente modificados autorizados por la SSA por su inocuidad en los términos de esta ley y que sean para consumo humano directo, deberán garantizar la referencia explícita de organismos genéticamente modificados. Y señalar en la etiqueta la información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales en aquellos casos en que estas características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales y además cumplir con los requisitos adicionales de etiquetado conforme a las normas oficiales mexicanas que expida la SSA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias, con la participación de la Secretaría de Economía.”
Enseguida el señor diputado don Jorge Legorreta Ordorica, retiró su propuesta por ir en el mismo sentido que la presentada por el diputado Adrián Chávez Ruiz.
Después el diputado Fernando Ulises Adame de León tomo la palabra y señalo textualmente que “La fracción parlamentaria del PRI, está de acuerdo en que se haga un planteamiento, una adición como lo propone el compañero del PRD. Nosotros coincidimos: el consumidor tiene que saber, la ley lo establece, qué está consumiendo… El grupo parlamentario del PRI, se suma a esta modificación que se hace al artículo 101.”
Al someterse esta propuesta a la consideración de la Asamblea, previa su lectura, la modificación propuesta por el diputado Adrián Chávez Ruiz y apoyada por el diputado Ulises Adame, consiguió la emisión de 415 votos en pro, 0 en contra y 5 abstenciones.
Al haber obtenido esta votación la propuesta establecida en el articulo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados pareciera que fue el único articulo considerado de consenso entre los diversos Grupos Parlamentarios Integrantes de esta LlX Legislatura, artículo que establece la obligatoriedad del etiquetado de los OGMs o productos que contengan organismos genéticamente modificados autorizados por la SSA por su inocuidad en los términos de esta ley y que sean para consumo humano directo, garantizando la referencia explícita de organismos genéticamente modificados.
Sin embargo y a pesar de la obligatoriedad establecida en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el gobierno de México en la reunión del Comité Internacional del Codex sobre Etiquetado de Alimentos, realizada en Kota Kinabalu, Malasia, y que concluyó el 11 de mayo pasado es decir 9 días después de haber entrado en vigor la Ley, se alió al de Estados Unidos para boicotear una ley que busca hacer obligatorio el etiquetado de alimentos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos.
El organismo conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) destinado a implantar un código de ética en la producción de alimentos para asegurar su calidad, había convocado a una reunión internacional para tratar de imponer la obligación de etiquetar los alimentos transgénicos.
De acuerdo con la información de los medios de comunicación, en la reunión se crearon dos frentes: los países europeos, asiáticos y africanos partidarios de la medida de identificación, mientras que los grandes exportadores de cereales transgénicos, Estados Unidos y Argentina, se oponían enérgicamente a la misma.
La delegación mexicana en ese encuentro, que fue encabezada por Carlos R. Berzunza Sánchez, Director de normalización internacional de la Secretaría de Economía, argumentó contra el etiquetado de los organismos genéticamente modificados y contra el avance del debate sobre el etiquetado de los alimentos transgénicos. México, se opuso incluso a la creación de un grupo de trabajo que tiene como mandato reconstituir la directriz de etiquetado de alimentos genéticamente modificados.
Una de las organizaciones internacionales que estuvieron presentes en esta reunión señaló que "México y Argentina fueron los respaldos más fuertes que tuvo la posición de Estados Unidos, país que se opone al Método para la Producción del Etiquetado". Añadió que "Si México no hubiera estado, la historia hubiera podido ser muy distinta, pues Estados Unidos y Argentina habrían estado mucho más aislados. Es importante observar que muchos otros países o bloques de países estaban a favor de que los alimentos transgénicos se etiquetaran, incluyendo Brasil, Panamá, la Unión Europea, Ghana, Turquía, Noruega, Senegal Swazilandia, Japón, Malasia, Indonesia, India y Kenia", finalizó.
Lo anterior nos demuestra que una vez más nuestros representantes gubernamentales muestran una postura de absoluto respaldo a las políticas de Estados Unidos no sólo en contra de los intereses de los propios mexicanos sino en contra de lo estipulado por las leyes mexicanas.
Por lo que resulta lamentable que los representantes del gobierno mexicano, lejos de proteger la salud de su población, la biodiversidad del país y garantizar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos nacionales relativos; se dobleguen a la postura siempre anti-ecologista del gobierno de Estados Unidos.
El voto de México, convertido en paladín de los intereses de las grandes trasnacionales cerealeras de Estados Unidos, fue decisivo para que no triunfara la posición favorable al etiquetado. Inclusive llevado por su celo de defensor de intereses ajenos, el representante de México ante este organismo argumentó contra el principio mismo de aclarar al consumidor, mediante etiquetas, qué es lo que encuentra en el mercado de alimentos.
Según Consumers International, una de las conclusiones de la reunión del Comité Internacional del Codex sobre Etiquetado de Alimentos es que "los intereses de las compañías biotecnológicas se están anteponiendo a los intereses y a los temas que preocupan a los consumidores".
Pero también revela el carácter antidemocrático del procedimiento para la adopción de decisiones en los problemas fundamentales para el futuro de la población, del ambiente y del campo mexicano, ya que las autoridades encargadas de defender la postura del pueblo mexicano, no informan ni consultan a nadie (experto, parlamentario, académico) al adoptar posiciones que hipotecan el futuro de todos.
Por lo anteriormente expuesto y con el apoyo de todos ustedes ciudadanos diputados, someto a la consideración del Pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
Primero.- Se solicita a la Secretaría de Economía haga llegar a este Congreso por escrito, los fundamentos y motivos que sirvieron de base para tomar la postura que el señor Carlos R. Berzunza Sánchez, Director de normalización internacional mantuvo en la reunión del Comité Internacional del Codex sobre Etiquetado de Alimentos, realizada en Kota Kinabalu, Malasia, y que concluyó el 11 de mayo pasado.
Segundo.- Se solicita la Comparecencia del Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond ante este Congreso para dar a conocer las razones por las cuales la postura de la delegación mexicana en la mencionada reunión contravino las disposiciones de la recién promulgada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
SUSCRIBE
DIP. ADRIÁN CHÁVEZ
Salón de sesiones a 18 de mayo de 2005
Del Dip. Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar al director del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “La Palma”, respetar el derecho del preso político Jacobo Silva Nogales.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 LA PALMA RESPETAR EL DERECHO DEL PRESO POLÍTICO JACOBO SILVA NOGALES, A PINTAR EN EL INTERIOR DEL PENAL, SE LE DEVUELVA SU MATERIAL CONFISCADO Y SE PERMITA LA SALIDA DE LOS CUADROS DE SU PROPIEDAD A SU FAMILIA.
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El 19 de octubre de 1999, en la Ciudad de México, Jacobo Silvia Nogales, fue detenido y presentado en el penal de máxima seguridad de la palma.
Ya en la cárcel, durante un largo periodo de confinamiento solitario, Jacobo descubrió sus cualidades para la pintura; desde entonces el se ha dedicado a pintar cientos de cuadros, y realizado varias exposiciones en casas de cultura, museos y destacando el vestíbulo de la Cámara Federal de Diputados entre otras; Quedo en segundo lugar del concurso pintura de las prisiones.
Los recientes acontecimientos vinculados al narcotráfico suscitados al interior de La Palma, afectaron su trabajo mediante el cual se sostiene a el y a su familia.
Desde mediados de enero posterior a la entrada del ejercito mexicano a la palma, le decomisaron su escaso material para pintar, y cerca de 40 obras. Argumentando que los pinceles son armas blancas y podrían propiciar una fuga del penal de mayor seguridad en el país.
Cabe destacar que el departamento de Actividades Educativas y de Terapia Ocupacional del Centro Federal de Readaptación Social número 1 La Palma fomenta alguna actividad artística entre los reclusos con el objeto de crear estabilidad emocional en el interno a través de la creación pictórica y literaria "como medio catártico" y lograr su reinserción social, así como impulsar una economía "mínima" del recluso.
Derecho establecido en el articulo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el empleo en la cárcel para que contribuyan a su manutención en el penal, la de sus familias y en su caso el pago del daño a las victimas del delito por el cual se encuentran recluidos.
Por ultimo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda la creación de fuentes de trabajo bien remuneradas, para que dejen de ser cargas presupuéstales para el Estado las cárceles del país.
Contradictoriamente, Jacobo tuvo que realizar una huelga de hambre para que le permitieran ejercer el derecho a pintar, establecido por el mismo reglamento penitenciario. Al principio le quisieron limitar los colores que usaría. Incluso el concejo interdisciplinario de la prisión discutió si se le debía dejar pintar pues algunos de sus miembros argumentaban que al seguir “podría volverse rico”.
