C O N T E N I D O
C O N T E N I D O
ORDEN DEL DÍA …..........………….............................................................................................................................. 8
ACtA DE LA SESION ANTERIOR.................................................................................................................................15
PODER EJECUTIVO FEDERAL ....................................................................................................................................21
Secretaría de Gobernación.………………..……………………………………………………………………………………21
• Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros. .………………..……………………………..………………………………………………………21
• Oficio con el que remite de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Informe de la visita de trabajo del Presidente de la República a los Estados de Illinois, Michigan y Minnesota, en los Estados Unidos de América, del 16 al 18 de junio de 2004. .………………..……………………………..………………..………………………………………………23
• Oficio con el que remite otro del Consejo de Premiación Turística, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 30 de junio de 2004, sobre el avance y los resultados de la operación turística de la Ruta Maya………….………………..……………………………..………………..………………………………………………24
• Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Salud, en respuesta a acuerdos de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente del 29 de abril y 21 de julio de 2004, respectivamente, relativos al ingreso y siembra experimental de maíz transgénico en el país….……………..…………..………………………………………………25
• Oficio con el que remite otro del Servicio de Administración Tributaria, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de julio de 2004, sobre la problemática que enfrenta el sector lechero…….……………………30
• Oficio con el que remite otro de la Procuraduría General de la República, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de julio de 2004, en relación con la situación prevaleciente en la población de Hércules, Municipio de Sierra Mojada, Coahuila. …….……………………………………………………………………..………33
• Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación al acuerdo de la Comisión Permanente del 23 de junio de 2004, sobre el conflicto en Palestina………………..………………………..………35
Secretaría de Hacienda y Crédito Público………………..………………………………………………………....………39
Oficios con los que remite:
• Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al segundo trimestre de 2004; asimismo, información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de junio de 2004; se informa también sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas desagregada por tipo de fondo con la comparación correspondiente al mes de junio de 2003; asimismo, se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera. ...39
• Reporte de las mercancías de Comercio Exterior asignadas por el Servicio de Administración Tributaria durante el mes de julio de 2004. ………………………………………………………………………………………………………...40
Comisión Federal de Electricidad…………………………...………………………………………………………………...42
• Oficio en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 15 de abril de 2004, sobre tarifas eléctricas.…...42
Instituto Mexicano del Seguro Social.………………………………………………………………………………………...43
• Oficio con el que remite Informe trimestral sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto. .……………………………………………………………………..………………………………………………...43
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.… ……………………………………………………… …………………………...65
Secretaría de Cultura
Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 157 aniversario de la Batalla de Churubusco, a celebrarse el viernes 20 de agosto, en esta ciudad. ………………………………………………..…………….…………………………...65
JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS………………………………..…………...66
• Oficio suscrito por el Presidente de ese órgano, en relación con la realización de la VII Reunión Interparlamentaria Cuba-México. ………………………………..…………………………………………………………………………….....66
• Oficio en relación con la creación de una comisión especial bicameral encargada de las tareas de investigación en la entrega de recursos públicos a Provida………………..…………………………………………………………….....67
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL…..…………..……………………………………….………….....68
Oficios con los que remite acuerdos:
• En relación con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. …..………………….………………………….....68
• Por el que exhorta al Congreso de la Unión a efectuar las reformas que corresponda, a fin de que dicho órgano legislativo tenga facultades plenas para legislar en materia de seguridad pública….….………………………….....69
• Por el que solicita a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación investigar exhaustivamente el destino de los recursos asignados al Comité Nacional Provida..….………………………….....70
Gobiernos de los estados..….……………………………………………………………………………………….....71
• Oficio suscrito por el Gobernador del Estado de Coahuila, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 16 de junio de 2004, sobre la empresa metalúrgica Met-Mex Peñoles. …………………………………………….....71
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS………………………………………………………………….…………………….....72
• Oficio del Congreso del Estado de Puebla, con el que remite iniciativa para reformar el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 2 constitucional….……………………………………………………….…………………….....72
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES….………………………………………………………….......75
• De la Sen. Verónica Velasco Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con la que remite Minutas de la gira de trabajo de esa Comisión, a las áreas naturales protegidas del Estado de Campeche, del 7 al 9 de mayo; así como a una Reserva de la Biosfera y al Parque Nacional Isla Contoy en el Estado de Quintana Roo, los días 30 de junio y 1 al 3 de julio de 2004…..……………………….......75
• Del Dip. Alejandro Higuera Osuna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, del día 11 de agosto al 1 de diciembre de 2004……….......92
• Del Dip. Rafael Moreno Valle Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 11 de agosto de 2004. ………..............................................................................................................................................................93
• Del Dip. Sergio Magaña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 11 de agosto de 2004. ………..............................................................................................................................................................94
• Del Dip. Narciso Agúndez Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 21 de agosto de 2004. ………..............................................................................................................................................................95
• De la Primera Comisión, por la que informa que el punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal publicar la reforma a la fracción IV del artículo 74 constitucional ha quedado sin materia; y solicita de descargue de los registros que corresponda……………………………………………………………….......................................96
De la Primera Comisión, por la que solicita rectificación de turno a los siguientes asuntos turnados a esa comisión:
• Punto de acuerdo sobre la emisión de la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad, presentada el 30 de junio de 2004.
• Punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, presentada el 7 de julio de 2004. ………………………………………………………………..................................................99
• De la Segunda Comisión, por la que informa de los dictámenes en sentido negativo a 3 diferentes puntos de acuerdo turnados a esa Comisión y solicita se descarguen de los registros correspondientes.............................100
• De la Tercera Comisión, por la que informa de los dictámenes en sentido negativo a 2 diversos puntos de acuerdo turnados a esa Comisión y solicita se descarguen de los registros correspondientes. .........................................109
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES.....................................................................................................117
• Del Dip. Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito………..................................117
• Del Sen. Carlos Chaurand Arzate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un nuevo primer párrafo al artículo 12, recorriéndose los subsecuentes y reforma el primer párrafo del artículo 19, ambos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ………...................................................................120
• Del Dip. Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 122 y adiciona un tercer párrafo al artículo 571 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. ………....................................................................................................................123
• De la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de convocatoria a la Cámara de Senadores a un Período de Sesiones Extraordinarias, con el objeto de ocuparse de la declaración de desaparición de Poderes en el Estado de Quintana Roo……..............125
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre del Dip. Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ……...........................................................................................................................................................128
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA……….........................................................................................................130
• Dos, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto por los que se conceden permisos para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México, Distrito Federal; y para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros. ……….........................................................................................................130
DICTAMENES A DISCUSIÓN………...........................................................................................................................132
• De la Primera Comisión, el que contiene proyecto de decreto por el que se conceden permisos para prestar servicios en las Embajadas de Francia y de República Checa en México…….....................................................132
De la Segunda Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Chile……..............134
• Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Roberto Rodríguez Hernández, como Cónsul General de México ante el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico. …………………..…...............138
De la Primera Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Educación Pública y a la Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a intervenir en defensa de la obra de Remedios Varo. ……………….…..…...............141
• Punto de acuerdo sobre la necesidad de regular y transparentar los mecanismos de asignación de recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil. ……………….…..…......................................................................144
• Punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación, informe sobre los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada desarrolla el CISEN. ……………….…..…...............................................................................................................147
• Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre la problemática del tiradero a cielo abierto del Municipio de Coacalco y la construcción de un relleno sanitario en dicho Municipio. ……………….…..…......................................................................................................................150
• Punto de acuerdo para que se sancione a los responsables del sacrificio de delfines en la localidad de Laguna de Términos, Campeche y se establezca un programa de monitoreo y vigilancia de las artes de pesca en el área de protección de flora y fauna en esa zona. ……………….…..…................................................................................155
• Punto de acuerdo en torno a las investigaciones sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y el delito de feminicidio en el territorio nacional. ……………….…..…........................................................................................158
• Punto de acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo que se avoque a la investigación de los hechos ocurridos en el Municipio de Benito Juárez, quintana Roo…………......................................................................................164
• De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública informe a qué universidades estatales se les ha entregado los recursos del Fondo de Equidad, así como su monto y las fechas. …………............................................................................................................................167
De la Tercera Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo para solicitar información al Ejecutivo Federal sobre la viabilidad de mantener el 45% de arancel a la importación de los aceites de coco. ……………..............................................................................................169
• Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la revisión de la NOM-056-FITO-1995. ……………................................................................................................173
• Punto de acuerdo para solicitar a la PROFEPA información sobre la legal procedencia de todos los animales ubicados en circos, zoológicos y delfinarios de la República Mexicana…………...................................................176
• Punto de acuerdo para solicitar la aplicación adecuada de los recursos reasignados a Radio Educación y al Museo Nacional de Historia. …………................................................................................................................................180
• Punto de acuerdo para solicitar que la Auditoria Superior de la Federación fiscalice el ejercicio de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, en los ejercicios de 2001 a 2003…….............183
• Punto de acuerdo en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003. …….........................................186
• Punto de acuerdo para que se instruya al Auditor Superior de la Federación a realizar una auditoria al Gobierno del Estado de Zacatecas para conocer el destino y aplicación de los recursos públicos en ese estado...............190
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES............................................................................................193
• Del Dip. Francisco Luis Monárrez Rincón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo a fin de que comparezcan el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Director de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que expliquen el subejercicio del Programa Carretero del País 2004. ............................................................................................193
• Del Dip. Francisco Barrio Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que el Gobierno de México participe en la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías. ..............................................................................................195
• Del Sen. César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación al uso de balas de gas pimienta en contra de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América. ...............................................................................................................................................197
• Del Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, a nombre propio y de la Sen. Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al uso de proyectiles de polvo o pimienta en contra de migrantes, por parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos...198
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno a la contaminación electromagnética. …………………………………...199
• De la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo relativo a diversas irregularidades en el proceso de inscripción a la educación primaria. ………………………………………………………………………………………………………...201
• Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal a agilizar los trámites que permitan a dicho órgano su operación eficaz, eficiente e inmediata……………………………………………..202
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal para que se conduzca con respeto e institucionalidad en su relación con las autoridades del Distrito Federal, de los Estados de la Federación y con las y los legisladores del Congreso de la Unión. ………………………………………………………………………………….……………..205
• Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en relación con la situación en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo…..…..206
• Del Dip. José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita para el ejercicio de 2005 un incremento al presupuesto del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. …..………………………………………………………………………………………………...208
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Marcos Morales Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al IMSS a iniciar la construcción de una unidad de medicina familiar en la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal…....210
• De la Dip. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos y gastos del Instituto Mexicano de la Radio, así como del Canal 22. ………………………………………………………………………....212
• De la Dip. Cristina Portillo Ayala, a nombre propio y de la Dip. María Elba Garfias Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado de Puebla a ordenar la suspensión de las obras que se realizan en el paseo del Río de San Francisco, en la Ciudad de Puebla. ……………………………………..........…………………………………....215
• Del Dip. Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar una inspección a la empresa Ajemex s.a. de c.v., a fin de verificar las condiciones laborales de los repartidores del producto denominado big cola. ……………………………………..........………………………………………….....……………………………....217
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para proponer una controversia constitucional por la firma del Acuerdo de Entendimiento sobre los requisitos de documentación sobre los organismos vivos, modificados para alimentación……....…………....219
• De los Diputados Heliodoro Díaz Escárraga y María Esther Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se rechaza la iniciativa del gobierno federal para fusionar o liquidar a Banco Nacional de Comercio Exterior, y a Nacional Financiera.....…………....221
• De la Dip. Cristina Portillo Ayala, a nombre propio y del Dip. Rafael García Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina a proporcionar la información sobre la situación de los miembros de las fuerzas armadas detectados con virus del VIH. .....…………………………………….……....223
• Del Dip. José Irene Álvarez Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades pesqueras federales y locales para que revisen la situación de los fondos aportados por las sociedades cooperativas de los pescadores de camarón del Puerto de Guaymas, Sonora. .....………………………………………………………………………………………………….……….……....225
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo sobre la situación del gasto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes…………......227
• De la Dip. Cristina Portillo Ayala, a nombre de la Dip. Rosa María Aviles, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión se manifieste a favor de la permanencia y fortalecimiento del PARLACEN. …………………………………………………….…......229
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Coordinador General de Asuntos Internacionales de la SAGARPA. ……………………………………………………………………………………….....……………….…......231
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el que contiene punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a suspender los planes y programas de estudio en el bachillerato tecnológico………………....……………….…......236
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA ATOMICA EN LAS CIUDADES JAPONESAS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI……………………………………………………..…....……………….…......238
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL NATALICIO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR....…....…….…….….…......240
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL NATALICIO DE VICENTE GUERRERO....……………...…….…….….…......242
Orden del Día
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones y correspondencia.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría de Gobernación
• Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros.
• Oficio con el que remite de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Informe de la visita de trabajo del Presidente de la República a los Estados de Illinois, Michigan y Minnesota, en los Estados Unidos de América, del 16 al 18 de junio de 2004.
• Oficio con el que remite otro del Consejo de Premiación Turística, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 30 de junio de 2004, sobre el avance y los resultados de la operación turística de la Ruta Maya.
• Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Salud, en respuesta a acuerdos de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente del 29 de abril y 21 de julio de 2004, respectivamente, relativos al ingreso y siembra experimental de maíz transgénico en el país.
• Oficio con el que remite otro del Servicio de Administración Tributaria, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de julio de 2004, sobre la problemática que enfrenta el sector lechero.
• Oficio con el que remite otro de la Procuraduría General de la República, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de julio de 2004, en relación con la situación prevaleciente en la población de Hércules, Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
• Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación al acuerdo de la Comisión Permanente del 23 de junio de 2004, sobre el conflicto en Palestina.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Oficios con los que remite:
• Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al segundo trimestre de 2004; asimismo, información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de junio de 2004; se informa también sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas desagregada por tipo de fondo con la comparación correspondiente al mes de junio de 2003; asimismo, se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera.
• Reporte de las mercancías de Comercio Exterior asignadas por el Servicio de Administración Tributaria durante el mes de julio de 2004.
Comisión Federal de Electricidad
• Oficio en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 15 de abril de 2004, sobre tarifas eléctricas.
Instituto Mexicano del Seguro Social
• Oficio con el que remite Informe trimestral sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Cultura
• Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 157 aniversario de la Batalla de Churubusco, a celebrarse el viernes 20 de agosto, en esta ciudad.
JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
• Oficio suscrito por el Presidente de ese órgano, en relación con la realización de la VII Reunión Interparlamentaria Cuba-México.
• Oficio en relación con la creación de una comisión especial bicameral encargada de las tareas de investigación en la entrega de recursos públicos a Provida.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Oficios con los que remite acuerdos:
• En relación con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
• Por el que exhorta al Congreso de la Unión a efectuar las reformas que corresponda, a fin de que dicho órgano legislativo tenga facultades plenas para legislar en materia de seguridad pública.
• Por el que solicita a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación investigar exhaustivamente el destino de los recursos asignados al Comité Nacional Provida.
Gobiernos de los estados
• Oficio suscrito por el Gobernador del Estado de Coahuila, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 16 de junio de 2004, sobre la empresa metalúrgica Met-Mex Peñoles.
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS
• Oficio del Congreso del Estado de Puebla, con el que remite iniciativa para reformar el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 2 constitucional.
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• De la Sen. Verónica Velasco Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con la que remite Minutas de la gira de trabajo de esa Comisión, a las áreas naturales protegidas del Estado de Campeche, del 7 al 9 de mayo; así como a una Reserva de la Biosfera y al Parque Nacional Isla Contoy en el Estado de Quintana Roo, los días 30 de junio y 1 al 3 de julio de 2004.
• Del Dip. Alejandro Higuera Osuna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, del día 11 de agosto al 1 de diciembre de 2004.
• Del Dip. Rafael Moreno Valle Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 11 de agosto de 2004.
• Del Dip. Sergio Magaña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 11 de agosto de 2004.
• Del Dip. Narciso Agúndez Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 21 de agosto de 2004.
• De la Primera Comisión, por la que informa que el punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal publicar la reforma a la fracción IV del artículo 74 constitucional ha quedado sin materia; y solicita de descargue de los registros que corresponda.
De la Primera Comisión, por la que solicita rectificación de turno a los siguientes asuntos turnados a esa comisión:
• Punto de acuerdo sobre la emisión de la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad, presentada el 30 de junio de 2004.
• Punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, presentada el 7 de julio de 2004.
• De la Segunda Comisión, por la que informa de los dictámenes en sentido negativo a 3 diferentes puntos de acuerdo turnados a esa Comisión y solicita se descarguen de los registros correspondientes.
• De la Tercera Comisión, por la que informa de los dictámenes en sentido negativo a 2 diversos puntos de acuerdo turnados a esa Comisión y solicita se descarguen de los registros correspondientes.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• Del Dip. Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito.
• Del Sen. Carlos Chaurand Arzate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un nuevo primer párrafo al artículo 12, recorriéndose los subsecuentes y reforma el primer párrafo del artículo 19, ambos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Del Dip. Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 122 y adiciona un tercer párrafo al artículo 571 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
• De la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de convocatoria a la Cámara de Senadores a un Período de Sesiones Extraordinarias, con el objeto de ocuparse de la declaración de desaparición de Poderes en el Estado de Quintana Roo.
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre del Dip. Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA
• Dos, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto por los que se conceden permisos para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México, Distrito Federal; y para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros.
DICTAMENES A DISCUSIÓN
• De la Primera Comisión, el que contiene proyecto de decreto por el que se conceden permisos para prestar servicios en las Embajadas de Francia y de República Checa en México.
De la Segunda Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Chile.
• Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Roberto Rodríguez Hernández, como Cónsul General de México ante el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico.
De la Primera Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Educación Pública y a la Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a intervenir en defensa de la obra de Remedios Varo.
• Punto de acuerdo sobre la necesidad de regular y transparentar los mecanismos de asignación de recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil.
• Punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación, informe sobre los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada desarrolla el CISEN.
• Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre la problemática del tiradero a cielo abierto del Municipio de Coacalco y la construcción de un relleno sanitario en dicho Municipio.
• Punto de acuerdo para que se sancione a los responsables del sacrificio de delfines en la localidad de Laguna de Términos, Campeche y se establezca un programa de monitoreo y vigilancia de las artes de pesca en el área de protección de flora y fauna en esa zona.
• Punto de acuerdo en torno a las investigaciones sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y el delito de feminicidio en el territorio nacional.
• Punto de acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo que se avoque a la investigación de los hechos ocurridos en el Municipio de Benito Juárez, quintana Roo.
De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública informe a qué universidades estatales se les ha entregado los recursos del Fondo de Equidad, así como su monto y las fechas.
De la Tercera Comisión, los que contienen:
• Punto de acuerdo para solicitar información al Ejecutivo Federal sobre la viabilidad de mantener el 45% de arancel a la importación de los aceites de coco.
• Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la revisión de la NOM-056-FITO-1995.
• Punto de acuerdo para solicitar a la PROFEPA información sobre la legal procedencia de todos los animales ubicados en circos, zoológicos y delfinarios de la República Mexicana.
• Punto de acuerdo para solicitar la aplicación adecuada de los recursos reasignados a Radio Educación y al Museo Nacional de Historia.
• Punto de acuerdo para solicitar que la Auditoria Superior de la Federación fiscalice el ejercicio de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, en los ejercicios de 2001 a 2003.
• Punto de acuerdo en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003.
• Punto de acuerdo para que se instruya al Auditor Superior de la Federación a realizar una auditoria al Gobierno del Estado de Zacatecas para conocer el destino y aplicación de los recursos públicos en ese estado.
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• Del Dip. Francisco Luis Monárrez Rincón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo a fin de que comparezcan el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Director de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que expliquen el subejercicio del Programa Carretero del País 2004.
• Del Dip. Francisco Barrio Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que el Gobierno de México participe en la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías.
• Del Sen. César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación al uso de balas de gas pimienta en contra de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América.
• Del Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, a nombre propio y de la Sen. Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al uso de proyectiles de polvo o pimienta en contra de migrantes, por parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
• De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno a la contaminación electromagnética.
• De la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo relativo a diversas irregularidades en el proceso de inscripción a la educación primaria.
• Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal a agilizar los trámites que permitan a dicho órgano su operación eficaz, eficiente e inmediata.
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal para que se conduzca con respeto e institucionalidad en su relación con las autoridades del Distrito Federal, de los Estados de la Federación y con las y los legisladores del Congreso de la Unión.
• Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en relación con la situación en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
• Del Dip. José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita para el ejercicio de 2005 un incremento al presupuesto del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Marcos Morales Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al IMSS a iniciar la construcción de una unidad de medicina familiar en la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal.
• De la Dip. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos y gastos del Instituto Mexicano de la Radio, así como del Canal 22.
• De la Dip. Cristina Portillo Ayala, a nombre propio y de la Dip. María Elba Garfias Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado de Puebla a ordenar la suspensión de las obras que se realizan en el paseo del Río de San Francisco, en la Ciudad de Puebla.
• Del Dip. Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar una inspección a la empresa Ajemex s.a. de c.v., a fin de verificar las condiciones laborales de los repartidores del producto denominado big cola.
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para proponer una controversia constitucional por la firma del Acuerdo de Entendimiento sobre los requisitos de documentación sobre los organismos vivos, modificados para alimentación.
• De los Diputados Heliodoro Díaz Escárraga y María Esther Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se rechaza la iniciativa del gobierno federal para fusionar o liquidar a Banco Nacional de Comercio Exterior, y a Nacional Financiera.
• De la Dip. Cristina Portillo Ayala, a nombre propio y del Dip. Rafael García Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina a proporcionar la información sobre la situación de los miembros de las fuerzas armadas detectados con virus del VIH.
• Del Dip. José Irene Álvarez Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades pesqueras federales y locales para que revisen la situación de los fondos aportados por las sociedades cooperativas de los pescadores de camarón del Puerto de Guaymas, Sonora.
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo sobre la situación del gasto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
• De la Dip. Cristina Portillo Ayala, a nombre de la Dip. Rosa María Aviles, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión se manifieste a favor de la permanencia y fortalecimiento del PARLACEN.
• Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Coordinador General de Asuntos Internacionales de la SAGARPA.
• Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el que contiene punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a suspender los planes y programas de estudio en el bachillerato tecnológico.
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
• Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los recientes procesos electorales.
PRONUNCIAMIENTO del Grupo Parlamentario del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en el Senado de la República, con motivo del Día Internacional de la Población Indígena establecido por la ONU
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA ATOMICA EN LAS CIUDADES JAPONESAS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL NATALICIO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL NATALICIO DE VICENTE GUERRERO
C I T A .
Acta de la Sesión Anterior
ACTA DE LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE
CELEBRADA EL MIERCOLES cuatro de agosto DE DOS MIL CUATRO.
PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO GIL ELORDUY
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas quince minutos del miércoles cuatro de agosto de dos mil cuatro, con una asistencia de treinta y siete ciudadanos legisladores, el Presidente declaró abierta la sesión.
Se dio lectura al Orden del Día.
Se aprobó en votación económica el acta de la sesión del día veintiocho de julio de dos mil cuatro.
Se recibió de la Secretaría de Gobernación la siguiente documentación:
• Cinco solicitudes de permiso para que los ciudadanos Ing. Tirso Ernesto Martens Rebolledo, Lic. Oscar Ricardo Valero Recio Becerra y Lic. Pablo Ruiz Limón, puedan aceptar y usar conferidas por los Gobiernos de la República de Francia, de la República Chile, y de la República de El Salvador, respectivamente; y para que las ciudadanas Gabriela Corona Berruecos y Laura Olivia Brieño Martínez, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.- Se turnaron a la Primera Comisión.
• Informe Semestral de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre el Avance y Estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al período del 1 de octubre de 2003 al 31 de marzo de 2004.- Se remitió copia a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados
• Oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que remite informe correspondiente al Segundo Trimestre de 2004 (abril-junio) del avance físico financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental.- Se remitió copia a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
• Informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las visitas oficiales del Presidente de la República a la República Federativa del Brasil, a la República del Paraguay, así como de su participación en la XXVI Cumbre del MERCOSUR, celebrada en la República de Argentina.- Se turno a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores; y de la Cámara de Diputados.
• Oficios de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, en respuesta al Acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de julio de 2004, en relación con la construcción de la carretera “Siltepec-Ángel Albino Corzo”.- Se remitió copia a la Tercera Comisión; y al diputado Belizario Iram Herrera Solís.
• Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesa y Alimentación, en relación con la producción del sector lechero en el país, así como su problemática, programas y acciones para su solución.- Se remitió copia a la Tercera Comisión; y al diputado Omar Ortega Álvarez
• Oficios de la Procuraduría General de la República, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de julio de 2004, en relación con la averiguación previa iniciada con motivo de la denuncia de hechos presentada en contra del Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.- Se remitió copia a la Primera Comisión y a los diputados Jorge Uscanga Escobar y Víctor Manuel Alcérreca Sánchez.
• Oficios de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; y de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Hacienda y Crédito Público, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de julio de 2004, en relación con la situación prevaleciente en la población de Hércules, Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.- Se remitió copia a la Primera Comisión; y a los diputados Gilberto Ensástiga Santiago y Eliana García Laguna, así como a la senadora Leticia Burgos Ochoa.
• Oficio de la Secretaría de Seguridad Pública, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de julio de 2004, relacionado con el informe sobre el número de los beneficios preliberacionales y las adecuaciones de sentencias.- Se remitió copia a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
• Oficios de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y de Turismo, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 30 de junio de 2004, sobre la situación operativa del aeropuerto internacional de Chichén Itzá, y sobre los avances y resultados de la operación turística de la ruta Maya.- Se remitió copia a la Tercera Comisión; y a los diputados María Esther Scherman Leaño y Roger David Alcocer García.
• Oficio de la Dirección General del Instituto Mexicano de la Radio, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 30 de junio de 2004, en relación con el uso y destino de los recursos presupuestales asignados a ese instituto, durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2003.- Se remitió copia a la Primera Comisión; y a la diputada Marcela Guerra Castillo.
• Oficios de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación; y de la Secretaría de Desarrollo Social, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 30 de junio de 2004, en relación con la población damnificada de Cozumel.- Se remitió copia a la Primera Comisión; y al diputado Félix González Canto.
• Oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 16 de junio de 2004, sobre el problema de contaminación con plomo que se presentó en la empresa Metalúrgica Met-Mex Peñoles.- Se remitió copia a la Tercera Comisión y al diputado Gustavo Madero Muñoz.
• Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 16 de junio de 2004, en relación a las tarifas eléctricas.- Se remitió copia a la Tercera Comisión; y a los diputados Carlos Flores Rico, José Manuel Abdalá de la Fuente y Gustavo Madero Muñoz.
• Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 2 de junio de 2004, en relación con la disposición del artículo 23 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, sobre la distribución por entidad federativa de los excedentes petroleros.- Se remitió copia a la Tercera Comisión y al diputado Omar Ortega Álvarez.
Se recibió oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 15 de abril de 2004, sobre las disposiciones generales a que hacer referencia el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.- Se remitió copia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y a la senadora Dulce María Sauri Riancho.
Se recibió oficio del Servicio de Administración Tributaria, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 18 de marzo de 2004, en relación con la expedición y publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reglas o lineamientos mediante los cuales establezca el tipo de casos o supuestos en que procederá la condenación total o parcial de los recargos y multas en cumplimiento del artículo Décimo Primero de la Ley de Ingresos de la Federación para 2004.- Se remitió copia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y al senador Fernando Gómez Esparza.
Se recibió oficio de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 11 de septiembre de 2003, en relación con la aparición de grietas en la ciudad de Aguascalientes.- Se remitió copia al senador Fernando Gómez Esparza.
Se recibió Informe de la Secretaría de Salud, con el resultado de la Operación del Sistema de Protección Social en Salud, correspondiente al primer semestre del año fiscal 2004.- Se turnó a la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, y a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Se recibió oficio del Instituto Electoral del Distrito Federal, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 14 de julio de 2004, por el que se le solicitó investigar el posible uso de recursos públicos con fines electorales.- Se remitió copia a la senadora Yolanda E. González Hernández.
Se recibió invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, para asistir a la Ceremonia Conmemorativa del 483 Aniversario de la Defensa Heroica de México Tenochtitlán, a celebrarse el viernes 13 de agosto en esta ciudad.- Se designó en comisión a la diputada Cristina Portillo Ayala.
Se recibieron del Congreso del Estado de Baja California Sur, los siguientes acuerdos:
• Por el que se adhiere al del Congreso del Estado de Chihuahua, respecto a la entrada en vigor de la Ley Contra el Bioterrorismo.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.
• Por el que se adhiere al del Congreso del Estado de Colima, relativo a los actos ejecutados por elementos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
• Por el que se adhiere a la iniciativa de reformas al artículo 104 Constitucional, presentada por el Congreso del Estado de Sonora.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
• Por el que se suma al del Congreso del Estado de Chihuahua, por el que solicita al Congreso de la Unión que en la agenda relativa a la reforma del estado incluya el tema de una mayor participación a las Legislatura Locales en la adición y reformas de los preceptos constitucionales.- Se turnó a la Comisión Especial para la Reforma del Estado de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
• Por el que se adhiere al del Congreso del Estado de Oaxaca, por el que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se analicen alternativas que permitan atender las demandas de los pescadores ribereños de la costa oaxaqueña.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.
• Por el que se adhiere al del Congreso del Estado de Quintana Roo, en relación con lo hechos acontecidos el 11 de marzo de 2004, en Madrid, España.- Quedó de enterado.
• Por el que se adhiere a los de los Congresos de los Estados de Quintana Roo y Guerrero, en contra de la iniciativa de reformas constitucionales en materia energética, propuesta por el Ejecutivo Federal.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
• Por el que solicita al Congreso de la Unión, estudiar la posibilidad de creación de un organismo técnico y administrativo denominado “Comisión Especial para el Desarrollo Integral del Municipio de Comondú, B.C.S.”.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores; y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Se recibió acuerdo del Congreso del Estado de Colima, por el que apoya la iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social, en beneficio de los trabajadores estacionarios y permanentes del campo, presentada en noviembre de 2003.- Se turnó a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.
Se recibieron del Congreso del Estado de Sinaloa, las siguientes iniciativas:
• De Ley Federal de Derechos Mínimos para el Ejercicio del Periodismo.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
• De decreto para adicional la Ley de Derechos de las Personas Adulta Mayores.- Se turnó a la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
Se recibió acuerdo del Congreso del Estado de Nuevo León, para solicitar al Congreso de la Unión iniciar acciones a fin de lograr un precio justo para el gas natural.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Se dio cuenta con comunicación del senador Rodimiro Amaya Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita licencia por tiempo indefinido a partir del 26 de agosto de 2004.- Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación del senador Francisco A. Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido a partir del 8 de agosto de 2004.- Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido a partir del 11 de agosto de 2004.- Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación del diputado Abraham Velázquez Iribe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido a partir del 1 de agosto de 2004.- Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con comunicación del diputado Baltasar Hinojosa Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido a partir del 13 de agosto de 2004.- Se aprobó en votación económica.
Se dio cuenta con informe de la senadora Judith Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de los trabajos del Primer Foro Parlamentario de las Américas, celebrado en la Ciudad de Quito, Ecuador, los días 27 y 28 de julio de 2004.- Quedó de enterado.
Se dio cuenta con Iniciativa con proyecto de decreto que establece las características de una Moneda Conmemorativa del 75 Aniversario de la obtención de la autonomía universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, suscrita por los senadores Enrique Jackson Ramírez y Carlos Chaurand Arzate y de diversos legisladores.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
El Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Artículo Décimo Tercero de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
El Diputado Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que amplía la convocatoria al Período Extraordinario de sesiones del Segundo Receso del Primer Año de la LIX Legislatura.- Se turnó a la Primera Comisión.
Se dio primera lectura a dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos Emma Delia Ayala Mendoza, Luis Chrirstian Bonnet Moya, Atzin Mendoza Macías y María Concepción Rosas Alvarez, puedan prestar servicios en las Embajadas de la República Checa y de Francia en México, respectivamente.- Quedó de primera lectura.
Se puso a consideración de la Asamblea dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos Martha Beatriz López Icaza, Martha Elisa Meneses Fernández, Miguel Angel Viera García, Cristina Macías González, Hilda García Rico, Laura Isela Padilla Pardini, Anabel Ramos Olguín, Carlos López Lira, Verónica Carrera Falcón, Ana Cecilia González Muela, Erika Rodríguez Sánchez, Yanett Gutiérrez Pérez, Gabriel Gustavo García Castillo y Jimena Gómez Antunez, para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México; y solicitud de permiso del Contralmirante del Cuerpo General Juan Rubén Pablo Morales Díaz, para aceptar y usar condecoración que le confiere la Armada de los Estados Unidos de América; así como la cancelación de permisos para prestar servicios de los ciudadanos Edgar Ramírez Vela, Francis Michaelle Soto Macías, Patricia Piera Salazar y Donaciano Espinosa Salazar.- Sin discusión, se aprobó por 27 votos. Pasó al Ejecutivo de la Unión, para los efectos constitucionales.
Se puso a consideración de la Asamblea dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario Ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.- Sin discusión, aprobó en votación económica.
El Diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a realizar las encuestas de victimización a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal incremente al 45% el arancel a la importación de los aceites de coco.- Se turnó a la Tercera Comisión.
El Senador Ernesto Gil Elorduy, a nombre propio y del Senador Enrique Jackson Ramírez y de diversos legisladores, con punto de acuerdo para solicitar la realización de una sesión solemne de la Comisión Permanente, con motivo del 75 Aniversario de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal realice las acciones tendientes a rectificar el fallo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que concede la extradición de seis ciudadanos vascos presos.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma que adiciona el Artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo en relación con el proceso electoral del Estado de Baja California.- Se turnó a la Primera Comisión
El Diputado Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para que la Presidenta Municipal de Coacalco informe sobre la propuesta para la construcción de un relleno sanitario en el Municipio.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo a defender las obras del a pintora Remedios Varo.- Se turnó a la Primera Comisión.
El Diputado Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la revisión de la NOM-056-FITO-1995.- Se turnó a la Tercera Comisión
El Diputado Guillermo Velasco Rodríguez, a nombre propio y de la Diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó dos propuestas con puntos de acuerdo, uno por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer un punto de verificación e inspección zoosanitaria permanente en el mercado de San Bernabé, Almoloya de Juárez, en el Estado de México; y otro por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar un operativo de verificación de la legal procedencia de todos los animales ubicados en circos, zoológicos y delfinarios de la República Mexicana.- Se turnaron a la Tercera Comisión.
Se dio cuenta con Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de agosto de 2004.- Se aprobó en votación económica.
Se recibió Informe del Presupuesto Ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de Junio de 2004.- Quedó de enterado.
El Diputado Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, se refirió a las elecciones en el Estado de Oaxaca. Para el mismo tema, intervinieron el Senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Diputado José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el Diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la Diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y el Diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas cuarenta minutos y citó a la siguiente el miércoles once de agosto a las once horas.
Poder Ejecutivo Federal
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 6 de agosto de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden "Al Mérito de Chile", en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, y copia simple de su curriculum vitae.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 6 de agosto de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Capitán de Navío CG. DEM José Héctor Pereyra Rincón, pueda aceptar y usar la Medalla "Coast Guard Commandation Medal", que le otorga la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo y curruculum vitae; copia certificada del acta de nacimiento, y copia simple de su identificación oficial; así como de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
Oficio con el que remite de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Informe de la visita de trabajo del Presidente de la República a los Estados de Illinois, Michigan y Minnesota, en los Estados Unidos de América, del 16 al 18 de junio de 2004.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 6 de agosto de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
El C. Humberto Ballesteros Cruz, Director General de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido al suscrito, mediante oficio No. DEP.1795/04 de fecha 2 del actual, por el que solicita se les haga llegar el Informe de la visita de trabajo del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a los estados de IlIinois, Michigan y Minnesota, en los Estados Unidos de América, del 16 al 18 de junio del año en curso.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño el documento antes citado, para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
Oficio con el que remite otro del Consejo de Premiación Turística, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 30 de junio de 2004, sobre el avance y los resultados de la operación turística de la Ruta Maya.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 6 de agosto de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. CP2R1AE.-814 signado el día 30 de junio último, por el C. Sen. Ernesto Gil Elorduy, Vicepresidente de ese Órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGP/444/04 suscrito el día 28 de julio del año en curso, por el C. Lic. Alejandro Muñoz Ledo, Subdirector General de Operación Promocional del Consejo de Promoción Turística, mediante el cual envía información relativa al Punto de Acuerdo sobre el avance y los resultados de la operación turística de la Ruta Maya, así como de los proyectos de inversión considerados en el corto, mediano y largo plazo para el aprovechamiento de la misma y promover el desarrollo de la región sureste del país, presentado por la Dip. María Esther Sherman Leaño.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Salud, en respuesta a acuerdos de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente del 29 de abril y 21 de julio de 2004, respectivamente, relativos al ingreso y siembra experimental de maíz transgénico en el país.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 3 de agosto de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención a los oficios Nos. D.G.P.L. 59-II-1-480, D.G.P.L. 59-II-1-504 y CP2R1AE.1185 suscritos los días 29 de abril y 21 de julio del año en curso, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / 222 / 2004 suscrito por el C. Dr. Gabriel García Pérez, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, mediante el cual da contestación a los Puntos de Acuerdo relativos al ingreso y la siembra experimental de maíz transgénico en el país, presentados por los Diputados Rosario Herrera Ascencio, José Luis Cabrera Padilla y Cristina Portillo Ayala.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE SALUD
México, D. F., 27 de julio de 2004.
LIC. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE
Me refiero a sus Oficios SEL/300/1380/04; SEL/300/1389/04; y SEL/300/2443/04; todos ellos relacionados con puntos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados, los dos primeros, y el último en la Comisión Permanente, sobre el ingreso y la siembra experimental de maíz transgénico en el país.
Con base en lo anterior, y en alcance a mi Oficio 100/UCVPS/13212004, me permito acompañar nota informativa formulada por la Comisión Federal para la. Protección contra Riesgos Sanitarios, preparada en el seno de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), para dar atención a los acuerdos legislativos referidos. En tal virtud, solicito su valiosa intervención ante los órganos legislativos, para el desahogo de los puntos de acuerdo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.
ATENTAMENTE.
TITULAR DE LA UNIDAD
DR. GABRIEL GARCIA PÉREZ
Comentarios a los puntos de acuerdo aprobados
por la Cámara de Diputados en la sesión del 29 de abril de 2004.
I. Puntos de acuerdo de las Comisiones Unidas de Economía, y de Medio Abiente y Recursos Naturales.
Trascripción de los puntos de acuerdo:
Primero.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (ClBIOGEM), para que las autoridades portuarias y aduaneras sean notificadas y capacitadas con relación a la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena, especialmente de las obligaciones que se debe cumplir en esta materia.
Segundo.- Se exhorta a la CIBIOGEM, bajo la premisa del principio precautorio a mantener una moratoria de facto a cualquier liberación al ambiente de maíz transgénico, en especial a través de la importación, ya que representa una amenaza potencial a la diversidad del maíz y en consecuencia a la soberanía alimentaría del país y a la subsistencia de uno de los cultivos más importantes del mundo entero.
Tercero.- Se exhorta a la ClBlOGEM para que presente ante esta H. Cámara de Diputados un programa de requerimientos humanos, materiales y financieros para generar laboratorios certificados que permitan dotar al país de las capacidades para la detección de Secuencias transgénicas, en un plazo no mayor a tres meses.
Cuarto.- Se solicita a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales que a través del Instituto Nacional de Ecología, realice una investigación, en un plazo no mayor a seis meses, a fin de aclarar y definir las responsabilidades derivadas de la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena y de la entrada de maíz transgénico al país, así como para generar las recomendaciones pertinentes.
Comentarios a los puntos de acuerdo
Primero.- Con relación al primer punto de acuerdo, coincidimos en la necesidad de notificar y capacitar a las autoridades portuarias y aduaneras del país, con el objetivo de poder dar cumplimiento cabal a las obligaciones emanadas del Protocolo de Cartagena. Por otra parte es importante mencionar, que dichas autoridades que dependen de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son participes del desarrollo de las políticas y acciones que se toman en tomo a la bioseguridad a través de la CIBIOGEM, ya que esta Secretaría forma parte de dicha Comisión.
Es importante resaltar el papel del Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Nacional para la Implementación del Protocolo de Cartagena, que se lleva a cabo en México, desde junio de 2002, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), para la creación de capacidades de las diferentes autoridades, entre las que se encuentran las aduaneras y portuarias. Como parte de esta capacitación Se han realizado, hasta el momento, cuatro cursos regionales en diferentes partes del país, asimismo un curso para tomadores de decisión de todas, con asesores internacionales de Inglaterra, Estados Unidos y España. De la misma forma se impartió un curso sobre técnicas de detección de OGM a expertos de laboratorio, ambos en 2003 en las instalaciones de la UNAM y con la participación de miembros de todas las Secretarias que conforman la CIBIOGEM.
Segundo.- En lo qué respecta al exhorto sobre mantener la moratoria a cualquier liberación al ambiente de maíz transgénico, cabe mencionar que el levantamiento de la misma se refiere exclusivamente a admitir nuevamente solicitudes bajo la NOM-056-FITO-1995 para realizar liberaciones de maíz modificado genéticamente con fines de investigación. Lo anterior con el objeto de generar información que contribuya a dar respuesta a los cuestionamientos científicos, con relación a las consecuencias de la presencia de secuencias transgénicas en variedades criollas de maíz y a los efectos potenciales del flujo génico. Ésta decisión fue tomada por consenso entre los Secretarios de Estado miembros de la CIBIOGEM bajo la premisa de que para levantar la moratoria es necesario establecer las medidas que aseguren la protección de los centros de origen y de diversidad genética de este cultivo, las cuales se están desarrollando actualmente; así como los términos de referencia y lineamientos bajo los cuales se podrán realizar los proyectos de investigación.
Respecto al riesgo de que maíz de importación, destinado para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento, llegue a liberarse de manera accidental; en el seno de la CIBIOGEM se están estudiando distintas posibilidades para evitar que esto ocurra así como las consecuencias de su aplicación. Lo anterior para poder determinar las medidas necesarias y adecuadas para la gestión de este riesgo.
