C O N T E N I D O
C O N T E N I D O
ORDEN DEL DÍA …..........………….............................................................................................................................. 8
ACtA DE LA SESION ANTERIOR.................................................................................................................................14
PODER EJECUTIVO FEDERAL ....................................................................................................................................21
Secretaría de Gobernación.………………..……………………………………………………………………………………21
• Oficio con el que remite nombramiento expedido a favor del C. Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile. ………....…….…………………………………..………………….…21
• Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 26 de mayo de 2004, en relación con el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas…….....…….…………………………………..………………….…23
• Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 2 de junio de 2004, sobre el problema del control de venados en las instalaciones del aeropuerto de Campeche. …….....…….…………………………………..………………………………………………………………...…25
• Oficios con los que remite dos solicitudes de permiso para prestar servicios en representaciones diplomáticas de México. ….28
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Oficio con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2004; se informa también sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2004; e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de mayo del año en curso. …………………………………………………….....30
Secretaría de Seguridad Pública
• Oficio en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 23 de junio de 2004, sobre el delito del secuestro….…….....31
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL….………………………………………………………………………….….....32
• Oficio con el que remite acuerdo por el que solicita se transparenten los criterios de asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las entidades federativas. ….………………………………………………………………………….....32
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS….……………………………………………………………………………………………..…….....33
• Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato, con el que remite acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a que fiscalicen e investiguen diversos actos relativos al ejercicio de los recursos públicos del Distrito Federal. ……………..…….....33
• Oficio del Congreso del Estado de Hidalgo, con el que remite acuerdo por el que solicita a la Comisión Permanente se busquen los mecanismos idóneos para reencausar las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. ……………………..…….....35
• Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite iniciativa que reforma los artículos 56, 59, 116, fracción II y deroga el artículo 55, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. …………………….…………..…….....38
• Oficio del Congreso del Estado de Puebla, con el que remite acuerdo por el que solicita darle celeridad a las iniciativas vinculadas al tema de los mexicanos en el extranjero. …………………….…………..……...........................................................43
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES…………………….………..……...........................................................45
• Del Dip. Federico Barbosa Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita ampliación de su licencia del 13 de julio al 13 de agosto del año en curso………………...........................................................45
• De la Primera Comisión, por la que se informa del escrutinio realizado a los votos de las Legislaturas de los Estados sobre la aprobación del proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ………………..................................................................................................................................46
Cuatro, de la Primera Comisión, por la que solicita la rectificación de turno a los siguientes asuntos turnados a esa comisión:
• Punto de acuerdo en relación con la elección en el Estado de Zacatecas, presentada por el Dip. Emilio Zebadúa González………………..………………..................................................................................................................................47
• Punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación audite los regímenes de pensiones de los funcionarios de la banca de desarrollo, del Banco de México y de la suprema Corte de Justicia de la Nación...................48
• Punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría al FOVISSSTE, presentada por el Sen. Héctor Larios Córdova. .......................................................................................................................................49
• Punto de acuerdo en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003, presentado por la Dip. María Esther Scherman Leaño. ..................................................................................................................................................................50
• De la Primera Comisión, por la que informa del dictamen en sentido negativo al punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realice auditorías específicas a la Lotería Nacional………................................................................51
• De la Segunda Comisión, por la que solicita se rectifique el turno al punto de acuerdo en torno a la comparecencia del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico. ……….....................................................................................................................54
• Del Senador con licencia Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 12 de julio de 2004………..........................................55
• De la Segunda Comisión, por la que solicita se modifique el punto de acuerdo aprobado el 23 de junio pasado, sobre las comparecencias en relación con la participación de México en el proceso de paz en Colombia…….........................................56
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES……...................................................................................................................57
• De la Dip. Consuelo Rodríguez De Alba, a nombre de la Dip. Amalín Yabur Elías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con diversos proyectos de decreto y puntos de acuerdo en materia de tarifas de energía eléctrica. …….................................................................................................................................................................57
• De la Sen. Leticia Burgos Ochoa y del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las iniciativas en materia de retiro de reservas a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad……..............................................................................................................................................59
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la iniciativa que reforma el artículo 13 constitucional y deroga la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia Militar. ……..................................................................................................................................................................................61
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES……...................................................................................................................63
• De los senadores Jorge Zermeño Infante y César Jáuregui Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de Ley Federal para la Competencia Económica y la Competitividad…….............................................63
• Del Dip. Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el Artículo 62-BIS de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. ……..............................................76
• Del Dip. Fernando Alberto García Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 6 de la Ley de Planeación. ……....................................................................79
• De la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto para reformar los artículos 72 y 78 constitucionales. …….........................................................................................82
• De la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto para reformar el artículo 54 constitucional. …….........................................................................................................84
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre del Dip. Francisco Carrillo Soberón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto Interpretativo de la fracción I, artículo 30 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004…………………...............................................86
• Del Sen. Wadí Amar Shabshab, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 83 y 85 constitucionales. …………………...................................................................................................89
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Marcos Morales Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 30 y 31 y deroga la fracción VII del artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica…….............................................................................................91
• Del Sen. Wadí Amar Shabshab, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 174 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales………............................97
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA……….................................................................................................................................99
• De la Primera Comisión, el que contiene proyecto de decreto que concede permisos para prestar servicios en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México………...................................................................................................99
DICTAMENES A DISCUSIÓN………................................................................................................................................................100
• Dos, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto por los que se conceden permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México; y para aceptar y usar condecoraciones del Gobierno de Italia y del Gobierno de Rumania. ………..................................................................................................................................................100
De la Segunda Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Miguel Angel Ruiz-Cabañas Izquierdo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Japón…………………...................................................................102
• Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Jorge Eduardo Chen Charpentier, como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos……….............................................107
De la Primera Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, información sobre los avances en las investigaciones realizadas sobre la masacre de El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, Gro. ………........................................................................................................................................111
• Punto de acuerdo en torno al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades………….................................................114
• Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de la Cámara de Diputados a que en el análisis de la Minuta de Ley de Seguridad Nacional, escuchen la opinión de la Asociación Nacional de Editores de Periódicos…….....................117
• Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que investigue sobre denuncias recibidas sobre el posible uso de algunas organizaciones campesinas en torno al “Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales”. ……......................................................................................................................................................................119
• Punto de acuerdo para exhortar al Congreso del Estado de Quintana Roo a que informe sobre la situación que guarda la denuncia de juicio político en contra del Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo………............................122
• Punto de acuerdo por el que se solicita información sobre las elecciones que tuvieron lugar en el Estado de Yucatán. .125
• Punto de acuerdo para solicitar el Ejecutivo Federal que realice las acciones tendientes para que cesen las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el poblado de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila. ……………………128
• Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal; y el decreto de la Ley General de Asistencia Social……..………131
• De la Segunda Comisión, el que contiene punto de en relación con la suspensión de las redadas de migrantes mexicanos…………………………………………………………………………………………………………………………..………134
De la Tercera Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo en relación con la solicitud de comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público….……………………………………………………………………………………………………………………..………136
• Punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que libere los recursos destinados para el apoyo de los grupos de escasos recursos económicos. ….……………………………………………………………..………139
• Punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que intervenga en la solución del relleno sanitario de San Nicolás. ….………………………………………………………………………………………….……..………141
• Punto de acuerdo para solicitar a PEMEX que en los contratos celebrados con empresas se atienda la tutela de los derechos de los trabajadores. ….…………………………………………………………………………………….……..………144
• Punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Hacienda y Crédito Público que libere los recursos destinados para la carretera “Siltepec-Angel Albino Corzo”, en el Estado de Chiapas. ….………………………………………….……..………148
• Punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal se realicen las acciones que solventen la problemática de los productores nacionales de leche. ….………………………………………….……..…………………………………………..…150
• Punto de acuerdo en relación con la información sobre las actividades de la Secretaría de la Reforma Agraria. ………..153
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES………………………………………………………………………………….156
• Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a la SEMARNAT a iniciar un programa permanente de verificación del tratamiento y disposición final de las llantas de desecho. ……………………………………………………………………………………………………………….156
• Del Sen. Carlos Chaurand Arzate, a nombre de la Sen. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre el impacto presupuestal del proyecto de reforma al sistema de justicia penal integral. ……………………………………………………………………………………………………….158
• Del Sen. Alfredo Martín Reyes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dé cumplimento al Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica; e informe del avance que guarda el mismo. …………………………………………………………………………………………………………………….159
• Del Sen. César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre repatriación. ……………………………………………………………………………………………………..……….161
• De la Dip. Consuelo Rodríguez De Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en las operaciones del Municipio de Aguascalientes. …………………………………………………………………………………………………………………..……….162
• Del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para que las autoridades competentes investiguen el asesinato del estudiante de la UNAM Pável González y se consigne a los responsables. …………………………………………………………………………………………………………….……..……….165
• De la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades correspondientes a retirar de expendios de revistas y lugares públicos los artículos con contenidos pornográficos y de alto contenido violento.……….167
• Del Dip. Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre seguridad pública. .………………………………………………………………………………………………..…….169
• De la Sen. Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de que explique la pérdida de rendimiento y capital que padecen los trabajadores afiliados a las AFORES……………………..…….171
• Del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para que se investigue y, de ser el caso, se aplique la ley a la Directora de la Lotería Nacional, por uso indebido de recursos públicos………………………………………………………………………………………………………..……………………..…….172
• De la Sen. Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Economía, a fin de que explique el estado que guarda la posición económica mexicana con respecto a su competitividad mundial. ……………………………………..……………………..…….174
• Del Dip. David Hernández Pérez, a nombre de la Dip. Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y del Estado de Nayarit a informar sobre el avance en la investigación relacionada con el caso de corrupción del diputado local Marco Antonio Hernández Estrada. ……………………………………..……………………………………………………………………..…..…….176
• De la Dip. Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública el proyecto de reforma integral de la educación secundaria. ….178
• Del Dip. Quintín Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social permita a los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Hulera “Euzkadi”, el derecho a recibir prestaciones médicas en el Municipio de El Salto, Jalisco. ………………..180
• De la Dip. Irene Blanco Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la SEMARNAT y a la PROFEPA que procedan a la aplicación inmediata de la legislación que protege la reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado. ………………………………………………………………..182
• Del Dip. David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación suspenda de sus actividades a la titular de la Dirección General de Protección Civil, en tanto la Subcomisión de Protección Civil investiga las desviaciones observadas por la Secretaría de la Función Pública. …………………………………………………………………………………………………………………….……..184
• Del Dip. Rogelio Flores Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en relación con el proceso electoral en el Estado de Puebla……………………..……………………………………………….……..187
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre el proyecto de ampliación vertical para el relleno sanitario del Bordo Poniente (Xochiaca).….……..189
• Del Dip. José Angel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que solicita la creación de una Comisión Especial de legisladores para dar testimonio del desarrollo de las elecciones en el Estado de Oaxaca. .….………………………………………………………………………………………………..193
• Del Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación con la renuncia del Secretario Particular del Presidente de la República.……………………..195
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación con la Empresa PUBLI XIII. .………..…………..…..196
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación con el peligro de devastación ecológica y del patrimonio histórico de San Luis Potosí……..…………….198
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que se exhorte al titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a fin de que consigne las averiguaciones previas integradas y ejercite acción penal contra todos los responsables y partícipes en la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la denominada “Guerra Sucia”. ……..……………………………………………………………………………………………………..200
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre del Dip. Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de los recursos públicos entregados a ISOSA y el Fideicomiso Aduanas 1………………………………………………………………..203
• Del Sen. Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, por el que se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica. ….204
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre de los diputados Dolores Gutiérrez Zurita y Abraham Bagdadi Estrella, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Jefe del Poder Ejecutivo Federal que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al Acuerdo Intersecretarial del 11 de septiembre del 2003, relativo a las áreas de prevención y exclusión marítima de la Sonda de Campeche. ……….205
• Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para hacer un extrañamiento al Presidente de la República, en torno a lo declarado por el Secretario de la Defensa Nacional y se cita a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional y al Procurador General de la República. …………...206
• De la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad Pública Federal sobre el número de los beneficios preliberacionales y las adecuaciones de sentencias que esa dependencia ha otorgado a partir de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos…………………………………………………………………………………………………………………….…………...208
• Del Sen. Salvador Becerra Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la SAGARPA a que publique los instrumentos jurídicos específicos necesarios que permitan a los acuacultores acceder a la cuota de tarifa de energía eléctrica de estímulo…..……………………………………………………….…………...210
• Del Dip. Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo para que el Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia investigue y comparezca a informar las limitaciones o los problemas que le impiden cumplir con su responsabilidad de preservar nuestras zonas arqueológicas…….…….…………...213
• Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a PEMEX que los ingresos adicionales generados por el incremento del precio de las gasolinas y el diesel se destinen a un programa de mejoramiento ambiental para gasolinas. 215
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESUS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VALENTIN GOMEZ FARIAS…………..…………216
Orden del Día
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones y correspondencia.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría de Gobernación
• Oficio con el que remite nombramiento expedido a favor del C. Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.
• Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 26 de mayo de 2004, en relación con el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas.
• Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 2 de junio de 2004, sobre el problema del control de venados en las instalaciones del aeropuerto de Campeche.
• Oficios con los que remite dos solicitudes de permiso para prestar servicios en representaciones diplomáticas de México.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Oficio con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2004; se informa también sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2004; e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de mayo del año en curso.
Secretaría de Seguridad Pública
• Oficio en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 23 de junio de 2004, sobre el delito del secuestro.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
• Oficio con el que remite acuerdo por el que solicita se transparenten los criterios de asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las entidades federativas.
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS
• Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato, con el que remite acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a que fiscalicen e investiguen diversos actos relativos al ejercicio de los recursos públicos del Distrito Federal.
• Oficio del Congreso del Estado de Hidalgo, con el que remite acuerdo por el que solicita a la Comisión Permanente se busquen los mecanismos idóneos para reencausar las relaciones diplomáticas con la República de Cuba.
• Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite iniciativa que reforma los artículos 56, 59, 116, fracción II y deroga el artículo 55, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Oficio del Congreso del Estado de Puebla, con el que remite acuerdo por el que solicita darle celeridad a las iniciativas vinculadas al tema de los mexicanos en el extranjero.
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• Del Dip. Federico Barbosa Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita ampliación de su licencia del 13 de julio al 13 de agosto del año en curso.
• De la Primera Comisión, por la que se informa del escrutinio realizado a los votos de las Legislaturas de los Estados sobre la aprobación del proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuatro, de la Primera Comisión, por la que solicita la rectificación de turno a los siguientes asuntos turnados a esa comisión:
• Punto de acuerdo en relación con la elección en el Estado de Zacatecas, presentada por el Dip. Emilio Zebadúa González.
• Punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación audite los regímenes de pensiones de los funcionarios de la banca de desarrollo, del Banco de México y de la suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría al FOVISSSTE, presentada por el Sen. Héctor Larios Córdova.
• Punto de acuerdo en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003, presentado por la Dip. María Esther Scherman Leaño.
• De la Primera Comisión, por la que informa del dictamen en sentido negativo al punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realice auditorías específicas a la Lotería Nacional.
• De la Segunda Comisión, por la que solicita se rectifique el turno al punto de acuerdo en torno a la comparecencia del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico.
• Del Senador con licencia Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 12 de julio de 2004.
• De la Segunda Comisión, por la que solicita se modifique el punto de acuerdo aprobado el 23 de junio pasado, sobre las comparecencias en relación con la participación de México en el proceso de paz en Colombia.
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES
• De la Dip. Consuelo Rodríguez De Alba, a nombre de la Dip. Amalín Yabur Elías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con diversos proyectos de decreto y puntos de acuerdo en materia de tarifas de energía eléctrica.
• De la Sen. Leticia Burgos Ochoa y del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las iniciativas en materia de retiro de reservas a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la iniciativa que reforma el artículo 13 constitucional y deroga la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• De los senadores Jorge Zermeño Infante y César Jáuregui Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de Ley Federal para la Competencia Económica y la Competitividad.
• Del Dip. Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el Artículo 62-BIS de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
• Del Dip. Fernando Alberto García Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 6 de la Ley de Planeación.
• De la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto para reformar los artículos 72 y 78 constitucionales.
• De la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto para reformar el artículo 54 constitucional.
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre del Dip. Francisco Carrillo Soberón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto Interpretativo de la fracción I, artículo 30 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004.
• Del Sen. Wadí Amar Shabshab, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 83 y 85 constitucionales.
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Marcos Morales Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 30 y 31 y deroga la fracción VII del artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
• Del Sen. Wadí Amar Shabshab, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 174 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA
• De la Primera Comisión, el que contiene proyecto de decreto que concede permisos para prestar servicios en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.
DICTAMENES A DISCUSIÓN
• Dos, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto por los que se conceden permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México; y para aceptar y usar condecoraciones del Gobierno de Italia y del Gobierno de Rumania.
De la Segunda Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Miguel Angel Ruiz-Cabañas Izquierdo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Japón.
• Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Jorge Eduardo Chen Charpentier, como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos.
De la Primera Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, información sobre los avances en las investigaciones realizadas sobre la masacre de El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, Gro.
• Punto de acuerdo en torno al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
• Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de la Cámara de Diputados a que en el análisis de la Minuta de Ley de Seguridad Nacional, escuchen la opinión de la Asociación Nacional de Editores de Periódicos.
• Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que investigue sobre denuncias recibidas sobre el posible uso de algunas organizaciones campesinas en torno al “Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales”.
• Punto de acuerdo para exhortar al Congreso del Estado de Quintana Roo a que informe sobre la situación que guarda la denuncia de juicio político en contra del Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.
• Punto de acuerdo por el que se solicita información sobre las elecciones que tuvieron lugar en el Estado de Yucatán.
• Punto de acuerdo para solicitar el Ejecutivo Federal que realice las acciones tendientes para que cesen las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el poblado de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
• Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal; y el decreto de la Ley General de Asistencia Social.
• De la Segunda Comisión, el que contiene punto de en relación con la suspensión de las redadas de migrantes mexicanos.
De la Tercera Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo en relación con la solicitud de comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que libere los recursos destinados para el apoyo de los grupos de escasos recursos económicos.
• Punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que intervenga en la solución del relleno sanitario de San Nicolás.
• Punto de acuerdo para solicitar a PEMEX que en los contratos celebrados con empresas se atienda la tutela de los derechos de los trabajadores.
• Punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Hacienda y Crédito Público que libere los recursos destinados para la carretera “Siltepec-Angel Albino Corzo”, en el Estado de Chiapas.
• Punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal se realicen las acciones que solventen la problemática de los productores nacionales de leche.
• Punto de acuerdo en relación con la información sobre las actividades de la Secretaría de la Reforma Agraria.
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a la SEMARNAT a iniciar un programa permanente de verificación del tratamiento y disposición final de las llantas de desecho.
• Del Sen. Carlos Chaurand Arzate, a nombre de la Sen. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre el impacto presupuestal del proyecto de reforma al sistema de justicia penal integral.
• Del Sen. Alfredo Martín Reyes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dé cumplimento al Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica; e informe del avance que guarda el mismo.
• Del Sen. César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre repatriación.
• De la Dip. Consuelo Rodríguez De Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en las operaciones del Municipio de Aguascalientes.
• Del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para que las autoridades competentes investiguen el asesinato del estudiante de la UNAM Pável González y se consigne a los responsables.
• De la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades correspondientes a retirar de expendios de revistas y lugares públicos los artículos con contenidos pornográficos y de alto contenido violento.
• Del Dip. Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre seguridad pública.
• De la Sen. Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de que explique la pérdida de rendimiento y capital que padecen los trabajadores afiliados a las AFORES.
• Del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para que se investigue y, de ser el caso, se aplique la ley a la Directora de la Lotería Nacional, por uso indebido de recursos públicos.
• De la Sen. Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Economía, a fin de que explique el estado que guarda la posición económica mexicana con respecto a su competitividad mundial.
• Del Dip. David Hernández Pérez, a nombre de la Dip. Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y del Estado de Nayarit a informar sobre el avance en la investigación relacionada con el caso de corrupción del diputado local Marco Antonio Hernández Estrada.
• De la Dip. Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública el proyecto de reforma integral de la educación secundaria.
• Del Dip. Quintín Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social permita a los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Hulera “Euzkadi”, el derecho a recibir prestaciones médicas en el Municipio de El Salto, Jalisco.
• Del Dip. David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspenda la instalación de la caseta de cobro en Zapotlanejo.
• De la Dip. Irene Blanco Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la SEMARNAT y a la PROFEPA que procedan a la aplicación inmediata de la legislación que protege la reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado.
• Del Dip. David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación suspenda de sus actividades a la titular de la Dirección General de Protección Civil, en tanto la Subcomisión de Protección Civil investiga las desviaciones observadas por la Secretaría de la Función Pública.
• Del Dip. Rogelio Flores Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en relación con el proceso electoral en el Estado de Puebla.
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre el proyecto de ampliación vertical para el relleno sanitario del Bordo Poniente (Xochiaca).
• Del Dip. José Angel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que solicita la creación de una Comisión Especial de legisladores para dar testimonio del desarrollo de las elecciones en el Estado de Oaxaca.
• Del Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación con la renuncia del Secretario Particular del Presidente de la República.
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación con la Empresa PUBLI XIII.
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación con el peligro de devastación ecológica y del patrimonio histórico de San Luis Potosí.
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que se exhorte al titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a fin de que consigne las averiguaciones previas integradas y ejercite acción penal contra todos los responsables y partícipes en la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la denominada “Guerra Sucia”.
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre del Dip. Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de los recursos públicos entregados a ISOSA y el Fideicomiso Aduanas 1.
• Del Sen. Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, por el que se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre de los diputados Dolores Gutiérrez Zurita y Abraham Bagdadi Estrella, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Jefe del Poder Ejecutivo Federal que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al Acuerdo Intersecretarial del 11 de septiembre del 2003, relativo a las áreas de prevención y exclusión marítima de la Sonda de Campeche.
• Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para hacer un extrañamiento al Presidente de la República, en torno a lo declarado por el Secretario de la Defensa Nacional y se cita a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional y al Procurador General de la República.
• De la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad Pública Federal sobre el número de los beneficios preliberacionales y las adecuaciones de sentencias que esa dependencia ha otorgado a partir de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
• Del Sen. Salvador Becerra Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la SAGARPA a que publique los instrumentos jurídicos específicos necesarios que permitan a los acuacultores acceder a la cuota de tarifa de energía eléctrica de estímulo.
• Del Dip. Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo para que el Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia investigue y comparezca a informar las limitaciones o los problemas que le impiden cumplir con su responsabilidad de preservar nuestras zonas arqueológicas.
• Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a PEMEX que los ingresos adicionales generados por el incremento del precio de las gasolinas y el diesel se destinen a un programa de mejoramiento ambiental para gasolinas.
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los detenidos en la Ciudad de Guadalajara, con motivo de las manifestaciones durante la Cumbre Europa-América Latina y el Caribe.
• Del Sen. Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación económica del país en los tres últimos años.
• Del Dip. Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, para referirse a la renuncia del Secretario Particular del Presidente de la República.
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESUS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VALENTIN GOMEZ FARIAS
C I T A .
Acta de la Sesión Anterior
ACTA DE LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE
CELEBRADA EL MIERCOLES TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO.
PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO GIL ELORDUY
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas quince minutos del miércoles treinta de junio de dos mil cuatro, con una asistencia de treinta y siete ciudadanos legisladores, el Presidente declaró abierta la sesión.
Se dio lectura al Orden del Día.
Se aprobó en votación económica el acta de la sesión del día veintitrés de junio de dos mil cuatro.
Se recibió de la Secretaría de Gobernación la siguiente documentación:
Nombramiento expedido a favor del ciudadano Roberto Rodríguez Hernández, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.- Se turnó a la Segunda Comisión.
Oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 5 de abril de 2004, en relación con los programas y proyectos productivos dirigidos a las mujeres.-Se remitió copia a la Comisión de Desarrollo Social; y a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta al Acuerdo de la Comisión Permanente del 2 de junio de 2004, sobre la distribución por entidad federativa de los excedentes petroleros y los mecanismos para otorgar los presupuestos previstos en el inciso J), fracción I del artículo 23 del decreto del presupuesto de egresos de la federación.- Se remitió copia a la Tercera Comisión; y al Diputado Omar Ortega Alvarez.
Oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 2 de junio de 2004, sobre la problemática en Iraq.- Se remitió copia a la Segunda Comisión; y al Senador Raymundo Cárdenas Hernández.
Oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 20 de abril de 2004, en relación con el comercio de pieles, productos y subproductos de focas provenientes de Canadá o cualquier otra nación.- Se remitió copia a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.
Oficios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Marina, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 27 de Abril de 2004, en relación con la depredación de tortugas marinas en las Costas de Guerrero.-Se remitió copia a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.
Oficio por el que informa que se incluirá en el Calendario de Efemérides Nacionales, el 1 de octubre como “Día Nacional del Arquitecto”, en respuesta al Acuerdo de la Cámara de Senadores, del 28 de abril de 2004.- Se remitió copia a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores; y al Senador Ricardo Gerardo Higuera.
Dos oficios de la Secretaría de Salud, en respuesta a los acuerdos de la Cámara de Diputados del 29 de abril de 2004, sobre maíz transgénico.- Se remitieron a la Cámara de Diputados.
Oficio en respuesta al acuerdo de la Cámara de Diputados del 29 de abril de 2004, sobre la solicitud de información de las condiciones de operación de las estaciones migratorias.- Se remitió a la Cámara de Diputados.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Diputados del 13 de abril de 2004, por el que se exhorta a instalar una Mesa de Trabajo para la revisión de las tarifas eléctricas en el Estado de Baja California.- Se remitió copia a la Cámara de Diputados.
Dos Solicitudes de permiso para prestar servicios en la Embajada de la República Argelina democrática y popular en México.- Se turnaron a la Primera Comisión.
Se recibió Informe sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Se recibió oficio del Instituto Federal Electoral, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 2 de junio de 2004, sobre el destino y manejo de los recursos disponibles por las multas impuestas a los partidos políticos durante los ejercicio fiscales de 2000 a 2003 y el acumulado en el 2004. Se remitió copia a la Primera Comisió; y al Diputado Manuel Velasco Coello, promovente del punto de acuerdo.
Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados mandatar a la Auditoría Superior de la Federación para que amplíe las auditorias practicadas a entes de la Administración Pública Federal que han sido señalados en el presunto desvío de recursos hacia la fundación “Vamos México”.- Quedó de enterado.
Se recibieron oficios de los Congresos de los Estados de de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por los que comunican su voto en relación con la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnaron a la Primera Comisión.
El Congreso del Estado de Aguascalientes remitió Acuerdo por el que solicita el reinicio de la relación diplomática con Cuba.- Se turnó a la Segunda Comisión.
El Congreso del Estado de Coahuila, remitió acuerdo por el que propone se analice y discuta la iniciativa de ley federal de juegos con apuestas, sorteos y casinos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.
El Congreso del Estado de Guanajuato, remitió acuerdo por el que se exhorta a que se establezcan mesas de diálogo con los representantes de los agroproductores del Estado de Guanajuato, con el fin de buscar alternativas y soluciones a la problemática de los adeudos por concepto de energía eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.
El Congreso del Estado de Nuevo León, remitió acuerdo por el que solicita se lleven a cabo las acciones conducentes a fin de lograr un precio justo para el gas natural.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
El Congreso del Estado de Sonora remitió:
Iniciativa de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Acuerdo por el que se exhorta a expedir la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del período 1942-1964.- Se turnó a la Comisión Especial para dar seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados.
El Congreso del Estado de Tabasco remitió acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a disminuir las cantidades de posesión de narcóticos dispuestas en los artículos 195, 195 bis y 199 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El Congreso del Estado de Tlaxcala remitió:
Acuerdo por el que manifiesta su apoyo al del Congreso del Estado de Jalisco, sobre la problemática de ahorradores defraudados por las cajas populares en el país.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Acuerdo por el que se manifiesta en contra de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, a la miscelánea de garantías de créditos.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
Acuerdo por el que propone al Congreso de la Unión continuar los trabajos relativos a la reforma hacendaria que permita vigorizar las arcas estatales y municipales y para que toda la información sobre las reformas eléctrica y energética se haga llegar a los congresos de los estados.- Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
Se dio cuenta con comunicación de la Primera Comisión, por la que se informa del escrutinio realizado a los votos de las legislaturas de los estados sobre la aprobación del proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 65 constitucional.- La Presidencia declaró aprobado el Decreto. Pasó al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales.
Se dio cuenta con comunicación de la Primera Comisión, en relación con las comunicaciones remitidas por el Gobernador del Estado de Zacatecas sobre la creación de una comisión especial de legisladores para observar el proceso electoral en dicho estado.- Quedó de enterado.
Se dio cuenta con comunicación del Diputado con licencia Roberto Ruiz Esparza Oruña, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 23 de junio de 2004.- Quedó de enterado. Se turnó a la Cámara de Diputados.
Se dio cuenta con comunicación del Diputado Zeferino Torreblanca Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de julio de 2004.- Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación del Senador Armando Chavarría Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de julio de 2004. Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación del Senador Armando Méndez de la Luz, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de julio de 2004.-Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación del Diputado Rómulo Isael Salazar Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 75 días naturales, a partir del 1 de julio de 2004.-Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación del Diputado Víctor Manuel Camacho Solís, Presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, por la que solicita ampliación de turnó a esa comisión, para emitir opinión sobre la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el Ejecutivo Federal el 16 de junio pasado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.
Se dio cuenta con comunicación del Diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Delegación asistente a la 43 Reunión Interparlamentaria México Estados Unidos, con la que remite el informe correspondiente.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras.
La Diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó solicitud de excitativa en relación con la iniciativa para reformar el artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.- La Presidencia formuló excitativa a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
El Diputado Emilio Zebadúa González, del, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa en relación con el punto de acuerdo para solicitar información a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas acerca de la situación de desplazados internos en la zona de conflicto en el Estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.
El Diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
El Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, a nombre del Diputado René Meza Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 52, 53, 55, 59, 60, 63 y 83 y derogar el 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
PRESIDE EL DIPUTADO
JOSE GONZALEZ MORFIN
El Diputado Francisco Barrio Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 21 constitucional, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y expide la Ley que crea el Sistema Integral de Seguridad Pública del Distrito Federal.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
El Diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de Coordinación contra el Secuestro.-Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
El Diputado José Manuel Abdalá De la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 62 de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
La Diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
La Senadora Erika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Los Diputados Jorge Uscanga Escobar y José Manuel Abdalá de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 84 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La Diputada Ruth Hernández Martínez, a nombre de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 100-Bis y 100 Ter y reforma el artículo 465 de la Ley General de Salud, para prohibir la clonación de seres humanos.- se turnó a las Comisiones de Salud; y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.
Se dio primera lectura a dictamen de la Segunda Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 6 al 10 de julio de 2004, a fin de participar en la XXVI Cumbre del Mercosur, Bolivia, Chile y Perú, a celebrarse en la Ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, Argentina, y realizar visitas oficiales a la República Federativa del Brasil y a la República del Paraguay.-Con dispensa de segunda lectura, fue aprobado por 28 votos. Pasó al Ejecutivo de la Unión, para los efectos constitucionales.
Se dio primera lectura a dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden permisos a los ciudadanos Ingram Sumir Santos Avalos y Manuel Jiménez Barrón, para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de Italia en México, y en el Centro de Comercio Exterior de la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal, respectivamente; y a los ciudadanos Ingeniero Bruno Vittorio Mellone Callioni y Eduardo Andrade Sánchez, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por los Gobiernos de Italia y de Rumania, respectivamente.- Quedaron de primera lectura.
Se puso a consideración de la Asamblea dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se conceden permisos a los ciudadanos Fabiola González Buenrostro, Alina Sofía Martínez Ocaranza, María Guadalupe Morales Prieto, Susana Guadalupe González Escobedo, Rodolfo José Arana Hernández, Adriana González Galván, Claudia del Carmen Villegas Fonseca, Shantal del Real Escobar, Marciano Santos Duarte Pérez, Mauro Castro Cornejo, Ernesto Roquet García, Hilda Sales Vargas, Marcelo Verdi Camacho, para prestar servicios en Representaciones Diplomáticas en México.- Se aprobó por 28 votos. Pasó al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con el proceso electoral del Estado de Zacatecas.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación información sobre el cumplimiento del artículo 31 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, se liberen los recursos del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales para aplicarlos a la población damnificada, del Municipio de Cozumel, Quintana Roo.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar información sobre el uso de los recursos asignados al Instituto Mexicano de la Radio, durante los ejercicios de 2001 a 2003 y el estado que guarda su sectorización de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Educación Pública.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Educación Pública, a fin de que explique la llamada reforma integral para la enseñanza secundaria; así como para que se amplíe el proceso de consulta y análisis de dicha reforma.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detenga la entrega de recursos federales al gobierno del Estado de Jalisco para la construcción del Proyecto de Arcediano.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la comisión federal de electricidad a aplicar un programa emergente de subsidio de tarifas eléctricas a los pequeños productores ganaderos de escasos recursos en el territorio nacional.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo en torno a las tarjetas de débito para micronegocios.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para que se declare área natural protegida la Zona Lagunar de Bacalar.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Coordinación del Grupo Operativo de Trabajo para la Atención Integral en los Bienes Comunales de la Selva Lacandona que revisen la problemática de Montes Azules al tenor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.- Se Aprobado en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal, informe las medidas que está instrumentando para fomentar el desarrollo de las sociedades cooperativas.- Se Aprobado en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar recursos adicionales para los productores lecheros.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea otro dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo en relación con el aeropuerto de Chichen Itzá, en el Municipio de Kaua, Yucatán.- Se aprobó en votación económica.
Se puso a consideración de la Asamblea dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda cumpla con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con el Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos Y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de julio de 2004.- Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con el Informe del Presupuesto Ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de mayo de 2004.- Quedó de enterado.
El Senador Carlos Chaurand Arzate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con la inseguridad que se vive en el país. Considerada de urgente y obvia resolución, a discusión, intervinieron el Senador Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien presentó una propuesta de adición, la cual fue aprobada; el Senador Jorge Zermeño Infante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el Diputado Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia; el Diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la Senadora Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y el Senador Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El punto de acuerdo presentado por el Senador Chaurand Arzate, adicionado por el Senador Ortega Martínez, se aprobó en votación económica.
El Diputado Emilio Zebadúa González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con la elección en el Estado de Zacatecas.- Se turnó a la Primera Comisión.
La Senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se turnó a la Tercera Comisión.
PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO GIL ELORDUY
El Diputado Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo para que la comisión permanente, a través de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, acuerden convocar al Congreso de la Unión a una Convención Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
Los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Eduardo Espinoza Pérez, presentaron propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal publique el decreto de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Emilio Zebadúa González, a nombre de la Diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a normalizar las relaciones diplomáticas con cuba.- Se turnó a la Segunda Comisión.
El Diputado Carlos Jiménez Macías, a nombre de la Diputada Consuelo Rodríguez De Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que libere los recursos destinados para el apoyo de los grupos de escasos recursos económicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Carlos Jiménez Macías, a nombre de la Diputada Consuelo Rodríguez De Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que intervenga en la solución del Relleno Sanitario de San Nicolás.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Omar Ortega Alvarez, a nombre del Diputado Pablo Franco Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar a Petróleos Mexicanos que en los contratos celebrados con empresas se atienda la tutela de los derechos de los trabajadores.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad Pública a convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Emilio Zebadúa González, a nombre del Diputado Javier Carrillo Soberón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos y del Secretario de Trabajo y Previsión Social.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Francisco Monárrez Rincón, a nombre del Diputado Belizario Iram Herrera Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Hacienda y Crédito Público que libere los recursos destinados para la carretera "Siltepec-Angel Albino Corzo", en el Estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.
La Senadora Erika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación al secuestro.- Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
El Diputado Omar Ortega Alvarez, a nombre de la Diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a que ejercite la facultad de atracción del caso del homicidio del periodista Francisco Javier Ortiz Franco.- Se turnó a la Primera Comisión.
La Diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con el acuerdo entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Desarrollo Social para la promoción del voto.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Emilio Zebadúa González, a nombre de la Diputada Marbella Casanova Calam, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar la aplicación adecuada de los recursos reasignados a Radio Educación y al Museo Nacional de Historia.- Se turnó a la Segunda Comisión.
La Diputada María Esther Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Omar Ortega Alvarez, a nombre del Diputado Salvador Martínez Della Roca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública informe de los recursos del fondo de equidad para las universidades.- Se turnó a la Segunda Comisión.
La Diputada María Esther Scherman Leaño, a nombre de la Diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que se elabore la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal se realicen las acciones que solventen la problemática de los productores nacionales de leche.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia ante las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados de los titulares de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que informen sobre los programas y acciones para atender la problemática de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules y de la Selva Lacandona.- Se turnó a las Comisiones de Reforma Agraria; de Asuntos Indígenas; de Agricultura y Ganadería; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
El Senador Luis Alberto Rico Samaniego, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al Banco de México el envío de copias de todos los pagarés del FOBAPROA y se reitera el sentido de los puntos de acuerdo sobre el cumplimiento del Artículo Quinto Transitorio de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, a nombre del Diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que instruya al Secretario de la Reforma Agraria a que se abstenga de realizar declaraciones públicas en el sentido de extinguir a esa dependencia.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Diputado Francisco Monárrez Rincón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados se solidariza con los trabajadores de la "Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L.".- Se turnó a la Cámara de Diputados.
El Diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente a realizar auditorías a todos los pozos petroleros ubicados en la Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla, Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronunció en relación al Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
El Diputado Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, se pronunció en relación con el Aniversario de la Conformación Constitucional del Estado de Oaxaca; y en relación con el Aniversario Luctuoso de José Vasconcelos.
La Presidencia dio por concluida la sesión a las 15:00 horas y citó a la siguiente el miércoles 7 de julio, a las 11:00 horas.
Poder Ejecutivo Federal
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite nombramiento expedido a favor del C. Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 2 de julio de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación en oficio fechado el día 28 de junio del año en curso, manifestando lo siguiente:
"En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Ricardo Villanueva Hallal, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente al nombramiento del C. Villanueva Hallal. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO.
ACUERDO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
En uso de las facultades que me concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Ricardo Villanueva Hallal, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Chile.
Comuníquese y cúmplase.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
México, Distrito Federal, a 2 de junio de 2004.
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vicente Fox Quesada
EL SECRETARIO DE DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES.
Luis Ernesto Derbez Bautista.
Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 26 de mayo de 2004, en relación con el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 28 de junio de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. CP2R1AE.-279, signado el día 26 de mayo último, por el C. Sen. Ernesto Gil Elorduy, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número CJA.- 2967 suscrito el día 21 del actual, por el C. Lic. Arturo A. Dager Gómez, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo en el que solicita a esa Dependencia, informe acerca de las gestiones realizadas con relación al Tratado Sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas, presentado por el C. Dip. Jesús Martínez Álvarez.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
CONSULTORÍA JURÍDICA
DIRECCIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
Tlatelolco, D.F., 21 de junio 2004
Lic. Humberto Aguilar Coronado,
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaria de Gobernación.
Me refiero a su oficio No. SEL/300/1715/04 con fecha 2 de junio del presente, por medio del cual informa a la Chancillería que el C. Sen. Ernesto Gil Elorduy, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, comunica el contenido de un Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Marina ya la de Relaciones Exteriores, información acerca de las gestiones realizadas con relación al Tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas.
Sobre el particular, hago de su conocimiento que, de acuerdo a lo establecido en los Artículos IV(5) y V(1 )(a) y (c) del dicho Tratado, por iniciativa del Gobierno de México se convocó a una reunión con funcionarios del Gobierno estadounidense para la realización de consultas para tratar asuntos relacionados con posibles yacimientos transfronterizos, a fin de estar en posibilidad de compartir información geológica y geofísica que pueda asistir en identificar, localizar y determinar la existencia de dichos yacimientos, en los segmentos a que se refiere el texto del Tratado.
Dicha reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Cancillería el pasado 22 de abril con la participación de funcionarios de las secretarias de Relaciones Exteriores y de Energía, así como de un especialista de Petróleos Mexicanos, por parte de la delegación mexicana. Por parte de la delegación estadounidense estuvieron presentes funcionarios del Departamento de Estado, del Servicio de Administración de Minerales y de la Embajada de los Estados Unidos en México.
Durante la reunión, la delegación estadounidense informó que, en lo que se refiere a la realización de consultas con base en el Tratado, el Gobierno de Estados Unidos y sus concesionarios no han realizado actividad alguna en el área de 1.4 millas marinas definida en el instrumento internacional. Reconoció que existen obligaciones para ambas partes de intercambiar información sobre actividades de exploración y posible explotación en esa zona y que, en todo caso, las actividades hasta ahora realizadas del lado de Estados Unidos se ubican considerablemente al norte del área señalada. No obstante, en consideración de la buena vecindad entre ambos países, están preparados a compartir información, en la medida de lo posible, sobre actividades y concesiones en otros sectores y líneas fronterizas internacionales.
En respuesta a lo anterior, la delegación de México reiteró que por la parte mexicana tampoco había mayor actividad en la zona de 1.4 millas marinas o cerca de ella, pero que se realizaba exploración en otros sectores de la línea divisoria. Reiteró su interés en tocar asuntos sobre reservas transfronterizas, aún en relación con sectores a lo largo de la línea divisoria internacional establecida por el Tratado de 1978 y enfatizó que sería del interés de ambas partes el poder intercambiar información y, en la medida de lo posible y a la luz de las diferencias en normatividad en México y Estados Unidos, trabajar de una forma coordinada o conjunta.
En conclusión de la reunión, se acordó lo siguiente:
Impulsar el flujo de información y la cooperación entre las empresas concesionarias/agencias de Estados Unidos y PEMEX;
Mantener un canal de comunicación SENER/SRE - Departamento de Estado, en caso de que llegara a resultar necesario tratar aspectos de interés común en el futuro, distintos a aspectos técnicos.
Dicho canal de comunicación funcionaría sobre bases ad hoc y no formales y podría incluir, de ser necesario, reuniones, o bien, video conferencias. En caso necesario, la parte mexicana estaría dispuesta a realizar alguna visita a Washington D.C.
Atentamente,
EL CONSULTOR JURÍDICO,
Lic. Arturo A. Dager Gómez
Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 2 de junio de 2004, sobre el problema del control de venados en las instalaciones del aeropuerto de Campeche.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 29 de junio de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
Presentes
En atención al oficio No. CP2R1AE.-382 signado el día 2 del actual, por el C. Dip. José González Martín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGPA/DGVS/04921 suscrito el día 24 del mes en curso, por la C. Georgita Ruiz Michael, Directora General de Vida Silvestre de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo en el que se solicita a esa Dependencia, informe sobre el problema del control de venados en las instalaciones del aeropuerto de Campeche, presentado por la C. Sen. Erika Larregui Nagel.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE
México, D.F., a 24 JUN. 2004
LIC. M HUMBERTO AGUILAR CORONADO,
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO,
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Bucareli No. 99, 1er Piso
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
06600 México, D.F.
En respuesta a su oficio N° SEL/300/1780/04 del pasado 3 de junio de 2004 dirigido al Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con el Punto de Acuerdo aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión del 2 de junio de 2004, por medio de la presente me permito remitirle el informe solicitado relativo al problema de control de venados en las instalaciones del Aeropuerto de Campeche:
1. La. problemática de la presencia de ejemplares de Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus yucatanensis) tiene su origen desde la construcción del cercado perimetral del predio que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Campeche, hace ya más de 22 años, fecha en que los venados quedaron encerrados dentro del predio correspondiente.
2. Los primeros antecedentes de intentos de control de dicha población que se encuentran en el archivo de esta dirección general se remontan al año 2001, cuando, después del percance de una aeronave con un ejemplar juvenil de la especie en cuestión, la Administración del Aeropuerto solicitó, a través de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Campeche, el apoyo de esta Secretaría para-resolver el problema.
3. Se realizaron diversos intentos infructuosos debido a la topografía y vegetación del predio, para capturar y extraer los ejemplares del predio ocupado por el aeropuerto, contando con las debidas autorizaciones y participación de personal de esta Secretaría, hasta que en febrero del presente año, BIOCENOSIS, A.C., nuevamente presentó la solicitud para la Autorización para el Manejo, Control y Remediación de Poblaciones que se tornen Perjudiciales, de conformidad con las disposiciones aplicables. Dicha solicitud fue presentada nuevamente por la Administración del Aeropuerto en abril del presente año.
4. Personal de esta Secretaría, tanto de la Delegación Federal en el Estado de Campeche, como de esta Dirección General de Vida Silvestre, han verificado en campo las diversas condiciones y circunstancias que se dan en el predio y con la población involucrados, dando seguimiento constante a las gestiones correspondientes.
5. El 29 de abril de 2004, esta Dirección General de Vida Silvestre, en estricto apego al marco jurídico aplicable, emitió la autorización de control letal de la población de Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus yucatanensis) que se encuentra dentro del predio que ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Campeche. La autorización original fue enviada mediante correo normal, mientras que se envió copia a la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Campeche, a fin de que procediera, con las precauciones del caso, a informar al promovente de la vigencia y términos de la autorización, y mantuviera estricta vigilancia sobre las acciones que se llevaran a cabo.
6. Dado el interés de la Dirección General dé Vida Silvestre y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de atender la inquietud de sectores que manifestaron su preocupación por este tipo de control letal, el 7 de mayo de 2004 la Dirección General de Vida Silvestre modificó la autorización para que los ejemplares sean capturados y reubicados en Unidades de Manejo de Vida Silvestre de la región. Dicha modificación fue informada inmediatamente a la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Campeche, la cual, por su parte, se lo hizo de conocimiento el mismo día a la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Campeche.
7. En la modificación se establece la obligación de la Administración del Aeropuerto de coordinarse con la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado- de Campeche, para obtener las Autorizaciones para Traslado de los ejemplares involucrados, por lo que esta Secretaría, a través de la referida delegación, mantiene una estricta supervisión de los trabajos de control de la población que en un futuro se lleven a cabo.
8. A la fecha, la Administración del Aeropuerto y la Delegación Federal se coordinan para preparar las acciones necesarias para llevar a cabo el control no letal (captura y traslado de los animales), con la participación de otros sectores de la sociedad, a pesar de todas las complicaciones logísticas, ecológicas, climatológicas y sanitarias, además del grave riesgo para la operación y seguridad del aeropuerto.
9. La Dirección General de Vida Silvestre no tiene conocimiento formal de las actividades realizadas por la Administración del Aeropuerto hasta la fecha y que hayan afectado a la población de Venado Cola Blanca involucrada, toda vez que la autorización establece que el informe correspondiente se deberá entregar a los 15 días hábiles del término de vigencia de la misma.
10. Por otro lado, la Administración del Aeropuerto está obligada a informar por escrito a más tardar a los 15 días hábiles a esta Dirección General de Vida Silvestre sobre cualquier contrato o convenio celebrado con el fin de realizar las acciones de control autorizadas, mismo que hasta la fecha no ha ocurrido, por lo que esta dirección general presume que no se han concluido los trabajos de planeación y negociación correspondientes.
Le informo lo anterior, a efecto de que se comunique a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en cumplimiento del referido Punto de Acuerdo de la sesión del 2 de junio del presente año.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
LA DIRECTORA GENERAL
GEORGITA RUIZ MICHAEL
Oficios con los que remite dos solicitudes de permiso para prestar servicios en representaciones diplomáticas de México.
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 29 de junio de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:
NOMBRE PUESTO LUGAR DE TRABAJO
Victoria Rosales Cisneros Cocinera Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela
en México, Distrito Federal.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes; así mismo copia simple de su identificación oficial.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 30 de junio de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:
NOMBRE PUESTO LUGAR DE TRABAJO
Marco Hazaed Flores de Chef Ejecutivo Embajada de Finlandia en
Dios Morales México, Distrito Federal.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes; así mismo copias simples de su curriculum vitae e identificación oficial.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Oficio con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2004; se informa también sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2004; e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de mayo del año en curso.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
México, D.F., 30 de junio de 2004.
C. SENADOR ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
Presidente de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, fracciones I y III de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2004. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de mayo de 2003. En términos del artículo 22 fracción I de la Ley del Servicio de Administración Tributaría, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2004. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de mayo del año en curso.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
El Secretario,
Lic. José Francisco Gil Díaz
Secretaría de Seguridad Pública
Oficio en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 23 de junio de 2004, sobre el delito del secuestro.
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
OFICINA DEL C. SECRETARIO
México, D.F. 2 de julio de 2004.
Senador
ERNESTO GIL ELORDUY
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente
Muy apreciado señor Senador:
En relación a su oficio número CP2R1AE.-656, de fecha 23 de junio, le informo que he girado instrucciones a la Licenciada Gloria Brasdefer Hernández, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que de manera inmediata atienda el Punto de Acuerdo correspondiente.
Es importante señalar, que la información sobre cifras y estadísticas delictivas, es la que proporcionan los Gobiernos de los Estados así como el Distrito Federal a este Sistema, una vez que ha sido ratificada por los propios Procuradores Estatales.
Por lo que toca al Consejo Nacional de Seguridad, la convocatoria correspondiente ha sido emitida para llevarse a cabo a las 13:00 horas del día 14 de julio, en el Salón Casino Militar del Campo Marte.
Sin más por el momento, reitero a Usted las seguridades de mi distinguida consideración.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL C. SECRETARIO
DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Oficio con el que remite acuerdo por el que solicita se transparenten los criterios de asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las entidades federativas
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA
COMISIÓN DE GOBIERNO
México, D. F. a 29 de junio de 2004.
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UN ION.
PRESENTE.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI y 42 fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada el 23 de junio del año en curso, resolvió aprobar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Para solicitar respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se transparenten los criterios, variables y/o reglas de asignación de los recursos del FAM para las entidades federativas, toda vez que el Distrito Federal, ha ido disminuyendo su participación en la entrega de estos recursos, con las implicaciones financieras y operativas que implica para el DIF-DF.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos procedentes, anexo copia del acuerdo en mención.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
DIP. LORENA VILLAVICENCIO AYALA
PRESIDENTA
Legislaturas de los Estados
Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato, con el que remite acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a que fiscalicen e investiguen diversos actos relativos al ejercicio de los recursos públicos del Distrito Federal
H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
C. Senador Enrique Jackson Ramírez.
Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República
del Honorable Congreso de la Unión.
Presente.
Para los efectos conducentes y con fundamento en el artículo 54 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, anexo nos permitimos remitir el acuerdo aprobado en sesión ordinaria, celebrada en esta fecha, junto con sus consideraciones, mediante el cual este Congreso realiza un atento exhorto a diversas autoridades, para que se fiscalicen e investiguen diversos actos, relativos al ejercicio de los recursos públicos del Distrito Federal.
Aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.
ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO.- No REELECCIÓN.
GUANAJUATO, GTO., 17 DE JUNIO DE 2004.
MARTIN ODILON CABRERA CANO.- Diputado Secretario; MA. EUGENIA ROJAS NAVARRETE.- Diputada Secretaria.
ACUERDO
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, ACUERDA:
PRIMERO.- Se hace un atento exhorto al Honorable Congreso de la Unión, para que dentro de las facultades establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicite por conducto de la Auditoria Superior de la Federación, una exhaustiva y urgente auditoria y revisión al ejercicio de los recursos públicos de carácter federal asignados al Distrito Federal.
SEGUNDO.- Se hace un atento exhorto a la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, se solicite por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda del distrito Federal una auditoria y revisión al ejercicio de los recursos públicos de carácter local del Distrito Federal.
TERCERO.- Se solicita a la Procuraduría General de la República, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,15 y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, haga uso de la facultad de atracción y con ello se investiguen a profundidad las filmaciones transmitidas a nivel nacional e internacional, a efecto de deslindar las responsabilidades correspondientes.
Comuníquese el presente acuerdo junto con sus consideraciones para los efectos conducentes a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a la Procuraduría General de la República y a las Legislaturas de las Entidades Federativas para que se adhieran al presente acuerdo.
GUANAJUATO, GTO., 17 DE JUNIO DEL2004.
CARLOS ERNESTO SCHEFFLER RAMOS.- Diputado Presidente; MARTIN ODILON CABRERA CANO.- Diputado Secretario; MA. EUGENIA ROJAS NAVARRETE.- Diputada Secretaria.
Oficio del Congreso del Estado de Hidalgo, con el que remite acuerdo por el que solicita a la Comisión Permanente se busquen los mecanismos idóneos para reencausar las relaciones diplomáticas con la República de Cuba
PODER LEGISLATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Pachuca, Hgo., 11 de mayo de 2004.
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
PRESENTE.
Los Diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Municipales de la Quincuagésima Octava Legislatura, emitieron Acuerdo Económico relativo al planteamiento realizado por la Dip. Mabel Calderón García, con el tema "Inconformidad con la Política Exterior en el Caso de Cuba", mismo que fue aprobado en sesión de esta fecha, del cual le estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.
Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
LIC. JORGE LUIS LÓPEZ DEL CASTILLO
PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS MUNICIPALES
HONORABLE ASAMBLEA:
A los Ciudadanos Diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Municipales del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, nos fue turnado para los efectos procedentes, el planteamiento, realizado por la C. Dip. Mabel Calderon García, relativo al tema "INCONFORMIDAD CON LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL CASO DE CUBA: por lo que con fundamento en lo establecido por los Artículos 72, 73 fracción I, 77, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, nos permitimos realizar el presente estudio, con base en los siguientes:
ANTECEDENTE S
1- Que en sesión ordinaria de fecha 4 de mayo del año en curso, por instrucciones del C. Dip. Enrique Téllez Romero, Presidente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, nos fue turnado para los efectos procedentes, copia del planteamiento, realizado por la Dip. Mabel Calderón García relativo al tema "INCONFORMIDAD CON LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL CASO DE CUBA"
2.- Que de la intervención de la Legisladora aludida se desprende la solicitud para que ésta Soberanía emita un punto de acuerdo, a efecto de dirigirse al Congreso General de .los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que ordene al Ejecutivo Federal clarifique la supuesta información confidencial que dio origen a la crisis en las relaciones diplomáticas México-Cuba.
3.- Que con relación al planteamiento aludido, el Diputado Herlindo Bautista Sánchez, manifestó su inconformidad con el punto de acuerdo de referencia, por considerar que éste no es el camino idóneo para la solución del conflicto.
4.- Al respecto el Diputado Luciano Cornejo Barrera, expresó la necesidad de votar a favor el punto de acuerdo referido, solicitando el voto a favor de los demás integrantes de la Legislatura.
5.- Por otra parte, el Diputado José Francisco Olvera Ruíz, señaló que el punto de acuerdo propuesto concretamente, fue el de solicitar al Congreso de la Unión que a su vez, esa alta representación de la soberanía de la Nación, fuera instancia de comunicación con el Poder Ejecutivo; razón por la cual, existe la necesidad de que esta Legislatura se manifieste al respecto.
Por lo que en merito de lo anterior, y;
CONSIDERANDO
Primero.- Que por política exterior, se entiende al conjunto de aquellas posiciones, actitudes, decisiones y acciones que tiene un Estado más allá de sus fronteras nacionales, pero que inciden dentro de éstas.
Segundo.- Que la política exterior constituye un mecanismo fundamental que determina el logro de los propósitos de una nación. Resultando su estudio significativo, puesto que es un instrumento que busca, en el exterior, aquellos elementos susceptibles de satisfacer las necesidades internas, siendo cada vez más importante en el desarrollo económico, político y social de los países. Por ello, frente a los cambios que la sociedad internacional experimenta, el papel de la política exterior será determinante para la inserción de cada nación en la conformación de las estructuras mundiales por venir y en las consecuencias que se produzcan al interior de todos los países.
Tercero.- Que en el caso de nuestro país, la política exterior, ha sido encomendada por disposición de los artículos 89 fracción X y 76 fracción I del Pacto Federal, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Senado de la República, al establecer como facultad del primero la de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, y del segundo, la de aprobados.
Cuarto.- Que el gobierno mexicano ha basado su política exterior, en los principios consagrados en nuestra Carta Magna, sustentada en los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la Cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional; razón por la cual, la actual crisis diplomática que impera en nuestro país, no debe ser la excepción para aplicar dichos principios, que son frutos de nuestra experiencia histórica como Nación y compromisos constitucionales que guían el futuro de nuestro País.
Quinto.- Que como resultado de la crisis existente con el gobierno de Cuba, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 7 de mayo del actual, recibió la comparecencia de los Secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, a efecto de conocer la supuesta información confidencial que motivó la expulsión de los diplomáticos cubanos, sin que de dicha reunión se desprendiera información adicional a la actualmente conocida.
Por lo que en atención a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo que establece el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Municipales, se permite someter a la Consideración de ésta Honorable Asamblea el presente:
ACUERDO ECONOMICO
PRlMERO.- Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, solicitamos a la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que se busquen los mecanismos idóneos para reencausar las relaciones diplomáticas con la República de Cuba.
SEGUNDO.- En consecuencia al punto de acuerdo que antecede, gírese atento oficio, insertándose copia del presente instrumento, a la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos procedentes.
TERCERO.- Cúmplase.
ELABORADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.
PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS MUNICIPALES
DIP. JOSÉ GUADALUPE PORTILLO HERNÁNDEZ; DIP. LUCIANO CORNEJO BARRERA; DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS.
Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite iniciativa que reforma los artículos 56, 59, 116, fracción II y deroga el artículo 55, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
PODER LEGISLATIVO
GOBIERNO DE JALISCO
Guadalajara, Jalisco., a 20 de Mayo de 2004.
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
Me es grato saludarles y a la vez comunicar les que el Congreso del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 20 de Mayo del año en curso, aprobó acuerdo legislativo 212/04, del cual anexo copia, mediante el cual se eleva formal Iniciativa que reforma los artículos 56, 59, 116 fracción II y deroga el artículo 55 fracción VII de la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos.
Por instrucciones de la Mesa Directiva de ésta Soberanía Estatal, comunico lo anterior para los efectos legales conducentes.
Sin otro particular propicia hago la ocasión para enviarles un cordial saludo y reiterar les las seguridades de mi consideración y respeto.
ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo. No Reelección
EL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO
MTRO. GABRIEL GALLO ALVAREZ.