Jacobo, ha escrito que lo que se obtenga con la venta de sus pinturas lo destinaran a pagar su defensa y a largo plazo, cuando se coticen sus pinturas, sirva para apoyar a su familia y a los niños huérfanos de las masacres de El Charco, Aguas Blancas y Acteal.
Actualmente, Jacobo Silva es conocido como uno de los pintores mexicanos más prolíficos y prometedores por algunas publicaciones del medio y reconocidas personalidades de la sociedad.
Por lo cual someto a consideración de esta soberanía la siguiente.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de poderes, hace un exhorto a la Coordinación General de Centros Federales de la Secretaria de Seguridad Pública a que adopte las medidas necesarias para que el material confiscado a Jacobo Silva Nogales interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 la Palma le sea devuelto y se garantice su derecho a trabajar.
ING. ADRIAN CHAVEZ RUIZ
DIPUTADO FEDRAL
Sede de la camisón permanente a 17 de mayo del 2005.
Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, a nombre de los Diputados Juan José García Ochoa y Jorge Martínez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo sobre el nombramiento y ratificación del Embajador ante la República de Cuba.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE EL NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE EMBAJADOR ANTE LA REPÚBLICA DE CUBA
Los suscritos Diputados Federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
1.- Durante la actual administración las relaciones entre México y Cuba se han significado por una serie de vaivenes que han afectado nuestras tradicionales e históricas relaciones de amistad.
2.- Después de los lamentables sucesos de 2004 en los que México decidió el retiro de nuestra embajadora de la Habana y la salida del Embajador Bolaños y otros cubanos de nuestro territorio nacional, el gobierno mexicano decidió explorar los caminos de la diplomacia para encontrar una solución a la crisis.
3.- Al restablecerse las relaciones diplomáticas entre Cuba y México, todo hacía suponer que la normalización de las relaciones iba por buen camino.
4.- A finales de 2004 se anunció que la Embajadora Roberta Lajous dejaría el cargo en la Habana y que sería reemplazada por Melba Pría, quien se desempeñaba como enlace entre la cancillería y las Organizaciones No Gubernamentales,
5.- A principios de 2005 el Gobierno Cubano extendió su beneplácito para que Melba Pría fuera designada Embajadora de México ante Cuba.
6.-En febrero de 2005, la Embajadora Lajous terminó su encargo en Cuba y se dijo entonces que el Ejecutivo Federal presentaría ante el Senado de la República la propuesta de la Embajadora Pría para la ratificación correspondiente.
7.- Han pasado más de tres meses de que la Embajadora Lajous terminó su encargo en Cuba y hasta la fecha el Ejecutivo Federal no ha hecho la propuesta correspondiente ante el Senado para designar a nuestro Embajador o Embajadora ante este país.
8.- Según declaró el Canciller Luis Ernesto Derbez a un rotativo nacional, “La Jornada” de fecha 16 de abril de 2005, la tardanza se debe a que “no se ha integrado el paquete de propuestas de una decena de embajadores” para ser entregados al Senado de la República, tal y como lo ha venido practicando la SRE, a lo largo de año y medio.
9.- La explicación que ha dado el Canciller puede ser comprensible desde el punto de vista meramente administrativo, pero resulta inadmisible desde el punto de vista Diplomático.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que presente ante esta Comisión Permanente el nombramiento de nuestro Embajador o Embajadora ante el Gobierno de la República de Cuba, para que sea ratificado conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de mayo de 2005.
Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, a nombre de los Diputados Inti Muñoz Santini, Eliana García Laguna y Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación al Día Mundial contra la Homofobia.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EN RELACIÓN AL DÍA MUNDIAL CONTRA LA HOMOFOBIA.
A nombre Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió a la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Esta decisión de la OMS constituye un triunfo en la lucha por el reconocimiento y la dignidad de la población homosexual.
La homosexualidad es causa de discriminación en casi todo el mundo. En algunos países como Arabia Saudita, Afganistán e Irán se condena con la pena de muerte, en Guyana y Uganda se castiga con cadena perpetua, en Nigeria, Libia, Siria, India, Malasia, Jamaica y Cuba con diez años de prisión y en más de 80 países esta perseguido por la ley. La discriminación y la persecución a las personas homosexuales, rompe con los acuerdos internacionales y vulnera los derechos humanos.
En el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 2003, se menciona que:
• En México, entre el 2.8 y el 8% de la población es homosexual
• Se presentan actitudes de intolerancia en amplios sectores (70% de la población) y en los gobiernos sobre todo de las entidades federativas.
• La intolerancia y el estigma tienen arraigo cultural y son fomentados por algunos medios de comunicación.
• En la administración del Presidente Fox, se han retirado de los libros de texto y de las guías para padres los contenidos dirigidos a evitar este tipo de discriminación, lo que significa un retroceso en la materia.
• Entre 1995 y 2000, se documentaron 213 crímenes de odio homofóbico sin que el delito este tipificado ni se considere ningún tipo de agravante.
• El alto riesgo de padecer violencia sexual que tiene la población homosexual bajo custodia.
En el mismo informe se emiten una serie de recomendaciones que incluyen revisar los contenidos educativos, realizar campañas permanentes sobre los derechos de la diversidad sexual, contra la discriminación y de prevención y control del VIH (Las estadísticas de pacientes con VIH-SIDA indican que uno de cada 6 contagios ocurre en hombres y de ellos, el 80% son hombres que han tenido sexo con hombres), incluir espacios de atención a la población homosexual en los organismos de derechos humanos y reformar diversas disposiciones legales para evitar la persecución y permitir su acceso a la justicia.
Recientemente, la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH-SIDA, ha iniciado una campaña de sensibilización contra la homofobia. Desde su lanzamiento, dicha campaña ha enfrentado la reacción de los grupos más retrógradas de la población y de los gobiernos locales más conservadores. Hoy, según esa Secretaría, la campaña se lleva a cabo sólo en 14 ciudades de la República Mexicana.
El fortalecimiento del Estado Laico Mexicano implica el pleno reconocimiento de la diversidad y la erradicación de todas las formas de discriminación. Reconocer los derechos y la dignidad de las personas homosexuales es un elemento indispensable para la civilidad y la convivencia pacifica. Sin ello, la transición democrática no estará reflejada en la vida política y social de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al poder ejecutivo a acatar las recomendaciones en materia de derechos humanos y diversidad sexual emitidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al poder ejecutivo a introducir la campaña de sensibilización y contra la homofobia a todos los estados de la República Mexicana y a destinar para este fin espacios prioritarios en los tiempos oficiales en medios de comunicación.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al poder ejecutivo a incluir en el calendario nacional la fecha del 17 de mayo como el día mundial contra la homofobia.
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al ejecutivo federal para que co-patrocine la resolución presentada por Brasil a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas referente al reconocimiento pleno de las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual.
DIPUTADOS Y DIPUTADAS FEDERALES:
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ ELIANA GARCÍA LAGUNA
INTI MUÑOZ SANTINI RAFAEL GARCÍA TINAJERO
De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre del Dip. Jorge Martínez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública dar vista a la PGR del contenido de las investigaciones sobre las irregularidades administrativas cometidas por Rogelio Montemayor Seguy y 5 exfuncionarios de PEMEX, y de las conclusiones que ameritaron sanciones.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA, EDUARDO ROMERO RAMOS, DAR VISTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TANTO DEL CONTENIDO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY Y CINCO EX FUNCIONARIOS DE PETROLEOS MEXICANOS, COMO DE LAS CONCLUSIONES QUE AMERITARON SANCIONES POR 2 MIL 849 MILLONES 299 MIL 492 PESOS.
Los suscritos Legisladores Diputados Federales de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante ésta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El once de mayo del presente año la Secretaria de la Función Pública determinó sancionar con 2 mil 849 millones 299 mil 492 pesos al ex director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor Seguy, así como a cinco ex funcionarios de dicho organismo, quienes además fueron inhabilitados de cinco a veinte años para ocupar cargos públicos.
Lo anterior, luego de haberse comprobado irregularidades en la erogación de recursos de la paraestatal al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, acciones en las que se determinó su responsabilidad directa en el encubrimiento y desvío de diversas cantidades supuestamente destinadas a cubrir prestaciones de los trabajadores.
El monto de recursos del erario público entregados al Sindicato Petrolero asciende a mil 421 millones 746 pesos, por tanto, el importe global de la sanción impuesta a estos servidores públicos equivale a dos veces el monto total al daño causado.
A pesar de ésta sanción de carácter administrativo, el caso no ha concluido en su vertiente penal puesto que las denuncias presentadas con tal carácter en contra de los servidores públicos involucrados se mantienen vigentes y el proceso de desafuero del Senador Aldana se encuentra detenido en esta Cámara de Diputados.