Cabe señalar que nuestro país no es autosuficiente en la producción de granos y oIeaginosas. Las importaciones de estos productos son indispensables para el abastecimiento de nuestro mercado interno. Durante el periodo 1994-2002, México tuvo un déficit de 20.51 millones de toneladas métricas (mtm), que fueron cubiertas gracias a nuestras importaciones, debido a que la demanda alcanzo casi los 50 mtm y nuestra producción interna fue tan solo de 27.48 mtm.
No podemos determinar la importación de granos y oIeaginosas con base en sistemas como el etiquetado o fracciones arancelarias ya que equivaldría a establecer barreras no arancelarias, o a restringir su importación con base en sus procesos o métodos de producción y no en sus características finales. Lo anterior podría generar una crisis de abastecimiento en México y se pondría en riesgo la subsistencia de nuestro mercado interno, junto con una pérdida de competitividad en el mercado nacional y externo, debido a que en México se usan o insumos para la elaboración de otros productos que a su vez son comercializados tanto en el ámbito nacional como internacional. Lo anterior con independencia de los impactos directos sobre los consumidores.
Por otro lado, recomendar que se detengan las importaciones de maíz que contenga en la mezcla maíz transgénico, conlleva a considerar los siguientes, aspectos: a) No existen mecanismos de identificación o de segregación que sean jurídicamente obligatorios, ni para México ni para los principales países de exportación de maíz a México, como Estados Unidos de América; b) Existen mecanismos para diferenciar maíz convencional del transgénico al importarlo, pero son muy caros, y la única vía para impedir su introducción al país sería prohibir la entrada de cualquier categoría de maíz, lo cual traería consecuencias alimentarias y económicas desfavorables para México: c) En virtud de la pertenencia de nuestro país a diversos acuerdos comerciales internacionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ,así como a organismos comerciales multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, nuestro país tiene el derecho de imponer todas aquellas medidas que considere necesarias para proteger la vida y la salud humana y animal, así como el medio ambiente. Sin embargo, dichas medidas deberán estar justificadas en una evaluación científica del riesgo y en la consecuente determinación del nivel adecuado de protección de manera que no se conviertan en restricciones encubiertas al comercio internacional.
Tercero.- Respecto al establecimiento de laboratorios certificados, es importante destacar que por la importancia que tiene para nuestro país contar tanto con la infraestructura como con los recursos humanos que permita la detección de secuencias transgénicas, a través del proyecto GEF se han emprendido los primeros esfuerzos para establecer una red nacional de laboratorios especializados. Sin embargo, se reconoce qUe estos laboratorios no serán suficientes por lo que la CIBIOGEM se encuentra gestionando la preparación de un estudio sobre los requerimientos necesarios para la implementación de un laboratorio especializado central en detección de OGM, que responda a las diferentes necesidades de tas dependencias que componen la CIBIOGEM. Una vez que se cuente con el estudio se podrá hacer del conocimiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores ya que será imprescindible el apoyo del legislativo en lo referente al presupuesto para generar este laboratorio certificado central; por ello consideramos que es muy importante que exista un acercamiento entre los órganos legislativo y ejecutivo.
Cuarto.- En relación a la solicitud que hacen a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Instituto Nacional de Ecología de llevar a cabo una investigación para aclarar y definir responsabilidades derivadas de la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena, cabe indicar que la ClBIOGEM desarrolló, con la participación de todas las dependencias involucradas, una matriz de impacto regulatorio, en la cual se señalan las implicaciones que para cada una de las dependencias que conforman la Comisión, tiene la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena. En este documento se definen tanto las responsabilidades que tiene cada dependencia como los mecanismos de colaboración que se deben generar para hacer más efectiva la gestión de la bioseguridad en México. No sobra decir, que un asunto tan complejo y novedoso como la bioseguridad, se transforma en un reto interinstitucional, ante las estructuras existentes, de ahí la necesidad de definir clara e inobjetablemente las diferentes atribuciones que en esta materia tiene el ejecutivo federal, a través de la aprobación de la ley de Bioseguridad que se encuentra en el Congreso. En cuanto a la presencia de maíz transgénico, los estudios se han venido llevando a cabo y ya se cuenta con informes al respecto, mismos que son la base de las decisiones que actualmente está tomando la Comisión, como es el levantamiento de la moratoria a la siembra experimental de maíz. Al respecto se puede consultar la página electrónica de la CIBIOGEM (cibiogem.gob.mx).
Se anexa la matriz de impacto regulatorio, así como el extracto del informe del Grupo Ad hoc, sobre las investigaciones llevadas a cabo por la presencia de transgenes en maíces criollos en algunas localidades de Oaxaca.
II. Punto de acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Trascripción del punto de acuerdo:
ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarias de Estado que integran la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (ClBIOGEM), a que mantengan el estado de moratoria sobre la siembra experimental de maíz transgénico en el territorio nacional, en tanto no se expida la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Comentarios al punto de acuerdo
La CIBIOGEM sometió a consideración de su Subcomité Especializado en Agricultura (Acuerdo 01.07.02, Reunión 01.02 de la CIBIOGEM, 19 de marzo de 2002) y del Consejo Consultivo de Bioseguridad (Acuerdo 03.02.02, Reunión 02.02 de la CIBIOGEM, 20 de mayo de 2002), el levantamiento de la moratoria del maíz. Como resultado del análisis de ambas instancias, la CIBIOGEM, atendiendo la recomendación de los científicos mexicanos determinó que era procedente tal levantamiento (Acuerdo 06.02.03, Reunión 02.03 de la ClBIOGEM, 13 de agosto de 2003), en el entendido de que se deberán tomar las medidas de bioseguridad necesarias para evitar un riesgo a la salud o al ambiente, así como la protección de los centros de origen y diversidad genética. Lo anterior, al reconocerse que dicha moratoria ha limitado la investigación científica y, en consecuencia, frenado los beneficios que la biotecnología ofrece para el mejoramiento del maíz.
Para este punto de acuerdo, además, se aplican los mismos comentarios que se hacen al punto segundo de los puntos de acuerdo tomados por diversas Comisiones Unidas.
Oficio con el que remite otro del Servicio de Administración Tributaria, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de julio de 2004, sobre la problemática que enfrenta el sector lechero.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 3 de agosto de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. CP2R1AE.- 913, signado el día 7 de julio último, por el C. Sen. Ernesto Gil Elorduy, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 795-S-004 suscrito el 28 de julio último, por el C. Carlos Bandala Serrano, Asesor del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual envía los comentarios realizados por la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, al Punto de Acuerdo por el que -se solicita a esa Dependencia, realice en el ámbito de su competencia, diversas acciones relacionadas con la problemática que enfrenta el sector lechero, presentado por el C. Dip. Omar Ortega Álvarez.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ASESOR DEL C. SECRETARIO.
México, D.F., a 28 de julio de 2004.
LIC. M. HUMBERTO AGUlLAR CORONADO,
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
PRESENTE.
Adjunto al presente me permito enviar copia simple del oficio No. 325-SAT-IV-A91676 de fecha 21 de julio, que emite la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaría, en relación al Punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en el cual se solicita la instrumentación de diversas acciones que atiendan la problemática que enfrenta el sector lechero.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
CARLOS BANDALA SERRANO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Servicio de Administración Tributaría
Administración General Jurídica
Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos
México, D.F. a 21 de julio de 2004
Lic. Carlos Bandala Serrano.
Asesor del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.
México, D. F.
Me refiero a su oficio número 766 S-004 de 15 de julio del año en curso, dirigido al Ing. José María Zubiría Maqueo, Jefe del Servicio de Administración Tributaría, por medio del cual envía para opinión copia del oficio No. SEL/300/2214/04, por medio del cual el Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobemación, hace del conocimiento del Lic. José Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Punto de Acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en su sesión del pasado 7 del julio de 2004.
En dicho Punto de Acuerdo, se solicita al Titular del Ejecutivo Federal la instrumentación de diversas acciones que atiendan la problemática que enfrenta el sector lechero.
Sobre el particular, me permito informarle que una vez analizado el contenido del documento en cita, se observó que el punto SEGUNDO contempla la instalación de una mesa Intersecretarial en la cual se dé participación a los productores de leche. Ello, con el propósito de establecer políticas y programas de carácter nacional que de manera particular atiendan a la determinación del precio piso del referido producto, así como las autorizaciones de cupos de importación del mismo y el establecimiento de los criterios de presentación de las fórmulas lácteas.
Por lo que se refiere a las acciones relacionadas con dicho punto, corresponderá al Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de sus facultades, participar en el aspecto operativo de vigilar el cumplimiento de las políticas y programas que, en su caso, sean adoptadas por dicha mesa.
Atentamente.
Lic. Carlos Garza Cantú Aguirre
Oficio con el que remite otro de la Procuraduría General de la República, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de julio de 2004, en relación con la situación prevaleciente en la población de Hércules, Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 2 de agosto de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. CP2R1AE.- 905 signado el día 7 de julio último, por el C. Sen. Ernesto Gil Elorduy, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número UEIDAPLE/1781/FEIDCA/2004, suscrito el 24 de julio del año en curso, por el C. Lic. José Ricardo Rodríguez Soria, Encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente de la Procuraduría General de la República, por el que da contestación al Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a esa Procuraduría a realizar una investigación que determine la probable comisión de ilícitos por parte de los responsables de la empresa Minera del Norte en perjuicio de los habitantes del poblado de Hércules, Sierra Mojada, Coahuila, presentado por la Dip. Eliana García Laguna y la Seno Leticia Burgos Ochoa.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subdirector
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS FEDERALES UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES.
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE.
México, DF.. 24 Julio de 2004.
SEÑOR LICENCIADO:
M HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE
Por Instrucciones del Licenciado Elías Gabino Troncoso Calderón. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, y en atención a la problemática planteada en el oficio No. SEL/300/2200/04 de fecha 8 de los corrientes por el que solicita se realice una investigación que determine la probable comisión de ilícitos por parte de los responsables de la empresa manera del Norte, en perjuicio de los habitantes del poblado de Hércules: sobre el particular me permito señalar que esta Fiscalía especializada ha tomado conocimiento del asunto y en la actualidad se ha requerido diversa información a la delegación de esta Institución en el estado de Coahuila, con la finalidad de estar en aptitud de iniciar la Investigación solicitada, por lo que una vez que se cuente con los elementos requeridos se acordará lo que en derecho proceda y se le hará saber por el canal correspondiente.
Sin otro particular quedo de usted.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL JEFE DE UNIDAD ESPECIALIZADA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA F.E.I.D.C.A
LIC. JOSE RICARDO RODRÍGUEZ SORIA.
Oficio con el que remite otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación al acuerdo de la Comisión Permanente del 23 de junio de 2004, sobre el conflicto en Palestina.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 3 de agosto de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión Presentes
En atención al oficio No. CP2R1AE.-661 signado el día 23 de junio último, por el C. Sen. Ernesto Gil Elorduy, Vicepresidente de ese Órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, original del similar número DEP1788/04 suscrito el día 30 de julio del año en curso, por el C. Humberto Ballesteros Cruz, Director General de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo en el que se hace un respetuoso llamado al Parlamento del Estado de Israel para que tome las medidas necesarias para que su gobierno cumpla las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas relacionadas al conflicto con Palestina, particularmente la Resolución 1544 del 19 de mayo de 2004, y se contribuya a aliviar la situación humanitaria de la población civil palestina, presentado por el C. Dip. Juan José García Ochoa.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
México, D.F., 3 de agosto de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. CP2R1AE.-661 signado el día 23 de junio último, por el C. Seno Ernesto Gil Elorduy, Vicepresidente de ese Órgano Legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, original del similar número DEP1788/04 suscrito el día 30 de julio del año en curso, por el C. Humberto Ballesteros Cruz, Director General de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo en el que se hace un respetuoso llamado al Parlamento del Estado de Israel para que tome las medidas necesarias para que su gobierno cumpla las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas relacionadas al conflicto con Palestina, particularmente la Resolución 1544 del 19 de mayo de 2004, y se contribuya a aliviar la situación humanitaria de la población civil palestina, presentado por el C. Dip. Juan José García Ochoa.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
ATENTAMENTE
El Subsecretario
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Enlace Político
Tlatelolco, D.F., a 30 julio de 2004
LIC. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
SUBSECRETAR10 DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Lo anterior, en respuesta al punto de acuerdo aprobado el 23 de junio, en el que "La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la unión hace un respetuoso llamado al Parlamento del Estado de Israel para que tome las medidas necesarias para que su gobierno cumpla las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas relacionadas al conflicto con Palestina, particularmente la Resolución 1544 del 19 de mayo de 2004, y se contribuya a aliviar la situación humanitaria de la población civil palestina."
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL.
HUMBERTO BALLESTEROS CRUZ.
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Tlatelolco, D.F., a 30 de julio de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al pronunciamiento aprobado el 23 de junio, en el que "La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la unión hace un respetuoso llamado al Parlamento del Estado de Israel para que tome las medidas necesarias para que su gobierno cumpla las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas relacionadas al conflicto con Palestina, particularmente la Resolución 1544 del 19 de mayo de 2004, y se contribuya a aliviar la situación humanitaria de la población civil palestina."
Sobre el particular, le informo que:
La carta que dirigió el C. Senador Ernesto Gil Elorduy, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al Parlamento del Estado de Israel, relativa al Punto de Acuerdo aprobado el 23 de junio de 2004 y que hace un llamado al Parlamento israelí a tomar las medidas necesarias para que su gobierno cumpla con la disposición de la ONU, ha sido enviada a la Embajada de México en Israel con el fin de hacerla llegar a su alto destinatario.
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL
HUMBERTO BALLESTEROS CRUZ
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Oficios con los que remite:
Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al segundo trimestre de 2004; asimismo, información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de junio de 2004; se informa también sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas desagregada por tipo de fondo con la comparación correspondiente al mes de junio de 2003; asimismo, se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDlTO PUBLICO
México, D.F., 4 de agosto de 2004.
C. SENADOR ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
Presidente de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presente.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004; 24, 25 y 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 (LlF); 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al Segundo Trimestre de 2004. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, fracción I de la LlF, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de junio del presente año. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de junio de 2003.
Además, para dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito, se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.
El Secretario,
Lic. José Francisco Gil Díaz
Reporte de las mercancías de Comercio Exterior asignadas por el Servicio de Administración Tributaria durante el mes de julio de 2004.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Aduanas
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera y el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2003, a través del cual el Jefe del Servicio de Administración Tributaria delega al Administrador General de Aduanas diversas facultades en materia de destino y transferencia de bienes, por este conducto me permito hacer llegar a esa H. Comisión Permanente el reporte de las mercancías de Comercio Exterior asignadas por el Servicio de Administración Tributaria durante el mes de julio de 2004, mismo que se encuentra detallado en la relación que se adjunta.
De dicho reporte se desprende que, durante el período mencionado, las asignaciones se orientaron a atender las solicitudes de bienes de diversas Dependencias del Gobierno Federal y municipios.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
El Administrador General
Lic. José Guzmán Montalvo
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Comisión Federal de Electricidad
Oficio en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores del 15 de abril de 2004, sobre tarifas eléctricas.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION
México, D. F., a 2 de agosto de 2004.
SEN. CARLOS CHAURAND A.
Vicepresidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
Presente
En referencia al oficio mencionado arriba, que fuera dirigido al Secretario de Gobernación para remitirle el Punto de Acuerdo aprobado en esa fecha en sesión ordinaria de la H. Cámara de Senadores, me permito comunicarle lo siguiente:
• Como es de su conocimiento, la Comisión Federal de Electricidad está sujeta a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y al Reglamento correspondiente. En dicho reglamento se establece que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas para la venta de energía eléctrica, las cuales tenderán a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, propiciando el consumo racional de la energía (Art. 48). Por lo anterior, esta Comisión no está facultada para aplicar descuentos en las tarifas eléctricas.
• La tarifa 1 F es la de más bajos precios a nivel nacional, siendo una de las de mayor consumo mensual por usuario; así, responde a las necesidades de consumo de energía eléctrica de los habitantes de las zonas más calurosas del norte del País, mencionadas en su oficio.
• En el Estado de Baja California la tarifa 1 F, que es la que se aplica en las regiones del Estado con altas temperaturas en verano, presenta un consumo medio en verano de 725 kWh mensuales y un precio medio de $0.5965 por kWh. En contraste, en el Estado de Sonora la tarifa 1 F presenta un consumo medio de verano de 477 kWh y un precio medio de $0.5411 por kWh. Lo anterior refleja que ante un aumento del 52% en el consumo, el precio medio únicamente aumenta en 10%.
• Adicionalmente, a nivel nacional la disminución del subsidio no afectó al 81 % de los consumidores que se ubican en el bloque de consumo considerado bajo en tarifas domésticas de verano (1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E y 1 F). Dichos consumidores mantienen la misma estructura tarifaria que en el 2002.
En espera de que lo anterior Ie sea útil, quedo de usted
Atentamente
Jose Abel Valdéz Campoy
Subdirector
Instituto Mexicano del Seguro Social
Oficio con el que remite Informe trimestral sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECClON GENERAL
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República
Presente
Con el objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, el H. Consejo Técnico del Instituto, en Acuerdo 200/2002 del 17 de abril del 2002, estableció los dispositivos de información para que en forma periódica, oportuna y accesible, se dé a conocer la composición y situación financiera de las inversiones de este organismo y se remita trimestralmente al Honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México.
Por tal motivo y con fundamento en el artículo 268, fracciones II y XI de la Ley del Seguro Social, me es grato acompañar un ejemplar conteniendo la información antes citada, correspondiente al 2do trimestre del 2004, en el que se incluye fundamentalmente la posición de los recursos financieros en inversión al cierre del mismo, los montos promedio, la estructura del portafolio y los rendimientos obtenidos.
Con los resultados alcanzados en el período que se informa, se cumple satisfactoriamente con los objetivos y metas institucionales fijadas por el Consejo Técnico para este proceso, situación que se ha mantenido de esa forma durante los últimos ejercicios, debido a la eficiencia en la administración de la inversión de los recursos financieros institucionales, en la cual se ha contado con las valiosas aportaciones de los miembros de la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto, integrada en forma tripartita por representantes del Sector Obrero y del Sector Patronal ante el H. Consejo Técnico, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular del Órgano Interno de Control en el IMSS, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y funcionario del propio Instituto.
Sin otro particular, envío a usted un respetuoso saludo
Santiago Levy
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Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Cultura
Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 157 aniversario de la Batalla de Churubusco, a celebrarse el viernes 20 de agosto, en esta ciudad.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Dirección de Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana
México, D.F., a 28 de junio de 2004
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Comisión Permanente
del Honorable Congreso de la Unión
Presente
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Cultura, ha programado la ceremonia conmemorativa correspondiente al mes de agosto de la cual anexo su descripción.
|Fecha |Hora |Acto Cívico |Lugar |
| | | | |
|Viernes |10:00 |157 Aniversario de la Batalla de Churubusco |Monumento a los caídos en Churubusco, Ex convento |
|20 |horas |(1847) |de Churubusco, Calle 20 de Agosto, Delegación |
| | | |Coyoacán. |
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente, si para ello no existe inconveniente se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que nos acompañen representantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a la ceremonia de referencia.
Apreciaré que, de ser posible, tuviera a bien confirmarnos a la brevedad su participación en dichos actos.
Para efectos de coordinación pongo a su disposición el teléfono 56 62 75 67 con Mirella Lluhi Fournier, Subdirectora de Participación Ciudadana o 56 62 82 28 extensión 507 con Mario Alberto Corona Salazar, Líder Coordinador de Proyectos de Eventos Cívicos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente. Angelina Barona del Valle. Directora
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Oficio suscrito por el Presidente de ese órgano, en relación con la realización de la VII Reunión Interparlamentaria Cuba-México.
Junta de Coordinación Política
Palacio Legislativo, México, D.F. a 6 de agosto de 2004.
SEN. ERNESTO GIL ELORDUY
VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.
En relación con su atento oficio número CP2R1AE.-1281, de fecha 28 de julio de 2004, mediante el cual remitió a este órgano de gobierno, copia del informe presentado por la Sen. Cecilia Romero Castillo, por el que comunica el estado que guarda la organización de la VII Reunión Interparlamentaria Cuba-México, solicitando la aprobación de su celebración, fechas y designación de la delegación mexicana, me permito expresar a usted lo siguiente:
En sesión de fecha 3 de agosto del año en curso, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, tomaron conocimiento del informe de referencia, aprobando la celebración de la citada reunión interparlamentaria, los días 22, 23 y 24 de septiembre próximos, conforme a lo propuesto, lo que me permito hacer de su conocimiento para los efectos pertinentes.
Asimismo, y para efectos de estar en condiciones de designar a los diputados que por esta Cámara participarán en el referido evento, mucho estimaré se precise el número de legisladores que integrarán la delegación mexicana.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para expresarle mi consideración más distinguida.
ATENTAMENTE
DIP. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
PRESIDENTE
Oficio en relación con la creación de una comisión especial bicameral encargada de las tareas de investigación en la entrega de recursos públicos a Provida.
Junta de Coordinación Política
Palacio Legislativo, México, D.F. a 5 de agosto de 2004.
SEN. ERNESTO GIL ELORDUY
VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.
Por instrucciones del C. Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y en relación con el atento oficio número CP2R1AE.1228, de fecha 21 de julio del año en curso, mediante el cual hizo del conocimiento de este órgano de gobierno que en sesión de fecha 3 de agosto de 2004, se aprobó el Punto de Acuerdo por el que en su resolutivo Tercero determinó constituir una comisión especial bicameral integrada de forma plural y proporcional, por legisladores propuestos por las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Senadores y Diputados respectivamente, la cual tendría a su cargo entre otros aspectos realizar tareas de investigación en la entrega de recursos públicos a Provida, así como el ejercicio de los mismos, me permito expresar a usted lo siguiente:
En sesión de fecha 29 de julio del presente año, los integrantes de este órgano de gobierno se dieron por enterados del contenido del documento de referencia, resolviendo no autorizar por parte de esta Cámara de Diputados constituir la comisión propuesta, en razón no estar prevista la creación de comisiones especiales bicamerales por parte de la Comisión Permanente, además de que la facultad de vigilancia en materia presupuestal es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para expresar a usted mi consideración más distinguida.
DR. ALFREDO SALGADO LOYO
SECRETARIO EJECUTIVO
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Oficios con los que remite acuerdos:
En relación con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA
COMISIÓN DE GOBIERNO
México, D. F. a 28 de julio de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 23 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 10 fracción XXI y 42 fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada el día 21 de julio del presente año, resolvió aprobar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento pero enérgico exhorto a la Cámara de Diputados para que, en el marco de las disposiciones legales previstas en la ley de Protección al Ahorro Bancario, analice con sumo detalle y cuidado el Acuerdo firmado entre Hacienda, IPAB y los banqueros, todo vez que de ser ratificado por esa Soberanía, sin haber revisado la legalidad del procedimiento de canje, representaría convertir en deuda pública créditos irregulares.
SEGUNDO: La Asamblea Legislativa solicito al Congreso de la Unión atento y respetuoso, pero enérgicamente, analice la viabilidad de proponer en lugar del canje de pagarés, la reestructuración general de la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, incluyendo la revisión puntual de los tres programas que comprenden el Fondo, en aras de beneficiar a los mexicanos más que proteger a los banqueros.
Lo cual hago de su conocimiento para los fines legislativos a que haya lugar, anexo copia del acuerdo.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
DIP. LORENA VILLACENCIO AYALA
PRESIDENTA
Por el que exhorta al Congreso de la Unión a efectuar las reformas que corresponda, a fin de que dicho órgano legislativo tenga facultades plenas para legislar en materia de seguridad pública.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA
MESA DIRECTIVA
Recinto Legislativo a 29 de julio de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI y 36 fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de lo Asamblea Legislativo del Distrito Federal, en sesión celebrado en esto fecho, resolvió aprobar el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realice un respetuoso exhorto al Congreso de lo Unión o efecto de que realice los reformas constitucionales, estatutarias y legales correspondientes, o fin de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tenga facultades plenas para legislar en materia de Seguridad Pública.
Lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Anexo copia del acuerdo en comento.
Sin otro particular, reitero o usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
DIP. JOSE JIMÉNEZ MAGAÑA
PRESIDENTE
Por el que solicita a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación investigar exhaustivamente el destino de los recursos asignados al Comité Nacional Provida.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA
COMISION DE GOBIERNO
México. D. F. a 28 de julio de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 23 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 10 fracción XXI y 42 fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada el día 21 de julio del presente año, resolvió aprobar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: La Asamblea legislativa del Distrito Federal solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Auditoria Superior de la Federación que investigue exhaustivamente el destino de los recursos asignados al Comité Nacional Pro - Vida, AC.
SEGUNDO: En caso de haber incurrido en irregularidades, se solicita que se finquen y promuevan responsabilidades civiles y/o penales contra los representantes y/o funcionarios involucrados
TERCERO. Se s licita a la Secretaría de Salud que, hasta que no se hagan públicas las auditorias, Pro vida no debe recibir un peso más para sus gastos en información engañosa y que contravienen los derechos humanos.
CUARTOS. Se solicita al Congreso de la Unión a fin de que lleve a cabo las medidas conducentes con el objetivo de que la Secretaría de salud reponga los recursos asignados a los programas de combate al VIH, de donde le fueron reiterados originalmente.
QUINTO. Se hace un respetuoso exhorto al Poder legislativo Federal a fin de que se legisle sobre los vacíos legales que permiten este tipo de discrecionalidades en la asignación y manejo de los recursos públicos.
Lo cual hago de su conocimiento para los fines legislativos a que haya lugar, anexo copia del acuerdo.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
DIP. LORENA VILLAVICENCIO AYALA
PRESIDENTA.
Gobiernos de los Estados
Oficio suscrito por el Gobernador del Estado de Coahuila, en respuesta al acuerdo de la Comisión Permanente del 16 de junio de 2004, sobre la empresa metalúrgica Met-Mex Peñoles.
LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Saltillo, Coah., a 5 de agosto del 2004.
SEN. ERNESTO GIL ELORDUY
VICEPRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
P r e s e n t e.
Estimado Sr. Senador:
Sea este el medio y la ocasión para hacerle patente el saludo cordial de los coahuilenses.
Así mismo, enviar a usted, la carpeta ejecutiva titulada "Exposición Crónica de Plomo en la Ciudad de Torreón", que contiene los resultados de los estudios más recientes efectuados en seguimiento a la problemática de contaminación por plomo en esa ciudad, información que tuvo a bien solicitar al Gobierno del Estado de Coahuila, mediante Oficio Núm. CP2R1AE.-567 de fecha 16 de junio del presente año.
Sin otro particular, y en espera que esta información sea recibida de conformidad por esa Soberanía, me es grato reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE
Legislaturas de los Estados
Oficio del Congreso del Estado de Puebla, con el que remite iniciativa para reformar el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 2 constitucional.
LV LEGISLATURA
Honorable Congreso del Estado de Puebla
CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE
Anexo al presente, nos permitimos enviar proyecto de Iniciativa que reforma el párrafo segundo de la fracción VIII del apartado A del articulo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 22 DE JULIO DE 2004
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
CARLOS MANUEL MEZA VIVEROS.- DIPUTADO PRESIDENTE; JOSE ROBERTO GRAJALES ESPINA.- DIPUTADO VICEPRESIDENTE; ARMANDO PASCUAL HERRERA GUZMAN.- DIPUTADO SECRETARIO; JESÚS EDGAR ALONSO CAÑETE.- DIPUTADO SECRETARIO.
Honorable Congreso del Estado de Puebla
EL HONORABLE QUINCUAGESIMO QUINTO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
CONSIDERANDO
Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien aprobar la Iniciativa emitida por la Comisión de Asunto Indígenas del H. Congreso del Estado; por virtud de la cual reforma el párrafo segundo de la fracción VIII del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que a pesar de los significativos avances que los pueblos y comunidades indígenas han logrado en el marco jurídico federal y en las entidades federativas, muchos actores indígenas y no indígenas han expresado su inconformidad ante la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y han señalado la necesidad de seguir trabajando, tanto paré; profundizar esos derechos en leyes secundarias y en legislaciones estatales y normas municipales, como en el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho colectivo.
El reconocimiento de derechos a los pueblos y comunidades indígenas y su ejercicio efectivo, es uno de los pilares esenciales en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los mismos pueblos y comunidades, y el conjunto de la sociedad.
Que ha sido reclamo histórico de los pueblos indígenas del país, las aspiraciones legítimas que en la Norma Suprema se abran espacios reales para el ejercicio del derecho a la pluralidad, así como para fortalecer el proceso democratizador, permitiendo con ello el reconocimiento de los derechos colectivos y culturales de los pueblos indígenas.
Que la reforma constitucional mencionada en el párrafo anterior permite establecer medidas protectoras con la intervención directa y permanente del Estado, es decir el compromiso del Estado de velar por el bienestar general de los pueblos y comunidades indígenas bajo políticas y programas para la promoción de su desarrollo.
Que la obligación de los legisladores Federales y de las Entidades es buscar las condiciones de derecho con el que los pueblos y comunidades indígenas puedan encontrar solución a la situación de completa desventaja que viven con respecto al resto de la población mexicana. Por lo tanto es imprescindible otorgarles el derecho de tener voz y representación como sujetos de derecho público, que les permita el ejercicio y defensa no sólo de sus derechos de manera individual sino como ente colectivo de derecho.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III, 72 Y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de puebla; 17 fracción XI, 43 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 24 fracción XI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION VIII DEL APARTADO A DEL ARTICULO 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo de la fracción VIII del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
ARTICULO 2.- .....
………
………
………
A. .....
I a VIII.- .....
Las constituciones y leyes de las: entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
B. ......
……
I a IX
…….
…….
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Envíese la presente iniciativa al Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- Envíese la presente Iniciativa a los Congresos de los Estados y a la Asamblea del Distrito Federal.
Dado en la sede del Palacio Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza a los veintidós días del mes de julio de dos mil cuatro.
CARLOS MANUEL MEZA VIVEROS.- DIPUTADO PRESIDENTE; JOSE ROBERTO GRAJALES ESPINA.- DIPUTADO VICEPRESIDENTE; ARMANDO PASCUAL HERRERA GUZMAN.- DIPUTADO SECRETARIO; JESÚS EDGAR ALONSO CAÑETE.- DIPUTADO SECRETARIO.
Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores
De la Sen. Verónica Velasco Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con la que remite Minutas de la gira de trabajo de esa Comisión, a las áreas naturales protegidas del Estado de Campeche, del 7 al 9 de mayo; así como a una Reserva de la Biosfera y al Parque Nacional Isla Contoy en el Estado de Quintana Roo, los días 30 de junio y 1 al 3 de julio de 2004.
SEN. VERÓNICA VELASCO RODRIGUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES Y PESCA
México, D.F., a 29 de Julio de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.
Me permito remitirle las minutas de la gira de Trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República a las Áreas Naturales Protegidas del Estado de Campeche del 7 al 9 de mayo, así como a la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an y el Parque Nacional Isla Contoy en el Estado de Quintana Roo, los días junio 30, julio 1, 2 y 3, 2004
Lo anterior a efecto de hacerlo de oportuno conocimiento del Pleno de esta H. Cámara.
Aprovecho para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
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Del Dip. Alejandro Higuera Osuna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, del día 11 de agosto al 1 de diciembre de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro
Agosto 6 de 2004.
SENADOR ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente de la LIX Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión
PRESENTE
El que suscribe C. Alejandro Higuera Osuna, Diputado Federal por el Octavo Distrito Electoral Federal del Estado de Sinaloa, con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, por lo que establece el artículo 47 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; me permito presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitud de licencia para ausentarme a partir del día 11 de agosto al 1 de diciembre del presente año, por lo que de manera respetuosa solicito lo siguiente:
Primero. Me sea concedida licencia para ausentarme a partir del 11 de agosto, hasta el 1 de
diciembre del año en curso.
Segundo. Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo y la seguridad de mi más distinguida consideración.
ATENTAMENTE
Del Dip. Rafael Moreno Valle Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 11 de agosto de 2004.
DR. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS
DIPUTADO FEDERAL
Palacio Legislativo, a 10 de agosto de 2004.
Senador Enrique Jackson Ramírez,
Presidente de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.
Presente.
Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito solicitar de la manera más atenta y con fundamento en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorgue a un servidor, licencia por tiempo indefinido para apartarme de mi cargo como diputado federal, a partir del día 11 de agosto del presente año, por motivos personales.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones que se sirva dar a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.
ATENTAMENTE
Del Dip. Sergio Magaña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 11 de agosto de 2004.
Sergio A. Magaña Martínez
DIPUTADO FEDERAL
Cd. de México, 9 de agosto de 2004.
SENADOR ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E
Distinguido Senador:
En virtud de que el próximo 14 de noviembre de 2004 el suscrito participará en la elección para presidente municipal de la alcaldía de Morelia bajo las siglas del PRD, con fundamento en el articulo 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a usted la solicitud de licencia al cargo de Diputado Federal a partir del día 11 de agosto de 2004 y por tiempo indefinido, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular y agradeciendo se dé el trámite correspondiente, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial y reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
Del Dip. Narciso Agúndez Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 21 de agosto de 2004.
Ing. Narciso Agúndez Montaño
DIPUTADO FEDERAL
2o. Distrito - Baja California Sur
Palacio Legislativo, 10 de agosto de 2004.
SENADOR ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 78, Fracción Octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el Artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Diputado Federal de la 59 Legislatura solicita a usted, respetuosamente, se someta a consideración del pleno mi solicitud de licencia a partir del 21 de agosto del presente año por tiempo indefinido, por así convenir a mis intereses,
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones que se sirva dar a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente
De la Primera Comisión, por la que informa que el punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal publicar la reforma a la fracción IV del artículo 74 constitucional ha quedado sin materia; y solicita de descargue de los registros que corresponda.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
México, D.F., a 10 de agosto de 2004.
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
Presidente de la Comisión Permanente
P r e s e n t e .
Nos permitimos remitir para sus efectos correspondientes, Dictamen de la Primera Comisión por el que la proposición presentada por el Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal publique el Decreto que Reforma la Fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queda sin materia, por virtud de haber sido publicado el Decreto el pasado 30 de julio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
LA PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
FJV/fhm/sc.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN POR EL QUE LA PROPOPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO PUBLIQUE LA REFORMA A LA FRACCION iv DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUEDA SIN MATERIA POR VIRTUD DE HABERSE PUBLICADO EL DIA 30 DE JULIO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre propio y de la Diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, Lic. Vicente Fox Quesada a que publique en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 28 de julio de 2004, el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre propio y de la Diputada Minerva Hernández Ramos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, Lic. Vicente Fox Quesada a que publique en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Señalan los promoventes de la Proposición a estudio, que en sesión celebrada el día 15 de abril de 2004 en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue aprobado el Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que con fecha 20 de abril del presente año, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, turnó la minuta en comento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para el estudio y dictamen correspondiente.
Que con fecha de 28 de abril del presente año, se sometió a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 70 votos a favor y ninguno en contra.
Que con fecha 7 de julio de 2004, la Primera Comisión de la Comisión Permanente, informó el escrutinio realizado a los votos emitidos por los congresos locales de las legislaturas de los Estados sobre la aprobación del proyecto de Decreto antes señalado.
Que dieciocho congresos aprobaron el mismo, siendo éstos los de los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Que está reforma favorece un nuevo escenario en el proceso presupuestario en México, tanto en la planeación como en la programación y presupuestación del gasto a cargo de las dependencias gubernamentales, así como en la asignación correspondiente por parte del Congreso. Que con ello habría más certidumbre para Estados y municipios, al poder conocer con oportunidad el monto de sus participaciones y poder definir así sus presupuestos.
3.- Los miembros de la Primera Comisión queremos puntualizar que la reforma aludida modifica la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adelantando al 8 de septiembre de cada año la fecha en que el Poder Ejecutivo Federal deberá entregar la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, ampliando así el plazo entre la presentación y aprobación de los mismos, con el consecuente beneficio que se representa un estudio y análisis más completos de parte del Congreso Federal así como la certidumbre que se favorece en los órdenes de gobierno y entre los distintos agentes económicos.
Esta Comisión señala que, con fecha 30 de julio del presente año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma aludida por lo que consideramos que la propuesta en comento ha quedado sin materia. Por ello, proponemos la aprobación de los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- En virtud de que el viernes 30 de julio de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta del Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, presentada a nombre propio y de la Diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Vicente Fox Quesada, a efecto de que la publique, ha quedado sin materia.
Segundo.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 10 de agosto de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Álvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
De la Primera Comisión, por la que solicita rectificación de turno a los siguientes asuntos turnados a esa comisión:
Punto de acuerdo sobre la emisión de la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad, presentada el 30 de junio de 2004.
Punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, presentada el 7 de julio de 2004.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
México, D.F., a 10 de agosto de 2004.
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
Presidente de la Comisión Permanente
P r e s e n t e .
Con relación a oficios cp2r1ae-798 del 30 de junio de 2004 y cp2r1ae-869 del 7 de julio por los que la Mesa Directiva turna a esta Primera Comisión las siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo:
cp2r1ae-798.- Presentada por la Dip. María Esther Scherman Leaño, a nombre de la Dip. María Cristina Díaz Salazar, quien solicita se turne a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la exhortación al Poder Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Salud, inicie el procedimiento para elaborar y expedir la Norma Oficial Mexicana que establezca la regulación técnica de observancia obligatoria de los establecimientos que prestan servicios de salud en materia de atención a la infertilidad humana.
cp2r1ae-869.- Presentada por el Dip. Jesús Martínez Alvarez y el Dip. Jesús González Schmal, por el que se exhorta a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a hacer posible la comparecencia el Dr. Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, para que informe sobre el curso de la queja presentada por el Mtro. Feliciano Béjar Ruiz.
Atendiendo a la materia de las propuestas, y toda vez que en el propio texto de ambas se solicita la intervención de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Primera Comisión solicitamos que se rectifique el turno y se remitan ambas a la Comisión de Salud de referencia.
Atentamente.
LA PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
FJV/fhm/sc.
De la Segunda Comisión, por la que informa de los dictámenes en sentido negativo a 3 diferentes puntos de acuerdo turnados a esa Comisión y solicita se descarguen de los registros correspondientes.
México, D.F. 10 de agosto de 2004.
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
P r e s e n t e .
Estimado Senador:
Me permito informarle que en reunión de la Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, celebrada en esta fecha, se aprobó un dictamen en sentido negativo y dos más sin materia.
El primero presentado por el que se desecha por improcedente a solicitar a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional, presentada por el Dip. Gilberto Ensástiga Santiago.
Los otros dos para exhortar al Ejecutivo a normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba, presentada por los diputados Emilio Zebadúa González y Cristina Portillo Ayala, y para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que haga efectivos los Derechos Humanos de seis ciudadanos vascos, sujetos a un proceso de extradición.
Atento a lo anterior, solicito respetuosamente se descarguen del registro de turno correspondiente y se tengan por totalmente incluidos.
Sin otro particular, aprovechamos para enviarle un cordial y afectuoso saludo.
A t e n t a m e n t e .
Dip. Carlos Flores Rico
Presidente
|Sen. Cecilia Romero Castillo |Sen. Cesar Camacho Quiroz |
|Secretaria |Secretario |
SEGUNDA COMISION
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y Educación Pública
DICTAMEN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA SE CITE A COMPARECER AL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, RESPECTO DEL PROCESO LEGAL QUE SE SIGUE EN CONTRA DEL GENERAL ARTURO ACOSTA CHAPARRO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente la Propuesta con Punto de Acuerdo para citar a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional, a fin de que explique las razones por las que se decretó un auto de libertad por desvanecimiento de datos a favor del General Arturo Acosta Chaparro, presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, en nombre propio y de la Senadora Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 127, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el diverso numeral 125 y demás relativos y aplicables de su Reglamento para el Gobierno Interior, esta Segunda Comisión emite el siguiente dictamen, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de fecha 14 de julio de 2004, el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, en nombre propio y de la Senadora Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Propuesta con Punto de Acuerdo para citar a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional, a fin de que explique las razones por las que se decretó un auto de libertad por desvanecimiento de datos a favor del General Arturo Acosta Chaparro.
2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dispuso turnar la Propuesta con Punto de Acuerdo que nos ocupa, para su análisis y dictamen correspondiente, a esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
3.- En términos de lo que disponen los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 127, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el diverso numeral 125 y demás relativos y aplicables de su Reglamento para el Gobierno Interior, a esta Segunda Comisión corresponde emitir el presente dictamen al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
I.- Que el 17 de septiembre de 2002, la Procuraduría General de Justicia Militar consignó la Averiguación Previa que estaba integrando en contra de Humberto Quirós Hermosillo, Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Javier Barquín Alonso, por el delito de homicidio calificado en agravio de 143 personas, librando en su momento el Juez Tercero de Justicia Militar las correspondientes ordenes de aprehensión.
II.- Que la causa penal que venía instruyendo el Juez Tercero de Justicia Militar fue radicada en el Juzgado Cuarto de Justicia Militar, por virtud de la excusa que presentara el Juez de origen ante el Supremo Tribunal Militar.
III.- Que habiéndose confirmado el auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado en agravio de 22 personas y habiéndose declarada abierta la etapa de instrucción, con fecha 16 de junio de 2004 el Juez Cuarto de Justicia Militar dictó sentencia interlocutoria dentro del Incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el procesado Mario Arturo Acosta Chaparro, en la que resolvió conceder la libertad por desvanecimiento de datos a favor de Acosta Chaparro.
IV.- Que en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Cuarto de Justicia Militar, que concede la libertad por desvanecimiento de datos a favor de Mario Arturo Acosta Chaparro, el Agente del Ministerio Público Militar interpuso recurso de apelación en fecha 18 de junio de 2004 por considerar que la resolución de mérito no se encuentra apegada a derecho, y del cual conoce el Cuarto Magistrado del Supremo Tribunal Militar, quien analiza el recurso a fin de emitir el proyecto de resolución correspondiente que pondrá a consideración del Pleno del Supremo Tribunal Militar.