CIUDADANOS DIPUTADOS:
La suscrita diputada Rocío Corona Nakamura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 28 fracción I de la Constitución Política y el artículo 147 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo establecido en el artículo 71 fracción VII de la Constitución General de la República, que faculta a las entidades federativas a presentar iniciativas de ley; por este medio presento a esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo Legislativo que propone elevar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de ley que reforma los artículos 56, 59, 116 fracción II y deroga el artículo 55 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual expreso la siguiente
Exposición de Motivos
1. En el ejercicio legislativo se depositan tareas fundamentales para el funcionamiento político y administrativo del poder público, las cuales pueden sintetizarse en, a) La creación de leyes, b) La fiscalización del gasto público, y c) Nombramiento de funcionarios públicos. Por tratarse de quehaceres que importan al interés general, es necesario que el poder legislativo cuente con órganos que le hagan posible desarrollarlos con eficiencia y eficacia. Para ello, tanto al Congreso General como a los locales, se les ha dotado de toda una estructura operativa que respalda su trabajo, aportando elementos técnicos y científicos que propenden a un mejor desempeño; tal es el caso de las planillas para la asesoría jurídica, contable y administrativa que dan soporte a las decisiones de la asamblea de diputados y senadores.
Sin embargo, no obstante el grado de especialización que pudiere alcanzarse por parte de los órganos auxiliares del poder legislativo, en cualquiera de sus niveles de gobierno, este elemento es insuficiente por sí mismo para dotar al Estado de buenas leyes, fiscalización y acertados nombramientos de servidores públicos, en razón de que la percepción política es indelegable y exclusiva del os diputados que integran la asamblea legislativa. Es decir, la voluntad de los colegios legislativos se manifiesta de acuerdo a la apreciación política de la mayoría de sus integrantes, sin que en ocasiones tengan el suficiente peso las consideraciones de índole técnico o científico. En muchos casos puede más la razón política que la ciencia.
La política legislativa es la orientación que los diputados o senadores dan a sus productos. Es en razón a esa política, por lo que suelen conflictuarse posiciones contrarias ante el planteamiento de una cuestión determinada. La política legislativa debe ser la materialización de la función representativa de los diputados y senadores, vinculada directamente con los intereses de sus representados. No debe perderse de vista que tanto los diputados como los senadores, deben responder directamente a los intereses populares. No es poner un acento especial e n aquello que satisface deseos generales, sino en lo que e s conveniente al interés público, desde una perspectiva real y racional. Sin embargo, es común que los legisladores no se sientan sujetos y comprometidos con el interés d e sus representados. A este fenómeno se le ha reconocido como el principio de la responsabilidad invertida. Este evento se manifiesta cuando el representante popular identifica a diverso actor político -y no a sus electores- como el fin de sus lealtades y propósitos. Ya sea que se trate de un partido político, de un grupo de poder, algún personaje relevante, el legislador en virtud a la responsabilidad invertida- orienta su política legislativa a favor de esos intereses, dándole la espalda a los eventuales reclamos de sus electores. Esta deformación de la representación popular se debe al hecho de que el sujeto apuesta su porvenir político a favores provenientes de diversa fuente de poder, distinta al sufragio universal. Es decir, no se confía al voto de la ciudadanía el ascenso de una carrera política, sino al amparo de un partido, grupo o personaje influyente. Esta práctica viciosa ha cobrado su cuota, tasada en legislaciones que favorecen intereses de grupo y no del pueblo, una casi nula fiscalización de los recursos públicos y el nombramiento de funcionarios que no cubren el perfil debido, desembocando invariablemente en perjuicio del país. Algunos diputados o senadores, de diferente color político, que se juegan su porvenir favoreciendo exigencias de los poderosos y volteando la cara a las demandas populares.
La responsabilidad invertida debe ser identificada como una de las perversiones políticas más perniciosas de la estructura legislativa, conlleva un alto grado de traición a los intereses del pueblo y pone en evidencia las debilidades de sujetos carentes de vocación de servicio que encuentran en el escaño legislativo una oportunidad para satisfacer requerimientos personales. El combate a este fenómeno debe darse desde una reforma estructural; es decir, la regulación constitucional vigente del quehacer legislativo, en cierto grado propicia la desvinculación de la responsabilidad del sujeto con la ciudadanía, desde el momento en que no existe la oportunidad para que los representados los califiquen -premien o sancionen- en términos objetivos. El eventual reproche que la ciudadanía pudiere hacerle a su representante popular hoy son expresiones apagadas que en nada afectan al mal servidor público; a lo máximo, esas recriminaciones abonan a la derrota su partido político. Ahora si que los partidos políticos pagan con derrotas electorales la promoción de malos legisladores, pero el sujeto queda librado del señalamiento popular. Por ello es preciso que se establezca un sistema que determine consecuencias directas para el diputado o senador, de acuerdo a su desempeño; y una de esas consecuencias, altamente estimulante para quienes incursionan en el servicio legislativo, debe ser la posibilidad de ser reelecto para el cargo o sufrir una derrota electoral, como consecuencia directa de su mal desempeño personal. Vista de esta forma, la reelección debe instituirse como una estrategia que rompa la responsabilidad invertida de los legisladores y les obligue a voltear la mirada a los intereses de sus representados. De esta manera, la reelección exige a los representantes populares a pugnar por el interés de los electores, a sabiendas de que su compromiso con otras fuentes de poder, puede ser la diferencia entre la reelección o el repudio de sus electores.
La reelección es un concepto que debe abordarse valorando experiencias históricas y reconociendo nuevas realidades. Sus detractores aluden al fortalecimiento de cacicazgos que pudieren enquistarse indefinidamente en el aparato gubernamental, sirviendo a círculos oligárquicos, y distantes de los intereses populares. Esa imagen ya no es dable en un sistema electoral moderno, equitativo y confiable, como el que los mexicanos nos hemos dotado. Al contrario, como ya se señaló, el mal representante en cuanto trascienda su mal desempeño a la conciencia de los electores tendrá asegurada su derrota, orquestada por el depósito de los votos en las urnas electorales.
Además recordemos que ya no existe el pase automático, jugar la reelección obligará a los diputados en funciones a pasar el cedazo de las elecciones internas del partido -previa a la constitucional-, bueno, al menos en el partido que yo milito.
La reelección de los diputados y senadores profesionaliza el servicio legislativo. Calificado de eficiente el trabajo de un diputado, su reelección garantiza un escaño para un sujeto con experiencia parlamentaria que abordará la creación de las leyes con mayor prudencia y conocimiento; habrá desarrollado habilidades para la fiscalización de los recursos públicos; y seguramente pugnará por el nombramiento de funcionarios que cuenten con la aprobación de sus representados, o cuando menos que no tengan tacha, para que a la postre sus electores no le señalen una responsabilidad indirecta por su mal desempeño.
La reelección de diputados y senadores permite la continuidad de proyectos legislativos. No es posible que al cambio de una legislatura, los proyectos incubados por la anterior, sean desechados tan sólo para no ser consecuentes con los autores. Este ejercicio entrecortado propicia que los proyectos legislativos se repitan como nuevos, queden inconclusos y renuncien a una visión de largo plazo. El país está necesitado del desahogo de una agenda legislativa que aborde los grandes problemas nacionales, y este ejercicio -ya lo hemos visto- no es posible desarrollarlo en lapsos fatales de tres años. Es necesario construir un puente que de continuidad al trabajo legislativo, y que deseche de una vez por todas, la idea de que las leyes del país y del os estados deben reformarse cada tres años. El país requiere de pocas y buenas leyes, y resulta que el ascenso de nuevos legisladores cada tres años, propicia una producción de baja calidad, profusa y desordenada.
La reelección fortalece la democracia porque es un ejercicio que nace de la libre autodeterminación de la voluntad popular. La ley no debe ser obstáculo para que la gente proyecte a una curul a quien satisfaga sus expectativas. La representación debe nacer de la confianza y simpatía que un sujeto honorable despierte entre la población, y es el caso, si un ciudadano reúne esas condiciones, luego no existe razón para que no se le elija a la alta dignidad de representante popular, menos aún cuando se trate de una persona con experiencia y capacidad probada en el trabajo legislativo. Lo contrario, es decir, coartar la posibilidad de la reelección, es delimitar también la capacidad democrática de la comunidad.
Por otra parte, como ya se dijo, con la reelección el pueblo califica la gestión legislativa del diputado al que premia o castiga en la jornada electoral. La autora de esta propuesta considera que es muy importante que -en principio- el trabajo de los diputados y senadores sea valorado por los ciudadanos, y que, como consecuencia de esa valoración, el político se gane su reelección o rechazo popular.
En algunos casos el fenómeno de la responsabilidad invertida y la poca profesionalización de los cuerpos legislativos, se repite en las legislaturas locales, por ello, atendiendo el aforismo jurídico que señala que a la misma cuestión la misma solución, se propone que se ataquen dichas deformaciones de la representación popular local, adecuando las mismas reformas estructurales que se proponen para el Congreso de la Unión a los congresos locales.
3. Por todo lo anterior, se propone la reforma de los artículos 56, 59, 116 fracción II y la derogación del artículo 55 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 56 se reforma para suprimir el último párrafo que actualmente determina que
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.
La reforma es el resultado de una adecuación del precepto con la propuesta del nuevo artículo 59 constitucional, que habrá de referir que, los "Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión propietarios y suplentes podrán ser reelectos para el período inmediato... Los Senadores sólo podrán ser reelectos una vez y los Diputados no podrán ser releectos más de tres veces, de manera consecutiva". Aquí es preciso destacar que la voluntad del legislador debe ser interpretada en el sentido de que los senadores y diputados suplentes si pueden reelegirse como tales indefinidamente, en cuanto no asciendan al cargo; más aquellos que lleguen a ocupar un sitio en el Senado o en la Cámara de Diputados, ya porque fueren propietarios o se trate de suplencias que se hubieren hecho efectivas, sólo podrán ser reelectos en los términos del precepto que se propone. Es decir, lo que el proyecto trata de imponer es el límite para que un sujeto sean miembro del Senado de la República en cuando mucho dos ocasiones consecutivas (una elección o suplencia efectiva y una reelección o suplencia efectiva); y una persona sólo podrá ser diputado en cuatro legislaturas consecutivas (una elección o suplencia efectiva y tres reelecciones o suplencias efectivas).
La derogación de la fracción VII del artículo 55, se explica como una adecuación indiscutible para la armonización del marco constitucional.
Ahora bien, la reforma estructural de los poderes legislativos locales debe partir del estudio del artículo 116 constitucional. De ahí que el presente ejercicio legislativo propone reformar su fracción Il, suprimiendo el párrafo segundo que establecía el principio de la no reelección en los siguientes términos:
Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el período inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.
Al operar la reforma se elimina el obstáculo para la reelección y se abre la posibilidad para que las entidades federativas la regulen según su particular condición política. Esta solución es más acorde al espíritu federalista de la Constitución General de la República, que aquella otra donde, desde el texto constitucional se impusiera a todos los estados una fórmula uniforme. De esta manera los congresos locales valorarán las conveniencias de la reelección y, en todo caso, procederán a elegir entre una reelección absoluta o acotada por plazos determinados en su Constitución local.
4. Se propone que el decreto que llegare a publicar el presente proyecto contenga un artículo transitorio que establezca su entrada en vigor a los tres años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta disposición tendría el efecto de que la votaría el Poder Reformador sin el vicio que conlleva el tener interés personal por parte de los diputados, federales y locales, y senadores, involucrados en su aprobación, es decir, su análisis será más objetivo en cuanto no se entrometa el interés personal del votante por la reelección. Y esa disposición transitoria, además, desterraría cualquier suspicacia que pudiere cuestionar la calidad de la reforma al endilgar su aprobación a intereses personales y no a su intrínseco valor jurídico y político.
5. No pasa desapercibido para la autora de la presente iniciativa el hecho de que tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja se encuentran turnadas a comisiones diversas iniciativas que abordan la problemática de la reelección desde diferentes puntos de vista, sin embargo, considero que la propuesta que hoy elevo ante esta Soberanía cumple con mayor exactitud con las expectativas de los estados y es armónica con la necesaria reforma estructural del Poder Legislativo de la Federación. De esta forma, Jalisco participa con propuestas propias y enriquece el debate nacional en un punto muy importante de la agenda del país.
Esta propuesta en su conjunto está inspirada en la necesidad de tener mejores cuerpos legislativos, que estén en condiciones de dar respuestas a las impostergables demandas populares. Para nadie es ajeno el hecho de que estamos en medio de dramáticos cambios globales y esa situación nos obliga a estar a la altura de las circunstancias de los tiempos, con capacidad de reacción, inteligencia y visión de futuro. El desarrollo político del país pasa necesariamente por la modernización de los órganos legislativos, y esta adecuación, seguramente tendrá un efecto multiplicador al ofrecer congresos de diputados y senadores más comprometidos con las causas populares, más profesionales y dispuestos a dar la lucha por el bienestar del país.
En mérito de lo expuesto propongo a esta Asamblea el siguiente proyecto de
Acuerdo Legislativo
PRIMERO. El Congreso del Estado de Jalisco eleva al Honorable Congreso de la Unión la siguiente
Iniciativa de ley
Que reforma los artículos 56, 59, 116 fracción II y deroga el artículo 55 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN lOS ARTÍCULOS 56, 59, 116 FRACCIÓN II Y DEROGA El ARTÍCULO 55 FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUEN:
Artículo 55.- Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:
De la I a la VI ……………………..
VII.- Derogado
Artículo 56.- la Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. la senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.
Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.
Artículo 59.- Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión propietarios y suplentes podrán ser reelectos para el período inmediato.
Los Senadores sólo podrán ser reelectos una vez y los Diputados no podrán ser releectos más de tres veces, de manera consecutiva.
Artículo 116 ..........................
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I ..........................
II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;
De la III a la VII …………………..
.NUMERO DEPENDENCIA
GOBIERNO DE JALISCO
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
SEGUNDO. Instrúyase al Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco para que remita la presente iniciativa al Congreso de la Unión para la continuación de su proceso legislativo.
TERCERO. Envíese copia de la presente iniciativa a los congresos locales y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para su conocimiento.
Salón de Sesiones del Congreso del Estado
Guadalajara, Jalisco a 13 de mayo de 2004.
DIPUTADA ROCÍO CORONA NAKAMURA
Oficio del Congreso del Estado de Puebla, con el que remite acuerdo por el que solicita darle celeridad a las iniciativas vinculadas al tema de los mexicanos en el extranjero
Honorable Congreso del Estado de Puebla
LV LEGISLATURA
EL HONORABLE QUINCUAGESIMO QUINTO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
CONSIDERANDO
Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien aprobar el Acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al Congreso de la Unión darle celeridad al tema del voto de los mexicanos en el Extranjero; y
CONSIDERANDO
Que, el derecho al voto y a la representación política de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde viven alrededor de 11 millones de personas nacidas en México, es un tema de gran importancia para la nación mexicana.
Que, la lucha por el ejercicio de los derechos políticos en el exterior está ligada a la plena transformación democrática de México, así como a la puesta en práctica en el terreno de la política de realidades como pertenencia, ciudadanía, y comunidades transnacionales.
Que, esta lucha se apoya en el reconocimiento a derechos establecidos por instrumentos jurídicos internacionales que van desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y su correspondiente Convención Americana de Derechos Humanos (entra en vigor en 1978), hasta el documento de mayor relevancia para las y los migrantes, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares la cual fue aprobada por la Cámara de Senadores en 1998.
Al igual que la lucha por la democracia, el movimiento a favor del voto y la representación política en el exterior tiene valiosos antecedentes históricos, y desde luego, un carácter plural en cuanto a filiaciones y simpatías partidistas o simplemente cívicas y ciudadanas. Es por lo mismo un movimiento que sin dejar de reconocer el mérito de personas, grupos, organizaciones y partidos en ambos lados de las fronteras, toma su fuerza y legitimidad en la demanda central y compartida: hacer efectivos el derecho al voto y a la representación política, más allá de las diferencias de visión, estrategia y programa de acción.
Es probable que no exista hoy en el mundo un pueblo fuera de las fronteras geográficas de su país tan numeroso, aferrado a sus raíces y recreador de las mismas, como el mexicano.
Reconocer el voto de los mexicanos en el extranjero significaría un salto cualitativo en el proceso de democratización del País, sería acabar con una aberración histórica, saldando algunas cuentas pendientes con el pasado. Pero también sería una decisión para el futuro, para sentar las bases de un México más justo y abierto a quienes, por las razones que fueran, tuvieron que salir de nuestro país y que no descartan regresar, pero que se merecen hacerlo en las mejores condiciones.
El 6 de abril del año en curso se firmó el Acuerdo político para la regulación del voto de los mexicanos en el extranjero, en el que se retama el compromiso hecho en la reforma constitucional de 1996 en materia político electoral para promover la regulación del ejercicio del voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, dicho acuerdo fue celebrado con la presencia de representantes de los diversos partidos políticos.
Es imprescindible establecer que ya existen 14 iniciativas para hacerla factible, sin que a la fecha exista una resolución tangible.
Debido a lo anterior es importante que en el marco del debate sobre el tema del derecho al sufragio de mexicanos domiciliados en el extranjero el Congreso de nuestra Entidad se manifiesta al respecto.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 fracción XI, 70, 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 128 y 130 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se acuerda:
ÚNICO: Enviar el punto de acuerdo antes referido, al Congreso de la Unión para los efectos correspondientes.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, a los diecisiete días del mes de Junio de dos mil cuatro.
CARLOS MANUEL MEZA VIVEROS.- DIPUTADO PRESIDENTE; JOSÉ ROBERTO GRAJALES ESPINA.- DIPUTADO VICEPRESIDENTE; JESÚS EDGAR ALONSO CAÑETE.- DIPUTADO SECRETARIO; ARMANDO PASCUAL HERRERA GUZMAN.- DIPUTADO SECRETARIO.
Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores
Del Dip. Federico Barbosa Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita ampliación de su licencia del 13 de julio al 13 de agosto del año en curso.
FEDERICO BARBOSA GUTIERREZ
DIPUTADO FEDERAL
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de julio de 2004.
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente de la LIX Legislatura
Del Honorable Congreso de la Unión
Presente.
El que suscribe C. Federico Barbosa Gutiérrez, Diputado Federal por el Tercer Distrito Electoral Federal del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, por lo que establece el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, en virtud de estar participando en un proceso de selección interna de mi partido que definirá el candidato a gobernador; solicito al pleno de esta H. Comisión Permanente, autorizar la ampliación de mi licencia hasta por treinta días adicionales.
En razón a lo anterior insto lo siguiente:
Primero. Esta H. Comisión Permanente tuvo a bien autorizar mi solicitud de licencia por sesenta días, la cual concluirá el próximo doce de julio del presente año.
Segundo. Me sea concedida la ampliación de mi licencia del 13 de Julio al 13 de agosto del presente año.
Segundo. Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo.
Atentamente.
De la Primera Comisión, por la que se informa del escrutinio realizado a los votos de las Legislaturas de los Estados sobre la aprobación del proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Ciudad de México, a 5 de julio de 2004.
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.
Me permito notificar a usted que, en reunión de esta Primera Comisión, se realizó el escrutinio de los votos emitidos por congresos locales del Decreto que reforma la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dieciocho congresos aprobaron el mismo, siendo éstos los de los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Esta Comisión comprobó que en todos los casos las legislaturas estatales que se mencionan aprobaron el proyecto de Decreto en los términos en que les fue remitido por el Congreso de la Unión.
Lo anterior para los efectos del Artículo 135 constitucional.
ATENTAMENTE
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Cuatro, de la Primera Comisión, por la que solicita la rectificación de turno a los siguientes asuntos turnados a esa comisión:
Punto de acuerdo en relación con la elección en el Estado de Zacatecas, presentada por el Dip. Emilio Zebadúa González.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
México, D.F., a 5 de julio de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
Presidente de la Comisión Permanente
P r e s e n t e .
Hago referencia al oficio por el que la Mesa Directiva turna a esta Primera Comisión una propuesta con Punto de Acuerdo presentado por el Dip. Emilio Zebadúa González, que a la letra dice:
“PRIMERO.- La Comisión permanente solicita a la Comisión Especial para Vigilar el Proceso Electoral en el Estado de Zacatecas, investigue la comisión de hechos que presumen la comisión de delitos electorales.”
“SEGUNDO.- Presente al pleno de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe de los resultados”.
En las consideraciones, el legislador se refiere al Grupo Plural para Observar y dar testimonio de los Procesos Electorales del Estado de Zacatecas que se integró en el seno de la Cámara de Diputados el pasado 22 de junio, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política
Esta comisión considera que en los resolutivos del Acuerdo de referencia se designan las diligencias que desempeñará el Grupo Plural. Asimismo, y con el fin de no trastocar lo que en el mismo se ha establecido, la Primera Comisión solicita a la Presidencia se turne la propuesta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Atentamente.
LA PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
FJV/fhm/sc
Punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación audite los regímenes de pensiones de los funcionarios de la banca de desarrollo, del Banco de México y de la suprema Corte de Justicia de la Nación.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
México, D.F., a 5 de julio de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
Presidente de la Comisión Permanente
P r e s e n t e .
Hago referencia al oficio cp2r1ae-693 por el que la Mesa Directiva turna a esta Primera Comisión un Punto de Acuerdo presentado por el Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar, a nombre del Dip. Miguel Alonso Raya, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación audite los regímenes de pensiones de los funcionarios de la banca de desarrollo, del Banco de México y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Toda vez que el punto de acuerdo aludido se refiere a un ejercicio de fiscalización, los integrantes de la Primera Comisión solicitamos que se rectifique el turno y se remita a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Atentamente.
LA PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
FJV/fhm/sc
Punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría al FOVISSSTE, presentada por el Sen. Héctor Larios Córdova.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
México, D.F., a 5 de julio de 2004.
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
Presidente de la Comisión Permanente
P r e s e n t e .
Hago referencia al oficio cp2r1ae-794 por el que la Mesa Directiva turna a esta Primera Comisión un Punto de Acuerdo presentado por el Sen. Héctor Larios Córdova, por el que la Comisión Permanente solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una “auditoría a los cinco ejercicios correspondientes de 1999 a 2003 al Fondo de Vivienda del ISSSTE, particularmente en el Estado de Sonora, para que se puedan establecer sanciones a quienes, además de defraudar el patrimonio de los trabajadores han, lesionado la confianza de los empleados públicos”.
Toda vez que el punto de acuerdo aludido se refiere a un ejercicio de fiscalización de los recursos públicos destinados a vivienda, los integrantes de la Primera Comisión solicitamos que se rectifique el turno y se remita a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Atentamente.
LA PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
FJV/fhm/sc
Punto de acuerdo en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003, presentado por la Dip. María Esther Scherman Leaño.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
México, D.F., a 5 de julio de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
Presidente de la Comisión Permanente
P r e s e n t e .
Nos referimos al oficio por el que la Mesa Directiva turna a esta Primera Comisión Punto de Acuerdo de la Dip. María Esther Scherman Leaño por el que se propone que la Comisión Permanente requiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información detallada sobre el destino y monto de diversas partidas del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal.
Al respecto, informamos a usted que esta Comisión ha determinado solicitar a la Presidencia de la Comisión Permanente la rectificación del turno, toda vez que el punto de acuerdo aludido se refiere a materia presupuestal. Los integrantes de la Primera Comisión solicitamos que el asunto se turne a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
LA PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
FJV/fhm/sc
De la Primera Comisión, por la que informa del dictamen en sentido negativo al punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realice auditorías específicas a la Lotería Nacional.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
México, D.F., a 5 de julio de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
Presidente de la Comisión Permanente
P r e s e n t e .
Nos permitimos remitir a usted el Dictamen por el que se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se insta a la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados solicite a la Auditoría Superior de la Federación realice auditorías específicas a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, por considerar que ha quedado sin materia.
En razón de lo anterior, solicitamos se descargue de los asuntos turnados a esta Comisión.
Atentamente.
LA PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
FJV/fhm
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE Se desecha la Proposición por la que solicita auditoria específicas a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, por considerarse que ha quedado sin materia.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Oscar González Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para solicitar a la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, solicite a su vez a la Auditoría Superior de la Federación auditorías específicas a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con el fin de determinar si dicha institución ha actuado de manera correcta en el ejercicio de sus atribuciones y sus recursos a partir del ejercicio fiscal del 2001.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de junio de 2004, el Diputado Oscar González Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, solicite a su vez a la Auditoría Superior de la Federación auditorías específicas a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con el fin de determinar si dicha institución ha actuado de manera correcta en el ejercicio de sus atribuciones y sus recursos a partir del ejercicio fiscal del 2001.
La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos, integrantes de esta Primera Comisión, estiman procedente puntualizar los argumentos que sustentan el Punto de Acuerdo de mérito:
Señala el promovente de la proposición a estudio, que el Fideicomiso "Transforma México" fue conformado un mes después que la "Fundación Vamos México"; que dicho fideicomiso encierra una serie de irregularidades en su constitución y funcionamiento.
Que la Lic. Laura Valdez, directora de la Lotería Nacional, aceptó en días pasados ante legisladores las coincidencias en el otorgamiento de recursos entre el Fideicomiso "Transforma México" y la "Fundación Vamos México".
Que la Ley Orgánica de la propia Lotería Nacional establece en su artículo segundo que su objeto es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, como el DIF, la Secretaría de Salud y no grupos de asistencia privada.
Que el funcionamiento de la Lotería Nacional a cargo de la Lic. Laura Valdez muestra desapego a la normatividad, poca transparencia en sus funciones, así como un profundo desconocimiento de la asistencia social que tiene entre sus objetivos atender demandas de grupos marginados y vulnerables.
Que por ello, la titular de dicha dependencia, viola el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.
Que la propia Auditoria Superior de la Federación ha reportado irregularidades con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2002, mismas que deben ser atendidas y sancionadas.
2.- Partiendo de los antecedentes señalados, los legisladores federales queremos manifestar que con fecha 16 de junio del presente, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo que a la letra dice:
“ÚNICO.- Que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría integral a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que amplíe y profundice las realizadas a la Cuenta Pública durante los ejercicios de 1999 a 2003, que incluya lo referente a la Administración y Operación Financiera del Fideicomiso Público de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, desde su constitución y una vez obtenidos los resultados, remita el informe correspondiente a esta Soberanía”.
En este sentido, los integrantes de la Primera Comisión consideramos que el anterior Punto de Acuerdo amplía significativamente la propuesta presentada por el Diputado González Yáñez.
Adicionalmente, queremos señalar que el martes 29 de junio el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón informó que a partir de este mes empezarán las auditorías a la Lotería Nacional y los resultados se darán a conocer en marzo del 2005.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación deL siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Oscar González Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la que solicita a la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, solicite a su vez a la Auditoria Superior de la Federación auditorias específicas a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con el fin de determinar si dicha institución ha actuado de manera correcta en el ejercicio de sus atribuciones y sus recursos a partir del ejercicio fiscal del 2001, por considerarse que ha quedado sin materia.
SEGUNDO. Archívese el expediente como asunto concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 6 de julio de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
De la Segunda Comisión, por la que solicita se rectifique el turno al punto de acuerdo en torno a la comparecencia del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico.
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COMISION PERMANENTE
México, D.F. a 22 de junio de 2004.
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
De la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.
PRESENTE
En relación al oficio No. CP2R1AE.-608, por el que la Mesa Directiva turna a esta Segunda Comisión el Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico en relación con la queja presentada por el maestro Feliciano Béjar Ruiz, presentado por el Diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, le comunicamos que esta Comisión determinó solicitar su rectificación de turno.
Dicha Proposición con Punto de Acuerdo pide se exhorte "a la comisión de Salud, para que por su conducto comparezca ante esta Soberanía el C. Dr. Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, para que se sirva informar en relación a la queja presentada por el maestro Feliciano Béjar Ruiz".
De lo anterior se desprende que el asunto en comento, por tratarse de un tema que tienen que ver con impartición de justicia, consideramos que debe ser turnado a la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Sin otro particular, aprovechamos para enviarle un cordial y afectuoso saludo.
ATENTAMENTE
Dip. Carlos Flores Rico
Presidente
Del Senador con licencia Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 12 de julio de 2004.
ANTONIO SOTO SANCHEZ
SENADOR DE LA REPUBLlCA
México, D.F., 7 de julio de 2004.
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
Presente.
Quien suscribe, Antonio Soto Sánchez, Senador de la República con Licencia, respetuosamente comparezco y expongo:
Que en sesión celebrada el día 9 de junio de 2004, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me concedió licencia para separarme de mis funciones como Senador de la República, a partir del día 12 del mismo mes.
Sirva la presente para comunicarle que a partir del día 12 de julio del presente año, me reincorporo a los trabajos legislativos de la Honorable Cámara de Senadores.
Comunico lo anterior, para los fines legales y administrativos a que haya lugar.
Atentamente
De la Segunda Comisión, por la que solicita se modifique el punto de acuerdo aprobado el 23 de junio pasado, sobre las comparecencias en relación con la participación de México en el proceso de paz en Colombia.
SEGUNDA COMISION
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
México, D.F. a 6 de julio de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.
P r e s e n t e.
El pasado 23 de Junio, el Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo por el que se citó a comparecer ante su Segunda Comisión al Subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Miguel Hakim Simón, haciéndose acompañar del Embajador Andrés Valencia Benavides, para que expliquen los argumentos que llevaron al Titular del Poder Ejecutivo federal a aceptar la invitación del gobierno colombiano y la organización del ELN de ese país, para participar como facilitador del proceso de paz en el conflicto que les afecta; asimismo, para conocer el programa que contempla el proceso de diálogo; las condiciones bajo las cuales se daría y la integración del equipo negociador. Asimismo, sobre la probable participación en este proyecto, de organismos multilaterales como la ONU y la OEA, y de países como Brasil y Cuba.
Sin embargo, esta Segunda Comisión a partir de considerar que las tareas de facilitación implican un nivel de discrecionalidad difícilmente compatible con declaraciones públicas, en por lo menos el inicio de esta delicada tarea; así como que el Embajador Valencia Benavides ha evitado por el momento hacer declaraciones públicas sobre el curso de la facilitación, ante algún actor político y social ajeno a las negociaciones de paz entre la Guerrilla y el Gobierno de Colombia (sean del estado, la sociedad civil y los medios de comunicación), y solicitarle que las haga en México ante esta Soberanía, pudiera resultar contraproducente para la confiabilidad de la misión y dificultar el cumplimiento de esta tarea por parte del diplomático de carrera mexicano, esta Segunda Comisión somete al acuerdo de esta Honorable Asamblea la modificación del anterior Punto de Acuerdo, a efecto de que la comparecencia del Subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Miguel Hakim Simón, se realice sin la presencia del Embajador Andrés Valencia Benavides.
Por lo anteriormente señalado, la Mesa Directiva de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, solicita la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo, con la petición de que sea considerado de urgente y obvia resolución:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer ante su Segunda Comisión, al Subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Miguel Hakim Simón, con el objeto de que explique a esta Soberanía los argumentos que llevaron al gobierno mexicano a tomar la decisión de designar al ciudadano Andrés Valencia Benavides para servir como mediador en las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la Guerrilla del ELN; así como para que expliquen los temas a tratar, el programa que contempla los aspectos centrales de nuestra mediación en este conflicto; las condiciones bajo las cuales se daría el diálogo y la integración del equipo negociador. Asimismo, sobre la probable participación en este proyecto, de organismos multilaterales como la ONU y la OEA, y de países como Brasil y Cuba.
Atentamente,
Dip. Carlos Flores Rico
Presidente
|Sen. Cecilia Romero Castillo |Sen. César Camacho Quiroz |
|Secretaria |Secretario |
Solicitudes de Excitativas a Comisiones
De la Dip. Consuelo Rodríguez De Alba, a nombre de la Dip. Amalín Yabur Elías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con diversos proyectos de decreto y puntos de acuerdo en materia de tarifas de energía eléctrica.
Palacio Legislativo, a 1 de julio de 2004
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Del Congreso de la Unión
P r e s e n t e
EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE ENERGÍA, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ECONOMÍA Y GOBERNACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA DE TARIFAS ELÉCTRICAS
CONSIDERACIONES
Primero. El día 8 de abril de 2003 el Senado de la República aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Fracción X, del Artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la Fracción I del Artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía el cual fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la Republica el día 10 de abril de 2003 y fue turnado a esta Honorable Cámara de Diputados.
Segundo. El día 21 de octubre de 2003 diversos diputados firmantes de los Estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, en voz del Diputado Federal por Chiapas, Carlos Pano Becerra, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de otorgar Tarifas Eléctricas preferenciales sin factor de indexación para consumo doméstico, comercial, industrial y del campo para las entidades que conforman la Frontera Sur.
Tercero. El día 4 de diciembre de 2003, la Diputada Federal Amalín Yabur Elías, con la firma de apoyo de mas de 56 diputados federales, pertenecientes a las seis fracciones parlamentarias que integran esta Honorable Representación Popular, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la derogación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2002, sobre las Tarifas Eléctricas de consumo doméstico.
Cuarto. El día 15 de diciembre de 2003, el diputado Inelvo Moreno Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que solicita a la Comisión Federal de Electricidad, atienda de manera expedita la demanda de los pobladores de los Municipios de Apatzingán y Múgica del Estado de Michoacán, que manifestaron su inconformidad por el incremento sustancial de los cobros de energía eléctrica.
Quinto. El día 23 de marzo de 2004, el Diputado Jorge Castillo Cabrera del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Reforma del Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica, que entró en vigor el 9 de agosto del 2003, a efecto de que , en el cálculo del límite de energía anual (LEA) para la aplicación de la Tarifa 9-N, se conceda un volumen de extracción de agua adicional del 40 % en el 2004 y un 20 % para el 2005.
Sexta. El día 1º. de abril de 2004, el Diputado Federal Jorge Castillo Cabrera, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo que gire sus instrucciones a las Secretarías de Hacienda y Crédito y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para que establezcan nuevas Tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del Estado de Chihuahua; y la creación de una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo Estado.
Séptima. El día 5 de Abril de 2004, el Diputado Federal Juan Perdomo Bueno del Partido de Convergencia por la Democracia, apoyados con las firmas de los Diputados Federales Luis Maldonado Venegas y Jesús González Schmal, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público; Secretaría de Energía y Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, para que reclasifique la Tarifa al servicio residencial de energía eléctrica en los municipios de Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Carrillo Puerto, Naranjal, Yanga, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucán en el Estado de Veracruz.
Octava. El día 6 de abril de 2004, la Diputada Federal Amalín Yabur Elías, con la firma de apoyo de 46 diputados federales y en representación de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa que reforma a los Artículos 30 y 31, y adiciona a este último el párrafo tercero, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; que reforma la Fracción X del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que reforma la Fracción I del Artículo 3ero. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y deroga el Decreto del Ejecutivo Federal, donde se establece el “Acuerdo que Autoriza el Ajuste, Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica y Disminuye el Subsidio a las Tarifas Domésticas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2002.
Novena. El día 13 de abril de 2004, el Diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, para que se reestructuren las Tarifas a favor de los usuarios del Estado de Chiapas.
Décima. El día 20 de abril de 2004, la Diputada Federal Irma Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar se reduzcan las Tarifas Eléctricas en el Estado de Guerrero.
Décima Primera. El miércoles 19 de mayo de 2004, el Diputado José Manuel Abdala de la Fuente del Partido Revolucionario Institucional, a través de su compañero de bancada el Diputado Carlos Flores Rico presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la derogación del Acuerdo donde se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002. Mismo que ya fue dictaminado y presentado por la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas en la sesión de la Comisión Permanente, del día miércoles 1o. de junio de 2004, donde se emitió un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía , realicen un revisión profunda del sistema de tarifas eléctrica en México, bajo el criterio de mayor justicia fomentando la competitividad en las tarifas de uso doméstico en todo el país y el equilibrio para los usuarios que habitan en zonas de climas cálidos.
Décima Segunda. Los usuarios del Estado de Tabasco, como los del resto del país han sufrido las consecuencias del incremento desproporcionado en las Tarifas de Energía Eléctrica para consumo doméstico y comercial, siendo necesario buscar alternativas de solución definitiva a la problemática de realizar Tarifas accesibles y a precios razonables a la población, observando que las Comisiones de Energía, Hacienda Y Crédito Público, Economía y Gobernación son omisas para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo, Iniciativa y Dictamen pendientes sobre el tema de las Tarifas Eléctricas.
Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 21 Fracción III y XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia se sirva excitar a las Comisiones de Energía, Hacienda Y Crédito Público, Economía y Gobernación para que dictaminen sobre las Proposiciones, Iniciativas y Dictamen con Proyecto de Decreto enviado por el Senado de la República en materia de Tarifas Eléctricas y sean presentadas al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones; que cada Diputado asuma su compromiso de frente a la Nación, haciendo a un lado en sus actos la omisión; que los ciudadanos sepan quienes están a favor del pueblo y quienes están en contra.
A t e n t a m e n t e
De la Sen. Leticia Burgos Ochoa y del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las iniciativas en materia de retiro de reservas a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; PARA RETIRAR RESERVAS A INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN.
Los suscritos, Senadora Leticia Burgos Ochoa y Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el inciso g) del artículo 67, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Justicia del Senado de la República, para que retiren las reservas y declaraciones interpretativas a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos con base a las siguientes:
CONSIDERACIONES
El pasado 29 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Controversia Constitucional número 32/2002 que interpusiera el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en contra de la reserva al artículo IX de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, aprobada por el Senado de la República el 10 de diciembre de 2001.
En dicha resolución, nuestro máximo tribunal por unanimidad de votos determino que el delito de desaparición forzada de personas es permanente y continuo.
Sin embargo, la Corte señaló que el Gobierno del Distrito Federal no se encuentra legitimado para impugnar la Reserva que el Senado de la República estableció a la propia Convención, por lo que hace a que los militares sean juzgados por tribunales del fuero común, ya que la resolución señala de la Corte señala que el juzgar a militares es una atribución propia de las autoridades federales, por lo que al Gobierno de la Ciudad no le afecta dicha reserva.
La mencionada resolución, nos permite establecer la urgencia para que el Senado de la República en uso de sus atribuciones constitucionales retire las reservas a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, así como a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
En ese sentido, nuestro Grupo Parlamentario en el Senado de la República desde el 28 de Abril de 2003, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual el Senado de la República retira la Reserva al Artículo IX de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas y la Declaración Interpretativa a dicha Convención, aprobada el 10 de diciembre de 2001, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Enero de 2002 y de la Fe de Erratas a dicho Decreto de Fecha 27 De Febrero De 2002.
Asimismo, en esa misma fecha presentamos una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual el Senado de la República retira la Declaración Interpretativa a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada el 10 de diciembre de 2001 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2002,
Dado que ha transcurrido el término previsto en el inciso g) del artículo 67, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que dichas comisiones emitan el dictamen correspondiente, solicito a usted, Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, lo siguiente:
ÚNICO. Formule Excitativa a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República para que dictaminen las Iniciativas que en Materia de retiro de reservas a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad ha interpuesto el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Salón de sesiones da la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 7 días del mes de julio de 2004.
SENADORA LETICIA BURGOS OCHOA
DIPUTADO GILBERTO ENSÁSTIGA SANTIAGO
Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la iniciativa que reforma el artículo 13 constitucional y deroga la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Excitativa a las Comisiones de Defensa Nacional, Puntos Constitucionales y Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de diputados a solicitud del diputado Gilberto Ensástiga Santiago del grupo parlamentario del PRD.
El Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito respetuosamente al Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, formular una excitativa a las Comisiones de Defensa Nacional, Puntos Constitucionales y Justicia y Derechos Humanos al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 18 de marzo de 2004 el suscrito, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma el artículo 13 constitucional y deroga la fracción II y el último párrafo del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
SEGUNDO. La Iniciativa en cuestión fue turnada por la Presidencia de la Cámara de Diputados a las Comisiones de Defensa Nacional y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictaminación en los términos de los artículos 87 y 88 del Reglamento antes invocado.
TERCERO. Por tratarse de un asunto que también concierne a los temas de justicia y derechos humanos, el suscrito solicitó al Presidente de la Cámara de Diputados, mediante oficio de fecha 11 de mayo de 2004, que la iniciativa en mención también fuese turnada para su dictaminación a la Comisión de Justicia y Derechos Humaos dicho cuerpo legislativo.
CONSIDERACIONES
Para el Grupo Parlamentario del PRD el tema de la justicia ha sido uno de los temas centrales en su agenda legislativa. El establecimiento de adecuadas medidas de protección que hagan efectivo el derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos a los órganos encargados de procurar y administrar justicia es un deber que como legisladores debemos fortalecer y asegurar.
Sin lugar a dudas uno de los temas que mayor sensibilidad e inconformidad han surgido de la sociedad y que también han generado motivo de recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido por parte de los principales organismos internacionales de derechos humanos ha sido la prevalecencia de la competencia de los órganos de procuración de justicia castrenses para investigar graves violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de civiles.
Han sido muchas las situaciones que organismos públicos y no gubernamentales han denunciado sobre casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano que quedan en la impunidad cuando son trasladados para su investigación a la Procuraduría de Justicia Militar, puesto que existe una tendencia a encubrir y no a investigar.
El Secretario de la Defensa Nacional nos ha dejado en claro cual es la actitud que el Ejército ha asumido para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus miembros al exigir la semana pasada, en tono amenazante, la necesidad de olvidar y perdonar sin hacer señalamiento expreso a quiénes habría que perdonar y por qué hechos. Sin embargo, la PGR en boca del subprocurador Santiago Vasconcelos interpretó desde una institución regida por otro militar esta declaración y propuso una ley de amnistía para los militares acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la llamada guerra sucia. Este hecho hace evidente que el Ejecutivo Federal tampoco pretende modificar las condiciones que generan impunidad en el país y por el contrario parece avalar medidas cuya consecuencia es dejar sin acceso a la justicia a las víctimas de la represión.
Al no existir condiciones desde el ámbito del ejecutivo para establecer medidas que protejan a la sociedad en contra de la impunidad que se genera por violaciones a los derechos humanos, es preciso que el poder legislativo cumpliendo con su función de contrapeso, establezca medidas normativas que obliguen a las instituciones a ceñirse a un marco legal que anteponga los derechos humanos de la sociedad a cualquier situación o interés institucional.
Por lo anteriormente señalado, solicito a la Presidencia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se sirva:
ÚNICO. En términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a las Comisiones de Defensa Nacional, Puntos Constitucionales y Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a fin de que presenten el Dictamen correspondiente a la Iniciativa que se identifica en esta Excitativa.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 07 días del mes de julio de 2004.
Dip. Gilberto Ensástiga Santiago.
Iniciativas de Ciudadanos Legisladores
De los senadores Jorge Zermeño Infante y César Jáuregui Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de Ley Federal para la Competencia Económica y la Competitividad.
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presente.-
Los que suscribimos, Senadores de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en uso de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos iniciativa con proyecto de Decreto de
LEY FEDERAL PARA LA COMPETENCIA ECONÓMICA Y
LA COMPETITIVIDAD
conforme a la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La discusión y expedita aprobación de la presente iniciativa de la Ley Federal para la Competencia Económica y la Competitividad reviste singular urgencia, dado que la Ley vigente (Ley Federal de Competencia Económica de 1992) ha sido impugnada en forma reiterada y constante tanto en los tribunales administrativos, como en los de primera y segunda instancia del Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ha declarado en sentencias jurisprudenciadas la inconstitucionalidad de diversos preceptos centrales de dicha Ley que a su vez es reglamentaria del Art. 28 Constitucional.
En esa virtud, y ante la creciente litigiosidad que sigue generando y que ha afectado irreversiblemente el ejercicio de las atribuciones de la actual Comisión Federal de Competencia, se requiere de la pronta expedición de una nueva Ley que incorpore y resuelva jurídicamente las cuestiones de constitucionalidad y de legalidad que han sido decretadas por los tribunales, que atienda a la inaplazable necesidad de actualizar la normatividad vigente en materia de competencia económica, de conformidad con la teoría económica moderna respecto a las prácticas monopólicas en que eventualmente incurren los particulares y las autoridades constituyendo lesivas barreras de acceso a los procesos de libre concurrencia y de competencia, y que responda al interés publico y al reclamo generalizado de los diversos sectores productivos y consumidores del país para el mejoramiento de la competitividad de la economía mexicana, particularmente afectada por los excesos regulatorios y demás restricciones que impiden el crecimiento de la actividad económica y la creación de empleo.
Debe precisarse, que los vicios de origen y los excesos de la regulación gubernamental en las materias socioeconómicas derivan generalmente de normatividad creada y legislada al margen de las condiciones en que operan los mercados en la realidad. Esa consideración básica obliga a respetar el hilo de la causalidad económico-jurídica y por tanto, toda actualización y mejora regulatoria para ser consistente y eficaz debe ser invariablemente precedida por la reforma constitucional, legal y reglamentaria en donde se encuentra asentada dicha regulación. Un marco normativo no actualizado y que no refleje las cambiantes condiciones de los mercados, se constituirá regularmente en un innecesario y gravoso obstáculo para el avance del País.
La regulación a menudo impone costos socioeconómicos que reducen significativamente la productividad y la competitividad doméstica e internacional de los productores de bienes y servicios, Esa regulación establece además, restricciones y gravámenes innecesarios a los consumidores y atrasa el progreso de la sociedad en su conjunto. De ahí provienen en gran parte, las crecientes y sonoras demandas de la población para el mejoramiento de la eficiencia de las instituciones públicas, de sus estatutos normativos y de medios de defensa legales en la procuración y administración de justicia más expeditos y eficaces, frente a las resoluciones administrativas del Estado. En otras palabras, el pueblo evidentemente está exigiendo un gobierno más eficiente en los servicios que esta obligado a prestar, en elemental contraprestación a los impuestos que recibe de los contribuyentes.
Existen diversas metodologías para mejorar la eficiencia operativa del gobierno. Una de ellas, consiste en ir por partes, paso a paso, revisando la regulación bajo la cuestionable premisa de que el gobierno esta operando en forma aceptable y que únicamente lo que se requiere es que funcione un poco mejor. Esta segmentación de las reformas se hace lenta y en forma independiente en cada unidad administrativa del gobierno, sin una visión de conjunto y sin tomar en cuenta las interacciones, que ya existen entre dichas unidades y las derivaciones e implicaciones que necesariamente provocarán las adecuaciones regulatorias. De esta forma los precarios avances que se logran con estas reformas sectoriales, limitadas y marginales, no mejoran o atemperan la tensa relación entre el sector privado y el gobierno.
Otro mecanismo para atender las evidentes deficiencias y externalidades negativas de la regulación excesiva y más apropiado para distender la relación entre los particulares y el Estado, es el de sujetar a los órganos centrales, descentralizados, desconcentrados y autónomos de la administración pública, a procedimientos estrictos para poder emitir regulación social y económicamente costosa. El más elemental requerimiento es limitar el gasto de tal manera que obligue a la entidad pública a establecer prioridades en sus objetivos que desplacen y forcen el abandono de aquellos que no tengan o dispensen un ostensible y comprobable beneficio a la colectividad. En cualquier sistema de modernización, actualización o mejoramiento de la regulación y especialmente en el mecanismo procesalmente más eficiente: el de abrogación; o sea el de desregulación, el elemento básico es no preservar el marco normativo existente sobre el que descansa la regulación que ha sido objeto de una reforma. Por ejemplo, tratar de mantener inalterada la norma constitucional de la que derivó la ley reglamentaria que ha sido reformada. La ley no puede ir más allá de la Constitución, ni el reglamento más allá de la ley.
No debe soslayarse el hecho repetidamente comprobado que las reformas sectoriales, limitadas y marginales de unidades administrativas no producen mejoras sustanciales en la forma general de operación del gobierno en su conjunto. Aunque se produzcan ganancias de eficiencia incrementales, los problemas estructurales de la acción y gestión gubernamental no se atienden. Esta mecánica más bien representa un esfuerzo limitado y oneroso que produce un estado más obeso e ineficiente. La filosofía política y económica detrás de esa expansión y proliferación de regulaciones y burocracias, está apoyada en una doctrina errónea; en una teoría del Estado que no distingue, identifica o reconoce los intereses en constante colisión de los particulares y que su libre interacción y acomodo en los mercados, resuelven de manera automática, pronta y económica la inmensa mayoría de las controversias.
En los últimos años se han modificado sustancialmente los términos que deben prevalecer en una apropiada relación socioeconómica entre los particulares y el Gobierno. Es conveniente adentrarse en ellos, dado el hecho irreductible de que en cada ocasión que se pretende modificar la normatividad contenida en el arreglo constitucional y en las leyes y reglamentos vigentes, surge necesariamente un conflicto de intereses entre los actores que resultan afectados o beneficiados. De no contarse con una adecuada teoría del funcionamiento tanto de los mercados como de la intervención gubernamental, que permita a los legisladores apreciar correctamente las fuerzas y debilidades que se presentan en los mercados, estarán impedidos para reconocer la naturaleza y la dinámica de este fenómeno e incurrirán en lamentables errores al formular y aprobar sus iniciativas de reforma.
En términos generales, en un contexto socioeconómico cada vez más tecnificado, interdependiente y globalizado, el atraso en la adecuación regulatoria y el periodo de tiempo que generalmente les toma a los legisladores y a los reguladores para reconocer y adaptarse a la cambiante situación de los mercados es en promedio de diez años. Lo anterior se ve agravado debido a la problemática política que frecuentemente impacta a las legislaturas y que retrasa la presentación y aprobación de iniciativas de reformas legales.
A pesar de todo, las enmiendas jurídicas se producen con relativa frecuencia en los tres niveles de la jerarquía estatutaria: constitucional, legal y reglamentaria, añadiendo mayor complejidad al marco normativo y como ha sido descrito, la participación del gobierno federal en ese proceso, solo ocasionalmente refleja las nuevas circunstancias del entorno económico y las entidades reguladoras del Ejecutivo están dominadas por una inelasticidad burocrática que las inhabilita para apreciar correctamente las inercias y la fuerza de los mercados. Eventualmente, estos órganos son fuertemente presionados por intereses particulares que se trasladan en sus políticas y que no corresponden al interés público. Sin embargo la omisión mas sobresaliente en que incurren, es no fijar sus objetivos en la minimización de los costos socioeconómicos de la regulación y en su lugar concentran la atención en los beneficios que---subjetivamente perciben---podrían generarse con las reformas a dicha regulación.
Es de explorado conocimiento, que los mercados son más eficientes cuando el Estado se concentra en aplicar en forma justa y expedita las normas o reglas generales a los casos específicos que lo ameriten. Cuando el Estado utiliza la premisa de que puede anticiparse a los mercados para detectar o inclusive prevenir fallas de los mismos desde una perspectiva redistributiva, se inicia el proceso de intervención y generación de regulación. Los resultados socioeconómicos de la planeación gubernamental asentada estrictamente en plataformas regulatorias, son por lo menos ambiguos si no precarios y efímeros.
Generalmente se piensa que el gobierno esta estratégicamente mejor posicionado para reducir costos en la producción de ciertos bienes y prestación de servicios--como presumiblemente ocurre con los denominados bienes y servicios públicos--y por tanto, prevalece la tentación y la presión política entre los legisladores y también los reguladores para interferir los mercados sin el previo esfuerzo de corregir las deficiencias regulatorias responsables de las distorsiones. Sin embargo, en muchas ocasiones, el simple paso del tiempo y la innovación tecnológica o la misma realidad, demuestran que en el mercado operan prontos y eficientes mecanismos de auto corrección, si no se limita o restringe el acceso a nuevos oferentes de dichos bienes y servicios.
La competencia es el proceso económico que permite a los consumidores multiplicar sus opciones de selección de satisfactores y a los productores la posibilidad de obtener una ganancia. Es parte de la realidad económica, que existen mercados en donde no hay una abundante variedad de oferentes o productores y que es una condición regular de la propia naturaleza humana, el que muchos o quizás todos los competidores en el fondo desearían ver su competencia eliminada y de ser posible, mediante coerción gubernamental, dada su ejecutividad y fuerza. A ello obedecen los ya centenarios esfuerzos de los legisladores y las administraciones en turno por crear toda una estructura regulatoria para tratar de evitar o siquiera atenuar esos incentivos intrínsecos de la actividad empresarial. La regulación antimonopolio y la que intenta atemperar los antes denominados monopolios naturales y actualmente reconocidos como monopolios regulatorios asentados en normatividad constitucional y legal, son los ejemplos más elocuentes de esa percepción--que afortunada y penosamente se ha ido superando--de que la condición de oferente único, grande o dominante es necesaria y económicamente perversa.
Por tanto, el Estado enfrenta una tarea no sólo imposible sino antieconómica, cuando intenta sustituir a los consumidores y a sus proveedores en la toma de decisiones económicas que solo a ellos corresponde. Lo anterior, sin olvidar que la naturaleza perdurable e inelástica de los estatutos legales, daña irreversiblemente la competitividad de los productores de bienes y de servicios, al no poderse adaptar a los dinámicos cambios tecnológicos, sociales y económicos.
Las leyes y reglamentos de regulación económica, son frecuentemente ambiguas e imprecisas, abriéndose un campo enorme para la discrecionalidad de los reguladores y sus órganos, alterando de manera sustantiva la relación equilibrada que debe prevalecer entre los intereses colectivos y los individuales, mismo que es necesario tutelar mediante legislación apropiadamente emitida por los representantes electos por los ciudadanos y no por normatividad creada y aplicada por terceros reguladores al margen del proceso democrático. Lo anterior constituye usurpación legislativa.
Al Estado le corresponde preservar la competitividad económica procurando y manteniendo las condiciones para el funcionamiento eficiente de los mercados, como lo son la protección de los derechos de propiedad y la igualdad ante la ley y la equidad en su aplicación. Por tanto en los casos de desequilibrio evidente entre las fuerzas de los distintos intereses en conflicto de la sociedad, el gobierno administrador debe mantenerse al margen y dejar la resolución normal de las disputas a los tribunales.
Es frecuente la intervención de los gobiernos en la actividad socioeconómica, aún cuando no existan signos de ineficacia de los mercados. Las propuestas de mayores reformas regulatorias para subsanar esa intervención no es apropiada. La respuesta más eficaz y procesalmente eficiente, es la abrogación radical de las regulaciones excesivas detrás de esa interferencia que impide mejorar el bienestar social y el desarrollo económico.
La interferencia económica gubernamental más directa se da cuando el gobierno se torna en proveedor de bienes y servicios por medio de secretarias y departamentos de estado, empresas y organismos descentralizados y paraestatales o como socio de los particulares. En un análisis detallado de aquellos casos en donde se requiere apoyo gubernamental como puede ser los sistemas penitenciarios, carreteras y especialmente en las llamadas obras de infraestructura, se cuenta con la evidencia histórica---alguna doméstica y muy amplia internacionalmente---que demuestra que estos bienes y servicios pueden ser eficientemente proveídos por el sector privado de la economía, si prevalecen condiciones de seguridad jurídica y de observancia de la ley que permitan el funcionamiento más libre y eficiente de los mercados.
Otra forma de intervencionismo socioeconómico, y quizás el más dañino, es la gravosa regulación sobre el proceso de libre concurrencia y de competencia, ya sea mediante restricciones y barreras al acceso en el mercado, o subsidios y tratamientos preferenciales e inequitativos, contrataciones colectivas y otras inelasticidades legales de tipo laboral. Las interferencias en la actividad económica son variadas y destacan aquellas en el transporte público y en la vivienda de interés social en donde los usuarios de bajos ingresos de estos bienes o servicios no son directamente favorecidos con los subsidios, sino las empresas transportistas y constructoras. Todo esto crea una maraña regulatoria inextricable para administrar los subsidios, dispensas o exenciones y para aplicar políticas redistributivas del ingreso.
Los intereses de grupos, son el factor más poderoso que enfrentan las reformas regulatorias y las hacen muchas veces política y operativamente imposibles. Esto se explica dado que toda interferencia gubernamental, independientemente de su eficacia, en mayor o menor grado, beneficia a alguien y por tanto, se crean incentivos perversos para resistir reformas que reduzcan esos beneficios que obtienen dichos grupos de presión, quienes se vuelven expertos en su obtención y cuentan con ventajas comparativas de información respecto de los propios reformadores, en lo que toca a los programas gubernamentales que se intentan infructuosamente reformar.
Debe mejorar y acrecentarse la normatividad regulatoria que se dirige a las propias instituciones y organismos públicos reguladores, con el propósito de evitar lo más posible el abuso, la arbitrariedad, la discrecionalidad y la impunidad burocrática. Los intereses personales de los funcionarios de alto y bajo nivel pueden ser contrarios e incompatibles con las funciones que les han sido conferidas y a las funciones y facultades de la propia institución u organismo al que están adscritos. Esta proclividad esta explícitamente demostrada por la aplicación de la Teoría Económica de la Elección Pública en donde los incentivos de ganancia, en materia de jurisdicción, de presupuesto o de influencia y poder político, inciden sobre las decisiones de los servidores públicos que afectan negativamente la esfera de los particulares.
En razón de lo anterior es cada vez más urgente y necesario que las leyes que imponen regulaciones a las actividades socioeconómicas, como es el caso de la nueva Ley Federal para la Competencia Económica y la Competitividad que aquí se propone, incluyan y precisen las responsabilidades en que incurren y las sanciones a los servidores públicos cuando abusan de su autoridad, no aplican la ley o la aplican selectivamente o de manera inequitativa a los particulares que legalmente están obligados o son compelidos a interactuar con ellos. Toda nueva regulación debe contar con esas prevenciones normativas, que no sólo coadyuvarán en el exacto cumplimiento de la ley, sino son cruciales para preservar el Estado de Derecho, que es condición mínima e indispensable para la seguridad jurídica, el crecimiento económico y la estabilidad social.
El Estado moderno se dirige hacia la descentralización administrativa como también lo hace el sector privado. Debe tenerse siempre en cuenta el riesgo de descentralizar sin una supervisión adecuada, el no vigilar este proceso puede conducir al abuso y la discrecionalidad. Ese riesgo se debe enfrentar tomando la mínima precaución de poder responsabilizar legal y en su caso patrimonialmente, a los servidores públicos investidos de nuevas facultades y recursos derivados de la propia descentralización.
Desde una perspectiva de administración pública, se debe lograr que el gobierno federal funcione armónica y eficientemente en un sistema republicano de auténtico federalismo competitivo. Es por ello que esta oportuna actualización de la normatividad regulatoria, debe estar también fundamentada en las disposiciones constitucionales que definen y delimitan las esferas jurisdiccionales federales y estatales. De ahí el que la nueva Ley que se propone, se haga extensiva como reglamentaria del Art. 117 Constitucional en materia de competencia, libre concurrencia y competitividad con relación a las prohibiciones expresas que se contienen en las fracciones IV, V, VI, y VII de dicho precepto.
La competencia y la competitividad en la propia función pública es un concepto que debe alcanzar la relevancia que le corresponde en la administración pública moderna. El proceso de competencia es impulsado entre los particulares por las ganancias que pueden obtenerse por medio de las transacciones en los mercados de bienes y servicios. Al no existir, por razón lógica y natural, ese poderoso incentivo en la función del gobierno, la sociedad mexicana moderna, debe acudir ante sus representantes en el Congreso para que en las modificaciones constitucionales y la emisión de nuevas leyes y reglamentos se generen y mantengan condiciones competitivas entre la federación y los estados en la prestación de los servicios públicos dentro de sus esferas jurisdiccionales.