Asimismo, en declaraciones hechas a distintos medios de comunicación, el Secretario de la Función Pública afirma que el expediente administrativo ha concluido, lo cual es inexacto ya que esta resolución es susceptible de ser recurrida legalmente.
De conformidad con el criterio de proporcionalidad, el multimillonario daño al patrimonio de la nación perpetrado por el ex-director de PEMEX y sus coacusados de ninguna manera puede ser soslayado, por el contrario, debe ponderarse el sentido de justicia material en la sanción impuesta y el hecho de que con ello se brindaría un resarcimiento a los afectados que son las generaciones de mexicanos que verán disminuidas sus oportunidades y los servicios que debe brindar el propio Estado a raíz de esta estafa al erario público
Para nuestro Grupo parlamentario, la transparencia y rendición de cuentas es un principio irrenunciable, por tanto, consideramos vital conocer si de las investigaciones realizadas por la Secretaria de la Función Pública, se desprenden nuevas conductas delictivas de estos ex servidores públicos que puedan implicar otro tipo de responsabilidades en el ámbito penal..
Por lo antes expuesto, se pone a la consideración de esta Comisión permanente los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se le solicita al Secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos que de vista a la Procuraduría General de la República tanto del contenido de las investigaciones sobre las irregularidades administrativas cometidas por Rogelio Montemayor Seguy y cinco ex funcionarios de Petróleos Mexicanos, como de las conclusiones que significaron sanciones por 2 mil 849 millones 299 mil 492 pesos.
SEGUNDO.- Se solicita la formal e inmediata intervención de la Procuraduría General de la República en el caso, para que lleve a cabo las indagatorias correspondientes a fin de confirmar la existencia de acciones que constituyan posibles delitos, además de detectar la posible comisión de otros delitos derivados de las acciones que consignan las investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 18 días del mes de mayo de 2005.
De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre del Dip. Jorge Martínez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que inicie una serie de acciones en apoyo a la situación de la connacional que fue víctima de un acto discriminatorio por parte de una Corte en Tennessee, Estados Unidos.
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INICIE UNA SERIE DE ACCIONES EN APOYO A LA SITUACION DE LA CONNACIONAL QUE FUE VICTIMA DE UN ACTO DISCRIMINATORIO POR PARTE DE UNA CORTE EN TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS.
Las y los suscritos legisladores ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
En el poblado de Lebanon, Tennessee, el juez de menores Barry Tatum ordenó a Victoria Luna (indígena mixteca de 18 años) que aprendiera inglés e iniciara medidas de control natal.
La joven mexicana fue denunciada ante el Departamento de Servicios Infantiles por no vacunar a su bebé y no acudir al Hospital. Victoria estuvo bajo supervisión de la Corte durante tres meses, el 25 de abril, el Juez Tatum regresó la custodia legal de Luna sobre su hija, y eliminó la obligación de usar anticonceptivos.
El juez ha emitido en otras ocasiones resoluciones similares contra mujeres mexicanas de origen indígena, a quienes ha obligado a aprender a hablar inglés en plazos perentorios bajo la amenaza de cesarlas en sus derechos de maternidad y en la custodia de sus hijos menores. En octubre a Felipa Barrera, le habían retirado a su hija de 11 años por sospechas de negligencia, el juez ordenó, que “La Corte le informa específicamente a la madre que si ella no hace el esfuerzo de aprender inglés, correrá el riesgo de perder todo contacto-legal, moral o físico con su hija para siempre”. “Si la madre es capaz de aprender inglés, será capaz de hablar con su hija por primera vez de manera sustantiva y mostrará que la ama y que es capaz de hacer lo que sea necesario para hacer contacto con ella”. Los seis meses otorgados por el juez terminaron, Felipa todavía no habla inglés, pero tampoco perdió sus derechos, gracias a una apelación que sus abogados realizaron a la Corte del Circuito.
El gran poeta Octavio Paz decía que la lengua es la patria, por lo que consideramos que obligar a una persona para que aprenda un determinado idioma bajo la amenaza arriba señalada constituye un acto xenofóbico y discriminatorio, claramente inconstitucional y violatorio de los más elementales derechos humanos.
En nuestro país viven actualmente un sinnúmero de extranjeros de distintas nacionalidades y no existe precedente similar en que una autoridad judicial considere que el idioma materno de los extranjeros, sea atentatorio contra la vida de sus hijos menores, y mucho menos que emita veredictos en el sentido de obligarle a modificar su lengua.
Las intimidatorias medidas de esta corte de Tennesse se sustentan en la discriminación racial, y este veredicto que invade un espacio tan privado como lo es el de la lengua materna y la identidad, así como la crianza de los hijos, contraviene lo establecido en el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena las acciones discriminatorias y violatorias a los derechos humanos hacia nuestros connacionales y en particular hacia estas jóvenes indígenas mixtecas y hace un llamado a los legisladores estadounidenses para que construyamos una relación bilateral sana que se fundamente en el artículo 1 de la mencionada Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial que a la letra dice:
La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un exhorto al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envíe una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos que condene la acción judicial ejercida sobre la connacional y realice acciones encaminadas a sensibilizar al poder judicial de aquel país sobre la no discriminación racial en sus veredictos y resoluciones. Así como se presente el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Cancillería y a la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas otorguen todo el apoyo necesario que requiera la connacional para hacer frente a este acto de autoridad.
DIPUTADOS FEDERALES
JORGE MARTÍNEZ RAMOS
ELIANA GARCÍA LAGUNA
18 de mayo de 2005
De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de a conocer la distribución de los aprovechamiento sobre rendimientos excedentes destinados a las entidades federativas.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS SOBRE RENDIMIENTOS EXCEDENTES DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
Las que suscribimos, diputadas Diana Bernal Ladrón de Guevara y Minerva Hernández Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, establece en su artículo 19 fracción I, que los ingresos excedentes que resulten del aprovechamiento a que se refieren los artículos 1, fracción VI numeral 21, y 7 fracción XI de la Ley de Ingresos de la Federación, por concepto de rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, que se generen a partir de 27 dólares de los Estados Unidos de América, se destinarán, el 50% por ciento, para gastos en programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.
2. En su apartado a) del mismo precepto legal establece, que el anticipo correspondiente al primer trimestre será por el equivalente al 25 por ciento de la cantidad que corresponda del monto total de aprovechamientos recaudados en el mes de abril de 2005.
CONSIDERANDO
1. El pasado de 2 de mayo del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el Primer Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del ejercicio fiscal 2005, en el cual se comenta que los ingresos petroleros excedentes se calcularán de acuerdo a lo establecido en los artículos 19 y 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
2. En el mismo se detallan los volúmenes y precios programados y observados de enero a marzo de 2005, siendo el precio de exportación observado de 30.3 dólares por barril, con una producción de 3,312.4 miles de barriles diarios en promedio y una exportación de 1,914.1 miles de barriles diarios en promedio.
3. A pesar de lo establecido en el Decreto de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda omite informar de los anticipos correspondiente al primer trimestre y solo se alude que para el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes se considerará el artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos, sin mas cifras y datos que abunden el particular.
4. En la discusión para la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos, se ponderó el establecimiento de mecanismos enfocados a la veracidad, transparencia y legalidad con estricto apego a la realidad que permitan fortalecer y reorientar la política nacional.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos;
ÚNICO.- Que la Secretaría de Hacienda publique y de a conocer la distribución de los anticipos correspondientes del primer trimestre en los términos a que se refiere el artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos 2005.
Suscriben
DIP. DIANA LADRÓN DE GUEVARA
DIP. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS
Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 18 días del mes de mayo de dos mil cinco.
De la Dip. Diana Bernal Ladrón de Guevara, a nombre de los Diputados César Chávez Castillo, Rafael García Tinajero y Martha Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que comparezcan el Secretario de Salud, los directores de Banobras y el de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE COMPAREZCA EL SECRETARIO DE SALUD, LOS DIRECTORES DE BANOBRAS Y LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA.
C. Diego Fernández de Cevallos
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
Los suscritos, diputados y diputadas federales integrantes de la Fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, venimos a poner del conocimiento del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo con fundamento en las siguientes:
CONSIDERACIONES
De acuerdo con el informe del resultado de la revisión de la cuenta Pública 2003, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Comité Nacional Pro-Vida A.C., ejerció indebidamente los recursos públicos federales que le fueron otorgados en el ejercicio 2003, dado que no se ajusto a los rubros y montos estipulados y que en la comprobación que presento dicha entidad se determinaron diversas irregularidades.
La Auditoría Superior determinó un efecto económico por 33.7 millones de pesos, que corresponden a los recursos públicos federales que le fueron otorgados en 2003 al Comité Nacional Pro-Vida, A.C., por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), el Fideicomiso Público de la Lotería Nacional “Transforma México” y la SEDESOL.