V.- Que toda vez que el proceso penal militar instaurado en contra de Mario Arturo Acosta Chaparro se encuentra sub judice, en virtud que la sentencia interlocutoria que concedió la libertad por desvanecimiento de datos se encuentra sujeta a revisión por el Supremo Tribunal Militar, que puede revocar o confirmar la sentencia de mérito, esta Comisión Segunda considera improcedente citar a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional a fin de que explique las razones por las que se concedió la libertad por desvanecimiento de datos a favor de Mario Arturo Acosta Chaparro como propone la Senadora Leticia Burgos Ochoa, autora de la propuesta que hoy se dictamina, pues la libertad otorgada por el Juez Cuarto de Justicia Militar no es definitiva y por lo tanto la situación jurídica de Acosta Chaparro con motivo del Incidente de libertad promovido es de procesado.
No obsta señalar que inclusive la resolución que en su momento dicte el Pleno del Supremo Tribunal Militar puede ser combatida por la vía del Juicio de Amparo ante los Tribunales Judiciales Federales, quienes en última instancia resolverán lo conducente, ya que, al igual que otros fueros jurisdiccionales, las resoluciones que emiten los órganos judiciales militares, están sujetas al control de legalidad a través de sus instancias de revisión, y en el presente caso que nos ocupa la sentencia emitida por el Juez Cuarto de Justicia Militar está siendo revisada por el Supremo Tribunal Militar, y a su vez la resolución que llegase a emitir ese órgano colegiado podrá ser, en su caso, revisada por los Tribunales Judiciales Federales y aún por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
VI.- Que aunado a lo anterior, los integrantes de esta Comisión que dictamina estimamos incorrecto citar a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional, en virtud que es incuestionable que el Secretario de la Defensa Nacional deba comparecer para explicar las razones de una resolución eminentemente jurisdiccional, ya que si bien es cierto que los tribunales militares dependen del Poder Ejecutivo, no menos cierto es que la jurisdicción militar es materialmente judicial, al tener la función y facultad para conocer los delitos y faltas que en contra de la disciplina militar cometa el personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, con capacidad exclusiva, en relación con otros tribunales federales o estatales, para resolver válidamente sobre la sanción que se debe de imponer a quien haya infringido una norma penal o disciplinaria castrense.
En efecto, los tribunales marciales, al igual que cualquier otro órgano de justicia, se rigen por los principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala en sus párrafos segundo y tercero que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; señalando además, que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
La independencia de los tribunales militares se garantiza además a través de lo dispuesto en el artículo 435 del Código de Justicia Militar, que prescribe que la facultad de declarar que un hecho es o no delito del fuero militar, corresponde exclusivamente a los tribunales militares, a quienes toca también declarar la inocencia o culpabilidad de las personas y aplicar las penas que las leyes señalen, teniéndose aquella declaración como verdad legal.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, ponen a consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se desecha por improcedente la propuesta con punto de acuerdo por la que se solicita se cite a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional, presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, en nombre propio y de la Senadora Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a los diez días del mes de agosto de dos mil cuatro.
Dip. Carlos Flores Rico PRI
Presidente
Sen. César Camacho Quiroz PRI
Secretario
Sen. Cecilia Romero Castillo PAN
Secretaria
Sen. Carlos Chaurand Arzate PRI
Sen. Rubén Zarazúa Rocha PRI
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera PRI
Dip. Carlos Jiménez Macías PRI
Dip. Jorge Uscanga Escobar PRI
Sen. Marco Antonio Adame Castillo PAN
Sen. Héctor Larios Córdova PAN
Dip. José González Morfín PAN
Dip. Ruth Hernández Martínez PAN
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández PRD
Dip. Cristina Portillo Ayala PRD
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés PVEM
Dip. Oscar González Yáñez PT
SEGUNDA COMISION
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y Educación Pública
DICTAMEN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A QUE HAGA EFECTIVOS LOS DERECHOS HUMANOS DE SEIS CIUDADANOS VASCOS SUJETOS A UN PROCESO DE EXTRADICIÓN.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente la Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que haga efectivos los derechos humanos de seis ciudadanos vascos sujetos a un proceso de extradición, presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 127, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el diverso numeral 125 y demás relativos y aplicables de su Reglamento para el Gobierno Interior, esta Segunda Comisión emite el siguiente dictamen, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de fecha 28 de julio de 2004, el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que haga efectivos los derechos humanos de seis ciudadanos vascos sujetos a un proceso de extradición.
2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dispuso turnar la Propuesta con Punto de Acuerdo que nos ocupa, para su análisis y dictamen correspondiente, a esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
3.- En términos de lo que disponen los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 127, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el diverso numeral 125 y demás relativos y aplicables de su Reglamento para el Gobierno Interior, a esta Segunda Comisión corresponde emitir el presente dictamen al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
I.- Que en términos de lo que establece el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal suscrito por los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España y el cual entró en vigor el 1° de junio de 1980, el Reino de España por conducto de su Embajada en nuestro país, con fecha 16 de julio de 2003, pidió la detención provisional con fines de extradición de los Señores Asier Arronategui Duralde, Félix Salustiano García Rivera, Juan Carlos Artola Díaz, María Asunción Gorrochategui Vázquez, Ernesto Alberdi Elejalde –conocido en México como Ricardo Ernesto Sáez García- y José María Urquijo Borde –también conocido como Luis Castañeda Vallejo-, presuntos miembros de la organización independentista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), quienes fueron requeridos para ser procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación ilícita e integración en organización terrorista; allegamiento de fondos con fines terroristas; blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas, y; falsedad documental.
II.- Que la petición de detención provisional con fines de extradición, como medida precautoria, fue remitida a la Procuraduría General de la República con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, y hecha que fue la promoción correspondiente, con fecha 18 de julio de 2003, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, a quién tocó conocer del asunto, ordenó la detención provisional solicitada, y, una vez detenidos, los puso a su disposición, internando a los citados ciudadanos vascos en el Reclusorio Preventivo Varonil y Femenil Norte, respectivamente, el 19 de julio de ese mismo año.
III.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 19, numeral 5, del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal celebrado entre México y el Reino de España, la parte requirente contó con un término de 45 días para presentar formalmente su petición de extradición, la cual fue presentada en tiempo y Forma por el Gobierno español el día 22 de agosto de 2003, misma que fue enviada a la Procuraduría General de la República para ser presentada a su vez al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
IV.- Que substanciado que fue el procedimiento ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en el que a los reclamados se les otorgó su garantía de audiencia, opusieron excepciones, aportaron las pruebas que estimaron procedentes e hicieron valer lo que a su interés convenía, el Juez del conocimiento emitió su opinión jurídica, en términos de lo que previene el artículo 29 de la Ley de Extradición Internacional, en la que consideró que la extradición era procedente en virtud de que estimó que el Estado Español cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal celebrado entre México y el Reino de España; opinión jurídica que fue notificada a la Secretaría de Relaciones exteriores, para los efectos que señala el diverso artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional.
V.- Que estando dentro del término concedido, la Secretaría de Relaciones Exteriores, con fecha 29 de julio de 2004 dictó Acuerdo por el que concedió la extradición de los Señores Asier Arronategui Duralde, Félix Salustiano García Rivera, Juan Carlos Artola Díaz, María Asunción Gorrochategui Vázquez, Ernesto Alberdi Elejalde y José María Urquijo Borde, por considerar que los requisitos previstos en el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal celebrado entre México y el Reino de España se satisfacen, pero únicamente en lo que refiere a los delitos de asociación ilícita e integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas y blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas, y no así por falsedad documental, al estimarse que no fue posible determinar si este último delito había prescrito o no.
VI.- Que atento a lo anterior, los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos que la propuesta con punto de acuerdo que compone el presente dictamen, presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha quedado sin materia, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley de Extradición Internacional, y haciendo uso de sus atribuciones y facultades previstas en el artículo 28 fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como en lo previsto en los artículos 7 fracción X, 11 fracciones XI y XII, y 34 fracción VII, de su Reglamento Interior, dictó Acuerdo administrativo en el que resolvió conceder la extradición de los seis ciudadanos vascos antes señalados, y cuya extradición es precisamente materia de la propuesta hoy en análisis.
No obsta señalar que la resolución dictada por esa Secretaría de Estado no deja en ningún sentido en estado de indefensión a los ciudadanos vascos sujetos a proceso de extradición, ya que en términos de lo que preceptúa el artículo 33 de la Ley de Extradición Internacional, la resolución emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que concede la extradición, puede ser impugnable mediante juicio de amparo ante los Tribunales Judiciales Federales correspondientes, quiénes en última instancia resolverán lo conducente
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, ponen a consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO- Ha quedado sin materia la propuesta con punto de acuerdo presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la extradición de seis ciudadanos vascos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a los diez días del mes de agosto de dos mil cuatro.
Dip. Carlos Flores Rico PRI
Presidente
Sen. César Camacho Quiroz PRI
Secretario
Sen. Cecilia Romero Castillo PAN
Secretaria
Sen. Carlos Chaurand Arzate PRI
Sen. Rubén Zarazúa Rocha PRI
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera PRI
Dip. Carlos Jiménez Macías PRI
Dip. Jorge Uscanga Escobar PRI
Sen. Marco Antonio Adame Castillo PAN
Sen. Héctor Larios Córdova PAN
Dip. José González Morfín PAN
Dip. Ruth Hernández Martínez PAN
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández PRD
Dip. Cristina Portillo Ayala PRD
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés PVEM
Dip. Oscar González Yáñez PT
SEGUNDA COMISION
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y Educación Pública
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A NORMALIZAR LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CUBA
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba presentada por el Diputado Emilio Zebadúa González y la Diputada Cristina Portillo Ayala, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 127, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el diverso numeral 125 y demás relativos y aplicables de su Reglamento para el Gobierno Interior, esta Segunda Comisión de la Comisión Permanente emite el siguiente dictamen, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En Sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada en fecha 30 de junio de 2004, el Diputado Emilio Zebadúa González y de la Diputada Cristina Portillo Ayala del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba, mediante el retorno inmediato de la Embajadora Roberta Lajous a la Embajada de México en la Habana.
2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dispuso turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, para su análisis y dictamen correspondiente, a esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
3.- Asimismo, con fechas 9, 23 y 30 de junio y 7 de julio del presente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, remitió a esta Segunda Comisión oficios de los Congresos de Guerrero, Tabasco, Baja California Sur, Aguascalientes e Hidalgo, donde manifiestan su interés porque el gobierno mexicano normalice sus relaciones diplomáticas con Cuba.
4.- En términos de lo que dispone el artículo 127, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el diverso numeral 125 y demás relativos y aplicables de su Reglamento para el Gobierno Interior, a esta Segunda Comisión corresponde emitir el presente dictamen al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
I.- Que la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio señala, en síntesis, que la relación bilateral entre México y Cuba se encontraba en una disyuntiva extraordinaria, nunca las relaciones entre los dos países se habían visto deterioradas y al borde del rompimiento.
II.-Que en este contexto, diputados de diversos Grupos Parlamentarios, presentaron con anterioridad varios puntos de acuerdo en relación al tema.
III.- Que a consecuencia de lo anterior, esta Segunda Comisión determinó pertinente exhortar al Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista, a que en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada los días 28 y 29 del mes y año en curso en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para que procurara los acercamientos necesarios con la representación del Gobierno de la República de Cuba, con la finalidad de normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países.
IV.- Que en el marco de la mencionada reunión, los cancilleres de México y Cuba anunciaron que las relaciones entre ambos países retornarían al nivel de embajadores.
V.- Que el pasado 18 de julio el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez, viajó a la República de Cuba, donde se entrevistó con el canciller Felipe Pérez Roque, acordando que a partir del 26 de julio se reintegrarían sus embajadores.
VI.- Que a partir del 26 de julio, ambos embajadores ocuparon sus respectivas embajadas.
VII.- Que esta Comisión decidió que con el presente dictamen se da cumplimiento a la solicitud expresada por los Congresos Estatales, arriba mencionados, y a los cuales se les comunicará los términos de este Punto de Acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión emite el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Toda vez que las relaciones México-Cuba se han normalizado, el punto de acuerdo presentado por el Diputado Emilio Zabadúa González y la Diputada Cristina Portillo Ayala, ha quedado sin materia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a los diez días del mes de agosto de dos mil cuatro.
Dip. Carlos Flores Rico PRI
Presidente
Sen. César Camacho Quiroz PRI
Secretario
Sen. Cecilia Romero Castillo PAN
Secretaria
Sen. Carlos Chaurand Arzate PRI
Sen. Rubén Zarazúa Rocha PRI
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera PRI
Dip. Carlos Jiménez Macías PRI
Dip. Jorge Uscanga Escobar PRI
Sen. Marco Antonio Adame Castillo PAN
Sen. Héctor Larios Córdova PAN
Dip. José González Morfín PAN
Dip. Ruth Hernández Martínez PAN
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández PRD
Dip. Cristina Portillo Ayala PRD
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés PVEM
Dip. Oscar González Yáñez PT
De la Tercera Comisión, por la que informa de los dictámenes en sentido negativo a 2 diversos puntos de acuerdo turnados a esa Comisión y solicita se descarguen de los registros correspondientes.
TERCERA COMISION,
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
AGRICULTURA Y FOMENTO;
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
México, Distrito Federal, a 10 de agosto de 2004
SEN. ENRIQUE JACKSON RAMIREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.
Me permito dirigirme a Usted a fin de informarle que en reunión de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el día de hoy se aprobaron los dictámenes relativos, el primero, a la proposición con punto de acuerdo sobre el conflicto del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS, presentada por el Diputado Pablo Gómez Alvarez; y el segundo a la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Banco de México el envío de copias de todos los pagarés del FOBAPROA, presentada por el Senador Luis Alberto Rico Samaniego.
En razón de que dichos dictámenes proponen se desechen la propuestas de referencia, le solicito atentamente se descarguen de los registros correspondientes.
Sin otro particular, le expreso la seguridad de mi atenta y distinguida consideración
ATENTAMENTE
DIP. FED. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCÓN
PRESIDENTE
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO
POR EL SENADOR RICO SAMANIEGO
EN RELACIÓN CON EL IPAB.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con punto de acuerdo presentada por el Senador Luis Alberto Rico Samaniego por la que se solicita al Banco de México el envío de copias de todos los pagarés del FOBAPROA y se reitera el sentido de los puntos de acuerdo sobre el cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 30 de junio de 2004 el Senador Luis Alberto Rico Samaniego, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Banco de México el envío de copias de todos los pagarés del FOBAPROA y se reitera el sentido de los puntos de acuerdo sobre el cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 27 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta de referencia:
PRIMERO.- La Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión reitera el sentido del punto de acuerdo del 13 de agosto del año 2003 y se pronuncia porque el proceso de cumplimiento del articulo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario deba realizarse con estricto apego a nuestra normatividad jurídica y con la transparencia que los tiempos actuales exigen y con la legitimidad que la sociedad demanda de todos los actos de gobierno.
Por la brevedad del tiempo para que esta H. legislatura esté abordando y resolviendo este trascendental problema para la vida del país, esta Soberanía solicita al Banco de México el envío a la misma de copias de los pagares del FOBAPROA involucrados.
2.- Para sustentar su propuesta el Senador Rico Samaniego señala lo siguiente:
a) Que con fecha 19 de enero de 1999 se expidió la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) cuyo objeto es establecer un sistema de protección al ahorro bancario a favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas en la propia ley, regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca múltiple para la protección de los intereses del público ahorrador, así como establecer las bases para la organización y funcionamiento de la entidad pública encargada de estas funciones.
b) Que la LPAB previó un régimen transitorio respecto de las operaciones del FOBAPROA y sus mecanismos de extinción en los siguientes términos:
I.- El FOBAPROA seguiría en operación con el único objeto de administrar las operaciones del programa de capitalización y compra de cartera (PCCC) y de dar cumplimiento al artículo quinto transitorio de la LPAB, a fin de que concluyeran las auditorías ordenadas por la cámara de diputados.
II.- Una vez concluidas las auditorías, las instituciones correspondientes podrían optar por dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el FOBAPROA, para lo cual deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiera emitido a su favor y a cambio, el FOBAPROA les devolvería los derechos de cobro de la cartera objeto del programa de capitalización y compra de cartera.
III.- Simultáneamente, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) otorgaría a las citadas instituciones una garantía o instrumento de pago que cubriera los referidos derechos de cobro en los términos y condiciones que se indicaran en las reglas generales que para tal efecto emitiera la junta de gobierno del IPAB, las cuales debían darse a conocer a los treinta días siguientes a la entrada en operación del IPAB.
c) Que la cámara de diputados contrató al auditor Michael Mackey a efecto de que llevara a cabo y coordinara las auditorías correspondientes a las operaciones del fondo. Posteriormente, según lo ordena el artículo quinto transitorio de la LPAB en caso de que la auditoría reporte irregularidades se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica.
d) Que el 18 de junio de 1999 se publicaron las reglas generales del artículo quinto transitorio de la LPAB, en las cuales se estableció que el nuevo programa sería voluntario para los bancos y que la solicitud de ingreso respectiva debería ser presentada al IPAB a más tardar en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se notificara a la institución, manifestando su conformidad con los términos y condiciones del nuevo programa.
e) Que el día 23 de julio de 1999 el auditor Michael Mackey entregó su informe de resultados, incluidos los Bank Reports, a la cámara de diputados el mismo que, a su vez, fue entregado al IPAB y dichos Bank Reports fueron puestos en conocimiento de los vocales independientes recién en junio del año 2001, habiendo transcurrido casi dos años para ello.
f) Que en el mes de septiembre de 1999 los bancos involucrados en el programa de capitalización y compra de cartera, mediante oficio al IPAB en cada caso, se adhirieron a las reglas generales elaboradas por el IPAB en cumplimiento del artículo quinto transitorio de la LPAB, aceptando al IPAB ser auditados, implementar el nuevo programa y la cancelación del programa de capitalización y compra de cartera.
g) Que la Contaduría Mayor de Hacienda (hoy Auditoría Superior de la Federación) con motivo de la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998 consideró pertinente mantener una auditoría permanente en el IPAB, en seguimiento de las atribuciones establecidas en los artículos transitorios de la LPAB.
h) Que la Auditoría Superior de la Federación ha formulado diversas observaciones y recomendaciones relacionadas con el programa de capitalización y compra de cartera en la revisión de las cuentas públicas de los años 1999, 2000, 2001 y 2002.
i) Que muchas de esas observaciones y recomendaciones no han sido atendidas a cabalidad encontrándose pendiente el cumplimiento cabal del artículo quinto transitorio de la LPAB.
j) Que, adicionalmente, las instituciones involucradas en el programa de capitalización y compra de cartera del fideicomiso FOBAPROA han promovido juicios de amparo para impedir las revisiones que dispuso el IPAB para cumplir con la solicitud de la contaduría mayor de hacienda de septiembre del año 2000 y acordado por la junta de gobierno del IPAB en mayo del 2002 para cumplir con los requisitos del artículo quinto transitorio de la LPAB.
k) Que el 13 de agosto del 2003 en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se aprobó un punto de acuerdo unánime por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a convocar a las instituciones bancarias participantes en el programa de capitalización y compra de cartera para que cumplan con lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de la LPAB.
l) Que, adicionalmente, a la fecha, el nivel de los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario han ascendido a un nivel preocupante que hace indispensable la atención del poder legislativo para fortalecer a esa indispensable institución, para el sistema financiero, de los mecanismos legales necesarios para que mantenga el solvente nivel de desempeño demostrado hasta la fecha.
m) Que tales pasivos del IPAB tendrían que sufrir una importante modificación de cumplirse cabalmente el artículo quinto transitorio debiendo modificarse, inclusive, el nivel de egresos del Presupuesto de la Federación en lo referente a los años fiscales involucrados en el programa de capitalización y compra de cartera del fideicomiso antes citado.
n) Que es fundamental el cumplimiento cabal del artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario para lo cual deben cumplirse los aprestos señalados en la misma ley.
o) Que es necesario que el poder legislativo exprese de manera contundente y definitiva su postura sobre las controversias que pudieran suscitarse o se hayan suscitado respecto de las auditorías y revisiones que sea necesario efectuar para el cumplimiento del artículo quinto transitorio de la LPAB.
p) Que esta Soberanía como acto precautorio debe tomar nota precisa del origen y monto actual de los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y desarrollar los mecanismos necesarios para su adecuado manejo y posterior reducción.
q) Que el poder legislativo tiene fundamental interés en que se instrumente, con estricto apego a la ley, el cumplimiento del artículo quinto transitorio de la LPAB.
r) Que en el proceso es indispensable tomar en cuenta las opiniones expresadas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública de los años 1999,2000, 2001 y 2002, asó como los hallazgos de la oficina de control interno del IPAB.
s) Que para el proceso de preparación y estudio de la ley de ingresos 2005, esta Soberanía requiere conocer los pagares del FOBAPROA que son considerados deuda contingente por la SHCP y, en consecuencia, una vez cumplimentado el proceso establecido en el artículo quinto transitorio de la LPAB podrían convertirse en pasivos del IPAB y consecuentemente en deuda publica, pero sería impensable hablar de esta, si los legisladores federales no conocen esos documentos.
3.- Sin perjuicio de la importancia que representa para la sociedad en general la problemática del IPAB y de la conveniencia de conocer la información que permita clarificar diversos aspectos vinculados a la misma, es de tomarse en cuenta que en la pasada sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión verificada el día 4 de agosto de 2004 se aprobó por el Pleno un dictamen con punto de acuerdo mediante el cual se determina citar a comparecer ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente al Secretario Ejecutivo del IPAB, a fin de que informe diversos aspectos vinculados con dicho Instituto relativos a los pagarés del FOBAPROA y al cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, por lo que se considera que resulta improcedente la propuesta del Senador Rico Samaniego, por lo que se desecha.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Es improcedente la propuesta del Senador Luis Alberto Rico Samaniego por la que se solicita al Banco de México el envío de copias de todos los pagarés del FOBAPROA y se reitera el sentido de los puntos de acuerdo sobre el cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, presentada en la sesión del 30 de junio de 2004 de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
SEGUNDO.- Archívese el anterior asunto como concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 27 de julio de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
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| | | |
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ (pan) secretario |
|secretario | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO sobre el
conflicto del regimen de jubilaciones y
pensiones de los trabajadores del imss.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Pablo Gómez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el conflicto del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 21 de julio de 2004, el Diputado Pablo Gómez Alvarez, presento una proposición con punto de acuerdo sobre el conflicto del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 27 de julio del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades del trabajo, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Doctor Santiago Levy Algazi, a su Consejo Técnico y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a buscar mediante el diálogo constructivo y respetuoso una salida equitativa y justa al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
SEGUNDO. Asimismo, acuerda convocar a la instalación de una mesa de diálogo integrada por autoridades federales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, diputados y senadores, así como especialistas y estudiosos del tema, para concertar las medidas legislativas y de política pública que permitan resolver los graves problemas que padece el Instituto Mexicano del Seguro Social.
2.- Señala el promovente de la propuesta que se analiza que aun considerando que hay una propuesta para convocar al Congreso a un periodo extraordinario de sesiones, en la práctica exclusivamente para ver el proyecto que se refiere a la modificación de un contrato colectivo de trabajo por la vía legislativa, se pretende exhortar a las autoridades del trabajo, a las del Seguro Social y al Sindicato del Seguro Social, a buscar mediante el diálogo constructivo y respetuoso una salida equitativa y justa al régimen de jubilaciones y pensiones.
Que al mismo tiempo se propone convocar a la instalación de una mesa de diálogo, integrada por autoridades federales, del Seguro Social, del Sindicato del Seguro Social y del Congreso de la Unión, así como especialistas y estudiosos del tema, para concertar las medidas legislativas y de política públicas, que permitan resolver los graves problemas que padece el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Que la propuesta para modificar el Contrato Colectivo de Trabajo por la vía de un decreto legislativo no va a resolver absolutamente ningún problema. Lo único que se resolvería es que las cuotas del Seguro Social para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones que hoy día está dentro del Contrato Colectivo de Trabajo de los que se contrataren a partir del próximo año, que es una cantidad muy pequeña de dinero, no tendría que constituirse como parte del Fondo, pero eso no le ahorra realmente al Seguro Social prácticamente nada.
Que las mutualidades del siglo XIX, se hacían con fondos de los obreros, no había seguridad social, no había producciones, no había atención médica, no había nada. Los obreros se organizaban, daban dinero para ayudar a las viudas, a los accidentados, etcétera. El patrón no participaba en eso, no tenía ninguna obligación, era la mutualidad.
Que se pretende en la ley crear una mutualidad donde las cuotas de los trabajadores sean obligatorias, el patrón no aporte nada y el fondo lo administre el patrón.
3.- Con independencia de la finalidad que pretende la propuesta que se analiza, es de tomarse en cuenta que el pasado 30 de julio de 2004 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social, siendo remitida al Senado de la República en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Derivado de lo anterior la Cámara de Senadores en su sesión del pasado 4 de agosto de 2004 dentro del periodo extraordinario de sesiones para la cual se convocó aprobó la minuta respectiva, la cual ha sido remitida al Ejecutivo Federal para los efectos legales correspondientes, por lo que se considera que el propósito de la propuesta que se dictamina ha sido superado y quedado en consecuencia sin materia, siendo procedente que se deseche y se archive como asunto concluido.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La propuesta del Diputado Pablo Gómez Alvarez presentada en la sesión del 21 de julio de 2004 de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sobre el conflicto del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS, ha quedado sin materia por lo que se desecha.
SEGUNDO.- Archívese el anterior asunto como concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 27 de julio de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
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|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ (pan) secretario |
|secretario | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Iniciativas de Ciudadanos Legisladores
Del Dip. Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito.
INICIATIVA DE LEY QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTICULO 49 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, PARA REGULAR LAS COMISIONES POR SERVICIOS A USUARIOS DE LA BANCA, PRESENTADO POR EL DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA.
(COMISIONES POR SERVICIOS A USUARIOS DE LA BANCA)
ANTECEDENTES
La Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 4º, señala claramente que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, con el fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades en apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional.
Es un hecho indiscutible, que, en nuestro país y desde hace varios años, el sector bancario más que orientarse para apoyar y promover el desarrollo y crecimiento de la economía nacional, se ha convertido en un pesado lastre para las finanzas públicas.
Desde hace varios años, los ingresos de la Banca y por lo tanto sus utilidades, están conformados en su totalidad, por los intereses que reciben de los pagarés derivados del rescate bancario; por las elevadas comisiones que cobran de las operaciones que realizan y por la tenencia de valores gubernamentales: los Certificados de la Tesorería (CETES) y los Bonos de Protección al Ahorro (BPAS).
Puede considerarse que los bancos en México, sin lugar a dudas, basan mucho de su caudal de enriquecimiento en el excesivo cobro en las comisiones que por sus servicios cobran a los usuarios.
Más aún, la extranjerización del sistema bancario “mexicano” ha sido además de una crisis mal manejada, que la consecuencia de una política previamente diseñada con ese objetivo.
De esta manera, si hacemos un repaso de los acontecimientos, nos damos cuenta que el crecimiento de la participación de los bancos extranjeros ha ido de la mano de la crisis bancaria.
Durante los años que precedieron a la crisis, y hasta 1994, la participación extranjera en los bancos fue muy limitada, permitiéndose sólo una participación minoritaria, estableciéndose en el TLC que los bancos extranjeros no podrían tener más del 1.5% del mercado y que esta participación llegaría hasta 15% en el año 2004.
Más tarde y en plena crisis, estas disposiciones fueron modificadas para que los bancos extranjeros pudieran participar hasta con el 25% de los activos totales del sistema.
En 1998, y aparejado con la creación del IPAB, fue aceptada una nueva modificación al marco legal para permitir que los bancos extranjeros pudiesen comprar hasta el 100% del capital de cualquier institución, lo cual abrió la posibilidad para que la extranjerización del sistema bancario fuese total.
Los resultados no se hicieron esperar, y después de que el gobierno ha gastado más de un billón de pesos para sanear a los bancos, los bancos extranjeros Santander, BBVA, Nueva Scotia, HSBC y Citibank controlan ya cerca del 90% de los activos totales de la banca.
La experiencia internacional, muestra que los procesos de liquidaciones, -o de fusiones-, de instituciones son fenómenos que se observan como resultado de las crisis bancarias, sin embargo, ningún país desarrollado tiene extranjerizado su sistema bancario.
Resulta interesante mencionar, que nuestras autoridades financieras se han esmerado en explicar, que el fenómeno de la extranjerización bancaria, es resultado del fenómeno conocido como “Globalización”.
Llama la atención que estos bancos que tienen amplia presencia en nuestro país y que son sujetos activos de la globalización financiera, operen en nuestro país de manera muy diferente a como operan en sus países de origen.
De tal forma que mientras Banamex-Citigroup no cobra comisiones por manejos de cuenta en los Estados Unidos, en nuestro país sea una de las instituciones que más costosa es en términos de la provisión de servicios financieros, o el caso de HSBC que fuera de México no cobra comisión alguna por manejo de tarjetas de crédito.
Lo anterior, sin mencionar que a diferencia del resto del mundo, en México el Estado Mexicano es el que le transfiere recursos a los bancos, a diferencia de lo que sucede en otros países. En México los contribuyentes financiamos a los bancos y no los bancos financian a la economía.
Es procedente señalar, que los costos de los servicios bancarios en México, han sido una preocupación creciente en el Congreso Mexicano, se han aprobado leyes que buscan transparentar y hacer del conocimiento de los usuarios los costos de los servicios bancarios, sin embargo, poco se ha hecho para reducirlos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someto a su consideración la siguiente Iniciativa que añade el artículo 49-bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 49, dice:
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las instituciones de crédito o las sociedades a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de esta Ley, podrán solicitar al Banco de México se evalúe si existen o no condiciones razonables de competencia en materia de comisiones o tarifas, respecto de operaciones activas, pasivas y de servicios de las citadas entidades financieras.
Al efecto, el Banco de México podrá también actuar de oficio, y deberá solicitar en un plazo no mayor a 60 días naturales la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que ésta, en términos de la Ley que la rige, determine entre otros aspectos, si existe o no competencia efectiva y los mercados relevantes respectivos.
Con base en la opinión de la citada comisión, el Banco de México, en su caso, tomará las medidas regulatorias pertinentes, las que se mantendrán sólo mientras subsistan las condiciones que las motivaran. En la regulación, Banco de México establecerá las bases para la determinación de dichas comisiones y tarifas, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia.
El Banco de México o las entidades sujetas a dicha regulación, podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita opinión sobre la subsistencia de las condiciones que motivaron la regulación.
Independientemente de las sanciones previstas en esta Ley, el Banco de México podrá suspender operaciones con las instituciones que infrinjan lo dispuesto en este artículo.
Lo dispuesto en este artículo no impide que el Banco de México ejerza en cualquier momento las facultades a que se refiere el artículo 48 de esta Ley, así como las previstas en la Ley de Banco de México respecto a comisiones y tarifas.
Artículo 49 debe decir:
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las instituciones de crédito o las sociedades a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de esta Ley, podrán solicitar al Banco de México se evalúe si existen o no condiciones razonables de competencia en materia de comisiones o tarifas, respecto de operaciones activas, pasivas y de servicios de las citadas entidades financieras.
Al efecto, el Banco de México podrá también actuar de oficio, y deberá solicitar en un plazo no mayor a 60 días naturales la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que ésta, en términos de la Ley que la rige, determine entre otros aspectos, si existe o no competencia efectiva y los mercados relevantes respectivos.
Con base en la opinión de la citada comisión, el Banco de México, en su caso, tomará las medidas regulatorias pertinentes, las que se mantendrán sólo mientras subsistan las condiciones que las motivaran. En la regulación, Banco de México establecerá las bases para la determinación de dichas comisiones y tarifas, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Banco de México ejercerán las atribuciones que las respectivas leyes les confieren en materia del establecimiento de comisiones, cargos y cuotas por servicios bancarios, atendiendo para ello la opinión de la Comisión Federal de Competencia y la media internacional de costo de diversos servicios bancarios.
El Banco de México o las entidades sujetas a dicha regulación, podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita opinión sobre la subsistencia de las condiciones que motivaron la regulación.
Independientemente de las sanciones previstas en esta Ley, el Banco de México podrá suspender operaciones con las instituciones que infrinjan lo dispuesto en este artículo.
Lo dispuesto en este artículo no impide que el Banco de México ejerza en cualquier momento las facultades a que se refiere el artículo 48 de esta Ley, así como las previstas en la Ley de Banco de México respecto a comisiones y tarifas.
ATENTAMENTE
DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ
COORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Del Sen. Carlos Chaurand Arzate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un nuevo primer párrafo al artículo 12, recorriéndose los subsecuentes y reforma el primer párrafo del artículo 19, ambos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CC. SECRETARIOS DE LA
COMISIÓN PERMANENTE.
P r e s e n t e s
Quien suscribe, Senador Carlos Chaurand Arzate, en uso de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un nuevo primer párrafo al Artículo 12 recorriéndose los subsecuentes, y reforma el primer párrafo del Artículo 19, ambos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor desde el año de 1936, se distinguió desde un inicio por contener principios procesales innovadores, para la práctica procesal judicial imperante en esa época, como lo fue en especial la obligación de que todas las autoridades responsables no podían ser representadas en el juicio; no obstante, esta medida se matizó con la primera reforma que se operó al Artículo 19 de la Ley de Amparo en 1949, la cual le dio al titular del Ejecutivo Federal la facultad de poder ser representado -a diferencia de todas las demás autoridades que puedan ser señaladas como responsables— en los juicios de garantías, por conducto del Procurador General de la República, los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento Administrativo, de conformidad con los términos expuestos al efecto en la Ley de Administración Pública Federal.
En el entendido de que tal facultad de representación del Ejecutivo Federal no es el motivo de la presente iniciativa, sólo se toma como referencia para confrontar el hecho de que en el caso de los órganos legislativos, tanto de la Unión como de los Estados, y del Distrito Federal, acordes a una nueva vivencia democrática en que el Poder Legislativo ha resurgido como expresión legítima y directa de la voluntad del pueblo, y de la misma Federación en el caso de la Cámara de Senadores, sus Presidentes de Mesa Directiva, a pesar de tener al igual que el Presidente de la República el carácter de autoridades ordenadoras, no disfrutan del beneficio de la delegación de la representación expresamente en el texto de la Ley de Amparo, sin que medie algún argumento jurídico que justifique la exclusión de tal beneficio de representación legal, pero tampoco sin que obre ninguna sólida razón de fondo que permita pensar que ello es inconveniente.
Como se sabe, las Presidencias de Mesa Directiva están depositadas en las personas de los legisladores que los Plenos han elegido democráticamente, y por ello, como consecuencia natural del ejercicio de tan importante deber, encontramos que se trata generalmente de legisladores con agendas saturadas de trabajo y actividades paralelas propias de la función parlamentaria y política de muy alto nivel y trascendencia, por lo que la representación que se plantea en el presente documento ayuda a descargar con prontitud y sin que implique pérdida de poder o control alguno, la responsabilidad de tener que comparecer constante y físicamente mediante escrito o en persona ante los tribunales de la Federación, confiando esta tarea a un funcionario investido de confianza suficiente para ello, que emplee lo mejor de sus esfuerzos y conocimientos jurídicos en la permanente tarea de representar y defender los intereses del órgano legislativo respectivo, y que informe periódicamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de los resultados obtenidos en dicha función de representación.
Fue la pluralidad de autoridades que pueden llegar a tener el carácter de ejecutoras dentro de la Administración Pública Federal lo que orilló al legislador permanente a la aseveración tajante dentro del Artículo 19 de que “las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo”, pues antes de esa inserción al texto legal, se obligaba a los quejosos a señalar con absoluta precisión en su demanda los cargos nominales de quiénes eran las autoridades responsables –técnicamente ejecutoras- que le causaban o podían hacerle un perjuicio, pues de ser así, alguna autoridad no enunciada, ínfima o mayor jerárquicamente, podía ejecutarle el acto que reclamaba de ilegal.
Pero muy distinto a esta circunstancia, las autoridades ordenadoras, y en especial las legislativas, no pueden por su propia naturaleza de cuerpos colegiados, tener multiplicidad de funcionarios que les representen ante los tribunales de la Federación, como ocurre en el caso del Presidente de la República, dado que en los amparos contra leyes federales sólo tienen el carácter de ordenadoras adicionalmente al Presidente de la República: el Congreso de la Unión, por sí o por conducto de sus Cámaras, el Secretario de Gobernación y el Director del Diario Oficial de la Federación; estos dos últimos, finalmente sujetos a la jerarquía del titular del Ejecutivo Federal.
Al caso concreto de la adición aquí propuesta, no obstante las tres reformas efectuadas al Artículo 19 de la Ley de Amparo (en 1949, 1986 y 1993) tendientes a la inserción, en la primera de ellas, y a la mejor regulación de la representación del Presidente de la República, lo que constituye una realidad, es que actualmente el juicio de amparo, como institución garante de la constitucionalidad de la actuación de la autoridad, debiese contemplarse como una sólida herramienta que permita a los gobernados llegar a los tribunales de la Federación a fin de lograr la justicia para todo aquél que le asista la razón.
Sin menoscabo de ello, es innegable el tedio al que arriban las partes en el juicio, incluidas desde luego las propias autoridades responsables, y que deriva del infinito seguimiento de formulismos procesales –a veces ni siquiera derivados de la ley, sino de la costumbre- y que lejos están de asomarse a la revelación del Derecho en el fondo de los asuntos, pero muy cerca se colocan del retraso injustificado en la solución de las cuestiones planteadas por los litigantes, quienes transmiten el desgaste de estos juicios a sus representados.
En franco conocimiento de los hechos, la intervención de todas las autoridades responsables en los juicios se contrae a una predominante e invariable obligación: señalar ante el juzgador si son ciertos o no los actos que le imputa la parte quejosa, y de ser ciertos, en el caso del expediente principal, aportar la justificación legal que considere menester para acreditar la legalidad de su actuar, siendo en la mayoría de los casos necesario que respalde su dicho mediante la expedición de las constancias certificadas que obren en su poder.
Las autoridades responsables ordenadoras, a diferencia de las ejecutoras, no pueden mediante su actuar apegado a Derecho causar un perjuicio directo a las garantías individuales de los ciudadanos, ya que una de las cualidades de la norma, en cuya creación participan, es su generalidad; tal posibilidad de perjudicar a los gobernados mediante un acto de aplicación está mas bien vinculada con el desempeño legal de las ejecutoras.
Es por esto que se propone agregar la palabra “ejecutoras” al texto del actual Artículo 19, a fin de precisar que las autoridades cuya actuación directa es susceptible de causar un agravio personal y de carácter subjetivo a los gobernados, son únicamente las que no pueden ser representadas en el juicio constitucional.
En los casos de las Legislaturas de los Estados, y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero principalmente de los órganos legislativos del Honorable Congreso de la Unión, impera la necesidad de que, mirando el cada vez más creciente cúmulo de demandas de amparos contra leyes que en los últimos tres años se han presentado en los 29 circuitos judiciales territoriales en que se divide para su funcionamiento el Poder Judicial de la Federación, se incorpore en la propia ley de la materia el esquema de representación que les permita afrontar de manera óptima y expedita la responsabilidad que implica su participación creciente en este tipo, cada vez más usual, de juicios constitucionales.
Con la propuesta insertada en la presente iniciativa, además de contribuir a la eficiencia procesal, se dejaría de lado la improductiva confrontación que se ha venido presentado en algunos circuitos judiciales respecto a la validez o no de la representación legal con la que dichos órganos legislativos acuden a juicio por conducto de sus propias oficinas de asuntos jurídicos; debate pues, exclusivo de representación, que al término de todo discurso no trasciende en lo absoluto en el sentido final del fallo, pero sí en la imposición discrecional de infructuosas multas por los jueces federales y en la interposición de numerosos y dilatados recursos de revisión por parte de los órganos legislativos, ante la falta de reconocimiento de la personalidad de sus representantes y apoderados legales.
Al no existir, como se ha dicho, mayor fundamento legal que exponga con claridad las razones del porqué los órganos legislativos, en su carácter de autoridades ordenadoras no han de poder ser representadas en el juicio de amparo a través de sus oficinas jurídicas, las cuales, al cabo, son parte de su propia estructura orgánica, de mando y financiera, se propone la presente adición de un primer párrafo al texto vigente del Artículo 12 de la Ley de Amparo, ante la viabilidad de que dichos órganos legislativos acudan a juicio mediante los titulares de sus oficinas de asuntos jurídicos, teniendo siempre presente que su actuar tendrá como objetivo principal la defensa y argumentación jurídica de cada órgano legislativo respecto de los actos, dígase leyes o decretos, ya terminados, definidos o consumados en lo que corresponde a su respectivo proceso legislativo, y por lo tanto son actos que se hallan ajenos a cualquier factor o enfoque político que quisiera dárseles, cosa común en la integración y funcionalidad de los cuerpos legislativos.
Adicionalmente, con la aceptación de la propuesta no se trastocan temas intrínsecos de amplio debate en torno al juicio de garantías, sino que antes bien se contribuye primeramente a la inmediatez de los procesos, y en segundo término, como si fuese un beneficio adicional, a la no distracción de la buena y eficiente labor parlamentaria, arrogando a las mesas directivas de los órganos legislativos de la Unión, de los Estados y del Distrito Federal, la capacidad de orientar de manera decidida el sentido de los informes que los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos deban rendir ante los juzgados y tribunales federales.
Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN NUEVO PRIMER PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 12, Y REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 19, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTICULO UNICO.- Se adiciona un nuevo primer párrafo recorriéndose los subsecuentes al Artículo 12, y se reforma el primer párrafo del Artículo 19, ambos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 12.-
Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, podrán ser representados en juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, en tanto tengan el carácter de autoridades ordenadoras respecto de los actos que se les reclamen.
….
….”
“Articulo 19.-
Las autoridades responsables que tengan el carácter de ejecutoras no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones.
….
….
….”
T R A N S I T O R I O S
UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sen. Carlos Chaurand Arzate.
Del Dip. Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 122 y adiciona un tercer párrafo al artículo 571 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 122 Y ADICIÓN DE UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 571 DE LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.