La evidencia empírica demuestra que la competencia y competitividad en los mercados con mayor libertad, tanto a mediano como a largo plazo generan mayor progreso social y dispensan a la sociedad beneficios económicos mucho más sustantivos, oportunos y eficientes. Por tanto, todo intento de reforma regulatoria en estas materias, debe considerar a sus mejores aliados: los mercados, que no son más que la expresión socioeconómica más genuina y fiel de la voluntad de los gobernados.
De las consideraciones y los motivos expuestos, se desprende la apremiante necesidad de ofrecer mayor seguridad jurídica a los particulares en la actividad socioeconómica, reduciendo la incertidumbre proveniente de una regulación vigente de competencia económica excesiva, imprecisa y discrecional que ha derivado en miles de actos de autoridad que durante más de diez años generaron una incontrolable y gravosa litigiosidad para los afectados, los tribunales administrativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una carga injustificada para los contribuyentes de todo el País. La sustantiva reforma regulatoria que se contiene en la nueva Ley Federal para la Competencia Económica y la Competitividad permitirá resolver esos graves inconvenientes. De ahí la importancia que reviste la Iniciativa que se somete a su alta consideración.
En virtud de lo anterior, y en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de:
LEY FEDERAL PARA LA COMPETENCIA ECONÓMICA Y
LA COMPETITIVIDAD
Capítulo I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1.- La presente ley es reglamentaria de los artículos 28 y 117 constitucionales en materia de competencia económica y libre concurrencia, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.
ARTÍCULO 2.- Esta ley tiene por objeto proteger los procesos de libre concurrencia, de competencia y de competitividad mediante la eliminación de monopolios, de prácticas monopólicas, de estancos, de prohibiciones a título de protección de la industria, de las barreras regulatorias legales y reglamentarias, así como de las restricciones y gravámenes que limiten o impidan el libre acceso a la actividad económica y el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.
Para efectos de esta ley, se entenderá por Comisión, la Comisión Federal de Competencia y Competitividad.
ARTÍCULO 3.- Están sujetas a lo dispuesto por esta ley todas las dependencias, entidades y organismos de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, estatales y municipales en ejercicio de funciones o actividades que no estén expresamente exceptuadas por la normatividad constitucional, así como las personas físicas o morales que de manera individual, asociada o de cualquier otra forma participen en la actividad económica.
Capítulo II
De los Monopolios y las Prácticas Monopólicas
ARTÍCULO 4.- Quedan prohibidos los monopolios, estancos, las prácticas monopólicas y las prohibiciones a título de protección de la industria que, en los términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la libre concurrencia, la competencia o la competitividad en la producción, procesamiento, transporte, distribución y comercialización de bienes o servicios.
ARTÍCULO 5.- Para los efectos de esta ley se entenderá:
Como monopolio a toda barrera al acceso, impedimento o restricción a la libre concurrencia, a la competencia y a la competitividad económica cuyo fin o efecto sea restringir la oferta o la demanda, elevar los precios y afectar la calidad de los bienes y servicios.
Como estanco a toda barrera al acceso, impedimento o restricción a la libre concurrencia, a la competencia económica y a la competitividad, que el Estado imponga en su favor.
Como libre concurrencia a la libertad de acceso de los particulares a la realización de actividades económicas lícitas de conformidad a lo establecido en el Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como competencia económica al proceso continuo de actividades económicas y de libre acceso a las oportunidades para su eficiente realización, en condiciones de competitividad y de igualdad ante la ley.
Como competitividad al conjunto de condiciones de libre concurrencia y competencia económica necesarias para la realización de las actividades económicas de los oferentes de bienes y servicios con la eficiencia y oportunidad que demandan los consumidores en los mercados nacionales e internacionales.
Como barrera al acceso, a todo acuerdo o acción de los particulares y a todo impedimento o restricción asentados en disposiciones regulatorias de naturaleza legal o reglamentaria que no permitan concurrir o participar a los oferentes de bienes y servicios en la realización de actividades económicas en condiciones de competencia y competitividad, salvo las expresamente exceptuadas en la normatividad constitucional.
ARTÍCULO 6.- Para determinar si las actividades y funciones de los sujetos obligados conforme a esta Ley a que se refiere el Artículo 3 constituyen un monopolio deberá considerarse:
I. Si pueden fijar precios unilateralmente o restringir el abasto sin que los competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;
II. La existencia y poder de sus competidores;
III. Las posibilidades de acceso de éstos y de sus competidores a fuentes de insumos.
ARTÍCULO 7.- Son prácticas monopólicas contrarias al proceso de libre concurrencia, a la competencia económica y a la competitividad, los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, sustanciados o comprobables, cuyo fin o efecto sea cualquiera de los siguientes:
I. Fijar, elevar, concertar o manipular los precios de venta de bienes o servicios a los consumidores o los precios de compra a los proveedores de terceros competidores en los mercados.
II. Restringir el acceso a la participación en la actividad económica relacionada y limitar o impedir la oferta o adquisición de bienes y servicios a terceros.
III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos del mercado relacionado de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables; o
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas.
Las prácticas monopólicas a que se refiere este artículo no producirán efectos jurídicos.
ARTÍCULO 8.- Para determinar que las prácticas a que se refiere el artículo anterior son violatorias de esta ley, deberán considerarse los siguientes criterios:
I. Las restricciones normativas de carácter federal, o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos.
II. La existencia de barreras al acceso y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de los competidores;
III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados;
IV. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal situación;
V. Las ganancias de eficiencia económica y los criterios e instrumentos analíticos que prescriba el reglamento de esta ley.
VI. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los particulares nacionales o extranjeros, por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones.
ARTÍCULO 9.- Son normas y actos contrarios al proceso de libre concurrencia, a la competencia económica y a la competitividad, las disposiciones en leyes y reglamentos en materia de gravámenes y en concesiones y licitaciones federales; los requisitos administrativos, las restricciones, tarifas y regulaciones; los apoyos en forma de subsidio; la exigencia de permisos o la imposición de condiciones selectivas; las prohibiciones impuestas por las dependencias gubernamentales y los organismos de la administración pública, cuyo fin o efecto sea disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia, la competencia económica y la competitividad en la producción, procesamiento, transporte, distribución, comercialización y adquisición de bienes o servicios.
ARTÍCULO 10.- Son contrarios al proceso de libre concurrencia, a la competencia económica y a la competitividad, las leyes y disposiciones fiscales y los actos administrativos de las autoridades estatales que infrinjan las prohibiciones expresas contenidas en la fracción IV, V, VI y VII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquellas actuaciones de dichas autoridades estatales que impongan la exigencia de requisitos o de gravámenes diferenciados en razón de la procedencia nacional o extranjera de bienes y servicios, y cuyo fin u objeto directo o indirecto sea restringir, prohibir, gravar directa o indirectamente, registrar, inspeccionar, limitar o impedir el consumo o la entrada a su territorio, el tránsito dentro del mismo o la salida de personas, mercancías o servicios de origen nacional o extranjero.
Con respecto a las disposiciones generales de los Estados y Municipios que son contrarias al proceso de libre concurrencia, a la competencia económica y a la competitividad a que se refiere este artículo, la Comisión estará facultada para solicitar al C. Presidente de la República y al Procurador General de la República se promuevan las controversias constitucionales correspondientes, así como para denunciar las contradicciones con respecto a esta ley ante el Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la Republica para el efecto de que se promuevan las acciones de inconstitucionalidad a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional.
ARTÍCULO 11. - La Comisión podrá investigar de oficio o a petición de parte si se está en presencia de las normas, actos y hechos referidos en los artículos 6, 7, 8 9 y 10 de la presente ley.
Capítulo III
De la Comisión Federal de Competencia Económica y Competitividad
ARTÍCULO 12.- La Comisión Federal de Competencia Económica y Competitividad es un órgano de la Administración Pública Federal que gozará de autonomía tanto presupuestal, como técnica y operativa para dictar sus resoluciones, y tendrá a su cargo investigar y combatir los monopolios, estancos, las prácticas monopólicas y las prohibiciones a título de protección de la industria que, en los términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la libre concurrencia, la competencia económica o la competitividad en la producción, procesamiento, transporte, distribución, comercialización y adquisición de bienes o servicios.
ARTÍCULO 13.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Investigar la existencia de monopolios, estancos y prácticas prohibidas por esta ley, derivados de disposiciones en leyes y reglamentos en materia de gravámenes y en concesiones y licitaciones federales; de los requisitos administrativos, de las restricciones, tarifas, cuotas y regulaciones; de los apoyos en forma de subsidio; de la exigencia de permisos o de la imposición de condiciones selectivas; de las prohibiciones impuestas por las dependencias gubernamentales y los organismos de la administración pública, cuyo fin o efecto sea disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia, la competencia económica o la competitividad en la producción, procesamiento, transporte, distribución, comercialización y adquisición de bienes o servicios.
II. Investigar la existencia de acuerdos, procedimientos o combinaciones entre competidores cuyo fin o efecto sea disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia, la competencia económica o la competitividad en la producción, procesamiento, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios, o bien, constituyan ventajas exclusivas indebidas a favor de una o varias personas físicas o morales en perjuicio de los consumidores o el público en general.
III.- La Comisión estará facultada para solicitar al C. Presidente de la República y al Procurador General de la República la promoción de las controversias constitucionales correspondientes, así como para denunciar las contradicciones con respecto a esta ley ante el Titular del Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la Republica para el efecto de que se promuevan las acciones de inconstitucionalidad a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional.
IV. Contribuir en materia de libre concurrencia, competencia económica y competitividad, en la mejora del marco regulatorio legal y reglamentario y en el mantenimiento y avance de las condiciones de competitividad en la actividad económica en general.
V. La Comisión podrá requerir y en su caso apercibir o apremiar a los particulares y demás participantes en la actividad económica, la entrega de información o documentos relevantes que guarden relación con las investigaciones y los procedimientos administrativos incoados en el ejercicio de sus atribuciones. Lo mismo podrá hacer al respecto con las dependencias, instituciones y organismos del sector público y social.
VI. Establecer los mecanismos de coordinación a nivel federal, estatal y municipal, con otras dependencias, organismos e instituciones de los sectores público, social y privado para el combate de monopolios, estancos, las prácticas y las prohibiciones a título de protección de la industria.
VII. Resolver los casos de su competencia, emitir recomendaciones, sancionar administrativamente la violación de esta ley y denunciar ante el Ministerio Público las conductas delictivas en materia de libre concurrencia, competencia económica y competitividad, y en su caso ante la Secretaria de la Función Pública la responsabilidad administrativa de los servidores públicos;
VIII. Resolver sobre las condiciones existentes en materia de libre concurrencia, competencia económica y competitividad, en los términos y plazos a que hacen referencia el Reglamento de la Ley Federal para la Competencia Económica y la Competitividad y otras leyes y reglamentos.
IX. Resolver y emitir opinión sobre los ajustes a los programas y políticas de la administración pública federal, cuando de éstos resulten efectos que puedan ser contrarios a la libre concurrencia, a la competencia económica o a la competitividad.
X. Las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal, solicitarán la opinión favorable de la Comisión a los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, y respecto de actos administrativos, cuando dichos proyectos y actos puedan tener efectos en el proceso de libre concurrencia, de competencia económica o de competitividad. La Comisión deberá responder dentro del plazo de 30 días y conforme a lo que disponga el Reglamento de la Ley Federal para la Competencia Económica y la Competitividad.
XI. Opinar sobre las adecuaciones a los proyectos de leyes y reglamentos, por lo que conciernen a los aspectos de libre concurrencia, competencia económica y competitividad y en lo conducente, remitir y proponer las adecuaciones a la actual Comisión Federal de Mejora Regulatoria o instancia que la sustituya y que en el ámbito de su jurisdicción le correspondan;
XII. Resolver las consultas en materia de competencia económica que les sean formuladas por las personas físicas y morales, sin que se tengan efectos vinculativos.
XIII. Sin poder ser obligada y cuando lo considere pertinente la Comisión podrá emitir resoluciones y recomendaciones en materia de libre concurrencia, competencia económica y competitividad respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares vigentes y actos administrativos,
XIV. Elaborar y hacer que se cumplan, hacia el interior de la Comisión, los manuales de organización y de procedimientos.
XV. Participar con las dependencias competentes en la elaboración de proyectos y negociaciones en la celebración de tratados internacionales en materia de regulación o políticas de competencia económica, libre concurrencia, competencia económica y competitividad, de los que México sea o pretenda ser parte; y
XVI. Promover, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, que en sus actos administrativos se respeten los procesos de libre concurrencia, de competencia económica y de competitividad.
XVII.- Elaborar su proyecto de presupuesto anual, mismo que deberá enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de su integración al Presupuesto de Egresos de la Federación.
XVIII. Las demás que le confieran ésta y otras leyes y reglamentos vigentes.
ARTÍCULO 14.- La Comisión estará integrada por cinco comisionados, incluyendo al Presidente de la misma y que en su conjunto compondrán el Pleno, el cual deliberará en forma colegiada y decidirá los casos por mayoría de votos, teniendo su Presidente voto de calidad.
La Comisión tendrá los servidores públicos necesarios para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con su presupuesto autorizado.
ARTÍCULO 15.- Los comisionados y el Presidente de la Comisión serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal.
Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadanos mexicanos, profesionales en Derecho, Economía, Administración Pública o de Empresas, por ser materias afines al objeto de esta ley; mayores de treinta y cinco años de edad y menores de setenta y cinco.
II. Haberse desempeñado en forma destacada en las cuestiones profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con el objeto de esta ley.
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
Los comisionados deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos para conocer de asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los términos del reglamento.
ARTÍCULO 16.- Los comisionados serán designados para desempeñar sus puestos por un período de cinco años, renovable por una sola vez y únicamente podrán ser removidos de sus cargos por causa grave, debidamente justificada.
ARTÍCULO 17.- El Presidente de la Comisión deberá contar con el título registrado de Lic. en Derecho y tendrá las siguientes facultades:
I. Coordinar los trabajos de la Comisión;
II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas que se establezcan en la materia;
III. Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión, que incluya los resultados de sus acciones en materia de competencia, libre concurrencia y competitividad;
IV. Solicitar a cualquier autoridad del país o del extranjero la información que requiera para indagar sobre posibles violaciones a esta ley;
V. Actuar como representante de la Comisión; nombrar y remover al personal; crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con su presupuesto, así como delegar las facultades que le confiere esta ley; y
VI. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 18.- La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Presidente de la propia Comisión quien tendrá a su cargo la coordinación operativa y administrativa. El Secretario Ejecutivo dará fe de los actos en que intervenga.
Capítulo IV
Del Procedimiento
ARTÍCULO 19.- El procedimiento administrativo ante la Comisión se inicia con la investigación en forma preliminar, de oficio o a petición de parte mediante denuncia. Los días a que hace referencia esta ley serán hábiles.
En el caso de las investigaciones de oficio o a petición de parte, el Secretario Ejecutivo dictará el acuerdo que corresponda y publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto del acuerdo por el que la Comisión dé inicio a una investigación el cual deberá contener, cuando menos, la práctica monopólica que será investigada y podrá difundirlo en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a juicio de la Comisión, con el objeto de que cualquier persona coadyuve en dicha investigación. En ningún caso se revelará en la publicación o difusión a que se refiere este párrafo el nombre, denominación o razón social de los sujetos involucrados en la investigación.
El período de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del acuerdo, y no podrá ser inferior a treinta días ni excederá de noventa, el cual se podrá ampliar por períodos que no excedan de noventa días, por causas debidamente justificadas.
ARTÍCULO 20.- La Comisión, en ejercicio de sus atribuciones podrá requerir los informes o documentos relevantes para realizar sus investigaciones, así como citar a declarar quienes tengan relación con los casos de que se trate.
La información y documentos que haya obtenido directamente la Comisión en la realización de sus investigaciones, así como los que se le proporcionen, son estrictamente confidenciales y únicamente las partes con interés jurídico en los procedimientos pueden tener acceso a ésta. En lo tocante a su divulgación, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Los servidores públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de dicha información salvo cuando medie orden de autoridad competente, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
ARTÍCULO 21.- Podrán denunciar por escrito o por medios electrónicos ante la Comisión, en los términos que fije el reglamento, a los particulares presuntos responsables de la realización de prácticas monopólicas, indicando en qué consisten dichas prácticas, y en su caso, los actos de autoridad prohibidos por esta ley, señalando la normatividad legal y reglamentaria o los actos de autoridad impugnados como violatorios de esta ley:
I.- Cualquier persona, en el caso de las prácticas monopólicas prohibidas, atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 7 y 8 de esta Ley.
II.- El afectado por disposiciones en leyes y reglamentos en materia de gravámenes y de requisitos administrativos; de concesiones y de licitaciones federales; de restricciones, tarifas y regulaciones; de exigencia de permisos o de imposición de condiciones selectivas; de prohibiciones impuestas por las dependencias gubernamentales y los organismos de la administración pública y de los organismos e instituciones de los sectores público, social y privado, cuyo fin o efecto sea disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia la competencia económica y la competitividad en la producción, transporte, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 de esta Ley.
El reglamento de esta ley establecerá los requisitos para la presentación de las denuncias.
Las facultades de la Comisión caducan a los 5 años contados a partir de la comisión las conductas, de la emisión de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas o de la realización de los actos de autoridad prohibidos por esta ley.
La Comisión podrá desechar las denuncias que sean notoriamente improcedentes.
ARTÍCULO 22.- Respecto a los monopolios y prácticas monopólicas, concluida la investigación correspondiente, si el Pleno de la Comisión considera que existen elementos para determinar la presunta responsabilidad de los sujetos investigados, la Comisión procederá de la siguiente manera:
I.- Se emplazará con el oficio de presunta responsabilidad.
II.- El emplazado contará con un plazo de treinta días para manifestar lo que a su derecho convenga y adjuntar las pruebas documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten desahogo;
Una vez contestado el oficio de presunta responsabilidad, se acordará la admisión de pruebas y se fijará el lugar, día y hora para el desahogo de las mismas. Son admisibles todos los medios de prueba. Se desecharán las pruebas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarias.
El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no mayor de veinte días, contado a partir de su admisión.
III.- Una vez desahogadas las pruebas, la Comisión fijará un plazo no mayor a diez días para que se formulen los alegatos verbalmente o por escrito; y
IV.- Una vez integrado el expediente, la Comisión deberá dictar resolución en un plazo que no excederá de cuarenta días hábiles.
Para la sustanciación del procedimiento, se podrán realizar las promociones por escrito o por medios electrónicos, en los términos que fije el reglamento.
En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el reglamento de esta ley y en forma supletoria se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles.
ARTÍCULO 23.- Cuando se deba resolver sobre las condiciones de libre concurrencia, de competencia económica o de competitividad, en los términos en que hacen referencia otras leyes y reglamentos., corresponderá a la Comisión emitir la resolución correspondiente. Para tal efecto, la Comisión, de oficio o a solicitud de la autoridad respectiva o de alguna parte interesada, emitirá resolución conforme a lo siguiente:
I. En caso de solicitud de parte interesada o de la autoridad respectiva, se deberá presentar la información necesaria que permita determinar la necesidad de emitir declaratoria.
II. La Comisión requerirá los informes y documentos relevantes y citará a declarar a quienes tengan relación con el caso de que se trate, en un periodo que no excederá de treinta y cinco días;
III. Con base en el análisis realizado, la Comisión emitirá un dictamen preliminar y lo notificará mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación;
IV. Las partes que demuestren tener interés en el asunto, lo deberán acreditar ante la Comisión dentro de los veinte días siguientes al de la publicación y podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer los medios de prueba que estimen convenientes.
V. Hecho lo anterior, en un plazo no mayor a treinta días se desahogarán las pruebas que lo ameriten.
IV. En un plazo no mayor a treinta días se emitirá resolución y se publicará un extracto en el Diario Oficial de la Federación y la Comisión turnará la resolución a la autoridad competente para los efectos a que haya lugar.
Los plazos señalados en este artículo podrán ser prorrogados por el Presidente de la Comisión, cuando así se justifique, hasta por treinta días adicionales.
ARTICULO 24.- Cuando en la legislación se establezca que la Comisión deberá emitir opinión favorable, autorización u otras análogas en el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones de cesiones de éstos, serán aplicables las disposiciones del Capítulo II de esta ley.
ARTICULO 25.- En cualquier etapa de un procedimiento administrativo seguido ante la Comisión y antes de que ésta dicte resolución definitiva, el presunto responsable podrá presentar escrito mediante el cual se comprometa a suspender, suprimir, corregir o no realizar la presunta práctica monopólica, para lo cual, los actores deberán acreditar que:
I. El proceso de libre concurrencia, de competencia económica y de competitividad sea restaurable al cesar los efectos de la práctica monopólica.
II. Los medios propuestos sean los idóneos y económicamente viables para dejar sin efectos la práctica monopólica, señalando los plazos y términos para su comprobación.
Recibido el escrito a que se refiere el párrafo anterior, el procedimiento administrativo quedará suspendido hasta en tanto la Comisión, en un plazo de quince días, emita su resolución, con la que podrá concluir anticipadamente dicho procedimiento, sin perjuicio de que se impongan las sanciones correspondientes por la realización de la práctica monopólica y sin perjuicio de que el denunciante pueda reclamar daños y perjuicios.
ARTÍCULO 26.- Cualquier agente económico que haya incurrido o esté incurriendo en una práctica monopólica, podrá ocurrir a la Comisión antes de que se haya iniciado la investigación o antes del emplazamiento y antes de que ésta concluya, para confesar la práctica y acogerse al beneficio de indulgencia, que consistirá en la reducción sustancial de las sanciones establecidas en esta ley y la confidencialidad del solicitante.
El beneficio de indulgencia sólo podrá solicitarse una sola vez.
El Reglamento de la presente Ley establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del beneficio de indulgencia.
Capítulo V
De las Sanciones
ARTÍCULO 27.- Para el eficaz desempeño de sus atribuciones, la Comisión podrá emplear los siguientes medios de apremio:
I. Apercibimiento; o
II. Multa hasta por el importe del equivalente a 1,500 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la comisión.
ARTÍCULO 28.- La Comisión podrá aplicar e imponer las siguientes sanciones:
I. Ordenar la suspensión, corrección o supresión de la práctica de que se trate;
II. Multa hasta por el equivalente de mil quinientas a siete mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregar información falsa a la Comisión, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;
III. Multa hasta por el equivalente a 375 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, por haber incurrido en alguna práctica monopólica.
IV. Multa hasta por el equivalente a siete mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a los individuos que participen directamente en prácticas monopólicas, en representación o por cuenta y orden de personas morales.
V. Multa hasta por el equivalente a 375 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, por haber incumplido el acuerdo de competencia.
La Comisión deberá enviar oficio debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que imponga las sanciones que correspondan, cuando un servidor público que en ejercicio de sus funciones no cumpla con las recomendaciones u opiniones de la Comisión, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra el servidor público.
En caso de reincidencia en las conductas descritas en la fracciones II, III y IV de este precepto, se podrá imponer una multa adicional hasta por el doble de la que corresponda
ARTÍCULO 29.- La Comisión, en la imposición de multas, deberá considerar la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en los mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica monopólica y la reincidencia y antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.
ARTÍCULO 30.- En el caso de las infracciones a que se refieren las fracciones III a V del artículo 28 se considerará que revisten particular gravedad, incumplir con el acuerdo de competencia; con las condiciones impuestas por la Comisión; o reincidir en conductas prohibidas por esta ley. En estos casos la Comisión podrá imponer, en lugar de las multas previstas en las mismas, una multa hasta por el doble de la que corresponda a la infracción incurrida.
ARTÍCULO 31.- Los agentes económicos que hayan demostrado durante el procedimiento haber sufrido daños y perjuicios a causa de la práctica monopólica derivada de la autoridad o de los particulares, podrán deducir su acción por la vía judicial, para obtener una indemnización por daños y perjuicios. Al efecto, la autoridad judicial podrá considerar la estimación de los daños y perjuicios que haya realizado la propia Comisión.
No procederá acción judicial o administrativa alguna con base en esta ley, fuera de las que la misma establece.
Capítulo VI
Del Recurso de Reconsideración
ARTÍCULO 32.- Contra las resoluciones que pongan fin a los procedimientos previstos en los capítulos II y V, las que tengan por no presentada o desechada una denuncia, dictadas por la Comisión con fundamento en esta ley, se podrá interponer, ante la propia Comisión, recurso de reconsideración, dentro del plazo de 20 días siguientes a la fecha de la notificación de tales resoluciones.
El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución. El reglamento de la presente ley establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.
La interposición del recurso se hará mediante escrito o por medios electrónicos, en los términos que fije el reglamento, dirigido al Presidente de la Comisión, en el que se deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios o violaciones cometidas en la propia resolución o durante el procedimiento. Los únicos medios de prueba serán los supervenientes, y deberán acompañarse las constancias que acrediten la personalidad del promovente, cuando no tenga reconocida la personalidad en el procedimiento del que derive el acto impugnado.
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, cuando el recurrente garantice el monto de la multa que en su caso se le haya impuesto, por si no obtiene resolución favorable en el recurso.
El Presidente de la Comisión admitirá o desechará el recurso y los medios de prueba dentro de los cinco días siguientes a su interposición. La Comisión dictará resolución y la notificará en un término que no excederá de 30 días contados a partir de la fecha en que se haya acordado sobre la admisión del recurso. El silencio de la Comisión significará que se ha confirmado el acto impugnado.
Transitorios
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- La Comisión Federal de Competencia a la entrada en vigor de la presente ley cambiará su actual denominación por la de Comisión Federal de Competencia y Competitividad.
TERCERO.- Con respecto a lo dispuesto en el Artículo 16 de la presente Ley, los Comisionados en funciones al inicio de su vigencia, continuarán en sus cargos hasta el término del periodo que ampara su nombramiento.
CUARTO.- El reglamento de la Ley Federal para la Competencia Económica y la Competitividad se deberá expedir en un plazo no mayor de 60 días, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
QUINTO.- Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones
vigentes en ese momento.
SEXTO.- Se abroga la Ley Federal de Competencia Económica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1992.
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los seis días del mes de julio del año dos mil cuatro.
SEN. JORGE ZERMEÑO INFANTE SEN. CÉSAR JÁUREGUI ROBLES
Del Dip. Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el Artículo 62-BIS de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
INICIATIVA DE LEY QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 62-BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO, PRESENTADA POR EL DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA.
Exposición de Motivos
Durante el período comprendido entre 1990 y 1994 la economía mexicana mostró cierta estabilidad, lo cual provocó una fuerte expansión crediticia del sistema financiero.
El mecanismo dependía totalmente de dos supuestos fundamentales:
a) Tasa de interés a la baja, o cuando menos niveles similares a los existentes cuando se contrataba el crédito; y
b) Incremento real a través del tiempo del ingreso de quienes obtenían el crédito.
Sin embargo, la crisis financiera que estalló en el país a finales de 1994, rompió los dos supuestos fundamentales del esquema y cambió el contexto de estabilidad observado entre 1990 y 1994 por uno de incertidumbre, con inflación y devaluación para los años posteriores.
De esta manera tan sólo en 1995 el salario mínimo real se redujo en más de 14% y la tasa de interés activa se situó en niveles cercanos al 100%, aunado a que se incrementó el desempleo de manera alarmante.
Durante el período comprendido entre 1995 y 1998 se crearon varios programas para ayudar y alentar a los deudores a pagar sus créditos pendientes, lo cual ayudaría a los bancos a mejorar la calidad de su cartera y a mantener sus flujos de efectivo.
Sin embargo, a lo largo del período mencionado el contexto macroeconómico fue caracterizado por una elevada inflación y una caída sistemática en los salarios reales.
Ante el problema generado por el disparo abrupto de las tasas de interés, inflación y el deterioro del ingreso real de los deudores, se propuso utilizar el esquema de Unidades de Inversión (UDIS), adecuar la vigencia de los créditos (plazo), así como la tasa de interés.
Sin embargo, el contexto macroeconómico en el que fue realizado, provocó que al utilizar las UDIS como unidad de cambio, se incorporara la inflación al valor de la deuda con lo que se actualizó su valor y se combinó con una persistente caída del ingreso, por lo que el problema de los deudores lejos de mejorar; empeoró.
[pic]
Debido a la profundidad de la crisis, adicional a la aplicación del esquema UDIS, las autoridades financieras implementaron programas de apoyo a deudores, el programa ADE y PUNTO FINAL fueron algunos de ellos, en dichos programas se buscaba aligerar el peso de la deuda a los deudores, quienes ya se encontraban bajo el esquema de las UDIS. En particular el Programa de Apoyo a Deudores, ofreció descuentos en principio del 30% en el pago mensual de la deuda, lo que fue equivalente a reducir el servicio de la deuda y no el saldo deudor.
El programa fracasó por las siguientes razones:
A) Por el efecto que produce el esquema UDIS, combinado con el deterioro del salario real, que se explicó anteriormente.
B) Los descuentos en el servicio de la deuda fueron temporales y cada vez menores, en los primeros meses los descuentos fueron equivalentes a reducir la tasa a niveles cercanos al 5%. Sin embargo, en octubre de 1996 se incrementó la tasa en más de un punto porcentual y posteriormente se redujeron los descuentos.
C) Finalmente, las reducciones no se hicieron en el saldo deudor, sino sólo en el servicio de la deuda, lo que provocó un efecto transitorio y no permanente.
Las Administradoras de Cartera:
Como resultado del proceso de Rescate Bancario, el FOBAPROA heredó al IPAB la totalidad de las operaciones de compra de cartera que realizó, quedando en un principio bajo la administración del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
El 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, bajo el cual, conforme a su Ley, se regirían todas las operaciones de venta de activos que realizara el Instituto.
El programa de enajenación de bienes, emanado del Título III capítulo II y del artículo décimo tercero transitorio, de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, contempló la aparición de entidades privadas, llamadas “Administradoras de Cartera” como los organismos intermediarios y especializados que adquirirían estas carteras directamente del IPAB y las “cobrarían” a los deudores.
Este marco jurídico ha provocado que, las administradoras de cartera, hayan encontrado un clima propicio para “lucrar“ con la deuda de millones de mexicanos, actuando meramente como intermediarios y adquiriendo hasta el momento cartera por un valor total de 58,898 millones de pesos, por la cual han pagado aproximadamente 10,121 millones de pesos, es decir, que por cada peso que ha vendido el IPAB, sólo ha recuperado en promedio 17 centavos, cifra muy por debajo del 30% que alguna vez, estimaron recuperar las autoridades gubernamentales.
Por si lo anterior fuera poco, las administradoras de cartera a su vez, están vendiendo la cartera adquirida a un promedio de 80 centavos, es decir, están cuatriplicando el precio de adquisición y con ello el costo para los deudores que se acercan a estas administradoras a reestructurar sus créditos.
Lo anterior coloca a las empresas administradoras de cartera como los grandes beneficiados del problema de los deudores, ya que al adquirir la deuda del IPAB, con un descuento de 83% en promedio, este margen se ha traducido en un beneficio directo para las administradoras y no para los deudores, pues gracias a esto el IPAB ha dejado de recibir aproximadamente 48,000 millones de pesos en lo que va del año, y los deudores no han podido recomprar su deuda en el precio al que está vendiendo el IPAB.
Por lo anteriormente expuesto y con el objeto de adecuar el marco jurídico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, con el fin de que se encuentre en la posibilidad de ofrecer a los pequeños y medianos deudores la posibilidad de recomprar sus deudas, sin la intermediación de las administradoras de cartera, otorgando una especie de “derecho al tanto”.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario de Convergencia por medio del que suscribe, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente:
Iniciativa de Ley que Adiciona el Artículo 62-BIS de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario
Artículo 62-BIS.-
Cuando los bienes definidos en el artículo 61 de esta Ley, se refieran a créditos que hayan sido otorgados por las instituciones bancarias, entre 1994 y 1998 y cuyo monto original no hubiese sido mayor de $1,000,000 (un millón de pesos), el Instituto deberá enajenarlos de manera directa.
Para ello, el Instituto elaborará un Programa que deberá sujetarse a los siguientes criterios generales:
I) El programa que llevará a cabo el Instituto debe ser autofinanciable, es decir, que el Instituto incorporará dentro del precio de venta de la cartera en cuestión, los gastos administrativos adicionales que el programa le genere.
II) Con objeto de reducir los gastos administrativos el Instituto deberá gestionar con las instituciones bancarias y con la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el aprovechamiento de la infraestructura disponible de tal manera que coadyuven en la consecución del Programa, para servir como ventanilla de gestión.
III) En reciprocidad al apoyo recibido durante el rescate bancario, los bancos no podrán cobrar comisión alguna por el apoyo otorgado en la operación de este programa.
IV) El Instituto publicará listas pormenorizadas de los créditos que se encuentren en la situación descrita en este artículo, de manera tal, que los deudores puedan enterarse y asistir a las oficinas bancarias o de la CONDUSEF, a iniciar el proceso de recompra de sus créditos.
V) El precio de venta de la cartera a que se refiere este artículo no podrá exceder de los 35 centavos por cada peso, al valor original del crédito.
VI) Si los créditos referidos se encuentran dentro de las “Transacciones Reportables”, los bancos asumirán el 100% del descuento a que se refiere la fracción V de estas reglas generales.
VII) Ninguna persona física o moral que sea de reconocida solvencia económica, bajo ninguna circunstancia, podrá participar en este programa, aun cuando sus deudas se encuentren dentro de las carteras referidas en el artículo 62-bis de esta Ley.
VIII) Cuando la cartera a que se refiere el artículo 62-bis de esta Ley haya sido cedida en administración a alguna “administradora de cartera” el Instituto la recuperará y la incorporará al Programa.
IX) Cuando la cartera referida en el artículo 62-bis haya sido vendida por el Instituto, a alguna administradora de cartera, el Instituto la recomprará a las administradoras, para lo cual pagará el mismo precio al que la vendió.
Del Dip. Fernando Alberto García Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 6 de la Ley de Planeación.
INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LA LEY DE PLANEACIÓN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
El suscrito, Fernando Alberto García Cuevas, Diputado de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa que reforma los artículos 5 y 6 de la Ley de Planeación, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión, en su artículo 73 fracción XXIX-D, para expedir leyes de planeación del desarrollo económico y social. Asimismo, en el artículo 26 de dicha Carta Magna, se establece que todo el sistema nacional de planeación democrática, que sujeta la formulación de las políticas públicas, del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas operativos anuales, de la planeación sectorial, institucional, regional y especial, incluyendo el proceso de determinación del flujo ingreso-gasto de la federación, tiene que establecerse con arreglo al proyecto de país que esta contenido en la Constitución Política.
Desde esta perspectiva, la planeación es un sistema articulador de recursos, capacidades y voluntades de todos los sectores que componemos el Estado. La ley de Planeación prevé un tratamiento jurídico específico para involucrar a las entidades públicas, sociales y privadas, en torno a objetivos globales y de mediano alcance, como son los contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo que propone el Ejecutivo, que aprueba el Congreso y que es consultado entre las instituciones públicas y la sociedad, en los términos de la ley, es obligatorio para el gobierno, coordinado para las entidades federativas e inductivo para la sociedad civil, conjuntado el gran potencial material y humano de México, alrededor de la idea de la Nación que deseamos construir para sortear las dificultades presentes, aprovechar las oportunidades y ensanchar el camino de nuestro desarrollo cultural, democrático, económico y social.
Sin embargo, el ejercicio prospectivo que establece nuestro sistema jurídico vigente se agota en la inmediatez sexenal. Desafortunadamente, cada seis años ocurre la reinvención del país y se pierde la continuidad de planes y proyectos valiosos, cuya consolidación puede llevar mucho más tiempo, pero que se pierden en el contexto de la amplia movilidad política e institucional que caracteriza a nuestras instituciones de gobierno. El desarrollo de las políticas públicas, el ejercicio presupuestal, la estrategia de ingresos, las relaciones entre poderes y los vínculos con la economía y la sociedad se circunscriben al acotado periodo de seis años, en el mejor de los casos.
Por otro lado, el proceso de globalización trae consigo un elevado nivel de incertidumbre en las variables económicas y políticas, que llevan a modificar muchas de las metas en los planes y proyectos para tratar de adecuarlos a los nuevos tiempos o en el mayor de los casos dejarlos en el olvido. La falta de un mapa de gobierno, como referente político aceptable para toda la sociedad conlleva una pérdida de visión, de cohesión y de unidad de la Nación, que es necesario entender, asumir y resolver mediante un sistema de planeación estratégica, que sea capaz de generar una visión de país de largo plazo que articule el proyecto constitucional con toda la gama de planes y programas de gobierno, superando el escollo de los límites de un sexenio.
Necesitamos un sistema de planeación que, sin perder de vista el horizonte de largo alcance, permita que las instituciones públicas asimilen la realidad del cambio constante y acelerado que caracteriza a nuestra sociedad en todos los órdenes. Proponemos, mediante un mecanismo participativo, el establecimiento de una visión de futuro del país que contenga nuestras aspiraciones y objetivos, para hacer realidad la gama de derechos constitucionales, que guíe los planes sexenales de manera articulada y sincrónica, de tal forma que ellos representen las especificaciones necesarias para realizar los objetivos de dicho proyecto de largo plazo.
Con un mecanismo prospectivo de esta naturaleza queremos proveer una herramienta política y jurídica para favorecer el desarrollo integral del país, ya que tenemos la certeza de que el gobierno no debe actuar solo ante la coyuntura, sino que debe hacerlo con una visión de largo plazo, para evitar que las circunstancias inmediatas o los tiempos que marcan los ciclos de la administración pública, así como las contingencias externas o internas terminen por imponer sus urgencias y por desarticular nuestro más importante capital político, que es la unión y el esfuerzo común.
Si mantenemos el Sistema Nacional de Planeación Democrática en su situación actual, sin adecuarlo a las nuevas condiciones de una mayor complejidad social y de una dinámica interacción intra y extra nacional, las políticas públicas seguirán caracterizándose por una serie de actos deshilvanados, sin armonía y complementación. Sin capacidad de visualizar la Nación que queremos construir en el largo plazo, la sociedad carecerá permanentemente de un punto de referencia para también darle orden y sentido a sus propias iniciativas.
Partimos de la premisa de que la globalización no impone la pérdida de la capacidad rectora del Estado Democrático. Pero es necesario realizar este ejercicio de actualización, para que salgamos del estadío prevaleciente en el que vemos cómo esta herramienta de gobierno, paulatinamente se transforma en un ejercicio retórico, estéril, que se pierde con la misma rapidez con la que se estructuran los planes nacionales de desarrollo. Buscamos un esfuerzo, sobre la base de una nueva institucionalidad jurídica y administrativa, de previsión, racionalidad, orden, coordinación, un diálogo amplio y la posibilidad de una conciliación eficaz entre los intereses individuales, intermedios y generales de la sociedad.
Esta Iniciativa propone que, mediante un mecanismo similar al que se sigue para la elaboración de los planes nacionales, se establezca en la ley de planeacion el diseño e integración de una Gran Visión, enmarcada en una perspectiva de 30 años, que sea el referente tanto de los planes, como de los programas, los presupuestos y la evaluación y control del desempeño de la administración pública, debiendo hacer referencia a ella el Ejecutivo Federal y las dependencias y entidades, en sus informes anuales.
Esta Gran Visión surgiría de una comisión especialmente creada para este fin, con la participación del Poder Ejecutivo, el Congreso, las dependencias, las entidades federativas, los gobiernos locales, las instituciones académicas, investigadores, especialistas en prospectiva, universidades y la sociedad civil.
Queremos precisar que este sistema de planeación de largo plazo no implicaría imponer una camisa de fuerza a los gobiernos federales, entendiendo que la consolidación democrática conlleva la alternancia y que ello trae consigo el legítimo derecho de cada gobierno de imprimir su orientación al rumbo general del desarrollo, pero también considerando que la visión del gobierno no es la única ni la prevaleciente, si no que también asumimos que en la sociedad existen valores comunes y una percepción de lo que se desea alcanzar en el futuro, que también debe reconocerse, respetarse y operarse, como un insumo prioritario para la gobernabilidad democrática de nuestro desarrollo.
Por ello, reconociendo la preocupación reiteradamente expresada por los partidos políticos, sus grupos parlamentarios, los senadores y diputados en lo individual, así como los diversos sectores sociales, medios de comunicación y la ciudadanía en general, acerca de la falta de un rumbo claro y con visión de futuro, que permita realizar la suma de esfuerzos y fortalecer la identidad nacional, proponemos, mediante esta Iniciativa, el establecimiento de un proyecto estratégico denominado “Gran Visión” mediante la reforma de los artículos 5 y 6 de la Ley de Planeación conforme al siguiente,
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único: Se reforman los artículos 5 y 6 de la ley de planeación, para quedar como sigue:
Artículo 5. El Presidente de la República será responsable de convocar durante el primer mes del inicio de su gobierno a los Poderes de la Unión, de las entidades federativas y municipios, así como a la sociedad, para la elaboración del proyecto de Gran Visión, que se orientará hacia un plazo de 30 años, especificando objetivos y metas dirigidas hacia el logro del proyecto nacional, contenido en la Constitución Política. Para ello se auxiliará de las dependencias y entidades de la Administración Pública a efecto de realizar las proyecciones estadísticas y escenarios que permitan darles viabilidad.
El Presidente de la República constituirá una comisión especial, que presidirá, integrada por los poderes y por representantes de los diversos sectores sociales para su elaboración.
El proyecto de Gran Visión se remitirá al Congreso de la Unión para su conocimiento y la formulación de las observaciones que considere pertinentes. Habiendo sido aprobado por ambas cámaras será publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Durante el periodo de su vigencia, en el inicio de una nueva administración federal, el Presidente de la República en el ejercicio de su mandato, realizará una nueva convocatoria e integrará la comisión correspondiente, a efecto de actualizar el proyecto de Gran Visión, respetando el lapso restante de su periodo proyectado.
El Presidente de la República remitirá el plan…
Artículo 6. El Presidente de la República al informar al Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales señalando su vinculación con el proyecto de Gran Visión así como del alcance logrado en su consecución.
Transitorio.
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo a 14 de junio de 2004
DIP. FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS
De la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto para reformar los artículos 72 y 78 constitucionales.
Martha Palafox Gutiérrez
DIPUTADA FEDERAL
Iniciativa de Ley con proyecto de decreto que reforma el articulo 72, inciso b y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta la Diputada Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PRI.
Exposición de motivos.
El derecho de vetar leyes que decreta el Congreso de la Unión, por parte del Presidente de la Republica, que se señala en el articulo 72 de la Constitución de los Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy importante para la vida Republicana de la nación.
Hacer uso de este derecho, requiere de la mayor responsabilidad por parte del Ejecutivo ya que coadyuva al equilibrio de poderes y fortalece la democracia.
No actuar con suficiente conciencia, prudencia y seriedad de lo que significa para el país esta facultad que tiene el Presidente de la República, puede dar señales a la ciudadanía que la confundan, mostrando un aparente enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en nada abona al equilibrio de poderes; o quizá, realmente sea una actitud revanchista del Ejecutivo con el Legislativo. Si no fuera así, ¿porque no publicar los Proyectos de Decreto que ya aprobó el Congreso de la Unión y que es obligación constitucional que así lo haga el Presidente de la Republica? En nada abona al equilibrio democrático si el Ejecutivo de la nación toma una actitud desafiante con el Poder Legislativo.
Este exceso en que incurre el Presidente de la República, al no publicar en el Diario Oficial de la Federación los Proyectos de Ley que han sido aprobados por el Congreso de la Unión, atenta en contra de las Instituciones del país, incluido el propio Poder Legislativo y la propia Institución Presidencial.
Casos como la reforma al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como el Proyecto de Reforma a Ley de Instituciones de Salud, que adiciona una fracción V Bis al articulo 5, y un articulo 7 Bis al capitulo I, son solo un ejemplo. En esta última, que entre otras cosas crea el Instituto Nacional de Medicina Geonómica y que por un prurito ideológico o por una actitud con tintes de intolerancia, se retrace la publicación de este proyecto tan trascendental para la vida médica y científica del país, todo esto porque en el Senado de la República se modificó el dictamen original que le envió la Cámara de Diputados.
La minuta devuelta por el Senado a la Cámara de Diputados originó un debate álgido e innecesario, solo porque en el artículo 7 Bis, la cámara revisora quitó el último párrafo del artículo 7 Bis que a la letra dice "y en ningún caso podrán ser sujetos de investigación las células troncales humanas, de embriones vivos, o aquellas obtenidas por transplante nuclear" es decir, los senadores coincidieron que la medicina genómica no tiene que ver con la clonación humana, con la manipulación de embriones, ni con la manipulación de células madres, ni con la reproducción asistida. Lo mismo que en la Cámara de Diputados. El debate, con la misma coincidencia en el fondo, era si se quedaba o quitaba ese párrafo.
De manera desafiante el ejecutivo no solo no ha aprobado este Proyecto de Decreto, sino de acuerdo a lo publicado en algunos medios de comunicación (se anexan recortes de prensa) el Presidente de la República, por Decreto, crea el Centro de Medicina Geonómica, es decir una actitud poco seria con la a la propia iniciativa que él envío a la Cámara de Diputados.
Por todo ello y con el objeto de este tipo de situaciones se eviten en lo posible, ya que en nada coadyuvan al equilibrio de poderes, es que vengo ante esta Asamblea Permanente a proponer que se reforme el 72 inciso b de la Constitución de la República, eliminando de dicho inciso el ultimo párrafo que a la letra dice "a no ser que corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso este reunido".
Así también se propone reformar el artículo 78 de nuestra Carta Magna, para incluir dentro de las facultades de la Comisión Permanente, el que esta pueda recibir Proyectos de Decreto aprobados por el Congreso de la Unión, que contengan observaciones por parte del Ejecutivo.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución de la Republica y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante esta soberanía a proponer la siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma los artículos 72, inciso b y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 72....
b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de origen, dentro de 10 días útiles.
articulo 78....
III Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras, así como los proyectos de decreto, aprobados por el Congreso de la Unión, que contengan observaciones por parte del Ejecutivo.
Transitorio.
Único: El siguiente Decreto entrara en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de julio del 2004
De la Dip. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto para reformar el artículo 54 constitucional.
Martha Palafox Gutiérrez
DIPUTADA FEDERAL
Iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo 54, fracciones V y VI de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, que presenta la Diputada Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Exposición de motivos.
Dentro de la reforma del estado, la reforma electoral es trascendental para fortalecer la vida democrática de nuestro país. Que bueno que en el Congreso de la Unión se discute, entre los diferentes grupos parlamentarios, junto con el ejecutivo federal, esta reforma, cuya finalidad es contar con un nuevo marco jurídico que evite dispendios en los procesos electorales; que regule las precampañas; lo mismo que el uso de prerrogativas, sobretodo en medios de comunicación electrónicos; que prohíba a los partidos nuevos hacer alianza o coalición en su primera elección, entre otras consideraciones.
Todo ello, va haciendo que nuestra democracia se perfeccione, teniendo al Instituto Federal Electoral (IFE) como la institución garante, para hacer de los procesos electorales, verdaderos ejercicios democráticos creíbles, transparentes, donde se respeta el voto ciudadano y los votos cuenten y también se cuenten.
Visto hacía atrás, nadie podría negar que, después de varios lustros, nuestro país ha registrado grandes avances en materia electoral. Esto ha permitido transitar, de manera pacífica y gradual, a la democracia.
Hoy la autoridad de quienes nos gobiernan surge del voto libre y secreto de la ciudadanía. Pero también la transición democrática de México no se explicaría sin el IFE. Hoy el IFE es una institución pública con mayor prestigio y credibilidad ante el pueblo de México.
Nacido en octubre de 1990, como resultado de una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobadas en 1989, y de la expedición de una nueva legislación reglamentaria como lo es el Código Federal de Instituciones procedimientos Electorales (COFIPE), en agosto de 1990; desde esa fecha, al IFE le ha correspondido ser el responsable directo de cuando menos cuatro procesos electorales federales incluidos dos para Presidente de la República (1994 y 2000). El IFE también, ha experimentado importantes reformas como la de 1993 donde se facultó a los órganos del lFE para la declaración de validez y la expedición de constancias para la elección de Diputados Y Senadores, así como para establecer topes a los gastos de campaña de elecciones.
En 1994, la reforma le dio mayor peso e influencia a los Consejeros, confiriéndoles la mayoría de los votos, además de ampliar las atribuciones de los órganos de dirección a nivel estatal y distrital.
En 1996, las reformas constitucionales y al COFIPE, reforzó la autonomía e independencia del IFE, desligándolo totalmente del Poder Ejecutivo y reservar el voto dentro de los órganos de dirección, exclusivamente para los consejeros ciudadanos.
En 1996, también se reformo al articulo 54 de la Constitución de la República, incluyendo una fracción V a dicho artículo, donde en uno de sus párrafos se señala que "en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida". Este ocho por ciento, se aplica para la distribución de diputaciones plurinominales del partido que resulte con mayor número de votos en elecciones federales.
Diez años antes, el no tener este 8% significo la existencia de mayorías en la Cámara de un sólo partido, incluso mas allá de 300 diputados, situación que ahora se prohibe, de acuerdo a la fracción IV del artículo 54 de nuestra carta magna que a la letra dice "Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios".
Sin embargo, la norma no tiene porque ser inamovible o estática, mas aun que hoy en nuestro país las elecciones son verdaderamente competidas, los márgenes entre un partido que gana o pierde son muy reducidos.
Es decir, en la época actual, ningún partido tiene asegurado su triunfo en las urnas, además de contar ahora, con una institución autónoma e independiente, como lo es el IFE, para garantizar elecciones, limpias, creíbles, transparentes a los ojos del pueblo de México y de otros países.
Por eso, creo que este 8% ha sido superado. Tuvo su razón de ser y creo que válido y hasta justo para aquellos tiempos. Hoy, insisto, el famosos ocho por ciento ha sido superado. Pero además, ahora su aplicación crea más polémica que certeza y equidad en la asignación de plurinominales. Incluso, para definir la "votación nacional emitida", ya no se sabe si se refiere a la votación total, menos los votos nulos y de los candidatos no registrados. O si a lo anterior, habría que incorporarles el número de votos de los partidos que no alcanzaron su registro oficial.
La Constitución de la República señala el 8% aplicado al porcentaje de votación nacional emitida. El COFIPE, en el artículo 12 inciso 2 dice "en la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido e12% y los votos nulos".
En la realidad, ha habido confusión entre votación total emitida y votación nacional emitida. Esto tiene sentido, porque a la hora de asignar los disputados de representación proporcional, considerar uno u otro concepto, tiene incidencia directa en los cocientes simples, lo mismo con el 8% para el partido que obtuvo mayoría en la votación. No es lo mismo aplicar o sumar el 8% al porcentaje obtenido del partido político de la votación total emitida, que aplicarlo a la votación nacional emitida.
Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, pido de ustedes su voto a favor para esta reforma constitucional. Insisto, hoy las elecciones en nuestro país son verdaderamente competidas. No tiene ninguna razón el seguir manteniendo, como norma constitucional, este 8%, que lejos de garantizar equidad en la asignación de diputados de representación proporcional, crea confusión, y muchas veces privilegia la inequidad, castigando a algunos partidos y favoreciendo a otros.
Por lo anterior, y con fundamento en el Artículo 71, fracción II de la Constitución de la República y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante esta soberanía a proponer la siguiente.
Iniciativa de Ley.
Que reforma el Artículo 54, fracción V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje mayor al 60% del total de la Cámara.
VI. En los términos establecidos en las fracciones III, IV y V, anteriores, las diputaciones de representación proporcional, se asignarán a cada partido político, con derecho a ello, en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa al porcentaje que obtenga, en relación a la votación nacional emitida y aplicado directamente a las listas plurinominales de cada circunscripción.
Transitorio.
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de julio del 2004.
Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre del Dip. Francisco Carrillo Soberón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto Interpretativo de la fracción I, artículo 30 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
P r e s e n t e.
Los suscritos diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 70, 71, fracción II y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO INTERPRETATIVO DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 30 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que en la sesión del 9 de junio de 1824 del Constituyente originario, la discusión del artículo 64 de la Constitución Federal se centró en la interpretación, modificación o derogación de las leyes o decretos, estableciendo que se guardarían los mismos requisitos prescritos para su establecimiento.
Que en ésta discusión, se destacan los argumentos del diputado Florentino Martínez quien manifestó “que si en la interpretación de las leyes intervinieran las dos cámaras, podría darse el caso que una interpretara de una forma y la otra de manera distinta, y no pudiendo convenir ambas, quedando así la ley incierta o confusa”; así como los de Crescencio Rejón, quien manifestó que “si corridos los trámites correspondientes, resultaba desechada la interpretación dada por una cámara, se podrían dar otras, hasta que se aprobara alguna, siendo imposible que se dejará de hacer, porque las cámaras no podrían dar interpretaciones exóticas é inadmisibles”, siendo los más destacados para aprobar la interpretación legislativa en el Constituyente de 1824.
Que otro antecedente sobre la interpretación legislativa, es la discusión de la sesión ordinaria del 6 de diciembre de 1836, en la cual, por unanimidad de votos, se aprobó el artículo 5° para establecer que: “sólo al Congreso General toca resolver las dudas de artículos constitucionales”; facultad que fue incorporada en la Séptima Ley, de las Siete Leyes Constitucionales de 1836.
Que en el dictamen del Supremo Poder Conservador de 16 de octubre de 1839, se reiteró, que solo al Legislativo corresponde la interpretación y declaración auténtica de sus leyes fundamentales. De ahí, que debía turnarse todo el expediente a la Cámara de Diputados, a fin de que el Congreso General dictara la declaración correspondiente, interpretando algún artículo de la Constitución de 1836.
Que en el proyecto de Constitución del 25 de agosto de 1842, signado por José F. Ramírez Díaz y Pedro Ramírez Guevara, la fracción VIII, del artículo 112, establecía como atribución de la Corte de Justicia: “el oír las dudas de los tribunales sobre la inteligencia de alguna ley general, y juzgándolas fundadas, consultar sobre ellas al Congreso, iniciando la declaración conveniente”; con lo que se obligaba a la Corte Suprema a consultar las dudas sobre la inteligencia de una ley general. Además, correspondía al Senado resolver definitivamente las dudas que les propongan los gobernadores en el caso de la fracción 2 del artículo 148. Si el senado no diere su resolución dentro de los quince días de su recibo, quedará deferida aquella a la Cámara de Diputados.
Que el artículo 63 de las Bases Orgánicas de la República de 1843, estipulaba que en la interpretación, modificación o revocación de las leyes y decretos se guardarían los mismos requisitos que deben observarse para su formación.
Que la facultad interpretativa del Poder Legislativo, fue suprimida en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el día 5 de febrero de 1857, pero se restablece, con la reforma del artículo 71, de 13 de noviembre de 1874 y posteriormente se vuelve a plasmar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 y hasta nuestros días.
Que en la actualidad, la Carta Magna en el artículo 70, establece que toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto y que la facultad prevista en el artículo 72, inciso f), de la Ley Fundamental, se erige como un mecanismo de control, incluso, superior a la jurisprudencia; ello en razón de que la obligatoriedad de esta última se encuentra limitada por la ley; en cambio la interpretación del Poder Legislativo tendría formalmente el rango de ley ya que sus actos, pueden adoptar la forma de ley o decreto, y por ende, sería obligatoria para todos los órganos que la aplican así como para los gobernados, que deben cumplirla.
Que el Congreso de la Unión al ejercer la facultad referida, se convierte en auténtico intérprete, tanto de las leyes federales como de la Constitución, en este último caso la comparte con las asambleas legislativas locales, en sus respectivos ámbitos.
Que el procedimiento contenido en el inciso f), del artículo 72 de la Carta Fundamental, es conocido como duda de ley, mismo que sigue el procedimiento de formación legislativa, y con el cual se caracteriza al Congreso de la Unión como intérprete auténtico.
Que no obstante la facultad contenida en el citado inciso f), del artículo 72 de nuestra Constitución, mediante la cual erige al legislador ordinario en intérprete vinculante, son nulas las veces que recurre a ella.
Que el motivo del presente decreto, es ejercer la facultad anteriormente expuesta, con el único propósito de interpretar la fracción I, del artículo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004.
Que el artículo sujeto a interpretación, establece diversas medidas adicionales de racionalidad y eficiencia a las que tanto el Ejecutivo Federal como las dependencias y entidades estarán obligados a cumplir.
Que entre las medidas de racionalidad y eficiencia contenidas en el artículo indicado, se encuentra el Programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas, previsto en la fracción I.
Que el Programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas, en el aspecto laboral, consiste en:
A. No creación de nuevas plazas en ningún nivel.
B. No incremento salarial a funcionarios públicos de mandos medios y superiores o niveles homólogos.
C. Ajuste estructural de las dependencias a tres subsecretarías o niveles salariales equivalentes.
D. Ajuste estructural para mantener una relación de tres directores generales adjuntos por Unidad, Coordinación y Dirección General o niveles salariales equivalentes.
E. Reducción de estructuras y gastos de administración de delegaciones, oficinas y representaciones en los Estados que tengan las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades.
F. Reducción de estructuras y gastos de administración de las representaciones y oficinas en el extranjero que tenga el sector central del Gobierno Federal, así como las demás dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades.
G. Compactación de estructuras en oficialías mayores o unidades administrativas que realicen funciones equivalente.
H. Compactación de estructuras en coordinaciones administrativas.
I. Compactación de estructuras de oficinas que lleven a cabo funciones de comunicación social.
J. Compactación de estructuras en oficialías mayores o unidades administrativas con función equivalente, coordinaciones administrativas, oficinas de comunicación social y de enlace.
K. Reducción al mínimo indispensable de gastos de administración en oficialías mayores o unidades administrativas con función equivalente, coordinaciones administrativas, oficinas de comunicación social y de enlace.
L. Eliminación de secretarías particulares en Unidades, Coordinaciones y Direcciones Generales o equivalentes, así como unidades administrativas de menor jerarquía.
M. Eliminación de asesorías o puestos equivalentes de estructuras en Unidades, Coordinaciones y Direcciones Generales o equivalentes, así como unidades administrativas de menor jerarquía.
Que el primer párrafo del artículo 40 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, establece que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, y sujetándose al Presupuesto, emitirán el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.