Según la ASF, se considera un monto probable de recuperar por 30 millones de pesos, que corresponden al importe de las irregularidades determinadas en la comprobación presentada por el Comité Nacional Pro-Vida, A.C., a la APBP (por 27.4 millones de pesos), al sobreprecio en la compra de equipo de ultrasonido que entregó el referido Comité al Fideicomiso Público de la Lotería Nacional “Transforma México”como comprobación de la aplicación de los recursos (2.6 millones de pesos) y lo relativo a la compra de una incubadora por 92.0 miles de pesos que presentó a SEDESOL como comprobación de los recursos y que a su vez presentó a la APBP.
Cabe recordar que los resultados de la auditoría que realizó la Secretaría de la Función Pública al Comité Nacional de Próvida por el mal uso de 30 millones de pesos que recibió de la Secretaría de Salud en 2003, coincidieron en un 95 por ciento con la investigación ciudadana que denunció el fraude.
Fueron seis organismos civiles apoyados por el Instituto Federal de Acceso a la Información las que aportaron elementos para realizar una auditoría a Próvida, la cual aprovechándose de la falta de supervisión, derrochó recursos públicos.
Con la auditoría se descubrieron actos de corrupción y fraude en el gasto en publicidad y artículos suntuarios como: tangas, ropa exclusiva y plumas fuente, entre otros. Además de falsificación de facturas, se contrataron empresas tan cercanas que despachaban en el mismo domicilio o respondían el mismo teléfono que la organización representada por Jorge Serrano Limón.
Es importante destacar que los 30 millones de pesos fueron recortados del presupuesto aprobado en 2003 del Sector Salud para VIH / Sida, de manera unilateral por el ex diputado y hoy Director de Banobras Luis Pazos de la Torre. De manera que el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se extralimitó autorizando el donativo para los Centros de Apoyo a la Mujer de Próvida.
No obstante que Próvida había solicitado los recursos al Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, el proyecto que presentaron tenía poco sustento. Sin embargo los recursos fueron entregados a Próvida, situación que evidencia el favoritismo político de Luis Pazos y su partido.
Con base en los resultados de la auditoría, las y los diputados del PRD deseamos que nos informen: ¿Cuánto se ha recuperado al día de hoy del importe de las irregularidades determinadas a Próvida?, ¿En que estado se encuentra el deslinde de responsabilidades administrativas y penales a las que haya lugar por el desvío de recursos públicos? Concretamente ¿En que medida se encuentran implicados el ex diputado Luis Pazos de la Torre, el Secretario de Salud Julio Frenk Mora, Alessandro Rubio Magaña director Patrimonio de la Beneficencia Pública y Jorge Serrano Limón?
Consideramos insuficiente que Próvida devuelva el dinero, hace falta que se aclare también ¿Porqué en el presupuesto de 2004 se volvieron a consideraron recursos para Próvida? Desde nuestra apreciación Luis Pazos, Próvida y la Secretaría de Salud mantuvieron intacta la discrecionalidad y el mal manejo del dinero. Es en este orden de ideas que esperamos el pronto ejercicio penal de la PGR a la denuncia penal presentada por las organizaciones civiles y de nuestro grupo parlamentario.
Coincidimos con la ASF en que se hizo evidente la necesidad de fortalecer y mejorar los mecanismos de asignación y supervisión de recursos públicos hacia Instituciones del sector privado, a efecto de vigilar que cada peso se ejerza en pleno cumplimiento de la Ley y con plena transparencia, para evitar posibles brotes de corrupción. Además de que la experiencia de esta auditoría deja de manifiesto la necesidad de que la ASF profundice en revisiones de la parte normativa de las donaciones a asociaciones civiles de carácter social no lucrativas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, Diputados y Diputadas Federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acuerda que comparezcan: Julio Frenk Mora, Secretario de Salud; Luis Pazos de la Torre, Director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., además Alessandro Rubio Magaña director del Patrimonio de la Beneficencia Pública, para aclarar las irregularidades detectadas al Comité Nacional Provida, A.C. por la Auditoria Superior de la Federación con motivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2003.
DIPUTADO CÉSAR ANTONIO CHÁVEZ CASTILLO
DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ
Sala de Sesiones de la
Comisión Permanente
del Congreso de la Unión,
a 18 de mayo de 2005.
Del Sen. Antonio Soto Sánchez, a nombre de la Sen. Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la SEDESOL y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación remitan el Informe de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México.
El sucrito, Senador Antonio Soto Sánchez, a nombre de Leticia Burgos Ochoa, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, remitan el informe de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, e instalen una mesa de trabajo con las Comisiones de Desarrollo Social y de Derechos Humanos del Senado, a efecto de hacer el análisis de la misma.
CONSIDERACIONES
La Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación dieron a conocer ayer, la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, documento que revela que nuestro país figura observa altas tasas de discriminación, y que la misma está ligada directamente a los niveles de pobreza y desigualdad en el país.
De acuerdo con el Informe del Trabajo de Campo que se publica en la página web de dicha Secretaría, la encuesta fue resultado de la aplicación de 5,608 cuestionarios distribuidos de la siguiente manera: 594 a Personas con discapacidad; 189 a Homosexuales; 761 a Adultos Mayores; 765 a Indígenas; 805 Personas no católicas; 1012 Mujeres y 1482 Globales; y el levantamiento de la información tuvo como base un muestro de 62 puntos de localidades rurales y 113 puntos en localidades urbanas.
El trabajo fue realizado por el Buró de Investigación de Mercados, empresa contratada por la Secretaría de Desarrollo Social, quien presentó “los resultados obtenidos de la aplicación de una encuesta abierta que aporte información sustantiva que permita proporcionar información sobre el conocimiento y la evaluación de la población hacia el desempeño de la Secretaría de Desarrollo Social 2004, que se llevó a cabo en localidades urbanas y rurales de la República Mexicana en los meses de Noviembre y Diciembre de 2004.”
De acuerdo con Miguel Székely, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Desarrollo Social, la encuesta “desnuda las percepciones del grueso de los mexicanos con respecto a la discriminación”, hecho que se observa en las siguientes cifras:
• Uno de cada cinco hombres considera como algo natural que a las mujeres se les prohíban más cosas;
El 15 por ciento de los hombres opina que no hay que gastar tanto en la educación de las hijas porque luego se casan;
Nueve de cada diez mujeres en el país afirma que sí hay discriminación contra ellas y señalan que los derechos que menos se les respetan es tener un trabajo con salario justo y un trato igualitario ante la ley;
El 48.5 por ciento de las mujeres considera que tiene menos libertad que sus hermanos varones;
El 44 por ciento ha vivido una situación en que las tareas de las casas las hacen sólo las mujeres, señala la encuesta.
Los datos anteriores llaman a la actuación reflexiva, pues la discriminación que revelan tiene implicaciones para el bienestar de las mujeres en tanto afectan las oportunidades de desarrollo y el nivel de vida de las mismas.
Los legisladores, atentos a toda acción tendiente a revertir esta situación requerimos de la información que sustenta las notas de prensa relativas a la encuesta y que se amplié la publicada por la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de conocer las cifras concernientes al resto de los grupos y sectores de la población objeto de discriminación, como son los de adultos mayores, minorías religiosas, personas con alguna discapacidad, indígenas, o de preferencia sexual distinta a la heterosexual.
Asimismo, consideramos que la información que se nos proporcione, debe ser analizada a la luz de los resultados que también han difundido los medios de comunicación en relación al fenómeno de homofobia que se presenta en nuestro país, y que de acuerdo organizaciones de la sociedad civil como Letra S, Afluentes, Católicas por el Derecho a Decidir, Demysex, Círculo Cultural Gay y Grupo de Padres y Madres por la Diversidad, en México, de 1995 a 2003, se manifiesta en “280 casos de muertes por homofobia", siendo el Distrito Federal y Veracruz las entidades con mayores incidencias.
Consideramos que es necesario trabajar de manera coordinada a efecto de atender con prontitud y eficacia los casos de discriminación que se presentan en México con el objetivo de lograr condiciones óptimas de desarrollo social y humano en el marco del respeto a las personas en la diferencia.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, remitan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el informe de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, e instalen una mesa de trabajo con las Comisiones de Desarrollo Social y de Derechos Humanos del Senado, a efecto de hacer el análisis de la misma.
De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno a la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre de la C. Ana Cristina Fox.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SEN. SARA I. CASTELLANOS CORTÉS EN TORNO A LA UNIDAD DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMA) CUYA RESPONSABLE ES ANA CRISTINA FOX
Con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos el Grupo Parlamentario del PVEM en el Senado somete a su consideración el siguiente ACUERDO:
UNICO: Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar si la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) perteneciente a la hija del Presidente Ana Cristina Fox de la Concha, cumple con la normatividad ambiental vigente.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los dieciocho días del mes de Mayo de 2005.