EL SUSCRITO DIP. JORGE USCANGA ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 20 NUMERALES 1 Y 2 INCISOS C), D) Y E), 38 NUMERAL 1 INCISO A), 39, 45 NUMERAL 6 INCISOS F) Y G) Y 122 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL; ARTÍCULO 55 FRACCIÓN II Y 179 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, ME PERMITO SOMETER A ESTA SOBERANÍA, LA SIGUIENTE INICIATIVA:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
EN LA ACTUALIDAD EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL SECUESTRO REQUIEREN DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CADA VEZ MÁS ESPECIALIZADAS EN LA MISMA MEDIDA QUE LA HUMANIDAD REGISTRA Y SE SATISFACE CON LOS AVANCES DE LA CIENCIA DE LA COMUNICACIÓN.
EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ COMO LOS AVANCES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, PARTICULARMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA TELEFONÍA CELULAR Y SU RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, CONSTITUYE EN LA ACTUALIDAD UN RETO ENORME PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LOCALES Y FEDERALES, CUYOS CAUCES DE SOLUCIÓN EN CUANTO A LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS SE UBICAN EN PRIMER TÉRMINO EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO.
EN EFECTO, EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTABLECE QUE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS SON INVIOLABLES, ES DECIR, ESTABLECE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL LA INVIOLABILIDAD DE LAS CITADAS COMUNICACIONES PRIVADAS, PREVIENDO INCLUSO QUE SERÁ SANCIONADO CUALQUIER ACTO QUE ATENTE CONTRA LA LIBERTAD Y PRIVACÍA DE LAS MISMAS.
SIN EMBARGO, ESTE MISMO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PERMITE LA INTERVENCIÓN DE CUALQUIER COMUNICACIÓN PRIVADA, PREVIA AUTORIZACIÓN JUDICIAL, SIEMPRE QUE MEDIE PETICIÓN FUNDADA Y MOTIVADA DE AUTORIDAD FEDERAL COMPETENTE O DEL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUALESQUIER ENTIDAD FEDERATIVA.
COMO PUEDE OBSERVARSE, EN LA NORMA SUPREMA YA SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE INTERVENIR LAS COMUNICACIONES PRIVADAS POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, TANTO FEDERAL COMO LOCAL; PERO ES EL CASO, QUE LAS EMPRESAS DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN TIENEN PROHIBIDO PROPORCIONAR A PERSONA ALGUNA INCLUYENDO AL MINISTERIO PÚBLICO, INFORMACIÓN RELATIVA A SU OBJETO.
LA PROHIBICIÓN SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.
ESTO HACE QUE SE DIFICULTE LA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, LO CUAL NO SOLO ES INDEBIDO SINO INCONGRUENTE, PORQUE LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS ES UNA OBLIGACIÓN A CARGO DEL ESTADO.
EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE DELITOS COMO EL SECUESTRO, LOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EN GENERAL LA INVESTIGACIÓN DE CUALQUIER OTRO DELITO CON DETENIDO, LA LEY DEBE PREVER QUE EXISTAN EN EL ÁMBITO NORMATIVO LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDA ACTUAR CON LA OPORTUNIDAD QUE LOS CASOS AMERITAN, EN LO RELATIVO A LA OBTENCIÓN POR EJEMPLO, DE NÚMEROS TELEFÓNICOS ASIGNADOS A DETERMINADAS PERSONAS Y EL DETALLE DE LAS LLAMADAS.
POR ELLO CONSIDERAMOS NECESARIO SOMETER A ESTA SOBERANÍA LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 122 Y 571 DE LA LEY DE VÍA GENERALES DE COMUNICACIÓN, PARA ELIMINAR UNA TRABA QUE SOLO BENEFICIA A LOS DELINCUENTES Y QUE ENTORPECE Y RETRASA LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA.
LA REFORMA CONSISTE EN INTRODUCIR EN EL ARTÍCULO 122 AL MINISTERIO PÚBLICO COMO AUTORIDAD COMPETENTE PARA SOLICITAR Y RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.
ADEMÁS, ESTABLECER QUE TRATÁNDOSE DE LA PETICIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN EL CASO DEL DELITO DE SECUESTRO, DE LOS RELATIVOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA U OTROS CON PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, LA RESPUESTA SE PRODUZCA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS.
Y FINALMENTE, QUE A LAS SANCIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 571 SE ADICIONE UNA MÁS PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, INCLUYENDO DESDE LUEGO, AL MINISTERIO PÚBLICO.
POR LO ANTES EXPUESTO, SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE SOBERANÍA, LA SIGUIENTE:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMA AL ARTÍCULO 122 Y ADICIÓN DE UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 571 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 122 Y ADICIÓNA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 571 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 122.- SE PROHÍBE ESTRICTAMENTE A LAS EMPRESAS DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIONES Y MEDIOS DE TRANSPORTE, ASÍ COMO A LAS OFICINAS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, PROPORCIONAR A PERSONA ALGUNA O A AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE ECONOMÍA, DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LAS JUDICIALES O DEL TRABAJO COMPETENTES, DATOS RELATIVOS A LA EXPLOTACIÓN DE DICHAS EMPRESAS, A LAS MERCANCÍAS QUE TRANSPORTEN Y SUS DESTINOS, Y A LAS CORRESPONDENCIAS, POSTAL Y TELEGRÁFICA CUANDO SE TRATE DE LOS SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, A MENOS DE QUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LAS AUTORICE EXPRESAMENTE. TRATÁNDOSE DE LA PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ DESAHOGARSE EN UN PLAZO DE 24 HORAS CUANDO SE INVESTIGUE EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE SECUESTRO O CON PERSONA DETENIDA.
ARTÍCULO 571.- ...
...
LOS CONCESIONARIOS O PERMISIONARIOS QUE NO ATIENDAN LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE LES FORMULEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SERÁN SANCIONADOS CON MULTA DE QUINIENTOS A MIL DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.
TRANSITORIO.
ÚNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
ATENTAMENTE,
MÉXICO, D.F. A 11 DE AGOSTO DE 2004.
DIP. JORGE USCANGA ESCOBAR.
De la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de convocatoria a la Cámara de Senadores a un Período de Sesiones Extraordinarias, con el objeto de ocuparse de la declaración de desaparición de Poderes en el Estado de Quintana Roo.
INICIATIVA DE DECRETO PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 3 Y 4 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONVOQUE A LA CÁMARA DE SENADORES A UN PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES CON EL OBJETO DE OCUPARSE DE LA DECLARACIÓN DE DESAPARICIÓN DE PODERES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento iniciativa de decreto para que esta Honorable Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley reglamentaria de la fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, convoque a la Cámara de Senadores a un Período Extraordinario de Sesiones con el objeto de ocuparse de la declaración de desaparición de poderes en el estado de Quintana Roo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
Viajar a Cancún es peligroso, si es posible evítelo como destino turístico. Esta fue la recomendación que el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo a sus ciudadanos en semanas pasadas.
Lamentablemente, hay que reconocer, la advertencia es valida. Las acciones de Joaquín Hendricks Díaz han conducido al estado de Quintana Roo a una situación de ingobernabilidad que quebranta los principios del régimen federal y actualiza la hipótesis del artículo 2, fracción I, de la Ley reglamentaria de la fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, para declarar la desaparición de poderes en esa entidad.
Joaquín Hendricks Díaz ya no encuentra rumbo a su gobierno: existe un total distanciamiento con las demandas y requerimientos sociales; no existen tampoco programas de gobierno; sus secretarios de despacho descoordinados y envueltos en frecuentes actos de corrupción; demagogia es la más clara expresión, discursos sin contenido con expresiones viscerales; ofensas entre el gobernador, presidentes municipales y los integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial; ataques a los partidos políticos que reclaman su conducta.
Después de 5 años de padecer esta forma de gobernar, el resultado nefasto para Quintana Roo: una deuda pública que se ha cuadruplicado. Joaquín Hendricks, quien recibió de su antecesor, Mario Villanueva, pasivos por unos 300 millones de pesos, elevará el endeudamiento de la entidad a unos 1600 millones de pesos, al final del sexenio.
Un gobernador que se niega a rendir cuentas a la sociedad. De acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso locales, hace diez meses que venció el plazo para que Hendricks presentara sus cuentas y la mayoría del Poder Legislativo hace caso omiso de requerirle el cumplimento de esta obligación.
Una mandatario que, también con la complacencia de la mayoría del Congreso local, siempre ha privilegiado la aprobación de presupuestos sin equidad que favorecen la corrupción y el dispendio, beneficiando a dependencias no prioritarias, como Administración y Hacienda, y marginando a Desarrollo Social, Promoción Económica y Desarrollo Rural.
O dando prioridad a la realización de obras absurdas, como el proyecto denominado de la “mega-escultura” Mestizaje Mexicano que actualmente se construye en la bahía de Chetumal con un valor de 300 millones de pesos, que para los quintanarroenses representa una afrenta a la pobreza de muchos sectores del estado.
O a otras que son producto del abuso, como el rescate del denominado "megaproyecto" hortícola de Chan Santa Cruz con un costo para el erario de más de 900 millones de pesos, y que al final ha resultado en un absoluto fracaso social y económico, según lo denuncian los propios trabajadores y campesinos de la zona, que son utilizados como maquiladores u obreros con sueldos miserables, inclusive por abajo del salario mínimo. O la disposición de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por más de 600 millones de pesos para la carretera Chetumal-Mahahual, obra detenida hace más de un mes por la comisión de un fraude de la constructora, en cuya denuncia se encuentran implicados hermanos de Joaquín Hendricks.
Un gobierno irresponsable que desde el inicio de su gestión, en forma permanente, ha violentado los principios constitucionales de municipio libre y autonomía municipal, al retener de manera arbitraria y discrecional recursos federales destinados a municipios para desastres naturales, educación, desarrollo social, infraestructura y seguridad pública, con el único propósito de control y manipulación política y sin importar los serios perjuicios que ha causado a sus poblaciones.
Agravado esto por los frecuentes viajes de placer que el señor gobernador realiza con dineros del erario público. Como aquel escandaloso tour a Europa, a cuyo regreso fue duramente censurado por su propia esposa, María Rubio Eulogio, quien desmintió que el mandatario estatal haya efectuado una gira de trabajo por aquel continente mientras Quintana Roo padecía los estragos del huracán Isidore y enfrentaba la amenaza del Lilly. "Fue a pasear con otras, y lo hizo con recursos del estado", sostuvo la primera dama.
Hoy, sin embargo, las relaciones en la pareja Hendricks-Rubio marchan de maravilla. María Rubio Eulogio declara públicamente que buscará la candidatura a la alcaldía de Cancún luego de que se realice el II Congreso Internacional para la Prevención de las Adicciones.
La señora María Rubio en realidad aspira al gobierno de Quintana Roo y Joaquín Hendricks Díaz utiliza todo el aparato del poder para favorecer las intenciones de su esposa.
Se trata de acciones concertadas de Joaquín Hendricks Díaz e incondicionales que manipulan en los poderes Legislativo y Judicial del Estado de Quintana Roo, para anular adversarios políticos, alterar los mecanismos democráticos, imponer a su esposa como sucesora y frustrar así el legítimo derecho de los electores quintanarroenses a resolver el resultado de las elecciones del 2005 mediante su voto en las urnas.
Ello explica por qué bastaron, de manera ilegal, unas cuantas horas a la Diputación Permanente de Quintana Roo para decretar la desaparición del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez sin audiencia de los afectados, cuando el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución General de la República es contundente al precisar que corresponde en exclusiva al Pleno de las Legislaturas locales, por acuerdo de dos terceras partes de sus integrantes, declarar que han desaparecido ayuntamientos, siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
Eso explica también por qué en franco desacato de la suspensión decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 67/2004, Marisol Ávila Lagos asegure que está firme al frente del Concejo Municipal y se niegue a entregar las instalaciones, y que Javier Zetina González, presidente de la Diputación Permanente, afirme categórico que "la postura de la 10° Legislatura es mantener el reconocimiento constitucional y formal del Concejo Municipal".
O la razón por la que desde un principio el Juez Segundo de lo Penal de Quintana Roo, Benjamín Navarrete Solís, se negó a integrar la suspensión a la causa penal 1060/04, que ilegalmente se instruyó a Juan Ignacio García Zalvidea y a diez colaboradores, luego que policías disolvieron violentamente una manifestación pacífica.
En el incidente respectivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy clara, cito textual, la suspensión se concede para que no se ejecute lo ordenado en el Decreto 120, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis del mes en curso...También es procedente conceder la medida, para el efecto de que los recursos federales y estatales que correspondan al Municipio actor le sean entregados a éste y no al Consejo Municipal...También se concede la suspensión para que las autoridades demandadas de la entidad, retiren a los miembros de los cuerpos policíacos que se encuentran custodiando las instalaciones de la Presidencia del Municipio actor.
La irracional intransigencia frente a una resolución legítima emitida por el Máximo Tribunal de la Nación es la muestra evidente de la polarización entre el Gobierno y sociedad civil, y entre el Gobierno y la oposición política en Quintana Roo.
Bajo el influjo de Joaquín Hendricks Díaz la instituciones del estado de Quintana Roo han sido arrastradas a una profunda crisis de legitimidad. El Poder Ejecutivo no es ya mandatario de la sociedad; el Poder Legislativo no representa al pueblo, y el Poder Judicial ya no administra Justicia.
Frente a ello, corresponde al Senado de la República declarar que han desaparecido los poderes en el estado de Quintana Roo para garantizar al pueblo quintanarroense el reestablecimiento de sus instituciones y una transición política legítima.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II y 72, inciso f, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto para convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Senadores:
Artículo Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 76, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3 y 4 de la Ley reglamentaria de la fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, convoca a la Cámara de Senadores a un Período Extraordinario de Sesiones a celebrarse durante el Segundo Receso del Primer Año del Ejercicio de la LIX Legislatura con el objeto de ocuparse de la declaración de desaparición de poderes en el estado de Quintana Roo.
Artículo Segundo. La Sesión de la Cámara de Senadores para la apertura del Período Extraordinario de Sesiones a que se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo el día 20 de agosto de 2004, y la correspondiente clausura se verificará una vez que se determine que ha sido agotado el tema para el que fue convocado.
Transitorios
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los once días del mes de agosto de dos mil cuatro.
Diputada Federal Cristina Portillo Ayala
Del Dip. Omar Ortega Alvarez, a nombre del Dip. Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 259 Y 267 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTICULO 152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE MODIFICAR LA FORMA EN QUE SE DESIGNA A LOS DIRECTORES GENERALES DE AMBOS INSTITUTOS; ASÍ COMO LOS CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS MÁXIMOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
El suscrito, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la ley del Seguro Social y el artículo 152 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 19 de enero de l943 fue fundado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como una respuesta del Estado a las luchas de los trabajadores en las décadas precedentes, así como debido a la necesidad de los gobiernos posteriores a la Revolución mexicana de impulsar un desarrollo del país apoyado en un amplio consenso. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) a su vez, surgió en enero de l960. En este caso el antecedente inmediato fueron las grandes luchas de maestros y otros trabajadores del Estado de los años l956 a l958, entre cuyas demandas figuró la de implantar una eficaz seguridad social, entonces inexistente, para este creciente sector de asalariados.
A tono con el entonces ya muy acusado predominio de la figura presidencial, la facultad de designar a los directores de una y otra instituciones, establecidas en sus leyes respectivas, recayó en el titular del Ejecutivo. En el caso del IMSS, en su ordenamiento de l943, se estableció que el director general del mismo sería nombrado sí por el Presidente de la república, pero agregaba que esta designación debería recaer en un mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y capacidad técnica , mismo que podría ser destituido por el propio Presidente pero a condición de acreditar causas graves y después de haber escuchado su defensa. En l973, sin embargo, sólo subsistió la exigencia de que tal funcionario fuera mexicano por nacimiento.
En el caso de ISSSSTE, en su ley constitutiva se asentó, desde un principio, que su Director sería nombrado libremente.
Por lo que se refiere a los máximos órganos de gobierno de estas instituciones se constituyó, para el IMSS, una Asamblea General integrada por diez representantes del Ejecutivo federal, diez de organizaciones patronales y diez de organizaciones de trabajadores. En los dos últimos casos, es atribución del propio Ejecutivo establecer las bases para determinar las organizaciones que deban intervenir en la designación de los miembros de dicha Asamblea.
Para el ISSSTE, en cambio, la Junta Directiva se compondrá por seis representantes del gobierno nombrados por el Presidente de la república y cinco representantes que serán designados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
El resultado de lo anterior es que, tanto los Directores de una y otra instituciones, así como los miembros de sus órganos directivos han representado, a lo largo de años, casi de modo exclusivo, la voz del gobierno. Los trabajadores, en cambio, no obstante que son parte fundamental en el financiamiento de IMSS y del
ISSSTE, y menos aún los derechohabientes, que son sus destinatarios, no cuentan con una representación genuina. Esto es así porque quienes se ostentan con tal carácter, no provienen de una decisión universal y directa ni presentan una composición plural, sino que son miembros de las directivas de sólo algunas de las organizaciones de trabajadores reconocidas por el propio gobierno y afines o subordinadas a éste.
El gobierno de Vicente Fox, contrariando sus ofertas de campaña, no ha hecho sino aprovechar y convalidar la estructura corporativa del viejo régimen. Así, hoy vemos cómo, ante la actual embestida que desde la Presidencia de la República se lanzó contra el régimen de jubilaciones conquistado por los trabajadores del IMSS a lo largo de décadas, la presunta “representación obrera” en el Instituto no hizo sino apoyarla, traicionando así los intereses que debió defender y poniendo de relieve, de ese modo, la urgente necesidad de cambiar los mecanismos de integración de la Asamblea General del IMSS de modo tal que, garantizada la pluralidad, a ella puedan acceder también trabajadores fieles a su clase.
Derivado de todo lo anterior, proponemos la reforma del Articulo 267 de la Ley del IMSS así como la reforma del Artículo l52 del ISSSTE, para que sea el Ejecutivo quien designe a los directores generales de ambas instituciones, así como para que dicha designación deba ser ratificada por la Cámara de Diputados por las dos terceras partes de sus miembros presentes. Lo anterior tiene como objeto garantizar una mayor representatividad, profesionalismo e idoneidad de quienes desempeñen estos cargos.
Asimismo, proponemos la reforma del Artículo 259 de la Ley del IMSS y el Artículo 152 de la Ley del ISSSTE con el objeto de establecer, en ambos casos, criterios de pluralidad y representatividad en la designación de representantes de los trabajadores. De este modo, rompería el monopolio que han mantenido las organizaciones corporativas y oficialistas en estas instancias, ocasionando un grave daño a los intereses de afiliados y derechohabientes de las más importantes instituciones de seguridad social del país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración esta iniciativa con el siguiente:
Decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la ley del Seguro Social y el artículo 152 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo Primero:
Se reforma el artículo 259 y sea adiciona un párrafo al artículo 267 de la Ley del Seguro Social para quedar como siguen:
Artículo 259. El Ejecutivo Federal establecerá las bases para determinar, con criterios de pluralidad y representatividad, las organizaciones de trabajadores y de patrones que deban intervenir en la designación de los miembros de la Asamblea General, del Consejo Técnico y de la Comisión de Vigilancia.
Artículo 267. El Director General será nombrado por el Presidente de la República y ratificado por la Cámara de Diputados con la votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, debiendo ser mexicano por nacimiento.
Artículo Segundo: Se reforma el artículo 152 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado para quedar como siguen:
Artículo 152
La Junta Directiva se compondrá de once miembros; cinco serán los respectivos titulares de las Secretarías siguientes: De Hacienda y Crédito Público, Salud, Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social; otros cinco serán designados por las organizaciones de trabajadores, tomando en cuenta criterios de pluralidad y representatividad; el undécimo miembro, quien la presidirá, será el Director General, mismo que será designado por el Presidente de la República y ratificado por la Cámara de Diputados, con la votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 11 de Agosto de 2004.
Diputado Iván García Solís
Dictámenes de Primera Lectura
Dos, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto por los que se conceden permisos para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México, Distrito Federal; y para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros
DICTAMEN RELATIVO A PERMISOS PARA QUE DIVERSOS CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS EN MEXICO
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE JUSTICIA
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fueron turnadas para su estudio y dictamen solicitudes de permiso que envió la Secretaría de Gobernación para que las ciudadanas Gabriela Corona Berruecos y Laura Olivia Brieño Martínez, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá, en México, Distrito Federal.
La Comisión que suscribe considera que el desempeño de los servicios para los que se solicita autorización, no implica sometimiento o sujeción alguna a los gobiernos extranjeros, por lo que en relación con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción III del artículo 78 del mismo ordenamiento, se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Corona Berruecos, para prestar sus servicios como Asistente Contable en la Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.
ARTICULO segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Laura Olivia Brieño Martínez, para prestar sus servicios como Asistente de Contabilidad en la Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 11 de Agosto de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Secretaria Secretario
Dip. Omar Ortega Alvarez Sen. Manuel Bartlett Díaz
Secretario
Sen. César Camacho Quiroz Sen. Martha Sofía Tamayo Morales
Dip. Jorge Uscanga Escobar Sen. Jorge Zermeño Infante
Sen. Marco Antonio Adame Castillo Dip. German Martínez Cázares
Dip. Blanca Judith Díaz Delgado Sen. Jesús Ortega Martínez
Dip. Guillermo Velasco Rodríguez Dip. Jesús Martínez Alvarez
DICTAMEN RELATIVO A PERMISOS PARA QUE DIVERSOS CIUDADANOS PUEDAN ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES CONFERIDAS POR LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, DE LA REPUBLICA FRANCESA Y DE LA REPUBLICA DE CHILE
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE JUSTICIA
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fueron turnadas para su estudio y dictamen las solicitudes de permiso que envío la Secretaría de Gobernación, para que los ciudadanos Lic. Pablo Ruiz Limón, Ing. Tirso Ernesto Martens Rebolledo y Lic. Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren los Gobiernos de la República de El Salvador, de la República Francesa y de la República de Chile, respectivamente.
La Comisión que suscribe considera que las condecoraciones referidas no implican sometimiento o sujeción alguna a los gobiernos extranjeros que las conceden, por lo que en relación con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción III del artículo 78 del mismo ordenamiento, se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Lic. Pablo Ruiz Limón, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional “José Matías Delgado”, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Ing. Tirso Ernesto Martens Rebolledo, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor Francesa, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Lic. Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden “Al Mérito de Chile”, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 11 de agosto de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Secretaria Secretario
Dip. Omar Ortega Alvarez Sen. Manuel Bartlett Díaz
Secretario
Sen. César Camacho Quiroz Sen. Martha Sofía Tamayo Morales
Dip. Jorge Uscanga Escobar Sen. Jorge Zermeño Infante
Sen. Marco Antonio Adame Castillo Dip. German Martínez Cázares
Dip. Blanca Judith Díaz Delgado Sen. Jesús Ortega Martínez
Dip. Guillermo Velasco Rodríguez Dip. Jesús Martínez Alvarez
Dictámenes a Discusión
De la Primera Comisión, el que contiene proyecto de decreto por el que se conceden permisos para prestar servicios en las Embajadas de Francia y de República Checa en México.
DICTAMEN RELATIVO A PERMISOS PARA QUE DIVERSOS CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS EN MEXICO
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE JUSTICIA
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fueron turnadas para su estudio y dictamen solicitudes de permiso que envió la Secretaría de Gobernación para que los ciudadanos Luis Christian Bonnet Moya, Atzin Mendoza Macías, María Concepción Rosas Alvarez y Emma Delia Ayala Mendoza, puedan prestar servicios en diversas representaciones en México
La Comisión que suscribe considera que el desempeño de los servicios para los que se solicita autorización, no implica sometimiento o sujeción alguna a los gobiernos extranjeros, por lo que en relación con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción III del artículo 78 del mismo ordenamiento, se permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Luis Christian Bonnet Moya, para prestar sus servicios como Telefonista en la Embajada de Francia en México.
ARTICULO segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Atzin Mendoza Macías, para prestar sus servicios como Encargada de prensa en la Embajada de Francia en México.
ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana María Concepción Rosas Alvarez, para prestar sus servicios como Empleada administrativa local en la Embajada de Francia en México.
ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Emma Delia Ayala Mendoza, para prestar sus servicios como Secretaria en la Embajada de la República Checa en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 04 de Agosto de 2004.
LA PRIMERA COMISION
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Secretaria Secretario
Dip. Omar Ortega Alvarez Sen. Manuel Bartlett Díaz
Secretario
Sen. César Camacho Quiroz Sen. Martha Sofía Tamayo Morales
Dip. Jorge Uscanga Escobar Sen. Jorge Zermeño Infante
Sen. Marco Antonio Adame Castillo Dip. German Martínez Cázares
Dip. Blanca Judith Díaz Delgado Sen. Jesús Ortega Martínez
Dip. Guillermo Velasco Rodríguez Dip. Jesús Martínez Alvarez
De la Segunda Comisión, los que contienen:
Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Chile.
SEGUNDA COMISION
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL C. RICARDO VILLANUEVA HALLAL COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano RICARDO VILLANUEVA HALLAL, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Chile, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Ricardo Villanueva Hallal, consta que nació en Los Mochis, Sinaloa, el 7 de abril de 1950. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano de Carrera al que ingresó en 1975.
En la Cancillería mexicana se ha desempeñado como Subdirector General Para Europa Occidental (1984); Consejero y Subdirector General de Protocolo (1985); Director General del Servicio Exterior (1989).
En el exterior, se ha desempeñado como Tercer Secretario de la embajada de México en el Cairo, Egipto, (1975-1978), ascendiendo en 1976 a Segundo Secretario; Encargado de la sección política en la embajada de México en Moscú, a Primer Secretario, (1978-1981); Encargado de Negocios en la embajada de Yeda, Arabia Saudita (1981-1983); Designado Embajador, representa a México en Finlandia (1990); en Arabia Saudita y concurrencias en Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y Yemen; Embajador en Malasia (1995-2001); actualmente es Embajador en Perú desde septiembre de 2001.*
En 1997, fungió como delegado de la Reunión Cumbre del Grupo de los 15 y en 1998, formó parte de la delegación mexicana a la octava reunión del mecanismos de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública que suscribe, invitó al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal a una entrevista en donde se analizó su perfil para el cargo propuesto por el Ejecutivo Federal y el programa de trabajo que seguirá en caso de ser aprobado su nombramiento por esta Soberanía.
En la entrevista con el C. Villanueva Hallal con los miembros de esta Comisión se analizó la relación con Chile en el ámbito de las relaciones bilaterales desde que se reanudaron los vínculos diplomáticos en marzo de 1990. México y Chile han mantenido excelentes relaciones en todos los aspectos.
Ambos gobiernos coinciden en que la relación entre los países es especial, de carácter estratégico, y que existe potencial para profundizarla en todos los ámbitos. En este sentido, durante la visita del Secretario de Relaciones Exteriores a Chile (22 y 23 de junio pasado), este planteó la propuesta de establecer un “Acuerdo General” entre Chile y nuestro país similar al que ambos países ya tienen con la Unión Europea. El nuevo acuerdo podría suscribirse durante la próxima visita del Presidente Fox a Chile, con motivo de la Cumbre de Líderes de APEC, en noviembre de este año. Los gobiernos han acordado en el futuro cercano establecer un Foro de Reflexión para fortalecer la relación política, económica y de cooperación.
En el ámbito regional, los dos países están plenamente comprometidos con los procesos de integración en el área. En este sentido hay que resaltar que Chile respalda la idea de que nuestro país se integre al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) como miembro asociado.
México y Chile cuentan con un Tratado de Libre Comercio desde el año de 1998, pero hay que mencionar que desde esa fecha el incremento en el intercambio comercial ha sido prácticamente nulo; en 1997 el intercambio fue de $1,452 millones de dólares; en cambio durante el 2003 se registró un intercambio de $1,399 millones, es decir, que hubo una disminución del 4% respecto a 1997.
En cuanto a las exportaciones también han disminuido, en 2003 fueron de $479 millones de dólares, y los envíos chilenos aumentaron hasta alcanzar los $920 millones, teniendo un saldo negativo nuestro país por $441 millones de dólares.
Algunos de los productos chilenos que principalmente son importados por México han sido el cobre y sus derivados, madera y fruta, salmón y vinos de mesa entre otros. En cuanto a los envíos mexicanos a Chile, los principales productos han sido aparatos de telefonía celular, vehículos automotores y sus partes, y televisores.
Durante la exposición de su Plan de trabajo, el C. Villanueva Hallal manifestó de ser ratificado como embajador de México en Chile, su trabajo estará orientado de manera permanente, al mantenimiento y reforzamiento de los vínculos que existen entre ambos países.
En materia de asuntos políticos, el embajador designado señaló que una tarea importante para nuestra embajada consistirá en el seguimiento al proceso de conclusión y la aplicación del Acuerdo General de Concertación Política, Asociación Económica y cooperación entre México y Chile, suscrito por ambos países en el mes de junio de este año. Con la aplicación de este instrumento se permitirá el desarrollo de las áreas de cooperación, el fomento a las inversiones la promoción de las pequeñas y medianas empresas, y lo que se refiere a la cooperación científica, tecnológica, educativa, cultural y turística.
El Embajador Ricardo Villanueva comentó a los miembros de la Segunda Comisión sobre la situación política interna en Chile, dijo que está dominada por el ambiente preelectoral que generan las elecciones presidenciales del 2005 y en particular las municipales de octubre próximo dado que sus resultados podrían ser un adelanto de lo que sucederá el año entrante, persiste además desacuerdos en las fuerzas políticas respecto a sí la transición ya terminó o es una asignatura pendiente. Otro tema de coyuntura que planteó el Embajador designado fue el Caso Pinochet y la reacción de las fuerzas políticas y la opinión pública ante las revelaciones sobre las cuentas bancarias en el Rigss de Washinton DC, la reforma política para quitarle los enclaves políticos asegurados a los militares así como el tema de los derechos humanos al cumplirse en 2003 los treinta años del golpe militar.
Los miembros de la Segunda Comisión escucharon del Embajador Villanueva sus comentarios sobre el desarrollo social en ese país sudamericano que ha sido ejemplo en programas como el de seguridad social, el llamado Chile Solidario y el Plan Auge.
Respecto a política exterior, los miembros de la Comisión estuvieron interesados en conocer la situación de las relaciones bilaterales de Chile con Bolivia en el marco del tema energético y en especial de la producción y salida de gas de este último país. Finalmente el Embajador designado hizo una amplia exposición sobre la reunión de la APEC y la Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias que se llevarán a cabo en ese país del 20 y 21 de noviembre próximos y en mayo del 2005, respectivamente y en las que también participará México.
El C. Villanueva Hallal por otro lado, se comprometió a dar seguimiento a los compromisos contraídos en el Acta final de la quinta reunión de la Comisión Binacional Permanente México – Chile, como son, realizar las gestiones necesarias para el establecimiento del Foro de Reflexión que tiene como finalidad el fortalecimiento de la relación política, económica y de cooperación, así como apoyar la conclusión de un convenio en materia de Seguridad Social entre ambos países. El diplomático de carrera reiteró su interés en lograr la realización de la Comisión Mixta en materia de cooperación técnica y científica.
En el ámbito multilateral, el embajador designado propone impulsar el cumplimiento de los compromisos entre México y Chile para trabajar de manera estrecha y coordinada en los organismos internacionales para la promoción de los derechos humanos y la democracia, así como para alcanzar una efectiva reforma y revitalización de las Naciones Unidas.
En materia económica señaló que, fomentará los programas de promoción de las inversiones reciprocas y otorgará el apoyo necesario par que se establezca en México una Cámara Binacional de Comercio.
Para México, la cooperación internacional en materia educativa y cultural es una importante herramienta de la política exterior ya que le significa la posibilidad de recibir y proporcionar colaboración técnica, científica, educativa y cultural, en diversas áreas y campos. Por ello el Embajador designado propone en su plan de trabajo revitalizar la cooperación institucional, abrir nuevos canales de comunicación y cooperación con los institutos de educación; así como llevar a cabo una intensa actividad de promoción de la imagen de México en aquella región.
En materia de diplomacia parlamentaria múltiples han sido los contactos entre ambos Congresos a través de sus Interparlamentarias y en el marco de contactos bilaterales y multilaterales como la pasada reunión en abril de la Unión Interparlamentaria en la Ciudad de México.
Los legisladores miembros de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, -defensa Nacional y Educación Pública reconocieron la trayectoria del C. Villanueva Hallal y la consideraron como una garantía para el óptimo desempeño de su trabajo como embajador de México en Chile.
De igual forma, los legisladores se refirieron a varios tópicos de la relación bilateral destacando la preocupación por consolidar las alianzas estratégicas, con el respaldo y compresión de los sectores privados. El embajador designado comentó los casos del aguacate mexicano y los productos de madera como un reto para la negociación y como forma de resolver las diferencias comerciales.
Un tema que interesó a los legisladores fue el de la llamada “Experiencia Chilena” como forma de reducir y combatir problemas sociales a través de la profundidad y alcance del proceso democrático chileno y su política fiscal, de seguridad social, y económica. Se r refirieron también a la quinta Reunión binacional y sus resultados.
El embajador designado señaló que no se debe ver la relación con Chile solo en el pasado y destacó la importancia que para ambos países ha tenido la política basada en el libre comercio.
Al referirse a la inquietud de los miembros de la comisión en cuanto a la aplicación del pago de reciprocidad en materia de visas, el diplomático se comprometió a buscar una alternativa a este cobro de visas.
Algunos miembros de la comisión se refirieron específicamente al tema de la integración en el continente y en particular al ALCA, solicitándole al embajador designado información sobre la posición chilena. Agregaron que seria conveniente que ambos países busquen que el ALCA resulte en beneficio de Latinoamérica. A esto, el embajador designado mencionó que, ALCA es un proyecto incompleto ya que se ha considerado como un TLC entre países desiguales; destacó la importancia de evitar caer en los errores de los tratados de libre comercio bilaterales, como son los subsidios.
Finalmente, los legisladores miembros de la comisión preguntaron sobre la transición chilena y el caso Pinochet. A este respecto el embajador Villanueva Hallal comentó que el caso polarizó a la sociedad chilena, pero que el tiempo es el mejor aliado para la reconciliación.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los miembros de la Comisión que suscriben, hemos podido constatar que el ciudadano RICARDO VILLANUEVA HALLAL reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Chile.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de
A C U E R D O
ARTÍCULO ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano RICARDO VILLANUEVA HALLAL como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Chile.
Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente. México, Distrito Federal, a los diez días del mes de agosto de dos mil cuatro.
SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA
Dip. Carlos Flores Rico PRI
Presidente
Sen. César Camacho Quiroz PRI
Secretario
Sen. Cecilia Romero Castillo PAN
Secretaria
Sen. Carlos Chaurand Arzate PRI
Sen. Rubén Zarazúa Rocha PRI
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera PRI
Dip. Carlos Jiménez Macías PRI
Dip. Jorge Uscanga Escobar PRI
Sen. Marco Antonio Adame Castillo PAN
Sen. Héctor Larios Córdova PAN
Dip. José González Morfín PAN
Dip. Ruth Hernández Martínez PAN
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández PRD
Dip. Cristina Portillo Ayala PRD
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés PVEM
Dip. Oscar González Yáñez PT
Punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Roberto Rodríguez Hernández, como Cónsul General de México ante el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico.
SEGUNDA COMISION
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL C. ROBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ COMO CÓNSUL CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO ANTE EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano ROBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, como Cónsul General de México ante el Estado libre y asociado de Puerto Rico, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Roberto Rodríguez Hernández, consta que nació en Cuernavaca, Morelos, el 23 de marzo de 1954. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cursó estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Valle de Bravo. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano de carrera al que ingresó en 1977 y en junio de 2002 fue nombrado Embajador.
En la Cancillería mexicana se ha desempeñado como Director General Adjunto de Protección y Asuntos Consulares de abril a noviembre del 2001 y Director General de Protección y Asuntos Consulares, de diciembre del 2001 a junio del 2004.
En el exterior, se ha desempeñado como Vicecónsul en Del Río, Texas de 1978 a 1980, Cónsul de México en La Habana, Cuba de 1980 a1982, Cónsul Alterno de México en Laredo, Texas de1982 a1985, Cónsul Alterno de México en San Francisco, California de 1985 a 1987, Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Budapest, Hungría de 1987 a 1988, Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico de 1992 a1995 y Cónsul de México en Nogales, Arizona de 1995-2001.
La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública que suscribe, invitó al ciudadano Roberto Rodríguez Hernández a una entrevista en donde se analizó su perfil para el cargo propuesto por el Ejecutivo Federal y el programa de trabajo que seguirá en caso de ser aprobado su nombramiento por esta Soberanía.
En la entrevista con el C. Rodríguez Hernández Ruiz-Cabañas con los miembros de esta Comisión se analizó la relación con Puerto Rico en el ámbito de las relaciones bilaterales México – Estados Unidos de América, donde aquél tiene estatus de estado asociado; la situación política, social y económica en esa isla y las potencialidades de ampliar el nivel de la relación con nuestro país.
En su comparecencia el Cónsul designado destacó la importancia geopolítica que para México tiene la región del caribe, con la cual se comparten fronteras. Aprovecho para delinear algunos temas de la agenda política puertorriqueña en cuanto a la vinculación con el gobierno federal con sede en Washington, el proceso electoral en ese país, los grupos independentistas, los ambientalistas y opositores de las bases militares asentadas en su territorio; la emigración a estados como Nueva York, entre otros tópicos.
Metodológicamente dividió su plan de trabajo en cinco rubros entre los cuales está el político, comercial, asuntos educativos y culturales, asuntos consulares y la promoción de la imagen de México
Puerto Rico es desde 1952, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos de América, sujeto a la Constitución y al gobierno federal de ese país en lo que respecta al comercio, la política exterior y la seguridad nacional, lo que en los últimos años ha convertido a este estado en una de las economías más dinámicas del Caribe. La industria y los servicios se han constituido como los principales motores de su desarrollo. Gracias a los incentivos fiscales que se ofrecen, diversas compañías estadounidenses han invertido en la Isla, especialmente la industria farmacéutica.
En lo que se refiere al aspecto político, el Embajador Rodríguez buscará un acercamiento con actores políticos y sociales del Estado Asociado, al igual que con funcionarios de distintas agencias federales; además promoverá el acercamiento entre funcionarios mexicanos del área económica comercial y funcionarios y empresarios de Puerto Rico para lograr alianzas estratégicas de co-inversión y de esta forma reducir el déficit comercial que se tiene con la Isla.
En el aspecto comercial se pretende incrementar las exportaciones de productos y servicios de nuestro país a Puerto Rico y promover la inversión directa de Puerto Rico en México. Es importante llevar a cabo la implementación de una buena difusión de nuestro país como atractivo turístico. Otro rubro dentro del campo económico - comercial que hay que alentar está el promover en coordinación con Bancomext, el establecimiento de un centro de distribución de productos mexicanos en San Juan para dar una mayor cobertura a la región del Caribe; además de gestionar la apertura de una oficina de esa institución financiera y de promoción de nuestras exportaciones en el consulado.
El Cónsul General designado comentó a los miembros de esta Comisión que el sector de producción mas importante de Puerto Rico es el de la manufactura, contribuyendo con el 42.8% del PIB estatal donde destacan las industrias de productos farmacéuticos, químicos, maquinaria, electrónicos, textiles y productos alimenticios; en el sector de servicios, Puerto Rico recibe divisas provenientes del turismo y los servicios para negocios y respecto al sector agropecuario representa 3% del PIB, siendo sus principales productos el azúcar, café, lácteos, frutas, vegetales, la avicultura y porcicultura.
Actualmente, el intercambio comercial entre México y Puerto Rico está basado casi en su totalidad en las manufacturas. Las principales mercancías exportadas por nuestro país son automóviles, alimentos, bebidas y tabaco, cables aislados para electricidad, diversos productos químicos y maquinaria y equipos especiales para industrias diversas. Por su parte, las importaciones son de xileno, computadoras y sus partes, diversos productos químicos y farmacéuticos y aparatos radiofónicos y telegráficos.
Como parte de sus compromisos en el área de intercambio educativo y cultural, el C. Roberto Rodríguez considera prioritaria la negociación de acuerdos interinstitucionales entre el gobierno local y organismos como CONACULTA, INAH e INBA, con objeto de dar capacitación y entrenamiento sobre experiencias para la recuperación y protección del patrimonio artístico. Otro aspecto importante es el de la promoción de intercambios académicos y estudiantiles entre las principales Universidades de Puerto Rico y centros educativos en nuestro país.
En cuanto a los asuntos consulares, el Embajador de carrera mencionó que se deberá propiciar un mayor acercamiento entre los mexicanos residentes en esa Isla con el consulado, para la realización de un censo que sea confiable sobre los más de seis mil connacionales que se estima radican en la actualidad; además de modernizar los servicios de documentación y atención para brindar un mejor servicio a los mexicanos.
Finalmente señaló que para llevar a cabo la promoción de la imagen de nuestro país deberá haber un acercamiento y presencia constante de la Representación Consular en los distintos medios de comunicación; además de la organización de conferencias sobre la historia y la situación actual en nuestro país.
Los legisladores miembros de esta Segunda Comisión al final de la exposición del diplomático mexicano, reconocieron el conocimiento que posee sobre la situación política y económica en Puerto Rico y la viabilidad de sus planteamientos integrados a su Plan de Trabajo por lo que aprovecharon para solicitarle que ampliara algunas de las acciones del mismo.
En lo que se refiere al intercambio económico entre ambos países, los legisladores miembros de la Segunda Comisión mencionaron la necesidad de aprovechar la cercanía geográfica entre México y Puerto Rico para el envío de productos agropecuarios desde el Golfo. El embajador designado reconoció que efectivamente se debe aprovechar el papel fundamental de BANCOMEXT en Miami, los legisladores mostraron su preocupación por la ubicación de esta oficina con concurrencia en varios países del Caribe.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los miembros de la Comisión que suscriben, hemos podido constatar que el ciudadano ROBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser Cónsul General de México ante el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de
A C U E R D O
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la Fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano ROBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, como Cónsul General de México ante el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico.
SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE.- México D.F., a 10 de agosto de 2004.
SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA
Dip. Carlos Flores Rico PRI
Presidente
Sen. César Camacho Quiroz PRI
Secretario
Sen. Cecilia Romero Castillo PAN
Secretaria
Sen. Carlos Chaurand Arzate PRI
Sen. Rubén Zarazúa Rocha PRI
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera PRI
Dip. Carlos Jiménez Macías PRI
Dip. Jorge Uscanga Escobar PRI
Sen. Marco Antonio Adame Castillo PAN
Sen. Héctor Larios Córdova PAN
Dip. José González Morfín PAN
Dip. Ruth Hernández Martínez PAN
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández PRD
Dip. Cristina Portillo Ayala PRD
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés PVEM
Dip. Oscar González Yáñez PT
De la Primera Comisión, los que contienen:
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Educación Pública y a la Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a intervenir en defensa de la obra de Remedios Varo.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO por el que se exhorta al secretario de educación pública y a la presidenta del consejo nacional para la cultura y las artes, a intervenir en defensa de la obra de remedios varo considerada patrimonio de la nación.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de los Diputados Elba Garfías, Marbella Casanova, Martha Lucía Micher, Inti Muñoz Santini, Rafael Flores y Rafael Candelas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo defender las obras de la pintora Remedios Varo, como parte del patrimonio cultural y artístico de la nación.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 28 de julio de 2004, el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de los Diputados Elba Garfías, Marbella Casanova, Martha Lucía Micher, Inti Muñoz Santini, Rafael Flores y Rafael Candelas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo defender las obras de la pintora Remedios Varo, como parte del patrimonio cultural y artístico de la Nación.
La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Primera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que en lo fundamental señala:
• Exhortar al Presidente de la República Mexicana, Lic. Vicente Fox Quesada, al Secretario de Educación Pública, Dr. Reyes Taméz Guerra y a la Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sra. Sara Bermúdez; a pronunciarse e intervenir en los diferentes órdenes de gobierno, a favor de la defensa, con todos los recursos del Estado, de las 38 obras de Remedios Varo, como parte del patrimonio de la nación; y que de comprobarse alguna irregularidad en el fallo del litigio de los herederos de Remedios Varo contra el INBA, se sancione a los responsables.
• Exhortar respetuosamente, y en estricto respeto a la división de poderes, al Poder Judicial para que defienda, junto con las instituciones de gobierno, el Patrimonio Cultural de la Nación y que investigue el proceso judicial testamentario de la obra de Remedios Varo.
2.- Señalan los promoventes de la Proposición a estudio, que la Pintora Remedios Varo es una de las más importantes figuras en la plástica universal, en especial de la estética surrealista. La pintora deja una vasta obra, reconocida a nivel mundial, con exposiciones en los más importantes museos y galerías del mundo.
Que en el año 2000, el crítico y promotor cultural Walter Gruen donó al Instituto Nacional de Bellas Artes 38 pinturas de la artista mexicana Remedios Varo. Las obras formaban parte de su colección particular, las compró a la pintora y esta adquisición fue documentada en tiempo y forma. Esta donación fue legitimada por la Beneficencia Pública en el año 2000. Sin embargo, los herederos de la pintora, difunta en 1963, inician un litigio en 2001 para reclamar las 38 pinturas objeto de la donación, con el argumento de que esas obras son parte de la masa hereditaria.
Que desde el año 2002, el Museo de Arte Moderno de México exhibe las 38 obras como parte de su colección. El proceso judicial sigue su marcha y el INBA toma la responsabilidad de la defensa del caso, por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INBA.
Que de entonces a la fecha se han perdido los juicios de primera y segunda instancia y un amparo. Que, partir de la sentencia de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del DF del 14 de enero, ratificada el 12 de julio a favor de los herederos de Remedios Varo, su sobrina Beatriz Varo Jiménez está demandando al INBA la entrega de las 38 pinturas, por lo que el Museo de Arte Moderno tendría que entregarlas próximamente.
Que el litigio por las 38 obras de la pintora Remedios Varo ilustra la situación en que se encuentra en algunos casos la defensa de nuestro patrimonio cultural. Que el riesgo de pérdida de las obras mencionadas ha provocado diversas reacciones de la comunidad cultural, entre otras, el aviso de retiro de las donaciones del prestigiado curador e investigador de arte, Maestro Ricardo Pérez Escamilla y del coleccionista Andrés Blaisten, quienes han exigido a las autoridades certeza de resguardo para las donaciones y colecciones nacionales, así como una eficaz intervención en el caso de la obra de Remedios Varo.
Que aún existen recursos que deben ser utilizados. Las obras están protegidas por la declaratoria presidencial de protección de 2001 como Monumento Artístico y están protegidas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, por lo que su salida del país representaría un delito.
3.- Los integrantes de esta Comisión queremos subrayar que la obra de Remedios Varo forma parte de nuestra historia; que esta emigrante de origen español es ella misma un pilar de la pintura en nuestro país. Su obra nos enriqueció, nos abrió otros horizontes, y los sigue abriendo desde el mismo momento en que sus obras se exhiben de manera permanente en el Museo de Arte Moderno.
El fallo de la justicia ha favorecido hasta ahora a su sobrina Beatriz Varo Jiménez y, tras ratificarla como heredera universal de los bienes de la pintora, le ha conferido todos los derechos sobre los 38 cuadros que Walter Gruen, último compañero sentimental de la artista, había donado al Museo de Arte Moderno (MAM).
La Magistrada Rebeca Pujol Rosas, integrante de la Tercera Sala de lo Familiar del Tribunal Jurídico del Distrito Federal (TJDF), argumenta que en las leyes no hay cabida a causas sentimentales y que si Beatriz Varo es heredera universal de Remedios Varo, entonces tiene todo el poder sobre los cuadros.
Así, varios años de juicios entre Gruen, el INBA y Varo Jiménez están por llegar a un desenlace que podría dejar a México sin un valioso acervo pictórico. Esto se sumaría al constante desmantelamiento de la riqueza artística que México ha padecido a lo largo de su historia por diversas causas.
Para los integrantes de esta Primera Comisión es de la mayor importancia asegurarse de que las autoridades correspondientes están actuando con legalidad, responsabilidad y eficacia, y haciendo todo cuanto sea posible para procurar, en estricto apego a derecho, que esas obras permanezcan como patrimonio de México.
Por las razones que anteceden, los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, compartimos los razonamientos expuestos por el promovente y proponemos la aprobación de los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al C. Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, al Secretario de Educación Publica, Dr. Reyes Taméz Guerra y a la Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sra. Sara Bermúdez, a intervenir decididamente en defensa de la posesión de las 38 obras de Remedios Varo, hasta ahora parte del patrimonio de la Nación; y a que, de haber existido dolo o negligencia en los representantes del Estado en el litigio de los herederos de Remedios Varo contra el INBA, se sancione a quien corresponda.
Segundo.- En el marco de la división de Poderes, se exhorta respetuosamente al Poder Judicial a revisar el proceso de juicio testamentario de la obra de Remedios Varo.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A diez de agosto DE DOS MIL CUATRO.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo sobre la necesidad de regular y transparentar los mecanismos de asignación de recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE REGULAR Y TRANSPARENTAR LOS MECANISMOS DE ASIGNACION DE RECURSOS PUBLICOS A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y análisis el expediente integrado referente a una Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández, en relación a la asignación de recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
ANTECEDENTES
1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 23 de junio de 2004, la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández presentó una propuesta en relación con los apoyos que el Comité de Asignación y Destino Final de Bienes en Especie, no Reclamados o no Adjudicados de Juegos y Sorteos otorgó a organizaciones de la sociedad civil, así como sobre la necesidad de regular y transparentar los mecanismos de asignación de recursos públicos, misma que fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
2. Con fecha 10 de agosto del año en curso, la Primera Comisión en reunión de trabajo procedió a elaborar del presente dictamen.
I. CONSIDERACIONES DE LA PROPONENTE
En la presentación de la propuesta, la proponente alude a los principios de la filantropía o la beneficencia en que se basan las organizaciones de la sociedad civil con el fin de prestar servicios y apoyos específicos a sectores vulnerables de la población y cuyas acciones contribuyen notablemente a que miles de personas puedan cubrir necesidades de salud, empleo y educación.
Hace un señalamiento sobre el hecho particular de los apoyos económicos que el Comité de Asignación y Destino Final de Bienes en Especie, no Reclamados o no Adjudicados de Juegos y Sorteos, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, autorizó a organizaciones de la sociedad civil en su sesión el 1 de abril de este año.
Al respecto, la proponente expresa la censura al hecho de que diversas organizaciones de la sociedad civil que se enlistan en la propuesta, hayan recibido recursos por parte del comité mencionado lo mismo que del fideicomiso Transforma México y que, coincidentemente, estas mismas organizaciones se encuentren registradas en el Centro Virtual de Servicios que oferta la Fundación Vamos México.
Por último, hace énfasis en que la asignación de recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil se lleva a cabo sin reglas ni criterios definidos, por lo que considera se deben conocer los fideicomisos públicos establecidos por diversas dependencias que se encuentran registrados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
II. CONSIDERACIONES de la comision
Los integrantes de la Primera Comisión entendemos el reclamo de la proponente al denunciar presuntas irregularidades cometidas en la asignación de algunos apoyos destinados a organizaciones de asistencia social, que han sido incluso motivo de espacios en los medios de comunicación. Es pertinente que el Congreso Federal, como instancia de fiscalización, emprenda un proceso de análisis del marco normativo y de la operación de las instituciones que administran bienes destinados a la asistencia pública y que, en algunos casos, podrían estar haciendo donaciones inapropiadas o irregulares.
Es oportuno hacer mención que la Comisión Permanente ha exhortado al titular del Ejecutivo Federal a que publique la Ley de Asistencia Social aprobada por el Congreso de la Unión el 29 de abril de 2004, ya que este nuevo ordenamiento establece las bases de un sistema nacional de asistencia social en un marco jurídico de congruencia con otras disposiciones legales y, sobre todo, afirma el papel rector del Estado en los términos de nuestra Constitución Política para sancionar las funciones de evaluación, estímulo y regulación de la asistencia social, de manera que los recursos públicos que se asignen a instituciones privadas sean distribuidos a partir de reglas claras y con criterios equitativos y justos.
En este proceso de análisis que se plantea resulta muy oportuno conocer, entre otros datos, el número de fideicomisos que operan en Secretarías de Estado y paraestatales, así como su régimen, reglas de operación y de control, con el fin de transparentar su manejo.
Esta Comisión hace un reconocimiento a la participación de la sociedad civil y las organizaciones que en todo México -sin suplantar la responsabilidad del Estado- ofrecen apoyo y asistencia a grupos vulnerables como niños de la calle, ancianos, discapacitados y muchos otros; son organizaciones que tienen que ver con la procuración de salud, educación, deporte y, en fin, con diversas necesidades sociales que en muchas ocasiones han decidido atender a causa de situaciones vividas en el propio seno familiar por quienes las integran. Por ello, y para evitar que se trastoque su espíritu filantrópico por la contaminación de otros intereses, los legisladores integrantes de esta Comisión consideramos necesario hacer una revisión de su operación y de las normas que las rigen.
Por lo anterior, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a la consideración de sus integrantes, los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que integre una Comisión Especial para analizar el marco normativo vigente para la asignación de recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, a fin de homologar criterios, reglamentos y tiempos para todas las dependencias públicas que administran recursos públicos transferibles a dichas organizaciones.
Segundo.- La Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular de la Dirección de Legislación y Consulta de Fideicomisos para que informe sobre el régimen, operación y control de los fideicomisos públicos que se encuentran registrados en esa dependencia.
Tercero.-La Comisión Permanente solicita a la Dirección General de los Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, a la Dirección General de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, al Servicio de Administración de Bienes Asegurados y a la Dirección General de Aduanas, a que hagan públicos los montos con que han apoyado a organizaciones de la sociedad civil y precisen cuáles son éstas, así como se remita a esta Soberanía copia de dicha información.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A de 10 agosto DE DOS MIL CUATRO.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación, informe sobre los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada desarrolla el CISEN.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO por el que SE solicita al Secretario de Gobernación, informe sobre los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que, en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada desarrolla el CISEN.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de la Diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación, a fin de que informe respecto a los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que, en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada, desarrolla el CISEN.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 23 de junio de 2004, el Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de la Diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por la que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación, a fin de que informe respecto a los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que, en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada, desarrolla el CISEN.
La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha de agosto del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Primera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que en lo fundamental señala:
• Se cita a comparecer al señor Licenciado Santiago Creel Miranda, para que informe a esta representación nacional respecto a los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada desarrolla el CISEN.
• La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, integra una Comisión Plural con un representante por partido político, para recabar y evaluar información referida en el párrafo anterior.
2.- Señalan los promoventes de la Proposición a estudio que la delincuencia organizada se ha convertido en una próspera empresa perversa que ha ido trastocando las estructuras políticas y jurídicas del país, deteriorando gravemente nuestros sistemas de procuración y administración de justicia. Que de acuerdo a cálculos basados en estimaciones de organismos nacionales e internacionales, el crimen organizado en México habría tenido durante 2003 un ingreso cercano a los 130 mil millones de dólares.
Que según la DEA, el narcotráfico en México genera 90 mil millones de dólares anuales, el lavado de dinero 25 mil millones y el contrabando y la piratería alrededor de 8 mil millones. Pero además, hay muchas otras mafias cuya actividad produce miles de millones de dólares a los criminales, como el secuestro, robo de combustibles a PEMEX, redes de prostitución y delitos financieros, tráfico de infantes, de órganos, de migrantes y armas.
Que la empresa del crimen repercute de manera grave y negativa en el tejido social, en las instituciones públicas y en las políticas del Estado. También en las condiciones de seguridad y bienestar nacionales. El clima de inseguridad desalienta la inversión privada y extranjera.
Que en todo el territorio nacional existe una demanda social creciente de seguridad. Que ante una delincuencia que tiene a su alcance enormes recursos financieros, la información y la inteligencia debieran constituir elementos fundamentales para proveer seguridad al Estado y a los ciudadanos.
Que una de las estrategias esenciales de una política de seguridad democrática debiera apuntar hacia la estructuración de un sistema de inteligencia e información oportuno, eficaz y altamente ligado a la cooperación de la ciudadanía, que anticipara a las actividades ilícitas.
Que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) no funciona como órgano de Estado al servicio de la sociedad. Que las actividades del CISEN se apartan cada vez más de uno de los principales temas de su agenda, realizar inteligencia y contrainteligencia en materia de delincuencia organizada.
3.- Los miembros de la Primera Comisión queremos manifestar que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional es el servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de México. Como entidad del Estado mexicano, el CISEN es un órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y operativa, adscrito al Secretario de Gobernación.
De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en su artículo 38 se establece que el CISEN tendrá las siguientes atribuciones:
I. Establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad democrática y a fortalecer el Estado de Derecho;
II. Recabar y procesar la información generada por el sistema a que se refiere la fracción anterior; determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país;
III. Preparar estudios de carácter político, económico, social y demás que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre los riesgos y amenazas a la seguridad nacional.
Los principios que guían su misión institucional son: apego a la legalidad; nacionalismo, lealtad, honestidad, disciplina, discreción, profesionalismo, desarrollo con calidad, pulcritud, confianza y eliminación de la impunidad.
Por otra parte, en lo relativo a la inteligencia, los legisladores entendemos ésta como el conocimiento destinado a asistir al gobierno en la toma de decisiones sobre asuntos de seguridad nacional que, dentro del marco del derecho, se obtiene mediante un proceso determinado.
En este sentido, compartimos con los promoventes el interés en conocer el grado de avance y cumplimiento del plan estratégico que en esta materia desarrolla el CISEN.
Sin embargo, y en virtud de la próxima conclusión de los trabajos de esta Comisión Permanente, consideramos que la segunda propuesta presentada por los promoventes, relativa a la integración de una Comisión Plural con un representante por partido político, para que recabe y evalúe información respecto a los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada desarrolla el CISEN, tendría mayor posibilidad de ser integrada durante el próximo período ordinario de sesiones.
Por las razones que anteceden, los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, proponemos la aprobación de los siguientes:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- En el marco de la división de Poderes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Licenciado Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación, que informe a la brevedad posible a esta representación nacional, sobre los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada desarrolla el CISEN.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A cuatro de agosto DE DOS MIL CUATRO.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre la problemática del tiradero a cielo abierto del Municipio de Coacalco y la construcción de un relleno sanitario en dicho Municipio.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INFORME SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE COACALCO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO EN DICHO MUNICIPIO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fueron turnados para su análisis y dictamen correspondiente, dos Propuestas con Punto de Acuerdo, la primera, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe sobre la problemática del tiradero del Municipio de Coacalco, presentada por el Senador Jesús Ortega Martínez, a nombre del Diputado Omar Ortega Alvarez, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y la segunda presentada también por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que la Presidenta Municipal de Coacalco informe sobre la propuesta para la construcción de un relleno sanitario en el Municipio.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen a tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En Sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada en fecha 28 de julio de 2004, el Senador Jesús Ortega Martínez, a nombre del Diputado Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento propuesta con Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe sobre la problemática del tiradero a cielo abierto en el Municipio de Coacalco y la autorización para la construcción de un relleno sanitario en el municipio.
2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dispuso turnar el Punto de Acuerdo para su análisis y dictamen correspondiente, a esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
3.- En Sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada el 4 de Agosto de 2004, el Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con Punto de Acuerdo para que la Presidenta Municipal de Coacalco informe sobre la propuesta para la construcción de un relleno sanitario en el Municipio.
4.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, dispuso turnar el Punto de Acuerdo para su análisis y dictamen correspondiente, a esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
5.- En términos de lo que dispone el artículo 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Primera Comisión corresponde emitir el presente dictamen al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
ANALISIS DE LAS PROPUESTAS
I. Se procede en primer término, a analizar el Punto de Acuerdo presentado por el Sen. Jesús Ortega Martínez en nombre del Dip. Omar Ortega Álvarez.
1.- Los integrantes de la Primera Comisión estiman procedente, y procesalmente oportuno, puntualizar el contenido de las propuestas de mérito contenidas en el primero de los Puntos de Acuerdo, que señalan:
PRIMERO: Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), proporcione la información relacionada con: la situación que guarda el tiradero al aire libre del basurero del municipio de Coacalco, los permisos vigentes, los estudios de impacto ambiental, vida útil, detalles de la infraestructura (taludes, canales de lixiviados, laguna de evaporación, refrescadoras para gases, rellenos de tepetate, etc.) Así como las condiciones en que fueron entregadas por la administración pasada.
SEGUNDO: Exhortar al Congreso local a que, en uso de sus facultades, llame a la mayor brevedad a comparecer a la presidenta municipal de Coacalco, C. Julieta Villalpando Riquelme, para que explique la situación actual del tiradero a cielo abierto (vida útil, impacto ambiental, las alternativas que existen, esquemas de información para la comunidad etc.).
TERCERO: Que del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2005 se otorgue una partida de recursos para que los municipios del Estado de México inicien con los programas de gestión integral de los residuos sólidos.
2.- El Diputado Omar Ortega Álvarez, autor del Punto de Acuerdo, sustenta la siguiente argumentación para fundamentar su petición:
Que los legisladores del LVIII Legislatura expidieron la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que establece la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos, como tarea concurrente de las autoridades. Que este ordenamiento señala que la generación de residuos puede y debe ser evitada mediante el reúso y el reciclado, dejando una mínima cantidad para ser tratada o dispuesta en rellenos sanitarios o confinamientos y que para lograr esto se deben establecer sistemas de gestión integral de residuos que combinen las formas alternativas de manejo, adecuándolas a las circunstancias y necesidades locales.
Que la C. Presidenta Municipal de Coacalco, Julieta Villalpando Riquelme, parece desconocer lo ordenado por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, pues ha impuesto criterios diferentes a los de la norma para el manejo de los desechos sólidos. Señala además el Diputado Ortega que las nuevas disposiciones dan mucha importancia al derecho a la información de los ciudadanos, lo que no se ha cumplido cabalmente.
Según el promovente, la C. Presidenta Municipal de Coacalco asegura que el tiradero a cielo abierto denominado "la Aurora", en el cual se deposita la basura actualmente, ya ha terminado su vida útil; sin embargo, no hay información a la comunidad sobre ese asunto, ni sobre las razones por las que se transportó durante un tiempo la basura al municipio de Tlalnepantla; tampoco ha informado sobre los continuos incendios que se suscitan en el tiradero. El diputado Ortega se pregunta si la Semarnat tiene conocimiento de estos hechos y si el Ayuntamiento de Coacalco ha solicitado algún estudio sobre la situación actual del tiradero y su impacto ambiental.
Que Julieta Villalpando Riquelme ha incumplido las nuevas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos al negar información sobre la situación que guarda la gestión de residuos en Coacalco y al querer imponer su política de gestión sin consulta a los ciudadanos, pues dicho ordenamiento señala que los municipios fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y operación de grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de políticas y programas correspondientes, así como para prevenir la contaminación de sitios con materiales y residuos y llevar a cabo su remediación, además de convocar a los grupos sociales organizados a participar en proyectos destinados a generar la información necesaria para sustentar programas de gestión integral de residuos y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales.
Que el proceder de la C. Presidenta Julieta Villalpando da lugar a pensar que su interés es guardar en reserva al grupo de inversionistas que se encargan de la gestión de residuos sólidos en el municipio. Que la participación del capital privado es importante, pero que esta debe ser transparente, en la libre competencia, cumpliendo con las normas que regulan la concesión de los servicios públicos y previo cumplimiento de los trámites legales y administrativos de la licitación.
Que el promovente rechaza la incineración de los residuos sólidos en el Estado de México, pues la incineración con tecnología de plasma, que destruye residuos a temperaturas de hasta 20 mil grados centígrados, implica un gran consumo de energía y genera cenizas tóxicas que contaminan la atmósfera y afectan la salud humana. Que mientras esta tecnología de incineración disminuye en Europa y Estados Unidos, está migrando a los países en desarrollo con el apoyo de compañías multinacionales que fabrican incineradores y también de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y que de esta forma se violentan también acuerdos internacionales en defensa del medio ambiente y la biodiversidad, como la reciente declaración Johannesburgo.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Los Diputados y Senadores integrantes de esta Comisión, expresamos nuestra convicción del respeto que debe existir entre los distintos Poderes de la Unión y entre los niveles de Gobierno.
Consideramos necesario que, por el bien de la salud de los habitantes del Municipio de Coacalco, Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tome las medidas necesarias para que los depósitos de residuos comúnmente llamados “tiraderos”, se encuentren en todo momento controlados por las autoridades sanitarias y ecológicas.
Asimismo, estimamos necesario que el Congreso de la Unión, por medio de su Comisión Permanente, cuente con la información necesaria para pronunciarse respecto al tema en estudio.
Creemos que es procedente el exhorto a la Secretaría para que informe a esta Soberanía sobre la situación que guarda el depósito de residuos del Municipio de Coacalco de Berriozabal, para conocer el estado que guardan los permisos vigentes, los estudios de impacto ambiental, vida útil, detalles de la infraestructura (taludes, canales de lixiviados, laguna de evaporación, refrescadoras para gases, rellenos de tepetate, etc.), tal y como lo solicita el proponente.
La primera petición que el Diputado Ortega plantea en el Punto de Acuerdo en estudio es completamente atendible, por tratarse de un asunto de interés público y de vital importancia para la salud y bienestar de la población de Coacalco y municipios aledaños.
Por lo que hace a la segunda petición del Punto de Acuerdo, la Comisión Permanente no puede emitir ningún pronunciamiento. Lo anterior en razón de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción III, inciso c) faculta a los Municipios a tener su cargo las funciones y servicios públicos que en la referida fracción se enlistan. Si bien el autor de la propuesta considera que la alcaldesa de Coacalco está actuando en contra de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y el segundo párrafo de la misma fracción precisa que en el desempeño de la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales, los integrantes de esta Comisión consideramos que corresponde al Congreso Local iniciar la investigación correspondiente. Por lo antes expuesto, no consideramos procedente la petición referida en ese párrafo.
En cuanto a la tercera petición contenida en el Punto de Acuerdo, la Comisión Permanente carece de facultades en materia presupuestal. Por disposición constitucional, corresponde a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión estudiar la viabilidad de la propuesta del Diputado Omar Ortega. En tal virtud, la primera Comisión resuelve turnar a la Cámara de Diputados, el Punto de Acuerdo del Diputado Ortega, para que las Comisiones competentes, se aboquen exclusivamente al estudio y dictamen de la tercera petición contenida en la propuesta en estudio.
II. Procedemos ahora al análisis del segundo Punto de Acuerdo, presentado por el Dip. Omar Ortega Álvarez, el pasado 4 de agosto de 2004.
1.- Los integrantes de la Primera Comisión, estiman procedente iniciar el análisis del punto de acuerdo, precisando el contenido de las propuestas, que señalan:
PRIMERO.- Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Congreso del Estado de México para que solicite a la C. Julieta Villalpando Riquelme, presidenta municipal de Coacalco, informe por escrito a dicha soberanía de las acciones o medidas que han tomado las dependencias de la administración que preside respecto a la problemática derivada de los desechos de basura, el actual tiradero y la posible construcción de un relleno sanitario, los estudios de impacto ambiental, así como los inversionistas que estén realizando propuestas para el programa: del relleno sanitario, de prevención de la generación de desechos sólidos, de valorización y gestión integral de los residuos. Que del informe que rinda la C. Julieta Villalpando Riquelme, la Comisión Permanente solicite a la Legislatura estatal tenga bien remitir una copia del mismo.
SEGUNDO.- Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la C. Julieta Villalpando Riquelme para que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º constitucional, informe a la ciudadanía de Coacalco, Estado de México, en particular a la comunidad de Calpulli del Valle, la situación del basurero a cielo abierto, la construcción de un relleno sanitario y las acciones que ha implementado su gobierno respecto a la protección y conservación del medio ambiente y salud de los habitantes del municipio.
2.- El autor del Punto de Acuerdo da a conocer la argumentación que sustenta para fundamentar su petición:
Que es de todos conocida la problemática que día a día se va generando en el país por el aumento de desechos tóxicos, contaminantes y focos de infección, como consecuencia de las pocas medidas que han sido tomadas por diversos gobiernos, respecto a los desechos. Que esta problemática también se da en el municipio de Coacalco, en donde sin prever los riesgos de contaminación e insalubridad, se viene utilizando como tiradero un espacio a cielo abierto que, por manifestaciones de la propia Julieta Villalpando Riquelme, presidenta municipal, se encuentra a su máxima capacidad y prácticamente sin vida útil; a pesar de lo cual se sigue utilizando.
Que, pese a la obligación que le imponen a la presidenta municipal los ordenamientos estatales de informar a la población respecto a los problemas que atañen a la comunidad, las autoridades municipales no han informado adecuadamente. Que la Legislatura local ha tomado cartas en el asunto, y que como legisladores federales debemos hacer eco de este llamamiento, no sólo por lo que se refiere al Estado de México sino a todo el país, para defender, proteger, salvaguardar y conservar nuestros recursos naturales y el medio ambiente en general.
Que los pobladores de Calpulli del Valle, en Coacalco, han manifestado su preocupación respecto de este grave problema, ya que han tenido conocimiento de la existencia de documentos oficiales en los que se menciona la factibilidad de construir un relleno sanitario en la mina de tepetate denominada "La Bezana".
Que, no obstante lo anterior, la comunidad no ha sido informada de manera oficial ni conoce estudios técnicos o datos precisos al respecto, a pesar de las gestiones realizadas para tal fin, pues la Dirección de Ecología Municipal sólo contesta con evasivas y vaguedades, por lo que han expresado su franca inconformidad con la probable creación de dicho relleno sanitario pues, además de la afectación a su propia comunidad, se sabe que los mantos acuíferos que alimentan el sistema Cutzamala serían contaminados por los desechos tóxicos que genere el relleno sanitario.
Que entre los residuos y desechos que son llevados al basurero se encuentran envases de productos químicos y petroquímicos que por su naturaleza son altamente peligrosos e inflamables y ya han ocasionado incendios; además de que se incluyen grandes volúmenes de residuos industriales de igual manera peligrosos, los que combinados con los gases que produce el tiradero de basura a cielo abierto ponen en peligro a toda la comunidad.
Que resulta inaceptable la actitud de Julieta Villalpando Riquelme al desatender las peticiones de la ciudadanía, cuyos intereses se encuentra obligada a proteger por ley. Que debe considerar la opinión ciudadana y tomar las decisiones en función del bienestar y provecho de la comunidad y que, antes de la creación, autorización y funcionamiento de otro relleno sanitario, deben realizarse estudios de impacto ambiental con amplia participación.
Que en la solución al problema de los desechos sólidos en el municipio de Coacalco debe favorecerse la política de participación de las comunidades y organizaciones así como la creación de empresas y microempresas para promover el reciclaje. Que, en todo caso, las políticas en cuestión deben ajustarse a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de octubre del 2003.
Que con la autorización del relleno sanitario en el municipio de Coacalco se crearán mercados ambientales, que deben contar con reglas claras que brinden certeza jurídica a los inversionistas y garanticen un manejo de residuos con un enfoque de sustentabilidad. Que el manejo integral del relleno sanitario debe estar basado también en un enfoque de prevención de su generación, de aprovechamiento de su valor y su de gestión integral ambientalmente eficiente, socialmente aceptable y económicamente factible. Que tanto la inversión social como la privada que ello requiere, deberán contar con una alta tecnología que permita minimizar el impacto ambiental y que por ello la participación de los inversionistas debe ser legal y transparente.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Los suscritos Legisladores, integrantes de esta Comisión, encuentran grandes similitudes en el contenido y objetivos de los dos puntos de acuerdo dictaminados en este acto.
Por lo que se refiere a la primera petición, tal y como se mencionó en el análisis del primer punto de acuerdo, esta Comisión considera que jurídicamente es improcedente y políticamente inapropiado que la Comisión Permanente exhorte al Congreso del Estado de México para que pida informes a la Alcaldesa de Coacalco, respecto del asunto en estudio. El Congreso de la Unión debe ser respetuoso de la Soberanía y autodeterminación de los Estados de la Federación, y en particular de sus Poderes constitucionales. Reiteramos nuestra convicción de que ese punto en particular debe ser resuelto por el propio Congreso Local.
No obstante lo anterior, sí consideramos procedente exhortar a la Presidenta Municipal de Coacalco de Berriozabal, a que informe por escrito a esta Comisión Permanente sobre las acciones o medidas que han tomado las dependencias de su administración respecto a la problemática derivada de los desechos de basura, el actual tiradero y la posible construcción de un relleno sanitario.
En cuanto a la segunda petición contenida en el punto de acuerdo, consideramos que el planteamiento sí puede ser atendido por el Congreso de la Unión, en razón de que la misma se sustenta en una garantía constitucional de mantener a la población debidamente informada de un asunto de interés público, más cuando el problema aludido podría repercutir en la salud de la población.
En razón de todo lo anterior, se propone la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a la mayor brevedad sobre la situación que guarda el depósito de residuos al aire libre del Municipio de Coacalco de Berriozabal, con relación a los permisos vigentes, los estudios de impacto ambiental, vida útil, detalles de la infraestructura (taludes, canales de lixiviados, laguna de evaporación, refrescadoras para gases, rellenos de tepetate, etc.), así como las condiciones en que este depósito fue entregado por la administración municipal anterior.
SEGUNDO.- Túrnese el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Omar Ortega Álvarez el 28 de julio de 2004, así como el presente dictamen, a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en uso de las facultades que le confiere el artículo 74 fracción IV de la Constitución de la República, estudie y dictamine la tercera petición contenida en el referido Punto de Acuerdo.
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la C. Julieta Villalpando Riquelme, Presidenta Municipal de Coacalco de Berriozabal, para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º constitucional, informe a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, así como a la ciudadanía de Coacalco, Estado de México, en particular a la comunidad de Calpulli del Valle, la problemática que prevalece respecto al depósito de residuos a cielo abierto; sobre la probable construcción de un nuevo relleno sanitario en dicho Municipio y sobre las acciones que ha implementado su administración respecto a la protección y conservación del medio ambiente y salud de los habitantes de Coacalco.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A de 10 agosto DE DOS MIL CUATRO.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo para que se sancione a los responsables del sacrificio de delfines en la localidad de Laguna de Términos, Campeche y se establezca un programa de monitoreo y vigilancia de las artes de pesca en el área de protección de flora y fauna en esa zona.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN CON PUNTOS DE ACUERDO PARA QUE SE SANCIONE A LOS RESPONSABLES DEL SACRIFICIO DE DELFINES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE TERMINOS, CAMPECHE, Y SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA DE MONITOREO Y vigilancia de las artes de pesca EN EL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA EN ESA ZONA.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) a que investigue y en su caso finque responsabilidades y sancione a los presuntos responsables del sacrificio de los delfines encontrados en Laguna de Términos, Campeche, de conformidad con lo previsto por el articulo 420 del Código Penal Federal.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 21 de julio de 2004, el Diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) a que investigue y en su caso finque responsabilidades y sancione a los presuntos responsables del sacrificio de los delfines encontrados en Laguna de Términos, Campeche, de conformidad con lo previsto por el articulo 420 del Código Penal Federal.
La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Primera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que exhorta a la Procuraduría General de la República a que investigue y en su caso finque responsabilidades y sancione a los presuntos responsables del sacrificio de los delfines encontrados en Laguna de Términos, Campeche; a la Secretaría de Marina, a que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instrumente un programa de monitoreo y vigilancia de las artes de pesca usadas dentro del área, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que evalué, revise y en su caso adecue el plan de manejo del área; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las dependencias que corresponda, a instrumentar una red de varamiento de mamíferos marinos en esa región del Golfo de México.
2.- Señala el promovente de la Proposición a estudio, que la Laguna de Términos se ubica en la parte sureste del Golfo de México en el Estado de Campeche, y que el Área Natural Protegida fue decretada el 06 de Junio de 1994, en la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna y actualmente cuenta con un Programa de Manejo. Que dicha Laguna es uno de los ecosistemas lagunares estuarinos más extensos e importantes de México. Que como consecuencia de la gran productividad y diversidad de ecosistemas y asociaciones vegetales, se registra también una alta diversidad faunística, y que, desafortunadamente, el manejo de los recursos naturales dentro del Área Natural Protegida es un problema de la mayor relevancia.
Que en fechas recientes, el hallazgo de más de 10 delfines muertos ha despertado la preocupación de las autoridades así como de la población del lugar.
Que la mayoría de los cadáveres encontrados presentan huellas del daño producido por redes y motores de embarcaciones así como un gran número de traumatismos y heridas de arpón, lo cual es indicio de que los animales fueron presuntamente sacrificados por caer en las redes de pescadores ilegales o por nadar en aguas donde no se controla la velocidad de los navíos.
Que, en función de las cifras obtenidas por el Dr. Alberto Delgado Estrella, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Laguna de Términos se han podido diferenciar alrededor de 2,000 delfines que permanecen en riesgo de no darse solución a la problemática de pesca ilegal.
Que el número de mamíferos marinos varados en Términos se ha incrementado en los últimos tres años, mientras que el presupuesto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas va disminuyendo, impidiendo su adecuado desempeño dentro de la Zona.
3.- Los integrantes de esta Primera Comisión queremos recordar que, con fecha 6 de Junio de 1994, se publicó el Decreto por el que se declara como Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna la región conocida como Laguna de Términos, ubicada en los municipios de Carmen, Palizada y Champotón, Estado de Campeche, con la finalidad de planear y administrar integralmente los recursos ecológicos de la región, proteger las condiciones ambientales para armonizar y dinamizar su desarrollo, y preservar el equilibrio del hábitat del que depende la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres y acuáticas.
Para los integrantes de esta Comisión resulta de la mayor importancia contar con una política de Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias del deterioro ecológico y que siente las bases para un desarrollo sustentable en el país; orientada a responder a la creciente expectativa nacional de proteger nuestros recursos naturales e incidir en las causas que originan la contaminación, la pérdida de ecosistemas y de la biodiversidad.
Por ello consideramos fundamental luchar por incorporar en todos los ámbitos de la función pública criterios e instrumentos que aseguren la protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable.
Consideramos, por último, que las autoridades tienen una responsabilidad ineludible en la vigilancia del cumplimiento de las normas que garanticen la sustentabilidad de nuestro medio ambiente.
Por todo lo anterior, valoramos como pertinente la propuesta del Diputado Velasco Rodríguez y se propone la aprobación de los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
Primero: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el marco de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que investigue y, en su caso, sancione a los presuntos responsables del sacrificio de los delfines encontrados en Laguna de Términos, Campeche, de conformidad con lo previsto por el artículo 420 del Código Penal Federal.
Segundo: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Marina a que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instrumente un programa de monitoreo y vigilancia de las artes de pesca usadas dentro del área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, Campeche.
Tercero: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que evalué, revise y, en su caso, adecue el plan de manejo del área de protección de flora y fauna de Laguna de Términos, de tal forma que se especifique de manera puntual las artes de pesca prohibidas dentro de la misma.
Cuarto: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, dentro del ámbito de sus competencias a instrumentar una red de varamiento de mamíferos marinos en esa región del Golfo de México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 10 de agosto de 2004.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo en torno a las investigaciones sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y el delito de feminicidio en el territorio nacional.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN TORNO A LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS HOMICIDIOS DE MUJERES EN CIUDAD JUAREZ Y EL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL TERRITORIO NACIONAL.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y análisis el expediente integrado, referente a las proposiciones con Punto de Acuerdo presentados por las Senadoras Sara Isabel Castellanos Cortes y Erika Larregui Nagel del 9 y 16 de junio y uno del Dip. Pablo Gómez Álvarez de fecha 16 de junio, así como una propuesta de fecha 21 de julio presentada por la Comisión Especial del Senado de la República, con relación a la violencia contra las mujeres y los homicidios en Ciudad Juárez.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
I. ANTECEDENTES
1. Con fecha 9 de junio de 2004, la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés presentó un punto de acuerdo en relación al informe de la Fiscal Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua.
2. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 16 de junio de 2004, la senadora Erika Larregui Naguel presentó una propuesta para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que desarrollen programas de prevención, investigación, seguimiento y combate a la violencia contra las mujeres y al titular del Poder Ejecutivo Federal para instruya al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de la República, enfaticen las tareas de colaboración con el propósito de combatir eficazmente el fenómeno del feminicidio.
En esa misma sesión, el diputado Pablo Gómez Alvarez, a nombre del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, presentó una proposición para que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades judiciales del Estado de Chihuahua a la pronta consignación de los funcionarios públicos señalados en el informe de la Fiscalía Especial para Investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, a fin de avanzar en la procuración de justicia y el esclarecimiento de los feminicidios.
3. El 21 de julio de los corrientes la Sen. Leticia Burgos, a nombre de la Comisión Especial del Senado de la República para dar seguimiento al avance de investigaciones en torno al caso de los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentó propuesta en el sentido de que el Procurador General gire instrucciones específicas a la Fiscal Especial.
4. El Presidente de la Comisión Permanente determinó turnar los asuntos referidos a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Con fecha 10 de agosto del año en curso, la Primera Comisión en reunión de trabajo procedió a elaborar del presente dictamen con base en las siguientes
II. CONSIDERACIONES
1.- En primer lugar, la propuesta de la senadora Erika Larregui, presentada el 16 de junio pasado, hace referencia a la violencia contra las mujeres, y que ha dado lugar al delito de feminicidio, el cual se registra no sólo en Ciudad Juárez, sino en otras regiones del país.
En su exposición, la senadora menciona que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha detectado 26 casos más de homicidio de mujeres, de los cuales cinco corresponden a la Ciudad de Chihuahua; 16 a la Ciudad de León, Guanajuato; y 5 a la Ciudad de Nogales, Sonora; agrega que aún cuando cuentan con un patrón aparentemente diverso, coinciden en una manifestación de violencia hacia las mujeres. La proponente hace una denuncia al manifestar que la violencia se está convirtiendo en una característica central de la sociedad mexicana, que afecta a hombres y mujeres, pero que nuestra cultura hace propicia una mayor inclinación para que sean las mujeres quienes sufran sus impactos.
Señala que el feminicidio ha crecido en los últimos cinco años en un porcentaje exponencial, en todo el país. En el caso del Distrito Federal, Chihuahua, Chihuahua, León, Guanajuato; y Nogales, Sonora, el crecimiento ha sido mayor y considera que es fundamental que haya un plan integral de erradicación de la violencia, acompañado de un sistema eficaz de persecución del delito, por lo que se debe llamar a las autoridades federales y estatales para que no minimicen el problema.
La proposición en comento señala a la letra:
“PRIMERO: Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, así como a los titulares de los Ejecutivos de las entidades Federativas, a que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de los órganos auxiliares y consultivos de la misma, como los Consejos Nacional, Estatales y Municipales de Seguridad Pública, además de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, para que con la urgencia y seriedad que el caso amerita, desarrollen programas especiales de prevención, investigación, seguimiento y combate al fenómeno de violencia contra las mujeres.
“Se exhorta especialmente al Ejecutivo Federal para que dicte las instrucciones correspondientes al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de la República, a efecto de que en ejercicio de sus respectivas atribuciones y convenios celebrados, enfaticen las tareas de colaboración, coordinación, apoyo y asesoría con las autoridades de seguridad pública y administración de justicia de los demás órdenes de gobierno en las entidades que reportan mayores índices de recurrencia, violencia e impunidad en los delitos contra las mujeres, con el propósito de combatir eficazmente el fenómeno del feminicidio.
“SEGUNDO: En su oportunidad, se solicita al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y al Procurador General de la República, que informen a esta soberanía de las acciones y resultados obtenidos en el tema planteado.”
2.- En lo que concierne a la propuesta de la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, hace referencia al primer informe de gestión de la Fiscal Especial María López Urbina y de la Comisionada Guadalupe Morfín Otero, cuyos datos revelan la existencia de responsabilidades atribuibles a ciento sesenta y siete servidores públicos.
La proposición con punto de acuerdo a la letra dice:
“ÚNICO.- Solicitar al Procurador General de la República gire instrucciones a la Fiscal Especial Lic. María López Urbina a fin de que:
1. Al entregar las constancias de las indagatorias que la llevaron a estas conclusiones a las autoridades locales competentes, las exhorte para que integren las averiguaciones previas de inmediato, utilizando las evidencias que ella proporcionó, sin realizar más investigaciones que retrasen el ejercicio de las acciones penales correspondientes;
2. Cooperar con las autoridades locales a fin de que se integren las averiguaciones previas con celeridad y eficacia;
3. Llamar a los familiares de las víctimas que pudieren estar involucradas en los casos analizados y que sirvieron para encontrar la evidencia a la que se hace referencia, a fin de que sean coadyuvantes del Ministerio Público local, y
4. Acelerar el análisis de los expedientes que le turnara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y enviar de inmediato a las autoridades competentes todos aquellos casos en que se encuentren evidencias de responsabilidad penal y/o administrativa de servidores públicos”.