Que en términos del artículo único, numeral 5. Definiciones, del Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, expedido mediante Acuerdo por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo del 2004, un funcionario público (servidor público) es la persona al servicio de la Administración Pública Federal que asume funciones de iniciativa, decisión y mando en la dependencia o entidad a la que está adscrita, como son: Jefe de Departamento, Subdirector de Área, Director de Área, Director General Adjunto, Director General, Coordinador General, Jefe de Unidad, Oficial Mayor o equivalente, Subsecretario, los puestos homólogos a cada uno de los anteriores; Secretario de Estado, así como sus equivalentes en las entidades.
Que tomando en cuenta las consideraciones vertidas, y atendiendo a los métodos de interpretación gramatical y sistemático, se interpreta la fracción I, del artículo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, en el sentido, de que el Programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas, en el aspecto laboral, sólo es aplicable a los funcionarios públicos definidos por artículo único, numeral 5. Definiciones, del Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo del 2004, y por lo tanto, se excluyen del programa al personal operativo, de base y de confianza.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Soberanía, el siguiente:
DECRETO INTERPRETATIVO DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 30 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004.
ARTICULO ÚNICO.- El Programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas, previsto en la fracción I, del artículo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, sólo aplica a los funcionarios públicos, definidos por artículo único, numeral 5. Definiciones, del Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo del 2004, respetando la legislación laboral vigente, y por lo tanto, están excluidos del Programa el personal operativo, de base y de confianza.
TRANSITORIO
UNICO El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a 24 de junio del 2004.
SUSCRIBEN
FRANCISCO CARRILLO SOBERÓN
Diputado Federal
GILBERTO ENSÁSTIGA SANTIAGO
Diputado Federal
Del Sen. Wadí Amar Shabshab, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 83 y 85 constitucionales.
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 83 Y 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El suscrito Senador Wadi Amar Shabshab integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 83 y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La nueva configuración democrática en la vida política del país reclama una adecuación de nuestras instituciones para hacerlas funcionales. La relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo debe favorecer el diálogo y la colaboración para resolver los grandes problemas nacionales.
Para adecuar nuestras instituciones dentro de un marco democrático, necesitamos modificar la toma de posesión del Presidente de la República para eliminar el prolongado período en que coexisten un presidente en funciones y otro recién elegido. Esta situación genera tensiones innecesarias que contribuyen a enrarecer el ambiente político y económico. La estabilidad alcanzada en un sexenio se puede erosionar en unas cuantas semanas debido a este vacío de poder.
Pero, sobre todo, es muy difícil que el presidente entrante disponga, en pocos días, de toda la información necesaria en cuestiones económicas para la formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos. Cuando asume su encargo solamente dispone de quince días para presentar ante el Congreso su plan económico del siguiente año. Y por su parte, el Congreso tiene como fecha límite el 31 de diciembre para su discusión y aprobación.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable Pleno el presente proyecto de
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 83 Y 85 DE LA CONSITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTDOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único.- Se reforma el artículo 83 y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 83.
El presidente entrará a ejercer su encargo el 1° de septiembre y durará en el período seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con carácter de interino, provisional o substituto, en ningún caso por ningún y motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
Artículo 85.
Si al comenzar un período constitucional no se presentase el presidente electo por la elección presidencial no estuviese hecha y declarada el 1° de septiembre, cesará sin embargo, el presidente cuyo período haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En la Ciudad de México a los siete días del mes de julio de 2004
SENADOR WADI AMAR SHABSHAB
Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Marcos Morales Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 30 y 31 y deroga la fracción VII del artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 30 Y 31 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
El que suscribe, Diputado Federal Marcos Morales Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma a los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
Las altas tarifas eléctricas en los últimos años han sido motivo de irritación para la ciudadanía, ya que éstas se han incrementado mucho más que los índices de precios, ello sin motivo aparente. El problema es que las tarifas son determinadas de manera discrecional por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin la participación de otras instancias ni de la sociedad civil.
Las tarifas son los derechos que se pagan por un servicio público, en este caso el suministro de electricidad. De acuerdo a un documento de la Secretaría de Energía[1] :, “La estructura de las tarifas eléctricas en México se determina de acuerdo al uso de la energía, la tensión de suministro, los tipos de medición y/o los patrones de consumo de los distintos segmentos de usuarios. Cada tarifa tiene una estructura de cargos (o precios) que corresponde a los diferentes conceptos por los que se cobra energía. Es decir, existen los:
• cargos fijos, por concepto de comercialización de la energía;
• cargos por demanda, para cubrir los requerimientos de inversión que se necesitan para la generación y transmisión de la energía, y
• cargos por energía, que corresponden a los costos de operación y mantenimiento requeridos para suministrar la energía demandada”.
Sin embargo, las tarifas eléctricas que se cobran en México resultan inconsistentes con el crecimiento del nivel general de precios, y lo que es peor, igual con los incrementos al salario. Como puede apreciarse en el Cuadro 1 y la Gráfica 1, de acuerdo con datos del Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno del C. Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, así como de la página electrónica de la Secretaría de Energía[2], el crecimiento de las tarifas eléctricas por servicio doméstico de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ha sido muy superior al crecimiento de la inflación en el período 1990-2003, medidos a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
CUADRO 1
|ÍNDICES NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO Y DE LAS |
|TARIFAS |
|DEL SERVICIO DOMÉSTICO DE ELECTRICIDAD. |
|MÉXICO, 1990-2003. |
|(1990=100) |
| | | | | | | |
| |AÑO |INPC |SALARIO |TARIFAS |TARIFAS | |
| | | |MÍNIMO |CFE |LFC | |
| | | | | | | |
| |1990 |100.00 |100.00 |100.00 |100.00 | |
| |1991 |103.50 |108.27 |132.66 |144.37 | |
| |1992 |106.14 |105.78 |150.64 |164.24 | |
| |1993 |108.12 |111.92 |153.22 |167.81 | |
| |1994 |110.01 |117.05 |157.09 |173.10 | |
| |1995 |124.87 |133.27 |161.17 |178.76 | |
| |1996 |136.91 |153.53 |176.26 |195.44 | |
| |1997 |145.64 |147.53 |186.72 |205.96 | |
| |1998 |157.59 |168.89 |194.60 |212.18 | |
| |1999 |166.98 |163.27 |200.84 |219.66 | |
| |2000 |174.65 |168.49 |209.37 |227.95 | |
| |2001 |178.75 |173.02 |215.63 |233.60 | |
| |2002 |184.30 |175.61 |238.49 |261.85 | |
| |2003 |188.40 |177.84 |249.02 |263.34 | |
| | | | | | | |
Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno del C. Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, y de la Secretaría de Energía (Página Electrónica).
[pic]
FUENTE: Cuadro 1
Como puede observarse, las tarifas por el servicio doméstico de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) cobran a sus clientes, se han incrementado desde 1990 en 149% y 163% en términos reales, respectivamente. Lo anterior resulta muy superior al propio aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en ese lapso, que aumentó un 88.4%, y peor aún, del Salario Mínimo General Diario, que en el mismo período se incrementó solamente un 77.8%.
Lo anterior pone en evidencia que el fuerte aumento de las tarifas eléctricas ha contribuido de manera relevante al deterioro del poder adquisitivo de los mexicanos y ha afectado negativamente y de manera muy importante la economía familiar. De acuerdo a un documento del Servicio de Investigación y Análisis de la H. Cámara de Diputados, el incremento de las tarifas eléctricas afecta a los sectores más desfavorecidos económicamente, toda vez que son éstos los que destinan una mayor proporción de su ingreso al pago del servicio de energía eléctrica[3].
Por si esto fuera poco, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que las tarifas por el servicio de energía eléctrica doméstica en México, resultan mayores a las que se aplican en países como Italia e Inglaterra[4], y cuyos habitantes poseen un poder adquisitivo muy superior. Así, esto resulta del todo inaceptable, y además no parece haber un sustento técnico que justifique estas altas tarifas.
Lo más alarmante es que, de continuar con esta tendencia, en los próximos años la brecha entre las tarifas por el servicio de energía eléctrica doméstica y el valor del salario mínimo continuará ampliándose. Lo anterior resulta claro al observar las proyecciones del comportamiento de las tarifas eléctricas y salario mínimo hasta el año 2010, las cuales se presentan a continuación en el Cuadro 2 y la Gráfica 2:
CUADRO 2
|ÍNDICES NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO Y DE TARIFAS DEL |
|SERVICIO |
| |DOMÉSTICO DE ELECTRICIDAD. | |
| | | |MÉXICO. | | | |
| | |PROYECCIÓN 2004-2010 | | |
| | | |(1990=100) | | | |
| | | | | | | |
| |AÑO |INPC |SALARIO |TARIFAS |TARIFAS | |
| | | |MÍNIMO |CFE |LFC | |
| |(a) |(b) |( c) |(d) |(e) | |
| | | | | | | |
| |1990 |100.00 |100.00 |100.00 |100.00 | |
| |1991 |103.50 |108.27 |132.66 |144.37 | |
| |1992 |106.14 |105.78 |150.64 |164.24 | |
| |1993 |108.12 |111.92 |153.22 |167.81 | |
| |1994 |110.01 |117.05 |157.09 |173.10 | |
| |1995 |124.87 |133.27 |161.17 |178.76 | |
| |1996 |136.91 |153.53 |176.26 |195.44 | |
| |1997 |145.64 |147.53 |186.72 |205.96 | |
| |1998 |157.59 |168.89 |194.60 |212.18 | |
| |1999 |166.98 |163.27 |200.84 |219.66 | |
| |2000 |174.65 |168.49 |209.37 |227.95 | |
| |2001 |178.75 |173.02 |215.63 |233.60 | |
| |2002 |184.30 |175.61 |238.49 |261.85 | |
| |2003 |188.40 |177.84 |249.02 |263.34 | |
| |2004 |200.35 |194.04 |253.08 |275.50 | |
| |2005 |209.70 |200.98 |259.71 |281.19 | |
| |2006 |219.04 |208.26 |268.92 |290.53 | |
| |2007 |228.01 |214.12 |279.74 |301.52 | |
| |2008 |236.16 |219.36 |290.21 |312.11 | |
| |2009 |243.03 |223.63 |300.18 |322.25 | |
| |2010 |250.31 |228.60 |309.32 |331.69 | |
| | | | | | | |
Fuente: Elaboración propia mediante estimación lineal elaborada con el método de mínimos cuadrados, y con información de Anexo estadístico del Tercer Informe de Gobierno del C. Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, y de la Secretaría de Energía (Página Electrónica).
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FUENTE: Cuadro 2.
Además, los incrementos tan desproporcionados a las tarifas eléctricas para uso doméstico, constituyen uno de los factores para que una parte importante de la población que, necesitada del servicio, pero que no puede pagar las tarifas debido a lo elevado de las mismas, ante su necesidad recurre al acto de “colgarse” de las líneas de transmisión del fluido eléctrico, lo que desde luego es ilegal y deja de generar ingresos. De acuerdo a estimaciones que el propio titular de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro hizo a finales del año 2002, las pérdidas que esta situación generó a Luz y Fuerza del Centro ascendieron a cerca de 3,000 millones de pesos anuales[5].
Por todo lo anterior, resulta evidente que la determinación de las tarifas eléctricas domésticas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es una facultad discrecional que sin motivos suficientes el Congreso de la Unión le otorgó a esta dependencia del gobierno federal, mediante la reforma a los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía del 27 de diciembre de 1983. Los precios públicos de la electricidad deben ser determinados enriqueciendo los criterios actuales, no solo de alta recaudación fiscal, de máximo beneficio monetario neto, sino primordialmente con el objeto de cubrir los costos de producción y de inversión, y el de atender a la economía de los consumidores del servicio, incluso diferenciando a aquellos de bajos ingresos (zonas marginadas).
Además, tarifas accesibles resultarían congruentes con los principios de los derechos humanos y garantías consagradas en nuestra Constitución. Para que el derecho a la vivienda sea completo, se debe incluir el servicio de suministro del fluido eléctrico; esto conforme al punto 8 inciso b) de la Observación General Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se interpreta el artículo 11 párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contiene el derecho a la vivienda.
El inciso c) del punto 8 de la observación citada, determina que:
“c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso…”
Este documento interpretativo del Pacto, del que nuestro país forma parte, favorece que las tarifas sean accesibles. El derecho a la vivienda exige una participación más activa del Estado.
Este derecho se encuentra plasmado en nuestro país en la Ley Federal de Vivienda:
“Artículo 2.- Los lineamientos generales de la política nacional de vivienda, son los siguientes:
IX.- El apoyo a la construcción de la infraestructura de servicios para la vivienda, a través de la participación organizada de la comunidad”.
Así, las altas tarifas en electricidad violan normas nacionales e internacionales.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2000 el 95.4 por ciento de los hogares mexicanos contaba con electricidad. La Comisión Federal de Electricidad tiene 17,165,695 usuarios, y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro cuenta con 4,706,593 de usuarios en el sector doméstico.
Se propone que sea el Congreso de la Unión el que apruebe las tarifas eléctricas, con el fin de derogar la discrecionalidad en la fijación de las mismas por parte de las autoridades administrativas, y que las tarifas se determinen también tomando en cuenta las necesidades de los usuarios, los costos de producción y reinversión, el comportamiento del crecimiento del índice nacional de precios, al igual que el del crecimiento del índice del salario. El Congreso de la Unión es instancia competente para aprobar las tarifas eléctricas, conforme al Artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del Artículo 123;”
Lo que se propone también es la creación de una tarifa especial popular que tome en cuenta las respectivas zonas de población marginada y su consumo promedio, con la finalidad de que los usuarios de bajo consumo tengan tarifas especiales más bajas conforme a su capacidad económica, evitando tarifas injustas, y propiciando el evitar que se sigan “colgando” y que esta franja de población pague el fluido eléctrico.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 30 Y 31 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
Primero. Se reforman los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como siguen:
Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe el Congreso de la Unión previa iniciativa del Poder Ejecutivo Federal.
Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de estos, serán aprobados por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Energía, la de Economía, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, serán órganos de consulta técnica para el H. Congreso de la Unión, para determinar las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.
En las tarifas aprobadas por el Congreso de la Unión, se fijarán tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas. También se aprobará la tarifa popular, que tomará en cuenta las zonas marginadas del país y el promedio del consumo.
Segundo. Se deroga la fracción VII del artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Transitorios.
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Energía contaran con un plazo máximo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para determinar cuáles son las zonas marginadas del país a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 31, con el fin de aplicar la tarifa popular.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 07 días del mes de julio de 2004.
Del Sen. Wadí Amar Shabshab, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 174 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 19, 174 Y 212, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
El suscrito Senador Wadi Amar Shabshab integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman los artículos 19, 174 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Es un hecho el gran abstencionismo que se ha registrado en la jornada electoral del pasado 2003 a nivel nacional. Abstencionismo que no ha podido ser erradicado a pesar de los múltiples esfuerzos que ha venido realizando el Instituto Federal Electoral, con el consecuente gasto de recursos públicos que se destinan al efecto en busca de fomentar la concientización de la ciudadanía.
Se debe de reconocer que la celebración de elecciones es una actividad que se considera extraordinaria por la generalidad de las personas, inclusive dicha obligación ciudadana en muchas ocasiones es considerada por las personas localizándola por debajo de actividades recreativas.
Por otra parte, se puede apreciar estadísticamente que durante el mes de julio es de los meses con mayor afluencia de tráfico turístico nacional por la intencional combinación de los períodos vacacionales escolares y laborales, estos últimos tanto en el sector público como el privado.
Es por lo anterior, que para muchas personas el encontrarse fuera de su lugar de residencia ocasiona que se abstengan de votar, ya sea por no traer consigo la credencial de elector, o bien el agotamiento de las boletas electorales en las casillas especiales. Simplemente, en el mes de julio de 2003 la llegada de turistas nacionales se incrementó en 1´581,383 personas con respecto a junio del mismo año en los diversos destinos, cantidad que es significativa al compararse con los poco más de 26 millones de votos emitidos en la pasada jornada electoral de 2003.
Lo anterior, es sin tomar en cuenta a aquellas personas que permaneciendo en el lugar de sus residencia no acuden a votar por encontrarse desarrollando actividades recreativas de diversa índole.
No obstante lo anterior, celebrar las elecciones en el mes de junio en lugar de julio de cada año electoral federal dará un mayor plazo para resolución de las impugnaciones por parte de las autoridades electorales al tener estas un mes más para resolverlas.
Por último, no se puede dejar de reconocer que mediante la presente reforma se facilitará el ejercicio del voto, ayudando así a contrarrestar el abstencionismo.
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 19, 174 Y 212 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
Artículo Único.- La reforma del artículo 19, 174 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 19
1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para elegir:
a) … c) …
b) Senadores, cada seis años; y
c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años.
2. …
ARTÍCULO 174
1. al 3. …
4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de casilla.
5. al 7. …
ARTÍCULO 212
1. …
2. El primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, a las 8:00 horas, los ciudadanos Presidente, Secretario y Escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos que concurran.
3. al 7. …
Transitorios.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En la Ciudad de México a los siete días del mes de julio de dos mil cuatro.
SENADOR WADI AMAR SHABSHAB
Dictámenes de Primera Lectura
De la Primera Comisión, el que contiene proyecto de decreto que concede permisos para prestar servicios en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN POR EL QUE SE CONCEDEN PERMISOS A la ciudadana Teresa Candelario López, para prestar sus servicios como Recamarera en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México Y AL CIUDADANO GABRIEL BASTIDA ESPEJEL PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJA DE LA REPUBLICA AREGLINA EN MEXICO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fueron turnadas para su estudio y dictamen dos solicitudes de permiso que envió la Secretaría de Gobernación para que los ciudadanos Teresa Candelario López y Gabriel Bastida Espejel, puedan prestar servicios en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.
La Comisión que suscribe considera que el desempeño de los servicios para los que se solicita autorización, no implica sometimiento o sujeción alguna a gobierno extranjero, por lo que en relación con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción III del artículo 78 del mismo ordenamiento, se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Teresa Candelario López, para prestar sus servicios como Recamarera en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.
ARTICULO segundo.- Se concede permiso al ciudadano Gabriel Bastida Espejel, para prestar servicios como Velador en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 7 de julio de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Secretaria Secretario
Dip. Omar Ortega Alvarez Sen. Manuel Bartlett Díaz
Secretario
Sen. César Camacho Quiroz Sen. Martha Sofía Tamayo Morales
Dip. Jorge Uscanga Escobar Sen. Jorge Zermeño Infante
Sen. Marco Antonio Adame Castillo Dip. German Martínez Cázares
Dip. Blanca Judith Díaz Delgado Sen. Jesús Ortega Martínez
Dip. Guillermo Velasco Rodríguez Dip. Jesús Martínez Alvarez
Dictámenes a Discusión
Dos, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto por los que se conceden permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México; y para aceptar y usar condecoraciones del Gobierno de Italia y del Gobierno de Rumania.
DICTAMEN RELATIVO A PERMISOS PARA QUE DIVERSOS CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS EN MEXICO
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE JUSTICIA
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fueron turnadas para su estudio y dictamen dos solicitudes de permiso que envió la Secretaría de Gobernación para que los ciudadanos Ingram Eumir Santos Avalos y Manuel Jimenez Barrón, puedan prestar servicios en la Embajada de Italia y en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, respectivamente.
La Comisión que suscribe considera que el desempeño de los servicios para los que se solicita autorización, no implica sometimiento o sujeción alguna a los gobiernos extranjeros, por lo que en relación con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción III del artículo 78 del mismo ordenamiento, se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Ingram Eumir Santos Avalos, para prestar sus servicios como Técnico en Informática en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de Italia en México.
ARTICULO segundo.- Se concede permiso al ciudadano Manuel Jimenez Barrón, para prestar servicios como Especialista Comercial en el Centro de Comercio Exterior de la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 30 de junio de 2004.
LA PRIMERA COMISION
|Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez |
|Presidente |
|Dip. María Esther Scherman Leaño | Dip. Heliodoro Díaz Escárraga |
|Secretaria |Secretario |
|Dip. Omar Ortega Alvarez |Sen. Manuel Bartlett Díaz |
|Secretario | |
|Sen. César Camacho Quiroz |Sen. Martha Sofía Tamayo Morales |
|Dip. Jorge Uscanga Escobar |Sen. Jorge Zermeño Infante |
|Sen. Marco Antonio Adame Castillo |Dip. German Martínez Cázares |
|Dip. Blanca Judith Díaz Delgado |Sen. Jesús Ortega Martínez |
|Dip. Guillermo Velasco Rodríguez | Dip. Jesús Martínez Alvarez |
DICTAMEN RELATIVO A PERMISOS PARA QUE DIVERSOS CIUDADANOS PUEDAN ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES CONFERIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE ITALIA Y DE RUMANIA
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE JUSTICIA
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fueron turnadas para su estudio y dictamen las solicitudes de permiso que envío la Secretaría de Gobernación, para que los ciudadanos Ing. Bruno Vittorio Mellone Calloni y Dr. Eduardo Andrade Sánchez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de la República de Italia y del Gobierno de Rumania, respectivamente.
La Comisión que suscribe considera que las condecoraciones referidas no implican sometimiento o sujeción alguna a los gobiernos extranjeros que las conceden, por lo que en relación con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción III del artículo 78 del mismo ordenamiento, se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Ing. Bruno Vittorio Mellone Calloni, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de la República de Italiana, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Italia.
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Dr. Eduardo Andrade Sánchez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Servicio Fiel, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 30 de junio de 2004.
LA PRIMERA COMISION
|Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez |
|Presidente |
|Dip. María Esther Scherman Leaño | Dip. Heliodoro Díaz Escárraga |
|Secretaria |Secretario |
|Dip. Omar Ortega Alvarez |Sen. Manuel Bartlett Díaz |
|Secretario | |
|Sen. César Camacho Quiroz |Sen. Martha Sofía Tamayo Morales |
|Dip. Jorge Uscanga Escobar |Sen. Jorge Zermeño Infante |
|Sen. Marco Antonio Adame Castillo |Dip. German Martínez Cázares |
|Dip. Blanca Judith Díaz Delgado |Sen. Jesús Ortega Martínez |
|Dip. Guillermo Velasco Rodríguez | Dip. Jesús Martínez Alvarez |
De la Segunda Comisión, los que contienen:
Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Miguel Angel Ruiz-Cabañas Izquierdo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Japón.
SEGUNDA COMISION
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL C. MIGUEL ÁNGEL RUÍZ-CABAÑAS IZQUIERDO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN JAPÓN.
ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Japón, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, consta que nació el 12 de enero de 1957, en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y curso maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia en Nueva York.
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano de carrera al que ingresó en 1979 y en junio de 1998 fue nombrado Embajador.
En la Cancillería mexicana se ha desempeñado como Asesor en la Consultaría Jurídica en el año de 1979; Director de Área en la Dirección General Para el Sistema de Naciones Unidas de 1989 a 1991; Coordinador de Asesores en la subsecretaría “A” de 1992 a 1993; Coordinador de Asuntos Especiales y Narcotráfico de 1995 a 1999; y, Director General para América del Norte de 1999 a 2001.
En el exterior, se ha desempeñado como Encargado de Asuntos Sociales y Humanitarios de 1981 a 1986 y Encargado de Asuntos de Narcotráfico de 1988 a 1989 en la Delegación Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, y Encargado de Asuntos Sociales y Fronterizos de la Embajada de Estados Unidos de 1993 a 1995.
Desde febrero del 2001 y hasta la fecha, funge como Representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington D.C., Estados Unidos de América.
La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública que suscribe, invitó al ciudadano Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo a una entrevista en donde se analizó su perfil para el cargo propuesto por el Ejecutivo Federal y el programa de trabajo que seguirá en caso de ser ratificado su nombramiento por esta Soberanía.
La política exterior de Japón se sustenta en el mantenimiento de la paz y la seguridad, regional e internacional, el incremento de su presencia en el escenario internacional, el respaldo del libre comercio, y la promoción de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos.
La entrevista del Embajador Ruiz-Cabañas con los miembros de esta Comisión contempló el contexto general de la relación bilateral con Japón, la que destaca por tener profundas raíces históricas, enmarcadas en un clima de cordialidad y respeto muto, mismas que han dado lugar a importantes intercambios y proyectos de cooperación en beneficio de ambos países. Las relaciones entre ambos países tienen una larga y fructífera historia, que aunque condicionada por nuestra ubicación geográfica, es cada día más fluida y el intercambio económico, comercial y tecnológico, cada vez más intenso.
Al inicio de su comparecencia el embajador designado destaco tres momentos importantes en la relación bilateral entre México y Japón, se refirió a estos temas como una posibilidad para relanzar las relaciones entre ambos países, en el primer momento que destaca, se remonta a la firma del primer tratado en términos de igualdad que en el año de 1888 firma México y Japón, después se refirió a la propuesta que hace México para que Japón ingresara a la Organización de las Naciones Unidas y por último el reestablecimiento de las relaciones bilaterales de ambos países en 1952.
Las relaciones entre México y Japón han alcanzado un excelente nivel e involucran una fluida comunicación política a través de amplios intercambios económicos y comerciales, extensos programas de cooperación técnica. México y Japón han firmado al menos 60 tratados y convenios en diversas materias. En los últimos años se ha fortalecido considerablemente la comunicación política al más alto nivel, al tiempo que se han ampliado las corrientes de comercio e inversión. Los programas de cooperación técnica son particularmente significativos, en tanto que los vínculos culturales y educativos se han venido consolidando. Cabe destacar que este país cuenta con un sistema de gobierno regido por una monarquía constitucional y un parlamento bicameral.
Nuestro país ha desarrollado a través del tiempo sus nexos más importantes con aquel país considerado como la zona más dinámica de la economía mundial, en este aspecto es importante destacar la importancia que la industria japonesa ha significado para el desarrollo nacional, así como el valor de los programas de cooperación técnica.
Las relaciones económicas constituyen el eje principal de nuestros intercambios, en este sentido, debe reconocerse la importancia que representa la inversión japonesa en nuestro país, tanto en el ámbito de las maquiladoras, de las empresas exportadoras como en el de la producción para el mercado interno. Actualmente, hay más de 400 empresas niponas establecidas en México, mismas que, según estimaciones recientes, emplean a 135,000 personas.
En 2003 las exportaciones mexicanas a Japón fueron de $1.7 mil millones de dólares (mmd). Conforme a datos registrados por la Secretaría de Economía de México, en 2003, las importaciones provenientes de Japón ascendieron a $7.6 mmd, mientras que el Ministerio de Finanzas de Japón registró $3.6 mmd por el mismo concepto. México es el primer socio comercial de Japón en América Latina, con un comercio total de $5.4 mmd, seguido por Brasil y Chile con un comercio total de $4.7 mmd y $3.2 mmd, respectivamente.
Los principales productos exportados son, según la Consejería Comercial de México: carne de porcino en sus diferentes variedades (cinco fracciones arancelarias); vehículos de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 y otras unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos; sal común; partes de asientos, de cuero; petróleo crudo; accesorios de tractores de la partida 87.01; aguacate fresco; lingote de plata; minerales de molibdeno; atún aleta azul fresco o refrigerado (blue fin); MPU (Microprocessor unit) monolítico digital, de tipo MOS: melón fresco; receptores de radiodifusión, con grabadores o reproductores de sonido; unidades de memoria principal (Central Storage Units); transistores de silicio, con una capacidad de disipación superior a 1 watt; altavoces; minerales de cobre; unidades de procesamiento digital; aceite volátil; calabaza fresca y café en grano.
Entre enero de 1999 y diciembre de 2003, la inversión de Japón en México sumó 2,080.4 millones de dólares (md). La inversión japonesa acumulada de enero de 1994 a diciembre de 2003 asciende a 3,463.9 md, que equivale a 2.7 por ciento de la inversión extranjera directa total destinada al país en el mismo periodo (125,988.6 md).
Además de ser una fuente muy valiosa de empleo, la industria japonesa ha traído a México nuevas tecnologías, sistemas gerenciales y esquemas de producción que han contribuido significativamente a la modernización económica del país. Si bien uno de los principales atractivos de nuestro país para la industria japonesa tiene que ver con nuestra proximidad con la economía más importante del mundo, el crecimiento de nuestro mercado interno, las nuevas oportunidades derivadas de una mejor inserción del país en la economía global y la red de tratados de libre comercio con 32 países, han ampliado el horizonte de interés para el inversionista nipón.
En materia económica, el C. Ruiz-Cabañas propone impulsar proyectos de cooperación que eleven la competitividad, la transferencia de tecnología y promuevan el desarrollo económico compartido en el marco del Acuerdo de Asociación Económica que será firmado en breve, mencionó que este tratado hace que México sea el único país que hasta el momento haya celebrado tratados con las tres áreas del desarrollo mundial; podrían aumentarse las exportaciones; se aumentarían las inversiones japonesas en México; se podrían crear hasta 237 mil empleos y aumentaría la competitividad de la economía mexicana. La firma de este acuerdo constituye una oportunidad para lograr el relanzamiento de la relación bilateral. Considera importante también fomentar la participación de las empresas mexicanas en ferias internacionales que sirvan de promoción para sus productos dentro del mercado japonés.
El embajador designado mencionó que en los últimos dos años se han abierto para México y Japón nuevas oportunidades para profundizar su entendimiento político, ampliar aún más los intercambios económicos y comerciales, fortalecer el marco de la cooperación institucional, estrechar los lazos culturales y promover mayores corrientes de turismo.
Durante la visita realizada a Tokio, en junio de 2001, el Presidente de México desarrolló una intensa agenda de trabajo que incluyó entrevistas al más alto nivel político y empresarial; sin duda alguna, el resultado más importante de esta visita, fue el acuerdo entre ambos mandatarios para establecer un Grupo de Estudio, integrado por representantes gubernamentales, empresarios y académicos de los dos países, encargado de analizar la manera de fortalecer la relación económica bilateral entre México y Japón, incluyendo la conveniencia de negociar un tratado de libre comercio.
Este Grupo de Estudio se reunió en siete ocasiones entre septiembre de 2001 y julio de 2002. En sus conclusiones, el Grupo reconoció que las economías de Japón y México poseen características que las hacen complementarias entre sí y subrayó que ello debe contribuir a la promoción del desarrollo económico en ambos países. No obstante, el Grupo de Estudio reconoció que los beneficios económicos potenciales de relación entre México y Japón no han sido aprovechados plenamente, por lo que considera que ambos países deben avanzar en la liberalización de áreas tales como el comercio de bienes, inversión, comercio de servicios, y compras de gobierno, como una forma efectiva para fortalecer las relaciones económicas bilaterales.
El Grupo de Estudio concluyó que la pronta conclusión de un Tratado de Libre Comercio (TLC) es el instrumento deseable y efectivo para avanzar en dicha liberalización y recomendó a los dos gobiernos el inicio de negociaciones comerciales.
En lo que se refiere al TLC con Japón se cuestionó por parte de los legisladores presentes si este Tratado se considera oportuno en la actualidad para nuestro país, ya que la experiencia ha probado que la apertura al libre comercio no resuelve los problemas de pobreza y desigualdad. A este comentario el Embajador Designado coincidió en que el libre comercio no contribuye por si mismo al combate a la pobreza, el libre comercio aumenta el comercio y la competitividad económica de un país y que es el propio país quien tiene la obligación de reforzar sus políticas públicas en materia de combate a la pobreza, acceso a los sistemas de salud y educación, entre otros. Sin embargo considera que con el TLC con Japón se abre una opción estratégica regional muy útil para aprovechar las oportunidades existentes.
El 27 de octubre de 2002, el Presidente Vicente Fox y el Primer Ministro Junichiro Koizumi tuvieron un cordial encuentro en México, en el marco de la X Reunión Cumbre de Líderes de las economías del Mecanismo de Cooperación Asia pacífico (APEC), durante las conversaciones, los dos mandatarios intercambiaron impresiones acerca de las relaciones bilaterales, principalmente en los ámbitos económicos y de cooperación; examinaron el informe del Grupo de Estudio, y coincidieron en la importancia de ampliar los intercambios entre Japón y México; destacaron el carácter complementario de nuestras economías y resolvieron el inicio formal de las negociaciones para concluir, en un plazo de un año, un Acuerdo de Asociación Económica con todos los elementos de liberalización comercial.
Por ello, en materia de fortalecimiento de los aspectos políticos, el embajador designado propone promover la realización de una visita de estado a México del Emperador Akihito, así como impulsar la visita oficial del Primer Ministro Junichiro Kozumi a nuestro país. Realizar acciones tendientes a dinamizar la relación bilateral y aprovechar las oportunidades de cooperación, de igual forma pretende establecer mecanismos que permitan impulsar el diálogo de alto nivel incrementando las visitas y contactos oficiales entre las autoridades de ambos países. Destacó el papel que Japón esta teniendo al involucrarse cada vez mas en los temas de política global.
Los legisladores miembros de esta Segunda Comisión reconocieron la experiencia del C. Ruiz-Cabañas para desempeñar el cargo para el cual fue designado y coincidieron en la necesidad de aprovechar el buen estado que guardan las relaciones para impulsar los proyectos económicos y de cooperación existentes. De igual forma manifestaron su preocupación por que la relación entre ambos países no se circunscriba solamente a los aspectos económicos, sino que también se enfoque a aprovechas las ventajas que ofrece la promoción cultural y de intercambio educativo, científico y tecnológico.
A este respecto señalo que, en materia de intercambio cooperativo y cultural, el carácter único y peculiar de la cultura japonesa ha llamado la atención de incontables intelectuales y creadores mexicanos. Igualmente, la historia milenaria de México, sus ricas expresiones artísticas y la inagotable variedad de nuestro folklore han sido objeto de una gran curiosidad intelectual en Japón. Con el paso del tiempo los intercambios culturales han adquirido un peso muy significativo en la relación, además de los proyectos patrocinados por ambos gobiernos y, especialmente por la Fundación Japón, se han generado iniciativas importantes promovidas por diversas instituciones que han dado por resultado un mayor conocimiento recíproco de las manifestaciones culturales y artísticas de los dos países. Los programas culturales y de cooperación técnica que se han establecido a lo largo de los años han tenido resultados muy satisfactorios.
En este aspecto, el programa de trabajo presentado por el C. Ruiz-Cabañas incluye acciones tendientes a la realización de programas de capacitación, intercambio de expertos y la realización de seminarios; explorar y proponer oportunidades de colaboración en áreas como la industria de soporte, pequeñas y medianas empresas, turismo, energía, formación de recursos humanos, ciencia y tecnología, agricultura y pesca y medio ambiente, entre otras. Una tarea que destaca el embajador designado en este rubro es la de apoyar la celebración de la X Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural que se realizará en la ciudad de Tokio. No menos importante, es la tarea de fortalecer las relaciones con las instituciones japonesas responsables de la cooperación bilateral en esta materia para fomentar la realización de cursos técnicos especializados.
Para nuestro país, la cooperación técnica recibida del Japón no solo constituye la más importante que proviene institucionalmente del exterior, sino que ha permitido desarrollar trascendentes proyectos en materia de educación a distancia a través de medios televisivos y satelitales, preservación del medio ambiente, prevención de desastres naturales y conservación del patrimonio arqueológico. Asimismo, en fecha reciente, se han instrumentado proyectos de cooperación Sur-Sur con financiamiento de Japón y México para ayuda a países de menor desarrollo.
La plática con el diplomático incluyó el interés manifiesto de los miembros de esta Comisión por conocer su programa de trabajo y en particular las estrategias que desarrollará para enfrentar los retos de temas estructurales como el intercambio comercial y la promoción de las inversiones.
En cuanto a los Asuntos consulares y de protección, el embajador designado señaló que buscará estrechar los contactos con los grupos de residentes mexicanos en aquel país para atender sus necesidades, se estima que la comunidad mexicana esta integrada por al rededor de 3 mil personas. De igual forma, se propone programar reuniones con los cónsules de la región con el propósito de fortalecer la presencia de México en el interior de ese país. En Japón existen dos organizaciones de mexicanos la “Asociación de Mexicanos en Japón” y el “Circulo de Mujeres Mexicanas en Japón”, con quienes buscará realizar actividades. Fomentar la promoción permanente de la imagen México en Japón es una tarea importante para el diplomático mexicano, por ello propone profundizar los contactos con los medios de comunicación, las instituciones de enseñanza superior y con los actores de la sociedad japonesa a través de entrevistas, de la información electrónica y la realización de conferencias, entre otras.
La defensa de los derechos humanos es un tema de gran relevancia en las agendas de ambos países por lo que el embajador Ruiz-Cabañas contempla en su plan de trabajo mantener un dialogo e intercambio de información con las autoridades japonesas sobre la promoción y la protección de estos derechos; fomentar la cooperación bilateral para el diseño de políticas orientadas a mejorar la situación de los derechos humanos; así como, impulsar el intercambio de visitas de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos y miembros de la sociedad civil de ambos países preocupados por este tema.
Por último, el embajador designado mencionó la importancia que tiene para ambos países fomentar el entendimiento en temas de interés común que propicien acciones conjuntas sobre asuntos como democracia, derechos humanos, desarme, protección del medio ambiente, combate al narcotráfico; así como identificar acciones conjuntas en foros internacionales, multilaterales y regionales, tales como participar activamente en la promoción del proceso de reforma de la ONU; apoyar las acciones que permitan concluir exitosamente las negociaciones de la Agenda de Doha para el Desarrollo de la OMC y gestionar apoyos a las candidaturas mexicanas a las Naciones Unidas.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los miembros de la Comisión que suscriben, hemos podido constatar que el ciudadano MIGUEL ANGEL RUIZ-CABAÑAS IZQUIERDO reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Japón.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de
A C U E R D O
ARTÍCULO ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano MIGUEL ANGEL RUIZ-CABAÑAS IZQUIERDO, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Japón.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente. México, Distrito Federal, a los seis días del mes de julio de dos mil cuatro.
SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA
Dip. Carlos Flores Rico PRI
Presidente
Sen. César Camacho Quiroz PRI
Secretario
Sen. Cecilia Romero Castillo PAN
Secretaria
Sen. Carlos Chaurand Arzate PRI
Sen. Rubén Zarazúa Rocha PRI
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera PRI
Dip. Carlos Jiménez Macías PRI
Dip. Jorge Uscanga Escobar PRI
Sen. Marco Antonio Adame Castillo PAN
Sen. Héctor Larios Córdova PAN
Dip. José González Morfín PAN
Dip. Ruth Hernández Martínez PAN
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández PRD
Dip. Cristina Portillo Ayala PRD
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés PVEM
Dip. Oscar González Yáñez PT
Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Jorge Eduardo Chen Charpentier, como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos.
SEGUNDA COMISION
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL C. JORGE EDUARDO CHEN CHARPENTIER COMO REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA).
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano JORGE EDUARDO CHEN CHARPENTIER, como Representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. JORGE EDUARDO CHEN CHARPENTIER, consta que nació el 18 de junio de 1950 en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Además, tiene estudios de Doctorado en Sociología del Trabajo, por la Universidad de París, Pantheón Sorbonna.
En la Cancillería mexicana se ha desempeñado como; Director General para Asia y África; del Acervo Histórico Diplomático; Director General para Europa y como asesor del C. Secretario.
En el exterior, se ha desempeñado como Embajador de México ante el Gobierno de Hungría, Concurrente ante Bulgaria y Croacia (1997). Representante Alterno ante el Reino de Bélgica, el Ducado de Luxemburgo y las instituciones europeas, en donde se desempeña hasta la fecha (2001). Fungió, además, como Presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano.
La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública que suscribe, invitó al ciudadano JORGE EDUARDO CHEN CHARPENTIER a una entrevista en donde se analizó su perfil para el cargo propuesto por el Ejecutivo Federal y el programa de trabajo que seguirá en caso de ser ratificado su nombramiento por esta Soberanía.
A manera de introducción, el C. Chen Charpenter recordó a los presentes la importancia que tiene esta organización que reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación mutua y defender los intereses comunes. Señaló también, que es el principal foro de la región para el diálogo multilateral y la acción concertada.
La vocación panamericanista de nuestro país históricamente se inició en 1826, al participar en el Congreso de Panamá, convocado por el libertador Simón Bolívar con la idea de crear una asociación de estados en el hemisferio. Esta iniciativa se cristalizó hasta 1910 al constituirse la Unión Panamericana. La participación de México en estos foros y dentro del foro regional actual, está plena de vicisitudes y decisiones que marcaron la independencia y prestigio de nuestra política exterior a mitad del siglo pasado.
La posición de México en la OEA puede calificarse de privilegiada, ya que su política exterior y peso político internacional le han permitido constituirse en un actor que sin duda ha tenido un alto nivel de incidencia en los procesos continentales de negociación en cada una de las esferas del quehacer de la Organización. La protección de los derechos humanos y la promoción y fortalecimiento la democracia; la lucha conjunta contra narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, la cooperación para el desarrollo integral y la lucha contra la pobreza, así como el análisis de los aspectos de la seguridad en el hemisferio, son algunas materias a las que México otorga gran importancia y les ha impreso su sello particular, en razón de que constituyen prioridades de su propio desarrollo nacional y que resultan favorecidas mediante la cooperación y el intercambio de experiencias e información con el resto de los países que integran la organización. A este respecto destacó el impulso que nuestro país ha otorgado a algunos mecanismos en materia de evaluación multilateral de combate al narcotráfico, así como a temas como la Carta Democrática y la lucha a favor de los derechos humanos.
Durante la exposición de su Plan de trabajo, el C. Chen Carpentier se refirió a la importancia de que México participe en el proceso de modernización de esta Organización, como lo ha demostrado durante los últimos veinte años y en particular, en las reuniones de sus órganos de dirección en Perú y Ecuador. El embajador designado puso énfasis en las particularidades de los temas que llamo “de la nueva agenda de la OEA”. No menos importante para el embajador designado fue insistir en la oportunidad que se le presenta a México con el cambio de Secretario General y el hecho que la OEA pueda ser usado por nuestro país para dirimir asuntos bilaterales prioritarios como la migración.
Los legisladores miembros de la Segunda Comisión reconocieron la amplia trayectoria del Embajador designado y le cuestionaron sobre las acciones a realizar en los conflictos políticos que se han presentado en algunos países de América latina. A este cuestionamiento el C. Chen charpentier mencionó que en lo que se refiere a los temas políticos regionales de Venezuela, Colombia, Haití y Cuba, la posición mexicana en la debe estar enfocada a jugar un papel constructivo y propositito ofreciendo fórmulas para lograr acuerdos entre las partes en conflicto. En cuanto al conflicto en Venezuela, menciono que México deberá basar su posición en la búsqueda de la legalidad y el respeto a los derechos humanos; al referirse al conflicto de Colombia mencionó que la participación de México debe ser como un facilitador en el conflicto guerrilla-gobierno; en el conflicto de Haití, se buscará insistir en que además de apoyar la pronta celebración de elecciones, se impulsen acciones de largo plazo para el desarrollo económico y social del pueblo haitiano; en el tema de Cuba, destacó que nuestro país deberá buscar que se evite la polarización acerca del tema y defender la no intervención y la autodeterminación de aquel pueblo.
En materia de Derechos Humanos, México ha reconocido la importancia de las reformas a los reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y de la Corte, aunque éstas no constituyen en sí el objetivo final, sino que se trata de una labor continua en donde San José de Costa Rica, será apenas el punto de partida. Asimismo, el embajador de carrera mencionó que, como acción para el fortalecimiento, México logró que se incluyera en el proyecto de resolución que tanto la Corte como la Comisión presenten a la Asamblea General un informe adicional referente al cumplimiento por parte de los Estados, de las recomendaciones, decisiones o sentencias que les hayan sido dirigidas. Por lo que en su plan de trabajo destaca la importancia de continuar fortaleciendo la colaboración con la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Buscará aprovechar los instrumentos, mecanismos y pronunciamientos, a fin de fortalecer la protección interna de los derechos humanos y con ello el proceso de transición democrática nacional.
Añadió que la Misión a su cargo contribuirá al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión y de la Corte; asimismo, buscará ser el conducto para que el gobierno federal tenga una adecuada comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien se ha comprometido a abrir investigaciones, promover la solución amistosa de entre las partes y asegurar la reparación del daño.
Los miembros de la segunda Comisión, escucharon con beneplácito que en breve se iniciarán los trabajos formales para la elaboración del programa Interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, proyecto que fue promovido principalmente por nuestro país y tema en el que todas las fracciones dentro del Congreso mexicano coinciden en considerarlo uno de los temas prioritarios de su agenda. En octubre de este año se celebrará el 121 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se realizarán algunas audiencias y reuniones cobre algunos casos de México, por lo que el C. Jorge Chen señaló que esta reunión constituye un medio para que la Misión de México dé seguimiento junto con las autoridades de algunos casos y se busque su pronta resolución.
Los miembros de esta Comisión preguntaron al diplomático de carrera acerca del tema de la seguridad hemisférica desde el ángulo de su definición multidimensional en la que se incluye entre otros compromisos, la lucha contra el terrorismo. En lo que se refiere al combate al terrorismo, el C. Chen Charpentier mencionó que durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano Contra el Terrorismo prevaleció la tesis mexicana en el sentido de que la forma más eficiente de combatir, prevenir y eliminar el terrorismo es a través de la cooperación internacional. En este sentido, la Misión de México para la que fue designado buscará continuar con su participación activa en la concertación de esquemas de cooperación para enfrentar fenómenos de dimensión transnacional que pueden vulnerar la seguridad nacional o regional.
En esta misma materia, el C. Chen Charpentier reconoce la existencia de diferentes preocupaciones por las llamadas amenazas no tradicionales. A este respecto, destacó la insistencia de México por dar una definición multidimensional; hablo de la cooperación paritaria en la que nuestro país otorga y recibe acciones de cooperación. Por lo que señaló que, en los trabajos de a Comisión de Seguridad Hemisférica la posición de nuestro país deberá seguir favoreciendo el enfoque de que el desarme contribuye a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, defenderá la no proliferación de las armas de destrucción masiva y participará en una evaluación continua de los progresos logrados en la implementación de la Declaración sobre Seguridad de las Américas en los niveles nacional, regional, subrregional e internacional. En lo que se refiere al tema de la pobreza extrema, manifestó que la Misión de México deberá insistir en que el propósito de considerar, este sea analizar el riesgo que representa la pobreza extrema, la iniquidad y la exclusión social.
En el caso de la protección a los pueblos indígenas, señalo que, la Misión, buscará elaborar diversas consultas con las partes mexicanas interesadas para buscar que sus puntos de vista se vean reflejados en el proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los legisladores miembros de esta Comisión dictaminadora señalaron la importancia que tiene el hecho de que bajo la presidencia de México, el Congreso tuvo una destacada actuación en el desarrollo de la Convención Interamericana de Mujeres que inició una etapa de fortalecimiento y modernización que culminó con la aprobación del “Programa Interamericano de Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad de Género“, programa aprobado posteriormente por la XXX Asamblea General de la OEA en junio de 2000, y el cual tiene dos objetivos principales: 1) integrar sistemáticamente la perspectiva de género en todos los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano; y, 2) alentar a los estados miembros a formular políticas públicas, estrategias y propuestas dirigidas a promover los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género en todas las esferas de la vida pública y privada, considerando su diversidad y ciclos de vida. La ejecución del Programa es responsabilidad de los gobiernos de los estados miembros y de la OEA, quienes trabajan coordinadamente a través de los mecanismos nacionales encargados de las políticas de la mujer y la sociedad civil.
En esta materia, quien fungirá como Representante Permanente, de ser aprobado por esta Soberanía, menciono que nuestro país deberá desempeñar un activo papel para lograr el éxito de XXXII Asamblea de Delegadas de la CIM a celebrarse en octubre de este año.
Quienes conformamos esta Comisión, estuvimos de acuerdo en que el desarrollo sostenible y el medio ambiente constituyen un área prioritaria para México que requiere de un enfoque integrado que articule objetivos económicos, sociales y ambientales de forma conjunta para respaldar el desarrollo, la reducción de la pobreza, la igualdad y la inclusión social. En el marco de las reuniones a las que el Grupo de Trabajo sobre este tema, la Misión. El C Chen Carpentier comentó que México ha participado en el contenido y definición del Proyecto del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible de 2004-2007.
En este mismo campo, el de la protección del ambiente y la prevención de desastres naturales, el C. Chen Charpentier mencionó que dentro de la OEA, México sigue de cerca las actividades del Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales y reconoce la importancia que el tema reviste para todos los países del hemisferio. En este contexto, nuestro país apoya la elaboración de un Plan Estratégico sobre Respuestas a Desastres y Reducción de la Vulnerabilidad. Agregó que la Representación Permanente deberá desarrollar nuevos mecanismos de cooperación para ampliar y mejorar la prevención y mitigación de los efectos de los desastres naturales.
En materia estrictamente jurídica, señaló el convocado, que nuestro país ha contribuido activamente a la conformación del orden jurídico del sistema interamericano, tanto en lo que se refiere al derecho público como en el campo del derecho privado y continúa comprometido con el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Asimismo, señalo que una de las tareas de la Representación será continuar apoyando el respeto a los tratados internacionales y continuar una activa participación en la solicitud de opiniones consultivas. De igual forma participara activamente en la organización de la 7ª Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado.
En cuanto a los Proyectos de Cooperación Científica y Técnica, hay que mencionar que los cinco proyectos presentados por nuestro país serán considerados por un equipo de evaluadores técnicos (CENPES), los cuales deciden en función de la calidad de los perfiles de cada proyecto y de su vinculación con las ocho áreas de su Plan Estratégico. Lo que es recomendable hacer para nuestro país es llevar a cabo un seguimiento, ya que a más tardar la semana entrante, el 15 de julio, la Secretaria Ejecutiva identificará los perfiles de los proyectos presentados para considerar sus méritos técnicos y decidir cuáles pueden contribuir mejor a las necesidades del desarrollo. El procedimiento de selección continúa durante los meses de julio y septiembre, y concluye con la evaluación y la decisión final de la CENPES, antes del 31 de octubre.
El C. Chen Charpentier resaltó el tema de la promoción de la democracia por parte del organismo regional; consideró que el impulso de nuevas estrategias que hagan que los países miembros de la OEA consideren que la gobernabilidad y preservación de las instituciones democráticas en la región, pasan necesariamente por la vía del desarrollo social y para ello es urgente afianzarlos con mejores políticas de cooperación. Los legisladores aplaudieron la colaboración que con el Congreso ha tenido la oficina respectiva de ese organismo y los eventos que de manera conjunta se llevarán a cabo en septiembre.
En el aspecto de la Cooperación Educativa, nuestro país presentará el Plan de Ejecución al proyecto de continuación “Respuestas al desafío de mejorar la calidad e la formación inicial y el desarrollo profesional docente de los países de América del Norte”.
Durante este año se estima que se lleve a cabo la primera reunión de la Comisión de Fondo de Capital para los Programas de Becas y Capacitación, donde se definirá la duración de la participación de México; con el objetivo de aumentar el número de becarios mexicanos en el marco de la OEA. También puede difundir más ampliamente entre los aspirantes mexicanos la opción de solicitar becas en instituciones con las que la OEA mantiene convenios, los cuales reducen las colegiaturas, lo que a su vez redunda en que los recursos disponibles para México se distribuyan entre un número mayor de becarios.
Los legisladores miembros de la Segunda Comisión cuestionaron al Embajador Designado sobre cómo lograr impulsar una OEA representativa y se le sugirió si no seria mejor fortalecer una organización latinoamericana, así como la posibilidad de que se negocien el a OEA un fondo de cohesión social como el que tienen los países miembros de la Unión Europea, a este respecto el C. Chen reconoció la diferencia en los foros europeos y latinoamericanos en la Cumbre celebrada en Guadalajara y la gradual consolidación de otros instrumentos latinoamericanos como al cumbre de las Américas y el Grupo de Río. Agregó que la OEA podría contemplar un bloque sur y otro del norte. Se pronunció por consolidar otros foros regionales en el continente no sólo para negociar en América.
Los legisladores miembros de esta Segunda Comisión reconocemos que la OEA es hoy día el foro político más representativo de nuestra región, gracias a que en la actualidad se encuentra inmersa en un proceso de independencia y de transformación directamente vinculado con el avance en las tecnologías de comunicación y con los procesos democráticos vividos en nuestro Hemisferio, por lo que con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, hemos podido constatar que el ciudadano JORGE EDUARDO CHEN CHARPENTIER reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designado por el Presidente de la República, de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser Representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de
A C U E R D O
ARTÍCULO ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano JORGE EDUARDO CHEN CHARPENTIER para ser Representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente. México, Distrito Federal, a los seis días del mes de julio de dos mil cuatro.
SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA
Dip. Carlos Flores Rico PRI
Presidente
Sen. César Camacho Quiroz PRI
Secretario
Sen. Cecilia Romero Castillo PAN
Secretaria
Sen. Carlos Chaurand Arzate PRI
Sen. Rubén Zarazúa Rocha PRI
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera PRI
Dip. Carlos Jiménez Macías PRI
Dip. Jorge Uscanga Escobar PRI
Sen. Marco Antonio Adame Castillo PAN
Sen. Héctor Larios Córdova PAN
Dip. José González Morfín PAN
Dip. Ruth Hernández Martínez PAN
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández PRD
Dip. Cristina Portillo Ayala PRD
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés PVEM
Dip. Oscar González Yáñez PT
De la Primera Comisión, los que contienen:
Punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, información sobre los avances en las investigaciones realizadas sobre la masacre de El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, Gro.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITA A LA PGR UN INFORME DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS HECHOSOCURRIDOS EN LA COMUNIDAD DE “EL CHARCO” Y A LA CNDH UN INFORME DE LAS ACCIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 20/2000.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre propio y de la Diputada Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informen sobre los avances de las investigaciones de la masacre de El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 2 de junio de 2004, el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre propio y de la Diputada Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informen sobre los avances de las investigaciones de la masacre de El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos, integrantes de esta Primera Comisión, estiman procedente puntualizar los argumentos que sustentan el Punto de Acuerdo de mérito:
Señalan los promoventes de la Proposición a estudio, que el 7 de junio se cumplieron 6 años de los trágicos hechos ocurridos en El Charco, en la cual fueron ejecutadas 11 personas y detenidas más de 20, en su gran mayoría indígenas mixtecos y tlapanecos de comunidades de la zona de Ayutla de los Libres, Guerrero. Los detenidos, además fueron objeto de torturas físicas y psicológicas.
Que los asesinatos, encubiertos bajo un presunto enfrentamiento entre miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y militares, ha permanecido en la impunidad ante la falta de acción de los órganos encargados de procurar justicia y la insuficiente acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Que la CNDH emitió una recomendación, dos años y cuatro meses después de los hechos, en la cual avaló la postura gubernamental del enfrentamiento y omitió pronunciarse en torno a graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los hechos.
Que, a pesar de la evidencia que determina la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, la masacre de El Charco ha pasado al olvido y se ha enmarcado como un enfrentamiento entre facinerosos y fuerzas del orden y no como una agresión producto de la militarización en diversas zonas del estado de Guerrero, del nulo acceso a la justicia para las comunidades indígenas y de la falta de instituciones que garanticen que el combate a la inseguridad se debe hacer a través de vías que garanticen el pleno goce de los derechos humanos, principalmente en zonas de extrema vulnerabilidad social y política como los son las comunidades de la región de Ayutla de los Libres, Guerrero.
2.- Partiendo de los antecedentes señalados, los legisladores federales queremos manifestar que con fecha 29 de septiembre de 2000, la CNDH emitió su Recomendación 20/2000, misma que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular de servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la Ley como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.
Que en esa fecha se recomendó, entre otras cosas, que se dé la intervención que legalmente le corresponda al órgano de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, a fin de que de acuerdo con su normativa inicie una investigación administrativa en contra de los miembros del Ejército Mexicano que participaron tanto en la implementación como en la ejecución del operativo del 7 de junio de 1998, que culminó con los hechos ocurridos en la comunidad El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, mismos que con su conducta impidieron la debida preservación del lugar de los hechos.
Que consideramos conveniente conocer del estado que guardan las investigaciones realizadas por parte de la Procuraduría General de la República en relación con los sucesos acaecidos en aquella ocasión, puesto que es la institución que debe representar a la sociedad y a la Federación en la investigación y persecución de delitos del fuero federal, con apego a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, con respeto a los derechos humanos, que garanticen el Estado de Derecho.
Por las razones que anteceden, los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión consideramos pertinente la propuesta del Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, hecha a nombre propio y de la Diputada Eliana García Laguna, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, información sobre los avances de las investigaciones de la masacre de El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero; por lo que proponemos la aprobación de los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. En el marco de la colaboración entre poderes y en estricto respecto al ámbito de responsabilidad de cada uno de ellos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República un informe de los avances de las investigaciones realizadas por esa dependencia sobre los hechos ocurridos el 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe de las acciones efectuadas por esa dependencia para darle seguimiento a la Recomendación 20/2000 y cuales son los resultados obtenidos hasta la fecha.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 6 de julio de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo en torno al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL PROGRAMA “OPORTUNIDADES”, PRESENTADO POR EL DIP. JORGE USCANGA.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jorge Uscanga Escobar, a nombre del Diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en torno al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 2 de junio de 2004, el Diputado Jorge Uscanga Escobar, a nombre del Diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo en torno al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1. Los suscritos, integrantes de esta Primera Comisión, estiman procedente señalar las propuestas contenidas en el Punto de Acuerdo de mérito:
El promovente señala que el 8 de agosto de 1997, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Coordinación Nacional del programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social.
Que dicho programa tenía como objetivo principal promover el desarrollo del capital humano de las familias de escasos recursos mediante la transferencia de ingresos monetarios y el otorgamiento de servicios de educación y salud a la población en mayor desventaja económica y social.
Que a fines de 1997 el programa atendía a 400 mil familias de más de 10 mil comunidades de 466 municipios en 12 Estados; en 1998 alcanzó una cobertura de 1.9 millones de familias de 30 Estados, y en septiembre de 1999 el número de familias beneficiarias creció a 2.3 millones.
Que en la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2003 el Ejecutivo Federal no propuso mayores recursos para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, antes Programa de Educación, Salud y Alimentación y que, a su vez, las fracciones parlamentarias de oposición, incluyendo la del PRI, optaron por canalizar mayores recursos al PAFEF ante la negativa del Gobierno Federal de descentralizar el programa.
Que a fines del 2003, el Programa Oportunidades tenía una cobertura de 4 millones 250 mil hogares, lo que equivale a más de 21 millones de personas beneficiadas.
Que en la iniciativa de decreto del PEF 2004 el Ejecutivo Federal propuso un aumento de 750 mil familias al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y que la Cámara de Diputados aprobó que la meta del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades fuera de 5 millones de familias.