SEN. SARA I. CASTELLANOS CORTÉS
PVEM (17-05-05)
Del Sen. Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad información sobre la estrategia de suministro de gas natural licuado a las centrales de generación de electricidad.
El suscrito, Antonio Soto Sánchez, Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ESTRATEGIA DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL LICUADO A LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CONSIDERACIONES
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Ingeniero Alfredo Elías Ayub, remita ante esta soberanía un informe sobre la estrategia que esa dependencia esta siguiendo para asegurar el suministro de gas natural a las centrales de generación de electricidad, así como copia de los contratos signados con las empresas Shell Gas y Sempra Energy para la importación de gas natural licuado.
Del Sen. Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al estado de la relación bilateral México-Estados Unidos.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ESTADO DE LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - ESTADOS UNIDOS.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE
El suscrito Senador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta y expresa su más sentida preocupación por el estado de deterioro en el que se encuentra inmersa la relación con los Estados Unidos; y exhorta a ambas partes a privilegiar los canales institucionales, a mantener el diálogo político, a fortalecer la cooperación y a dar cause a los retos de la agenda bilateral de manera respetuosa y coordinada en beneficio del interés nacional de los dos países.
SEGUNDO.- Remítase copia de este acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a la Embajada y al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo de 2005.
De la Dip. Claudia Ruiz Massieu, a nombre de la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud incluya una partida especial, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, destinada al ejercicio médico de transplantes.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, DONDE SOLICITA QUE LA SECRETARIA DE SALUD INCLUYA UNA PARTIDA ESPECIAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 2006, DESTINADA AL EJERCICIO MÉDICO DE TRASPLANTES.
DIP. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Compañeras y compañeros legisladores
Integrantes de la Comisión Permanente.
En un mundo convulsionado, lleno de referentes de violencia, de inseguridad, donde los gobiernos mas se han ocupado de sus intereses que preocuparse por los de la población. Donde pareciera que hemos perdido el rumbo y la humanidad se enfila a su ocaso, siempre se ve una luz al final del túnel.
La explotación y prostitución infantil, los tratantes de blancas ahora internacionalizados, la violencia doméstica, la inseguridad, el secuestro, el narcotráfico y un interminable etc. Son los referentes inmediatos que hoy aparecen por todas partes.
Pero el salvar vidas o procurar salvarlas, no se nota, porque no es nota.
La transición epidemiológica que hoy vivimos ha dejado atrás las enfermedades infecto – contagiosas como causa primordial de muerte . Hoy las enfermedades crónicas y degenerativas aparecen entre las 10 primeras causas de enfermedad y muerte de la población mexicana. Esta transición nos obliga a proveer de tratamientos altamente especializados entre los que se incluye a los transplantes de órganos (hígado, riñón, corazón, pulmón, páncreas), tejidos (córneas) y células (mèdula òsea) a nuestra poblaciòn
Si es una persona con suficientes recursos podrá disponer de ellos y posiblemente vivir, quien cuenta con los servicios de seguridad social (IMSS; ISSSTE u otros), probablemente pueda acceder a programas institucionales y reestablecerse; pero quien no cuenta con lo anterior y es la mayoría de nuestra población en especial los mas pobres ¿ a que se enfrentan? ¿cuales son sus alternativas? ¿o su destino es ver como pierden la vida en medio de sufrimientos y medicinas caras que no pueden costear? ¿y en otras, de clase media observar como su patrimonio se les pierde, por salvar a un familiar, muchas veces sin lograrlo?
Por ejemplo un trasplante de hígado: se calcula su costo promedio en 500 mil pesos pero, esta persona trasplantada, necesitará medicamentos de por vida por alrededor de 120 mil pesos anuales (10 mil pesos mensuales), de tal suerte si este paciente se somete al trasplante y no tiene recursos para seguir su tratamiento en medicamentos, difícilmente se le haría el trasplante, porque estaría condenado a rechazar el injerto y a su muerte en un lapso breve.
Pero hay mas todavía, los trasplantes no se encuentran a la vuelta de la esquina. En una sociedad donde todavía la donación de órganos no forma parte de nuestra cultura, el conseguir uno, necesita de gente capacitada que busque los órganos, esto requiere de todo un trabajo que incluye desde el convencimiento a familiares ( donador cadavèrico), los trámites con el Ministerio Público, su traslado (ambulancia y cuando están en zonas alejadas, helicóptero) hasta el quirófano donde se realizará la procuración y /o recuperación de los òrganos a trasplantar. Se extrae el órgano, se conserva con métodos necesarios para poder ser trasplantado. Se realiza la cirugía, ahora en el receptor y se le suministran medicamentos de por vida llamados “inmunosupresores” que evitan el rechazo del órgano transplantado.
Todo este peregrinar lo realizan personas que en una especie de “apostolado” hacen lo posible por salvar una vida desde la utilización del teléfono, la localización del órgano, el papeleo, el traslado, hasta las cirugías realizadas por los médicos especialitas.
Todo esto cuesta y cuesta mucho y no hay un presupuesto para ello en la Secretaria de la Salud. Ello implica que no haya un presupuesto para medicamentos “inmunosupresores”, que son imprescindibles para todo aquel paciente que se le practica algún trasplante. Si no tiene la posibilidad de contar con estos medicamentos o sufragar sus gastos, no hay posibilidad de realizarle el trasplante. De llevarlo acabo se condenaría al paciente a una muerte cruel y llena de sufrimiento.
Otro caso son los llamados “coordinadores de donación” que son los especialistas en buscar órganos. Organos que de encontrarlos posibilitan el salvar vidas, puesto que hay lista de espera de alrededor de 7 mil mexicanos que requieren un trasplante.
La percepción mensual de estas personas es irrisoria, no superando los 3 mil pesos mensuales ( por honorarios) por esta labor que realizan. El caso de los Médicos especialistas es otra. Realizan los trasplantes sin recibir algún estimulo por ello. Es decir practican los trasplantes porque salvan vidas, pero si los realizan o no, reciben la misma percepción que se les asigna en la Secretaria de Salud.
Por lo anterior creo que es fundamental apoyar a esta practica médica poco conocida y difundida en nuestro país. Algunos números nos dicen que en el 2004 se practicaron 4,248 transplantes, de los cuales a las corneas corresponden el 58%, riñón con 1668 el 39%; hígado con 99 el 2% y corazón con 20 el 1%. De los datos anteriores solo 1279 correspondieron a cadáveres. Lo que significa que tenemos que avanzar mucho en la cultura de la donación.
De los trasplantes realizados en el país, incluyendo social y privado, alrededor del 30% se realizan en instalaciones pertenecientes a la Secretaria de la salud. Por lo que la estimación de la partida especial que estamos solicitando es de 300 millones de pesos, de los cuales 60 millones se destinarían para contar con los medicamentos “inmunosupresores”, y garantizar el servicio a la mayoría de los pacientes que soliciten un trasplante (riñón, hígado, corazón o medula ósea) y no negarles el servicio. El resto para la búsqueda de órganos, traslados, quirófanos, entre otros muchos gastos “ocultos”, es decir aquellos que no se ven.
Por lo anterior y con fundamento en el articulo 58 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante esta Honorable Asamblea Permanente a solicitar la siguiente Solicitud Con Punto de Acuerdo.
Ünico. Que la Secretaría de la Salud incluya en su propuesta, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, una partida especial de 300 millones de pesos, destinada exclusivamente al ejercicio médico de trasplantes.
Ruego a usted Diputado Presidente consulte usted a esta Honorable Asamblea Permanente, con fundamento en el artículo 59 de nuestro Reglamento, si este punto de acuerdo es de considerarse de urgencia u obvia resolución.
Así mismo le solicito que el presente Punto de Cuerdo sea publicado íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, de no haber sido publicado.
Muchas gracias.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de mayo del 2005
De la Dip. Claudia Ruiz Massieu, a nombre de la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la ampliación del decreto por el que se condonan los créditos fiscales generados por los adeudos en el pago del derecho por uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales, por lo que resta del 2005.
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Del Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Juez Duodécimo Segundo en Materia Civil del D.F. a que se abstengan de intervenir conforme a los intereses de la C. Martha Sahagún de Fox, en el juicio que ésta entabló en contra de la periodista Olga Wornat.
PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA EXHORTAR AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO JOSÉ GUADALUPE CARRERA DOMÍNGUEZ Y AL C. JUEZ DUODÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ MORA, PARA QUE SE ABSTENGAN DE INTERVENIR CONFORME A LOS INTERESES DE LA C. MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, Y SE CONDUZCAN CON IMPARCIALIDAD SIN HACER CASO A PRESIONES POLÍTICAS EN LAS ACTUACIONES DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, EXPEDIENTE NÚMERO 336/2005, MEDIANTE EL CUAL LA ESPOSA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEMANDÓ DE LA PERIODISTA OLGA WORNAT DIVERSAS PRESTACIONES POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL, QUE PRESENTA EL DIPUTADO FEDERAL JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA SESIÓN DEL 18 DE MAYO DEL 2005.
C. Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
P R E S E N T E.
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en alcanzar la legalidad, imparcialidad y transparencia en los actos de los servidores públicos adscritos a los órganos de impartición de justicia del país, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Proposición con Punto de Acuerdo, con base a los siguientes:
CONSIDERANDOS
Conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 60, 61 y 72 del Código de Procedimientos para el Distrito Federal, las autoridades jurisdiccionales en los procesos deben observar una conducta orientada a preservar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, recibir los elementos de prueba de los hechos constitutivos de las prestaciones, así como de las defensas en apego al respeto que se deben los contendientes y abstenerse de admitir solicitudes notoriamente improcedentes e infundadas.
Estas reglas son parte del comportamiento que el juzgador debe observar al evitar procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, con motivo del ejercicio de sus funciones, ni ejercer coacción contra las personas para obtener un resultado opuesto a lo establecido en las normas vigentes, como lo ordena el artículo 11 del Código de Ética del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, estos valores que deben la conducta del personal que labora en el órgano judicial del Distrito Federal, para que la función judicial sea desempeñada por personas que sean caracterizadas por la confianza social, fomentando una política de responsabilidad compartida que repercute en la sociedad de México.
Estos son los ideales que busca el espíritu de las leyes mexicanas, consolidar el Estado Derecho en una verdadera democracia alejada de las prácticas despóticas, tendenciosas y favoritistas, cuando estos principios son solo argumentos parte de un discurso, como ocurre en el caso de la demanda que en vía de Juicio Ordinario Civil, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la Primera Dama, Martha Sahagún Jiménez de Fox en contra de la periodista argentina, Olga Wornat reclamando la acción de Daño Moral por sus manifestaciones realizadas en el libro “Crónicas Malditas” en el que la autora señala presuntos hechos ocurridos en torno a la vida pública y política de la Sra. Sahagún Jiménez de Fox, escrito que se radicó en el Juzgado Duodécimo de lo Civil, y el titular dictó acuerdo admisorio al ocurso, ordenando emplazar a la periodista.
En el caso concreto se han dado elementos que hacen suponer una influencia en el ánimo del juzgador que puede transgredir la ética a las instituciones de impartición de justicia, toda vez que se desprende de la publicación ocurrida en el Boletín Judicial, número 84 del día tres de mayo del año en curso, que el titular del juzgado, Lic. Carlos Miguel Jiménez Mora dio lugar a la solicitud de Providencias Precautorias propuestas por la Sra. Sahagún y que se establece en el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal con el fin de que la demandada no se ausente de la ciudad de México, Distrito Federal, sin nombrar un representante legítimo que pueda responder a las diligencias que deban agotarse en la contienda.
Es importante resaltar el clima álgido y de reclamos que ha ocasionado esta determinación judicial en la sociedad y los medios de comunicación, como ocurrió en el seno de la organización de reporteros “Sin Fronteras” los cuales el pasado nueve de mayo del año en curso, expresaron su inconformidad con esta medida que trae como consecuencia una situación jurídica homologa al arraigo dictado en materia penal.
Ahora bien, independientemente de que la demandante garantizó el interés jurídico de sus aseveraciones ante un supuesto riesgo fundado de que la periodista sudamericana abandone la ciudad de México, Distrito Federal, mediante una fianza, esto de ningún modo legitima al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ni al Juzgado Décimo Segundo de lo Civil, para rehuir al examen sustancial que debió realizar sobre los presupuestos procesales previo a decretar la procedencia de la medida, en virtud de que el artículo 6 de la Ley Fundamental expresa claramente que a ninguna persona se le deberá perseguir con motivo de la manifestación de sus ideas, salvo cuando reparen un daño personal o a terceros, siendo el caso que en ningún tiempo se la provocado un daño a la Primera Dama de México, porque Olga Wornat únicamente se limitó a esgrimir aseveraciones en la dinámica legal de libertades de prensa existentes en cualquier estado democrático como México y que el propio cónyuge de la Sra. Sahagún de Fox impulsó mediante la política de transparencia.
En tal sentido, una vez que la periodista Olga Wornat conteste la demanda, según las normas procesales vigentes en el Distrito Federal, las partes deberán acudir a la celebración de una audiencia de conciliación, la cual será importante observar cómo se desahogará para conocer el rumbo que tomará el proceso hasta la sentencia, por ende es de suma importancia que al percatarnos del precedente del arraigo nos damos cuenta que las autoridades pueden realizar una precaria fundamentación y con ese motivo es que insto a esta Honorable Asamblea para que en uso de sus atribuciones realice una atenta exhortación a los titulares del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Juzgado Duodécimo Civil del Distrito Federal para conducirse conforme a la ética que las normas les exigen como servidores públicos judiciales para que apliquen el derecho conforme se han preceptuado en los códigos de la materia, a la legalidad con la finalidad de no favorecer ilegítimamente a una de las partes, ni sea presa de presiones morales, ni intromisiones con tientes políticos, como a todas luces ha ocurrido hasta este momento.
Lo anterior además de favorecer a los mexicanos y a las partes se cumplirá con la política de transparencia que merecen las instituciones y se mantendrán a salvo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al comprobarse que ninguna persona estará por encima de la ley, ni ocurrirán en este país conductas que tipifica el Código Penal como delitos de abuso de autoridad, cohecho y los ocurridos contra la impartición de justicia en el ámbito de la impunidad.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO JOSÉ GUADALUPE CARRERA DOMÍNGUEZ Y AL C. JUEZ DUODÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ MORA, PARA QUE SE ABSTENGAN DE INTERVENIR CONFORME A LOS INTERESES DE LA C. MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, Y SE CONDUZCAN CON IMPARCIALIDAD SIN HACER CASO A PRESIONES POLÍTICAS EN LAS ACTUACIONES DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, EXPEDIENTE NÚMERO 336/2005, MEDIANTE EL CUAL LA ESPOSA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEMANDÓ DE LA PERIODISTA OLGA WORNAT DIVERSAS PRESTACIONES POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL.
SEGUNDO.- SE MANTENGA INFORMADA A ESTA HONORABLE CÁMARA SOBRE LO REFERENTE AL PUNTO ANTERIOR.
TERCERO.- SOLICITO DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, SEÑOR PRESIDENTE SE PUBLIQUE ÍNTEGRA LA PRESENTE INICIATIVA GACETA PARLAMENTARIA Y EN EL DIARIO DE LOS DEBATES
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL CINCO.
ATENTAMENTE
DIP. LIC. JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, A NOMBRE DEL DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO DEL MAGNICIDIO DE VENUSTIANO CARRANZA
PALABRAS DEL DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL, EN VOZ DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO DEL MAGNICIDIO DE VENUSTIANO CARRANZA
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2005.
CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA:
SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES:
El magnicidio contra el Presidente Constitucional de la República, Venustiano Carranza Garza, el 21 de mayo de 1920, cambió toda la historia postrevolucionaria de México.
Hoy, a 85 años de esa fecha luctuosa, el Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA considera que es obligado hacer un breve repaso en homenaje al prócer coahuilense, quien puede considerarse un liberal nato, consecuente y con una firmeza de carácter para oponerse a la dictadura huertista, luego del asesinato, a su vez, del Presidente Francisco I. Madero, junto con el Vicepresidente José María Pino Suárez.
Asimismo, hay que señalar como parte inseparable de su carácter la oposición frontal que hizo Venustiano Carranza, ante las amenazas de invasión y desembarco por la flota de Estados Unidos en 1914. Cuya decisión coadyuvó a que se consolidara el heroísmo de todas las clases sociales, incluyendo algunos extranjeros, para realizar la heróica defensa del Puerto de Veracruz contra el intervencionismo.
Venustiano Carranza nació en 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Fue hijo del coronel liberal Jesús Carranza, quien fuera muy cercano colaborador del presidente Benito Juárez. De tal manera puede decirse que Venustiano Carranza heredó la claridad patriótica juarista.
Desde muy joven fue un lector incansable, identificado con las causas de la soberanía estatal y regional. En 1908, aun cuando se había opuesto en su carrera a algunas medidas del porfiriato, fue gobernador interino de Coahuila. La rebelión de Madero lo hizo que estuviera de su lado, justo por su educación y formación liberal democrática.
Justamente en reconocimiento a sus méritos fue Secretario de Guerra y Marina en el primer gabinete del presidente Madero. Más tarde fue gobernador electo de Coahuila en 1911. Como gobernador lo sorprendió el magnicidio de Victoriano Huerta contra los encargados del Poder Ejecutivo.