3.- Por lo que toca a la propuesta del diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del 16 de junio de este año, hace también referencia al informe presentado el 3 de junio por la Fiscal Especial para la Investigación de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, María López Urbina, en el que solicitó se finquen responsabilidades penales o administrativas a 81 funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua.
Se trata de 7 Fiscales Especiales, 20 agentes del Ministerio Público, 10 subagentes del Ministerio Público, un subjefe de oficina de Averiguaciones Previas, 2 jefes de Oficina y Procesos Conciliatorios, 24 agentes de la Policía Judicial y 17 peritos, todos ellos señalados por la Fiscalía Especial como probables responsables de negligencia y omisiones en la investigación de diversos casos de mujeres asesinadas.
Estos servidores públicos además incurrieron en deficiencias en la integración de las averiguaciones previas y en el manejo de la investigación, así como la pérdida de evidencias al no proteger adecuadamente la escena del crimen.
El proponente solicita, en aras de lograr la justicia que exigen los familiares de las víctimas y la sociedad, se demande a las autoridades judiciales del Estado de Chihuahua que sometan a proceso penal los servidores públicos señalados por la Fiscal Especial.
Ante las recientes muertes de mujeres y el riesgo de que se repita el patrón de feminicidios, se requieren señales claras de que se avanza en el esclarecimiento de tantos crímenes que permanecen impunes. Asimismo, ante la contundencia del informe presentado por la Fiscal Especial en el que se pone en evidencia que los dictámenes periciales adolecen de serios problemas de validez y confiabilidad, puesto que es notorio que en dichas indagaciones no existió un seguimiento adecuado del Ministerio Público respecto de la actividad de la Policía Judicial, no queda duda de que se debe actuar pronto.
Además se mencionó que tampoco se establecieron medidas encaminadas a una investigación exitosa en todos y cada uno de los casos, ya que incluso se dejó de interrogar a testigos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.
Agrega el proponente, que en los 21 juicios ya concluidos hasta ahora relacionados con los feminicidios, los jueces han condenado a 23 personas, de las que 20 son hombres y tres mujeres. Muy poco si se consideran los cientos de asesinatos de mujeres inocentes que se han registrado desde hace 10 años.
El proponente solicita en su propuesta la aprobación del siguiente punto:
“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades judiciales del estado de Chihuahua a la pronta consignación de los funcionarios públicos señalados en el informe de la Fiscalía Especial para Investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez a fin de avanzar en la procuración de justicia y el esclarecimiento de los Feminicidios”.
En el mismo tenor, la Comisión Especial de Senado de la República para dar seguimiento al avance de las investigaciones en torno al caso de los homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en su propuesta, hace referencia al mismo informe y a lo declarado por la Fiscal Especial, quien confirmó la existencia de posibles responsabilidades de servidores públicos.
III. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Esta Comisión considera la viabilidad de las proposiciones presentadas, que surgen en razón de lo declarado del Primer Informe presentado por la Fiscal Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, María López Urbina, y cuya facultad, entre otras, es investigar los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que son o lleguen a ser de la competencia de la Procuraduría General de la República.
Atendemos la preocupación de la senadoras Sara Castellanos y Leticia Burgos Ochoa como integrantes de la Comisión Especial del Senado, creada el 7 de octubre de 2003, para dar seguimiento a las investigaciones de los homicidios en Ciudad Juárez y quienes se han manifestado por la revisión y creación de un sistema jurídico adecuado que facilite salvar esas condiciones persistentes que no sólo permiten la impunidad, sino que agravan los crímenes en contra de las mujeres. La incidencia que presenta este delito ha adquirido un nivel que hace necesaria la atención inmediata de todos los niveles de gobierno.
Es preciso aclarar que en el mes de enero de 2004, mediante el Acuerdo número A/003/04 del Procurador General de la República por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, se reconoció que en el Municipio de Juárez, Chihuahua confluyen factores diversos que imprimen un matiz específico a la ciudad que la han llevado a niveles de violencia extremos en esa demarcación territorial, registrándose en los últimos 10 años el homicidio de 258 mujeres, según datos aportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, y que por estas y otras consideraciones, organismos y organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, recomendaron al Estado Mexicano la participación y colaboración de todos los niveles de gobierno en la investigación de los casos aún no esclarecidos en relación con los homicidios de mujeres ocurridos y procesar a sus autores.
Asimismo, el acuerdo hace mención a la asistencia que ha proporcionado la Procuraduría General de la República a la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de garantizar una adecuada “supervisión de los funcionarios encargados de adoptar medidas de reacción e investigación frente a dichos injustos penales, examinar la posibilidad de establecer unidades especiales que se ocupen de los delitos de violencia contra la mujer, y ofrecer así resultados tangibles a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional”.
Agrega que el Estado Mexicano “como parte integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha comprometido ante la comunidad internacional a vigilar el respeto a los derechos y libertades de la población mexicana, adoptando las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de toda persona, garantizando su libre y pleno ejercicio, erradicando la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole.”
En atención a estas y otras consideraciones importantes, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, la cual se adscribe a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de esta Procuraduría.
En apego a las atribuciones que por el Acuerdo de referencia se otorgan a la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, resultan procedentes las propuestas a fin de solicitar al Procurador General instruya a la Fiscal Especial, para que coordine las acciones que en el resolutivo de este dictamen se solicitan.
Cabe agregar que, en días pasados la propia Fiscal Especial señaló que, de acuerdo a los registros oficiales, entre mayo de 1993 y mayo de 2004 se han registrado en Ciudad Juárez 312 homicidios de mujeres. Los homicidios cometidos hasta la fecha son multifactoriales debido al incremento de la criminalidad en una ciudad con pocas raíces culturales y con un tejido social altamente fraccionado. Debido a estos factores se agudizó el fenómeno de violencia contra la mujer. Entre otros datos, señala que las mujeres y niñas pobres figuran entre los principales grupos afectados debido a su marginación, existe violencia en los hogares por causa del alcoholismo y drogadicción, y 60 por ciento de las mujeres han sido víctimas del maltrato por parte de esposos, amigos o concubinos.
La propia Fiscal Especial considera imprescindible “continuar uniendo esfuerzos con programas y prácticas, incluida la incorporación de una perspectiva de género; continuar promoviendo actividades coordinadas en la investigación sobre la violencia contra la mujer; adoptar de manera permanente medidas especiales para proteger a las mujeres trabajadoras migrantes y capacitar al personal encargado de procurar justicia para asegurar un trato justo de la mujer.
Es necesario llevar a cabo por parte de las autoridades un trabajo sustantivo de manera pronta y expedita como lo establecen los marcos normativos.
En el caso de los servidores públicos y como lo señalan los promoventes, es necesario conocer con mayor precisión el grado de responsabilidad de los 167 servidores públicos y saber por qué, de ellos, sólo se refieren a 81 con posible responsabilidad penal o administrativa.
Asimismo, es indispensable y urgente que se ejerciten las acciones penales correspondientes para sancionar a esos servidores públicos que, con su irresponsabilidad y sus omisiones, favorecieron la impunidad.
La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, en voz de sus integrantes, ha informado que existen otros focos rojos en varias entidades del país como Sonora, Sinaloa, Distrito Federal y Durango; y en el Estado de Guanajuato se han registrado 53 homicidios en un período de cuatro años.
Se debe reconocer que el hilo conductor de estos hechos es la violencia de género, violencia que se ha tornado sistemática y cuyas graves repercusiones estamos ahora viviendo.
Al considerar que este problema requiere de acciones decididas de la Federación, que los familiares de las víctimas merecen la acción inmediata de la justicia, que sólo a través del combate decidido a la impunidad se trabajará eficazmente en contra del feminicidio, que la sociedad exige estar informada, y que la denegación de justicia que dura ya más de diez años es una violación grave y sistemática a los derechos humanos de las mujeres, no sólo en Ciudad Juárez sino en todo el territorio nacional, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a la consideración de sus integrantes, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, así como a los titulares de los Ejecutivos de las entidades Federativas, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de los órganos auxiliares y consultivos de la misma, como los Consejos Nacional, Estatales y Municipales de Seguridad Pública, además de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, para que con la urgencia y seriedad que el caso amerita, desarrollen programas especiales de prevención, investigación, seguimiento y combate al fenómeno de violencia contra las mujeres.
Se exhorta especialmente al Ejecutivo Federal para que dicte las instrucciones correspondientes al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de la República, a efecto de que en ejercicio de sus respectivas atribuciones y convenios celebrados, enfaticen las tareas de colaboración, coordinación, apoyo y asesoría con las autoridades de seguridad pública y administración de justicia de los demás órdenes de gobierno en las entidades que reportan mayor recurrencia de violencia e impunidad en los delitos contra las mujeres, con el propósito de combatir eficazmente el fenómeno del feminicidio.
SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Procurador General de la República gire instrucciones a la Fiscal Especial Lic. María López Urbina, para que:
1. Al entregar a las autoridades locales competentes, las constancias de las indagatorias que la llevaron a concluir que hubo negligencia en las actuaciones de las autoridades ministeriales, peritos y policía judicial, las exhorte para que integren las averiguaciones previas a la brevedad posible, utilizando las evidencias que ella proporcionó, como apoyo a las investigaciones locales;
2. Coopere con las autoridades locales a fin de que se integren las averiguaciones previas con celeridad y eficacia;
3. Llame a los familiares de las víctimas que pudieren estar involucradas en los casos analizados y que sirvieron para encontrar la evidencia a la que se hace referencia, a fin de que en los límites que la propia Ley permita, sean coadyuvantes del Ministerio Público local, y
4. A la brevedad posible, concluya con el análisis de los expedientes que le turnara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y enviar de inmediato a las autoridades competentes todos aquellos casos en que se encuentren evidencias de responsabilidad penal y/o administrativa de servidores públicos”.
TERCERO: Esta Comisión Permanente solicita respetuosamente a las autoridades del Estado de Chihuahua un informe sobre el seguimiento que han dado a las gestiones de la Fiscal Especial, Licenciada María López Urbina.
CUARTO: Se exhorta respetuosamente al gobernador electo del Estado de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, a que en la integración de su gabinete considere la necesidad de garantizar que la persona que designe al frente de la Procuraduría General de Justicia cuente con el reconocimiento de la sociedad chihuahuense por su trayectoria, integridad ética y compromiso con la función pública.
QUINTO: Se exhorta respetuosamente a las autoridades electas tanto estatales y municipales del Estado de Chihuahua para que procuren especial cuidado en la selección, capacitación, control y/o contratación del personal que integra los cuerpos de policía y ministeriales, considerando sobre todo la solvencia moral de los mismos.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A diez de agosto DE DOS MIL CUATRO.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Punto de acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo que se avoque a la investigación de los hechos ocurridos en el Municipio de Benito Juárez, quintana Roo.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA UN GRUPO DE TRABAJO QUE SE AVOQUE A LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y la elaboración del dictamen respectivo la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Wadí Amar Shabshab, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita se cree un grupo de trabajo que se avoque a la investigación de los hechos ocurridos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen a tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 28 de julio de 2004, el Senador Wadí Amar Shabshab, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, por la que solicita se cree un grupo de trabajo, que se avoque a la investigación de los hechos ocurridos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
El Presidente de la Mesa Directiva, dispuso que la propuesta de referencia, se turnara a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Primera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los integrantes de la Primera Comisión, estiman procedente y procesalmente oportuno iniciar el análisis del Punto de Acuerdo, refiriendo las propuestas de mérito, que señalan:
PRIMERO.- Se crea un Grupo de Trabajo integrado por un miembro de cada Grupo Parlamentario representado en esta Comisión Permanente, a efecto de que se avoque a la investigación de los hechos ocurridos en el Municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, que derivaron en la sustitución de las autoridades municipales por un Concejo Municipal.
SEGUNDO.- Este Grupo de trabajo informará a esta Comisión Permanente a más tardar el próximo 15 de agosto del resultado de la investigación realizada.
2.- El proponente señala que el viernes 16 de julio del presente año, 11 de los quince miembros del Ayuntamiento de Benito Juárez, en Quintana Roo, presentaron su renuncia a sus respectivos cargos, presentándose ante un notario público para oficializar su dimisión.
Una comisión de concejales y ciudadanos presentaron el documento protocolizado al Congreso del Estado y éste inició un procedimiento que culminó con el nombramiento del Consejo Municipal, que sustituyó a las autoridades del Municipio de Benito Juárez.
El Consejo Municipal en funciones, está conformado por 17 personas y es presidido por la ex diputada local Marisol Ávila Lagos, quien pidió licencia como legisladora unas cuantas horas antes de ser designada consejera municipal.
3.- Los suscritos Legisladores, proceden al estudio de la fundamentación jurídica aplicable al caso incorporada por el promovente, así como a la valoración los aspectos políticos y sociales del problema para, en párrafos posteriores, estar en condiciones de tomar una determinación respecto de la solicitud.
El Senador Amar, cita el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé en su artículo 115 fracción I párrafo quinto que: "En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designan de entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los periodos respectivos...".
Así mismo, señala que el artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, prevé que: "En caso de falta absoluta de algún miembro del Ayuntamiento, éste llamará a los suplentes respectivos, quienes rendirán la protesta y asumirán el desempeño del cargo".
"Cuando el suplente respectivo no pueda entrar al desempeño del cargo, el Ayuntamiento por el voto de las dos terceras partes de sus miembros procederá a nombrar de entre los vecinos del Municipio a quien ocupará el cargo, quien en todo caso deberá satisfacer los requisitos exigidos para ser miembro del Ayuntamiento, con excepción de lo previsto en la fracción III del Artículo 136 de esta Constitución."
El artículo 142 de la Constitución del Estado, dispone que: Si la vacante se genera respecto de algún miembro del Ayuntamiento de los que se eligieron por el principio de representación proporcional, deberá llamarse a quien siga con el carácter de propietario del mismo partido, conforme a la planilla que el partido registró.
A fin de esclarecer el procedimiento, el autor de la propuesta también cita el artículo 143 de la Constitución Local, que señala: El Concejo Municipal se constituirá en una estructura igual a la que corresponda al Ayuntamiento de que se trate, los integrantes del mismo se elegirán de entre las propuestas de vecinos del Municipio, que formulen los grupos parlamentarios representados en la Legislatura; debiendo satisfacer los requisitos exigidos para ser miembros del Ayuntamiento y rendirán la protesta de Ley.
4.- Continúa el promovente diciendo que, de las disposiciones legales antes señaladas se desprende que previo a la integración de un Consejo Municipal debe llamarse a los suplentes respectivos, y sólo en caso de que estos por disposición legal no estén en posibilidad de protestar el cargo, entonces se nombrará el Concejo Municipal.
Que la sustitución del Ayuntamiento de Benito Juárez, por un Concejo Municipal, altera sustancialmente el sentido del voto emitido por los electores de ese municipio y por ende el Estado de Derecho.
Que, no resulta totalmente claro, el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos para la sustitución de las autoridades del municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo, con lo que se rompe con el Estado de Derecho en el citado Municipio.
5.- Los Diputados y Senadores integrantes de esta Comisión, expresamos nuestra firme convicción de que el respeto al Estado de Derecho, a las Instituciones y el fortalecimiento del Municipio Libre son pilar indiscutible e inquebrantable del sistema republicano históricamente adoptado por todos los Estados de la República.
De la Carta Magna emanan las normas jurídicas, las instituciones, y los servidores públicos encargados de respetarlas y hacerlas cumplir. Por tanto, es deber de los actores políticos de los tres niveles de gobierno apegar en todo momento sus actos a los preceptos constitucionales.
El Congreso de la Unión, representado por su Comisión Permanente, debe velar en todo momento por el respeto del pacto federal. Debe buscar soluciones apegadas a derecho, pacíficas y ordenadas de los conflictos que se dan en cada rincón de nuestra patria. Por ello, no podemos permanecer ajenos a la problemática que aqueja en estos momentos al Municipio de Benito Juárez, en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Con total respeto a la soberanía Estatal y la autonomía Municipal, debemos avocarnos al esclarecimiento de los hechos; sobre todo si persiste la duda respecto a los procedimientos que para la sustitución de autoridades municipales señalan la Constitución de la República, la Constitución Estatal y demás leyes locales. Hemos tenido conocimiento de diversas versiones, vertidas por autoridades municipales, actores políticos y por medios de comunicación. Entre las mismas hay discrepancia y, en ocasiones, abierta contradicción. A petición de uno de los Senadores representantes del Estado de Quintana Roo y en el marco de sus atribuciones, el Congreso de la Unión debe investigar esos procedimientos y, sobre todo, si la integración del referido Consejo estuvo apegada a derecho.
Por tanto, esta Comisión considera procedente la petición del Senador Wadí Amar Shabshab. No rechaza ni aprueba ninguna de las versiones difundidas, pero tampoco puede pronunciarse en el uso de sus facultades sobre este asunto sin contar con datos fehacientes e imparciales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se crea un Grupo de Trabajo integrado por un legislador de cada Grupo Parlamentario representado en la Comisión Permanente, a efecto de que dicho Grupo se avoque a la investigación del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y demás leyes aplicables, en la reciente sustitución de las autoridades del municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo. El Grupo de Trabajo a que se refiere el presente Punto de Acuerdo, será nombrado por acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
SEGUNDO.- El Grupo de trabajo informará al pleno de la Comisión Permanente el día miércoles 18 de agosto del presente año, durante el desarrollo de la Sesión de ese día, del resultado de la investigación realizada.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISION PERMANENTE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A de 10 agosto DE DOS MIL CUATRO.
PRIMERA COMISION
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Presidente
Dip. María Esther Scherman Leaño Dip. Heliodoro Díaz Escárrega
secretaria secretariO
Dip. Omar Ortega Alvarez
secretariO
Sen. Manuel Bartlett Díaz Sen. César Camacho Quiroz
Sen. Martha Sofia Tamayo Morales Dip. Jorge Uscanga Escobar
Sen. Jorge Zermeño Infante Sen. Marco Antonio Adame Castillo
Dip. Germán Martinez Cázares Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
Sen. Jesús Ortega Martínez Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Jesús Martínez Álvarez
De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública informe a qué universidades estatales se les ha entregado los recursos del Fondo de Equidad, así como su monto y las fechas.
SEGUNDA COMISION
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional
y Educación Pública
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE MANDATE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INFORME DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE EQUIDAD PARA LAS UNIVERSIDADES.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Proposición con Punto de Acuerdo para que se mandate a la Secretaría de Educación Pública informe de los recursos del Fondo de Equidad para las Universidades presentada por los Diputados Omar Ortega Álvarez y Salvador Martínez Della Rocca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 127, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el diverso numeral 125 y demás relativos y aplicables de su Reglamento para el Gobierno Interior, esta Segunda Comisión de la Comisión Permanente emite el siguiente dictamen, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En Sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada en fecha 30 de junio de 2004, los Diputados Omar Ortega Álvarez y Salvador Martínez Della Rocca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita se mandate a la Secretaría de Educación Pública informe de los recursos del Fondo de Equidad para las Universidades con costo por alumno (SEP-ANUIES), aprobados por la H. Cámara de Diputados.
2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dispuso turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, para su análisis y dictamen correspondiente, a esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
3.- En términos de lo que dispone el artículo 127, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el diverso numeral 125 y demás relativos y aplicables de su Reglamento para el Gobierno Interior, a esta Segunda Comisión corresponde emitir el presente dictamen al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
I.- Que pasado 30 de diciembre de 2003, en la Cámara de diputados se aprobó la constitución del Fondo de Equidad para las universidades con Costo por Alumno Debajo de la Media Nacional (SEP-ANUIES) dentro del Presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004,con un monto de 900 millones de pesos. De éstos, 815 millones fueron para las nueva universidades estatales más rezagadas del país y 85 millones para diversas instituciones educativas y culturales.
II.-Que las universidades beneficiadas con un costo por alumno menor a la media nacional fueron:
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (160 millones); Universidad Autónoma de Guerrero (100 millones); Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (100 millones); Universidad Autónoma de Sinaloa (220 millones); Universidad Autónoma de Tlaxcala (23 millones); Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (72 millones); Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (36 millones); Universidad Autónoma de Chiapas (34 millones) y Universidad Autónoma del Estado de México (70 millones).
III.- Que como consta en el Diario Oficial de la Federación, del 31 de diciembre de 2003, los recursos de dicho Fondo y los montos para cada una de esas nueve universidades quedaron etiquetados en el Anexo 21, del Ramo 11 (Educación Pública, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
IV.- Que sin embargo, han transcurrido más de siete meses desde la aprobación del Presupuesto de Egresos 2004, no todas las universidades beneficiadas han recibido los recursos del Fondo de Equidad.
V.- Que por lo anterior, se corre el riesgo de que las universidades que no han recibido los recursos del Fondo de Equidad, no puedan ejercer los recursos de acuerdo a la normatividad respectiva, dado que hay mecanismos y plazos para la aplicación del presupuesto.
VI.- Que el requerimiento de esos recursos son indispensables, toda vez que el objetivo del Fondo fue iniciar un proceso tendiente a resarcir el rezago histórico de las nueve universidades.
Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión emite el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública informe a la brevedad posible, a esta Soberanía, y turne copia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, a cuáles universidades estatales se les han entregado los recursos del Fondo de Equidad, su monto y las fechas.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a los diez días del mes de agosto de dos mil cuatro.
Dip. Carlos Flores Rico PRI
Presidente
Sen. César Camacho Quiroz PRI
Secretario
Sen. Cecilia Romero Castillo PAN
Secretaria
Sen. Carlos Chaurand Arzate PRI
Sen. Rubén Zarazúa Rocha PRI
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera PRI
Dip. Carlos Jiménez Macías PRI
Dip. Jorge Uscanga Escobar PRI
Sen. Marco Antonio Adame castillo PAN
Sen. Héctor Larios Córdova PAN
Dip. José González Morfín PAN
Dip. Ruth Hernández Martínez PAN
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández PRD
Dip. Cristina Portillo Ayala PRD
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés PVEM
Dip. Oscar González Yáñez PT
De la Tercera Comisión, los que contienen:
Punto de acuerdo para solicitar información al Ejecutivo Federal sobre la viabilidad de mantener el 45% de arancel a la importación de los aceites de coco.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para solicitar AL
EJECUTIVO FEDERAL INCREMENTE AL 45% EL ARANCEL
A LA IMPORTACIÓN DE LOS ACEITES DE COCO.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal incremente al 45% el arancel a la importación de los aceites de coco.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 4 de agosto de 2004, el Diputado Cruz López Aguilar, presento una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal incremente al 45% el arancel a la importación de los aceites de coco.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Primero: Que el Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Economía a mantener el arancel del 45% a la importación de los aceites de coco y aceite "PKO" en las fracciones arancelarias 15131101, 1513199, 15132101, 15132999, 15119099, 15111001, en tanto se establezcan y consoliden las empresas de transformación agroindustrial que generen valor agregado y permitan devolver la rentabilidad productiva al cocotero.
Segundo: Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Economía, valoren y den respuesta a los proyectos productivos presentados por los Productores de Cocotero.
Tercero: Que el Congreso de la Unión incluya en el presupuesto 2005 un programa dedicado a darle certidumbre a la comercialización y a mejorar la competitividad de la copra y sus derivados.
2.- Señala el promovente de la propuesta que se analiza que la economía mexicana tiene el reto ineludible de crecer en forma sostenida, a un ritmo que no descuide a ninguno de los sectores involucrados en su transformación; es inadmisible que muchos de los que producen directamente la riqueza, tengan que pagar el más alto costo social y político de la marginación.
Que el desarrollo nacional, para que sea integral, equitativo y, sobre todo justo en la distribución del ingreso y la riqueza que genera, está obligado a fortalecer la soberanía a través del pleno ejercicio de la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.
Que es responsabilidad del Estado planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, llevando a cabo la regulación y el impulso de las actividades que demanda el interés general.
Que el artículo 27, en su fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Estado expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
Que en el panorama actual de nuestro país, mientras las políticas de globalización del mercado crecen cada día en importancia y se favorece con ellas sólo a ciertos sectores económicos, en el campo se discrimina a los más débiles. Las políticas agropecuarias y comerciales no distinguen los distintos niveles de ingreso de los campesinos, y tratan por igual, tanto a los que han logrado modernizarse y tecnificar su producción, como a los que, por falta de apoyos, de tierras e insumos apropiados, continúan produciendo de manera tradicional.
Que al inicio de esta administración, el Sector Coprero Nacional se vio gravemente dañado por las importaciones de aceite de coco y sus sustitutos, ya que la copra se vendía antes de la apertura a un precio de $10/kilo, y a principios de 2001, con las importaciones de aceites procedentes de países con los cuales no tenemos suscritos acuerdos comerciales, el precio bajó hasta $1.20/kilo.
Que ante esta situación se exigió a las autoridades federales intervenir de manera urgente, logrando establecer que los aranceles a la importación se colocaran en 45%, hasta en tanto no se establecieran y consolidaran las empresas de transformación agroindustrial que producen valor agregado. Después de esto, las autoridades estarían en posibilidad de ir desgravando paulatinamente estas importaciones. Las agroindustrias no se establecieron, ni la región fue apoyada con programas; no obstante, se inició el proceso de desgravación con el creciente e inmediato deterioro de la producción mexicana, lo que terminó de agravar la crisis en el sector coprero.
Que los productores copreros, y en particular los del estado de Guerrero, han cumplido aportando un millón de pesos para cinco proyectos que han sido presentados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, mismas que hasta la fecha no han dado una respuesta. Más aún, no asistieron a la reunión convocada por el Consejo Estatal del Cocotero y el Gobierno Estatal, no obstante haberse comprometido a participar en la reunión programada el 15 de febrero del presente año, con el objeto de evaluar el comportamiento del precio de la copra, y las condiciones económicas de las familias que dependen de esta actividad productiva.
Que una gran importación de aceites y grasas de coco y otros, incluidos los de origen animal, realizada principalmente por dos empresas mexicanas, ofertados a muy bajo costo, debido a la gran explotación humana que impera en esos países asiáticos, llegaron triangulados a nuestro país a través de los Estados Unidos de Norteamérica, haciéndose acreedores a las prerrogativas convenidas en el TLCAN.
3.- La producción de copra tiene gran importancia económica y social para nuestro país, ya que la superficie nacional ocupada por el cocotero es de aproximadamente 163 mil hectáreas, cultivo del cual dependen alrededor de 50 mil familias, principalmente en las zonas costeras de Guerrero, Colima, Oaxaca, Michoacán, Campeche y Tabasco. Por estas cifras, nuestro país ocupa el primer lugar en la producción de copra en América Latina.
Desde hace varios años, los productores de copra han vivido apremios económicos debido a la baja rentabilidad del cocotero, situación que se ha reflejado en la disminución en 23% de la superficie que había con cocotero en 1988.
La escasa rentabilidad del cocotero tiene dos causas principales, por un lado se encuentra la baja producción por hectárea que se obtiene, y por otra parte incide el bajo precio internacional de la copra que provoca la disminución del precio en el mercado nacional.
Gran parte de la problemática coprera tiene su origen en el sector productivo, ya que la mayoría de las plantaciones son viejas, con variedades poco rendidoras y con baja población de palmas por hectárea, pues las plantaciones han sido diezmadas por el deficiente control que se realiza de las plagas y enfermedades. A estos inconvenientes se suma la tecnología tan rudimentaria empleada en casi la totalidad de las plantaciones. Como consecuencia de lo anterior, en nuestro país se obtiene un rendimiento medio de una tonelada de copra por hectárea al año, cuando el potencial alcanza la cifra de cuatro toneladas por hectárea. Para atender esta problemática, la SAGARPA ha puesto en marcha programas integrales de rehabilitación del cocotero, cuyo objetivo a mediano plazo, es aumentar la producción de copra por hectárea.
Por otra parte, la economía de los productores ha sido impactada por la razón de que el precio de la copra en el mercado nacional no ha subido durante los últimos cinco años, mientras el costo de los insumos aumentó significativamente. Los productores de coco atribuyen el bajo precio de la copra nacional, a las importaciones crecientes de aceite de coco y palma de aceite subsidiados, provenientes en su mayor parte de Indonesia y Filipinas, que afectan negativamente a la producción nacional.
Con la finalidad de propiciar el repunte del precio nacional de la copra, es conveniente que el gobierno federal tome medidas en materia de política comercial y arancelaria, para reducir las importaciones de aceites.
Es pertinente señalar que la Secretaría de Economía emitió un Decreto que fue publicado el 17 de abril de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual impuso un arancel del 45% a las importaciones de aceite de coco y almendra de palma, que es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio, arancel que permaneció vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Los productores de copra han reconocido el efecto positivo que esta protección arancelaria tuvo en el precio de la copra nacional, por lo que resultaría viable la implementación de una medida similar de acuerdo con el propósito de la propuesta que se analiza, considerando conveniente ante todo solicitar a la autoridad competente la información que permita determinar la viabilidad de dicha medida en las condiciones actuales del comercio internacional de México respecto de dicho producto, de conformidad con los recursos establecidos en los tratados comerciales firmados por nuestro país.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya al titular de la Secretaría de Economía informe a esta Soberanía a la brevedad posible la viabilidad para mantener el arancel del 45% a la importación de los aceites de coco y aceite "PKO" en las fracciones arancelarias 15131101, 1513199, 15132101, 15132999, 15119099, 15111001, en tanto se establezcan y consoliden las empresas de transformación agroindustrial que generen valor agregado y permitan devolver la rentabilidad productiva al cocotero, de tal forma que, en caso procedente, aplique la medida solicitada.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Economía, valoren y den respuesta a los proyectos productivos presentados por los Productores de Cocotero, informando a esta Soberanía a la brevedad posible de las acciones derivadas de lo anterior.
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión considere la posibilidad de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 un programa dedicado a darle certidumbre a la comercialización y a mejorar la competitividad de la copra y sus derivados.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de agosto de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ(pan) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la revisión de la NOM-056-FITO-1995.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para solicitar
a la secretaria de agricultura, ganaderia,
desarrollo rural, pesca y ALIMENTACIÓN
la revision de la nom-056-fito-1995.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la revisión de la NOM-056-FITO-1995.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 4 de agosto de 2004, el Diputado Omar Ortega Álvarez, presento una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la revisión de la NOM-056-FITO-1995.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
ÚNICO.- Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice la revisión prevista por el artículo 51 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, de la NOM-056-FITO-1995, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética, con la finalidad de que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su aplicación y si procede o no su modificación.
2.- Señala el promovente de la propuesta que se analiza que México se encuentra inmerso en una etapa de integración mundial, caracterizada por cambios y definiciones trascendentales en materia económica, política, social, jurídica, cultural y científica-tecnológica, a los cuales los titulares de la función pública debemos responder con cabalidad.
Que el proceso de integración científica-tecnológica es un aspecto que cobra relevancia en cuanto a las negociaciones bilaterales o multilaterales, regionales o mundiales, que realizan los Estados-Nación para establecer una serie de compromisos en concordancia con los estándares técnicos comunes o con sistemas de mayor exigencia establecidos en otros países científicamente fundamentados.
Que en los últimos años ha habido en las ciencias biológicas grandes avances, hoy el ser humano puede modificar la vida y crear seres nuevos. Los conocimientos científicos y sus posibles aplicaciones han traído a la humanidad una responsabilidad muy grande, la de vigilar que esta tecnología no se utilice de tal manera que represente un peligro para la vida en el planeta. Al respecto, el desarrollo de la biotecnología incorporó en años recientes la ingeniería genética, la más polémica herramienta posible, por los alcances que tiene y las consecuencias que puede acarrear.
Que hasta el momento, hay dos usos de los organismos modificados por ingeniería genética, mejor conocidos como organismos genéticamente modificados (OGM) u organismos transgénicos: la liberación al ambiente y la producción de medicamentos o uso confinado, en la que no hay una liberación intencionada al ambiente. Ahora bien, los riesgos de que estos organismos sufran modificaciones una vez liberados varían de acuerdo con su construcción genética, pues se desconoce cómo se van a comportar en el ambiente, en situaciones distintas a aquellas en las que fueron creados, además de que se ignora si representan un riesgo para el consumo animal o humano.
Que lo anterior hace necesario el fortalecimiento de un sistema nacional de registro y control fitosanitarios para los organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética, a efecto de que el Estado Mexicano cumpla con su función preventiva de garantizar a todos los mexicanos un medio ambiente adecuado tal y como lo dispone el párrafo cuarto del artículo 4 constitucional y establecer una regulación para que dichos organismos reúnan condiciones aceptables de seguridad para la salud humana y el medio ambiente.
Que la preocupación de todos los países por regular a los organismos genéticamente modificados ha sido manifiesta desde que en el año de 1992 se inició la discusión de los mismos en la reunión conocida como La "Cumbre de Río".
Que en dicha reunión se llegó a la conclusión de que era necesario crear un marco regulatorio para la protección de la biodiversidad del planeta, a este respecto se firmó el Protocolo de Cartagena inspirado en el principio precautorio contenido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo objetivo es garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, estableciendo reglas internacionales vinculantes que obligan a los Estados parte adoptar el principio precautorio como base para las decisiones sobre transferencia, manejo y uso de los OGM.
Que en México las cuestiones de bioseguridad se empezaron a considerar desde 1987, pero sólo para regular actividades de investigación en salud y dar cabida a solicitudes de corporaciones agrobiotecnológicas para experimentar con cultivos transgénicos. En este tenor, el 11 de Julio de 1996 la entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social, expidió la Norma Oficial Mexicana, NOM-056-FITO-1995 publicada en el diario Oficial de la Federación de la misma fecha, por la cual se establece los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimientos de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética, regulación técnica de observancia obligatoria.
Que el objeto de la NOM-056-FITO-1995, era: "establecer el control de la movilización dentro del territorio nacional, importación, liberación y evaluación en el medio ambiente o pruebas experimentales de organismos manipulados por Ingeniería Genética para usos agrícolas"; estando obligados a cumplirla las instituciones oficiales y privadas, así como las personas físicas que intervinieran en el proceso de movilización y liberación al medio ambiente, así como en la evaluación de productos transgénicos.
Que ee conformidad con el artículo 51 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del período quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación.
Que en consecuencia, la NOM-056-FITO-1995, requiere ser revisada, para hacerle las modificaciones pertinentes para que sea aplicable y de observancia general, toda vez que la falta de regulación ha provocado la liberación de semillas y otros productos genéticamente modificados sin restricción alguna, abriendo una enorme incertidumbre por sus posibles impactos sobre la biodiversidad, la soberanía alimentaría y la salud humana.
Que es necesario que nuestro país cuente con un marco regulatorio sobre la importación, liberación y evaluación en el medio ambiente de los organismos manipulados por ingeniería genética, toda vez que es un imperativo proteger a un país tan rico en biodiversidad y centro de origen de diversas especies importantes para la alimentación mundial, como lo es el nuestro.
3.- Existe una preocupación generalizada acerca del impacto en el ambiente, es decir la pérdida de biodiversidad y la afectación de los ecosistemas, que a la larga puede generar problemas de salud, derivado de la importación, liberación y evaluación en el medio ambiente de los organismos manipulados por ingeniería genética.
En tal sentido, la responsabilidad sobre el riesgo que para el ambiente y para los mexicanos significa la liberación de organismos genéticamente, impone la necesidad de desarrollar y aplicar políticas y regulaciones en materia de bioseguridad y de medidas a nivel internacional para regular la movilidad transfronteriza de estos materiales.
Por lo anterior, se considera procedente que la autoridad competente realice las acciones necesarias que conlleven a la revisión prevista por el artículo 51 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, de la NOM-056-FITO-1995, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética, con la finalidad de que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su aplicación y si procede o no su modificación.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice la revisión prevista por el artículo 51 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, de la NOM-056-FITO-1995, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética, con la finalidad de que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su aplicación y si procede o no su modificación.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de agosto de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ(pan) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo para solicitar a la PROFEPA información sobre la legal procedencia de todos los animales ubicados en circos, zoológicos y delfinarios de la República Mexicana.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO por el que se
exhorta a la profepa a realizar un operativo
de VERIFICACIÓN de la legal procedencia de
todos los animales ubicados en circos,
zoologicos y delfinarios de la
republica mexicana.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Guillermo Velasco Rodríguez, a nombre propio y de la Diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en el que se exhorta a la PROFEPA a realizar un operativo de verificación de legal procedencia de todos los animales ubicados en circos, zoológicos y delfinarios de la República Mexicana.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 4 de agosto de 2004, el diputado Guillermo Velasco Rodríguez, a nombre propio y de la Diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, presento una proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la PROFEPA a realizar un operativo de verificación de legal procedencia de todos los animales ubicados en circos, zoológicos y delfinarios de la República Mexicana.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3.- Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
PRIMERO: Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a realizar un operativo de verificación de la legal procedencia de todos los animales ubicados en circos, zoológicos y delfinarios de la republica mexicana, de acuerdo a lo previsto por el capitulo X de la Ley General de Vida Silvestre.
SEGUNDO: Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a sancionar a los presuntos responsables de realizar actividades de aprovechamiento no extractivo de la vida silvestre sin la autorización correspondiente o en contravención a los términos en que esta hubiera sido otorgada, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.
TERCERO: Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a hacer público la información sobre todos los resultados que arroje el operativo de verificación, conjuntándolo en un padrón de infractores y de las sanciones que se apliquen a los circos, zoológicos y delfinarios de la república mexicana.
CUARTO: Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica (PGR) a sancionar a los presuntos responsables de trafico, posesión, captura o transporte, de especies de fauna silvestre en categoría de riesgo o reguladas por tratados internacionales, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 420 del Código Penal Federal.
2.- Señala el promovente de la propuesta que se analiza que la captura, caza y extracción de animales del medio silvestre para el comercio constituye la segunda amenaza para la supervivencia de especies de fauna y flora, después de la destrucción de su hábitat. El tráfico de especies silvestres es uno de los mayores comercios del mundo, es tal el fenómeno, que es considerado el tercer negocio ilegal más grande del mundo, superado sólo por el tráfico de drogas y armas. Según cifras estimadas, cada año a nivel mundial se comercializan 4 millones de aves, 5 millones de reptiles vivos, 50 mil primates, 20 millones de peces tropicales, 10 millones de pieles de reptiles y 15 millones de pieles de mamíferos, 10 millones de cactus silvestres y 1 millón de orquídeas.
Que a este comercio debemos agregarle el impacto que ejerce sobre las poblaciones de especies, el cual dependerá de la cantidad de animales extraídos y del estado de conservación en que se encuentren a nivel local y mundial.
Que dos grandes áreas se destacan en este problema, el verificar la legal procedencia tanto al importar como al exportar los ejemplares, esto debido a la gran demanda de animales exóticos, principalmente por parte de los países desarrollados. En estos países, los animales son cotizados especialmente para ser vendidos como mascotas, para exhibición y entretenimiento tanto en ferias locales, tiendas de mascotas, zoológicos, como en circos, etc. En general, el continente Africano, Asia, América Central y del Sur, son grandes proveedores y debido a su rica biodiversidad y pobreza, para muchos resulta una fuente de ingresos.
Que dentro de este ilícito, el traficante no es el único responsable del comercio ilegal, sino que existe toda una cadena vinculado con el tráfico ilegal. La estructura social que posibilita este comercio está compuesta tanto por capturadores intermediarios, que son choferes de camiones y de autobuses de pasajeros, pequeños comerciantes localizados en las zonas rurales y los ambulantes que transitan entre las zonas urbanas y las rurales, comerciantes que sirven de enlace entre el pequeño comerciante y el mayorista, comerciantes de tráfico internacional, propietarios de criaderos, científicos y empresarios; como por consumidores finales, los cuales lo integran centros criaderos, acuarios, museos, coleccionistas, circos, zoológicos, laboratorios farmacéuticos y en general todas las personas que compran mascotas exóticas sin permisos.
Que un grave problema al traficar especimenes de vida silvestre, son los métodos de extracción de animales del medio silvestre, así como las formas de transporte y acopio, los cuales son los primeros causantes de muerte en el comercio ilícito. Por lo general, los lugares en los que son depositados o exhibidos, no responden a los requerimientos ocupacionales ni dietéticos de los animales, causándoles serios trastornos físicos y hasta la muerte. De igual forma, la captura y el hacinamiento actúan como un disparador de agentes patógenos que en la vida libre no se manifestarían y, como cada especie tiene un sistema inmunológico diferente, las enfermedades pueden acabar con todo un lote antes de que sea comercializado.
Que en este proceso de transporte y confinamiento, muchos animales se automutilan, se arrancan las plumas o se amputan los dedos de las patas. Más del 50% de estos mueren antes de ser vendidos o embarcados al exterior. En vista de esta altísima tasa de mortalidad, el negocio requiere de grandes cantidades de ejemplares y por ello nuevamente son extraídos del medio natural y así la suma sigue.
Que se estima que de dos a cinco millones de aves se comercian internacionalmente con el fin de atender la demanda de animales vivos para mascotas en hogares, zoológicos y animales de laboratorio.
Que un gran número de ellos es traficado sin que nosotros nos percatemos. La propia legislación mexicana prevé en el Articulo 50 de la Ley General de Vida Silvestre que para otorgar registros y autorizaciones relacionados con ejemplares, partes y derivados de especies silvestres fuera de su hábitat natural, las autoridades deberán verificar su legal procedencia, no obstante, estas omiten la normatividad o se ven rebasadas por el comercio ilegal.
Que la entidad encargada de revisar la legal procedencia de estos especimenes es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que en materia de vida silvestre realiza diversas actividades entre ellas se incluyen la inspección y vigilancia en sitios de comercialización, centros de exhibición (zoológicos, acuarios, circos, herbarios, jardines botánicos, colecciones científicas y privadas), centros de reproducción y propagación controlada, actividades cinegéticas y redes de tráfico ilegal.