El Diputado Uscanga señala que, a diferencia del ritmo de crecimiento del programa Oportunidades a nivel nacional, en el Estado de Puebla éste ha presentado una evolución peculiar. Que durante los intervalos 1999-2000 y 2002-2003 no hubo en esa entidad incrementos de la cobertura del programa. Que mientras a nivel nacional la cobertura del programa Oportunidades creció 91% entre 1997 y 2003, en el Estado de Puebla este crecimiento sólo alcanzó un 42%.
Que, derivado de la Ley General de Desarrollo Social recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, en Puebla se iniciaron los trabajos orientados a integrar el Padrón Único de Beneficiarios.
2. Los integrantes de la Comisión dictaminadora queremos mencionar que Oportunidades es un programa de desarrollo humano y equidad social del Gobierno Federal al que se destina el mayor monto del que disponga cualquier programa de esta naturaleza.
Que la cobertura actual del programa es de 4.2 millones de familias, con un crecimiento del 70% entre 2001 y 2003 y que, según el Gobierno Federal, beneficiará a 5 millones de familias al término del 2004; lo que representa poco más de 25 millones de mexicanos y mexicanas en condición de pobreza extrema.
Que el Programa aplica un sistema de selección de beneficiarios mediante estudio socioeconómico; transfiere los recursos de manera directa a las madres de familia sin intermediación de funcionarios federales, estatales o municipales; cuenta con un sistema de supervisión operativa basado en indicadores de gestión y utiliza un modelo científico de evaluación de impacto y que, aunque en el 2003 no se registró denuncia alguna de manejo electoral por parte del personal de Oportunidades en las mesas de Sedesol, los órganos electorales o el TRIFE, siempre será necesario vigilar el adecuado manejo de los recursos de este programa.
Que el Gobierno Federal tiene previsto alcanzar en el 2004 la meta de apoyar a 5 millones de hogares y que para ello inició la aplicación de encuestas para incorporar familias en condición de pobreza en los municipios del oriente y norte de la Zona Metropolitana del Valle de México y en las delegaciones del Distrito Federal que concentran localidades de tipo rural.
Que es imprescindible garantizar el apoyo equitativo a todas las familias que, de acuerdo con la normatividad establecida, tengan derecho a recibir los beneficios del programa independientemente de la entidad en que residan y de sus preferencias partidistas.
Por lo anterior, los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideramos pertinente la propuesta del Diputado Uscanga Escobar, por lo que proponemos los siguientes Puntos de Acuerdo:
PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- En el marco de la división de poderes, se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social informe a esta soberanía sobre los avances en la asignación de apoyos del programa Oportunidades a las 750 mil familias aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, así como los criterios para su selección.
Segundo.- Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre la integración del Padrón Único de Beneficiarios a nivel nacional así como de los criterios de coordinación establecidos con los tres órdenes de gobierno.
Tercero.- Proponemos a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados que realice un estudio para considerar la posibilidad de la descentralización del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Cuarto.- Exhortamos al Gobierno Federal a vigilar escrupulosamente que los recursos de los programas federales no sean utilizados en beneficio de ningún candidato a puestos de elección popular.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 6 de julio de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de la Cámara de Diputados a que en el análisis de la Minuta de Ley de Seguridad Nacional, escuchen la opinión de la Asociación Nacional de Editores de Periódicos.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE EXHORTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION; JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN LA ETAPA DE REVISIÓN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y REFORMA EL ARTICULO 50 BIS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, SE CONSIDEREN ATENTAMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDITORES DE PERIÓDICOS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe fueron turnados para su estudio y análisis el expediente integrado referente al Punto de Acuerdo presentado el 9 de junio de 2004 por el Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de gobernación, de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y dictaminación de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide Ley de Seguridad Nacional y se reforma el artículo 50 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reciban a la Directiva de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C. y valoren sus argumentos y consideraciones respecto al Capítulo Tercero del Título Tercero de la propia Minuta denominado “Del Acceso a la Información en materia de Seguridad Nacional”.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
I. ANTECEDENTES
1. En sesión de la Comisión permanente de fecha 9 de junio de 2004, el Dip. Heliodoro Díaz Escárraga presentó ante el pleno de la Comisión Permanente el Punto de Acuerdo mencionado.
2. El Presidente de la Comisión Permanente determinó turnar el asunto a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
3. Con fecha 6 de julio del año en curso, la Primera Comisión en reunión de trabajo procedió a elaborar del presente dictamen.
II. CONSIDERACIONES DEL PROPONENTE
a. Que la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C. es un organismo no gubernamental, sin fines de lucro, que agrupa a 128 empresas periodísticas de nuestro país.
b. Que los días 5 y 6 de junio del presente año se desarrolló en la ciudad de Oaxaca, Oax, el Seminario “Acceso a la Información y Secreto Profesional del periodista”, con la participación de periodistas, académicos y autoridades reguladoras para el acceso a la información pública.
c. Que en esta reunión surgió la inquietud de que la eventual aprobación de la Cámara de Diputados a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Nacional, implique acotar el derecho de acceso a la información pública generada por los órganos civiles de seguridad nacional, de tal manera que puedan ocultarse actos contrarios a la legalidad, que se desvirtúen las tareas de la seguridad nacional o, incluso, que se posibilite que otro Estado imponga al nuestro su propia agenda sin que la sociedad mexicana se entere oportunamente de ello.
d. Que pueden ser excesivos los períodos de reserva que el proyecto permite para que las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional abran la información clasificada.
III. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
El punto de acuerdo de mérito, a la letra dice:
PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta atentamente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y dictaminación de la Minuta de Ley de Seguridad Nacional, aprobada por la Cámara de Senadores, que les fuera turnada el día 20 de abril de 2004, reciban a la directiva de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C. y valoren sus argumentos y consideraciones respecto al Capítulo Tercero del Título Tercero de la propia minuta, denominado “Del Acceso a la Información en materia de Seguridad Nacional”.
Esta Comisión considera que, independientemente de la materia de las observaciones que se plantean al proyecto citado, la trascendencia del tema sobre el que se pretende legislar así como la representatividad de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C., hacen pertinente la propuesta en comento.
También es conveniente subrayar la ineludible responsabilidad que tiene el legislador de cumplir su encomienda considerando de la manera más amplia posible la opinión de los sectores de la sociedad interesados por las diversas materias propias de su trabajo. Esta es una exigencia de la democracia y una forma necesaria de legitimar su representación constitucional.
Los integrantes de esta Comisión exaltamos las virtudes de nuestro sistema bicameral, toda vez que el proceso legislativo que en él se implica ofrece en la función de la Cámara Revisora un recurso de control que no pocas veces ha permitido perfeccionar los decretos y así contribuir de mejor manera a generar los bienes públicos que de los mismos se esperan.
Por lo anterior, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a la consideración de sus integrantes, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a que, en la etapa de revisión de la Minuta Proyecto de Decreto que expide la Ley de Seguridad Nacional y Reforma el artículo 50 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a ellas turnada, se consideren atentamente las observaciones de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos respecto al Titulo Tercero, Capítulo III de dicho proyecto.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A CINCO DE JULIO DE DOS MIL CUATRO.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que investigue sobre denuncias recibidas sobre el posible uso de algunas organizaciones campesinas en torno al “Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales”.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTOS DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INVESTIGA SOBRE EL POSIBLE USO POLITICO DE L PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN ZONAS RURALES, EN PARTICULAR EN LAS ENTIDADES DONDE SE DESARROLLAN PROCESOS ELECTORALES.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por los Diputados Cristina Portillo Ayala, y Rafael Flores Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Flores Rico del Partido Revolucionario Institucional; y Myriam Arabian Couttolenc, del Partido Acción Nacional, por la que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social, que investigue sobre las denuncias recibidas por el posible uso de algunas organizaciones campesinas en torno al "Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales".
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 9 de junio de 2004, los Diputados Cristina Portillo Ayala, y Rafael Flores Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Flores Rico del Partido Revolucionario Institucional; y Myriam Arabian Couttolenc, del Partido Acción Nacional, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que investigue sobre las denuncias recibidas por el posible uso de algunas organizaciones campesinas en torno al "Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales".
La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Primera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que investigue las denuncias y quejas recibidas sobre el posible uso político que algunas organizaciones campesinas están haciendo de los apoyos económicos del "Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales", en particular, en las entidades donde se llevan a cabo procesos electorales, y, en caso de confirmarse las irregularidades, levante las denuncias administrativas y/o penales ante las autoridades correspondientes, y detenga de inmediato la entrega de los apoyos en dichos casos.
SEGUNDO. Exhortar a la misma Secretaría a que modifique las reglas de operación de dicho Programa, para que la identificación de las personas adultas mayores beneficiarias se lleve a cabo mediante criterios objetivos, imparciales y verificables públicamente. Asimismo, las reglas de operación deben garantizar que los recursos del Programa lleguen directamente a los beneficiarios y beneficiarias a través de diversas instituciones liquidadoras sin intermediación de líderes o gestores sociales.
2.- Señalan los promoventes de la Proposición a estudio, que en México, la lucha por evitar que se haga un uso político de los programas sociales ha sido larga y difícil. El que tales programas tengan reglas de operación públicas, que sean evaluados cada año por instituciones académicas y que los evaluadores sean designados por concurso abierto, son algunos de los triunfos en la batalla por lograr que las acciones en materia de bienestar social, efectivamente, estén encaminadas a mejorar el nivel de vida de la población más necesitada del país.
Que deben investigarse las denuncias en el sentido de que algunas organizaciones campesinas están haciendo un uso político del Programa de Atención a los Adultos Mayores en el Medio Rural en los Estados de Coahuila, Puebla, Chiapas, Zacatecas, Campeche y Morelos, por mencionar algunos de los casos.
Que a ocho meses de que fuera puesto en marcha el Programa de Atención a Adultos Mayores en el Medio Rural, se han multiplicado las denuncias de irregularidades en torno a su funcionamiento. Existe información pública de que en los estados de Campeche, Morelos, Chiapas, Coahuila, Puebla y Zacatecas, algunas organizaciones campesinas han impuesto a sus afiliados como beneficiarios del programa; asimismo, hay quejas de que algunas de estas organizaciones cobran por los trámites de gestoría o controlan y condicionan la entrega del apoyo económico para Adultos Mayores.
Que tal problemática se esta agudizando en tiempos electorales. En Puebla y Zacatecas, entre otras entidades donde se llevan a cabo campañas electorales, existen denuncias de que los candidatos a los puestos de elección son quienes, acompañados por líderes de organizaciones campesinas, están levantando las listas de beneficiarios potenciales del Programa.
Que algunas organizaciones campesinas están amenazando a las familias con quitarles el apoyo a los Adultos Mayores si no votan por su partido;
Que otras organizaciones prometen, a cambio de su voto, incluir a las personas mayores dentro del Programa, aún cuando no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios.
3.- Partiendo de los antecedentes señalados, los legisladores federales queremos manifestar que el Programa se creó como parte de los compromisos del "Acuerdo Nacional para el Campo. Por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y la Seguridad Alimentaria", suscrito el 28 de abril de 2003, entre el Gobierno Federal y los representantes de las organizaciones campesinas, sociales y de productores.
El Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 60 años en situación de pobreza alimentaria que viven en localidades de hasta 2,500 habitantes de alta y muy alta marginación.
El Programa establece que serán sujetos de atención los adultos mayores de 60 años y más, que vivan en localidades rurales de alta y muy alta marginación y que se encuentren en el umbral de pobreza alimentaria, entendida ésta como aquella en la que los ingresos por persona en los hogares son insuficientes para cubrir las necesidades de alimentación correspondientes a los establecidos en la canasta alimentaria de INEGI-CEPAL.
Los apoyos serán otorgados a los adultos mayores en lo individual, sin importar el número de integrantes en el hogar.
Las personas susceptibles de recibir los apoyos deberán haber sido dictaminadas y, en su caso, validadas como población objetivo por la SEDESOL en el que se pongan de manifiesto sus condiciones de pobreza alimentaria y se detecten sus necesidades, debiendo además de reunir ciertos requisitos.
El Programa opera desde septiembre de 2003 y brinda un apoyo económico a los Adultos Mayores mediante una entrega de 700 pesos mensuales. Durante 2003, ejerció un presupuesto de 500 millones de pesos y se apoyaron 200 mil personas mayores del medio rural. Cabe señalar, para tener una idea de la cobertura del Programa, que de acuerdo con el Censo de Población 2000, en el medio rural habitan un total de 1,948,474 Adultos Mayores de 60 años y más; de los cuales 1,193,318, poco más del 60 por ciento, se encuentran en pobreza alimentaria.
Según datos de la propia Secretaría, para el ejercicio presupuestal 2004, se asignaron recursos por 500.0 millones de pesos federales para dar atención al Programa, estimándose otorgar un total de 714 mil 286 apoyos.
Dentro de las acciones desarrolladas para alcanzar sus objetivos, se señala que las delegaciones federales de la Sedesol promovieron el establecimiento e instalación de puntos estratégicos para captar la demanda presentada por la población objetivo y las organizaciones campesinas.
En el "Acuerdo Nacional para el Campo. Por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y la Seguridad Alimentaria", se estableció que las reglas de operación del Programa tenían que ser producto del consenso entre la Sedesol y los representantes de organizaciones campesinas y de productores. Las reglas de operación fueron, efectivamente, definidas de manera conjunta y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2003.
Coincidimos con los promoventes en el sentido de que las reglas de operación, como están definidas en este momento, permiten que las organizaciones campesinas sean quienes definan las listas de beneficiarios del programa, dando lugar a una serie de prácticas clientelares.
Por lo anteriormente señalado, consideramos viables la Proposición presentada, en el sentido de que de comprobarse irregularidades se suspenda inmediatamente la entrega de los recursos del Programa de Atención a Adultos Mayores en el Medio Rural.
En tal virtud, solicitamos que se modifiquen las reglas de operación para evitar que sean las organizaciones campesinas quienes determinen el padrón de beneficiarios, y lograr que los adultos mayores inscritos al programa sean designados mediante criterios objetivos, rigurosos e imparciales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación de los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. En el marco de la colaboración entre poderes, se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social que investigue las denuncias y quejas recibidas sobre el posible uso político que algunas organizaciones campesinas están haciendo de los apoyos económicos del "Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales", en particular, en las entidades donde se llevan a cabo procesos electorales, y, en caso de confirmarse las irregularidades, se levanten las denuncias administrativas y/o penales ante las autoridades correspondientes, y se detenga de inmediato la entrega de los apoyos en dichos casos.
SEGUNDO. Se exhorta a la misma Secretaría a que modifique las reglas de operación de dicho Programa, para que la identificación de las personas adultas mayores beneficiarias se lleve a cabo mediante criterios objetivos, imparciales y verificables públicamente. Asimismo, que dichas reglas de operación deben garantizar que los recursos del Programa lleguen directamente a los beneficiarios y beneficiarias a través de diversas instituciones liquidadoras sin intermediación de líderes o gestores sociales.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 6 de julio de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo para exhortar al Congreso del Estado de Quintana Roo a que informe sobre la situación que guarda la denuncia de juicio político en contra del Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE SOLICITA AL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMEN SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LA DENUNCIA DE JUICIO POLITICO EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ (CANCUN) , ASI COMO SUPUESTA DENUNCIAS DE HECHOS.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe fueron turnados para su estudio y análisis el expediente integrado referente al Punto de Acuerdo presentado el 16 de junio de 2004 por el Dip. Jorge Uscanga Escobar, a nombre del Dip. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, por el que se exhorta a la Legislatura del Estado de Quintana Roo a que remueva de su cargo al Presidente Municipal de Benito Juárez (Cancún).
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
I. ANTECEDENTES
2. En sesión de la Comisión permanente de fecha 16 de junio de 2004, el Dip. Jorge Uscanga Escobar presentó el Punto de Acuerdo mencionado, a nombre del Dip. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez.
2. El Presidente de la Comisión Permanente determinó turnar el asunto a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
3. Con fecha 5 de julio del año en curso, la Primera Comisión en reunión de trabajo procedió a elaborar del presente dictamen.
II. AnÁlisis de la propuesta
En los antecedentes de su propuesta, el Dip. Víctor M. Alcérreca señala que desde el inicio del mandato del MVZ Juan Ignacio García Zalvidea como Presidente Municipal de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, éste ha llevado a cabo acciones en las que hay indicios de tráfico de influencias y de diversas irregularidades más que podrían ser constitutivas de delitos, entre otras:
• Haber impedido la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en la clausura de inmuebles;
• Autorizar el cambio de uso de suelo establecido en las disposiciones municipales en beneficio de un particular;
• No haber entregado a la secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos cobrados durante el período enero-diciembre 2003 por un monto de 24 millones 435 pesos, por concepto de derechos de la zona Federal Marítimo-Terrestre (ZOFEMAT);
• Anomalías en el manejo de los recursos federales en la adquisición de 15 mil mochilas con cargo al Programa Escuela Digna;
• Incumplir la normatividad establecida respecto a la densidad de habitaciones en la construcción de hoteles en la zona hotelera del municipio.
Señala que, derivado de las irregularidades presentadas, el Cabildo de Benito Juárez no aprobó la Cuenta Pública del año 2003, dando lugar a enfrentamientos e intentos de soborno a los miembros del Cabildo por parte del Presidente Municipal y a que, finalmente, el Cabildo solicitara al Congreso del Estado el juicio político y destitución del Alcalde, solicitud que fue ratificada el pasado lunes 7 de junio.
Al analizar el expediente del Punto de Acuerdo de mérito, esta Comisión recoge que el proponente, en resumen, solicita:
e. Que se exhorte al Congreso del Estado de Quintana Roo a que, en ejercicio de sus funciones, atienda la presentación de petición realizada por los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez para revocar el mandato del Presidente Municipal del mismo municipio, toda vez que ha contravenido diversas disposiciones jurídicas, así como el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, celebrado por el gobierno Federal y el gobierno del Estado de Quintana Roo.
f. Que se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a que intervenga en la investigación de los actos de corrupción que se imputan al Presidente Municipal de Benito Juárez.
g. Que se rinda un informe bimestral a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados sobre este asunto.
h. Que se exhorte al Auditor Superior de la Federación para que, a través del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, se inicien los procesos administrativos de fiscalización al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y se hagan del conocimiento de las autoridades las irregularidades que hubiere.
i. Que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que rinda un informe sobre las presuntas irregularidades en materia ecológica a las que se vincula a la administración municipal, derivadas de la construcción y operación de diversos hoteles.
j. Que se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social a informar a la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso Local del estado que guardan las obras y programas para los que esa dependencia ha asignado recursos al municipio de Benito Juárez.
k. Que se exhorte a Procuraduría General de la República para que, a través del Agente del Ministerio Público Federal de la delegación en Cancún, Quintana Roo, determine las presuntas violaciones en materia federal cometidas por el servidor público aludido e informe a esta Comisión, en un plazo no mayor a tres meses, de los avances o conclusiones de la investigación y el procedimiento federal a cumplimentar.
Cabe señalar que, con la finalidad de añadir elementos de juicio a la propuesta, el promovente remitió a esta Comisión un legajo que contiene los siguientes documentos:
1. Denuncia de hechos de la Diputada Federal Irene H. Blanco Becerra
2. Denuncia de Juicio Político al presidente Municipal de Benito Juárez por diversos regidores de ese Ayuntamiento.
3. Denuncia de hechos del Lic. Javier de Jesús Sotelo Nava.
4. Solicitud de intervención hecha por diversos regidores de Benito Juárez y la Dip. Irene H. Blanco Becerra, al Dip. Gustavo Madero Muñoz.
5. Carta de denuncia de irregularidades presentada por el regidor y representante de la Comisión Coordinadora del PAN en el Municipio de Lázaro Cárdenas ante el Secretario del Comité Estatal del PAN.
6. Denuncia de Juicio Político en contra de Juan Ignacio García Zalvidea por parte de los Licenciados Javier de Jesús Sotelo Nava y Rosa Margarita León Rejón, en representación de los servidores públicos Rodrigo Tello Peón, Gastón Alegre López, Víctor Manuel Viveros Salazar, Eduardo José Patrón Azueta y Juan de Jesús Roberto Castro Palacios.
7. Denuncia de Juicio Político en contra de los servidores públicos, Presidente Municipal y Síndico, ambos del Ayuntamiento de Benito Juárez, presentado por Emiliano Joaquín Oliva Alamilla, Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.
8. Notas periodísticas de diversos medios de Quintana Roo sobre irregularidades e ilícitos del Presidente Municipal de Benito Juárez.
III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION
Al analizar las consideraciones del promovente así como los resolutivos que propone, esta Comisión tiene a bien hacer las siguientes puntualizaciones:
Tomando en cuenta que en los argumentos de la propuesta que se analiza así como en los documentos que la acompañan, existen elementos suficientes para considerar oportuno el inicio de una investigación de la actuación del servidor público cuya destitución del cargo se solicita, esta Comisión considera pertinente recabar el informe de la autoridad competente que nos permita conocer el estado que guarda la misma.
En virtud de lo anterior, y a fin de no interferir en las facultades que constitucional y legalmente corresponden a otras instancias, particularmente al Congreso de Quintana Roo, y toda vez que se da cuenta de la interposición de diversas denuncias de juicio político en contra del servidor público en cuestión, resulta pertinente para esta Comisión obtener del Congreso Local la información que permita conocer las acciones que se han tomado para atender adecuadamente la solicitud del procedimiento solicitado, sin prejuzgar sobre su procedencia.
Cabe señalar que entre los elementos que aporta el Dip. Alcérreca se registran copia simple de dos denuncias de hechos, una de la Diputada Federal Irene H. Blanco Becerra, y otra del ciudadano Javier de Jesús Sotelo Nava firmadas el 8 de marzo de 2004, en contra del Presidente Municipal de Benito Juárez por las que se acusa a éste y a otros funcionarios de ese municipio de violar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez y los acuerdos del Cabildo, entre otros.
Considerando que la Procuraduría General de la República debe intervenir cuando se presumen delitos del fuero federal, y en apego a lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión estima conveniente conocer si en esta instancia se encuentran radicados procedimientos relativos a la actuación del Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo y el estado que los mismos guardan.
Por lo anterior, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a la consideración de sus integrantes, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en respeto a la soberanía del Estado de Quintana Roo, solicita al Honorable Congreso de esa entidad un informe sobre el estado que guardan las denuncias de juicio político presentadas en contra del Presidente Municipal de Benito Juárez, Juan Ignacio García Zalvidea.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República que, en el marco de sus facultades y atribuciones, remita a esta Soberanía a la brevedad posible información que permita conocer el estado en que se encuentra la averiguación previa iniciada con motivo de la denuncia de hechos presentada en contra del ciudadano Juan Ignacio García Zalvidea, Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo y, de ser el caso, de las diligencias que podrían haberse iniciado de oficio, por ilícitos en que pudiera haber incurrido el funcionario aludido.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A CINCO DE JULIO DE DOS MIL CUATRO.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo por el que se solicita información sobre las elecciones que tuvieron lugar en el Estado de Yucatán.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS INSTANCIAS INFORMACIÓN SOBRE PRESUNTOS ANOMALIAS EN LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE YUCATAN.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Diputada María Esther Scherman Leaño y los Senadores Dulce María Sauri Riancho, Emilio Gamboa Patrón, Orlando Paredes Lara y Eric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, referente a las elecciones en el estado de Yucatán, celebradas el pasado 16 de mayo.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de junio de 2004, la Diputada María Esther Scherman Leaño y los Senadores Dulce María Sauri Riancho, Emilio Gamboa Patrón, Orlando Paredes Lara y Eric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo, referente a las elecciones en el estado de Yucatán, celebradas el pasado 16 de mayo.
La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Primera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito que, en resumen, plantea:
• Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que informe sobre las acciones tomadas respecto a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio de los recursos federales de emergencia, así como de las anomalías detectadas por dicho órgano a propósito del uso de recursos destinados a la atención de desastres naturales causados por el huracán Isidoro, en el Estado de Yucatán
• Solicitar a la Secretaría de la Función Pública que inicie el proceso de investigación del presunto desvío con fines electorales de los recursos del Fondo de Desastres Naturales destinados a la atención de los daños causados por el mencionado huracán en el Estado de Yucatán, y en especial acerca de la presunta utilización de los mismos a favor de los candidatos del PAN en las elecciones celebradas el pasado 16 de mayo.
• Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación auditorías del manejo de recursos destinados a los programas de construcción y reconstrucción de vivienda, que podrían haber sido retenidos y ejercidos por la autoridad estatal con fines electorales. Particularmente, se solicita la ampliación de las auditorías programadas para el FONDEN al primer semestre de este año, por lo que a Yucatán se refiere.
• Solicitar al H. Consejo General del Instituto Federal Electoral, realice las investigaciones necesarias sobre las presuntas anomalías y uso indebido de la lista nominal de electores, empleada en el pasado proceso electoral local del Estado de Yucatán.
2.- Señalan los promoventes de la Proposición a estudio que el pasado 16 de mayo se celebraron elecciones en el Estado de Yucatán, durante las cuales los ciudadanos sufragaron por candidatos a 106 alcaldías y 15 de diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional.
Que, más allá de los aspectos estrictamente jurídicos del proceso local celebrado en Yucatán, hay circunstancias que demandan la atención de esta Soberanía pues involucran instituciones federales que debieran ser ajenas a cualquier partido político.
Que, en primera instancia, se trata de presuntas actividades de proselitismo realizadas por distintas autoridades en el entorno de devastación causada por el huracán "Isidoro", que golpeó la entidad en septiembre de 2002, condicionando los recursos del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN.
Que, no obstante que el Gobierno Federal puso inmediatamente después del siniestro recursos de emergencia a disposición del gobierno del Estado, no fue sino hasta fechas cercanas a la jornada electoral cuando la autoridad local distribuyó la ayuda para reconstrucción de las viviendas de los damnificados por el huracán.
Que la misma Auditoría Superior de la Federación, a partir de la auditoría ordenada el día 17 de febrero de 2003, mediante oficio número CVASF/045/03, comprobó que el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y el Programa de Empleo Temporal que se asignaron para atender la contingencia del huracán Isidoro.
Que considerando la naturaleza del apoyo descrito se podría desprender una responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, lo cual se refiere en la auditoría mencionada.
Que con base en los resultados de la investigación de la Auditoría Superior de la Federación, los funcionarios del gobierno de Yucatán incurrieron en manejos poco transparentes y presuntamente ilegales, ya que no se apegaron a la normatividad y no ejercieron con oportunidad los recursos de apoyo referidos.
Que la posibilidad de sancionar de acuerdo con la ley aplicable a quien haya hecho uso indebido de esos recursos supone una denuncia ante la autoridad competente y que la misma debe fundarse en la búsqueda de elementos probatorios.
Que, adicionalmente, durante el reciente proceso electoral en el Estado de Yucatán se dieron otras presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de la Lista Nominal de Electores.
Y que tanto los recursos destinados al FONDEN como el sistema que da lugar a la lista nominal de electores provienen de los impuestos que pagan todos los mexicanos, por lo que su uso con fines partidistas está prohibido por nuestra legislación.
3.- Partiendo de las anteriores consideraciones, esta Comisión se permite recordar que el FONDEN es un mecanismo financiero para que, en la eventualidad de un desastre natural cuya magnitud supere la capacidad de las dependencias y entidades responsables, el Gobierno Federal pueda apoyar de manera complementaria conforme a sus disponibilidades.
Consideramos que la eficiencia del Sistema Nacional de Protección Civil se sustenta en la oportunidad con la cual puedan atenderse las necesidades de la población ante la eventualidad de un desastre natural, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza, así como la interrupción a las funciones esenciales de la sociedad.
A través del FONDEN se complementan los esfuerzos realizados por el Sistema Nacional de Protección Civil, los de otras instituciones de prevención y de apoyo a damnificados, así como los de los programas normales de las dependencias y entidades federales relacionados directamente con la atención de desastres.
Los integrantes de la Comisión queremos señalar que en el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del FONDEN se señalan, entre otras disposiciones, que la Secretaría de Desarrollo Social podrá solicitar recursos de dicho fondo o del Fideicomiso Fonden a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, para atender las viviendas dañadas o destruidas por un desastre natural, que se repararán o reconstruirán en función de las condiciones, alcances y montos de los apoyos federales.
Sobre el particular y sin prejuzgar, los integrantes de esta Comisión queremos señalar que si en el caso de los daños del huracán “Isidoro” en Yucatán no se dispuso de esos recursos de manera inmediata y los mismos se condicionaron, tal como lo establecen los promoventes, se estaría incurriendo en una violación a las Reglas de Operación del FONDEN y el incumplimiento de las mismas tendría que ser objeto de fincamiento de responsabilidades en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables.
Las mismas Reglas indican que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control de las dependencias o entidades paraestatales que ejerzan recursos del FONDEN y del Fideicomiso Fonden, verificarán el estricto cumplimiento de las Reglas con el fin de garantizar la observancia de las disposiciones correspondientes.
Los órganos internos de control de las dependencias o entidades paraestatales que ejerzan recursos del FONDEN o del Fideicomiso Fonden, en el ejercicio de sus atribuciones y con base en las verificaciones que realicen para comprobar el cumplimiento de estas disposiciones, harán del conocimiento de las unidades administrativas correspondientes las observaciones e irregularidades que detecten y las reportarán a la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Información Periódica, para su seguimiento y solventación.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación de los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- En el marco de la división de poderes, se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social que informe a esta Soberanía sobre las acciones tomadas en observancia de todas y cada una de las solicitudes y recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, respecto del ejercicio de los recursos federales de emergencia, el programa de reconstrucción de vivienda, así como del Programa de Empleo Temporal y las correspondientes anomalías detectadas por dicho órgano auditor, emitidas en informe a propósito del uso de los subsidios destinados a la atención de desastres naturales causados por el huracán “Isidoro”, en el Estado de Yucatán.
SEGUNDO.- En el marco de la división de poderes, se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública investigue el manejo de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) destinados para atender los daños causados el 22 de septiembre de 2002 por el huracán "Isidoro" en el Estado de Yucatán, particularmente para deslindar su presunta utilización con fines políticos en el marco del proceso electoral reciente en el Estado de Yucatán.
TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación se realicen las auditorías correspondientes al manejo de recursos destinados a los programas de construcción y reconstrucción de vivienda de los damnificados por el huracán “Isidoro”, cuya ministración habrían demorado las autoridades del Estado de Yucatán presuntamente con fines electorales. Para este efecto, se solicita la ampliación al primer semestre de este año de las auditorías programadas para el FONDEN, en cuanto a Yucatán se refiere.
CUARTO.- Se solicita respetuosamente al Honorable Consejo General del Instituto Federal Electoral, realice las investigaciones necesarias sobre las presuntas anomalías y uso indebido de la Lista Nominal de Electores empleada en el pasado proceso electoral local del Estado de Yucatán.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 6 de julio de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo para solicitar el Ejecutivo Federal que realice las acciones tendientes para que cesen las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el poblado de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones tendientes a que cesen las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el poblado de Hércules, Municipio de Sierra Mojada, Coahuila
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de la Diputada Eliana García Laguna y de la Senadora Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal que realice las acciones tendientes a que cesen las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el poblado de Hércules, Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de junio de 2004, el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de la Diputada Eliana García Laguna y de la Senadora Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a diversas dependencias del Ejecutivo Federal que realicen las acciones tendientes a que cesen las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el poblado de Hércules, Municipio de Sierra Mojada, Coahuila; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que investiguen la probable comisión de ilícitos y las probables violaciones de los mismos, respectivamente, en dicha comunidad.
La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos, integrantes de esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estiman procedente puntualizar las consideraciones contenidas en el Punto de Acuerdo de mérito:
Que el poblado de Hércules se encuentra ubicado a 100 kilómetros de la cabecera municipal de Sierra Mojada, Coahuila. Su población es de aproximadamente 6,000 personas, la segunda más grande del municipio, tiene una existencia de aproximadamente 30 años y su fundación se debió al establecimiento en dicha entidad de la empresa Minera del Norte, filial de Altos Hornos de México, dedicada a la extracción y procesamiento de acero en bruto.
Que, no obstante su importancia, Hércules no es administrado por autoridades elegidas democráticamente, sino que su vida se rige por las normas y lineamientos establecidos por la Empresa Minera del Norte.
Que uno de los hechos más graves en la comunidad es el tema de la seguridad pública. La empresa cuenta con servicios de seguridad privada, cuyas atribuciones van más allá del resguardo y cuidado de las instalaciones de la minera, ya que además realizan tareas de seguridad pública: controlan las entradas y salidas de las personas de la comunidad, imponen multas de manera discrecional, aplican sanciones, juzgan y encarcelan. Sus integrantes portan armas de grueso calibre y pretenden justificar el control que ejercen sobre la población argumentando la existencia de un convenio entre el municipio de Sierra Mojada y el cuerpo de seguridad privada de la empresa, convenio que en caso de existir sería a todas luces ilegal en virtud de que la seguridad pública, la prevención y persecución de los delitos es un tarea que, de manera coordinada, corresponde única y exclusivamente a los gobiernos municipal, estatal y federal y no a cuerpos de seguridad al servicio de una empresa privada.
Que la empresa es la encargada de administrar el centro de salud que, según testimonios de los habitantes, no cuenta con mínimas condiciones para casos de urgencia y que la clínica especializada más cercana se encuentra en la ciudad de Camargo, Chihuahua, a 180 kilómetros de la población, de los cuales 96 son caminos de terracería.
Que la administración de la población a cargo de la empresa ha prohibido a los habitantes tener animales de granja argumentando que son una fuente de infección, mientras que los desechos tóxicos y minerales que sobran del tratamiento del acero y de otros minerales que se extraen de la mina se encuentran a un costado de la población al aire libre, con los nocivos efectos a la salud de los habitantes que ello implica.
Que, a semejanza de la época feudal y de las haciendas del siglo XIX en nuestro país, la comunidad se encuentra cercada por una barrera de arena de aproximadamente dos kilómetros y que las entradas y salidas de habitantes y visitantes son controladas por los cuerpos de seguridad privada.
Que todo lo anterior representa una violación de derechos humanos fundamentales puesto que, además de afectar derechos laborales al limitar derechos sindicales y practicar despidos injustificados, se lesiona el derecho a la libertad de tránsito, a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la vida privada, a la salud, a la vivienda y los derechos políticos, por mencionar algunos.
2.- Partiendo de lo señalado anteriormente, los integrantes de esta Comisión consideramos pertinente señalar que Nuestra Carta Magna establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la misma, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Por otra parte, la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene como objetivo esencial la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
En tal virtud, los integrantes de la Primera Comisión consideramos que las condiciones de la población de Hércules deben ser investigadas y que, en caso de encontrarse alguna violación a sus derechos, éstos deben ser restablecidos.
Por las razones que anteceden, consideramos oportuna la propuesta presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de la Diputada Eliana García Laguna y de la Senadora Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que proponemos la aprobación de los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. En un marco de respeto a la división de poderes, se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se avoquen a la investigación de la situación prevaleciente en la población de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coah. y que, en caso de encontrar en el actuar de la compañía Minera del Norte afectación a los derechos de la población, éstos sean restablecidos cuanto antes.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, de ser procedente, realice una investigación que determine la probable comisión de ilícitos por parte los responsables de la empresa Minera del Norte en perjuicio de los habitantes del poblado de Hércules.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que investigue de la situación que guarda el respeto a los derechos humanos en la comunidad de Hércules y a que, en caso de encontrar violaciones a los mismos, emita las recomendaciones correspondientes.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 6 de julio de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal; y el decreto de la Ley General de Asistencia Social.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUEPUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN:
A) EL Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.
b) La Ley General de Asistencia Social.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y análisis el expediente integrado referente a dos Puntos de Acuerdo, el primero presentado por la Sen. Martha Sofía Tamayo Morales, para exhortar al Presidente de la República a que publique la Ley General de Asistencia Social, presentado el 23 de junio próximo pasado, y otra propuesta con Punto de Acuerdo de los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Eduardo Espinoza Pérez, presentado el 30 de junio para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal se publiquen las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
I. ANTECEDENTES
3. En sesión de la Comisión permanente de fecha 23 de junio de 2004, la Sen. Martha Sofía Tamayo Morales, a nombre propio y de los senadores Dulce María Sauri Riancho, Noemí Guzmán Lagunas, Yolanda Eugenia González Hernández, Manuel Bartlett Díaz, Antonio García Torres, Rubén Zarazúa Rocha y Oscar Cantón Zetina, presentó una propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar la promulgación y publicación de la Ley de Asistencia Social, aprobada por el Congreso de la Unión el 29 de abril del presente año.
4. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 30 de junio de 2004, el Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera presentó, a nombre propio y del Diputado Eduardo Espinoza Pérez, Punto de Acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo Federal publique las reformas al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, aprobadas por el Congreso de la Unión el 29 de abril del presente año.
5. El Presidente de la Comisión Permanente determinó turnar los puntos de Acuerdo referidos a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
6. Con fecha 5 de julio del año en curso, la Primera Comisión en reunión de trabajo procedió a elaborar del presente dictamen con base en las siguientes
II. CONSIDERACIONES
Sobre el Decreto de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal:
El decreto de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal procede de una iniciativa presentada el 2 de septiembre de 2003 por el Sen. Rubén Zarazúa Rocha, misma que fue aprobada el 6 de octubre del mismo año en el Senado de la República, como Cámara de origen.
La Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal fue aprobada por el Congreso de la Unión el 29 de abril del presente año y remitido al Poder Ejecutivo para los efectos constitucionales.
El Decreto de referencia busca coadyuvar a la solución de uno de los problemas sobre los que la sociedad se ha expresado más insistentemente: la inseguridad; frente a la cual el Congreso, así como todas las instituciones del Estado, tiene la responsabilidad de contribuir desde su ámbito de atribuciones para lograr, si no su erradicación, sí su contención y disminución.
La reforma de referencia fue promovida en virtud de que, actualmente, en materia de prevención del delito los apoyos que se otorgan a las autoridades son insuficientes.
Sobre la Ley de Asistencia Social:
Con fecha 9 de abril de 2002, la Sen. Noemí Guzmán Lagunes presentó una iniciativa con proyecto de Ley General de Asistencia Social, cuyo dictamen fue aprobado el 29 de abril de 2003.
Con fecha 29 de abril del presente año, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley de Asistencia Social a la cual se dio el turno que dicta el artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con este nuevo ordenamiento se pretende, como se expuso durante la sesión de su aprobación en el Senado, dotar al Estado mexicano de una política asistencial moderna en que atienda eficazmente a los grupos vulnerables de la sociedad. Asimismo, procura que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a recibir servicios especializados de asistencia social a fin de dar calidad de vida y promover bienestar y desarrollo y sentar las bases para la construcción de un sistema nacional de asistencia social público y privado, con un renovado marco jurídico que propicie la congruencia con otras disposiciones legales y, primordialmente, afirmar el papel rector del Estado en los términos de la Constitución Política, para sancionar las funciones de evaluación, estímulo y regulación de la asistencia social.
Los integramos de la Primera Comisión, de conformidad con lo que establece el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de 10 días útiles, a no ser que corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido;” manifestamos estar conscientes de que los plazos constitucionales de que dispone el Ejecutivo Federal para hacer observaciones a los proyectos de decreto referidos no han vencido; sin embargo, hemos de insistir en la pertinencia de estos ordenamientos, que motivaron la aprobación del Congreso.
Por lo anterior, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a la consideración de sus integrantes, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en caso de no existir observación alguna al decreto que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal y al Decreto por el que se expide la Ley General de Asistencia Social, ambos aprobados por el Congreso de la Unión el 29 de abril de 2004, los promulgue y publique a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A CINCO DE JULIO DE DOS MIL CUATRO.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
De la Segunda Comisión, el que contiene punto de en relación con la suspensión de las redadas de migrantes mexicanos.
SEGUNDA COMISION
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
DICTAMEN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y DEL ESTADO DE CALIFORNIA, LA SUSPENSIÓN DE LAS REDADAS DE MIGRANTES MEXICANOS.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Comisión que suscribe, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América y al gobierno del Estado de California la suspensión de las redadas de migrantes mexicanos.
Con fundamento en el artículo 71 fracción II y 78 fracción III de nuestra Constitución, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a partir del análisis de la comunicación referida, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes:
La Patrulla Fronteriza dependiente del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (BCPB por sus siglas en inglés), a su vez dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, inició operativos extraordinarios a partir del mes de junio en los Estados de California y Texas para detener inmigrantes hispanos, especialmente de origen mexicano, que se encuentren indocumentados en sitios predeterminados de esos Estados de la Unión Americana.
Las redadas se llevan a cabo en centros de trabajo, de compras, esparcimiento, en hoteles y en las calles de cinco condados y veinte ciudades del sur de California, incluyendo la de Los Ángeles.
Según un reporte del BCPB, del 4 de junio a la fecha se había logrado la detención de casi 500 personas adultas bajo este operativo “de rutina, que continuará por tiempo indefinido porque se sustenta en la facultad soberana de cuidar sus fronteras…”, pero que en la mayoría de casos violenta los derechos humanos fundamentales de los migrantes no documentados al dejar al criterio de esta Agencia en sus llamadas estaciones o bases locales de operación, los mecanismos de selección del lugar y de personas cuyo único objetivo es encontrar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias cuyos miembros, atemorizados, se ven obligados a permanecer en sus domicilios con el consecuente perjuicio para su salud física y emocional, así como en sus actividades cotidianas de tipo laboral y educacional.
El Gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado una nota diplomática de protesta por la forma en que se implementó el operativo de la Patrulla Fronteriza y que contraviene los acuerdos entre ambos gobiernos para lograr repatriaciones legales, ordenadas y seguras. La contestación del Departamento de Estado insiste en que “se dan dentro del marco de la ley estadounidense y son respetuosas de los derechos humanos”.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en California y algunos actores políticos locales en esa entidad, como el Arzobispo de Los Ángeles y diversos legisladores locales han externado su rechazo absoluto al programa.
El Subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional supuestamente envío una comunicación al titular del BCPB para que las redadas se circunscribieran a la franja fronteriza en ambos estados de la Unión Americana, situación que supuestamente provocó la reacción de casi 50 congresistas estadounidenses encabezados por el Representante por Colorado, Tom Tancredo, opositor acérrimo históricamente de la migración mexicana, en cuya página de Internet se difunde la misiva, firmada inclusive por el propio líder de la mayoría de ese Partido en la Cámara de Representantes, Tom Delay y en la que solicitan al Subsecretario mencionado, señor Asa Hutchinson que “se resista a las presiones externas (México)”.
Dentro de los legisladores locales “amigos de México” que se han pronunciado contra las redadas, se encuentran el Senador Gil Cedillo, promotor de los derechos de los hispanos en California al margen de su estatus migratorio y el Representante Marco Antonio Firebaugh, líder del Caucus Hispano en la legislatura de esa entidad estadounidense, éste declaró que la Patrulla Fronteriza le había informado que el operativo sería implementado para detener a quienes comercian documentos de inmigración falsos, quejándose que sus agentes ha realizado detenciones "en supermercados, autobuses y apartamentos" donde viven solamente latinos, por lo que ello significa racismo contra este segmento de nuestra población.
Los miembros de esta Segunda Comisión analizamos la situación que viven los trabajadores mexicanos no documentados que residen principalmente en el sur de California, quienes hoy se encuentran viviendo momentos de pánico e indefensión ante tales operativos.
Coincidimos en que esta situación impacta al resto de la población de origen mexicano, sean residentes documentados o ciudadanos de ese país con raíces en el nuestro, quienes por su fenotipo hispano son víctimas potenciales de estos operativos y junto con nuestros conciudadanos podrán ser molestados en su persona, por lo aleatorio de la medida y la xenofobia que genera.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se hace una atenta solicitud al Poder Ejecutivo Federal a continuar e intensificar las gestiones correspondientes para lograr la suspensión de las redadas en contra de los connacionales no documentados, en los estados de California y Texas, insistiendo en que estas violan los derechos humanos fundamentales.
SEGUNDO.- Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión envíe un exhorto al Congreso de los Estados Unidos de América, y particularmente a la Cámara de Representantes, en el que se externe la preocupación de los legisladores mexicanos por los términos en los que fue planteada la posición de algunos legisladores estadounidenses a favor de la continuación de las redadas.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente. México, Distrito Federal, a los seis días del mes de julio de dos mil cuatro.
SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA
Dip. Carlos Flores Rico PRI
Presidente
Sen. César Camacho Quiroz PRI
Secretario
Sen. Cecilia Romero Castillo PAN
Secretaria
Sen. Carlos Chaurand Arzate PRI
Sen. Rubén Zarazúa Rocha PRI
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera PRI
Dip. Carlos Jiménez Macías PRI
Dip. Jorge Uscanga Escobar PRI
Sen. Marco Antonio Adame Castillo PAN
Sen. Héctor Larios Córdova PAN
Dip. José González Morfín PAN
Dip. Ruth Hernández Martínez PAN
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández PRD
Dip. Cristina Portillo Ayala PRD
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés PVEM
Dip. Oscar González Yáñez PT
De la Tercera Comisión, los que contienen:
Punto de acuerdo en relación con la solicitud de comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para solicitar la
comparecencia del titular de la secretaria
de hacienda y credito pÚblico.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar la comparecencia del Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 30 de junio de 2004, la Senadora Yolanda Eugenia González Hernández, presento una proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Único.- Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta H. Soberanía del marco jurídico y normativo vigente en materia de criterios de asignación de permisos para la recepción de donativos deducibles de impuestos para organizaciones sociales con fines no lucrativos; y que presente un análisis acerca de la motivación y fundamentación de tal marco jurídico y normativo.
2.- Señala la promovente de la propuesta que se analiza que durante los últimos años, hemos escuchado reiteradamente una crítica sistemática a lo que hoy se llama el asistencialismo, bajo la premisa de que "hay que generar desarrollo social y no asistencialismo".
Que en todos los países del mundo, sobre todo cuando se han desarrollado sistemas económicos y sociales avanzados, se ratifica cada vez más a la asistencia social pública como uno de los principales ejes de las políticas de desarrollo social.
Que la asistencia social es una política del Estado cuyo propósito público consiste en proteger, asistir y acompañar a los grupos más débiles y vulnerables de una sociedad, se trata de personas y colectivos que requieren de la protección de las instituciones del Estado y de la sociedad para vivir con dignidad, para acceder a un mínimo de satisfactores, para encontrar protección jurídica e incluso para sobrevivir.
Que la asistencia social es el conjunto de políticas, programas y acciones destinadas a garantizar los derechos y ofrecer servicios a las personas con algún tipo de discapacidad, a las mujeres que viven el maltrato, la violencia y el abuso, a los niños y las niñas que son víctimas de las peores formas de explotación, y a otra serie colectivos que precisan de la acción del Estado para su sobrevivencia, y en todos los casos se trata de políticas públicas especializadas, que requieren el concurso de diferentes especialistas y que reclaman la acción conjunto del gobierno y de la ciudadanía.
Que hemos visto en nuestro país, en la presente administración, una deliberada ausencia y desentendimiento del gobierno federal por los asuntos relativos a la legislación, instituciones y sectores sociales involucrados en la realización de actividades de asistencia social.
Que los recursos que vía la deducibilidad fiscal reciben organizaciones de asistencia social, son recursos que no ingresan al erario público y que por lo tanto, no se destinan de manera gubernamental a la prestación de servicios sociales básicos; es decir, por cada peso que se deduce de impuestos, estamos hablando de la reducción de la capacidad de la administración pública para realizar obras y prestar servicios públicos.
Este hecho obligaría, a cualquier privado, aún con las mejores intenciones y voluntades, a rendir cuentas de cómo y cuándo ejerce los recursos que recibe por cualquier vía.
Que la transparencia en empresas privadas es un requisito para todas las sociedades contemporáneas porque lo contrario daña la credibilidad de sistemas contables nacionales.
Que existe la posibilidad de que estos vacíos normativos o legales, le abran la puerta a donaciones de dinero de procedencia ilícita, o bien a la evasión fiscal en gran escala.
Que es importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda dar a conocer a la ciudadanía, en un ejercicio de transparencia, a dónde se está yendo el dinero que no ingresa al erario público y que se canaliza, por subsidios o apoyos federales, o bien vía la deducción de impuestos, a organizaciones de la sociedad civil organizada.
3.- Si bien es cierto que la actividad de asistencia social que se realiza por parte de instituciones privadas coadyuva en gran medida al Estado para el desarrollo de este tipo de actividades en beneficio de determinados sectores de la sociedad, cuyo apoyo fundamental deriva de la posibilidad de no enterar fiscalmente los ingresos que percibe mediante ayudas y donativos provenientes de terceros, resulta importante no pasar por alto la necesidad de conocer la procedencia de ese tipo de donativos y en particular el destino que se le da a los recursos respectivos, con la finalidad de conocer la licitud de su origen y la idoneidad del fin al que se aplican.
Para ello es importante contar con la información adecuada que permita conocer los mecanismos bajo los cuales las autoridades hacendarias instrumentan la viabilidad de la procedencia de ese tipo de deducciones, que permitan, además conocer su origen ilícito y la certeza de que con ello no se propicie la evasión fiscal.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- En el marco de colaboración de Poderes la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta Soberanía a la brevedad posible el marco jurídico y normativo vigente en materia de criterios de asignación de permisos para la recepción de donativos deducibles de impuestos para organizaciones sociales con fines no lucrativos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de julio de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ |
|secretario | |(pan) |
| | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que libere los recursos destinados para el apoyo de los grupos de escasos recursos económicos.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para exhortar
al gobernador del estado de aguascalientes
a que libere los recursos destinados para
el apoyo de los grupos de escasos
recursos economicos.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Carlos Jiménez Macías, a nombre de la Diputada Consuelo Rodríguez de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que libere los recursos destinados para el apoyo de los grupos de escasos recursos económicos.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 30 de junio de 2004, el Diputado Carlos Jiménez Macías presentó a nombre de la Diputada Consuelo Rodríguez de Alba, una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que libere los recursos destinados para el apoyo de los grupos de escasos recursos económicos.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
UNICO. La Comisión Permanente, con el debido respeto a la Soberanía de esa Entidad Federativa, exhorta al Gobernador del Estado de Aguascalientes para que se tomen las medidas conducentes y libere los recursos destinados para el apoyo de los grupos de escasos recursos económicos, retenidos desde el mes de marzo del presente año, que se otorgan a través de la Secretaria de Desarrollo Social Estatal en la modalidad de despensas mediante un Programa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
2.- Señala la proponente del punto de acuerdo que se analiza que el estado de Aguascalientes es una entidad conformada por 11 municipios, donde se encuentran asentadas 208,167 familias.
Que actualmente, según datos de 2003 y 2004, obtenidos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, los niveles de bienestar en el estado han disminuido drásticamente, por ejemplo, la tasa de desempleo abierto en enero de 2003 fue de 1.8% y en el mismo mes pero de 2004 fue de 3.3%; en el mismo periodo los trabajadores asegurados en el IMSS en 2003 fueron 178,963 y para 2004 eran 177,481; en relación con el ingreso para enero de 2003 el 58.9% de los asalariados se encontraban en el rango donde obtenían entre dos y cinco salarios mínimos, para 2004 esta cifra cae al 47.5%.
Que, como en otros estados, existen programas de apoyo a las clases más desprotegidas, que en el caso en particular de Aguascalientes se implementó uno a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para dotar con productos básicos a las familias de escasos recursos, el cual por situaciones que no han sido debidamente explicadas por las autoridades estatales, está suspendido desde marzo del presente año.
3.- La importancia de los programas de apoyo a personas de escasos recursos deriva del beneficio social que se genera para las comunidades de personas que carecen de los recursos económicos necesarios para su subsistencia.
El apoyo que brindan las instituciones gubernamentales contribuye ampliamente al desarrollo y bienestar de quienes carecen de los medios adecuados para mantener una vida más o menos decorosa, por lo que resulta importante conocer, como en el caso del estado de Aguascalientes la forma en que las autoridades de gobierno involucradas en programas de apoyo, como el que menciona la promovente de la propuesta que se valora, han dado cumplimiento al mismo, así como el estado en que se encuentra a la fecha, sin pasar por alto el respeto a la autonomía de que gozan las autoridades locales del estado de Aguascalientes.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la autonomía del estado de Aguascalientes, solicita al Gobernador de esa entidad informe a esta Soberanía a la brevedad posible las medidas que se han realizado para dar cumplimiento a los programas de apoyo a los grupos de escasos recursos, en especial en la modalidad de despensas.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de julio de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ |
|secretario | |(pan) |
| | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que intervenga en la solución del relleno sanitario de San Nicolás.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para exhortar
al gobernador del estado de aguascalientes
a que intervenga en la solucion del relleno
sanitario de san nicolas.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Carlos Jiménez Macías, a nombre de a Diputada Consuelo Rodríguez de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que intervenga en la solución del relleno sanitario de San Nicolás.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 30 de junio de 2004, el Diputado Carlos Jiménez Macías, a nombre de la Diputada Consuelo Rodríguez de Alba, presento una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Aguascalientes a que intervenga en la solución del relleno sanitario de San Nicolás.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
UNICO. La Comisión Permanente, con el debido respeto a la Soberanía de esa Entidad Federativa, exhorta al Gobernador del Estado de Aguascalientes para que intervenga y resuelva la problemática del relleno sanitario de San Nicolás, municipio de Aguascalientes, en virtud de que este asunto se está convirtiendo en un severo problema ecológico y de salud pública en perjuicio de los habitantes del Estado.
2.- Señala la promovente de la propuesta que se analiza que Aguascalientes es una entidad que, según el Censo de Población y Vivienda de 2002, cuenta con 944,285 habitantes distribuidos entre sus once municipios, con un porcentaje de más del 70% de personas avecindadas en las zonas urbanas.
Que como en toda sociedad urbana e industrializada el manejo de los desechos sólidos se convierte en un gran problema de salud pública y ecológico, y en el estado de Aguascalientes la problemática no es menor, aunado a que hoy día no existen espacios donde se pueda hacer un manejo correcto de la basura generada por los habitantes, por lo que la problemática se complica.
Que en esa entidad esta funcionando desde hace más de dos años un relleno sanitario ubicado en el poblado de San Nicolás, perteneciente al municipio de Aguascalientes donde se depositan los deshechos que se generan en todo el Estado. El relleno sanitario se encuentra administrado por el Ayuntamiento de la capital de la Entidad, y su Presidente ha determinado cobrar por permitir a los otros Municipios depositar la basura en ese espacio, llegando al absurdo de impedir tirar los desperdicios en el citado espacio al Ayuntamiento que no pague las cuotas arbitrariamente fijadas.
Que dicha decisión, en razón de que no existen otros espacios destinados a tal actividad en el Estado, propicia que los desechos sólidos se depositen en cualquier lugar y estaría ocasionando un severo problema de salud pública, de deterioro ambiental y daño ecológico que pone en riego la salud de los habitantes.
3.- Históricamente el primer problema planteado por los residuos sólidos ha sido el de su eliminación. Por lo que es en este punto donde se han centrado los mayores esfuerzos, aunque su porcentaje en el total de los residuos urbanos sea inferior al 10%, su presencia resulta mas aparente y su proximidad molesta a la población que se concentra en los núcleos urbanos.
A pesar del avance de la tecnología nuestra sociedad no ha sido capaz de encontrar una solución real al problema de la eliminación de los residuos y en la mayoría de las ciudades se utiliza el primitivo método de quitarse de la vista el problema, arrojando los residuos en las afueras de las ciudades, o, bien, ocultarlo, enterrándolos. La circunstancia de que, debido a la concentración de la población y al aumento de los residuos, cada día resultara más difícil y más costoso apartarlos de la vista.
Este problema ha sido la causa de que se contemplen otras alternativas: la reducción previa de volumen por trituración y compactación, el aprovechamiento por reciclaje, y transformar para volver a usar.
El reciclaje consiste en el aprovechamiento de algunos materiales que aparecen usualmente en la basura. Su finalidad es doble: por una parte evita la eliminación de las materias útiles, y por otra reduce los gastos originados por la recogida, transporte y eliminación.
Dentro de los procesos de transformación el más usado es el transformación de los residuos en compost, para su utilización posterior como abono orgánico en la agricultura. El compostaje consiste en la fermentación de los residuos orgánicos mediante microorganismos aerobios.
El segundo problema que presentan los residuos sólidos es el de sus posibles efectos sobre el ambiente. Estos a comparación de los residuos líquidos o gaseosos, mantienen una presencia irritante en el lugar donde se depositan y ni el aire ni el agua los dispersan. Por lo que donde se concentren, sino se toman medidas de control adecuadas, constituirán un foco de contaminación del aire, agua, y suelos de carácter permanente e irreversible.
El último problema relacionado con los residuos sólidos, es el agotamiento de los residuos sólidos no renovables, los de carácter mineral y energético; ha existido un gran debate en torno a este tema y se especula que a final de este siglo se habrán agotado algunos de los metales de uso común.
Ante esta perspectiva el aprovechamiento de los residuos sólidos se muestra como una alternativa, a través de la recuperación selectiva de las fracciones contenidas o de su transformación en otras.
Esto podría ser una solución que alivie los problemas planteados: disminuyendo la dificultades y costos de eliminación, evitando una mayor contaminación del ambiente, y ayudando a la conservación de los recursos naturales.
Sin embargo hasta en tanto se implementen los mecanismo y condiciones que hagan posible el aprovechamiento de los residuos sólidos, resulta necesario que en el caso de Aguascalientes se contemple la posibilidad de que hasta en tanto se construyan lugares apropiados para la reubicación de desechos sólidos se pueda utilizar el relleno sanitario de San Nicolás, sin restricción para que ahí se depositen los residuos sólidos de la entidad.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la autonomía del estado de Aguascalientes, solicita al Gobernador de esa entidad informe a esta Soberanía a la brevedad posible las medidas implementadas para resolver la problemática si la hubiere del relleno sanitario de San Nicolás, municipio de Aguascalientes, y de sus centros de transferencia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de julio de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ |
|secretario | |(pan) |
| | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo para solicitar a PEMEX que en los contratos celebrados con empresas se atienda la tutela de los derechos de los trabajadores.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para SOLICITAR
A PEMEX QUE EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS
CON EMPRESAS SE ATIENDA LA TUTELA DE
LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Omar Ortega Alvarez, a nombre del Diputado Pablo Franco Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a PEMEX que en los contratos celebrados con empresas se atienda la tutela de los derechos de los trabajadores.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 30 de junio de 2004, el Diputado Omar Ortega Alvarez, a nombre del Diputado Pablo Franco Hernández, presento una proposición con punto de acuerdo para solicitar a PEMEX que en los contratos celebrados con empresas se atienda la tutela de los derechos de los trabajadores.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
PRIMERO.- Se exhorta al Director General de PEMEX Ingeniero Raúl Muñoz Leos a que en los contratos que celebre con las empresas contratistas, especialmente respecto a los trabajos ejecutados en las plataformas petroleras, se prevea la responsabilidad de éstas de cumplir con los mínimos previstos en nuestra legislación laboral y, concretamente otorgue condiciones de trabajo igual por trabajo igual sin diferencia por razón de nacionalidad ni ninguna otra, debiendo, en respaldo a esta responsabilidad laboral, otorgar las empresas contratistas fianzas suficientes a este respecto.