Naturalmente se rebeló, y, convocó a la firma el Plan de Guadalupe, mediante el cual se declaraba en rebeldía y desconocía al usurpador Huerta y todo su gabinete. De esa manera llamó a otros patriotas a formar el Ejército Constitucionalista, y, en la propia redacción del Plan de Guadalupe se designaba a Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, porque el texto reivindicaba el respeto irrestricto a la Constitución de 1857.
En su vida personal, Carranza se caracterizó por ser polemista y defensor de sus interpretaciones dialécticas por sus lecturas de corte liberal, desde los textos de José María Luis Mora, uno de los padres del liberalismo mexicano, así como la literatura histórica.
El Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA reconoce el sentido de reformador social de los contenidos programáticos del Plan de Guadalupe, el cual en su Artículo 2º., destaca:
“Reformar el procedimiento judicial para que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí. Expedición de leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos la tierra de que fueron injustamente privados.
“Reformas políticas que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la República, y en general de todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley”.
Congruente con los contenidos sociales del Plan de Guadalupe, ya como presidente de la República, proclamó y expidió la Ley del 6 de Enero de 1915, donde se concebía al ejido como una auténtica reparación de una injusticia, no como una nueva sistematización de tenencia de la tierra. Sino que se trataba de restituir el patrimonio territorial de los pueblos que habían sido despojados.
Pero si no hubiera otros hechos políticos de gobierno, dignos de mención del período del presidente Carranza, destacaríamos en el Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA, la convocatoria, con clara visión de Estado y sentido de la Historia, a la instalación de un Congreso Constituyente en septiembre de 1916.
Con esa conciencia de raigambre liberal, Carranza estaba consciente de cómo al principio del Siglo XX, sabiendo el desarrollo de los acontecimientos internacionales, puesto que a esas alturas ya avanzaba la Primera Guerra Mundial, y la revolución de octubre en la antigua Rusia abría una nueva época en la conformación del mundo. En México, era natural que hubiera ideas de avanzada y progresistas que reivindicarían naturalmente las demandas sociales.
La Constitución de 1917 nace como la visión renovadora y amplia que Carranza tuvo de la misma Constitución de 1857 con la que convocó al nuevo Congreso para la restauración del orden constitucional, violentado con el golpe de estado de Huerta y la complicidad de una mayoría de diputados y senadores. La causa carrancista estaba también alentada por el encomiable ejemplo del senador mártir Belisario Domínguez. El Presidente Carranza inaugura y clausura el Congreso Constituyente el mismo día 5 de febrero en el que, sesenta años antes, en el mismo teatro de la República, se aprobó la Constitución de la Reforma.
En apenas sesenta días de acalorados debates, los constitucionalistas culminaron la obra que fue promulgada por quien, con el carácter de Presidente de la República, supo entender que la representación nacional reunida en Querétaro, era el ejercicio más pleno de la soberanía popular que había decidido el futuro libre y revolucionario de la nación.
Todavía el Presidente Carranza tendría oportunidad de mostrar ante el pueblo de México su visión internacionalista, puesto que en noviembre de 1918, promulgó lo que se conocería como la Doctrina Carranza, que fue la raíz primigenia de índole juarista de nuestra tradicional Doctrina Estrada, que tanto prestigio ha dado a México en el concierto de las naciones:
Decía ese texto: “Sostener la igualdad entre los Estados y desaprobar toda intervención de los asuntos internos de otra nación, así como la equivalencia de derechos nacionales y extranjeros ante las leyes del país”.
Es evidente que esta posición internacionalista no era una simple postura retórica. La congruencia con ella había sido demostrada no solo cuando, incluso, en lo que podía haber sido en su beneficio para causar a Huerta un problema internacional, rechazo tanto el desembarco de marines norteamericanos en Tampico como, antes, en Veracruz condeno el asedio y la intimidación de la armada naval comandada desde Washington. Su verticalidad y fortaleza de convicciones lo llevó a sostener la defensa de la soberanía nacional en las condiciones mas difíciles y desde luego en la conferencia de Niagara Falk, su gobierno legitimo jamás accedió a intercambio alguno de favores, para obtener el reconocimiento pleno a su magistratura.
Como no repasar en la historia del ejercito constitucionalista que nos narra el Jefe de su Estado Mayor, General Juan Barragán que sus discrepancias iniciales con el Centauro del Norte Francisco Villa, fueron justamente cuando éste en Chihuahua se hizo proclive a las condescendencias con el cónsul norteamericano que lo había seducido. El Presidente Carranza fue un adalid en la relaciones internacionales que un país en plena crisis como México, hacia respetarse, con la fuerza de su autoridad moral.
Tlaxcalaltongo, no solo es el asesinato, artero y vil de un hombre probo y patriota que recibió al México libre y justo para sus hijos con visión de estratega y estadista; sino es también la manifestación de nuestra capacidad destructiva y ruin cuando de arrebatar el poder se trata. Los traidores a Madero y a Carranza bien sabían que el primero, con la declaración indeclinable de reivindicar para México la riqueza del subsuelo se hizo enemigo del embajador yanqui y, el segundo, al promulgar el artículo 27 de la Constitución proseguía la línea independentista y soberana de nuestra minería y de los hidrocarburos. Ambos victimados por sicarios conacionales fueron, sin embargo, inducidos desde la embajada que creyó amenazados sus intereses colonialistas.
Muchas gracias.
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL 464 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE VALLADOLID
PALABRAS DEL DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS, VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA CON MOTIVO DEL 464 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE VALLADOLID, HOY MORELIA.
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2005
CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA:
SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES:
Hoy se cumplen 464 años de la fundación de la Ciudad de Valladolid, el 18 de mayo de 1541, la cual con justicia lleva el nombre del héroe de la Independencia, Morelos.
Morelia, es en el Siglo XXI, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por la antigua Valladolid transitaron con profundo humanismo todos los caminos de la Historia de México. Desde la presencia de Vasco de Quiroga, constructor, pedagogo, y, él sí defensor de los indios despojados, mediante el consenso social de su época de proporcionarles junto al proselitismo de su Evangelio, la educación.
Con justa razón los indios lo llamaron Tata Vasco. De él se desprenden las relaciones socioculturales que hasta el día de hoy se respiran en ese rincón de la historia patria.
No en balde, en Morelia se dieron las condiciones en la evolución del espíritu independentista del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo. Desde su paso por las aulas del Antiguo Colegio Primitivo de San Nicolás, como estudiante, hasta su Rectorado, luego de ser catedrático y funcionario de la misma.
El cura culto Miguel Hidalgo, luego de emitir el decreto de abolición de la esclavitud para todo el pueblo americano, lo hizo leer en Valladolid por el funcionario provincial, pocos días después. Ese decreto que abolía la esclavitud, aún se puede leer íntegramente grabado en bronce en el frontispicio del actual Palacio Municipal. Rescata ese suceso que evidentemente cambió toda la evolución social de México y de Hispanoamérica.
El Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA reconoce con sencillez, el honor de que la ciudad lleve el nombre del Siervo de la Nación, nunca ha sido más merecido.
Valladolid fue salvaguardada por el propio Morelos, cuando desde el cerro del Quinceo que la rodea, el Generalísimo la contemplaba al mando de sus fuerzas militares insurreccionales. Podía haberla tomado a base de fuego de artillería, y, prefirió dar la vuelta, para no destruirla en su traza arquitectónica. Fue Morelos, quien poco antes de ser fusilado, dijera: “Y yo que nací en el jardín de la Nueva España”.
La conjunción de reconocimientos, llega hasta la grandeza de denominar al Colegio Primitivo de San Nicolás, como Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por ello, tanta influencia han tenido tres hombres en la vida de Morelia: Vasco de Quiroga, su fundador espiritual propiamente dicho, Morelos e Hidalgo. El Padre de la Patria como germen del enciclopedismo liberal y continuador del lema revolucionario: “Libertad, Igualdad y Fraternidad”.
Morelia, desde la época precolonial era el paso obligado para llegar a la riqueza de las culturas indias de occidente. La cultura purépecha fue indomable. Tanto, que los propios conquistadores tuvieron que rodear y esperar estratégicamente para lograr ocupar sus territorios. Éstos que tampoco fueron conquistados por el imperio azteca.
Para el Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA fue el arribo de Tata Vasco y su influencia, la que determinara el asentamiento definitorio de los colonizadores, con el espíritu de ese filósofo evangelizador. Morelia todavía conserva en su centro histórico edificios con poco más de 200 años de construidos, esa es gran parte del tesoro arquitectónico que salvaguardara Morelos.