Que a pesar de contar con una institución encargada de la inspección y vigilancia, los casos de abuso y contrabando de ejemplares de vida silvestre van en aumento. Tan solo por mencionar, citemos los casos que la PROFEPA manifestara en su informe anual de 2002 donde las empresas "FINS: Dolphin Learning Center S. A de C. V.", "Repxootics Aletta Bay S. A de C. V.", "Promonáutica S. A. de C. V.", y "Delfinario Parque Acuático de Puerto Vallarta S. A. de C. V. SPLASH", en las que se detectaron diversas irregularidades, como la carencia de documentación que acredite la legal procedencia de los ejemplares, falta o irregularidad de los permisos necesarios, así como incumplimiento de la legislación vigente en la materia.
Que el trafico de delfines de las Islas Salomón, que fue noticia a finales del año pasado, donde se involucraba al Biólogo Arriaga, ex Subsecretario de la SEMARNAT y que hasta la fecha no hay voluntad para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades; o las irregularidades que se registran en los zoológicos del interior de país donde aparecen y desaparecen animales conforme transcurren las semanas, o el mas reciente decomiso de animales que realizara la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el pasado 27 de julio, al circo "Circo de América Atayde Hermanos", en el Estado de Yucatán, donde la PROFEPA aseguró 36 animales exóticos que formaban parte del espectáculo y se comprobó que maltrataban a un gran numero de animales que además carecían de papeles de procedencia.
Que de acuerdo con los artículos 53 y 54 de la Ley General de Vida Silvestre, la exportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres, requiere de autorización expedida por la Secretaría del ramo. De igual forma el artículo 122 de la misma ley, estipula qué serán consideradas como infracciones, entre ellas, el poseer ejemplares de la vida silvestre que no cuenten con la legal procedencia y el importar y exportar ejemplares de la vida silvestre que no cuenten con las debidas autorizaciones. Finalmente, el artículo 127 impone una multa a las infracciones administrativas, la cual equivalente de 50 a 50000 veces de salario mínimo.
3.- El tráfico ilegal de animales es un gran negocio que mueve miles de millones al año. La compra y venta de animales "exóticos" ha contribuido, contribuye, y es una gran amenaza para la desaparición de muchas especies y del equilibrio natural. Más de las tres cuartas partes de los animales capturados mueren durante su transporte, antes de llegar a su destino, la tienda, donde permanecerán enjaulados hasta ser comprados.
Cada año se expolia indiscriminadamente las zonas naturales de nuestro planeta, principalmente en el trópico, en busca de especies exóticas vegetales y animales que sirvan para complacer la excentricidad de algunas personas. Estas pagan a veces cantidades exorbitadas de dinero por poseer la libertad de algún animal en peligro de extinción. Otras veces se paga dinero por productos derivados de estos animales tales como el polvo de cuerno de rinoceronte o un par de zapatos de cocodrilo del nilo.
El movimiento de animales y plantas en peligro de extinción así como los productos derivados de éstos, es lo que se llama tráfico ilegal de especies
Este es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en el planeta, ya que afecta a 700 especies en peligro de extinción (a punto de desaparecer) y 26.300 especies amenazadas. Estas plantas y animales son capturados en su hábitat original y son trasladados a otros países, y en el mejor de los casos viven el resto de sus vidas en un medio cuando menos hostil, pero la gran mayoría muere en el viaje, aproximadamente entre el 60% y el 80%. Y las especies más escasas son las más perseguidas (ya que su precio es mas alto), haciendo un circulo vicioso cuyo único final parece ser la extinción de la especie.
El tráfico ilegal de especies es un negocio redondo, ya que está poco perseguido y tiene poco riesgo, además de tener unos enormes beneficios que hacen que sea comparable al tráfico de armas y al tráfico de drogas. La poca sensibilización de la sociedad así como la falta de actuación de las autoridades hace que este tráfico, en vez de disminuir, aumente.
Los compradores son principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y los principales vendedores son países pobres como los de Sudamérica, Africa y el Sudeste asiático. Pero el dinero que produce el comercio; ilegal de especies no revierte en estos países pobres, sino que se quedan en unas pocas manos que tienen el monopolio del tráfico. Por otro lado los países más afectados por el tráfico ilegal de especies son Argentina, Indonesia, Tailandia y España.
Por España pasa el 30% del tráfico mundial (unos 150.000 millones de pesetas), y esto que sólo es detectado el 50% del tráfico que pasa por nuestro estado. La situación geográfica de España (puerta de Europa), un nivel adquisitivo medio-alto, y su riqueza natural, hacen que el tráfico ilegal de especies se desarrolle notablemente.
Las especies que habitan en nuestro estado, sufren de manera más directa el cáncer que supone este tráfico, especies como: los osos pardos, los rebecos, los urogallos, los linces, las águilas imperiales, los halcones peregrinos, los pequeños pájaros o los galápagos, son los más afectados.
Lo anterior justifica la necesidad de que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias que permitan en el caso de México la verificación de la legal procedencia de todos los animales ubicados en circos, zoológicos y delfinarios de la republica mexicana, en su caso sancionar a los presuntos responsables de realizar actividades de aprovechamiento no extractivo de la vida silvestre sin la autorización correspondiente o en contravención a los términos en que esta hubiera sido otorgada, así como formular las denuncias o querellas procedentes en contra de los presuntos responsables de trafico, posesión, captura o transporte, de especies de fauna silvestre en categoría de riesgo o reguladas por tratados internacionales, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 420 del Código Penal Federal.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que informe las medidas que llevan a cabo para garantizar la legal procedencia de todos los animales ubicados en circos, zoológicos y delfinarios de la República mexicana, de acuerdo a lo previsto por el capitulo X de la Ley General de Vida Silvestre; en su caso, sancionar a los presuntos responsables de realizar actividades de aprovechamiento no extractivo de la vida silvestre sin la autorización correspondiente o en contravención a los términos en que esta hubiera sido otorgada, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 122 de la Ley General de Vida Silvestre; y formular las correspondientes denuncias de hechos o querellas, ante las autoridades competentes, en contra de los presuntos responsables de trafico, posesión, captura o transporte, de especies de fauna silvestre en categoría de riesgo o reguladas por tratados internacionales, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 420 del Código Penal Federal.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de agosto de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ(pan) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo para solicitar la aplicación adecuada de los recursos reasignados a Radio Educación y al Museo Nacional de Historia.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para solicitar la
aplicación adecuada de los recursos reasignados
a radio EDUCACIÓN y al museo nacional de historia.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Emilio Zebadúa González, a nombre propio y de la Diputada Marbella Casanova Calam, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar la aplicación adecuada de los recursos reasignados a Radio Educación y al Museo Nacional de Historia.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 30 de junio de 2004, el Diputado Emilio Zebadúa González, a nombre propio y de la Diputada Marbella Casanova Calam, presento una proposición con punto de acuerdo para solicitar la aplicación adecuada de los recursos reasignados a Radio Educación y al Museo Nacional de Historia.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, y Educación Pública.
3.- En la sesión del 28 de julio de 2004 la Directiva de la Segunda Comisión mediante comunicación escrita dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente solicitó la rectificación de turno del presente asunto.
4.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente rectificó el turno de este asunto a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
5.- Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
PRIMERO.- Que la Comisión Permanente exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de manera urgente, entregue los recursos reasignados por esta Cámara de Diputados, contemplados en el ramo 11 Educación Pública y distribuidos en el Anexo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, transfiriendo los 5 millones de pesos de la partida 4303 al capítulo 1000 para el Catálogo de Puestos de la emisora Radio Educación.
SEGUNDO.- Que la Comisión Permanente exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de manera urgente entregue los 10 millones de pesos reasignados por la Cámara de Diputados al Museo Nacional de Historia, para la contratación de los recursos humanos necesarios, para la atención profesional de los servicios que otorga dicha institución, conforme a su profesiograma y catálogo de puestos, lo cual acarreará el mejoramiento significativo de la estructura orgánica de este recinto cultural fundamental de nuestro país, en beneficio la sociedad.
2.- Señala el promovente de la propuesta que se analiza que el pasado 30 de diciembre de 2003, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reasignación de fondos para instituciones y programas de cultura específicos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Que los recursos reasignados a las instituciones culturales, se distribuyeron de la siguiente manera: Ciudades Patrimonio Cultural (40 millones de pesos); COANCULTA (10 millones); Radio Educación (5 millones); Centro de Capacitación Cinematográfica (10 millones); Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes (10 millones) y el Museo Nacional de Historia (10 millones). Dicha reasignación obedeció a solicitudes específicas fundamentadas con sólidos criterios técnicos y de urgencia de atención a rubros con un indiscutible beneficio cultural para la población y de mejoramiento de los organismos atendidos.
Que han transcurrido seis meses desde la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, y no se han entregado los recursos para solventar las necesidades fundamentales presentadas por autoridades y representantes de los trabajadores de Radio Educación y del Museo Nacional de Historia.
Que en el caso de Radio Educación, cuyas autoridades y representantes de los trabajadores han solicitado y realizado diversas gestiones ante la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que le sean entregados los 5 millones de pesos reasignados en el Presupuesto de 2004, para ser aplicados al Catálogo de Puestos de dicha emisora, como base de la profesionalización y reestructuración administrativa con el propósito de construir un modelo institucional de radio cultural. Esta es una demanda de los trabajadores de Radio Educación, desde hace 25 años.
Que la Secretaría de Educación Pública ha manifestado oficialmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la viabilidad para aplicar los recursos para la creación del catálogo de Puestos, y así mismo ha solicitado la transferencia de los recursos mencionados al Capítulo 1000 o, en su caso, que Hacienda y Crédito Público indique alguna alternativa de solución.
Que por lo que hace al Museo Nacional de Historia, se aprobó una reasignación de 10 millones de pesos, que deben aplicarse a la contratación de recursos humanos, conforme a la normatividad interna que lo rige, particularmente los profesiogramas y catálogo de puestos, que permitan una mayor eficacia en su operación y prestación de un servicio profesional para los usuarios.
Que el requerimiento de esos recursos son indispensables, toda vez que se realizó una importante y exitosa remodelación del Museo Nacional de Historia para ampliar sus áreas de exhibición, desgraciadamente en un contexto contradictorio, pues en los últimos años su planta de personal se ha visto reducida en un 33 por ciento. Cabe señalar que esta solicitud de personal se basa en estudios técnicos realizados por los trabajadores y las autoridades de ese organismo cultural.
3.- Los programas de cultura en el país son de singular importancia por la finalidad que persiguen para fomentar el desarrollo intelectual de su población, por lo que ante la eventualidad de que no se hayan reasignado debidamente los recursos previamente autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, resulta procedente solicitar de la autoridad competente la información precisa y detallada que permita conocer la forma en que se haya dado cumplimiento a la reasignación de fondos para instituciones y programas de cultura específicos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, de conformidad con las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita a esta soberanía a la brevedad posible la información detallada que permita conocer las medidas que se han realizado para dar cumplimiento a la reasignación de recursos aprobada por la Cámara de Diputados, contemplados en el ramo 11 Educación Pública y distribuidos en el Anexo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, que comprenden una transferencia de 5 millones de pesos de la partida 4303 al capítulo 1000 para el Catálogo de Puestos de la emisora Radio Educación, así como la entrega de 10 millones de pesos al Museo Nacional de Historia, para la contratación de los recursos humanos necesarios para la atención profesional de los servicios que otorga dicha institución, conforme a su profesiograma y catálogo de puestos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de agosto de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ(pan) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo para solicitar que la Auditoria Superior de la Federación fiscalice el ejercicio de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, en los ejercicios de 2001 a 2003.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para solicitar
que la auditoria superior de la FEDERACIÓN
fiscalice el ejercicio de los recursos
asignados a la comision nacional de
libros de texto gratuitos, en
los ejercicios de 2001 a 2003.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por los Diputados Luis Francisco Monarrez Rincón y Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar que la Auditoria Superior de la Federación fiscalice el ejercicio de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, en los ejercicios de 2001 a 2003.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 23 de junio de 2004, los Diputados Luis Francisco Monarrez Rincón y Heliodoro Díaz Escárraga, presentaron una proposición con punto de acuerdo para solicitar que la Auditoria Superior de la Federación fiscalice el ejercicio de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, en los ejercicios de 2001 a 2003.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales, y de Justicia.
3.- En la sesión del 28 de julio de 2004 la Directiva de la Primera Comisión mediante comunicación escrita dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente solicitó la rectificación de turno del presente asunto.
4.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente rectificó el turno de este asunto a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
5.- Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, fiscalice el ejercicio de los recursos federales asignados a la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, durante los años fiscales de 2001 a 2003, poniendo énfasis en los relativos a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto relativos a servicios personales y materiales y suministros, a fin de determinar si su uso se ajustó a los dispuesto por la legislación aplicable.
2.- Señala el promovente de la propuesta que se analiza que el desempeño de cargos, empleos o comisiones en la administración pública, conlleva, explícitamente, el cumplimiento de diversos principios de actuación, como los de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad, eficiencia, puntualidad, disciplina.
Que para que el desempeño de los servidores públicos tenga un valor real y auténtico, al cumplimiento de esos principios debe acompañarse una actuación exenta de cualquier forma de corrupción; sujeta a la transparencia, a la rendición de cuentas, y al control social.
Que el trabajo institucional, debe traducirse en la ausencia total y absoluta de la persecución de intereses personales, partidistas o de grupo; del aprovechamiento ilícito del cargo, para sí o para terceros; del tráfico de influencias; del abuso o ejercicio indebido de funciones.
Que para evitar que se desvíen esos principios, al tiempo del control de confianza que debe ejercer el superior jerárquico sobre la actividad del subordinado, la ley establece diversos mecanismos que permiten obligar a que esa actividad se sujete no solo a lo normativo, sino también a lo ético.
Que están instituidos los órganos de control interno para cada dependencia y entidad del poder ejecutivo federal; la realización de auditorías externas; y la vigilancia de la Secretaría de la Función Pública.
Que cuando, por diversas razones, tales controles internos fallan o se politizan, y su intervención deja dudas, la representación popular debe involucrarse para corregir deficiencias o despejar suspicacias.
Que esto ha ocurrido con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), organismo público descentralizado del gobierno federal, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública.
Que a esa Comisión se le ha auditado y se le ha encontrado violaciones graves en su actuación, y, sin embargo, poco se ha hecho para corregir sus desviaciones y sancionar a quien legalmente lo representa.
Que la Auditoría Superior de la Federación reconoció, por ejemplo, que el director general de la CONALITEG realizó donativos indebidos para la impresión de libros de la fundación "Vamos México".
Que rebasada la actuación del órgano de control interno de esa Comisión, puesta en duda la imparcialidad de la Secretaría de la Función Pública, no existe otra alternativa para constatar las irregularidades de su administración, que la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, para que fiscalice, de manera exhaustiva y detallada la forma en que se han ejercido los recursos federales que durante este sexenio le han sido asignados.
3.- La rendición de cuentas en México se ha considerado una obligada entrega de resultados a instancias especializadas de gobierno, pero no como un acto de reciprocidad entre los mexicanos. La sociedad en su conjunto poco o nada se entera de cómo, dónde y cuales son los resultados de la aplicación de recursos públicos.
Pero la rendición de cuentas es una obligación y no un mero compromiso social, por lo que dicha rendición junto con el ejercicio de gobierno deben ser de forma transparente, como requisito necesario para generar una gobernabilidad que redunda en una mayor y mejor calidad de vida.
Por mandato constitucional la entidad de fiscalización superior de la Federación está facultada para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales; asimismo podrá fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
Como complemento de lo anterior, está facultada para determinar los daños y perjuicios que afectan a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.
De esta forma, resulta conveniente destacar que ante la posibilidad de violación a las disposiciones legales correspondientes que se traduzcan en una disposición o uso indebido de los recursos públicos federales, se proceda por la instancia competente a la realización de las auditorías a que haya lugar con el propósito de detectar las irregularidades en el manejo de dichos recursos y estar en posibilidad de realizar el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, por lo que es procedente que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice el ejercicio de los recursos federales asignados a la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, durante los años fiscales de 2001 a 2003.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación fiscalice el ejercicio de los recursos federales asignados a la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, durante los años fiscales de 2002 y 2003, poniendo énfasis en los relativos a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto relativos a servicios personales y materiales y suministros, a fin de determinar si su uso se ajustó a los dispuesto por la legislación aplicable.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de agosto de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ(pan) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO en relacion a
la cuenta de la hacienda publica federal 2003.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Maria Esther Sherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 30 de junio de 2004, la Diputada Maria Esther Sherman Leaño, presento una proposición con punto de acuerdo en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales, y de Justicia.
3.- En la sesión del 7 de julio de 2004 la Directiva de la Primera Comisión mediante comunicación escrita dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente solicitó la rectificación de turno del presente asunto.
4.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente rectificó el turno de este asunto a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
5.- Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a todas las autoridades responsables, la información detallada sobre el destino y monto de las siguientes partidas del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal:
La partida 1204. Retribuciones por Servicios de Carácter Social.
La partida 1322. Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales.
La partida 4301. Transferencia para Servicios Personales.
La partida 4327. Transferencia para Donativos.
La partida 4328. Transferencia para Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos.
El capítulo 7500 completo. Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria.
De este capítulo, en particular nos interesan las partidas:
7507. Donativos a Fideicomisos Privados y Estatales.
7511. Apoyos a Voluntarios que participan en diversos Programas Federales.
7512. Compensaciones por Servicios de Carácter Social.
2.- Señala la promovente de la propuesta que se analiza que hace unos días, se dieron a conocer los principales resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondientes al ejercicio fiscal del 2003.
Que de este informe, llama la atención un aspecto que es controversial: el gasto total del sector público superó la meta establecida en el presupuesto de ese año.
Que el Gobierno se excedió en 145 mil 950 millones de pesos; es decir, 9.6 por ciento más respecto al monto que había aprobado la Cámara de Diputados.
Que de esta cifra que se rebasó, destaca el caso del gasto corriente, el cual fue mayor en 83 mil 702.1 millones de pesos que significa un aumento de 8.8 por ciento superior al aprobado originalmente para el ejercicio 2003.
Que en el gasto corriente se encuentran contenidas las erogaciones en servicios personales, en otras palabras, estamos hablando del gasto que se destina a cubrir la nómina del gobierno.
Que este gasto superó en 17 mil 708.3 millones a lo programado, esto es equivalente al 3.6 por ciento más de lo que el gobierno tenía permitido.
Que las razones que expone la Secretaría de Hacienda para justificar este incremento, es que fue consecuencia de la ampliación en las remuneraciones del sector paraestatal en 6.5 por ciento, lo cual se relaciona con CFE, IMSS, CAPUFE e ISSSTE.
Que en el primero, por la contratación de personal eventual para trabajos en la Central Nucleoeléctrica; en el IMSS por la incorporación de las cuotas de seguridad social que el Instituto paga como patrón; y en el CAPUFE por el pago de impuestos sobre nóminas y el sustitutivo del crédito al salario.
Que otros incrementos en servicios personales que resultaron mayores a los esperados correspondieron a las Entidades Federativas, los Ramos Autónomos y la Administración Pública Centralizada, con crecimientos de 3.4, 1.6 y 1.2 por ciento, respectivamente.
Que el mantenimiento de la nómina gubernamental nos sigue costando mucho. El pago de la nómina al sector público rebasa año tras año nuestros cálculos, nuestras expectativas.
Que para dimensionar la cantidad que se gasta en burocracia basta decir que representó el 91 por ciento de los recursos que obtuvo el gobierno federal por ingresos petroleros en el 2003.
Que por cada peso que el gobierno gastó el año pasado, 30 centavos fueron para pagar nómina, esta relación era de 16 centavos en el 2000.
Que es lamentable que mientras este gasto crece de manera continua, el gasto en capital haya crecido sólo 0.7 por ciento con respecto al 2002 y si hacemos un balance en los últimos tres años el gasto productivo vemos que solamente creció 14.7 por ciento.
Es urgente que la administración de estos recursos sea realice de manera óptima. No puede ser de otra manera si queremos que la gente viva mejor.
Que se necesita información más precisa. Me estoy refiriendo a las partidas que Hacienda expide en el Clasificador por Objeto del Gasto para toda la Administración Pública Federal.
Que es indispensable conocer el destino y monto de conceptos que han sido modificados, adicionados o derogados a lo largo de estos últimos años.
Que se encuentran prácticamente repetidas dos partidas. Estoy hablando de la 1204 que se refiere a las Retribuciones por Servicios de Carácter Social y la 7512 a la cual corresponden las Compensaciones por Servicios de Carácter Social.
Que la partida 1204 es para aquellas remuneraciones a profesionistas de las diversas carreras o especialidades técnicas que presten su servicio social en las dependencias y entidades. Por su parte, la partida 7512 se refiere a las asignaciones destinadas al pago de compensaciones a estudiantes de diversas profesiones y especialidades técnicas que presten su servicio social en las dependencias y entidades.
Que otro asunto que se debe aclarar con prontitud es el referente a la partida de gasto 1322 que corresponde a las Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales. Su definición es francamente vaga y muy general.
Que existe preocupación por conocer con exactitud todo el capítulo 7500, el que indica las Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria.
ue contiene conceptos y partidas que deben ser revisadas con sumo detalle. La 7507 de Donativos a Fideicomisos Privados y Estatales o la 7511 de Apoyo a Voluntarios que Participan en Programas Federales. Debemos conocer los recursos de los que están disponiendo y hacia dónde están yendo esos dineros.
Que dos partidas de gasto más que tenemos que analizar y ver el uso que de ellas se está haciendo son las del capítulo 4300 de Transferencias. En particular estoy hablando de la 4327 y la 4328. En estas partidas se encuentran contenidas las transferencias tanto a Donativos como a las Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos. Al revisar sus definiciones existen apoyos monetarios a instituciones sin fines de lucro, de beneficio social y cultural; así como fideicomisos y mandatos públicos que son dignos de revisar.
3.- Resulta preocupante conocer con certeza la forma como se integran los diferentes conceptos a que se refiere la promovente de la propuesta que se dictamina, que derivan de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondientes al ejercicio fiscal del 2003, a fin de estar en posibilidad de determinar adecuadamente su sentido y alcance, siendo indispensable conocer el destino y monto de conceptos que han sido modificados, adicionados o derogados a lo largo de estos últimos años, por lo que se considera procedente solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información detallada sobre el destino y monto de las partidas del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal que señala la Dip. Scherman Leaño.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información detallada sobre el destino y monto de las siguientes partidas del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal:
La partida 1204. Retribuciones por Servicios de Carácter Social.
La partida 1322. Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales.
La partida 4301. Transferencia para Servicios Personales.
La partida 4327. Transferencia para Donativos.
La partida 4328. Transferencia para Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos.
El capítulo 7500 completo. Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria.
De este capítulo, en particular nos interesan las partidas:
7507. Donativos a Fideicomisos Privados y Estatales.
7511. Apoyos a Voluntarios que participan en diversos Programas Federales.
7512. Compensaciones por Servicios de Carácter Social.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de agosto de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ(pan) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Punto de acuerdo para que se instruya al Auditor Superior de la Federación a realizar una auditoria al Gobierno del Estado de Zacatecas para conocer el destino y aplicación de los recursos públicos en ese estado.
TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO para que se instruya
al auditor superior de la FEDERACIÓN a realizar una
auditoria al gobierno del estado de zacatecas
para conocer el destino y aplicación de los
recursos publicos en ese estado.
D I C T A M E N
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Cruz López Aguilar a nombre de la Diputada Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que se instruya al Auditor Superior de la Federación a realizar una auditoria al Gobierno del Estado de Zacatecas para conocer el destino y aplicación de los recursos públicos en ese estado.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
ANTECEDENTES
1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de junio de 2004, el Diputado Cruz López Aguilar a nombre de la Diputada Martha Palafox Gutiérrez, presentó una proposición con punto de acuerdo para que se instruya al Auditor Superior de la Federación a realizar una auditoria al gobierno del Estado de Zacatecas para conocer el destino y aplicación de los recursos públicos en ese Estado.
2.- La propuesta de referencia fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales, y de Justicia.
3.- En la sesión del 28 de julio de 2004 la Directiva de la Primera Comisión mediante comunicación escrita dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente solicitó la rectificación de turno del presente asunto.
4.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente rectificó el turno de este asunto a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
5.- Con fecha 10 de agosto del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de Acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Único. Se le instruya a la brevedad, al Auditor Superior de la Federación, C.P. Arturo González de Aragón, a fin de que le sea practicada una Auditoria al Gobierno del Estado de Zacatecas, para conocer el destino y aplicación de los recursos públicos.
2.- Señala el promovente de la propuesta que el uso de recursos públicos en las campañas electorales, sigue siendo un lastre para la democracia que todavía no acabamos de erradicar. Es frecuente que por una u otra razón, seamos testigos de estas prácticas que en nada favorecen la vida democrática del país. Y lo que se trata es de fortalecer a la democracia, no de debilitarla.
Que durante muchos años los partidos políticos hemos emprendido una lucha permanente para que los procesos electorales se conviertan en verdaderos ejercicios democráticos donde la voluntad popular se exprese con total libertad y de acuerdo a su conciencia. Para garantizarlo se ha venido perfeccionando la legislación electoral y creado instituciones autónomas como el IFE (y sus similares en los estados de la Republica) que coadyuven a la equidad y la transparencia en estas contiendas políticas.
Que inducir el voto, a través del uso de recursos públicos, es medrar con las necesidades de los que menos tienen y es seguir alimentando viejas prácticas que solo restan credibilidad a estos procesos y contribuyen al desprestigio de los partidos políticos como instituciones.
Que en Zacatecas estamos viviendo una elección a gobernador, que ya se califica de Estado. Existen pruebas documentadas de ilícitos en el uso de recursos públicos en esta contienda política, muchas de ellas ya difundidas en algunos medios de comunicación. Este proceder le resta credibilidad a este proceso, toda vez que la Ley Electoral de Zacatecas que el propio gobernador promovió, subrayan los principios de equidad, transparencia, imparcialidad, certeza y legalidad que debe existir en las contiendas electorales.
Que además, prohíbe y tipifica como ilícitos el desvió de los programas sociales del Gobierno en beneficio de campañas políticas. Pero al parecer la congruencia solo existe en la legislación y en el discurso. En la práctica, de acuerdo a los documentos y pruebas que han sido exhibidos por la Alianza por Zacatecas, conformada por el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Revolucionario Institucional, se esta haciendo lo contrario en detrimento de garantizar una contienda, imparcial, equitativa y limpia, en perjuicio del pueblo zacateca no y de la democracia misma.
Que es necesario que este tipo de actos en el uso de los recursos públicos, por parte del Gobierno de Zacatecas, queden perfectamente aclarados y eviten sospechas que puedan deslegitimar este proceso electoral,
3.- La rendición de cuentas en México se ha considerado una obligada entrega de resultados a instancias especializadas de gobierno, pero no como un acto de reciprocidad entre los mexicanos. La sociedad en su conjunto poco o nada se entera de cómo, dónde y cuales son los resultados de la aplicación de recursos públicos.
Pero la rendición de cuentas es una obligación y no un mero compromiso social, por lo que dicha rendición junto con el ejercicio de gobierno deben ser de forma transparente, como requisito necesario para generar una gobernabilidad que redunda en una mayor y mejor calidad de vida.
El uso y destino de los recursos públicos federales no puede estar sujeto a la malversación de unos cuantos, sean servidores públicos o terceros ajenos al servicio público pero que en contubernio o no con algunos de ellos participan en actividades que generan perjuicio patrimonial a las instituciones de gobierno.
Por mandato constitucional la entidad de fiscalización superior de la Federación está facultada para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales; asimismo podrá fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
Como complemento de lo anterior, está facultada para determinar los daños y perjuicios que afectan a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.
De esta forma, resulta conveniente destacar que ante la posibilidad de violación a las disposiciones legales correspondientes que se traduzcan en una disposición o uso indebido de los recursos públicos federales, se proceda por la instancia competente a la realización de las auditorías a que haya lugar con el propósito de detectar las irregularidades en el manejo de dichos recursos y estar en posibilidad de realizar el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, por lo que es procedente que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría Gobierno del Estado de Zacatecas, para conocer el destino y aplicación de los recursos públicos.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, que le sea practicada una Auditoria al Gobierno del Estado de Zacatecas, para conocer el destino y aplicación de los recursos públicos federales.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de agosto de 2004.
LA TERCERA COMISIÓN
DIP. FRANCISCO LUIS MONARREZ RINCON (pri)
Presidente
|SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ (prd) | |DIP. GUSTAVO e. MADERO MUÑOZ(pan) |
|secretario | |secretario |
| | | |
|SEN. CARLOS CHAURAND ARZATE (pri) | |SEN. NETZAHUALCOYOTL DE LA VEGA GARCIA (pri) |
|SEN. RUBEN ZARAZUA ROCHA (pri) | |DIP. MARIA ESTHER SCHERMAN LEAÑO (pri) |
|DIP. CRUZ LOPEZ AGUILAR (pri) | |SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA (pan) |
|SEN. ALFREDO MARTIN REYES VELAZQUEZ (pan) | |SEN. FELIPE DE JESÚS VICENCIO ALVAREZ (pan) |
|DIP. RUTH HERNANDEZ MARTINEZ (pan) | |DIP. BLANCA JUDITH DIAZ DELGADO (pan) |
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ (prd)
Proposiciones de Ciudadanos Legisladores
Del Dip. Francisco Luis Monárrez Rincón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo a fin de que comparezcan el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Director de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que expliquen el subejercicio del Programa Carretero del País 2004.
El que suscribe, Diputado Federal Francisco Luis Monárrez Rincón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con Punto de Acuerdo, a fin de que comparezcan ante esta Comisión Permanente el titular de la Secretaría de Comunicaciones y transportes y el Director de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que expliquen el subejercicio del Programa Carretero del País 2004, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La construcción, modernización y mantenimiento del Sistema Carretero Nacional, constituyen un pilar fundamental en el desarrollo de toda la actividad económica de nuestro país, sin embargo hemos constatado que las limitaciones presupuéstales y sobretodo el exceso de trámites burocráticos por parte de las instancias rectoras, han limitado drásticamente la inversión en este sector en el ámbito nacional, como ejemplo de ello lo constituyen los Estados de Durango y Chiapas.
El Estado de Durango fue involucrado en un proyecto de planeación estratégica para el país, en donde actualmente se tienen tres años desarrollando una supercarretera interoceánica Mazatlán-Durango-Matamoros, Tamps., cuya vía de comunicación forma parte del Eje Troncal No. 5, que además de conectar el Océano Pacifico con el Golfo de México, es de gran interés nacional para la comunicación de la Cuenca del Pacifico con el Sur de los Estados Unidos de Norteamérica, particularmente con los Estados de California, Nuevo México, Texas y Florida, aligerando con este megaproyecto prioritario la carga excesiva de trafico de los puertos marítimos de Manzanillo, Col., y La Paz, B.C.Sur, con una inversión tripartita del Gobierno Federal y los Estados de Sinaloa y Durango.
Sin embargo, lamentablemente año con año es un peregrinar, ir de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la liberación de los recursos, la vergüenza del presente año es que después de tres años, la Unidad de Inversión dependiente de esta última Secretaría informa que esta obra no es estratégica, cuando en tres años consecutivos se ha estado invirtiendo con un proyecto que no es justificable para el país.
Lamentablemente, ocho días antes del proceso electoral del Estado de Durango, el Presidente de la República en su visita a este Estado, afirmo que este Proyecto Carretero estaría terminado para el año 2006, hoy la realidad para Durango es totalmente diferente, con un Director de una Unidad de Inversión que desacata las afirmaciones del Presidente de la República y que además se ha erigido como el coco de la Secretaría de Comunicaciones y transportes, al dar el mismo tratamiento a otros Proyectos Carreteros del país, situación que tiene al Estado de Durango al borde de un colapso financiero.
El caso del Proyecto Carretero “Siltepec-Ángel Albino Corzo”, en el Estado de Chiapas, no ha sido diferente, ya que los recursos presupuéstales asignados a este proyecto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes no han sido liberados aludiendo, la primera que la obra en mención no cumple con el requisito administrativo de “Costo-Beneficio”, como si el derecho a la comunicación, el desarrollo y a la infraestructura carretera que tienen los pueblos de la zona serrana de este Estado, estuvieran sujetos a una disposición burocrática.
Ante reiteradas denuncias de un juego incesante de ping pong entre las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público y de echarse la culpa ambas dependencias del subejercicio del Programa Carretero para el 2004, violentando totalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004,en lo que se refiere a este rubro, como si este no se entendiera como un mandamiento de la soberanía popular para ser ejecutado a cabalidad por el Poder Ejecutivo y las dependencias que la conforman, me permito someter respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que expliquen el subejercicio del Programa Carretero del País 2004.
DIPUTADO FEDERAL FRANCISCO LUIS MONÁRREZ RINCÓN
Del Dip. Francisco Barrio Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que el Gobierno de México participe en la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías.
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE ECONOMÍA QUE CONVOQUE A UNA REUNIÓN CON CARÁCTER DE URGENTE CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, PARA TRATAR EL TEMA DE LA ELIMINACIÓN EL 1 DE ENERO DE 2005 DE LAS CUOTAS TEXTILES DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE LOS TEXTILES Y EL VESTIDO DE ESTE ORGANISMO
C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura
Compañeros Legisladores,
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente Punto de Acuerdo.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hago uso de esta tribuna para someter a la consideración de esta Asamblea, un Punto de Acuerdo sobre un tema de gran importancia para nuestro país.
Se trata de la problemática que padece hoy en día el sector textil – confección, por la fuerte influencia que ejerce particularmente China en esta industria a nivel mundial.
En primer lugar, es importante señalar que la industria textil – confección es un sector estratégico para el desarrollo del sector manufacturero de México, puesto que cuenta con acelerados procesos de inversión y modernización desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Este sector aporta alrededor del 6 por ciento del PIB manufacturero y realiza exportaciones por más de 10 mil millones de dólares anuales. Asimismo, es un importante generador de fuentes de empleo, puesto que ocupa a más de 600 mil trabajadores en forma directa, lo que representa casi 20 por ciento del total de los empleos del sector manufacturero.
No obstante, esta industria comienza a mostrar señales de debilitamiento que resultan preocupantes. En materia de empleo, el sector textil ha perdido 41 mil plazas entre diciembre de 2000 y abril de 2004; en tanto que el sector vestido, perdió en el mismo lapso, 184 mil plazas.
En este contexto, se tienen identificados los factores inhibidores del sector, mismos que se relacionan con el contrabando y comercio ilegal de productos provenientes principalmente de China.
Este país tiene la posibilidad de apoderarse de manera ilícita de un segmento sustancial del mercado mundial de textiles, debido a que su participación en el mercado no es leal. De hecho, en Estados Unidos ha alcanzado una participación del 65 por ciento del mercado en aquellas categorías donde se quitaron las cuotas en 2002.
La industria textil de China se respalda por el fuerte control del Gobierno, con empresas textiles de carácter estatal que operan con pérdidas, cuyas ventas de materia prima se dan por debajo de los precios internacionales.
Además, se otorgan exenciones fiscales a los exportadores y se incluyen esquemas preferenciales de financiamiento a su industria. Evidentemente, operan con cerca del 40 por ciento de cartera vencida y no cumplen con los derechos laborales de sus trabajadores, a lo que someten a condiciones paupérrimas y de explotación extrema.
El resultado es la generación de productos de baja calidad, pero sobre todo, a un precio notablemente bajo, mismo que genera una situación de dominio del mercado internacional, que es invadido por estos productos. México no es ajeno a esta situación y ha padecido los problemas que genera la piratería y contrabando de productos textiles chinos.
Como podrán apreciar, nos enfrentamos a un problema que tiende a agravarse de manera significativa, puesto que en enero de 2005, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se tiene prevista la eliminación de las cuotas textiles en los principales mercados de exportación del sector, destacando el de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Resulta muy probable que, de llevarse a cabo esta eliminación, China se convierta en el principal abastecedor mundial de productos textiles y de confección. Sin embargo, la participación de China en el mercado, se verá enmarcada por una clara competencia desleal, que ocasionará la pérdida de millones de empleos alrededor del mundo, y obviamente nuestro país estará en las mismas condiciones de peligro.
Derivado de esta preocupación, 100 organismos empresariales de 52 países, incluido México, lanzaron una iniciativa mundial, conocida como la Declaración de Estambul, para solicitar a sus gobiernos una reunión de emergencia a la OMC para posponer la eliminación de las cuotas textiles hasta enero de 2008 y analizar el impacto de la eliminación de estas cuotas textiles.
Como resultado de esta iniciativa, el Gobierno de Mauricio envió un comunicado a la OMC solicitando celebrar una reunión de emergencia a fin de analizar e identificar soluciones al interior de este organismo para la crisis que se avecina con la eliminación de las cuotas textiles el 1º de enero de 2005.
Al respecto, el 3 de agosto el Director General de la OMC realizó consultas con representantes de 20 países, incluido México y se acordó tratar este tema en la reunión de la Consejo del Comercio de Mercancías a celebrarse el próximo 1 de octubre.
En el mismo sentido, nuestro Gobierno Federal impuso desde octubre de 1994, cuotas compensatorias de hasta 533% a las importaciones de textiles y prendas de vestir procedentes de China.
Durante el proceso de adhesión de China a la OMC, el Gobierno Federal negoció con este país que México podría mantener estas cuotas compensatorias durante 6 años, sin que pudiera ser impugnadas en la OMC. Este plazo vence en 2007.
De acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, durante 2004 debe determinarse mantener o eliminar las cuotas compensatorias contra China. Sin embargo, ante la evidencia de las prácticas desleales utilizadas por China, en Acción Nacional consideramos prioritario que estas cuotas compensatorias se mantengan para proteger a la industria nacional.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta soberanía, la propuesta con los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se hace un exhorto a la Secretaría de Economía, para que el Gobierno de México participe activamente en la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías, analizando e identificando soluciones al interior de este organismo para la crisis que se avecina con la eliminación de las cuotas textiles el 1º de enero de 2005 y así defender los intereses de la industria nacional.
SEGUNDO.- Se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, para que mantenga las cuotas compensatorias a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir de China.
Dado en el Palacio Legislativo a los … del mes de agosto de 2004.
Del Sen. César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación al uso de balas de gas pimienta en contra de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América.
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN.
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal, que de forma urgente exija al gobierno de Estados Unidos de América el cese inmediato de la utilización de “armas disuasivas no letales” para detener a los migrantes mexicanos que ingresan a su territorio, debido a que atentan contra su integridad física y violan flagrantemente los derechos humanos.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante su Segunda Comisión al Secretario de Relaciones Exteriores, para que informe si el gobierno mexicano convino la utilización de balas de goma rellenas de gas pimienta como medio para evitar la entrada de connacionales a territorio estadounidense. De ser así, que explique las razones y los términos en los que fue firmado dicho acuerdo.
Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a permanecer atenta ante la posible entrada en vigor de la iniciativa “Protege Arizona”, la cual discrimina abiertamente a nuestros connacionales debido a que propone la pérdida de los servicios sociales básicos en ese Estado de la Unión Americana,
Del Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, a nombre propio y de la Sen. Leticia Burgos Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al uso de proyectiles de polvo o pimienta en contra de migrantes, por parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROGRAMA DE LA PATRULLA FRONTERIZA EN EL QUE SE UTILIZAN LANZADORES DE PROYECTILES DE POLVO O PIMIENTA EN CONTRA DE MIGRANTES.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE
El suscrito Senador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, a nombre de la Senadora Leticia Burgos Ochoa y del mío propio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores ante la Segunda Comisión de la Permanente, a efecto de que explique los motivos que llevaron al gobierno mexicano a autorizar la instrumentación de un programa de control fronterizo basado en la utilización de armas no letales, en detrimento de la integridad física y de la dignidad de los migrantes mexicanos.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 11 días del mes de agosto de 2004.
De la Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en torno a la contaminación electromagnética.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SEN. SARA I. CASTELLANOS CORTÉS EN TORNO A LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA.
1. Los avances tecnológicos han generado condiciones más confortables para la vida de los humanos. No obstante, algunos de éstos han producido efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud. En algunos casos, todavía no existen los estudios científicos modernos que definan con toda claridad sus posibles impactos: ubicamos aquí los tendidos de alta y mediana tensión, de subestaciones, de transformadores, de emisoras de radio y televisión, antenas de comunicación, estaciones de telefonía móvil, equipo industrial, etc. que han invadido con sus emisiones electromagnéticas todo nuestro entorno y sobre los cuales existen registros de que se relacionan con enfermedades graves como la leucemia infantil o la depresión.
2. De acuerdo con su nivel de energía, las radiaciones electromagnéticas se dividen en ionizantes o no ionizantes. En el primer tipo estaría la radioactividad o los rayos X, que son considerados como peligrosos y su uso promueve medidas de seguridad adecuadas. Las radiaciones no ionizantes son producidas por las llamadas microondas y hasta el momento no requiere de amplias medidas de seguridad en su implementación, ya que se considera que éstas aún cuando sean de alta intensidad no pueden causar ionización en un sistema biológico.
3. Las ondas electromagnéticas pueden definirse por su longitud, frecuencia o energía. La frecuencia de una onda electromagnética es el número de oscilaciones que pasan por un punto en una unidad de tiempo. Se mide en ciclos por segundo, o hercios. Un ciclo por segundo equivale a un hercio (HZ). Normalmente, los campos de radiofrecuencias se designan con unidades superiores: Kilohercio(kHz) mil ciclos por segundo; megahercio (MHZ) un millón de ciclos por segundos; y el gigahercio (Ghz) mil millones de ciclos por segundo. Cuanto más corta es la longitud de onda, más alta es la frecuencia. Una onda electromagnética esta formada por paquetes muy pequeños de energía llamados fotones. La energía de cada fotón es directamente proporcional a la frecuencia de la onda: cuanto más alta es la frecuencia, mayor es la cantidad de energía contenida en cada fotón. Los campos electromagnéticos que están entre los 10MHz y los 300 GHz son emitidos por antenas de radio, de televisión, telefonía celular o de microondas.
4. La fuerza de este campo eléctrico depende del voltaje y de la distancia de la fuente que lo genera. Al igual que los campos eléctricos, los magnéticos son más fuertes en la fuente de origen y disminuyen rápidamente con la distancia. En el cuerpo humano existen pequeñísimas corrientes eléctricas; es así, como los campos electromagnéticos de alta intensidad (o densidad) afectan las funciones corporales de todos los seres vivientes.