SEGUNDO.- Se exhorta al Director General de PEMEX Ingeniero Raúl Muñoz Leos a que regularice los convenios que ya tiene celebrados a la fecha con las empresas contratistas, en relación a la responsabilidad laboral de éstas y las garantías a otorgar a este respecto, destacadamente respecto a los trabajos ejecutados en las plataformas marinas. De lo contrario que PEMEX asuma la responsabilidad laboral solidaria que procede, facilitando en este caso a los trabajadores el ejercicio de sus derechos.
2.- Señala el promovente de la propuesta que se analiza que el trabajo desarrollado en las Plataformas Petroleras de PEMEX es vital para sacar adelante la producción de esta paraestatal y, por tanto para generar recursos tan importantes para la economía nacional.
Que a la fecha PEMEX ha empleado a un número cada vez mayor de empresas contratistas de capital extranjero para la ejecución de trabajos propios de la paraestatal y concretamente para desarrollar las labores en las plataformas petroleras.
Que en los contratos celebrados con PEMEX con estas compañías no se atiende la parte laboral, de manera de garantizar los derechos mínimos para los trabajadores o inclusive prestaciones equivalentes a las que PEMEX otorga a sus trabajadores en armonía con lo ordenado por el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y los principios de justicia social que dan sustento a nuestra Constitución Federal.
Que estas compañías cometen sistemáticas violaciones a los derechos y dignidad de los trabajadores de las plataformas marinas, como:
• Las compañías obligan al trabajador, como condición para obtener el empleo, a firmar contratos individuales de trabajo en blanco para ser rellenados según los intereses del patrón.
• Los trabajadores son afiliados a sindicatos "blancos", las hojas de afiliación también se firman en blanco.
• Se obliga al trabajador a firmar renuncias anticipadas a su trabajo o a sus derechos, esto último se efectúa como condición para percibir sus salarios.
• La antigüedad es negada, las empresas arguyen que trabajan bajo contratos de obra determinada cuando la gran mayoría de ellas no han dejado de recibir los servicios de los trabajadores desde 1990.
• La capacitación es letra muerta también y, se obliga a los trabajadores a tramitar documentos que las instituciones gubernamentales les exigen a las compañías como condición para darles trabajo.
• Las prestaciones de Ley como aguinaldo y vacaciones no son pagadas, o bien son cubiertas con cantidades ínfimas sólo para cubrir los requisitos ante la Ley; los salarios que reciben los trabajadores están compuestos en su mayoría con bonos, premios por asistencia, ayudas, recompensas, etc.
• Las cantidades cotizadas al seguro social o al Infonavit no concuerdan con los salarios que reciben, esto en los casos en que las compañías hacen el pago.
• No se les paga salario por los días de descanso.
• El reparto de utilidades es letra muerto o se dan cantidades irrisorias que hacen suponer acciones de evasión fiscal por parte de las contratistas.
• No hay estabilidad en el empleo, en el mes de diciembre son comunes los despidos masivos y la recontratación de nuevo personal con el fin de evadir el pago de aguinaldos y vacaciones. Se les obliga a firmar un nuevo contrato cada 28 días.
• No se les respeta el derecho a pago de viáticos y ni tampoco la empresa les proporciona una habitación higiénica y decorosa, en los términos del artículo 30 en relación al artículo 28 de la LFT.
• El servicio médico esta negado para los trabajadores durante su estancia en las plataformas, por lo que los trabajadores deben llevar sus medicinas y automedicarse durante su permanencia en las plataformas; lo único a que tienen derecho y eso en ocasiones, es a recibir primeros auxilios pero por un personal que no está debidamente capacitado; no tienen ninguna cobertura desde que salen de sus casas hasta que regresan, la compañía solo se hace "responsable" de ellos durante su permanencia en el centro de trabajo respectivo, y eso, de manera más que limitada.
• No se cumple con la máxima constitucional de " a trabajos iguales, salarios iguales".
• Además, en algo que no sólo afecta sus derechos laborales sino su dignidad de mexicanos, reciben menos salarios que los trabajadores extranjeros por el desempeño del mismo trabajo
• Pese a las jornadas inhumanas que trabajan no se les paga tiempo extraordinario.
• El precario salario que reciben se les suele pagar en abonos, inclusive con cheques sin fondos.
• Se les descuenta una parte del primer salario que reciben para cubrir el costo de las botas, casco, faja y overol que usan como uniforme.
• Hay otro sector de trabajadores de los barcos de abastecimiento o las plataformas semisumergibles de servicios con jornadas de 12 horas diarias pero con periodos de 28 días de trabajo por 14 de descanso, aquí es mas difícil de calcular porque a pesar de que reciben mas dinero en 28 días efectivos de trabajo les deberá de alcanzar para satisfacer las necesidades familiares por 42 días, pero les están robando 14 días de descanso que nadie les paga.
• Existe también una triangulación en la contratación de muchos trabajadores, contratados por una empresa, reciben el pago de otra y desarrollan el trabajo operativo bajo las órdenes de otra. Todo con el objeto de evadir la responsabilidad patronal.
Que deben agotarse todos los medios legales procedentes, con el objeto de poner un alto a esta situación discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, insostenible para nuestro estado de derecho, la dignidad y la soberanía nacionales.
Que la celebración de los contratos referidos sin que se prevea la obligación de las empresas extranjeras a respetar los derechos mínimos de los trabajadores, no sólo agrede laboralmente a éstos, sino a la Nación.
3.- Es innegable que la Ley Federal del Trabajo tiene como propósito fundamental propiciar las condiciones de equidad y respeto hacia los trabajadores, sea cual sea la naturaleza de quien asume la responsabilidad patronal.
Si bien es cierto que ante una presunta violación a los derechos laborales por la parte patronal, los trabajadores tienen expedito el derecho para acudir ante las instancias administrativas y jurisdiccionales para pretender la preservación de sus derechos que hayan sido violados, también es cierto que no se puede pasar por alto la necesidad de que, ante una posible violación de los derechos de los trabajadores que son contratados por empresas particulares para desahogar el trabajo en las plataformas, se cuente con la información adecuada que permita conocer las condiciones laborales en que son contratados ese tipo de trabajadores.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Director General de PEMEX a que instrumente un programa tendiente a promover el respeto a los derechos laborales en todas las empresas contratistas al servicio de la paraestatal, especialmente en las que realizan labores en las plataformas petroleras.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de julio de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ |
|secretario | |(pan) |
| | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Hacienda y Crédito Público que libere los recursos destinados para la carretera “Siltepec-Angel Albino Corzo”, en el Estado de Chiapas.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para solicitar al
secretario de hacienda y credito publico que
libere los recursos destinados para la
CARRETERA “siltepec-angel albino
corzo”, en el estado de chiapas.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Francisco Monarrez Rincón, a nombre del Diputado Belizario Iram Herrera Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al Secretario de Hacienda y Crédito Público que libere los recursos destinados para la Carretera “Siltepec-Angel Albino Corzo”, en el Estado de Chiapas.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 30 de junio de 2004, el Diputado Francisco Monarrez Rincón, a nombre del Diputado Belizario Iram Herrera Solís, presento una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Hacienda y Crédito Público que libere los recursos destinados para la Carretera “Siltepec-Angel Albino Corzo”, en el Estado de Chiapas.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
UNICO.- Exhortar al Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere los recursos asignados para la carretera "Siltepec - Angel Albino Corzo" del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2004, a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para cumplir con el mandamiento de la Cámara de Diputados y se lleve acabo la obra.
2.- Señala el promovente de la propuesta que se analiza que la construcción y el mantenimiento de las carreteras, constituyen un pilar fundamental en el desarrollo de toda actividad económica. Sin embargo se ha sido testigo de las limitaciones de recursos públicos y el exceso de trámites burocráticos para satisfacer oportunamente las necesidades de inversión en el ramo.
Que no ha sido posible la liberación de los recursos asignados por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, argumentándose que la obra en mención, la construcción de la carretera “Siltepec–Angel Albino Corzo” no cumple con el requisito administrativo de hacienda del beneficio/costo.
Que el beneficio/costo aludido por la Secretaria de Hacienda, se puede justificar al generarse el beneficio de la comunicación y el desarrollo a todos y cada uno de los pobladores de la zona serrada de Chiapas, donde se comunicarían los ejidos Honduras, Pablo Galeana, Santa Isabel Sija, Capitán Luis Vidal, Cruz de Piedra, Angel Díaz y Las Delicias, los cuales estarían conectados a la infraestructura carretera nacional, siendo beneficiadas 370 comunidades y 45,000 habitantes de la región, así como; comunicándonos a los distintos mercados regionales para la venta de producción de café.
3.- Se reconoce la importancia y trascendencia que representa la infraestructura carretera para los pueblos productores, generadores de recursos, destacándose que en el caso que se plantea el costo-beneficio de la carretera “Siltepec–Angel Albino Corzo”, se justifica por sí mismo, por la trascendencia económica que tienen los mercados regionales en beneficio de las comunidades de esa región, por lo que resulta necesario conocer los términos y condiciones bajo los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado cumplimiento a la transferencia de los recursos respectivos previstos para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- En el marco de colaboración entre Poderes la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a esta Soberanía a la brevedad posible el cumplimiento que haya dado a la liberación de los recursos asignados para la construcción de la carretera "Siltepec-Angel Albino Corzo" a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2004.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de julio de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ |
|secretario | |(pan) |
| | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal se realicen las acciones que solventen la problemática de los productores nacionales de leche.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para solicitar
al EJECUTIVO FEDERAL SE REALICEN LAS ACCIONES
QUE SOLVENTEN LA problemática DE LOS
PRODUCTORES NACIONALES DE LECHE.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal se realicen las acciones que solventen la problemática de los productores nacionales de leche.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 30 de junio de 2004, el Diputado Omar Ortega Alvarez, presento una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal se realicen las acciones que solventen la problemática de los productores nacionales de leche.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Primero.- Se solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, C. Javier Usabiaga Arroyo, tenga a bien remitir a esta soberanía un informe puntual sobre la producción del sector lechero en el país, su problemática y programas y acciones para su solución.
Segundo.- Se exhorta a los Secretarios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Economía, de Salud, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito a elaborar un Programa Urgente de Apoyo a los Productores Nacionales de Leche, desagregando las responsabilidades de cada Dependencia, así como los montos que se destinarán para tales fines, mismos que se deberán beneficiar a productores de hasta 5 mil litros de leche por día, preferentemente, para el repoblamiento de hatos, adquisición de forrajes e insumos y renegociación de carteras vencidas.
Tercero.- Se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Economía y de Desarrollo Social consideren la procedencia de facultar a la Empresa LICONSA S.A. de C.V., en su carácter de Entidad de Control Presupuestario Indirecto, de regir las políticas y programas que en materia de leche se apliquen a nivel nacional, en particular para determinar el precio piso de la leche y lo referente a las autorizaciones de cupos de importación.
Cuarto.- Que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor determinen que en la presentación de las formulas lácteas se omita la palabra leche, así como imágenes que puedan engañar o confundir al público y se oriente ampliamente al consumidor sobre las características del mismo, siendo recomendable que estas bebidas cuenten con un color diferente a la leche que facilite su identificación y se constituya en base de elección del consumidor.
Quinto.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a establecer, de manera inmediata, una mesa intersecretarial, donde estén presentes los productores, para discutir la problemática nacional y considerar la conveniencia de impulsar el Programa Urgente a que se refiere el Punto Segundo del presente Acuerdo.
Sexto.- Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor promocionen y difundan la conveniencia de consumir leche pura de vaca, 100 por ciento natural y mexicana y que las instituciones gubernamentales en sus programas otorguen preferencia al producto nacional.
2.- Señala el promovente de la propuesta que se analiza que la Asociación Nacional en Defensa de las Vacas Lecheras y el Consumidor ha hecho del conocimiento público la grave situación por la que atraviesan los productores nacionales de leche, la cual amenaza con su desaparición.
Que los productores de leche constituyen un sector que ha enfrentado fuertes presiones económicas desde las importaciones del producto de Chernovyl, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, hasta la desaparición de CONASUPO como organismo rector de la producción y comercialización del lácteo
Que dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México se comprometió a su liberación gradual que culmina en el 2008.
Que la libre importación de leche fluida, sueros, lacto sueros y derivados se realiza sin control alguno, constituyendo no sólo una amenaza para la permanencia de los productores de leche sino inclusive por el riesgo que representan las posibles enfermedades que se puedan internar.
Que al existir un mercado cautivo controlado por los monopolios actuales de leche, el precio de la leche llega incluso a ser inferior al costo de producción, lo que origina la descapitalización de los productores, generando la venta de equipo de producción y ganado para cubrir los gastos de operación, impidiéndoles ser competitivos.
Que los productores nacionales de leche, no integrados a una planta procesadora, se ven afectados por las elevadas importaciones de leche deshidratada en polvo, sueros y toda clase de extensores, condiciones que promueven la desaparición de una de las partes más importantes de la cadena alimentaría del país.
Que los productores nacionales de leche no integrados a una planta pasterizadota de encuentran en total estado de indefensión debido a los beneficios de la rehidratación de sueros y otros, los capitalizan los socios de las plantas o sea los industriales, dejando a los productores sin posibilidad de competencia.
Que los productores de leche han manifestado su amplía disposición para enfrentar los retos que la globalización les ha impuesto, sin embargo, ante la desigualdad que ocasiona competir con importadores desleales, los ha motivado a requerir de apoyos extraordinarios y la solidaridad de las instituciones de gobierno para su subsistencia.
Que la competencia es más inequitativa al existir en el mercado productos que se ostentan como leche y que no cuentan con las ventajas nutritivas del verdadero producto lácteo, ocasionando un grave engaño al consumidor, dado que no se toman las medidas normativas necesarias que muestren las diferencias existentes entre las fórmulas lácteas y la leche.
Que se considera que la Secretaría de Salud debe llevar a cabo una investigación de los elementos que componen las fórmulas lácteas, en razón de que algunos estudios han reportado el uso de sustancias cancerígenas.
Que la Asociación Nacional en Defensa de las Vacas Lecheras y del Consumidor, A.C. ha manifestado de manera pública no estar en contra de la Industria lechera establecida en el país, pero exige que se regulen sus acciones para que las mismas no actúen en su contra.
3.- Se reconoce la importancia y trascendencia que representan los productores lecheros para la economía nacional, por lo que se considera conveniente plantear una urgente solución a la problemática a que dicho sector se ha visto confrontado, contemplando las diversas causas que han sido origen de la misma y que van desde el monopolio de grandes empresas, hasta a la existencia de productos que se ostentan como leche, careciendo de las ventajas nutritivas.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- En el marco de colaboración de Poderes la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Titular del Ejecutivo Federal para que por conducto del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta Soberanía a la brevedad posible sobre la producción del sector lechero en el país, así como de su problemática, programas y acciones para su solución.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal que por conducto de las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; de Salud; de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de una mesa intersecretarial, conformada por autoridades y productores, analicen la posibilidad de establecer las políticas y programas urgentes que en materia de leche se apliquen a nivel nacional, en particular para determinar el precio piso de la leche y lo referente a las autorizaciones de cupos de importación; así como establecer los criterios de presentación de las fórmulas lácteas, orientando al consumidor sobre las características adecuadas.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de julio de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ |
|secretario | |(pan) |
| | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo en relación con la información sobre las actividades de la Secretaría de la Reforma Agraria.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para solicitar al ejecutivo federal
a que instruya al secretario de la reforma agraria a que se
abstenga de realizar declaraciones publicas en el sentido
de extinguir a esa dependencia.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, a nombre del Diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que instruya al Secretario de la Reforma Agraria a que se abstenga de realizar declaraciones públicas en el sentido de extinguir a esa dependencia.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 30 de junio de 2004, el Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, a nombre del Diputado Carlos Flores Rico, presento una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que instruya al Secretario de la Reforma Agraria a que se abstenga de realizar declaraciones públicas en el sentido de extinguir a esa dependencia.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 6 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya al Secretario de la Reforma Agraria, Lic. Florencio Salazar Adame, que se abstenga de realizar declaraciones públicas en el sentido de extinguir a la Secretaría de la Reforma Agraria, una vez que se termine con el Programa de Atención a los llamados "Focos Rojos" y el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), en virtud de que la cuestión agraria y las obligaciones de dicha Secretaría no se reducen a dichos programas y de que el citado funcionario, no está facultado para decidir sobre este asunto.
2.- Señala el promovente de la propuesta que se analiza que a lo largo de nuestra historia, la lucha agraria ha sido factor esencial en la construcción de las leyes e instituciones que actualmente nos rigen; el México actual, es producto y resultado de grandes luchas, en las cuales siempre ha estado la gente del campo; sin embargo, su esfuerzo y su vida de sacrificios no se ha compensado con los apoyos necesarios para su desarrollo.
Que nuestra ley fundamental, establece, como una obligación para el estado mexicano promover el bienestar y desarrollo del sector agrario.
Que el marco jurídico actual establece derechos sociales fundamentales para los campesinos y obligaciones del Estado para el desarrollo rural, recayendo en buena medida esta obligación en la Secretaría de la reforma Agraria.
Que el 31 de mayo de los corrientes ante medios de comunicación y el 24 de junio, al asistir a la clausura del Ciclo de Mesas Redondas "El México Agrario del Siglo XXI" organizado por la Comisión de Reforma Agraria en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Autónoma Chapingo, el Secretario de la Reforma Agraria manifestó públicamente que "... al final de la actual administración, en el 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria dejará de existir como dependencia gubernamental...porque ya se habrán resuelto todos los problemas o focos rojos que enfrenta actualmente el campo mexicano, y habrá concluido el PROCEDE."
Que no obstante las declaraciones antes señaladas, la problemática y el quehacer de las instituciones agrarias no se reduce a estos programas.
Que la naturaleza de la problemática agraria va mucho mas allá de los focos rojos, existen Estados que se pueden considerar como un foco rojo, donde la pobreza, la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, los usos y costumbres, la explotación de la tierra, los cacicazgos, la reforestación y explotación de los recursos naturales, los conflictos interétnicos y sociales así como una ineficiente política de estado para con el campo, los tienen sumido en la miseria desde siempre.
Que no es correcto señalar que en este año se resolverán los conflictos de los focos rojos en el campo, su naturaleza es compleja y su atención debe ser integral, permanente y continua.
3.- El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE, es un instrumento que el Gobierno de la República ha puesto al servicio de los núcleos agrarios para llevar a cabo la regularización de la propiedad social. El objetivo principal del Programa es dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según sea el caso, así como de los títulos de solares en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten.
El PROCEDE es un programa excepcional por los niveles de coordinación que exige. Las instituciones directamente responsables de su ejecución son: la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Registro Agrario Nacional (RAN), las cuales para darle operatividad requieren de un grado de integración muy especial y además de la concurrencia de otras dependencias de los tres ámbitos de gobierno, de profesionistas privados como los fedatarios públicos y de manera fundamental, de los campesinos.
El PROCEDE ha sido y será hasta su culminación, un Programa de apoyo a la iniciativa campesina, voluntario y gratuito, que atiende a solicitud de parte, bajo la premisa de estricto respeto a la voluntad de los núcleos agrarios y cuya operación se sustenta igualmente en la organización y participación activa de los ejidatarios y comuneros, que se logra a través de sus asambleas, en las que con la presencia de un fedatario público y con apego al marco jurídico-técnico establecido, deciden libremente la delimitación, destino y asignación de sus tierras.
Los trabajos del PROCEDE no sólo cristalizan en la generación de documentación agraria, sino que van más allá e impactan social y económicamente al sector agrario; ya que al ratificar los derechos de propiedad y usufructo, el PROCEDE ha contribuido a identificar, evaluar y resolver con justicia, mediante el diálogo y la concertación, problemas y conflictos surgidos por la indefinición en la tenencia de la tierra, mismos que se prolongaron por varias generaciones. Así, desempeña un papel clave para la paz social y la estabilidad política.
La perspectiva del Programa adquiere mayor relevancia al formar parte de las estrategias que el Ejecutivo Federal planteó en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, para la consolidación del Estado de Derecho y combatir con base en una mayor justicia social y libertad, los niveles de pobreza que existen en el agro.
Por otro lado, no se desestiman otras funciones que corresponde atender a la Secretaría de la Reforma Agraria que independientemente de la trascendencia del PROCEDE, reclaman la intervención y actuación de esa Secretaría de Estado además de atender las diversas problemáticas que existen en todas las entidades federativas de la República en cuestión de aspectos y conflictos agrarios, por lo que la existencia de dicha dependencia gubernamental se proyecta más allá del presente sexenio.
Consecuentemente, resulta procedente conocer la información pertinente que permita valorar la proyección de la Secretaría de la Reforma Agraria más allá de la aplicación del PROCEDE o de la atención de las problemática que deriva de los denominados focos rojos en materia agraria.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- En el marco de colaboración de Poderes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al titular del Ejecutivo Federal informe a esta Soberanía a la brevedad posible, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria, las expectativas a futuro del funcionamiento de la propia Secretaría de la Reforma Agraria.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de julio de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ |
|secretario | |(pan) |
| | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Proposiciones de Ciudadanos Legisladores
Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a la SEMARNAT a iniciar un programa permanente de verificación del tratamiento y disposición final de las llantas de desecho.
CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
LIX LEGISLATURA
P R E S E N T E
GUILERMO VELASCO RODRÍGUEZ a solicitud de MARÍA AVILA SERNA, Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Fracción Parlamentaria del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA FRONTERIZA NORTE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS LLANTAS DE DESECHO CONFINADAS EN ESA REGION.
Lo anterior se solicita con fundamento a los siguientes:
ANTECEDENTES
La disposición final de las llantas usadas es una actividad muy complicada, ya que a pesar de que existen varios métodos para reciclarlas, se requieren fuertes inversiones y, en la mayoría de los casos, es necesario un conocimiento especializado.
El proceso más utilizado para eliminar los neumáticos usados es la incineración. Se queman los materiales orgánicos del neumático a altas temperaturas en hornos con materiales refractarios de alta resistencia.
Sin embargo, este proceso es costoso y presenta el inconveniente de la diferente velocidad de combustión de los varios componentes y la necesidad de depuración de los residuos por lo que resulta difícil controlar, además genera uno problema de contaminación mayor.
Con este método, los productos contaminantes que se producen en la combustión son muy perjudiciales para la salud humana, entre ellos el Monóxido de carbono, Óxidos de nitrógeno, Dióxido de carbono, Óxidos de zinc, Benceno - Fenoles, Dióxido de azufre - Óxidos de plomo y Tolueno.
Además, el hollín contiene cantidades importantes de hidrocarburos aromáticos poli cíclicos, altamente cancerígenos. El zinc, es particularmente tóxico para la fauna acuática.
También existe el peligro de que muchos de estos compuestos son solubles en el agua, por lo que eventualmente podrían ser ingeridos por los seres humanos.
De igual forma, el confinamiento de dichos neumáticos representa una potencial emergencia ambiental y sanitaria por el riesgo que representa esa acumulación de neumáticos para la salud pública por la proliferación de insectos perjudiciales portadores de enfermedades, tales como el dengue.
Cabe destacar el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la acumulación de neumáticos es un factor de contaminación significativo porque no sólo es generador de fauna nociva, sino representa un peligro inminente de conflagración y eventual producción de contaminantes químicos a la atmósfera.
El Departamento de Bomberos Municipal recibe diariamente mas de 10 denuncias de incendios accidentales o intencionales, siendo gran parte de ellos iniciados con neumáticos, de acuerdo a datos de la Dirección Municipal de Ecología y Protección Civil.
Cifras oficiales revelan la existencia de al menos 4 millones de llantas confinadas en el Centro de Acopio y de otros dos millones más que se encuentran diseminadas por toda la ciudad.
La Licenciada Figueroa, titular de la Dirección Municipal ha denunciado: "Cualquier persona tira un cerillo y tenemos este tipo de contaminación, además de que se tiene que hacer uso de todo el equipo de Bomberos, sacarlo de sus operaciones y trasladarlo con todo lo que esto implica, a apagar una llanta o un tiradero de basura clandestino".
Hace algunos meses, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez otorgó una concesión a la empresa denominada Unión Ecológica Fronteriza para la explotación de las llantas almacenadas en el centro de acopio, para usarse como combustible alterno en hornos cementeros de Colima.
No obstante los esfuerzos realizados, el problema parece habernos rebasado y no se ha llegado a una solución de fondo, se han creado grupos y comités como es el caso del Grupo de manejo integral de Residuos de Ciudad Juárez, sin tener avances significativos hasta el momento.
La problemática se torna alarmante sí consideramos que las llantas de acuerdo al Artículo 309 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, no podrán tener ninguna restricción o prohibición a la importación, a diferencia de otros países que sabiamente han tomado esa precaución negando su acceso como Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, etc.
Por todo lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: EXHORTAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE LA FRONTERA NORTE IMPLEMENTEN UN PROGRAMA PERMANENTE DE VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS LLANTAS DE DESECHO CONFINADAS EN ESA REGIÓN.
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE LA FRONTERA NORTE A CREAR UN FONDO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS LLANTAS DE DESECHO Y LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS AL RESPECTO.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 30 DE JUNIO DE 2004.
DIP. GULLERMO VELASCO RODRIGUEZ
Del Sen. Carlos Chaurand Arzate, a nombre de la Sen. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre el impacto presupuestal del proyecto de reforma al sistema de justicia penal integral.
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR CARLOS CHAURAND ARZATE, A NOMBRE DE LA SENADORA DULCE MARIA SAURI RIANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, SOBRE EL IMPACTO REGULATORIO Y PRESUPUESTAL DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA DE REFORMAS AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Puntos de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, la manifestación de impacto presupuestal correspondiente al conjunto de iniciativas que envió el Ejecutivo Federal al Senado de la República en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública. Si la elaboración de las estimaciones correspondientes se prolongaren más del periodo de sesiones de esta Comisión Permanente, se solicita el envío de la información a las Cámaras de Senadores y de Diputados para enriquecer el estudio y dictamen de las iniciativas en comento.
Segundo.- Se solicita respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal su colaboración para la elaboración de la estimación del impacto presupuestal en el Poder Judicial Federal del conjunto de iniciativas en materia de Impartición de Justicia, enviado al Senado de la República por el Ejecutivo Federal el 29 de marzo pasado.
Tercero.- Se solicita al Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Carlos García Fernández, informe a esta Soberanía sobre lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en materia de Manifestación de Impacto Regulatorio y sus implicaciones en la iniciativa de reformas al Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública presentada por el Ejecutivo Federal.
Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de julio del año 2004
Del Sen. Alfredo Martín Reyes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dé cumplimento al Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica; e informe del avance que guarda el mismo.
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE.
Sen. Alfredo M. Reyes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y en vista de la importancia del asunto, presento la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que solicito respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, dé cumplimento al Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, de igual forma, que informe del avance que guarda el mismo, a tres años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior con base en los siguientes:
A N T E C E D E N T E S
Ferrocarriles Nacionales de México inició su desincorporación el 23 de junio de 1997, teniendo como consecuencia la creación de un Fideicomiso, denominado FERRONALESJUB 5012-6, de fecha de 19 de diciembre del mismo año, con la finalidad de proteger a los ex trabajadores ferrocarrileros durante y después del proceso de dicha desincorporación.
El objeto de la celebración de este fideicomiso es que a través de él se garantizara el pago de las jubilaciones de cincuenta y siete mil ferrocarrileros jubilados para la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México y asegurar el pago de jubilaciones contractuales, dicho fideicomiso se constituyó con $ 13,500,000,000.00 ( TRECE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que aportó el Gobierno Federal para su pago, mediante la licitación al Grupo TFM, de la vía general de Comunicación Ferroviaria del Norte.
El 17 de diciembre de 1998, se firma convenio modificatorio de dicho contrato por el que se cambia su Cláusula Cuarta, garantizando la administración de los recursos del Fideicomiso Ferronales Jub.
El 4 de junio de 2001, es publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica.
El 28 de junio de 2001 se publican en el Diario Oficial de la Federación, las bases emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en su carácter de coordinadora de sector, para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.
En oficio 1-203 de 29 de agosto de 2001 firmado por el C. Pedro Cerisola y Weber, Secretario de Comunicaciones y Trasportes, se designa al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C (Banobras), liquidador responsable de la liquidación de FNM, quien realizará las funciones establecidas en el artículo 2º del Decreto que extingue el organismo descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y abroga su Ley Orgánica, así como en la Tercera de las Bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.
C O N S I D E R A C I O N E S
Para todos los mexicanos es de la mayor importancia contar con leyes, decretos y reglamentos que incidan en elevar la calidad de vida de la población y otorguen certeza y claridad al desarrollo del país. Para ello es fundamental, no sólo contar con las normas, sino que además se cumplan cabalmente por las diferentes autoridades e instancias del Estado Mexicano.
Para los ex trabajadores ferrocarrileros, la importancia del Decreto de Extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, así como su buen funcionamiento, radica en el pleno cumplimiento de lo establecido en su artículo 4º, pues el mismo señala que: “Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable y a la Ley, serán respetados.”
Es por lo anterior que es imperativo realizar un censo de los beneficiarios jubilados que integran actualmente el Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, que permita contar con un padrón actualizado y depurado, que facilite la identificación real y personal de los beneficiarios del Fideicomiso, permitiendo, en su caso, aclarar y justificar el pago de las pensiones, evitando, que se efectúen erogaciones a personas que no estén debidamente integrados al propio Fideicomiso, según los anexos 5 y 6.
Teniendo presente que en el Contrato de Fideicomiso se designó como Fideicomitente a Ferrocarriles Nacionales de México, o su causahabiente y a NAFINSA como fiduciaria; y que éstos para su operación requieren de una coordinación ejecutiva, y el Comité Técnico con base en la establecido en la Sección II, fracción octava del mencionado contrato, y considerando el costo que representa de $65.00 (sesenta y cinco pesos) por jubilado, comparado con otra Institución, como ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en fecha del 4 de marzo de 2003, se le consultó sobre el servicio y costo de administración que representaría para el mismo, dando como respuesta que éste sería de $28.00 (veintiocho pesos), habiendo por tanto una diferencia de $37.00 (treinta y siete pesos) de más por jubilado.
Así como se evitaría la doble función que actualmente ostenta el Liquidador, de liquidar y administrar.
En cumplimiento de un acuerdo que de manera económica se alcanzó en el mes de enero del 2004, entre los titulares de BANOBRAS, INEGI, y el Liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México, así como a lo establecido en el Artículo Segundo, Fracciones IV, VIII y X del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, se considera la urgente necesidad de elaborar el inventario de los bienes pertenecientes al Organismo, entre otros factores, en virtud de las grandes extensiones de los predios y terrenos bajo su propiedad, mismos que no cuentan con un registro actualizado que indique pormenorizadamente la situación que guardan en relación a la posesión.
Aunado a lo anterior, la reciente adición del Artículo Décimo Sexto a la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del presente año, hace aún más necesaria la elaboración de dicho inventario, que permita proceder correctamente y apegados a derecho, con la regularización de propiedades de casa habitación y terrenos de posesión legítima de jubilados y pensionados ferrocarrileros, o en su caso, sus sucesores u otras personas, mediante las donaciones o contratos de compraventa correspondientes.
P U N T O D E A C U E R D O
PRIMERO.- Solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como dependencia coordinadora de sector, dé puntual cumplimento al Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica; asimismo, que informe del avance que guarda el mismo, a tres años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, y en atención a lo establecido en el Artículo 2º en sus fracciones II, X y XI, del Decreto ya mencionado, levantar con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y el Ente Liquidador, el inventario de los activos pertenecientes al Organismo.
TERCERO.- La realización de un censo actualizado de los integrantes del Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, teniendo como base los anexos 5 y 6 del contrato de dicho Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, y
CUARTO.- Promover la sustitución del administrador del Fideicomiso por el que se realiza el pago de las jubilaciones a ex trabajadores ferrocarrileros, por otra institución con la capacidad técnica y legal, en este caso, el Instituto Mexicano Seguro Social.
Atentamente
Senador Alfredo M. Reyes Velázquez
Partido Acción Nacional
México, D.F. a 02 de julio de 2004.
Del Sen. César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre repatriación.
PUNTO DE ACUERDO
Único.- A fin de evitar que con la puesta en marcha del Programa de Repatriación Voluntaria se repita la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace llegar un urgente y firme exhorto al Ejecutivo Federal para que no permita que en los Estados Unidos de Norteamérica, se lesionen garantías fundamentales de quienes opten por la deportación y de quienes no se acojan a dicho programa, enfatizando que en el caso de los mexicanos que sí participen, no se les conduzca esposados en su traslado a México.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de Julio de 2004.
De la Dip. Consuelo Rodríguez De Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en las operaciones del Municipio de Aguascalientes.
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA DIP. MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ DE ALBA, SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN RELACIÓN A OPERACIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
La que suscribe, Dip. María del Consuelo Rodríguez de Alba, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 60 y 90 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este H. Pleno el siguiente punto de acuerdo en virtud de los siguientes:
A n t e c e n d e n t e s y C o n s i d e r a c i o n e s
En diciembre del 2001 el municipio de Aguascalientes, Ags., emitió certificados bursátiles por un monto de $90 mdp que concluirá su pago hasta el 2006, operación que presentó múltiples anomalías y deficiencias desde el punto de vista jurídico, entre las que podemos mencionar las siguientes:
Dicha emisión se basa en una autorización emitida por el Cabildo en la Sesión Extraordinaria de fecha 11 de abril de 2001 en la que se aprueba:
• “La celebración de un contrato de crédito por $150 mdp con alguna “institución financiera” para destinarse a inversión pública productiva”
• “La celebración de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago a efecto de que se depositen dentro del mismo “los recursos” del Municipio de Aguascalientes para ser liquidados a la “Institución Bancaria” en la que se celebre el crédito antes señalado.
La autorización del Cabildo para la celebración del contrato de crédito no es la autorización que el Municipio requería para emitir valores por $90 mdp y colocarlos entre el público inversionista.
En ese sentido la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes regula por separado la contratación de créditos y la emisión de valores que realice el Estado. Es más a diferencia de lo establecido para el Estado, la Ley de Deuda Pública Estatal faculta a los Municipios a contratar créditos, pero no los faculta en ningún ordenamiento legal para emitir bonos, motivo por el cual el Cabildo nunca expidió una autorización para emitir un Bono Municipal.
Por otro lado, la autorización del Cabildo para “la celebración del fideicomiso, confirma que éste órgano de gobierno municipal jamás tuvo la intención de autorizar la emisión y colocación de un bono municipal, sino que buscaba simplemente celebrar un contrato de crédito con una institución bancaria, como se desprende de la autorización en comento.
De lo anterior se concluye que la emisión de los Certificados Bursátiles no fue autorizada jamás por el Cabildo.
Por si esto no fuera suficiente, la emisión de estos certificados tampoco fue sometida a la autorización de la Legislatura Estatal, pues seguramente el entonces alcalde sabía que la Ley de Deuda Pública Estatal en ningún momento facultaba al municipio para emitir valores.
Así, no obstante que la emisión de estos certificados no fue autorizada por el Congreso Estatal, para su pago fueron afectados en el fideicomiso diversos ingresos del municipio inclusive participaciones federales, contraviniendo claramente lo establecido por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establece que las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son inembargables; imposibilitando que puedan afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los Estados o Municipios, contando siempre con la autorización de las legislaturas locales e inscritas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Situación que no fue observada.
La administración municipal entonces encabezada por Luis Armando Reynoso Femat, ignoró lo establecido por el artículo 27 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en el que se establece que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan incremento en los ingresos públicos. Y la emisión de deuda según dice la autoridad que fue utilizada para pagar obra ya devengada y realizada.
Tampoco se conoce el desglose real de los costos de abogados, asesores, empresas calificadoras, colocadores y estructuradores que intervinieron en esta ilegal operación bursátil.
Lamentablemente estas no son las únicas irregularidades detectadas en esa administración; en fechas recientes diversos medios de comunicación han dado cuenta de diversas anomalías respecto al usufructo de un estadio de fútbol propiedad del municipio en Aguascalientes, y que seguramente también serán denunciados ante la autoridad correspondiente, toda vez que el patronato beneficiario de esta operación es presidido por el entonces alcalde Luis Armando Reynoso.
Es preciso apuntar que el artículo 79 fracción I de nuestra Ley Suprema establece que la Entidad de Fiscalización Superior (Auditoría Superior de la Federación), tendrá a su cargo, fiscalizar los recursos federales que ejerzan entre otros los municipios y que, en situaciones excepcionales, que determine la ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización para que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Estos requerimientos deben ser atendidos en los plazos y formas que correspondan so pena de fincar responsabilidades a quienes se nieguen a atenderlos.
Asimismo, la fracción III del mismo artículo, prevé la investigación de los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, entre otras.
En consonancia con lo anterior el artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, establece que cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras circunstancias pueda suponerse el presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, la ASF procederá a requerir a las entidades fiscalizadas, revisiones de conceptos específicos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas. El requerimiento deberá aportar indicios probatorios razonables, mediante los cuales se presuma que la irregularidad cometida ocasionó un daño al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
También el artículo 45 del mismo ordenamiento legal determina que si de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, la Auditoria Superior de la Federación procederá a:
I. Determinar los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas,
II. Promover ante las autoridades competentes el financiamiento de otras responsabilidades,
III. Promover las acciones de responsabilidades a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar, y
V. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
Es facultad de ese órgano de fiscalización dependiente del Congreso conocer de estas irregularidades cometidas por el entonces alcalde de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat.
Por lo anteriormente expuesto y fundado en los términos de los preceptos legales señalados, someto a la consideración de este H. Pleno el siguiente:
P u n t o d e A c u e r d o
Primero.- Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que en términos de lo establecido por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación practique todas las auditorias y revisiones a la operación bursátil realizada por el ayuntamiento de Aguascalientes toda vez que los recursos que garantizan dicha operación y con los que se liquida la misma son recursos federales.
Segundo.- Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación determine si esta operación bursátil (emisión de deuda Aguascalientes) se ajusto a lo establecido por la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones legales.
Tercero.- Se turne esta petición a la Auditoria Superior de la Federación, órgano de fiscalización del Congreso de la Unión, así como a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Dip. María del Consuelo Rodríguez de Alba.
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
a 7 de julio de 2004
Del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para que las autoridades competentes investiguen el asesinato del estudiante de la UNAM Pável González y se consigne a los responsables.
Con la venia de la Presidencia:
Compañeras y Compañeros Legisladores:
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo desea expresar una denuncia pública acerca del crimen perpetrado en perjuicio del joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Nación de Antropología e Historia Noel Pavel González.
Este crimen no es uno más de los que a diario ocurren en cualquier calle de la Ciudad de México o en cualquier parte del país. No, las particularidades de este caso y el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida nos llevan a la conclusión de que este fue perpetrado no sólo con saña sino con el deseo de atemorizar a alguien, de enviar un mensaje de que las organizaciones en las que el joven Pavel participaba afectan intereses creados y que esto no se va a permitir.
El día 19 de abril de este año Pavel González salió de su casa en compañía de su padre con destino a la Ciudad Universitaria en donde Pavel estudiaba la carrera de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras, desde ese día su familia perdió todo contacto con él y no es sino hasta el sábado 24 de abril en que el compañero Mario González González padre del occiso recibe una llamada telefónica en donde se le informa que su hijo sufrió un accidente y que se encuentra en una Agencia del Ministerio Público de la Delegación Tlalpan en la Ciudad de México.
Al acudir a dicha Agencia se le informa que Pavel había sido encontrado muerto. Pero lo peculiar del caso es que Pavel es llevado a la parte más alta del cerro del Ajusco, la que se conoce como Pico del Águila y es colgado en una de las cruces que en esa zona existen.
Esto es lo paradójico del caso y repetimos no se trata de un crimen por quererle robar un carro, ni un crimen en un intento de secuestro o asalto con violencia, no es tampoco arrollado por un microbús o un vehículo automotor.
Pavel es secuestrado, torturado y asesinado vilmente. No obstante lo anterior los criminales son capaces de subir su cuerpo a la parte más escarpada del Cerro del Ajusco y en el Pico del Águila dejarlo. Lo agreste del terreno hace suponer que no fue una ni dos personas las que pueden cargar un cuerpo cuyo peso es de aproximadamente 60 kilogramos y además subirlo para dejarlo en la cruz.
El joven Noel Pavel González era un activista político, altermundista, simpatizante del comité a favor de los Hermanos Cerezo, así como de los productores de café orgánico en el Estado de Chiapas y miembro del Frente Zapatista de Liberación Nacional, además del Consejo General de Huelga del Sur.
Esto nos lleva a pensar que este homicidio dada sus peculiaridades entraña algo más, entraña una amenaza para quienes militan o simpatizan con las causas progresistas de este país, contra quienes se oponen al alineamiento que en materia comercial este gobierno pretende con los Estados Unidos de Norteamérica.
Además se han dado una serie de irregularidades, por ejemplo, bajo el pretexto de lo difícil del acceso al Pico del Águila el Agente del Ministerio Público no se constituye en el lugar de los hechos para dar fe del homicidio y del levantamiento del cuerpo, ni acuden los peritos forenses para la toma de las fotografías correspondientes, sino que el cuerpo es bajado por elementos de la Dirección General de Recursos Naturales (CORENA), sin la presencia del Ministerio Público, policías ministeriales o peritos forenses.
Pero además al reconocer el cuerpo de Pavel, sus padres se percatan de un sinnúmero de lesiones que el cuerpo presentaba, y el argumento que se utiliza es que el cuerpo se les cayó a los rescatistas y rodó en descenso, aproximadamente 60 metros y esa fue la causa de esos golpes, sin existir hasta el momento información forense que determine si éstos fueron en vida o post-morten.
Una vez que se conoció del homicidio de Pavel llegaron a los correos electrónicos personales de compañeros de Pavel, correos con fechas lunes 26 de abril, a las 2:29 p.m., viernes 30 de abril a las 4:17 p.m., sábado 22 de mayo a la 1:29:42 a.m. y sábado 22 de mayo a la 1:19 a.m., cuyo origen es la dirección: llanao janes yunque20008@, estos correos contienen amenazas en contra de los compañeros de Pavel y se les insta a dejar de investigar o como se dice en uno de ellos “manténganse alejados o correrán la misma suerte”.
La existencia de estos correos electrónicos y el origen de los mismos hacen necesario un deslinde público de la organización de derecha denominada el “Yunque” y por supuesto que la instancia correspondiente de la Procuraduría General de la República en materia de delitos cibernéticos investigue y determine quien o quienes dieron de alta esta dirección electrónica y quien o quienes la utilizaron para enviar estos mensajes.
Compañeras y Compañeros Legisladores:
Para nadie es un secreto ya que el ambiente político en México esta totalmente viciado, que como reza el refrán “A río revuelto, ganancia de pescadores”, por ello es imprescindible que las instancias de procuración de justicia averigüen de manera precisa e indubitable qué fue lo que ocurrió en contra de Pavel González entre el lunes 19 de abril en el que su familia perdió contacto con él y el sábado 24 del mismo mes en el que su cuerpo es encontrado.
Pero que además se precise el porqué de las omisiones en que incurrieron los Agentes del Ministerio Público al no constituirse en el lugar de los hechos tal y como lo prescribe el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a su consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo.
ARTÍCULO PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita, atentamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investigue de manera exhaustiva todos los hechos ocurridos en torno al homicidio de Noel Pavel González González, así como las omisiones en que incurrió el Ministerio Público de la Delegación Tlalpan por no realizar las diligencias ministeriales conforme lo prescribe el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se solicita a la Procuraduría General de la República que por medio de unidad especializada de delitos cibernéticos investigue lo referente a la dirección de correo electrónico: llanao janes yunque 20008@, así como quienes fueron las personas que la activaron, ya que de dicha dirección han salido mensajes intimidatorios en contra de amigos de Pavel.
ARTÍCULO TERCERO. Se solicita a la Secretaría de Gobernación para que por medio de los órganos de inteligencia adscritos a ella investigue a la Organización de Derecha denominada “El Yunque” y su relación con el crimen de Noel Pavel González González.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los siete días del mes de julio del año dos mil cuatro.
A T E N T A M E N T E
DIP. OSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ
De la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades correspondientes a retirar de expendios de revistas y lugares públicos los artículos con contenidos pornográficos y de alto contenido violento.
Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la C. Senadora Yolanda Eugenia González Hernández mediante el cual se exhorta a la Secretará de Gobernación y a las autoridades correspondientes, a retirar de expendios de revistas y lugares públicos todos los artículos con contenidos pornográficos y de alto contenido violento”, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una de las funciones esenciales del Estado es la de garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos. Por una parte, la persecución y prevención del delito, y por la otra, la procuración de justicia y la atención de las víctimas, constituyen quizá la parte medular en la garantía de la seguridad pública.
Sin embargo, existen otros factores que sin duda, también contribuyen a la seguridad de la ciudadanía; los ambientes de violencia familiar, la ausencia de redes sociales de protección y de capital social, así como la imagen visual de las ciudades y los entornos sociales, también determinan e influyen en importante medida las condiciones de seguridad que existen en una sociedad.
La formación de una cultura de violencia, de no respeto a la dignidad humana, de exclusión y discriminación por razones de género, condición social, origen étnico o vivir con alguna discapacidad, son notas cotidianas que se pueden observar en distintas facetas y dimensiones de la vida social.
En esa lógica, es importante destacar que en nuestro país, desde hace varios años, y quizá décadas, se ha formado una cultura editorial que promueve, hay que decirlo con todas sus letras, una cultura orientada a denigrar, lastimar y vejar la condición de dignidad de las personas y sus familias, amén de la apología de la violencia y el delito que se realiza en las páginas de publicaciones que, sin más, promueven actitudes contrarias a toda cultura de la paz, la dignidad y el respeto a la condición humana.
Por ello es alarmante los indicadores que tenemos en cuanto a formación académica y hábitos de lectura en nuestro país. Según datos de la UNESCO México ocupa el penúltimo lugar de lectura por habitante en una lista de 108 naciones con 2.8 libros leídos por año. Y hay estimaciones que hablan incluso de sólo 0.5 libros leídos por habitante cada año.
A ello hay que agregar que no sabemos exactamente qué es lo que los mexicanos estamos leyendo, y sobre todo, qué es lo que las nuevas generaciones de jóvenes y niños están teniendo como lecturas, tanto formativas como informativas.
El tema no es menor; se trata nada menos que de los insumos que nuestros jóvenes y niños tienen para procesar la realidad y la complejidad, para entender y procesar el mundo en que vivimos, y para comprender y procesar sus realidades contextuales y entornos inmediatos.
Por ello destaca que de acuerdo con un estudio publicado por el diario La Jornada a inicios del 2001, muestra que Editorial Novedades imprime y distribuye en toda la república 800 mil ejemplares tanto de El Libro Vaquero como de El Libro Semanal, cada siete días. Y que las publicaciones “Erótica”, de editorial Toukan, y “Sabrosas y bien entronas”, de editorial Mango, distribuyen 400 mil y 300 mil ejemplares respectivamente por semana. De igual forma, este estudio mostraba que en nuestro país se venden 28 millones de historietas al año.
Por otro lado, otros análisis dan como resultado el dato de que en México existen cerca de 800 publicaciones de circulación nacional. Las de más alta demanda corresponden a las de historias sensacionalistas, cómicas y de relaciones amorosas, tales como El Libro Semanal y El Libro Vaquero con 41.6 millones de ejemplares vendidos por año, cada una.
Se estima pues, que más de 50% del papel que se produce en este país se destine a la impresión de historietas cómicas, novelas rosas o material pornográfico, lo cual resulta, por decir lo menos, escandaloso, más aún si se considera que los contenidos de la mayoría de este tipo de publicaciones sí incitan a la violencia, la discriminación o la agresión por distintos motivos prohibidos en la Constitución, así como a la inequidad en el trato entre los géneros.
Así pues, es lamentable que las 5 revistas semanales con más alta circulación nacional son: Libro Semanal y Libro Vaquero con 41.6 millones de ejemplares vendidos por año, cada una, Libro Policiaco 28.6 millones, TV Y Novelas 28 millones y TV Notas con 21.8 millones. Estos datos, por supuesto, no consideran el hecho de que también en nuestro país se comercializan numerosas publicaciones de contenido sexualmente explícito o pornográfico.
Al respecto debe aclararse aquí que no se pretende en ningún momento coartar la libertad de expresión, creencia o conciencia de los ciudadanos mexicanos.
Esta Proposición con Punto de Acuerdo, presenta estos datos para mostrar la magnitud y dimensión de la problemática que implica la constante exposición de nuestros jóvenes y niños a este tipo de publicaciones; se trata de menores de edad cuyo acceso a estas publicaciones debiera, en todo caso, quedar restringida.
Sin embargo, es de todos conocido que en los puestos expendedores de revistas, que se encuentran en todas las calles de esta ciudad y de la mayoría de las ciudades medias de nuestro país, estos materiales se encuentran a la vista y al alcance de todo el público.
Frente a esto habría qué preguntar, cómo construir un entorno alejado de la violencia, de la intolerancia, de la inequidad entre los géneros, de discriminación y agresión sexual, si el espacio visual cotidiano para nuestros jóvenes y niños está lleno de imágenes que, cuando menos, evocan o invocan actos de violencia.
La seguridad pública que los ciudadanos nos demandaron a todos los políticos con alguna responsabilidad pública el domingo 27 de junio, incluye también medidas que contribuyan a fomentar ambientes seguros y saludables, alejados de toda forma de abuso, maltrato o violencia.
Estamos hablando, por citar sólo un ejemplo, de uno de los derechos fundamentales que exige UNICEF a todos los países del mundo, y es proteger a las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia, maltrato o abuso, y al permitir la exposición irrestricta de materiales que difunden y hasta promueven la violencia en nuestra sociedad, no estamos cumpliendo con un mandato explícito del principal órgano promotor del cuidado de la infancia en el mundo. Esto sin mencionar las propias leyes con que contamos al respecto.
Por este conjunto de argumentos, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: que esta H. Soberanía exhorte a la Secretaría de Gobernación y a las instancias competentes, a que aplicando las leyes y normas que existen en la materia, obligue a los expendedores de revistas, a retirar de aparadores, muestrarios o todo tipo de espacio de exposición al público, todas las revistas o publicaciones de contenido sexualmente explícito, o con altos contenidos de violencia.
Segundo: que en aras de prevenir la violencia y el delito, la secretaría de Gobernación, a través de las áreas correspondientes, realice una revisión exhaustiva de los contenidos de las publicaciones impresas en nuestro país, a fin de aplicar y sancionar la normatividad vigente y evitar la proliferación de medios que inciten a la violencia, la comisión de actos ilícitos, promuevan la pornografía, o llamen a la realización de actos sancionados por nuestras leyes o normas.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
a los 7 días del mes de julio de 2004.
Del Dip. Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre seguridad pública.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD PUBLICA.
HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE
EL SUSCRITO DIPUTADO, LIC. JORGE USCANGA ESCOBAR, A NOMBRE DE LA DIPUTACIÓN FEDERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ME PERMITO PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:
ANTECEDENTES:
EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTABLECE LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UNA FUNCIÓN A CARGO DEL ESTADO, QUE TIENE COMO FINES, ENTRE OTROS, SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS.
POR SU PARTE, LA LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DELINEÓ UN SISTEMA DE COORDINACIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO; ES DECIR, COMO YA LO HEMOS SEÑALADO EN OTRAS OCASIONES, CREÓ LOS ESPACIOS PARA QUE LAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA SE COORDINEN Y TRANSFORMEN SUS CAPACIDADES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS EN ACCIONES COORDINADAS PARA COMBATIR EL DELITO CON TODA LA FUERZA DEL ESTADO.
CON ABSOLUTO RESPETO A SUS ATRIBUCIONES Y ÁMBITOS DE COMPETENCIA, LA LEY PREVÉ LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE TODAS LAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES LIGADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA SEGURIDAD PÚBLICA.
EL ÓRGANO SUPERIOR DE COORDINACIÓN LO ES EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE HA SIDO CONVOCADO PARA EL PRÓXIMO 14 DE JULIO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
EN ESA FECHA HABRÁN DE CONCURRIR: LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS; EL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; EL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL; EL SECRETARIO DE MARINA, EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; EL PROCURADOR GENERAL DE REPÚBLICA, ASÍ COMO, EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE LO PRESIDE.
POR OTRA PARTE, EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN SU FRACCIÓN VI ESTABLECE QUE CORRESPONDE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA: “PROPONER EN EL SENO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLÍTICAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y POLÍTICA CRIMINAL PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL”.
CABE SEÑALAR QUE ES IMPORTANTE PERSEGUIR Y CASTIGAR A LOS DELINCUENTES, PERO ES MÁS IMPORTANTE Y MENOS COSTOSO, PREVENIR EL DELITO.
POR ELLO, CONSIDERAMOS NECESARIO Y URGENTE CONTAR CON UNA POLÍTICA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
ESTO ADEMÁS RESULTA INDISPENSABLE PORQUE DE OTRA MANERA, CADA AUTORIDAD OPERA SIN UN ORDEN EFICAZ PREESTABLECIDO, COMO LO HA SIDO EL CASO DEL MUNÍCIPE DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, QUE PRÁCTICAMENTE DECRETÓ EL TOQUE DE QUEDA.
CONSECUENTEMENTE, CONSIDERAMOS MUY IMPORTANTE QUE EN LA REUNIÓN PREVISTA PARA EL PRÓXIMO 14 DE JULIO, SE DISCUTAN Y APRUEBEN LA POLÍTICAS, ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y POLÍTICA CRIMINAL. ESTO ES MUY IMPORTANTE, Y QUE DESDE LUEGO, SE ESTABLEZCAN COMPROMISOS CONCRETOS Y SE PONGAN EN PRÁCTICA CON UN SEGUIMIENTO PUNTUAL QUE ASEGURE SU CUMPLIMIENTO Y EFECTOS EN LO INMEDIATO EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA.
LA SOCIEDAD MEXICANA HA MANIFESTADO VEHEMENTE SU RECLAMO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ESPERA RESPUESTAS PRONTAS Y OPORTUNAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA DIPUTACIÓN FEDERAL VERACRUZANA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL FUNDAMENTO ANTES CITADO, NOS PERMITIMOS PROPONER EL SIGUIENTE
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO.- SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVISTA PARA EL PRÓXIMO 14 DE JULIO, SE DISCUTAN Y APRUEBEN LAS POLÍTICAS, ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y POLÍTICA CRIMINAL, Y QUE SE ESTABLEZCAN COMPROMISOS CONCRETOS QUE GARANTICEN RESULTADOS EFICACES E INMEDIATOS EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA.
ATENTAMENTE,
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 7 DE JULIO DE 2004.
DIP. JORGE USCANGA ESCOBAR.
De la Sen. Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de que explique la pérdida de rendimiento y capital que padecen los trabajadores afiliados a las AFORES.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR PARTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON RELACIÓN A LAS AFORES
Punto de Acuerdo
ÚNICO.- Se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Mario Gabriel Budebo, para que acuda a una reunión de trabajo en comisiones ante esta Comisión Permanente y explique la pérdida de rendimiento y capital que están padeciendo los millones de trabajadores afiliados a las Afores.
Del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para que se investigue y, de ser el caso, se aplique la ley a la Directora de la Lotería Nacional, por uso indebido de recursos públicos.
Con el permiso de la Presidencia
Compañeros y Compañeras Legisladores
Conforme pasan los días el escándalo de la corrupción imperante en la Lotería Nacional se agiganta.
Primero se hizo del conocimiento público la manera complaciente y fuera de la ley, de las transferencias de recursos a favor de particulares por parte de Directora General Laura Valdez.
También nos enteramos que una asesora de nacionalidad norteamericana cobró un millón doscientos mil pesos, sin que mediara concurso de licitación pública alguno para prestar sus servicios, para atender el mercado internacional de la Lotería Nacional.
Por si fuera poco el 85 por ciento de los gastos que realiza la Institución son mediante adjudicación directa y el resto se hace por invitación restringida. Ese esquema muestra que los principales beneficiarios de esta política de gasto son empresarios conocidos de Laura Valdez Ruiz y de la fundación “Vamos México”.
Cómo omitir las sumas millonarias otorgadas fuera de la ley a instituciones privadas como el Tecnológico de Monterrey y otras instituciones con fines de lucro, así como la conformación de una partida por 815 millones de pesos para la liquidación especial de altos funcionarios de este organismo.
Las corruptelas de la Directora de la Lotería no resistieron las primeras pruebas practicadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Ya quedaron demostradas varias irregularidades del fideicomiso “Transforma México”, entre ellas hacer adjudicaciones directas sin licitación pública para contratar publicidad, otorgar apoyos a una asociación que ya no está en operaciones, y así una larga lista de irregularidades que resulta francamente interminable.
Al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo le queda claro que desde su arribo al poder el actual grupo gobernante extendió las corruptelas que inició con “Amigos de Fox”.
No dudaron en usar a la Lotería Nacional como la caja chica de sus fechorías. Articularon su poder de corrupción con la privatización silenciosa de la PEMEX y CFE mediante los Contratos de Servicios Múltiples y los Pidiregas.
Tomaron al poder público para hacer negocios privados, no dudaron en transferir riqueza pública a sus amigos.
Han tenido el descaro el usar recursos públicos para promover la candidatura de Martha Sahagún a la Presidencia de la República.
En este contexto, poco les interesó la inseguridad pública en la que viven los habitantes de este país, tampoco les interesó la miseria de millones de mexicanos.
Por lo tanto, lo único que le queda ya al Poder Legislativo para evitar que el patrimonio de nuestra nación termine en los bolsillos de los amigos de fox, es limpiar a nuestras instituciones de la corrupción que hoy practica el Gobierno Federal.
Compañeras y Compañeros Legisladores
Con la Ley en la mano y a sabiendas de que la Directora de la Lotería Nacional ha violado diversas disposiciones relacionadas con la administración pública, exigimos de manera inmediata que sea destituida e inhabilitada y que sea procesada penalmente conforme a las disposiciones legales aplicables.
Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo que se establece en el Articulo 58 y 59 del Reglamento General para eI Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución:
Artículo Único.- El Pleno de esta Comisión Permanente solicita al Ejecutivo Federal la destitución e inhabilitación inmediata de la Directora General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Laura Valdez Ruiz, por haber incurrido en presuntas irregularidades graves que demeritan el patrimonio de esa institución y que como consecuencia de éstas, se aplique la ley.
Dado en la H. Comisión Permanente, a los siete días del mes de julio de dos mil cuatro.
A t e n t a m e n t e
Dip. Oscar González Yáñez
De la Sen. Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Economía, a fin de que explique el estado que guarda la posición económica mexicana con respecto a su competitividad mundial.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON RELACIÓN A LAS EXPORTACIONES MEXICANAS CON DESTINO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Las perspectivas económicas a lo largo del 2003 no fueron del todo favorables para México, y como es bien sabido, a partir del año 2001 nuestra economía sufrió una fuerte desaceleración.
Esta desaceleración se debe primordialmente a la situación de la economía global y, muy particularmente, a la decreciente situación de la economía estadounidense con la que nuestro país tiene concentradas más del 80 por ciento de nuestras transacciones financieras y comerciales.
En este contexto, debe subrayarse que nuestro país ha presentado resultados de crecimiento inferiores a los de nuestros socios comerciales los Estados Unidos y Canadá, y muy inferiores con respecto a los registrados en otras partes del mundo en desarrollo: Europa del Este, los tigres asiáticos, China y la India que han mostrado un enorme impulso económico y vigorosas tazas de crecimiento en los últimos años.
Es decir, la situación económica en México se deterioró más que en otras partes del mundo con excepción de Africa y América del Sur.
La realidad comercial internacional causó que nuestro sector exportador perdiera competitividad con relación al quinto lugar que ostentábamos como exportadores hacia los Estados Unidos para ubicarnos hoy, en novena posición.
De acuerdo con datos publicados por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en el 2002, la tasa de crecimiento de las exportaciones mexicanas creció 2.5 por ciento, lo que nos ubicó en quinto lugar, pero a lo largo del 2003, retrocedimos cuatro lugares ante el empuje de otros países que incrementaron sus exportaciones hacia territorio estadounidense.
No es de causarnos sorpresa el que China haya sido el país que más incrementó sus exportaciones el año pasado, logrando avanzar 21.7 por ciento con respecto al 2002; Brasil también las incremento en 13.3 por ciento; Holanda con 11.4 por ciento, mientras que la exportaciones mexicanas apenas avanzaron 2.6 por ciento.
Paralelamente, por el valor de las exportaciones, en el 2003 China nos desplazó para ubicarse como segundo exportador al mercado estadounidense.
Si bien la importación total de bienes y servicios de los Estados Unidos creció en un 8.3 por ciento con respecto al 2002, el ritmo de compra de los productos chinos creció casi tres veces en comparación con el de las adquisiciones estadounidenses al resto del mundo.
Las ventas de productos mexicanos al mercado estadounidense en el año 2003 sumaron 138 mil 60 millones de dólares, con lo que nos ubicamos como tercer lugar. El segundo lugar fue ocupado por China con exportaciones hacia los Estados Unidos por un total de 152 mil 436 millones de dólares, monto 10.4 por ciento superior al de las ventas mexicanas.
A lo largo del periodo comprendido entre 2001 al 2002, nuestro país ocupó el cómodo segundo lugar como proveedor del mercado estadounidense, sin embargo, una política comercial agresiva por parte de los asiáticos terminó por desplazarnos, y se prevé que suceda lo mismo con Canadá que es hoy el socio número uno en ventas hacia ese importante mercado con un 17.8 por ciento de las importaciones de ese país, mientras las compras de productos chinos representan el 12.1 por ciento.
Sin embargo, se estima que de acuerdo al ritmo de crecimiento de las ventas de los chinos, en el 2005 podrían alcanzar el volumen de los canadienses y para el 2006 probablemente serían ya los primeros proveedores de Estados Unidos, lo cual representaría para nuestro país un nuevo descenso de nuestras exportaciones.
Hoy, en este mundo globalizado la competitividad que enfrentan nuestras exportaciones se ha vuelto más intensa, sabemos que hay productos mexicanos que han experimentado una pérdida de participación y competitividad.
De acuerdo con datos del 2003 del Departamento de Comercio de Estados Unidos, México dejó de exportar a ese país 351 mil millones de dólares en aparatos eléctricos y sus partes; 329.7 mil millones de dólares en computadora; 316 mil millones en equipo científico y médico; 109 mil millones en maquinaria industrial, y 633 mil millones en partes y accesorios de automóviles.
En el mismo periodo China aumentó sus exportaciones en esos mismo rubros, en algunas, incluso llegó a duplicarlas. Lo anterior indica que estos productos que antes nos compraban los vecinos del norte ahora se los está abasteciendo China.
Señores Legisladores y Legisladoras.
México presenta graves deficiencias en materia de competitividad si se le compara internacionalmente. De acuerdo a la lista de competitividad presentado en el Foro Económico Mundial llevado a cabo en la ciudad de Davos, Suiza, nuestro país se encuentra entre el lugar 45 y 50 desde hace ya, varios años.
He querido con todos estos datos dar la voz de alarma sobre una situación que, al igual que al Grupo Parlamentario del PRI en esta Comisión Permanente al Congreso de la Unión deber ser, como lo es ya para los legisladores, motivo de una gran inquietud para el Gobierno Federal.
Sin duda que toda esta perdida de mercados, y de competitividad de nuestro país, trae aparejado el enorme riesgo de la pérdida de ingresos para México y, sobre todo de la irremediable pérdida de muchas fuentes de empleo, en estos momentos tan necesarios para todos los mexicanos
Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este Honorable pleno, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Por la importancia que tiene para la Nación la relación económica con nuestros socios comerciales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer en comisiones al Sr. Secretario de Economía, Lic. Fernando Canales Clariond, para que informe a esta soberanía de manera precisa y detallada el estado que guarda la posición económica mexicana con respecto a su competitividad mundial, así como las medidas que deberá instrumentar el gobierno federal para impulsar nuestras exportaciones.
Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de Junio de 2004.
Del Dip. David Hernández Pérez, a nombre de la Dip. Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y del Estado de Nayarit a informar sobre el avance en la investigación relacionada con el caso de corrupción del diputado local Marco Antonio Hernández Estrada.
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA SOLICITAR A LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INFORMEN SOBRE EL AVANCE DE LAS AVERIGUACIONES ABIERTAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.
Con fundamento en los Artículos 58, 59 Y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones.
En los últimos días, los mexicanos hemos conocido hechos alarmantes de la corrupción que afecta las esferas públicas de nuestro país y que, desgraciadamente, no son ajenas a lo que acontece en el Estado de Nayarit.
Como ciudadana nayarita, me indigna saber que el señor Marco Antonio Hernández Estrada, Diputado con licencia del Congreso de Nayarit y ahijado del Gobernador Antonio Echevarría Domínguez, durante su gestión como secretario privado del titular del Poder Ejecutivo Estatal de 1999 a 2002, haya acumulado riqueza de tal dimensión que le permite hacer transferencias personales por 500 mil dólares americanos de la cuenta 0074636425 0134833449 de la sucursal 6364 de la institución financiera denominada BANCOMER, localizada en Guadalajara, Jalisco, a la cuenta 121000358 de BANK OF AMERICA de la sucursal establecida en San Francisco, California, los Estados Unidos. Ambas cuentas a nombre del propio Marco Antonio Hernández Estrada y de cuya transacción se posee copia fiel que respalda lo anteriormente citado.
Compañeros Diputados, cabe preguntarnos: ¿Por qué el Gobernador Antonio Echevarría ha tolerado una situación tan irregular como la que públicamente se conoce? ¿Cuáles son los elementos en que se basaron las autoridades de procuración de justicia del Estado de Nayarit para declarar la no responsabilidad del señor Hernández Estrada?
Al iniciar actividades legislativas, la actual Legislatura del Congreso de Nayarit expresó la voluntad popular de garantizar que los recursos públicos se ejercieran con estricto apego a la legalidad, honestidad y eficacia.
En ese contexto, el Órgano de Fiscalización Superior procedió a la revisión de las cuentas públicas de nuestro Estado que son sujetos de fiscalización, encontrando graves irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de la dependencia que administró Marco Antonio Hernández Estrada. Estos hechos originaron que el Órgano de Fiscalización Superior, interpusiera denuncia por hechos que se presumen constitutivos de delito.
Sin duda, los últimos acontecimientos políticos nacionales han situado a las instituciones públicas en una condición crítica ante la opinión ciudadana, la cual debe ser enfrentada con decisión y valentía por los diversos órganos de gobierno.
Desafortunadamente, hoy advertimos por parte de funcionarios estatales y federales encargados de la procuración de justicia, acciones que pudieran configurar delitos como el encubrimiento o el ocultamiento de información relacionado con las actividades ilícitas del Diputado local con licencia, Marco Antonio Hernández Estrada.
Por lo anterior, como representante popular de la sociedad nayarita, denuncio este grave hecho de impunidad.
La sociedad Nayarita se muestra indignada y, con plena justificación, desconfiada de sus autoridades. Los nayaritas demandamos por nuestro propio derecho, el siguiente
Punto de Acuerdo.
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de la Procuraduría General de la Republica, a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit: que informen al Congreso de la Unión los avances y el estado de las averiguaciones números TEP/I/AP/323/03 y 324/2002/II, abiertas por las denuncias de los presuntos actos de corrupción presumiblemente delictivos.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demanda la profundización, hasta sus ultimas consecuencias, de la investigación judicial, además de identificar la relación y presunta responsabilidad de los C. C. Antonio Echeverría Domínguez, Gobernador Constitucional de Estado, y Marco Antonio Hernández Estrada, ex-secretario privado del C. Gobernador del Estado.
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la Federación que, se realice a la brevedad posible una auditoria de los recursos federales asignados al Estado de Nayarit desde el inicio de la administración del Gobernador.
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a esta soberanía para crear una Comisión especial que de seguimiento a los hechos de corrupción e involucramiento del C. Marco Antonio Hernández Estrada, Diputado con licencia de la XXVII Legislatura del Estado de Nayarit.
QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, Lic. Jorge Bañuelos Ahumada, explique a esta soberanía los elementos que tomó en consideración para decretar la no responsabilidad del Diputado con licencia.
EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE NUESTRO PLANTEAMIENTO, SOLICITAMOS A ESTA HONORABLE ASAMBLEA SE CONSIDERE LA PRESENTE PROPOSICIÓN COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores sede de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
México, D.F., a los 7 días del mes de julio de 2004.
DIP. FEDERAL MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU
Rubrica
De la Dip. Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública el proyecto de reforma integral de la educación secundaria.
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION.
Señoras y señores diputados:
Nos permitimos presentar ante la más alta Tribuna de la Nación, una proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Educación Pública el proyecto de reforma integral de educación secundaria que propone la reducción de 34 a 24 las asignaturas del nuevo plan y programas de estudios y la eliminación de la enseñanza de la historia prehispánicas y de pueblos importantes de la historia universal anterior al siglo XV, así como que dicha reforma se detenga y se evite su publicación en el Diario Oficial de la Federación, hasta que no sea debidamente estudiada, consensuada y aprobada, a partir de los siguientes considerandos:
I. Que como parte de la política comunicativa de la Secretaría de Educación Pública, a través del subsecretario de Educación Básica y Normal se ha dado información a los medios de comunicación masiva, de que la reforma integral educación secundaria está casi concluida y por lo mismo se cuenta con el nuevo plan de estudios y programas de educación secundaria en la que se reduce el número de 34 a 24 las asignaturas, se suprime la historia prehispánica y parte de la historia universal anterior al siglo XV, por citar algunos elementos de dicha propuesta que han sido motivo de atención de especialistas y de la ciudadanía en los últimos días.
II. Que la propuesta de eliminar la historia de los pueblos originarios de nuestro país, es contrario al espíritu de estado – nación pluricultural que reconoce el artículo 2º de nuestra Constitución Federal.
III. Que la idea de reducción de los contenidos de la historia nacional en particular de la prehipánica y de las ciencias sociales en general puede afectar la capacidad de los jóvenes estudiante para comprender la realidad de México en cuanto a su composición pluricultural y en cuanto a que está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, descendientes de poblaciones que habitaban en el actual territorio del país al iniciarse la colonización en el siglo XV.
IV. Que la eliminación de los contenidos de la historia prehispánica atenta contra la formación de una nueva identidad nacional que requiere la aceptación de nuestra diversidad cultural actual, el reconocimiento de los pueblos indígenas que han sabido resistir los embates de la colonia y los del mismo proceso de conformación del estado nacional.
V. Que la omisión de una parte importante de la historia nacional, como lo constituye la historia prehispánica implica una nueva forma de dominación ejercida por quienes detentan el poder en la vida de nuestro estado nacional y que dicha forma dominante es contraria al espíritu de la educación intercultural que propone la Secretaría de Educación Pública, como una de las estrategias para establecer un dialogo horizontal entre culturas y pueblos del país, fortalecer la identidad nacional y construir una nueva relación sociocultural más humana entre la población mestiza mayoritaria y la población indígena actualmente minoritaria y que vive en condiciones de dramática desigualdad política, económica, social y cultural.
VI. Que la niñez y la juventud de este siglo no sólo requiere una formación científica y tecnológica si no humanística para mantener viva la llama de la libertad, de la independencia nacional y de la justicia social, así como la idea de igualdad entre todos los seres humanos, es necesario darle formación historica pertinente, profunda y crítica.
VII. Que científicos sociales mexicanos connotados han planteado sus puntos de vista contrarios a dicha forma y que es deber de los diputados que representan al pueblo de México recoger sus preocupaciones y traer sus planteamientos a esta Tribuna.
Planteado y visto lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se solicita al Secretario de Educación Pública presente a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la forma más completa, el proyecto de Reforma Integral de la Educación Secundaria, incluyendo el plan y los programas de estudios correspondientes.
Segundo. Se solicita que el Secretario de Educación Pública presente un informe detallado del impacto que dicha reforma provocará en los jóvenes estudiantes, en relación a la conformación de una identidad nacional capaz de comprender y fortalecer la diversidad cultural, lingüística y étnica del país, así como en el establecimiento de mejores relaciones interculturales entre los pueblos que constituyen la nación mexicana.
Tercero. Se solicita que dicha reforma se detenga hasta que sea lo suficientemente analizada y consensuada por especialistas en la materia y científicos sociales, padres de familia, profesores de educación secundaria y legisladores, a fin de evitar que se convierta en un problema social y político de consecuencias lamentables.
Cuarto. Se solicita que dicha reforma integral de educación secundaria no se publique en el Diario Oficial de la Federación hasta que no esté debidamente consensuada y aprobada por especialistas en la materia y científicos sociales, padres de familia, profesores de educación secundaria y legisladores.
Es cuanto, Señor Presidente.
POR LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Dip. Sofía Castro Ríos Dip. Javier Manzano Salazar
Secretaria Presidente
Del Dip. Quintín Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social permita a los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Hulera “Euzkadi”, el derecho a recibir prestaciones médicas en el Municipio de El Salto, Jalisco.
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL CUMPLIMIENTO INMEDIATO DEL ARTICULO 109 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA OTORGAR A LOS MIEMBROS DEL SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HULERA EUZKADI, S.A. EL DERECHO A RECIBIR LAS PRESTACIONES MEDICAS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO FEDERAL QUINTIN VAZQUEZ GARCIA INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL BAJO LA SIGUIENTE
EXPOSICION DE MOTIVOS.
1.- CON FECHA 16 DICIEMBRE DE 2001, LA COMPAÑÍA HULERA EUZKADI, S. A. DE C. V. NOTIFICO POR CONDUCTO DEL APODERADO LEGAL A LOS TRABAJADORES, DE LA TERMINACION DE LAS RELACIONES LABORALES EN UN ACTO POR DEMAS VIOLATORIO.
EN REFERENCIA AL DOCUMENTO DIRIGIDO AL SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HULERA EUZKADI, S. A. DE C. V. SUSCRITO POR EL APODERADO LEGAL SE SEÑALA QUE “A PARTIR DE HOY, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 5 CONSTITUCIONAL Y DEMAS NORMAS QUE DERIVAN DE ELLA, DEJA DE OPERAR EN FORMA DEFINITIVA SU PLANTA UBICADA EN EL KILOMETRO 3.5 DE LA CARRETERA A EL SALTO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO, CESANDO TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION DEL HULE Y SUS ACTIVIDADES CONEXAS EN DICHO CENTRO DE TRABAJO, ASI COMO EN AQUELLOS LUGARES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA, DONDE SU PERSONAL OBRERO PRESTE SERVICIOS”
2.- LA LUCHA OBRERA SE INICIA Y EL 22 DE ENERO DE 2002 SE ESTALLA LA HUELGA, ACOMPAÑADA POR LA SOLIDARIDAD DE DIVERSOS SINDICATOS Y TRABAJADORES. DESGRACIADAMENTE EL 22 DE MARZO DE 2002, LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EMITIO UNA RESOLUCION EN EL EXPEDIENTE DE HUELGA III-133/2002, SEÑALANDO EN SU PARTE CONDUCENTE QUE LA HUELGA ERA IMPROCEDENTE Y QUE POR TANTO ERA INVIABLE JURIDICAMENTE POR LO QUE SE ORDENABA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO POR CARECER DE MATERIA.
3.- EL SINDICATO, EN DEFENSA DE SUS LEGITIMOS DERECHOS, SOLICITO UN AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCION DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CON FECHA 23 DE MARZO DE 2002.
4.- EL 3 DE OCTUBRE DE 2002 SE RESUELVE LA IMPUGNACION DE LA RESOLUCION DEL AMPARO INDIRECTO QUE PRESENTO LA EMPRESA, MEDIANTE UN RECURSO DE REVISION, DEL CUAL CONOCIO EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE RT-1381/2002 EL CUAL MEDIANTE SENTENCIA DICTADA EN FECHA TRES DE OCTUBRE DE 2002 RESOLVIO DECLARARLO IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISION, ORDENANDO A LA AUTORIDAD LABORAL QUE EMITIERA UNA RESOLUCION EN LA QUE CITARA A LAS PARTES EN CONFLICTO PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE CALIFICACION DE LA HUELGA, DEBIDO A QUE LA EMPRESA SOLICITO LA CALIFICACION DE LA MISMA COMO INEXISTENTE.
5.- EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN EL DISTRITO FEDERAL, EXPEDIENTE PRAL-342/2003 RESOLVIO CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL AL
SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HULERA EUZKADI S. A. DE C. V. ORDENANDO A LA JUNTA DE FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE QUE SEÑALARA DIA Y HORA PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE CALIFICACION DE LA HUELGA, SEGÚN SE HABIA SEÑALADO EN LA RESOLUCION RT-1381/2002.
6.- EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2004 LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EMITE UN RESOLUTIVO QUE A LA LETRA DICE: “AL HABERSE DECLARADO INFUNDADO E IMPROCEDENTE LO SOLICITADO POR LA EMPRESA EN SU ESCRITO DEL 25 DE ENERO DE 2002, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 929 PARRAFO II, 450, 451 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE DECLARA LEGALMENTE EXISTENTE, LA HUELGA ESTALLADA POR EL SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HULERA EUZKADI, S. A. DE C. V. A LAS DIECISEIS HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL DOS, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR”
7.- DICHA RESOLUCION OTORGA A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO LAS PRERROGATIVAS QUE SEÑALA EL ARTICULO 109 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL QUE A LA LETRA SEÑALA: “EL ASEGURADO QUE QUEDE PRIVADO DE SU TRABAJO REMUNERADO, PERO QUE HAYA CUBIERTO INMEDIATAMENTE ANTES DE TAL PRIVACION UN NUMERO DE OCHO COTIZACIONES SEMANALES ININTERRUMPIDAS, CONSERVARA DURANTE LAS OCHO SEMANAS POSTERIORES A LA DESOCUPACION, EL DERECHO A RECIBIR, EXCLUSIVAMENTE LA ASISTENCIA MEDICA Y DE MATERNIDAD, QUIRURGICAS, FARMACEUTICAS Y HOSPITALARIA QUE SEAN
NECESARIAS. DEL MISMO DERECHO DISFRUTARAN SUS BENEFICIARIOS.
EL EJECUTIVO FEDERAL PODRA SOLICITAR AL CONSEJO TECNICO QUE SE AMPLIE EL PERIODO DE CONSERVACION DE DERECHOS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, CUANDO A SU JUICIO LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y LABORALES DEL PAIS ASI LO REQUIERAN, Y DETERMINARA LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN QUE OPERARA LA CONSERVACION DE LOS DERECHOS QUE AL EFECTO CORRESPONDAN, LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA OTORGARLA Y LA VIGENCIA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE.
EN ESTE SUPUESTO EL GOBIERNO FEDERAL PROVEERA DE MANERA OPORTUNA Y SUFICIENTE AL INSTITUTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FINANCIAR LOS COSTOS ADICIONALES QUE DICHA MEDIDA REPRESENTE. EL INSTITUTO AL EFECTO DEBERA LLEVAR REGISTROS CONTABLES POR SEPARADO DE SU OPERACIÓN ORDINARIA.
PARA DICHOS PROPOSITOS, LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL DESTINE DEBERAN CONSIDERARSE EXPRESAMENTE EN EL CORRESPONDIENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION.
LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE HUELGA, RECIBIRAN LAS PRESTACIONES MEDICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE AQUEL”.
8.- LA FALTA DE RESPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL SEGURO SOCIAL A LA PETICION FORMAL DEL SINDICATO PARA RECIBIR LAS PRERROGATIVAS DEL ARTICULO 109 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DEJAN DE MANERA INDEFENSA Y SIN POSIBILIDAD DE ATENCION MEDICA A LOS PROPIOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS.
9.- CON FECHA 11 DE MARZO DE 2004 EL SINDICATO SUSCRIBE PETICION FORMAL SOLICITANDO SE RESTITUYA EL SERVICIO MEDICO A SUS INTEGRANTES Y SUS FAMILIAS, SIN OBTENER AUN RESPUESTA POSITIVA POR LO QUE SE HACE IMPRESCINDIBLE QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS INTERVENGA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y FUNDAMENTALMENTE SOLIDARIZARSE CON LOS TRABAJADORES
10.- EL GRAN ESFUERZO Y SUFRIMIENTO DE LOS TRABAJADORES AL CARECER DURANTE MUCHO TIEMPO DE UN INGRESO PROPIO, DE SOBREVIVIR CON EL APOYO SOLIDARIO DE SINDICATOS Y TRABAJADORES FUE FACTOR IMPORTANTE PARA EL DETRIMENTO FISICO Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS, OCASIONANDO LAMENTABLEMENTE UNA PERDIDA DE LAS CONDICIONES FISICAS Y DE SALUD POR LO QUE SU ATENCION MEDICA RESULTA INMEDIATA.
EN TAL VIRTUD Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL SUSCRITO DIPUTADO QUINTIN VAZQUEZ GARCIA INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PROPONE ANTE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO.- SE EXORTE AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL CUMPLIMIENTO INMEDIATO DEL ARTICULO 109 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HULERA EUZKADI, S.A., MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DECLARANDO LEGALMENTE
EXISTENTE LA HUELGA ESTALLADA POR EL PROPIO SINDICATO CON FECHA ENERO 22 DE 2002.
SEGUNDO: SE NOTIFIQUE AL SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA HULERA EUZKADI, S.A. LA SOLIDARIDAD DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU PETICION.
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO.
DIPUTADO QUINTIN VAZQUEZ GARCIA
De la Dip. Irene Blanco Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la SEMARNAT y a la PROFEPA que procedan a la aplicación inmediata de la legislación que protege la reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado.
CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.
LIX LEGISLATURA
P R E S E N T E
Irene Herminia Blanco Becerra, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PARTIDO ACCION NACIONAL, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se apruebe de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con :
PUNTO DE ACUERDO
Para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)para que, de manera inmediata procedan a la aplicación efectiva de toda la legislación y normatividad existente que protege a la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado, con el objeto de evitar la muerte incidental de la vaquita marina, especie en peligro crítico de extinción
ANTECEDENTES
Primero.- La vaquita marina ( Phocoena sinus) es uno de los mamíferos marinos más pequeños que existen en la tierra. Sólo se localiza en el área ubicada en el Alto Golfo de California, por lo que es una especie endémica de México, es decir, sólo existe en esta zona del Planeta.
Segundo.- Se encuentra al borde de la extinción debido a la ineficacia de las estrategias llevadas a cabo para enfrentar las amenazas críticas que arriesgan su supervivencia. Tradicionalmente se ha capturado de manera incidental al pescar Totoaba, que ocupa el mismo hábitat, y esta captura en las redes agalleras
Tercero.- La vaquita marina es el único cetáceo endémico de México cuya población total se estima que no rebasa los 600 individuos y es considerada en crítico peligro de extinción a nivel mundial. Es una de las siete especies más amenazadas del planeta y habita exclusivamente en la parte Norte del Golfo de California.
Cuarto.- En 1993 Se decreta la “Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y se prohíbe toda actividad pesquera en su área núcleo
Quinto.- En 1992 se prohíbe el uso de redes agalleras con luz de malla menor de 25 centímetros, y se crea el Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba del Alto Golfo de California
Sexto.- En 1994 se decreta a la vaquita como especie en peligro de extinción dentro de la NOM-059-ECOL-1994.
Séptimo.- En 1997 se crea el Comité Internacional para la recuperación de la vaquita(CIRVA), responsable de elaborar un “Plan de Recuperación y Conservación”
Octavo.-En el periodo de diciembre de 2003 a mayo de 2004 Seis vaquitas marinas murieron, lo cual se traduce en un promedio de una vaquita por mes Estos registros han sido oficialmente reportados por la dirección de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (CONANP / SEMARNAT).
Noveno.- Un 70% de la mortalidad de la vaquita radica en quedar atrapada en los equipos de pesca, principalmente las redes agalleras, incluyendo las utilizadas para pescar tiburones.
CONSIDERACIONES
1.- México Catalogó a la vaquita marina como una especie “ rara o en peligro de extinción” desde 1978 .En el mismo año la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (IUCN) la clasifico como “especie vulnerable”.
2.- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) agrupo a la vaquita dentro del apéndice I que se refiere a las especies en peligro de extinción, en 1979.
3.- No obstante que la Carta Nacional Pesquera determina que el límite de mortalidad incidental para evitar su extinción es de tasa cero al año, las autoridades encargadas de tomar medidas de emergencia para detenerla no han hecho nada.
4.- Que en 1993 se establece la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California, en respuesta a la evidente disminución de poblaciones de vida silvestre, peces y la misma vaquita.
Que la Reserva de la Biosfera abarca las áreas terrestres y marítimas que comprenden mas de 930,000 hectáreas, con un área central de aproximadamente 168,000 hectáreas y una gran zona limítrofe de amortiguamiento.
Y que la Reserva contiene mas de 726 especies, de las cuales 17% son endémicas del Alto Golfo o del Delta del Río Colorado.
Se decretó en 1993 la prohibición relativa a la pesca comercial en la parte superior del Alto Golfo. Sin embargo la prohibición no ha entrado en vigor de manera eficaz.
5.- En 1975 se estipula la prohibición para pescar totoaba con redes agalleras, siendo este un ordenamiento legal importante para la conservación de la vaquita, ya que las vaquitas son capturadas en redes agalleras de pesca de totoaba
6.- En 1991 se da otro ordenamiento legal relativo a la “protección de los cetáceos contra el daño directo”
7.- En 1992 se decreta la exclusión del uso de redes agalleras con mayas mayores a las 10 pulgadas.
8.- Cabe mencionar que muchos de estos ordenamientos legales no se han llevado a cabo, por lo que continúa la captura incidental de la vaquita en algunas actividades pesqueras y en zonas actualmente prohibidas.
9.- La Reserva de la Biosfera del Alto Golfo es un área protegida y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su artículo 45 dice claramente que el objeto de dichas áreas naturales protegidas es:
I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles...
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva...
CONCLUSIONES
Por todo lo anterior, es necesario exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y autoridades locales , para que activen TODOS los ordenamientos legales sobre pesca existentes y cualquiera otra actividad que se relacione con la vaquita.
Las redes agalleras representan el mayor riesgo para la supervivencia de la vaquita, siendo que están causan el 70% de mortalidad de las mismas.
Por lo tanto todas las regulaciones encaminadas a la protección de la misma se deben de poner en marcha, de manera inmediata
De no llevarse a cabo una serie de medidas drásticas la vaquita marina podría extinguirse en unos pocos años, lo que significaría una verdadera tragedia ambiental con repercusiones incalculables para el ecosistema del Golfo de California y para la sociedad mexicana.
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)para que, de manera inmediata proceda a la aplicación efectiva de toda la legislación y normatividad existente que protege a la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado, con el objeto de evitar la muerte incidental de la vaquita marina, especie en peligro crítico de extinción
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que, en el ámbito de su competencia elabore y publique una norma de emergencia, que establezca las zonas pesqueras que pueden ser utilizadas sin detrimento de la vaquita marina, así como de métodos que eviten su captura.
Dado la sede del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los- días del mes de junio del 2004.
Del Dip. David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación suspenda de sus actividades a la titular de la Dirección General de Protección Civil, en tanto la Subcomisión de Protección Civil investiga las desviaciones observadas por la Secretaría de la Función Pública.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, EL LIC. SANTIAGO CREEL MIRANDA, PARA QUE SE SUSPENDA DE SUS FUNCIONES A LA LIC. MARIA DEL CARMEN SEGURA RANGEL COORDINADORA GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, MIENTRAS QUE LA SUBCOMISION DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMISION DE GOBERNACIÓN EN LA CAMARA DE DIPUTADOS INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES OBSERVADAS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.
El suscrito Diputado Federal de la LIX Legislatura David Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
Con fecha 22 enero de 2003 el Titular del órgano Interno de Control en la Secretaria de Gobernación emitió la orden de auditoria N° 05/ C.I. / 2003, dirigida a verificar el cumplimiento del Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006 de esta Secretaria.
La auditoria se programo del día 22 de enero al 30 de noviembre de 2003 en las oficinas de la Coordinación General de Protección Civil (CGPC), ubicadas en la calle de Paseo de la Reforma N° 99 Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc en México, D.F.
La revisión comprendió el periodo del 1° de enero de 2002 al 30 de noviembre de 2003, e incluyo políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos de las áreas adscritas a la CGPC para verificar el cumplimiento del Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006 de esta Secretaría, conforme a la normatividad emitida al respecto para lo cual la revisión se desarrollo conforme se establece en las Normas Generales de la Auditoria Pública, aplicándose los procedimientos que se consideraron necesarios.
El día 22 de enero de presente en las oficinas que ocupan la CGPC, se presentaron los Lic. Alberto Martell Moreno, Ing. Alejandro Parada Rodríguez, C.P. Martín Hernández Hernández y C. Fernando Martínez Vega, auditores adscritos al Organo Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, haciendo constar que se constituyeron legalmente, tal como quedo asentado en el acta de inicio de la auditoria.
CONSIDERACIONES
Como resultado de la revisión practicada a la Coordinación General de Protección Civil, en atención a la orden de auditoria número 05/ C.I./ 0005/ 2003 del 22 de enero de 2003, orientada a verificar el cumplimiento del Programa Nacional de Protección Civil 2001 – 2006 a cargo de la Secretaria de la Función Pública se dieron a conocer los resultados y las observaciones determinadas así como las recomendaciones pertinentes, las cuales fueron comentadas por los auditores que participaron en la revisión con los servidores públicos superiores y de mandos medios responsables de atenderlas, conforme a lo siguiente:
• Durante el ejercicio de 2001 la revisión practicada a la CGPC se determino que existen tres avisos de termino de emergencia que no han sido publicados, del ejercicio de 2002 una declaratoria de emergencia correspondiente al Estado de Chihuahua y catorce avisos de termino. De el 2003, no se han publicado seis declaratorias de emergencia y hasta el momento existen tres avisos de termino pendientes de publicación.
• Con base en la información obtenida durante la revisión se pudo constatar que la CGPC, realiza sus atribuciones en materia de protección civil de forma reactiva ya que no cuenta con las herramientas idóneas que organicen y faciliten su gestión.
• Carecen de un catalogo de proveedores que les permita responder de forma oportuna promoviendo las mejores condiciones en la adquisición de los insumos establecidos en las reglas de operación del FONDEN (ROF).
• Insumos ociosos adquiridos por concepto de emergencia. En octubre de 2002 se autorizo la compra de 2 millones de pastillas potabilizadoras de agua, por un importe $ 10.1 millones de pesos, y solo se destino para la atención de la emergencia 1 millón, el 50% restante, al mes de junio de 2003 se encontraba sin movimiento y al día 2 de octubre de 2003 la existencia ascendía a 899, 110 pastillas almacenadas.
• Del examen efectuado y al alcance de las pruebas realizadas, durante la emergencia presentada en el mes de octubre de 2002, se adquirieron productos farmacéuticos con la Empresa SPITE, S.A. de C.V. , y se pagaron artículos que no fueron entregados a la Secretaría de Gobernación por un monto de 316, 579. 35 pesos. Así mismo se pagaron al mismo proveedor por conceptos de facturas duplicadas un monto de 1, 043, 660. 97 pesos.
• Del examen realizado a las operaciones de compra se constato que de las transacciones con los proveedores Víctor Emilio Añibarro Dalloli y Asesoría y Gestoría Corporativa S.A de C.V. se generaron pagos en exceso por un monto de 1, 188, 669. 94 pesos en la adquisición de botas de hule, colchonetas y cobertores.
• Los procedimientos de selección de proveedores que realiza la CGPC para las adquisiciones de bienes, no garantizan a la SEGOB las mejores condiciones de compra ya que de las pruebas realizadas se pudo constatar que la empresa “Asesoría y Gestoría Corporativa S.A de C.V.” se encuentra registrada ante el SAT con la actividad de “Servicios de Contaduría y Auditoria” y oferta a la Coordinación General colchonetas y cobertores, mientras que en el caso del proveedor Víctor Emilio Añibarro Dalloli se constato que su domicilio fiscal corresponde a un estacionamiento establecido desde hace cuatro años, circunstancias que generan un riesgo para el erario público ya que se mantienen operaciones con proveedores de dudosa credibilidad.
Lo anterior refleja que en octubre de 2003 permanecieron ociosos 4.5 millones de pesos, inmovilizando recursos financieros.
Debido a la inobservancia e incumplimiento a las Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, así como la falta de planeación, carencia de instrumentos y mecanismos eficientes de registro y control con el fin de evitar la adquisición de bienes ociosos o caducos, que se contraponen a los lineamientos para lo que fue creado el Fondo Revolvente.
Considero que hay una falta de planeación y de políticas específicas que provean los insumos para una gestión eficiente y la toma de decisiones adecuadas.
Ya que la toma de decisiones realizada por la CGPC se encuentra sin el respaldo de un ejercicio de planeación que le dé justificación cabal a las acciones realizadas.
Por lo cual hemos considerado los siguientes puntos para que sean observados con detenimiento para poder resolver esta controversia de la mejor manera, asegurando la integridad física de las comunidades y en su momento apoyar a la población que pudiera verse afectada, ante la inminencia de un desastre natural que ponga en peligro la vida humana.
PRIMERO.- Que la Coordinación General de Protección Civil deslinde responsabilidades por el almacenamiento de insumos adquiridos con el Fondo Revolvente y la falta de planeación en el manejo de recursos financieros.
SEGUNDO.- Que se le de uso a las pastillas potabilizadoras de agua con base a la experiencia y necesidades en los lugares que así lo requieren.
TERCERO.- La Coordinación General de Protección Civil no reviso adecuadamente las facturas, recibos y demás documentación comprobatoria, misma que ampara la correcta ejecución de estas operaciones.
CUARTO.- Que aclaren la existencia de criterios poco transparentes en los procesos de licitación de los bienes relativos a la Reserva Estratégica para el ejercicio 2003.
QUINTO.- No se tienen totalmente definidos los requisitos mínimos en la formulación de requisiciones ni pedidos, así mismo no se tienen elaborados los criterios normativos para la utilización del Fondo Revolvente y se carece de manuales de Organización y Procedimientos.
SEXTO.- En el aspecto presupuestal, se generan dudas relativas al ejercicio del gasto, toda vez que se consideran algunas partidas presupuéstales que no corresponden a la aplicación del Fondo Revolvente.
OCTAVA.- El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación deberá efectuar el seguimiento relativo a las causas que provocaron el incumplimiento a la protocolización y efectuar el deslinde de responsabilidades de los servidores públicos que incumplieron.
Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta al Secretario de Gobernación, el Lic. Santiago Creel Miranda, para que se suspenda de sus funciones a la Lic. Maria del Carmen Segura Rangel Coordinadora General de Protección Civil, mientras que la Subcomisión de Protección Civil de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados investiga las irregularidades observadas por la Secretaria de la Función Publica.
A T E N T A M E N T E
Del Dip. Rogelio Flores Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo en relación con el proceso electoral en el Estado de Puebla.
PROPOSICIÓN CON PUNTOS DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA PEDIR AL GOBERNADOR EL ESTADO DE PUEBLA, A LOS CONSEJEROS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y AL CONGRESO DEL ESTADO QUE ACLAREN EL VIDEOESCANDALO DE LA REUNIÓN CLANDESTINA ENTRE LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y LOS LÍDERES DEL PRI EN LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EQUIDAD EN LAS ELECCIONES LOCALES DEL PROXIMO 14 DE NOVIEMBRE.
El suscrito Diputado Federal a la LIX Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
El pasado 28 de junio, los poblanos tuvimos la desafortunada oportunidad de observar, a través de un video publicado en distintos medios de comunicación locales, una reunión secreta entre cinco consejeros electorales, entre los cuales se encuentra Alejandro Necoechea Gómez, quien es el consejero Presidente, con miembros de la dirigencia del PRI en el estado y del equipo de campaña de Mario Plutarco Marín Torres, candidato a gobernador por dicho Instituto Político.
Esta reunión que se llevó a cabo en la residencia particular del Consejero Electoral Félix Urbano Ávila, fue negada una y otra vez por el Presidente del Instituto Estatal Electoral, así como por los demás Consejeros Electorales involucrados; por Mario Montero Serrano, Presidente del Comité Estatal del PRI, e incluso, por el propio Gobernador del Estado, Melquíades Morales Flores.
Los ciudadanos poblanos y los partidos políticos de oposición en el Estado de Puebla, no podemos tener confianza, ni certeza, en aquellas personas que reiteradamente han mentido a la sociedad, pues queda clara la complicidad entre el PRI y el Instituto Estatal Electoral.
A unos cuantos meses de que se celebren comicios electorales para renovar las 217 presidencias Municipales, el Congreso del Estado y la Gubernatura, la prueba documentada en el video es contundente: es una reunión que se realiza en una casa particular de un Consejero Electoral y no en las instalaciones del Instituto, y que además fue negada en diversas ocasiones y de manera pública por los involucrados.
Este tipo de reuniones, así como los acuerdos que se generan en el Instituto Estatal Electoral, dejan en claro el porqué se ha evitado que se contabilicen y fiscalicen los excesivos gastos de las campañas de los candidatos del PRI.
El artículo 173 del Código de Instituciones Y Procesos Electorales del Estado de Puebla es claro al señalar que “Procederá la remoción del Consejero Presidente o de los Consejeros Electorales del Consejo General, cuando incurran en conductas graves que sean contrarias a los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones”.
Los principios rectores para organizar las elecciones, también están claramente señalados en el artículo 8 del citado Código, que a la letra dice: “En el ejercicio de la función estatal para organizar las elecciones, serán principios rectores, la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.
Sin embargo, en virtud de los acontecimientos antes mencionados que evidencian la mentira y la parcialidad de las autoridades electorales en el Estado de Puebla, queda claro que desde hace meses se está preparando una elección de estado a través de la confabulación entre la mayoría de los Consejeros Electorales y el Candidato del PRI al Gobierno del Estado.
Estas acciones demuestran que lo que se pretende es la parcialidad, la simulación y el fraude en perjuicio de los partidos de oposición en el Estado de Puebla, y lo que es mas grave, en perjuicio de la ciudadanía que cree en la democracia y en las instituciones.
Esto es una causa grave que amerita la remoción inmediata del cargo de los Consejeros Electorales implicados en el caso, no obstante, el voto de la mayoría Priísta en el Congreso del Estado no lo consideró así en la pasada sesión del Congreso Local.
Lo más lamentable es que el Gobernador Priísta, Melquíades Morales Flores se ha convertido en el principal defensor de los Priístas y Consejeros involucrados en este videoescándalo que ha puesto en duda la imparcialidad y transparencia del Instituto Estatal Electoral.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Que esta Honorable Soberanía exhorte al Gobernador del Estado de Puebla, Melquíades Morales Flores, a que se asuma como un actor político imparcial en el proceso electoral estatal y deje de ser el abogado defensor de los Consejeros Electorales involucrados en la reunión clandestina con representantes del PRI en la Entidad.
SEGUNDO.- Que esta Honorable Asamblea pida a los Consejeros Electorales Alejandro Necoechea Gómez, Félix Urbano Ávila, Manuel Alonso Espinosa y Miguel Ángel Flores Muñoz, que den una explicación pública sobre los asuntos que trataron en la reunión secreta que sostuvieron con los líderes del PRI en la entidad y expliquen la razón por la cual negaron en reiteradas ocasiones su participación en dicho evento.
TERCERO.- Que esta Honorable Soberanía exhorte al Congreso del Estado para crear una Comisión Especial que investigue a fondo este hecho a fin de garantizar la equidad y transparencia electoral en noviembre próximo.
Es cuanto.
Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro del día 5 de julio del año 2004.
Dip. Rogelio Alejandro Flores Mejía
De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre el proyecto de ampliación vertical para el relleno sanitario del Bordo Poniente (Xochiaca).
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN VERTICAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL BORDO PONIENTE (XOCHIACA).
Tiradero del Bordo de Xochiaca
1. La basura es uno de los principales problemas del gobierno del Distrito Federal. Cada día se generan cerca de doce toneladas, que son depositadas en un ochenta y cinco por ciento en el Tiradero del Bordo de Xochiaca. Anteriormente se contaba con el Relleno Sanitario de Santa Catarina, que fue cerrado debido a que su capacidad fue rebasada.
2. En el Bordo Poniente, se tiran aproximadamente nueve mil toneladas de basura; dos mil se quedan en las tres plantas de separación existente y el resto en la pepena. Estas plantas son totalmente insuficientes para procesar la basura. Antes de llegar a su destino final, los residuos tienen que pasar por trece estaciones de transferencia; su escala de operación es de considerable magnitud; comprende 2,011 vehículos, más de 300 camiones de gran capacidad y una longitud total de barrido de calles de 17,000 kms.
3. De las 2011 unidades de recolección registradas en 1998, 1078 presentan un periodo de obsolescencia de más de quince años, las cuales en teoría, deberían haber sido sustituidas en su oportunidad, no solamente por los elevados gastos de mantenimiento que tienen, sino porque tecnológicamente son inservibles.
4. Diversos estudios indican que el Bordo Poniente tuvo una vida útil de servicio hasta el 2001. Los sistemas que comprimen la basura han logrado alargar un poco más su existencia, pero esto será temporal y está llegando a su fase de expiración.
5. Tanto el relleno sanitario de Santa Catarina como el del Bordo de Xochiaca, han presentado problemas de contaminación del subsuelo y mezcla de gases, generada por la descomposición de la basura, que puede dar lugar a conflagraciones debido a su alto contenido de metano, además de otros compuestos peligrosos para el ser humano, como el benceno, tolueno, cloruro de vinilio, dicloroetano y cloroformo, entre otros, que están clasificados como cancerígenos, por lo que se deben vigilar y controlar esos sitios para evitar un mayor daño al medio ambiente.
6. En la ciudad de México mensualmente la familia urbana promedio (que consta de 5 personas) produce un metro cúbico de basura, lo que se traduce en términos de la ciudad entera, en tres millones de metros cúbicos. El Estadio Azteca puede contener tan sólo un millón de metros cúbicos, lo cual significaría que mensualmente la ciudad de México requiere un sitio de tres veces el tamaño del Estadio Azteca.
7. Entre la basura o residuos que tienen un mayor impacto negativo en el medio ambiente, están aquellos integrados por componentes químicos y electrónicos, como las viejas computadoras, los teléfonos celulares, televisores, equipos de audio / vídeo o juegos electrónicos que afectan de manera alarmante al medio ambiente. Esta comprobado que dañan en particular los riñones y otros órganos vitales de los humanos. Razón por la cual, en algunos países se están tomando medidas drásticas para solucionar dicho problema. En la Unión Europea se debate en este momento el establecimiento de estrictas regulaciones que obliguen a los fabricantes de equipos electrónicos a evitar el uso de ciertos elementos tóxicos en sus productos, además de hacerse responsables del reciclado de sus materiales.
8. A pesar de que en octubre entrará en práctica la separación de la basura en los hogares capitalinos, las autoridades todavía no dan la información adecuada, ni han implementado mecanismos educacionales para los empleados de limpia.
B. CONFRONTACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CAPITALINO Y DEL ESTADO DE MÉXICO
9. En estos últimos meses, el Gobierno del Estado de México ha manifestado su desagrado ante la intención de las autoridades capitalinas de ampliar el Tiradero del Poniente. La propiedad del Relleno Sanitario es federal y pertenece a la Comisión Nacional del Agua; no obstante, la Secretaria de Ecología del gobierno mexiquense amenaza con interponer una controversia constitucional, por el daño ecológico que se está haciendo a esa región.
10. A pesar de la polémica pública, el cinco de julio, se anunció un Acuerdo entre las autoridades del gobierno capitalino, federal y mexiquense, para continuar con el depósito de la basura hasta el año 2007.
11. La falta de decisión para la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, está teniendo una repercusión inmediata en los planes del gobierno mexiquense sobre el Tiradero Poniente. No se quiere la ampliación horizontal y vertical del relleno.
12. La Comisión Nacional del Agua, solicitó al gobierno capitalino una serie de estudios técnicos para garantizar que la ampliación del Tiradero Poniente y su consecuente hundimiento, no afecte el desempeño hidráulico de los Ríos Churubusco y de La Compañía.
13. El Bordo de Xochiaca seguirá recibiendo los residios sólidos de los capitalinos, a pesar de ser una zona inundable y una bomba de tiempo muy importante desde el punto de vista biológico.
14. La basura, sobre todo aquella que viene de origen de productos sintéticos, plásticos, etcétera, tiene un altísimo poder calorífico que podría ayudarnos a generar vapor para las fábricas de la zona norte y energía eléctrica para la ciudad más poblada del mundo.
C. RECOMENDACIONES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA
15. El Gobierno capitalino solicitó un Estudio sobre el Manejo de los residuos sólidos para la Capital a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Las recomendaciones se abren básicamente en tres direcciones: iniciar la construcción de un segundo piso para el Tiradero Poniente; ampliar la fase V de éste mismo, con el objetivo de crear un nuevo sitio de relleno; e implementar una gigantesca Planta de Composta. Hay algunas indicaciones más, como por ejemplo, insistir en la educación ambiental para la separación de la basura o incorporar plantas de incineración de alta tecnología donde se pueda generar energía. En este último caso, precisan que si se quiere instalar una planta de incineración se deberá cumplir con la norma – ECOL/95 de la Semarnat: invertir fuertemente para el tratamiento de emisiones; instalaciones de absorción de húmedos y de filtro de bolsa, por ejemplo. Debemos señalar que en el centro de Tokio, existe actualmente una planta de incineración de alta tecnología.
16. De acuerdo con el estudio, el Bordo Poniente se localiza aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste del aeropuerto internacional de la ciudad de México; en el área del antiguo lago de Texcoco, en donde el acuífero subterráneo es de alta salinidad, lo que propicia que cuente con ventajas comparativas con otros lugares que se encuentran sobre acuíferos potables. Se encuentra sobre capas muy suaves y altamente compresibles de arcilla, de aproximadamente 60 metros de profundidad. Esto implica que si se terraplenara el relleno en una capa gruesa durante un período corto en una operación, se daría una falla de declives y/o derrumbes. Actualmente se emplea una impermeabilización de fondo con una membrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1.0 mm de espesor. La membrana es anclada en el borde del camino. No utiliza un sistema de tuberías para la recolección de lixiviados; por lo que éstos gotean de la parte inferior de la pendiente de la celda al camino que la rodea. Esta situación crea un problema de operación actual, y en un futuro próximo las condiciones del camino se deteriorarán, especialmente cuando llueva.
17. Claramente se menciona que aunque el relleno actual del Bordo Poniente Etapa IV utiliza la membrana PEAD en el fondo del mismo, todavía no se instala un adecuado sistema de recolección de lixiviados. Por lo tanto, no se filtran totalmente dentro de las capas de residuos quemados, sino que se está filtrando al fondo de la pendiente de la celda hacia los diques a un lado del camino o al mismo camino. La filtración de lixiviado al borde del camino es recolectado parcialmente por camiones cisterna, aunque la mayor parte de éstos se filtran a la tierra, a pesar de que el relleno cuenta con un recubrimiento impermeable en el fondo. Para poder evitar este fenómeno se deben instalar líneas de recolección de lixiviados en las capas de relleno, para facilitar el drenaje de los mismos y mejorar el manejo de estos líquidos.
18. En el estudio se presenta la viabilidad económica y la capacidad del relleno que podrá generarse con el segundo piso; sin embargo, no hay un estudio de fondo que garantice la seguridad ambiental, sobre todo tomando en consideración que las autoridades tienden a olvidar el problema de la basura. En caso de que se sobresature este segundo piso, qué peligros existe, la respuesta no está en el proyecto.
19. Los especialistas japoneses afirman que aunque se utilice de manera muy eficiente el sitio de disposición final del Bordo Poniente, es un hecho que los capitalinos necesitaremos otros sitio nuevo para la disposición final, aproximadamente en el año 2013; independientemente de las ampliaciones al Bordo de Xochiaca.
20. Existen una serie de peligros ambientales en torno a las propuestas de los investigadores japoneses, que deberán considerar las autoridades capitalinas. En el caso de la Planta de Composta, se deberá tener cuidado de no generar residuos esparcidos, proliferación de vectores o agentes patógenos, ruidos molestos, polvo, olor penetrante, generación de componentes químicos, contaminación de tierra, agua freática y agua superficial, imagen urbana degradada, salud pública degradada, uso futuro del suelo limitado, ecosistema degradado y uso futuro de agua restringido.
21. En el caso de la ampliación horizontal y vertical, debe cuidarse que los residuos caigan y degraden la imagen urbana y la salud pública; existe el riesgo de generar metano explosivo y gases con olor penetrante, lo cual puede poner en peligro a los habitantes adyacentes y a los trabajadores de la planta; no será fácil evitar los accidentes o riesgos, así como la contaminación del suelo y agua con sustancia tóxica; puede haber disposición de residuos peligrosos sin percatarse; el material puntiagudo, el polvo, olor y ruido pueden afectar la salud pública; aumentará el riesgo de accidentes de tráfico; se dañará la cubierta impermeable, por lo que se deben revisar continuamente los pozos después de quitar el edeme; se puede escapar el biogas y causar problemas de explosión de metano, asfixia y olor; el manto freático puede migrar y generar lixiviados; éstos migrarán y contaminarán el manto freático y el suelo; y, habrá accidentes y problemas por el polvo.
22. En conclusión, no se anticipa algún cambio adverso mayor con las ampliaciones; sin embargo, tampoco se recompone el daño ambiental que actualmente el Tiradero ha ocasionado.
23. El manejo de los residuos sólidos que se depositan en el Bordo Poniente se ha politizado, lejos de buscarse una solución ambiental. Además de los costos y la viabilidad técnica que pueden tener los proyectos, éstos deben tener un verdadero sustento ecológico. Mientras no haya serias evaluaciones de impacto ambiental, tomando en consideración la situación actual prevaleciente, no podrá ser viable ningún proyecto.
24. Se deben revisar otros lugares y poner en práctica las leyes sobre la separación de basura y el manejo de los residuos sólidos. ¿Hasta dónde podría incorporarse un segundo piso en el Bordo de Xochiaca, si se tiene como proyecto alterno la existencia de otros predios en los cuales construir debidamente un relleno sanitario?. El gobierno del Estado de México, ha identificado con apoyo de la Agencia de Cooperación (GTZ) de Alemania, nueve sitios ubicados en los municipios de Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Huixquilucan, Tecámac, Texcoco, Chalco, Juchitepec y Tepetlixpa, en donde técnicamente pueden desarrollarse rellenos sanitarios.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Pleno, el siguiente Punto de Acuerdo:
Primero.- Se solicita a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice la valoración ambiental del Proyecto – base sobre el cual, el gobierno del Distrito Federal tiene programado realizar un segundo piso en el Tiradero del Bordo Poniente o Xochiaca, así como una ampliación horizontal sobre el mismo. Dicho análisis deberá ser revisado puntualmente con las autoridades capitalinas y del gobierno mexiquense con la finalidad de tomar las medidas pertinentes sobre el Tiradero.
Segundo.- La Comisión Nacional del Agua deberá emitir una valoración sobre el impacto que la ampliación vertical podría ocasionar sobre los Ríos Churubusco y De La Compañía.
Tercero.- Considerando que el período de vida útil del Relleno Sanitario fue programado para el 2001 y que el acuerdo para que sea utilizado hasta el 2007, generará un impacto ambiental y de salud; la SEMARNAT deberá hacer los estudios pertinentes y en su caso, declarar la viabilidad o no, del Tiradero hasta el 2007. Los aspectos políticos, no deben superar las necesidades ambientales y de salud.
Cuarto.- Se solicita a las autoridades capitalinas a que a la brevedad realicen gestiones para la búsqueda de nuevos Tiraderos, así como la utilización de tecnología de alto desarrollo científico con el objetivo de aprovechar el valor económico de la basura.
Quinto.- Las autoridades capitalinas deberán considerar de manera prioritaria las campañas culturales a favor de un manejo adecuado de los residuos sólidos.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 7 días del mes de julio de 2004.
SEN. SARA I. CASTELLANOS CORTÉS
Del Dip. José Angel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que solicita la creación de una Comisión Especial de legisladores para dar testimonio del desarrollo de las elecciones en el Estado de Oaxaca.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Honorable Asamblea:
Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con las atribuciones que nos confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de este pleno la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con la finalidad de solicitar a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la creación de una Comisión Especial de legisladores para dar testimonio del desarrollo de las elecciones en el Estado de Oaxaca; al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
• Como sabemos, el Estado de Oaxaca celebrará elecciones para renovar al titular del ejecutivo así como el poder legislativo el 1° de Agosto del presente. Así mismo, tendrán lugar comicios electorales en 152 de los 507 municipios del estado, en el mes de noviembre.
• En marzo pasado, fuimos testigos de un hecho sin precedentes en la historia del país, al conocer el “cuestionable” atentado del que fue objeto el gobernador de ese estado.
• Este hecho aunado a la gran marginación social y atraso económico han generado un ambiente de confrontación latente en la población.
• Debido a lo anterior, se prevé un proceso electoral extremadamente competido entre la dos principales alianzas políticas que se enfrentarán en los comicios; una, “Todos somos Oaxaca”, encabezada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Convergencia; la otra, por “Nueva fuerza oaxaqueña” formada por el PRI, Partido Verde y PT.
• Según un sondeo publicado por el periódico “El Universal” se advierte un empate técnico entre los candidatos Ulises Ruiz y Gabino Cué, ya que sólo se diferencian por 2 puntos porcentuales, lo que da lugar a sospechas por parte de los partidos y la sociedad en relación a la legalidad de los comicios por venir.
CONSIDERACIONES.
1. Las sociedades democráticas modernas se caracterizan por la creación de instituciones dotadas de una normatividad precisa y confiable para llevar a cabo los procesos electorales.
2. La historia de nuestro país ha sido ejemplo de una perenne lucha por la democracia, en la que han participado grandes mexicanos de todas las corrientes políticas.
3. Hemos conseguido un fortalecimiento democrático difícilmente vislumbrado por nuestros padres, no podemos cejar en el intento de llevar la democracia a todos los rincones del país.
4. Es nuestro deber como legisladores fortalecer la voluntad popular, que nos llevó a ser depositarios de la confianza de los electores, debemos ser congruentes con esa confianza y defender sus decisiones.
5. La democracia no se limita a fechas o acontecimientos, es una forma de gobierno en la cual el pueblo manifiesta su voluntad por medio del voto universal y secreto.
6. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos salvaguarda este derecho, es por esta razón que la defensa del voto y la certeza de la legalidad de los comicios electorales se convierte en una prioridad inapelable.
7. Es imperativo otorgar condiciones de legalidad, transparencia, imparcialidad y certeza en todos los procesos electorales, para consolidar la democracia en cada municipio del país.
8. Sólo mediante el respeto de la voluntad popular conseguiremos el fortalecimiento de las instituciones políticas y la credibilidad de los electores.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 42 y 43 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración y aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se solicita la creación de una Comisión Especial, conformada por legisladores de ambas Cámaras para que observen y den testimonio del desarrollo del proceso electoral en el estado de Oaxaca, con la finalidad de que su presencia contribuya a la generación de las condiciones de legalidad, imparcialidad y transparencia requeridas para el respeto de la voluntad del electorado.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de Junio de 2004.
Dr. José Ángel Córdova Villalobos.
Diputado Federal.
Del Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación con la renuncia del Secretario Particular del Presidente de la República.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ CON RELACIÓN A LA RENUNCIA DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por las anteriores consideraciones, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Senador de la República, somete a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a los dirigentes de los partidos políticos y a los legisladores federales a iniciar de inmediato el diálogo que conduzca a la construcción de acuerdos sobre los siguientes temas urgentes de la agenda nacional:
a) Reforma de los sistemas de procuración, impartición y adminstración de justicia, a fin de combatir de modo eficiente a la criminalidad, despolitizar la persecución de los delitos, recuperar la legitimidad de las instituciones y fundar un verdadero Estado Democrático de Derecho;
b) Reforma fiscal que dote al Estado mexicano de los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades, que atempere las desigualdades sociales y regionales y que fortalezca la cohesión de la sociedad mexicana;
c) Reforma energética para convertir al sector en la columna vertebral de un desarrollo económico con empleo, recuperación salarial y fortalecimiento de la planta productiva nacional y
d) Reforma electoral que reexamine la integración y funcionamiento del árbitro de los comicios, así como las condiciones de la competencia, la participación de los medios masivos de comunicación y la relación entre política y dinero, a fin de preparar las condiciones jurídicas para que el proceso electoral federal de 2006 sea no un momento de ruptura y regresión autoritaria, sino de consolidación y avance democráticos.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Recinto legislativo de Xicoténcatl, México, D.F. a 7 de julio de 2004.
RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA
Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación con la Empresa PUBLI XIII.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA EMPRESA PUBLI XIII
El suscrito, diputado, Javier Salinas Narváez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LIX Legislatura con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que la empresa de publicidad móvil Publi XIII, ofrecía vehículos nuevos a precios que oscilan entre 32 mil 500 y 61 mil 500 pesos, según el modelo, a cambio de recorrer determinado kilometraje mensualmente portando publicidad, teniendo un retraso significativo en la entrega de unidades, pero argumenta que a pesar del contrato que signa con sus clientes, que incluye una fecha límite de entrega, la empresa no está obligada legalmente a cumplir el plazo.
Que el contrato de Publi XIII establece una fecha límite de entrega, pero si no entregan en ese plazo, se avisa al cliente el motivo del retraso, y éste a su vez tiene que avisar en un término de 36 a 72 horas, si está de acuerdo en continuar o decide tramitar su cancelación. De acuerdo con la empresa, la principal razón del retraso es la falta de anunciantes.
Que el fraude realizado por la empresa Publi XIII es un problema de nivel nacional, se estima en alrededor de 600 millones de pesos y afecta a ciudadanos del Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua.
Que hasta el mes de diciembre pasado eran más de mil denuncias las que se habían presentado contra la empresa Publi XIII, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). La Procuraduría inició una investigación contra la empresa, con base en las denuncias presentadas en la delegación Benito Juárez. En la indagatoria colabora la Procuraduría Federal del Consumidor, quien ha recibido 500 quejas contra esta agencia de publicidad.
Que un grupo de defraudados de la empresa Publi XIII acudieron a la sede del poder legislativo a solicitar que los diputados, intervengan ante las instancias necesarias para que se agilice las investigaciones sobre el caso. Los defraudados exigen solución a sus denuncias penales presentadas contra Publi XIII, al mismo tiempo proponen que con los vehículos y terrenos propiedad de la empresa que fueron encontrados, se podría pagar parte de los recursos que perdieron los clientes.
Que ante la grave problemática que se origino la falta de cumplimiento de contrato por parte de Publi XIII, el diputado Pablo Franco Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó el 27 de noviembre de 2003 proposición con Punto de Acuerdo, relacionado con la empresa PUBLI XIII ante la Cámara de Diputados.
Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno dicha propuesta al Comité de Información, Gestoría y Quejas de esa Soberanía.
Que han transcurrido más de siete meses y no se ha informado al Pleno de esa Cámara y a las personas defraudadas por la empresa PUBLI XIII, las actividades que ha realizado el Comité aludido con motivo de tal propuesta.
Que el autor de la propuesta solicito se creará una Subcomisión o Grupo de Trabajo al interior de la Comisión de Economía, que estaría integrada por diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios a efecto de que dieran seguimiento a las denuncias presentadas en contra de la empresa PUBLI XIII, asimismo, la Subcomisión o Grupo de Trabajo creada podría entrevistarse con las autoridades competentes y requerir la información pertinente al respecto.
A su vez, la Cámara de Diputados con pleno respeto a las facultades de los Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal los exhortaría para que se solidarizaran con todas y cada una de las personas que contrataron con la empresa PUBLI XIII con el objeto de que se les pudiera proporcionar asesoría legal gratuita.
Y finalmente, la Subcomisión o Grupo de Trabajo informaría al seno de la Comisión y ante el Pleno los resultados del trabajo encomendado, así como las propuestas que considere pertinente para regular a las empresas que se dedican a prestar la clase de servicios que se describe, así como para resolver la problemática concreta de los contratantes con PUBLI XIII.
Que las peticiones de estos ciudadanos tienen un importante impacto en el patrimonio familiar de cientos de familias de distintos estados del país, por lo que esta Soberanía, sin alejarse de sus facultades constitucionales, podría coadyuvar a su adecuada solución.
Que por todo lo anterior, solicito sea turnada a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la presente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se cree una Subcomisión o Grupo de Trabajo al interior de la Comisión de Economía, integrada por diputadas y diputados de los distintos Grupos Parlamentarios a efecto de que den seguimiento a las denuncias presentadas en contra de la empresa Publi XIII, asimismo, la Subcomisión o Grupo de Trabajo creada podrá entrevistarse con las autoridades competentes y requerir la información pertinente al respecto.
SEGUNDO.- La Cámara de Diputados con pleno respeto a las facultades de los Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal los exhorta para que se solidaricen con todas y cada una de las personas que contrataron con la empresa Publi XIII con el objeto de que se les pueda proporcionar asesoría legal gratuita.
TERCERO.- La Subcomisión o Grupo de Trabajo informará al seno de la Comisión y ante el Pleno, de los resultados del trabajo encomendado, así como las propuestas que considere pertinente para regular a las empresas que se dedican a prestar la clase de servicios que se describe, así como para resolver la problemática concreta de los contratantes con Publi XIII.
CUARTO.- Que el Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados informe a esta soberanía del estado que guarda las acciones emprendidas en relación a la problemática que presenta el incumplimiento de los contratos por parte de la empresa Publi XIII.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los siete días del mes de julio de 2004.
Diputado Javier Salinas Narváez
Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación con el peligro de devastación ecológica y del patrimonio histórico de San Luis Potosí.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL PELIGRO DE DEVASTACIÓN ECOLÓGICA Y DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN SAN LUIS POTOSÍ.
Los que suscriben, diputadas y diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura, de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo tomando en cuenta las siguientes:
Consideraciones
Desde hace ya varios años, pobladores y autoridades del Municipio de Cerro de San Pedro, SLP, libran una lucha en contra de una minera de capital canadiense y estadounidense perteneciente al consorcio “Metallica Resources” y que en San Luis Potosí esta registrada bajo la denominación de Minera San Xavier.
Este conflicto implica la lucha por la preservación del patrimonio histórico, cultural, natural y ecológico de los potosinos y potosinas y, sobre todo, evitar el riesgo por severos daños a la salud de los habitantes de ese municipio y la capital potosina. Cerro de San Pedro, es un poblado minero del siglo XVI que dio origen a la fundación de la ciudad de San Luis Potosí en 1592 así como a la construcción de la identidad cultural de la región de forma tal que el propio Cerro de San Pedro aparece en el escudo de la ciudad desde 1655, y en el escudo del estado desde el inicio de su existencia en 1824. Ahora ese lugar, situado a tan solo 18 kilómetros de la capital potosina, enfrenta un grave riesgo de depredación ante el proyecto minero impulsado por la empresa trasnacional. ya que dicho proyecto supone la destrucción del paisaje cultural, bien incluido en el patrimonio cultural, en los términos definidos por el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1993.
Como parte del conflicto, el 18 de junio del presente la edición de La Jornada San Luis fue –por así decirlo – secuestrada por presuntos agentes del gobierno estatal. En sus ocho columnas el periódico daba testimonio del ofrecimiento de tres millones de pesos al presidente municipal de Cerro de San Pedro, Oscar Loredo Loredo por parte del Secretario de Gobierno Estatal, Alfonso Castillo Machuca y uno de los empresarios más acaudalados de la región, Jacobo Payán Latuff, a cambio de que el municipio otorgara a la Minera San Xavier las licencias municipales para su funcionamiento.
Esta violación comenzó el 11 de marzo de 1997 cuando falsos ejidatarios de Cerro de San Pedro celebraron un contrato de arrendamiento por 15 años con la Minera San Xavier por una extensión superior a las 290 hectáreas de tierra. Los falsos ejidatarios no conformes con haber firmado el contrato, acordaron con Minera San Xavier realizar la venta de buena parte del pueblo, aprovechando que la Resolución Presidencial del Ejido señalaba a la Villa de San Pedro como parte del Ejido. Cabe mencionar que Villa de San Pedro es considerada por el INAH como Patrimonio Histórico Nacional.
A pesar de encontrarse en proceso de litigio e impugnación y de la promoción de diversos amparos de los pobladores y legítimos ejidatarios, los gobiernos federal y estatal autorizaron diversas licencias y permisos como los emitidos por el Instituto Nacional de Ecología de fecha 26 de febrero de 1999 y la licencia estatal de uso de suelo otorgada por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas el 5 de mayo del 2000, así como las del INAH y de la Comisión Nacional del Agua para la extracción del vital líquido; todas ellas viciadas de nulidad pues las mismas se sustentan, fundamentan y motivan tomando en consideración la supuesta conformidad del núcleo agrario.
Las inevitables consecuencias del proceso que pretende implantar la minera son las siguientes:
1.- Devastación de alrededor de 500 hectáreas de tierra con la pérdida irremediable de flora y fauna, incluyendo 8 especies clasificadas como protegidas y en peligro de extinción.
2.- La demolición de un kilómetro de montañas que originará, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental que presenta la propia empresa, la creación de 2 tiraderos de material, uno que acumulará 117 millones de material sulfuroso y otro, el patio de lixivación, con 639.7 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos de material cianurado.
3.-Consumo inmoderado de agua, extraídos de un acuífero en pleno agotamiento por la sobreexplotación superior a la recarga, con un abatimiento anual de 40 millones de metros cúbicos.
4.- La inminente contaminación del acuífero y los mantos freáticos por infiltración de sustancias químicas, en especial arsénico de cianuro y cianuro de sodio.
5.- Una afectación irreversible en la salud de los habitantes del Valle de San Luis Potosí, debido a que la dirección de los vientos dominantes conduciría el polvo y los gases producto de los procesos de explotación y lixivación al Valle, habitado por aproximadamente millón y medio de pobladores.
6.- El desplazamiento de por lo menos 3 mil 500 habitantes del municipio.
7.- El daño a los monumentos históricos considerados patrimonio histórico nacional, entre ellos 2 templos del siglo XVI.
En opinión de especialistas en el tema legal, la Minera San Xavier y sus aliados perderán los procesos legales que los legítimos ejidatarios han interpuesto en su contra. Bajo esa perspectiva desfavorable es que la Minera, con el apoyo del gobierno estatal ha emprendido una nueva ofensiva al tramitar y obtener el permiso de la Secretaría de Economía para la “Ocupación Temporal” de la mina amparados en una interpretación muy laxa de la Ley Minera. Sin embargo necesita los permisos correspondientes del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Dentro de la ofensiva la minera ha azuzado a sus cuarenta trabajadores para tomar varias veces la sede del Ayuntamiento al señalarlo como el responsable de su futura pérdida de empleo, además ha emprendido una campaña mediática, con el apoyo del gobierno estatal en el que lo culpa de detener el desarrollo económico del estado y oponerse a la creación de nuevos empleos.
Al respecto, es importante mencionar que la cantidad de empleos que generaría la instalación de la minera no sería mayor a los 300 y por tan solo 5 años. Los propios ejidatarios y pobladores se han dado a la tarea de desarrollar un proyecto turístico que de a la región condiciones de desarrollo sustentable y una oferta de un sano esparcimiento y cultura para los habitantes de la capital potosina.
Pese a esto la ofensiva de la trasnacional no ha parado, el pasado fin de semana, dos Regidores del Ayuntamiento y el Presidente Municipal, de extracción Priísta, fueron amenazados de muerte por emisarios anónimos.
Por lo anteriormente expuesto se propone ante el pleno de esta Comisión Permanente el siguiente Punto de Acuerdo:
Primero.- Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión integre una comisión plural de legisladores de todos los grupos parlamentarios aquí representados a fin de trasladarse a aquella región para coadyuvar a la estabilidad social de la región y conocer de primera mano las condiciones de depredación del patrimonio histórico, cultural y natural a las que se expone al municipio de San Pedro, SLP con la operación de la Minera San Xavier.
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de San Luis Potosí a respetar la autonomía municipal en estricto apego a lo expresado por el artículo 115 constitucional y a garantizar el bienestar de los habitantes del Municipio cerro de San Pedro y la integridad física de los integrantes de su Ayuntamiento.
Comisión Permanente a, 7 de julio de 2004
Dip. Víctor Suárez Carrera Dip. Rosario Herrera Ascencio
Dip. José Luis Cabrera Padilla Dip. Carlos Hernán Silva Valdez
Dip. Nancy Cárdenas Sánchez Dip. Omar Ortega Alvárez
Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que se exhorte al titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a fin de que consigne las averiguaciones previas integradas y ejercite acción penal contra todos los responsables y partícipes en la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la denominada “Guerra Sucia”.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE EXHORTE AL CIUDADANO PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A FIN DE QUE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 3 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, 10 Y 475 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE MANERA INMEDIATA EJERCITE LA ATRACCIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA INICIADA CON MOTIVO DEL HOMICIDIO DEL PERIODISTA FRANCISCO JAVIER ORTIZ FRANCO.
La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
Con la muerte de Francisco Javier Ortiz Franco se consuma el tercer atentado impune contra los editores del semanario “Z “ de Baja California.
El 20 de abril 1988, fue asesinado en Tijuana, el más influyente columnista del semanario: Héctor Félix Miranda, que firmaba como "El Gato Félix".
El Gato Félix era uno de los periodistas más críticos en la frontera norte; como asesinos materiales fueron identificados y sentenciados, el ex-policía judicial, Victoriano Medina Moreno, y Antonio Vera Palestino, ambos empleados de seguridad del Hipódromo de Agua Caliente, en Tijuana, propiedad de Jorge Hank Rohn.
Aunque los asesinos materiales fueron sentenciados y permanecen en la cárcel, la determinación de la autoría intelectual de aquel homicidio y el reclamo de justicia siguen pendientes.
Nueve años después, luego de que la revista publicara una serie de reportajes sobre el narcotráfico y las personas involucradas en este ilícito, la camioneta en que viajaba Jesús Blancornelas fue interceptada por dos autos. En el atentado Blancornelas resultó gravemente herido. Luís Lauro Valero, su guardaespaldas murió al intentar repeler el ataque, uno de los agresores murió en el lugar y la policía de Tijuana detuvo a otros dos de los implicados. Sin embargo, el o los autores intelectuales tampoco fueron procesados.
Hoy cae Francisco Javier Ortiz Franco. La pluma de Ortiz Franco era objetiva, puntual, sin ofensas, pero profunda e incuestionable. Lo cuestionable y ridículo es la explicación de las autoridades locales: el secretario de Seguridad Pública Municipal pretexta que el periodista solicitó que se le retirara la escolta proporcionada por las fuerzas especiales de la policía municipal "porque estaba enfermo".
Desde las primeras investigaciones se desprenden hechos e indicios que apuntan a una autoría intelectual y la participación de la delincuencia organizada, que dan la competencia exclusiva a la Procuraduría General de la República para integrar la averiguación. El mismo Procurador General de la República declaró que tiene elementos para suponer que integrantes del cártel de los hermanos Arellano Félix fueron los responsables del asesinato del periodista, luego de dar a conocer la detención de cuatro presuntos narcotraficantes.
El homicidio se produce en el marco del proceso electoral bajacaliforniano para renovar ayuntamientos y el congreso local. El asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco es un termómetro del nivel de corrupción y abuso de grupos de poder locales y sus secuaces. La impunidad que hasta ahora prevalece en torno a este crimen, y a los que le preceden, es resultado de la gran red de complicidad que existe entre las mafias de delincuencia organizada y las policías locales a las que no les gusta escuchar las verdades que una pluma valiente puede decir. Si se quiere llegar al fondo de las investigaciones es necesario que la Procuraduría General de la República cuanto antes haga ejercicio de su facultad de atracción de la averiguación.
Con la muerte de Francisco Javier Ortiz Franco, México sigue siendo uno de los países más peligros del mundo para la práctica del periodismo. La intimidación, las amenazas y, con demasiada frecuencia, el homicidio han sido las armas más efectivas para silenciar a periodistas mexicanos.
Cada vez que un periodista es víctima de la violencia, la intimidación o la detención arbitraria en razón de su empeño por dar a conocer la verdad, somos todos, ciudadanos y ciudadanas, los que nos vemos privados del derecho a expresarnos y a actuar de acuerdo con nuestra conciencia.
Los medios masivos de comunicación juegan un papel determinante en los procesos sociales, políticos, económicos y culturales del país. Ellos forman y dirigen el pensamiento del colectivo, y si la sociedad les reclama mayor confiabilidad y compromiso en la búsqueda y difusión de la verdad, en correspondencia obligada, todos, instituciones del Estado, organizaciones políticas, sociales y empresariales debemos reaccionar de manera enérgica y decidida en contra de todo atentado contra la libertad de prensa.
En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorte al ciudadano Procurador General de la República para que con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 10 y 475 del Código Federal de Procedimientos Penales, de manera inmediata ejercite la atracción de la averiguación previa iniciada con motivo del homicidio del periodista Francisco Javier Ortiz Franco.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintinueve días del mes de junio de dos mil cuatro.
Diputada Federal Cristina Portillo Ayala
Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre del Dip. Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de los recursos públicos entregados a ISOSA y el Fideicomiso Aduanas 1.
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION INICIE EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que del Análisis al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 se desprende la presunción de que existen irregularidades por 2 mil millones de pesos en los ingresos que se recaudan por el Derecho de Tramite Aduanero, que se cobra a importadores y exportadores y que no se reportaron adecuadamente a la Tesorería de la Federación, así como el desvío de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y del Sistema de Administración Tributaria a la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. de C.V. (ISOSA) y al Fideicomiso Aduanas 1 NUM. 954-8.
Que en la revisión practicada al Fideicomiso Aduanas 1 NUM. 954-8 la Auditoria Superior de la Federación destaca en los numerales 1, 3, 5, 9, 12 lo siguiente:
• 1. Que se registraron 748 millones de pesos del Derecho de Trámite Aduanero y 194 millones de pesos de devoluciones del DTA, sin que correspondieran a este concepto. No se proporcionaron los 19 expedientes de devoluciones que se solicitaron.
• 2. Que se registraron 2 mil millones de pesos como ingresos ajenos por el pago de los servicios de procesamiento electrónico de datos y de apoyo y control del despacho aduanero del DTA; sin embargo, dichos recursos debieron registrarse como ingresos de ley.
• 3. Que en el acuerdo celebrado entre la SHCP y la TESOFE para que la parte no fiscal del Derecho de Trámite Aduanaro se concentre en el Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8, vigente a partir del 1° de enero de 1995, no se consigno la fecha ni el lugar de celebración de éste, ni las facultades en que se basaron para firmarlo el Subsecretario de Ingresos de la SHCP y el Tesorero de la Federación.
• 5. Que ISOSA tiene características de una empresa de participación estatal mayoritaria, ya que fue constituida por Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), entidad paraestatal que detenta el 99.9 por ciento de las acciones de dicha empresa.
• 9. NAFIN no entregó la información de dichas empresas argumentando que en estos casos se aplica el secreto fiduciario previsto en el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito.
• 12. El SAT no proporcionó la información que se le solicitó nuevamente, referente al Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8 y de la empresa ISOSA.
Que si todo lo anterior fuera poco, el SAT no proporciono la información que le solicito la Auditoria Superior de la Federación de ejercicios anteriores, argumentando que el órgano fiscalizador está limitado al principio de anualidad, amén de que tampoco proporcionó información en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso Aduanas 1, argumentando que no funge como fideicomitente, ya que actúa como Gestor de negocios de los importadores y exportadores.
Que la lista de observaciones en la revisión practicada nos permite inferir que es indispensable contar con información precisa sobre el Fideicomiso Aduanas 1, así como del capital tanto del instrumento que se encuentra en Nacional Financiera y del capital que conforma la empresa ISOSA, pues las mismas, manejan recursos públicos y por tanto, están obligadas a rendir cuentas sobre el destino del dinero que se les entrega por la recaudación en aduanas.
La rendición de cuentas, así como el uso y destino de los recursos públicos federales no puede estar sujeta a una interpretación arbitraria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados mandate a la Auditoria Superior de la Federación, inicie el procedimiento de responsabilidades a que haya lugar ante las autoridades competentes en contra de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Nacional Financiera, S.N.C., del Sistema de Administración Tributaria, de la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. de C.V. y al Fideicomiso Aduanas 1 NUM. 954-8 de conformidad con el último párrafo de la fracción I del artículo 79 del Código Político de 1917.
Diputado Javier Salinas Narváez
Diputado Alfonso Ramírez Cuellar
Diputado Omar Ortega Álvarez
Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los siete días del mes de julio de 2004.
Del Sen. Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, por el que se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
El suscrito, Jesús Ortega Martínez, Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
Que el pasado 27 de abril de 2004 se presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y Seguridad Social; de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que adiciona una fracción V bis al Artículo 5º, y un artículo 7º bis al Capítulo Primero del Título Segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, con el propósito de dar sustento jurídico a la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
El Senado aprobó la creación del Instituto y también realizó un extenso debate con argumentaciones en pro y en contra de un párrafo que establecía, cito, “en ningún caso podrán ser sujetos de investigación las células troncales humanas de embriones vivos, o aquellas obtenidas por transplante nuclear”. La mayoría legislativa presente desecho tal prohibición y el dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que en su sesión del mismo día 27 de abril de 2004, la Cámara de Diputados recibió oficio signado por el Vicepresidente de la H. Cámara de Senadores que contiene el Dictamen de la Minuta con proyecto de Decreto que adiciona una fracción V bis, y un artículo 7 bis al Capítulo I del Título Segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
Que en su sesión del día 29, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la citada Minuta con Proyecto de Decreto por el que se establece la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica y define sus atribuciones. El dictamen fue turnado al Presidente de la República para su suplicación en el Diario oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
Que existe la evidencia de que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal solicitó a la Comisión de Mejora Regulatoria (COFEMER), de la Secretaria de Economía, la exención de manifestación de impacto regulatorio del proyecto de decreto para la creación del Centro Mexicano de Medicina Genómica (CMMG), la cual fue dictaminada favorablemente tal y como aparece en la relación publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de junio del presente año.
Que dicho proyecto de decreto pretende crear, sin trámite legislativo, el Centro Mexicano de Medicina Genómica, definiéndolo como órgano administrativo desconcentrado subordinado a la Secretaría de Salud. Con ello, ese cae en la incongruencia de que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, participe en la creación de dos instituciones, con las mismas funciones y distintos presupuestos , enfocados a un mismo fin.
Que el proyecto de decreto de fecha 26 de abril, elaborado por la presidencia, queda estipulado en su segundo transitorio que: “Al Centro Mexicano de Medicina Genómica le queda prohibido realizar cualquier tipo de investigación en células troncales humanas de embriones vivos, o aquellas obtenidas por transplante nuclear hasta en tanto la Secretaría de Salud, considerando las recomendaciones de los organismos internacionales pertinentes, lo estime ética, legal y socialmente aceptable”. Con esta acción, el Ejecutivo Federal hace a un lado el trabajo de del Congreso de la Unión y pretende desconocer lo que la comunidad científica y la mayoría legislativa defendieron y aprobaron.
Por lo anterior pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo:
UNICO: Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para que publique en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se adiciona una fracción V bis, y un artículo 7 bis al Capítulo I del Título Segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, por el cual se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y se establecen sus atribuciones.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día 7 de julio de 2004.
Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre de los diputados Dolores Gutiérrez Zurita y Abraham Bagdadi Estrella, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Jefe del Poder Ejecutivo Federal que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al Acuerdo Intersecretarial del 11 de septiembre del 2003, relativo a las áreas de prevención y exclusión marítima de la Sonda de Campeche.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE SEA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LAS MOFICACIONES HECHAS AL ACUERDO INTERSECRETARIAL DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 RELATIVO A LAS AREAS DE PREVENCION Y EXCLUSION MARITIMA DE LA SONDA DE CAMPECHE.
Los que suscriben, CC. DIP DOLORES DEL CARMEN GUTIERREZ ZURITA Y ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
1. Con fecha 11 de septiembre de 2003 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo intersecretarial suscrito por las Secretarías de Marina; de Comunicaciones y Transportes; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el cual se amplía en gran medida la zona de prevención y de exclusión en la sonda de Campeche, pretextando la seguridad de las instalaciones petroleras, mediante dicho acuerdo se impedía que en una zona de 65 mil kilómetros cuadrados los barcos camaroneros y pesqueros realicen sus actividades bajo el argumento de impedir la posibilidad de ataques terroristas.
2. Con fecha 30 de Octubre de año 2003 fue presentada ante el pleno de la H: Cámara de Diputados un punto de acuerdo propuesto por el Dip. Abraham Bagdadi Estrella donde se solicitaba al titular del poder ejecutivo federal la modificación del acuerdo intersecretarial antes señalado.
3. Que como resultado del arduo trabajo de convencimiento por parte de los actores políticos de la región afectada por el acuerdo intersecretarial del 11 de septiembre de 2003, las autoridades federales de manera económica hicieron del conocimiento de las autoridades locales de la región de la sonda de Campeche la extinción del acuerdo intersecretarial antes mencionado.
4. Que prueba de lo anterior son los manifiestos de agradecimientos publicados en medios de circulación nacional por diversos gobiernos estatales de la región del golfo de México.
5. Que en virtud de que existen regiones de la sonda de Campeche en donde las autoridades de marítimas del país han negado conocer la extinción del acuerdo del 11 de septiembre, trayendo como consecuencia lógica problemas que pueden desencadenar en alteraciones al orden publico de parte de los integrantes del sector pesquero de la zona ya mencionada.
Por lo expuesto, ante esta soberanía nos permitimos presentar a su consideración la siguiente proposición con el siguiente:
Punto de Acuerdo
UNICO.- SE EXHORTA AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE SEA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LAS MOFICACIONES HECHAS AL ACUERDO INTERSECRETARIAL DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 RELATIVO A LAS AREAS DE PREVENCION Y EXCLUSION MARITIMA DE LA SONDA DE CAMPECHE.
DIP DOLORES DEL C. GUTIERREZ ZURITA , DIP. ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA
Palacio Legislativo 7 de julio de 2004.
Del Dip. Pablo Gómez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para hacer un extrañamiento al Presidente de la República, en torno a lo declarado por el Secretario de la Defensa Nacional y se cita a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional y al Procurador General de la República.
Punto de acuerdo de Urgente u Obvia resolución para exhortar al titular de la fiscalía especial para delitos del pasado a consignar las averiguaciones previas y ejercer acción penal contra los responsables de la Guerra Sucia y llamar a comparecer al titular de la SEDENA y al de la PGR
Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
El día miércoles 30 de junio el Secretario de la Defensa Nacional realizó unas declaraciones que son preocupantes en el contexto en el que se dan. El General Ricardo Vega García habló sobre la necesidad del perdón y la conciliación en la sociedad sobre hechos a los que nunca se refirió.
No obstante, existen dos antecedentes que hacen pensar que lo sugerido por el Secretario de la Defensa Nacional conlleva varios mensajes, uno de ellos guarda estrecha relación con las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial sobre los delitos cometidos durante la llamada Guerra Sucia, uno es el señalamiento realizado en la conmemoración del día del ejército en el que se refirió a la conciliación y otro la propuesta pública lanzada unos días después por el mismo Secretario de impulsar una Ley de Amnistía que elimine las responsabilidades penales de quienes participaron en la llamada guerra sucia que el califica como “etapa oscura”.
A lo anterior hay que agregar lo señalado al día siguiente por el Subprocurador para la investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos quien insistió en la necesidad de emitir una ley de amnistía que otorgue el perdón a los militares que participaron en la guerra sucia, en un acto que resulta de sumo preocupante por provenir de la misma institución que está encargada de la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades civiles y militares durante esa etapa represiva en nuestro país.
El subprocurador especial argumenta que la amnistía y el perdón es una forma de dejar atrás los rencores que se han ido arrastrando y que no han tenido solución sin embargo parece olvidar que la inconformidad y el reclamo social que se ha generado ha tenido su origen justamente en la ineficacia de instituciones como la Procuraduría General de la República que lejos de erigirse como una instancia que proporcione justicia a las víctimas de delitos de lesa humanidad, impulsa medidas que, como la sugerida por el Subprocurador, sólo fomentan la impunidad y protegen a los delincuentes más peligrosos, es decir aquellos que se escudan en el uso faccioso del poder para reprimir y castigar a determinados sectores de la sociedad.
Lo anterior se podría entender como el impulso de una acción política cuyo objetivo principal sería fomentar la impunidad del Ejército mexicano durante la llamada guerra sucia. Lo anterior también lo señalamos en virtud de que, hasta la fecha, no existe jurídicamente señalamiento alguno en contra de algún militar que esté por ser consignado ante las autoridades respectivas. Es decir no se ha consignado y ya se están pidiendo amnistías, además jurídicamente no produciría efecto alguno cualquier disposición de amnistía, de prescripción, punto final, obediencia debida o el establecimiento de otras excluyentes de responsabilidad que pretendieran impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que como lo reconoce el artículo 53 de la Convención de Viena, no pueden ser modificados por tratados o leyes nacionales.
Es por ello que deseamos conocer cuál es el sentido y el fondo real de las declaraciones del Secretario de la Defensa, ya que ante la eventualidad de que se juzgue a autoridades civiles y militares que permitieron crímenes y ejecutaron directamente órdenes en contra de la población civil, parece que lo que se busca es la impunidad.
Por otra parte, es necesario que el Secretario de la Defensa aclare a los representantes populares que quiso decir cuando señaló que el “Ejército sabe lo que ocurre”. Sería de sumo grave que las fuerzas armadas tuvieran algún tipo de información que debiera ser del conocimiento de las autoridades civiles y que ésta no fuese revelada, así como grave resulta el tono en el que Secretario de la Defensa parece dejar entrever que la lealtad y obediencia al Presidente de la República es optativa. Lo anterior con el objetivo de clarificar todas aquellas confusiones e inquietudes generadas con sus declaraciones que, dicho sea de paso, rompen con el esquema constitucional de que el Ejército debe estar subordinado a la ley y a los poderes encargados de ejecutarla.
Es por lo anterior, que sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta al titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para que con fundamento en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera inmediata consigne las averiguaciones previas integradas y ejercite acción penal contra todos los responsables y participes en la comisión de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la denominada “guerra sucia”.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional y al Procurador General de la República para que expliquen las razones y motivos de las declaraciones vertidas desde sus instituciones a favor de una amnistía para los responsables de la llamada guerra sucia.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 07 días del mes de julio de 2004
Dip. Eliana García Laguna.
Dip. Cristina Portillo Ayala.
Dip. Gilberto Ensástiga Santiago.
De la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad Pública Federal sobre el número de los beneficios preliberacionales y las adecuaciones de sentencias que esa dependencia ha otorgado a partir de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
PUNTO DE ACUERDO QUE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PRESENTAN PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, A DAR JUSTO Y EFICAZ CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS QUE CON FECHAS 29 DE ABRIL Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003, RESPECTIVAMENTE, EL CONGRESO DE LA UNIÓN APROBÓ EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 85, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 83 Y 83 TER DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.
Los suscritos, Senadores de la Comisión de Justicia del Senado de la República, acudimos ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para solicitar la aprobación de un punto de acuerdo por el que se exhorte al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con el propósito de que informe sobre el número de los beneficios preliberacionales y las adecuaciones de sentencias, que la dependencia a su cargo ha realizado a partir de las reformas que a los artículos 85, inciso b), fracción I, del Código Penal Federal; 83 y 83 ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con fechas 12 de junio y 5 de noviembre de 2003, respectivamente, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Reformas que establecen la posibilidad de conceder la libertad anticipada —cuando proceda— a los sentenciados por los delitos previstos en los preceptos de referencia.
En el primero de los ordenamientos jurídicos antes mencionados, el 29 de abril de 2003, la Cámara de Senadores aprobó una minuta en virtud de la cual se reformó el artículo 85 del Código Penal Federal, para comprender una excepción más a los casos de improcedencia de la libertad preparatoria que se consignan en tal precepto, ampliando las hipótesis que permiten el otorgamiento de este beneficio preliberacional, a los sentenciados por el delito contra la salud en la modalidad de transportación, previsto por el artículo 194 del Código Penal sustantivo, siempre que hubieren cumplido con las tres quintas partes de la condena impuesta, satisfecho los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), del propio ordenamiento, y se trate de primodelincuentes, aunque éstos no se encuentren en los tres supuestos señalados para la excepción general que contempla el inciso b), fracción I, del artículo 85 con antelación citado, es decir, que se trate de individuos en los que concurran: (1) evidente atraso cultural, (2) aislamiento social y (3) extrema necesidad económica.
Tratándose de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el 5 de noviembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se reformaron los artículos 83 y 83 ter de este ordenamiento. En estas reformas, que entraron en vigor al día siguiente de su publicación, el mínimo de la pena privativa de libertad por la consumación del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza área nacional, previsto y sancionado por los artículos 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b), ambos de la propia ley, se redujo de cinco a tres años.
Bajo estas circunstancias, la reforma citada es benéfica a los intereses de todos aquellos sentenciados por el delito de referencia, habida cuenta que les concede el derecho de solicitar a la autoridad ejecutora la reducción de la pena que les fuera fijada en la condena judicial, y su conmutación o sobreseimiento por otra menos grave que, a juicio de la propia autoridad, convenga tomando en cuenta el tiempo que tengan en reclusión y, por supuesto, la nueva ley que les favorece.
Del artículo 56 del Código Penal Federal se desprende expresamente, en lo conducente, que: “Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté. . . . ejecutando la sanción aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo. . .de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable.”
En consecuencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 553 y 554 del Código Federal de Procedimientos Penales, dentro del procedimiento en estos preceptos consignado, el Poder Ejecutivo, por conducto del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de oficio debe adecuar en los términos que previene la legislación penal las sanciones impuestas y conmutarlas o sobreseerlas, si procede, en virtud de la entrada en vigor de la ley que beneficia a todas aquellas personas que se encuentren compurgando una sentencia irrevocable.
El 12 de junio de 2003, la primera de las reformas con antelación citadas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para entrar en vigor al día siguiente. Hoy ha pasado más de un año desde que se manifestó esta circunstancia y hemos recibido y se reciben en la Comisión de Justicia un sin fin de llamadas de reos solicitando información y ayuda con el interés de hacer efectivo el beneficio contemplado en tal reforma. La segunda de las reformas se público el 5 de noviembre del mismo año, para dar entrada a su vigencia. En el caso de esta última, han transcurrido aproximadamente ocho meses.
Las reformas que en tal sentido aprobó el Congreso de la Unión y publicó el Ejecutivo Federal, se inspiraron en el deseo de reubicar la política criminal en nuestro país, sobre un concepto que revalorice la eficacia y la utilidad de la privación de la libertad. Su contenido fue breve, en ambos casos, pero en él tratamos de insertar los más nobles propósitos al considerar que la lucha contra la delincuencia y la impunidad no cruza, necesariamente, con el endurecimiento de las penas o la severidad en el castigo.
Reconocimos en su momento la importancia de las reformas citadas, porque pensamos que a partir de su entrada en vigor, por relacionarse con uno de los bienes jurídicos más preciados del ser humano, se concedería a la brevedad el beneficio de la libertad preparatoria a personas sentenciadas por la consumación de los delitos que contemplan los preceptos que se modificaron. Nos han llamado internos de reclusorios de diferentes partes del país, sentenciados, afirman, a 10 años de prisión, que a la fecha llevan aproximadamente 9 años y algunos meses de sentencia cumplida: ¿De qué les servirá una reforma como la que aprobamos?
Una fundamental tarea del legislador se manifiesta en la elaboración de normas generales, impersonales y abstractas; pero también, y como consecuencia de la anterior, se presenta aquella otra que nos impone el deber ético de vigilar su eficacia y utilidad, con relación a las necesidades sociales que reclamaron imperativamente y por modo inaplazable su vigencia, para saber si efectivamente cumplen o están cumpliendo con la justa y trascendental causa que les dio origen.
En el asunto que nos ocupa, solamente una cuestión se debe precisar al respetable señor Secretario de Seguridad Pública: ni como legisladores, ni en lo personal, a los promoventes del punto de acuerdo que se manifiesta, nos motiva algún interés particular; sólo nos asiste el derecho de saber si se cumple con la ley, para que ésta no quede a los ojos del pueblo como una figura decorativa o de simple retórica.
Así, con fundamento en los artículos 122, a contrario sensu, y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 de su Reglamento, y demás consideraciones expuestas, presentamos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES, EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, PARA QUE INFORME SOBRE EL NÚMERO DE LOS BENEFICIOS PRELIBERACIONALES Y LAS ADECUACIONES DE SENTENCIAS, QUE LA DEPENDENCIA A SU CARGO HA OTORGADO EN VIRTUD DE LAS REFORMAS ESTABLECIDAS CON FECHAS 29 DE ABRIL Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003, RESPECTIVAMENTE, A LOS ARTÍCULOS 85, INCISO B), FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 83 Y 83 TER DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.
DADO EN LA SEDE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, A SIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL CUATRO.
COMISIÓN DE JUSTICIA
SENADORES
JORGE ZERMEÑO INFANTE
Presidente
ORLANDO ALBERTO PAREDES LARA RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS
Secretario Secretario
ARELY MADRID TOVILLA HÉCTOR MICHEL CAMARENA
ULISES ERNESTO RUÍZ ORTÍZ MARTHA SOFÍA TAMAYO MORALES
JORGE DOROTEO ZAPATA GARCÍA JESÚS GALVAN MUÑOZ
FAUZI HAMDAN AMAD DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ
ERIKA LARREGUI NAGEL JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS
MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ FELIPE COLOMO CASTRO
Del Sen. Salvador Becerra Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la SAGARPA a que publique los instrumentos jurídicos específicos necesarios que permitan a los acuacultores acceder a la cuota de tarifa de energía eléctrica de estímulo.
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE
Salvador Becerra Rodríguez, Senador de la República de la LlX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la publicación de los instrumentos jurídicos necesarios para que los acuacultores accedan a los beneficios de los precios y tarifas de estímulo para la energía eléctrica, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Energía para el Campo, su Reglamento y en el Programa Especial de Energía para el Campo. Lo anterior, con arreglo a las siguientes:
CONSIDERACIONES
La actividad acuícola es una alternativa importante para ampliar la oferta alimentaria del país y estimular el desarrollo regional creando fuentes de empleo, así como para disminuir la presión sobre los recursos pesqueros naturales.
Una gran ventaja de la actividad acuícola, es que se basa en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, muchos de los cuales presentan signos de agotamiento o disminución gradual en las últimas décadas. .
La acuacultura participa en la producción pesquera nacional con poco más del 12%, y puede llegar a representar hasta el 40% de la producción pesquera total en un plazo de 10-15 años. Particularmente en la producción de mojarra, ostión y carpa, la acuacultura es la principal fuente al contribuir con el 94%, 95% y 80%, respectivamente, de la oferta nacional de esas especies.
Tanto el sector pesquero como la acuacultura tienen un gran potencial de generación de riqueza en nuestro país, debido a la extensión de los ecosistemas que favorecen dichas actividades. A este respecto, en nuestro país contamos con 11,500 km de litoral; 3 millones de Km2 de Zona Económica Exclusiva; 358,000 Km2 de plataforma continental; y 2.9 millones de hectáreas de aguas territoriales. Poseemos también una ubicación privilegiada y condiciones meteorológicas favorables, que han permitido la proliferación y explotación de una gran diversidad de especies marinas y de aguas interiores.
Sin embargo, como el sector rural en su conjunto, el desarrollo de la acuacultura se ha visto obstaculizado por diversos factores entre los que destacan: limitados recursos financieros, inseguridad en la tenencia de la tierra de uso acuícola, insuficientes apoyos a la transferencia tecnológica y la deficiente comercialización e industrialización de los productos.
Los problemas citados anteriormente impiden que la acuacultura exprese todo su potencial en la generación de riqueza, empleo y oferta alimentaria, por lo que es necesaria la intervención del Estado para darle el impulso que requiere, y así garantizar mejores condiciones en la competencia ante productores internacionales, que se benefician de importantes subsidios en sus países.
Es necesario recordar que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal impulsaron la Ley de Energía para el Campo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2002, y posteriormente el Ejecutivo Federal publicó el reglamento de la ley en el mismo órgano de difusión, con fecha 04 de diciembre de 2003.
La Ley de Energía para el Campo tiene como objetivo impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias, a través del otorgamiento de precios y tarifas de estímulo en los energéticos agropecuarios.
Así, el artículo 3 del ordenamiento jurídico antes citado, establece en su fracción primera que las actividades agropecuarias son los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables, como la agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura y la pesca ribereña. El mismo artículo, en su fracción V, señala que los energéticos agropecuarios "son la gasolina, el diesel, el combustóleo y la energía eléctrica empleados directamente en las actividades agro pecuarias".
Esa misma Ley, en el artículo 5, establece que la Secretaría de Hacienda, en coordinación con las Secretarías de Energía, Agricultura, y Medio Ambiente, debe fijar los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, mientras que el artículo 6 dispone que será la Secretaría de Agricultura la que definirá la cuota energética por beneficiario, es decir, el volumen de consumo de energía para cada beneficiario.
En el mismo sentido, el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo establece los requisitos para acceder a la cuota energética a precios y tarifas de estímulo para las actividades agropecuarias.
Adicionalmente, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Energía para el Campo, el mismo 04 de diciembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se establece el Programa Especial de Energía para el Campo, en el cual destacan los siguientes aspectos:
- El artículo 1 establece que su objeto es que los productores agropecuarios, acuacultores y pescadores ribereños, puedan obtener los energéticos a precios y tarifas de estímulo;
- El artículo 2 dispone la observancia obligatoria del Programa para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias;
- El artículo 5 prevé que la SAGARPA emita los instrumentos jurídicos específicos para cada uno de los energéticos agropecuarios, que resulten necesarios para la correcta y debida aplicación del Programa;
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo, a partir de enero de 2003 el gobierno federal estableció la tarifa eléctrica 9-CU, que otorga un subsidio importante para el bombeo de agua destinada al riego agrícola. Asimismo, desde agosto del mismo año se puso en vigencia la tarifa eléctrica 9-N, aplicada al bombeo nocturno para riego agrícola, cuyo costo es 50% menor a la tarifa 9-CU. Gracias a estos apoyos, miles de productores agropecuarios han podido reducir sus costos de producción, aumentando en consecuencia la rentabilidad de sus predios.
Sin embargo, a pesar de la importancia creciente de la acuacultura en nuestro país, esta actividad aún no recibe el beneficio de contar con una tarifa eléctrica barata como la agricultura o la ganadería.
Ciertamente se han puesto en marcha diversos programas de apoyo a las actividades de la zona rural, incluyendo algunos para la acuacultura y pesca, como el vale pesquero y Alianza Contigo. No obstante lo anterior, considero que el cumplimiento cabal de lo establecido en el Programa Especial de Energía para el Campo, es un factor indispensable para el desarrollo de la actividad acuícola.
Es por todo lo antes expuesto, que resulta urgente que la Secretaría de Agricultura publique los instrumentos jurídicos necesarios, para que los acuacultores puedan acceder a la cuota de energía eléctrica a precios y tarifas de estímulo, a la que tienen derecho con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Energía para el Campo, su Reglamento, y más específicamente en el artículo 5 del Decreto por el que se establece el Programa Especial de Energía para el Campo, así como en el segundo transitorio de dicho Decreto.
Una vez publicados estos instrumentos jurídicos, como se hizo en el caso del Diesel y la gasolina para la acuacultura y la pesca, será sólo cuestión de que los acuicultores que deseen acceder a los beneficios correspondientes, cumplan con lo dispuesto en dichos instrumentos y en el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, para que puedan beneficiarse de ese apoyo tan importante.
Así entonces, por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Energía para el Campo, su Reglamento, y el artículo 5 del Decreto por el que se establece el Programa Especial de Energía para el Campo, así como en el artículo segundo transitorio de este Decreto, publique los instrumentos jurídicos específicos necesarios para que los acuacultores puedan acceder a la cuota energética a precios y tarifas de estímulo en la energía eléctrica.
Atentamente, Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 07 de Julio de 2004.
SEN. SALVADOR BECERRA RODRÍGUEZ
Del Dip. Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene punto de acuerdo para que el Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia investigue y comparezca a informar las limitaciones o los problemas que le impiden cumplir con su responsabilidad de preservar nuestras zonas arqueológicas.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA INVESTIGUE Y COMPAREZCA A INFORMAR LAS LIMITACIONES O LOS PROBLEMAS QUE LE IMPIDEN PODER CUMPLIR CON SU RESPONSABILIDAD DE PRESERVAR NUESTRAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS.
El que suscribe, Dip. Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país, de frontera a frontera, cuenta con una gran cantidad de zonas arqueológicas situadas en valles, cerros y ciudades, así como museos de sitio e históricos localizados en cada región del país. Todo esto nos habla de una cultura consolidada por nuestros antepasados y constituyen un fiel reflejo de los orígenes étnicos y culturales de Mesoamérica.
Lamentablemente muchas de estas zonas arqueológicas día con día se ven amenazadas por diversos factores: crecimiento urbano; complicidad e indolencia de autoridades federales, estatales y municipales, todo ello acompañado de una corrupción e indiferencia sociales.
El actual Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia al presentar el programa de trabajo para el período 2001-2006 de esta dependencia señaló. Cito textualmente: "Como sucedió desde el origen de las civilizaciones, frente a nosotros tenemos el reto de luchar contra el olvido, rescatar y reinterpretar cada una de las vertientes de nuestra historia, construir los puentes para entender el presente, para hacerlo menos incierto. Nuestra fuerza y mayor signo es la pasión por la memoria".
En este contexto, quiero referirme en esta ocasión al Estado de Oaxaca, entidad en la que sus recursos arqueológicos son muy vastos, tantos, que el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia reporta tener perfectamente localizadas 4,000 zonas arqueológicas, y la mayoría en peligro de perderse.
Esto obedece a las causas que hemos señalado con anterioridad, pero en los últimos años ha sido la voracidad y corrupción de autoridades municipales, avaladas por el gobierno del Estado, quienes ante la indiferencia, y también hay que reconocerlo, ante la falta de recursos materiales y económicos del INAH a nivel nacional y en particular en Oaxaca, han repartido a diestra y siniestra permisos para que en estas zonas identificadas plenamente como “zonas arqueológicas”, se construyan fraccionamientos de viviendas de todo tipo, logrando con ello destruir y desaparecer los vestigios, que son testimonios de una cultura ancestral.
Podríamos mencionar múltiples casos, pero quizás los más recientes puedan servir de ejemplo para hacer un llamado de alerta a las autoridades responsables de preservar nuestro patrimonio histórico.
Continuamente en Oaxaca se reciben denuncias de diferentes comunidades y habitantes de poblaciones afectadas por este tipo de obras, que ven con tristeza cómo no son atendidas sus demandas sino que por el contrario cuando realizan movilizaciones para defenderlas, con mayor cultura y conocimiento que los que supuestamente contamos con cierta preparación, son reprimidos y sometidos, incluso encarcelados, bajo el argumento de “oponerse al desarrollo de Oaxaca”.
Así fue lo sucedido con organizaciones de ciudadanos responsables de Santo Domingo Barrio Alto y San Gabriel Guelache, Etla, que han denunciado cómo un predio de casi 10 hectáreas fue vendido a dos canadienses y que afectaron un importante sitio arqueológico localizado y conocido como “Mogotes de Humo”, en donde ya está construida una barda y de la cual tuvieron conocimiento oportunamente de esta arbitrariedad las autoridades estatales y del INAH, quienes a pesar de ser tierras comunales, nunca hicieron nada para detener este atropello a sus bienes culturales. Podríamos mencionar otro ejemplo similar que sucedió en Mitla con el desmantelamiento del Museo de Arte Zapoteco, por la transferencia de posesión de la Casa que los habitantes de esa comunidad suponían que era de la comunidad, y hoy, quién sabe por qué razones, está en poder de un banco sin tener conocimiento claro, la población, en dónde se encuentra la colección arqueológica calculada en 40 mil piezas, sin poder contar con información oficial, quién las tiene, dónde se van a quedar o bajo custodia de quién quedarán finalmente.
Y podríamos citar múltiples ejemplos en Huayapan, San Luis Beltrán, Tlalixtac, Atzompa, y Santa Cruz Amilpas, en donde grandes áreas son afectadas por nuevos fraccionamientos ante el disimulo de las autoridades municipales, estatales y del propio INAH.
El caso más reciente, y que es motivo de un descontento generalizado, lo tenemos en el poblado de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, cuyo Presidente Municipal, desde el inicio de su administración, ha sido denunciado en múltiples ocasiones de enriquecimiento inexplicable, de desviación de recursos, pero sobre todo, por la venta de permisos para fraccionamientos en ese municipio, no obstante ser la mayor parte de ellos sitios arqueológicos de gran valía histórica por estudios realizados por el afamado arqueólogo Alfonso Caso, quien desde 1931 logró que se declarara por el gobierno federal Zona de Protección, al lugar conocido como las ruinas de Monte Albán, con una superficie de 426 hectáreas .
Afortunadamente el Movimiento Ciudadano por la Defensa de Santa Cruz Xoxocotlán ha estado insistiendo permanentemente ante las autoridades estatales y federales, en que se frenen este tipo de permisos y negocios que perjudican gran parte de la zona antes mencionada. Para mayor información, señalaremos que gran parte de los terrenos del Sitio de Monte Albán se encuentran dentro del perímetro del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.
Continuamente integrantes de este Movimiento Ciudadano realizan marchas y plantones para evitar este irracional ejercicio de corrupción sin obtener respuesta alguna, por el contrario, varios de sus integrantes han sido detenidos, por ser considerados por la autoridad estatal como agitadores que se oponen al progreso de su municipio.
La razón de que en este municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en pleno siglo XXI, sucedan estas cosas, no sólo se debe a que en este municipio se encuentre un sinnúmero de sitios arqueológicos aún sin rescatar, sino que si hoy suceden estos hechos delictivos por parte del Presidente Municipal Gilberto Ramírez Puga, porque éste es ahijado del gobernador del Estado y hermano de un diputado federal de esta Legislatura.
Por lo tanto, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo:
PRIMERO.- Que el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia realice una profunda investigación sobre todos los fraccionamientos que se han venido construyendo en los últimos cinco años en sitios considerados como Zonas de Protección Arqueológica.
SEGUNDO.- Que Informe a qué se debe que no ha podido o no ha querido impedir que se sigan construyendo estos fraccionamientos.
TERCERO.- Que una vez que haya dado respuesta a estas peticiones, comparezca ante la Comisión correspondiente, para que explique a qué se debe y cuáles son las limitaciones o los problemas que le impiden poder cumplir con su responsabilidad de preservar nuestras zonas arqueológicas.
Dado en Palacio Legislativo, D.F., a 7 de julio de 2004
A T E N T A M E N T E
DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ,
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a PEMEX que los ingresos adicionales generados por el incremento del precio de las gasolinas y el diesel se destinen a un programa de mejoramiento ambiental para gasolinas.
COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
LIX LEGISLATURA
P R E S E N T E
Guillermo Velasco Rodríguez, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58,60,175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne, a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se Solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Petróleos Mexicanos para que los Ingresos Adicionales Generados por el Incremento al Precio de las Gasolinas y Diesel se Destinen a un Programa de Mejoramiento Ambiental para Gasolinas y Modernización de las Refinerías
Dado en Xicoténcatl #9, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de julio del 2004.
|Dip. Guillermo Velasco Rodríguez |
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESUS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VALENTIN GOMEZ FARIAS
PALABRAS DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS.
Palacio Legislativo, a 7 de julio de 2004
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE:
SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES:
La fusión y encuentro de dos culturas y civilizaciones disímbolas se da de manera estricta en el mestizaje mexicano. Uno de cuyos resultados es la luminosa vida y obra de Valentín Gómez Farías, nacido en 1781 del casamiento de José Lugardo Gómez de la Vara, español peninsular y María Josefa Martínez Farías. Aquél de oficio comerciante, lo dedicó en su natal Guadalajara al estudio con maestros particulares, y, es hasta el ingreso al bachillerato a los 18 años de su edad, donde se nota su natural rebelde liberalismo personal, cuando protesta porque las clases se impartían en latín, cuando él era lector asiduo de textos en español y francés.
Al titularse de médico ejerce durante año y medio en el Hospital de San Andrés, y, posteriormente emigra a la ciudad de Aguascalientes. Ahí se reúne con otros jóvenes criollos como él, y, conforman un grupo de liberales, entre los que se encontraba Francisco Primo de Verdad y Ramos, junto con sus reuniones continuó ejerciendo como médico.
Ahí en 1817 contrajo matrimonio. Y posteriormente en 1820 es elegido Regidor del Ayuntamiento de Aguascalientes. En esa fecha decidió formar un batallón insurgente con voluntarios, y, de su peculio compra armas. Combate hasta la consumación de la Independencia un año después en 1821.
Para el Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA es aleccionador para nuestra memoria histórica que al convocarse al primer Congreso Constituyente, Gómez Farías es elegido diputado por Aguascalientes. En dicho Congreso conforma un núcleo de diputados al que se le conoce como Los Imparciales. Renunció a su diputación por desacuerdo con la forma de gobernar del Emperador Agustín de Iturbide.
Se radica en Zacatecas donde colabora para promulgar una Ley sobre Educación Primaria Gratuita. Luego, en 1833 cuando es electo por primera vez Antonio López de Santa Anna, y, Valentín Gómez Farías ocupa la Vicepresidencia. Naturalmente dos hombres de tan opuestas formaciones tuvieron diferencias. Las que afortunadamente dieron paso al ejercicio de una Presidencia interina, porque López de Santa Anna pide permiso para ausentarse del cargo, y, Valentín Gómez Farías pasa a ocupar la Presidencia.
CONVERGENCIA observa que de ese modo tiene la oportunidad de poner en práctica sus ideas, llama a colaborar con él a un grupo de liberales, entre ellos al doctor José María Luis Mora, quien es el precursor del liberalismo mexicano, y, se emiten una serie de decretos y leyes progresistas de avanzada liberal. Entre otras:
Libertad de pensamiento y de expresión. Prohibición al clero y al Ejército para intervenir en asuntos de política, así como la destitución de los militares que hubiesen hecho pronunciamientos contra el gobierno civil. Clausura de la Universidad Pontificia, porque en sus claustros se ponían en práctica ideas contra el México independiente. En su lugar el presidente propuso una Dirección de Instrucción Pública, la cual se encargaría de todos los asuntos relativos a la educación de los mexicanos. También se proponía extender la educación, fundando las escuelas nocturnas y la creación de las Escuelas Normales para la formación de los maestros del pueblo. Y, destacadamente, la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos.
El Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA entiende como natural, que por el hecho político de poner al desnudo todas las desigualdades sociales y económicas que el poder eclesiástico fomentaba, Valentín Gómez Farías fuera combatido duramente -como una posición de clase-, en algunos lugares hubo levantamientos azuzados por el clero y los intereses que combatió.
Concidieron aquel año de 1833 una serie de sismos en varios puntos del país, y, en la Ciudad de México se dio una epidemia de cólera, por lo que el Presidente Valentín Gómez Farías, en su carácter de médico de profesión, ordenó que muchos enfermos fueran alojados en un sector del Palacio Nacional, siendo atendidos por el propio presidente-médico. Esto no lo podían concebir las clases sociales de la época acostumbradas a la discriminación contra las castas, y, al ejercicio de la discriminación más despiadada.
Al año siguiente Santa Anna volvió a ocupar la Presidencia, y, por obvias razones, para congraciarse con las clases pudientes y el clero político, persiguió con saña a los liberales, entonces el Vicepresidente se vio forzado al exilio. En 1845, ya se percibía la provocación de Estados Unidos para forzar una guerra de despojo contra México. Por lo que otra vez intervino el Congreso, y, volvió a nombrar a López de Santa Anna presidente, y, a Gómez Farías vicepresidente, cargo que anteriormente López de Santa Anna había suprimido.
Con más de la mitad del territorio nacional cercenado, se sucedieron varios gobiernos de 1847 a 1853. Al año siguiente se dio la revolución del Plan de Ayutla, encabezada por el general Juan N. Álvarez, a su triunfo fue destituido López de Santa Anna, y, se designó al general Álvarez como Presidente de la República.
El grupo de liberales que coincidían con las ideas de Valentín Gómez Farías, secundó ese Plan, destacando Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, José María Mata, entre otros. El Presidente convocó a un nuevo Congreso Constituyente, el cual desde 1855 trabajó, y, justamente el 5 de febrero de 1857, en Querétaro, el presidente de la Cámara es Valentín Gómez Farías, quien ve de ese modo coronados sus esfuerzos plasmados en leyes que él había fomentado a lo largo de su vida política.
Pocos meses después, Gómez Farías fallece en la Ciudad de México, el 5 de julio de 1858. Sus restos reposan en la Rotonda de los Hombres Ilustres hasta la fecha.
El pensamiento visionario de Valentín Gómez Farías que debiera ser Gómez Martínez, no se conoce en qué momento y por cuales razones, adoptó el segundo apellido de su madre, como el segundo suyo, puede encontrarse históricamente en el espíritu y los contenidos de la mayoría de artículos y leyes que con humanismo defienden y reglamentan con visión de Estado moderno las que garantizan el libre pensamiento y la libertad de expresarlo, como se puede ver adelantándose a su tiempo. ¡Honor a ellos, los liberales de la estirpe de Valentín Gómez Farías y los hombres de la Generación de la Reforma!
MUCHAS GRACIAS.
ATENTAMENTE
DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ
COORDINADOR DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
|MESA DIRECTIVA |
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|Presidente |
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|Secretario |Secretario |Secretario |Secretario |
CONSULTA LA
“GACETA PARLAMENTARIA”
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OPINA:
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Del Cuauhtémoc, C.P 06010
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Teléfono: 5130-2200 y 5345-3000
Extensión: 4888
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[1] Secretaría de Energía. “Prospectiva del Sector Eléctrico 2003-2012”, Pág. 38. (Página electrónica).
[2] Los datos con los cuales se elaboraron los índices correspondientes, aparecen en el Anexo 1.
[3] “La Reforma del sector eléctrico: principales efectos sociales”. Servicio de Investigación y Análisis de la H. Cámara de Diputados. División de Política Social. Págs. 25 y 26.
[4] “TARIFAS ELÉCTRICAS: Impacto en los hogares mexicanos por el incremento en las tarifas eléctricas. Análisis por deciles de ingreso”. Servicio de Investigación y Análisis de la H. Cámara de Diputados. División de Economía y Comercio. Anexo 1, elaborado con base en datos de la SHCP.
[5] “Pierde LFC 3 mil millones de pesos por robo de energía eléctrica: De Pablo”. Periódico “La Jornada”. Miércoles 23 de Octubre de 2002. Sección Economía. Nota de Israel Rodríguez J.
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Nota: Con fundamento en el Acuerdo Parlamentario de la Mesa Directiva de fecha 20 de marzo del año 2000, por el que se crea la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República y con base en el numeral Sexto de ese ordenamiento, los textos publicados en la Gaceta carecerán de valor probatorio y no generarán consecuencias jurídicas para el Senado de la República
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Robles |[pic] | |
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