Toca ahora a las nuevas generaciones de niñas, niños y jóvenes michoacanos del Siglo XXI preservar y acrecentar el acervo de los bienes culturales de Morelia. No solamente para continuar en el honor internacionalista de la UNESCO, sino para que Morelia, cuna de la Historia de México, sea simiente de la identidad nacional. A la Nación entera enorgullecerse de tan inmenso legado histórico.
Para el México independiente y para el disfrute y admiración de todos los pueblos modernos del mundo. Ese entre otros méritos para llamarse Morelia, por ello el Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA ha querido traer ante esta soberanía el recuerdo de esta fecha fundacional.
Muchas gracias.
ATENTAMENTE
DIP. LUIS MALDONADO VENEGAS
|MESA DIRECTIVA |
|Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos |
|Presidente |
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|Sen. Cesar Jáuregui Robles | |Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza |
|Vicepresidente | |Vicepresidente |
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|Dip. María Guadalupe Suárez |Sen. Antonio García Torres |Dip. Rafael García Tinajero |Dip. Claudia Ruiz Massieu |
|Ponce |Secretario |Pérez |Secretario |
|Secretario | |Secretario | |
CONSULTA LA
“GACETA PARLAMENTARIA”
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OPINA:
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Del Cuauhtémoc, C.P 06010
Ciudad de México, Distrito Federal.
Teléfono: 5130-2200 y 5345-3000
Extensión: 4888
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[1] Informe elaborado por el Proyecto sobre el Desarrollo de la democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. (PRODDAL). Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2001/2005. Pág. 23
[2] El argumento de Mill es muy conocido y sienta las bases de los límites de la actividad del Estado liberal. “The only purpose for which power can be rightfully excercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, os mpt a siffocoemte warrant” en J. Stuart Mill, On Liberty, J Gray y G. W. Smith (comps., Londres, Routledge, 1991, p. 30.
[3] Secretaría de Turismo. “Crecen 30.6% las divisas turísticas en marzo de 2005”. En:
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Nota: Con fundamento en el Acuerdo Parlamentario de la Mesa Directiva de fecha 20 de marzo del año 2000, por el que se crea la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República y con base en el numeral Sexto de ese ordenamiento, los textos publicados en la Gaceta carecerán de valor probatorio y no generarán consecuencias jurídicas para el Senado de la República
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[pic] | |Dip. Claudia Ruíz Massieu |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 1
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1428,3232,3231
claudia.ruizmassieu@congreso.gob.mx | |
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[pic] | |Dip. Claudia Ruíz Massieu |[pic] | |Palacio Legislativo
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[pic] | |SEN. Antonio
Soto Sánchez |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 26, Oficina 2 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 53 45 31 17, 3117, 3118
Fax: 3504
asoto@senado.gob.mx
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[pic] | |SEN. Antonio
Soto Sánchez |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 26, Oficina 2 Reforma 10
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Cortés |[pic] | |Torre del Caballito
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Col. Tabacalera
México DF, 06030
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Exts 3053, Fax: 3601
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[pic] | |Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara |[pic] | |Palacio Legislativo
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[pic] | |Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara |[pic] | |Palacio Legislativo
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3458,3472
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| |Dip. Pablo Gómez Álvarez |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1821, 3404, 5023
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[pic]
[pic]
| |Dip. Guillermo Velasco Rodríguez |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio H, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
7418
guillermo.velasco@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Javier
Corral
Jurado |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 13, Oficina 2 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3222, 3223
Fax: 3612
jcorral@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic]
| |Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio H, Piso 2
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
7305,7496
norma.saucedo@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic]
| |Dip. Luis Maldonado Venegas |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio A, Piso Bas.
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1886, 2130, 2177
luis.maldonado@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Sara Isabel Castellanos
Cortés |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 25, Oficina 17 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3053, Fax: 3601
scastellanos.spvem@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Antonio
Soto Sánchez |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 26, Oficina 2 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 53 45 31 17, 3117, 3118
Fax: 3504
asoto@senado.gob.mx
asoto@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
3458,3472
diana.bernal@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
3458,3472
diana.bernal@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic]
| |Dip. Guillermo Velasco Rodríguez |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio H, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
7418
guillermo.velasco@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic]
| |Dip. Óscar González Yáñez |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 1
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
5003,3251
oscar.gonzalez@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Antonio
Soto Sánchez |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 26, Oficina 2 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 53 45 31 17, 3117, 3118
Fax: 3504
asoto@senado.gob.mx
asoto@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
3458,3472
diana.bernal@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Yolanda Eugenia
González
Hernández |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 16, Oficina 12 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00, Exts Fax: 5313
ygonzalez@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic]
| |Dip. Pablo Gómez Álvarez |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1821, 3404, 5023
pablo.gomez@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic]
| |Dip. María Guadalupe Suárez Ponce |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio H, Piso 2
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
7313,7499
maria.suarez@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Cecilia
Romero Castillo |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 13, Oficina 15 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3065, 3068, Fax: 3574
pan2000/integrantes/1romero_castillo_ cecilia.html
mromeroc@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
3458,3472
diana.bernal@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Sara Isabel Castellanos
Cortés |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 25, Oficina 17 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3053, Fax: 3601
scastellanos.spvem@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Leticia
Burgos Ochoa |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 26, Oficina 15 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3129, 3487, 3132, Fax: 3602
index.php?accion=senador&subacc=
leticia_burgos
lburgos@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Antonio
Soto Sánchez |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 26, Oficina 2 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 53 45 31 17, 3117, 3118
Fax: 3504
asoto@senado.gob.mx
asoto@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic]
| |Dip. Luis Maldonado Venegas |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio A, Piso Bas.
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1886, 2130, 2177
luis.maldonado@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Jesús Ortega Martínez |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 26, Oficina 1 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3135, 3136, Fax: 3538
index.php?accion=senador&subacc
=jesus_ortega
jortega@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Luis Maldonado Venegas |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio A, Piso Bas.
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1886, 2130, 2177
luis.maldonado@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Sara Isabel Castellanos
Cortés |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 25, Oficina 17 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3053, Fax: 3601
scastellanos.spvem@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Adalberto Arturo Madero Quiroga |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 13, Oficina 14 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3088, 3089, Fax: 3567
pan2000/integrantes/1madero_quiroga_ adalberto.html
amadero@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Miguel Sadot
Sánchez
Carreño |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 15, Oficina 2 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3404, 5119
Fax: 5315
msadot@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic]
| |Dip. Luis Maldonado Venegas |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio A, Piso Bas.
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1886, 2130, 2177
luis.maldonado@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Luis Maldonado Venegas |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio A, Piso Bas.
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1886, 2130, 2177
luis.maldonado@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
3458,3472
diana.bernal@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Luis Maldonado Venegas |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio A, Piso Bas.
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1886, 2130, 2177
luis.maldonado@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Héctor
Larios Córdova |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 13, Oficina 5 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3917, 3502, Fax: 5209
pan2000/integrantes/1larios_cordova_ hector.html
hlarios@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Luis Maldonado Venegas |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio A, Piso Bas.
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1886, 2130, 2177
luis.maldonado@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Antonio
García Torres |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 15, Oficina 10 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 5122, Fax: 5320
agarciat@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. María Lucero Saldaña Pérez |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 5, Oficina 20 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3285, 5124(T.C.); 2101,2107(Xico)
Fax: 5322(T.C.); 2338(Xico)
lsaldana@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Micaela
Aguilar
González |[pic] | | | |
[pic]
[pic] | |SEN. Leticia
Burgos
Ochoa |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. Ana Bricia Muro González |[pic] | |
[pic]
[pic] | |SEN. José Adalberto
Castro
Castro |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 15, Oficina 11 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3284, 5115, Fax: 5310
acastro@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Georgina
Trujillo
Zentella |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 17, Oficina 1 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3041, 3257
Fax: 3694
gtrujillo@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Mariano
González
Zarur |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 5, Oficina 14 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 5125, 3158
Fax: 3618
mgonzalez@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |SEN. Emilio
Gamboa
Patrón |[pic] | |Torre del Caballito
Piso 17, Oficina 8 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 3277, 3278
Fax: 3513
egamboa@senado.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Luis Maldonado Venegas |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio A, Piso Bas.
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1886, 2130, 2177
luis.maldonado@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Luis Maldonado Venegas |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio A, Piso Bas.
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1886, 2130, 2177
luis.maldonado@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio D, Piso 2
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1770,1270
diva.gastelum@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic] | |Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
3458,3472
diana.bernal@congreso.gob.mx | |
[pic]
[pic]
| |Dip. Pablo Gómez Álvarez |[pic] | |Palacio Legislativo
Edificio B, Piso 3
Teléfono: 56.28.13.00
Extensión:
1821, 3404, 5023
pablo.gomez@congreso.gob.mx | |
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