5. Entre las posibles alteraciones biológicas que los campos electromagnéticos no ionizantes pueden producir, están las siguientes: leucemia; debilitación del sistema inmunológico; enfermedades del corazón, sistema sanguíneo y ocular. Cambios genéticos en el comportamiento físico y neuronal y anomalías de los cromosomas; modificaciones en la proliferación de las células y alteraciones en ciertas enzimas. Puede producirse rupturas en el ADN y provocar cáncer. También están las cefaleas, insomnio, alteraciones en el comportamiento, depresión (llegando incluso en el extremo al suicidio), ansiedad, Alzheirmer, alergias, abortos, malformaciones congénitas, etc. A pesar de la gran cantidad de padecimientos que probablemente se vinculan con las radiaciones ionizantes, éstas no tienen el mismo reconocimiento de peligrosidad que las ionizantes.
6. Poco después de la segunda guerra mundial, con la creación del radar, se empezó a generar una preocupación constante por los efectos de la contaminación electromagnéticas. En distintos países del mundo se iniciaron las investigaciones correspondientes para definir las posibles consecuencias.
7. En distintas partes del mundo sigue dándose una amplia polémica sobre este tema. En el 2000, a petición del Parlamento Europeo el biólogo Neil Sherry dio a conocer una investigación en donde señaló que estas radiaciones son perjudiciales para el cerebro, corazón, feto, hormonas y células. En 1994 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la lucha contra los efectos nocivos provocados por la radiación no-ionizante, señalando la necesidad de establecer una normativa al respecto. La Comunidad Europea propone una distancia mínima de seguridad para las antenas (sin presencia humana) de 58 metros. (En Toronto es de 200 metros, en Namur (Bélgica) de 300 metros y en Australia de 500 metros). En el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30/07/99, págs.1.199/59-70, se señala que es absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos contra los efectos nocivos que pueden resultar de la exposición a campos electromagnéticos.
8. La legislación de Suecia ha reconocido la posibilidad de la leucemia infantil generada por las líneas de alta tensión. En Suiza se han fijado límites más estrictos, afirmando que existe evidencia suficiente para aplicar normatividades más estrictas. En Alemania se recomienda una distancia de seguridad de un metro por cada kilovolt de tensión en la línea. Rusia estableció en ley que las líneas de alta tensión que generen campos de más de 25 KV/m deben situarse a una
9. Debido a la falta de consenso científico internacional, la Organización Mundial de la Salud inició en 1996 un proyecto de investigación sobre el tema. Los resultados todavía no son entregados debido a que se requiere un mayor tiempo para los estudios. Ha recomendado que se tomen medidas precautorias, no se instalen antenas de teléfonos móviles a una distancia inferior de 30 metros de los seres humanos, lejos de centros asistenciales, guarderías infantiles y geriátricos, considerando que estas personas, no poseen defensas como el humano adulto y sano. Por cierto el director de este proyecto es el Dr. Mike Repacholi, trabajaba para la Fuerzas Aéreas de EEUU hace 15 años.
10. El caso de la telefonía celular resulta interesante, debido a que a pesar de que las empresas niegan los efectos negativos, han estado patentando inventos con el objetivo de prevenir y frenar los efectos de la contaminación. Entre estas empresas están Nokia, Ericcson y Motorola.
11. Los Estados Unidos, ha sido uno de los países que más estudios ha realizado al respecto. El primero de agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) a través de su Informe y su Instrucción FFC 96-326 adoptó una norma de seguridad actualizada con respecto a la exposición humana de la energía electromagnética de radio frecuencia emitida por transmisores regulados también por la FCC. Dichos lineamientos son consistentes con la norma de seguridad previamente establecida por los organismos de estándares de los Estados Unidos, como Internacionales. Se regulan las emisiones, tanto de las antenas de televisión y radio, los móviles, las antenas de comunicación, las subestaciones o los transformadores.
12. Es fundamental resaltar que las empresas de teléfonos móviles, como Samsung, en Estados Unidos, proporcionan al usuario una guía de uso, en consonancia con las recomendaciones de la FCC; describiendo la distancia que debe tener el celular del cuerpo humano y la operación del teléfono colgado al cuerpo.
13. A pesar de toda la discusión internacional que el tema ha generado y en donde ha quedado claro que se deben de implementar mecanismos de prevención, independientemente de los próximos resultados de investigaciones internacionales, en México no existen medidas legislativas concretas que indiquen distancias o limites para la instalación de antenas de telefonía, subestaciones de corrientes eléctricas, entre otros. Aunque es imperativo que México se actualice, existe la negativa por parte del gobierno mexicano a adoptar medidas concretas. En nuestro país la situación es extrema, porque no existe ninguna normatividad concreta al respecto y ni siquiera se han tomado en cuenta la normatividad internacional.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de
ACUERDO
1. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes deberá realizar un análisis detallado del Informe e Instrucción de La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) número 96 -326, en donde se establece la norma de seguridad actualizada con respecto a la exposición humana de la energía electromagnética.
2. Después de realizados los estudios correspondientes, en coordinación con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Salud valorarán la pertinencia de realizar una Norma Nacional para la protección de los mexicanos a la exposición de la contaminación electromagnética.
3. Los resultados de las investigaciones deberán turnarse a las Comisiones respectivas del Congreso de la Unión.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de agosto de 2004.
SEN. SARA I. CASTELLANOS
De la Sen. Yolanda Eugenia González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo relativo a diversas irregularidades en el proceso de inscripción a la educación primaria.
PROPOSICION QUE PRESENTA LA SENADORA YOLANDA EUGENIA GONZALEZ HENRNANDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARALAMENTARIO DEL PRI, REFERENTE A UN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EVITE Y SANCIONE, NEGATIVAS O CONDICIONANTES, EN EL ACCESO A LA EDUCACION.
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Secretaria de Educación Publica del ejecutivo federal, establezca a la brevedad, los mecanismos necesarios para que el Sistema Educativo Nacional mantenga una estricta observancia en la vigencia de las disposiciones del artículo 1° en concordancia con el 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establezca sanciones en el ámbito de su competencia a las instituciones educativas ya sean publicas o privadas, directivos, empleados o asociaciones de padres de familia, de las mismas que nieguen o condicionen la inscripción de algún educando a cualquier nivel educativo.
SEGUNDO.- Se exhorta al Sistema Educativo Nacional, para que a partir de la fecha se publique en el acceso a los todos los planteles educativos del país, tanto públicos como privados, en medios y proporciones que lo hagan ampliamente visible, los textos íntegros del articulo 1° párrafo tercero y 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los once días de mes de agosto de dos mil cuatro.
SENADORA YOLANDA EUGENIA GONZALEZ HERNANDEZ
Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al Presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal a agilizar los trámites que permitan a dicho órgano su operación eficaz, eficiente e inmediata.
Sen. Enrique Jackson Ramírez,
Presidente de Comisión Permanente
del Honorable Congreso de la Unión,
Presente.
El suscrito, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración, para su discusión y en su caso aprobación, con carácter urgente y de obvia resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A QUE AGILICE LOS TRÁMITES QUE PERMITAN A DICHO ÓRGANO SU OPERACIÓN EFICAZ, EFICIENTE E INMEDIATA, EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA, al tenor de los siguientes
antecedentes
1. Con fecha 8 de mayo del año 2003, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de la cual se creó el Consejo de Información Pública del Distrito Federal.
2. Para el año 2003, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó un presupuesto de 25 millones de pesos para el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, presupuesto que no se ejerció ya que el dicho órgano se instaló hasta marzo de 2004, como consecuencia de la controversia constitucional que interpuso el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
3.- Con fecha 31 de diciembre del año 2003, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
4. El Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2004, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó un presupuesto de 12 millones de pesos para el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, 60% menos que el año anterior.
5.- El día 2 de marzo del año en curso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal instaló formalmente el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, encontrándose representados en él la propia Asamblea Legislativa, la Jefatura de Gobierno, el órgano judicial local, los cinco órganos autónomos del Distrito Federal, y la ciudadanía, a través de las Consejeras Ciudadanas Odette Rivas Romero, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y el Consejero Gustavo Velásquez de la Fuente.
6. Desde entonces a la fecha, cinco meses después, no ha sido posible que los ciudadanos cuenten con la instancia adecuada para salvaguardar sus derechos en materia de transparencia y acceso a la información pública, pues, como han dado cuenta diversos medios de comunicación, el inmueble que habrá de destinarse para la sede del Consejo de Información Pública, está peor que en obra negra, imposible para ser usado.
7.- No obstante la parálisis que vive actualmente el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, su Presidente ha preferido descalificar públicamente a las consejeras ciudadanas María Elena Pérez-Jaen Zermeño y Odette Rivas Romero, así como a otros consejeros, sobre todo representantes de la Asamblea Legislativa, por denunciar las carencias de dicho órgano, por ejercer su libertad de expresión y por cumplir con su principal función, la de transparentar su función y la del órgano de que forman parte.
En este orden, someto al Pleno de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal entró en vigor el 09 de mayo del año de 2003, y el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la misma, el 1 de enero del año en curso.
SEGUNDO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal garantiza el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de todo ente público que ejerza gasto público.
TERCERO.- Que el Consejo de Información Pública del Distrito Federal es el principal órgano garante del derecho de acceso a la información, la tutela de datos personales y la transparencia en el Distrito Federal.
CUARTO.- Que el Consejo de Información Pública del Distrito Federal es un órgano autónomo, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone:
“Artículo 57. El Consejo de Información Pública del Distrito Federal es un órgano autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, integrado por representantes de la sociedad civil y de los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y autónomos del Distrito Federal.
En el marco de sus atribuciones, el Consejo estará regido por los principios de austeridad, racionalidad y transparencia en el ejercicio de su presupuesto.”
QUINTO.- Que el Consejo de Información Pública del Distrito Federal rige su actuar por los principios transparencia, legalidad, certeza, celeridad y veracidad.
SEXTO.- Que la principal prerrogativa de los consejeros y las consejeras ciudadanas es la libertad de expresión, prerrogativa que se traduce en una obligación de informar y transparentar y el del órgano que conforman.
SÉPTIMO.- Que la libertar de informar y de ser informado no debe coartarse, aún por los mismos consejeros integrantes del Consejo de Información Pública, so pena de incurrir en una grave contradicción, pues no debe perderse de vista que el principal garante de la transparencia y el acceso a la información se rige por el principio de transparencia e información.
OCTAVO.- Que la falta de operación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal se debe a la falta del acondicionamiento adecuado del inmueble en que oficialmente el Consejo de Información Pública preste al público los servicios a que está obligado, principalmente la de revisar y sustancias los medios de impugnación que los particulares deseen interponer contra la negativa de las autoridades de proporcionarles información pública.
NOVENO.- Que el Consejo de Información Pública del Distrito Federal tiene autorizado un presupuesto insuficiente para desarrollar plenamente las funciones que le han sido encomendadas por mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
DÉCIMO.- Que la Asamblea Legislativa es el órgano responsable de autorizar una ampliación presupuestal al Consejo de Información Pública.
UNDÉCIMO.- Que en el presupuesto el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2003, la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó al Consejo de Información Pública del Distrito Federal, un presupuesto de 25 millones de pesos, mismo que redujo inexplicablemente, y que ahora es la causa de que dicho órgano garante de la transparencia y el acceso a la información se vea imposibilitado para operar adecuadamente.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revertir el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 30 de julio de 2004, por medio del cual se clasifica la información como pública, confidencial y reservada del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal. Ya que con éste, se impide a la ciudadanía conocer toda la información relativa a los distribuidores viales y demás construcciones llevadas a cabo por el Gobierno del DF.
SEGUNDO.- Se exhorta al Presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal a agilizar los trámites que permitan al Consejo de Información Pública del Distrito Federal operar eficaz, eficiente e inmediatamente, en beneficio de la ciudadanía y en pro de la transparencia y el acceso a la información Pública en el Distrito Federal.
TERCERO.- Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a hacer las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de autorizar al Consejo de Información Pública del Distrito Federal, un presupuesto de por lo menos 25 millones de pesos, a fin de que dicho órgano atienda íntegramente el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones.
Recinto Legislativo de San Lázaro, agosto 11, 2004.
Sen. Héctor Larios Córdova
Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal para que se conduzca con respeto e institucionalidad en su relación con las autoridades del Distrito Federal, de los Estados de la Federación y con las y los legisladores del Congreso de la Unión.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE SE CONDUZCA CON RESPETO E INSTITUCIONALIDAD EN SU RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS DE TODOS LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN, Y CON LAS Y LOS LEGISLADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de la asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que se conduzca con respeto e institucionalidad en su relación con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y las de todos los estados de la Federación, y con las y los legisladores del H. Congreso de la Unión..
Del Dip. Guillermo Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo en relación con la situación en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
punto de acuerdo relativo al municipio de benito juarez
COMISIÓN PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.
LIX LEGISLATURA
P R E S E N T E
El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Primera Comisión de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
Ubicado al norte del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Benito Juárez –cuya cabecera municipal es la Ciudad de Cancún– es el primer centro turístico y de convenciones del Estado, y el primer destino de playas a nivel nacional. De acuerdo al INEGI, la población del municipio ascendió a 419 mil habitantes en 2000. En el período 1995-2000 la población creció a una tasa media anual de de 6.1%, ubicándose muy por arriba de la media estatal y nacional (3.8% y 1.3%, respectivamente). De acuerdo al CONAPO, Benito Juárez presenta un “muy bajo” grado de marginación, ubicándose a nivel nacional como el municipio número 40 menos marginado entre los 153 existentes con una población superior a los 100 mil habitantes.
El 9 de agosto de 2004) FitchRatings colocó en D(mex) la calificación a la Calidad Crediticia del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo., cuya cabecera municipal es la Ciudad de Cancún. El significado de la calificación actual asignada es por incumplimiento, es decir, la modificación en la calificación obedece a la falta de pago oportuno correspondiente al servicio del principal crédito que tiene el Municipio con la banca comercial.
En Junio de 2004, FitchRatings realizó una primera modificación a la baja en la calificación de Benito Juárez ubicándola en BB+(mex) ‘Doble B más’, la cual ya reflejaba un grado de incertidumbre o especulación respecto al pago oportuno y total de los compromisos financieros del Municipio. En Julio de 2004 se efectuó una segunda modificación a dicha calificación situándola en CCC(mex) ‘Triple C’ debido a la crisis financiera que enfrenta el Municipio, aunado al ambiente de incertidumbre jurídica que prevalece en la entidad.
Como se puede observar, las finanzas públicas del municipio de Benito Juárez se están deteriorando, la Auditoria Superior del Estado ha iniciado revisiones de obras y estados financieros por incumplir en tiempo con la entrega de sus cuentas públicas de 2003 y por desvío de recursos.
Por otra parte, el Concejo Municipal de Benito Juárez continúa al frente de la Alcaldía hasta que, en un documento claro y conciso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene que se retire. Lo único que ha mencionado Marisol Ávila Lagos, Presidenta del Concejo Municipal, es que el Concejo se saldrá de las instalaciones del Ayuntamiento, tan pronto como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ordene.
Si bien es cierto que la ministra instructora señala en su resolución que Juan Ignacio García Zalvidea es el Presidente del Ayuntamiento de Benito Juárez, cabe hacer la precisión que este legalmente ya no existe y que no está en funciones constitucionales, ya que quién ejerce el poder municipal en Benito Juárez es el Concejo Municipal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha resuelto que el Concejo Municipal sea inconstitucional y tampoco ha desconocido al mismo.
Marisol Avila Lagos está dispuesta a entregar el Palacio, con la presencia de representantes del Congreso del Estado y el Órgano Superior de Fiscalización, el ingreso del órgano de fiscalización obedece a que no se realizó la entrega-recepción como el Concejo Municipal hubiera deseado y García Zalvidea aunque fue notificado de sus obligaciones no se presentó a realizar los procedimientos correspondientes.
En todo caso se dará cumplimiento a las resoluciones FIRMES de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin dejar pasar por alto y reconocer cabalmente la legalidad del proceso por el cual se nombró al nuevo Concejo Ciudadano Municipal, y a la ciudadana Marisol Ávila Lagos como responsable y titular. Reconocimiento que se hace a dicha miembra del Partido Verde Ecologista de México, quien no obstante de la ilegítima violencia con que se ha conducido Juan Ignacio García Zalvidea, ha luchado por otorgar a la ciudadanía cuentas claras y actuaciones transparentes.
También reconocemos el patriotismo y el amor a su municipio de los 11 regidores que renunciaron a sus cargos para poder dar entrada a un Consejo Ciudadano Municipal, que realmente viera por el futuro de su municipio.
Por lo anterior, el legislador que firma al calce solicita se turne a la Primera Comisión de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tome en cuenta en las resoluciones relativas a la Controversia Constitucional 67/2004, los resultados de las auditorias practicadas al municipio por parte de la Auditoria Superior del Estado, su situación actual en las finanzas públicas y el desvío de recursos.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Auditoria Superior de la Fiscalización lleve a cabo una revisión para efectos de la fiscalización de recursos federales ejercidos por el Municipio para determinar que el manejo de las finanzas públicas se ha ejercido conforme a derecho.
Dado en el Salón Legisladores de la Republica, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de agosto de 2004.
Diputado Guillermo Velasco Rodríguez
Del Dip. José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita para el ejercicio de 2005 un incremento al presupuesto del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN EL EJERCICIO 2005, SE INCREMENTE EL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A FIN DE QUE CUMPLA ADECUADAMENTE CON LAS COMPETENCIAS QUE TIENE ASIGNADAS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO MANUEL PÉREZ CÁRDENAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito presenta a esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, la cual se sustenta en las siguientes consideraciones:
Es una prioridad de la sociedad mexicana, privilegiar la legalidad en aras de superar las desigualdades y los retos que el desarrollo sustentable exige. En ese contexto, debemos detenernos a analizar uno de los mecanismos con el que la sociedad cuenta para la defensa de sus intereses sobre las decisiones del Estado y que a la vez legitima el interés de éste para impartir justicia a sus gobernados.
Este mecanismo de Impartición de Justicia, es precisamente la principal función pública encomendada al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del Sistema Jurisdiccional Mexicano, misma que se concretó en la Ley de Justicia Fiscal de 1936, cuando el Legislativo Federal precisó la creación de un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tuviera a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Publica Federal y los particulares en materia fiscal.
Bajo esa perspectiva, el extinto Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente denominado Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa ha venido cumpliendo cabalmente el noble encargo nacido de la Constitución y reglamentado en las leyes correspondientes, al ser custodio de la legalidad de los actos de la Administración en aquellas materias de su competencia, en estricta observancia a la garantía desplegada por el artículo 16 Constitucional, a través del control jurisdiccional ejercido en apego a lo preceptuado por el artículo 17 de la precitada ley suprema, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Por ello, para coadyuvar al avance del Estado de Derecho y salvaguardar el respeto al orden jurídico vigente, se exige garantizar a la sociedad la impartición de justicia fiscal y administrativa en todo el territorio nacional, pero esto, no será viable si seguimos observando dentro de los presupuestos asignados al Tribunal, una baja sensible en los recursos financieros que se le otorgan y menos aún, si los confrontamos con el incremento de las demandas recibidas, o bien, cuando a través del fortalecimiento del mismo Estado de Derecho, se han hecho necesarias, nuevas leyes que le confieren a ese mismo Tribunal, mayores competencias; tal es el caso –entre otras— de las que le confiere la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Basta analizar los informes anuales de la Presidencia del Tribunal de cuyos datos se desprende que la oportunidad en la emisión de sentencias, así como la certidumbre jurídica, permiten también al Estado, tener certeza financiera sobre los recursos captados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los disponibles después de los fallos de las diversas Salas del Tribunal, así como del Pleno de su Sala Superior, ya que el interés económico controvertido de las demandas recibidas en el año 2003 del orden de 92 mil 577 millones de pesos.
Expresado en otros términos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no ha crecido al ritmo de las necesidades requeridas, ya que por la excesiva carga de trabajo se está convirtiendo en un cuello de botella en la impartición de justicia en sus respectivos ámbitos de su competencia, en virtud de que tan sólo sus salas regionales metropolitanas en el periodo comprendido de 1° de noviembre de 2002 al 31 de octubre de 2003, tuvieron un saldo inicial de 12,718 juicios, un ingreso de 30,385 demandas nuevas, resolviendo 21,961 asuntos y quedando con un saldo final de 21,142 juicios, esto es un rezago equivalente a su capacidad de 12 meses de trabajo.
Por su parte, las Salas Regionales foráneas del mencionado Tribunal, en el mismo periodo tuvieron un saldo inicial de 27,282 juicios, un ingreso de 59,000 demandas nuevas, resolviendo 48,800 asuntos y quedando con un saldo final de 37,482 juicios esto es, un rezago equivalente a su capacidad de 10 meses de trabajo.
Para el año 2005 y a fin de que el Tribunal no sea rebasado por las demandas de los justiciables (que solamente en 2003 tuvo un incremento promedio del 41%) sería necesario crear al menos 10 Salas Regionales Foráneas lo que permitiría a ese Tribunal, seguir atendiendo oportunamente los conflictos que se presenten.
Se requeriría también la construcción de un edificio en un terreno donado por el Gobierno del Estado de Puebla, que albergaría a dos de sus Salas Regionales de Oriente en la ciudad de Puebla; lo que disminuirá el gasto del Tribunal, por concepto de arrendamientos. Igualmente para la adquisición del inmueble arrendado que ocupa actualmente la Sala Regional de Caribe en Cancún, Quintana Roo.
A mayor abundamiento la ampliación de nuevas competencias otorgadas al Tribunal en cita, justifica la creación de nuevas áreas que favorezcan su organización y el despacho de los asuntos cuyas atribuciones quedaron plasmadas en el Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2003.
La labor jurisdiccional se está viendo mermada por la reducción en el presupuesto asignado en los últimos años al Tribunal, que ha impactado principalmente a las partidas prioritarias del gasto, entre éstas las que se refieren ya no sólo a la imposibilidad de sostener el otorgamiento de algunas prestaciones a su personal o a la incapacidad económica para homologar los sueldos con los niveles de responsabilidad, sino más grave aún, hacer inoperable al Tribunal ante la escasez de recursos humanos, presupuestales y materiales, si se miden en la proporción misma, en que se le ha dotado de mayores competencias que se traduce invariablemente en mayor promoción de juicios.
La seguridad jurídica para los gobernados es fundamental, al tener la certeza de la constitucionalidad de los Actos Administrativos Federales, así como de su legalidad, asegurada por un órgano que imparte justicia administrativa desde hace 67 años, es decir que puede revisar los actos de las instancias administrativas del poder Ejecutivo Federal, que impacta la certidumbre y confianza del universo de actores en el ámbito empresarial, industrial y de negocios en general, que deriva de la amplia competencia que le asigna a ese Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tanto su Ley Orgánica como diversos ordenamientos jurídicos de carácter fiscal, administrativo y otros.
En estas condiciones, revisando los antecedentes más las insuficiencias presupuestales y las necesidades ineludibles del Tribunal, corresponde a esta instancia legislativa analizar si dotar de recursos suficientes al Tribunal, es un costo que no se puede satisfacer, o bien, es una inversión que favorecerá la legalidad y el respeto a las garantías de los justiciables en este país, sin dejar de lado la certidumbre jurídica que otorga a los gobernados.
Por lo anterior, me permito presentar a esta soberanía la siguiente propuesta de Punto de Acuerdo.
Se apoye para el ejercicio 2005 un incremento al presupuesto del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de que cumpla adecuadamente con las competencias que tiene asignadas.
Palacio Legislativo, 11 de agosto de 2004
Dip. Manuel Pérez Cárdenas.
Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Marcos Morales Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al IMSS a iniciar la construcción de una unidad de medicina familiar en la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A INICIAR A LA BREVEDAD LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR EN AV. CHALMA-LA VILLA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL.
El que suscribe, Dip. Fed. Marcos Morales Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
En Cuautepec, una de las tres grandes áreas poblacionales que componen la Delegación Gustavo A. Madero y que tiene una población de alrededor de 300,000 habitantes, y por no contar con infraestructura médica obliga a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social a acudir a clínicas ubicadas fuera de su entorno habitacional.
Aún más, en la Avenida Chalma-La Villa, ubicada en Cuautepec, existe un predio propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social en donde desde el año 1975 éste afirmó que construiría una Unidad de Medicina Familiar, e incluso colocó el letrero indicativo de ello. Desde entonces el IMSS determinó que esta Unidad de Medicina Familiar es necesaria para atender a los derechohabientes de Cuautepec y desde ese año tiene proyectada la construcción de esta obra.
De acuerdo a estudios técnicos del propio Instituto en función de la demanda, con la construcción de esta Unidad se daría servicio a más de 100,000 derechohabitantes de la zona y que actualmente se ven obligados a acudir a otras unidades ubicadas en puntos lejanos y de difícil acceso para ellos, como: la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 20, ubicada en Calzada Vallejo; la U.M.F. No. 44, ubicada en Ticomán; la U.M.F. No. 41 en Magdalena de las Salinas; e incluso la U.M.F. No. 64, ubicada en Tlalnepantla, Estado de México, pero las cuatro ya se encuentran saturadas y además implica mucho tiempo de traslado en transporte público, de hasta una hora y media de recorrido en promedio para quienes se ven obligados a recurrir al servicio de consulta externa; además del tiempo, debe considerarse el costo que tienen que pagar las familias de bajos ingresos para trasladarse, lo que merma aún más su ya de por sí exigua economía.
El pasado 21 de octubre de 2003 presenté ante el pleno de la H. Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto de este poder legislativo, que se incluyera una partida de 60 millones de pesos en el Decreto de Presupuesto de Egresos para 2004, destinados específicamente a la construcción de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS en Cuautepec, en el terreno que desde 1975 se tiene destinado para ello en Avenida Chalma-La Villa, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal.. Ante ello la Comisión de Seguridad Social, tuvo una reunión de trabajo con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se planteó este tema.
Las mismas autoridades del IMSS han establecido la necesidad de la clinica, así se tiene por pendiente. El oficio no. 09. 53.84.2910/754, con fecha 9 de diciembre del 2003, la Coordinadora de Planeación y Desarrollo, Dra. Beatriz Zurita, le informa al Dr. José C. Valdés Durón titular de la Dirección Regional Centro que la construcción se encontraba considerada en la cartera de inversión de la Delegación 1 noroeste del Distrito Federal como de “prioridad 1” para iniciar su construcción en este año del 2204.
Así también, el oficio Número 3501601100/0219 de fecha 24 de mayo del 2004 el arquitecto Adrían Velicu Margarit, titular del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria de la Delegación 1 Noroeste y 2 Noreste del Distrito Federal le informa al Movimiento Unificador Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que la construcción de la Unidad Médico Familiar ha sido resuelta favorablemente y autorizada la obra para el presupuesto de obra civil 2004-2005, es decir iniciarla en 2004 y terminarla en 2005.
Esta acción esta acorde a la facción VI del artículo 251 de la Ley del Seguro Social, que señala entre las atribuciones del instituto la de establecer unidades medicas para el cumplimiento de sus fines.
Por tal motivo, hoy presento ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por la urgente necesidad de atención médica de los pobladores, para exhortar al IMSS a que inicie a la brevedad, la construcción de la Unidad de Medicina Familiar a la cual se ha hecho referencia, con el fin de dar fácil acceso a las personas amparadas por los artículos 84 y 241 de la Ley del Seguro Social que viven en la zona de Cuatepec, a su vez redundaría en un beneficio en el servicio de las unidades medicas familiares donde actualmente se atiende a los vecinos de Cuatepec, al disminuir la atención del número de derechohabientes a que actualmente esta sometidas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que inicie a la brevedad los trabajos de construcción de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS en Cuautepec, ya que el propio Instituto tiene contemplado iniciar los trabajos de construcción en este año y terminar en el 2005, en el terreno de su propiedad que desde 1975 se tiene destinado para ello en Avenida Chalma-La Villa, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal.
Suscribe,
Dip. Marcos Morales Torres
Comisión Permanente, 11 de agosto de 2004.
De la Dip. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos y gastos del Instituto Mexicano de la Radio, así como del Canal 22.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION REVISE LOS FONDOS Y GASTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, ASÍ COMO DEL CANAL 22.
La suscrita Diputada Federal, Marcela Guerra Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el articulo 58 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tener de las siguientes:
Consideraciones
El poder reglamentar el artículo 6° constitucional, en su última oración, no fue tarea fácil, tuvieron que pasar más de dos décadas. El tener la Ley de Transparencia fue un paso importante, pero el más sencillo. Ahora, el inicio del acceso a la información gubernamental de una forma más simple, nos ha permitido no sólo a los legisladores, medios de comunicación y ciudadanos en general, conocer datos y procesos sobre el actuar del gobierno.
El reto está en su implementación plena y su cumplimiento efectivo, y esa responsabilidad es del gobierno, de lo contrario la ley podría perder legitimidad.
Es importante terminar con la cultura del "secretismo" en las autoridades para dar paso a la transparencia. El ejercicio del derecho a la información es clave para la democracia, pues una sociedad informada participa plenamente en la vida pública, mientras que la reserva innecesaria en el gobierno conduce a la arrogancia en la forma de gobernar.
De acuerdo con la doctrina, podemos establecer como concepto de información "toda aquella que incorporada un mensaje, que tenga un carácter público, o sea de interés público o social. Quedando comprendidos como información todos aquellos datos, hechos, noticias, opiniones o ideas que puedan ser difundidos, recibidos, investigados, acopiados, almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, instrumento o sistema a través de los cuales se genere una multiplicación de los mensajes".
Al hablar de contenido de la información, hacemos referencia a los elementos sustantivos que tienen como propósito determinar el objeto, tipo, calidad y cantidad de la información que será materia del derecho. En cuanto al tipo de información podemos clasificarla por el tema sobre el cual verse, por ejemplo: económica, comercial, salud, trabajo, ambiental, etc..
Clara muestra de lo anterior y de la incapacidad para la delimitación y contenido de la información, del manejo de los recursos económicos del Ejecutivo Federal y de sus entidades encargadas de difundir la cultura nacional, son el Instituto Mexicano de la Radio y el Canal 22, ambos pertenecientes a la Secretaria de Educación Pública. Lo anterior, se sustenta en los hechos que a continuación comento:
A) En la sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de fecha 23 de junio de 2004, la suscrita diputada perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, referente a la solicitud de información sobre el uso de los recursos asignados al Instituto Mexicano de la Radio (IMER) durante los ejercicios presupuéstales de 2001 al 2003; así como el estado que guarda su sectorización de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Educación Pública.
El referido punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión, destinada a los ámbitos de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la cual fue aprobado dicho punto de acuerdo. En la sesión plenaria de la Comisión Permanente, el pasado 30 de junio, en votación económica se aprobó solicitar a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública remitir a la Comisión Permanente la información pormenorizada del uso y destino de los recursos presupuéstales asignados al Instituto Mexicano de la Radio durante los ejercicios fiscales de 2001 al 2003, así como el estado actual del proceso de sectorización de dicho instituto de la Secretaría de Gobernación a la de Educación Pública.
Con fecha 4 de agosto de 2004, mediante oficio de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, se me remitió la respuesta que emite la Secretaría de Gobernación a mi Punto de Acuerdo, donde llama la atención, básicamente dos aspectos, derivados de un análisis comparativo, con información proporcionada a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Cámara de Diputados, por la Directora General delIMER.
El primero, la realización de un estudio de investigación y análisis, con la empresa "Mercer Management Consulting, por $6,466,018.00, (seis millones cuatrocientos sesenta y seis mil dieciocho pesos 00/100 m/n), el que no se encuentra detallado el gasto, ni en los datos del disco compacto remitido para comentarios a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003, ni en la información enviada a la suscrita; y, segundo, el número considerable de personal para la operación de ahora, tan sólo 17 estaciones, un total de 730 empleados.
Siendo estos dos mismos puntos, lo que hacen recapacitar sobre la necesidad de tener un control sobre el sector público, consistente en la realización de diferentes tipos de auditoria, profundizando de forma especial en el cumplimiento de la legalidad.
En la información que proporciona eIIMER, en el desahogo del Punto de Acuerdo, presentado por la suscrita, en el rubro del ejercicio fiscal 2003, no se encuentra rastro alguno del pago a la mencionada empresa, si bien, en la partida 3000, rubro 3308, existe la denominación estudios e investigaciones, con una erogación de $3,233,009.00, (tres millones doscientos treinta y tres mil nueve pesos 00/100 m/n), no sabemos de que se trata o bien, si guarda alguna relación, con el estudio o estudios realizados por la empresa "Mercer Management Consulting".
De lo que se deduce, que existe una falta de transparencia en la información solicitada o bien, estamos frente a información incierta. Siendo esto grave en estas épocas de apertura y cambio, porque debemos recordar que el espíritu del acceso y transparencia de la información pública, consiste en brindar y proporcionar la información necesaria sobre la aplicación y manejo de los recursos a cargo de los servidores públicos.
B) En esta misma tesitura referente al manejo que ha hecho el Poder Ejecutivo de los recursos de los distintos medios de comunicación con los que cuenta, salta a la vista lo referente al manejo del presupuesto del Canal 22.
En días pasados, se hizo público que con cargo a su presupuesto, el referido Canal -emisora de televisión del Consejo Nacional para la Cultura y las Artespagó a cuatro empresas privadas más de diez millones de pesos, para entre otras cosas realizar "spots" de la Lotería Nacional y de la Secretaría de Economía, sólo entre abril y diciembre de 2003, información disponible en su página de internet.
Asimismo la televisara mantiene contratos comerciales con varias compañías privadas, una de las cuales, de acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SA T), omitió enterar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sobre la retención de pago del impuesto sobre la renta (ISR) de sus empleados durante 2003, además de que su domicilio fiscal no existe.
Ahora bien, esto nos lleva a señalar que el Canal 22 da un destino no claro y preciso a los recursos públicos, sobre esto cabe señalar que una auditoria vendría a verificar si el organismo auditado cumple con la legalidad vigente en la gestión de los recursos públicos.
A partir de la información de las contrataciones realizadas por el Canal 22 y con la ambigüedad en la información del Instituto Mexicano de la Radio, nos lleva a observar que es necesaria una auditoria a estas dos entidades pertenecientes al Ejecutivo Federal, debido a que, la revisión de la cuenta pública está a cargo de la Cámara de Diputados, la cual se apoya para tales efectos en la Auditoria Superior, misma que tiene a su cargo la fiscalización de la propia cuenta pública y goza de autonomía técnica y de gestión.
Para apoyo de lo anterior, vale la pena señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 36/2003, determino que el Auditor Superior tiene diversos deberes como el de informar, el de colaborar y el que se le permita la realización de una auditoria a un ente que reciba recursos públicos; la Auditoria Superior de la Federación puede fiscalizar todo el Gasto Público Federal, incluido el Poder Judicial, pero legalmente sólo puede emitir observaciones y recomendaciones (acciones correctivas), pero en ningún momento dictar órdenes, estas corresponderían al Pleno de la Cámara de Diputados al asignar el presupuesto.
La misma Suprema Corte y la Cámara de Diputados en la defensa jurídica de las facultades de la Auditoria Superior, han definido que la fiscalización es el mecanismo de control que tiene una connotación muy amplia, como sinónimo de inspección, de vigilancia, de seguimiento, de supervisión, de control y de evaluación, lo que implica cuidar y comprobar que se proceda con sujeción a la Ley y a las normas establecidas para tal efecto.
En este sentido, es claro que de acuerdo al concepto técnico de fiscalización, el órgano de la materia no nada más tiene facultades para revisar, supervisar, investigar y auditar las cuentas públicas, sino que también como parte y resultado de dicha actividad contable, debe realizar una evaluación del ejercicio, lo que implica que la actividad fiscalizadora no concluye con la recepción de documentación y la revisión, sino con la valoración de las cuentas, la clasificación de las mismas y el cuidado y comprobación de que se ajusten a Derecho; esto último lo podemos comprobar en el espíritu que impregnó el legislador al realizar la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
La Auditoria Superior de la Federación, fue creada con el objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobando si ésta se ajusto a los lineamientos señalados por el presupuesto y constatar la consecución de los objetivos y las metas contenidas en los programas de gobierno, así como informar de manera veraz y oportuna a la Cámara de Diputados y a la sociedad, sobre los resultados de la revisión del origen y aplicación de los recursos públicos.
Los objetivos de la Auditoria son:
1. Efectuar la revisión de la Cuenta Pública Federal con objetividad, imparcialidad y oportunidad para merecer la confianza y credibilidad de la Cámara de Diputados.
2. Fomentar gestiones públicas responsables, orientadas a la obtención de resultados y a la satisfacción de las necesidades de la población.
3. Apoyar al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal en la solución de problemas estructurales y en la identificación de oportunidades para mejorar el desempeño de las instituciones públicas.
Por lo antes expuesto y en atención a que estamos frente a un grave descrédito de dos medios públicos, por la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos, para actos o actividades distintas a la naturaleza de estas entidades, someto a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Que se solicite, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, a la entidad superior de fiscalización que fiscalice los fondos y gastos del Instituto Mexicano de la Radio y del Canal 22.
La auditoria estaría encaminada a verificar los organismos auditados adquieren y utilizan los recursos humanos y materiales de forma económica y eficiente. Se entenderá por economía la consecución de los recursos con el mínimo costo y por eficiencia y productividad, la relación entre los resultados y la rendición de cuentas.
Segundo: Que se exhorte a la Secretaria de Educación Pública se apegue al espíritu del principio de transparencia y acceso a la información ya que se ha solicitado información sobre el manejo de los recursos públicos, en el caso del Instituto Mexicano de la Radio, es incierta y poco detallada; mientras que en Canal 22 se han detectado presuntos malos manejos en el uso de los recursos del erario público federal, al pagar a empresas que de acuerdo a información del Sistema de Administración Tributaria, omiten enterar sobre la retensión de impuestos y su domicilio fiscal es inexistente.
Tercero: Se pida al Auditor Superior de la Federación que a la brevedad, realice las auditorias a estas entidades con el fin de evitar el mal uso de recursos públicos. Dejo sentado que le daremos el debido seguimiento a este asunto.
México D.F. a 11 de agosto de 2004.
Dip. Marcela Guerra Castillo
De la Dip. Cristina Portillo Ayala, a nombre propio y de la Dip. María Elba Garfias Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado de Puebla a ordenar la suspensión de las obras que se realizan en el paseo del Río de San Francisco, en la Ciudad de Puebla.
DIP. ELBA GARFIAS MALDONADO
Secretaria en la Comisión de Cultura
Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, para que ordene de manera inmediata, la suspensión provisional de las obras que se están realizando en el Paseo del Río de San Francisco en la Ciudad de Puebla, ya que ciudadanos y organizaciones sociales, denuncian que dichas obras destruyen el patrimonio cultural de dicha ciudad.
Honorable Asamblea, los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera.- La Cultura se transmite de padres a hijos, de generación en generación, acumulando una valiosa herencia que genéricamente se denomina Patrimonio. Este universo es el conjunto de memoria, identidad, símbolos, valores y aspiraciones. Durante la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 17° reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, se expusieron los siguientes motivos: “... El patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles; el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo...”.
Segunda.- Es de la precitada Convención, de donde obtenemos un concepto de patrimonio cultural: “ los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia del arte o de la ciencia; los conjuntos: grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico”.
Tercera.- La ciudad de Puebla fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el 8 de diciembre de 1987, asimismo cuenta con Decreto de Zona de Monumentos Históricos, por parte del Ejecutivo Federal publicado en noviembre de 1977 en el Diario Oficial de la Federación con 2 619 monumentos históricos, de los que habrá que restar los ahora destruidos; dicha cifra es mayor que la del Centro Histórico de la Ciudad de México que cuenta con 1 417 monumentos históricos. En el diagnóstico que contiene el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, Mejoramiento, Conservación e Integración del Paseo del Río de San Francisco; publicado el 13 de agosto de 1993, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla; en la parte final se advierte lo siguiente: “El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puebla, en su capítulo estratégico bajo el rubro de políticas de Desarrollo Urbano, señala a esta área del río de San Francisco y a los barrios y zonas adyacentes, como sujetos a una política de mejoramiento y conservación especial, partiendo precisamente del Río, que es el eje mismo de la fundación de Puebla, por lo tanto es el momento de emprender acciones firmes, tendientes a revertir la situación descrita...” . Del precitado Programa Parcial, deriva el Plan de Conservación Urbano Arquitectónico del Paseo del Río San Francisco, elaborado con el propósito de salvaguardar el patrimonio cultural edificado del área y normar el desarrollo turístico comercial proyectado para la misma.
Cuarta.- No mencionaremos todos y cada uno de los antecedentes obtenidos del recorrido al que diversas asociaciones y ciudadanos, quienes haciendo suyo el espíritu contenido en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que faculta a los particulares a realizar; cito: “campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos”; invitaron a la suscrita a realizar en días recientes, ya que como se puede apreciar el conflicto de intereses que se muestra es bastante largo, pues los hechos datan de poco más de once años. Esencialmente la oposición de los ciudadanos y organizaciones no es básicamente con el fin de “impedir” el desarrollo económico de la zona y su rescate, sino a que los proyectos en proceso de ejecución, incluyendo aquellos por realizar en lo inmediato, no respetan los lineamientos normativos contemplados en el Plan Maestro de Conservación Urbano Arquitectónico del Paseo del Río San Francisco, aunado a esto, existen indicios de que las autoridades han realizado actos que permiten a empresas, la demolición total de los edificios de valor histórico ubicados en los predios sitos en la calle 2 oriente números 1004, 1006, 1008 equivalentes a la manzana 6 lotes 1, 2 y 3 de la lotificación del Plan de Conservación antes mencionado, así como también la demolición parcial de los inmuebles históricos ubicados en la calle 10 norte números 404A y 402A correspondientes a la manzana 5 lotes: 11, 12, 13, 14 y 15 de la lotificación del citado Plan.
Quinta.- Recientemente, el trabajo arqueológico realizado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en los predios sitos en la calle 2 oriente números 1002, 1004, 1006 y 1008, en donde se construye un estacionamiento para aproximadamente 1000 automóviles, con seis niveles de construcción, dos de los cuales serán subterráneos, permitió liberar los vestigios del hospital de Bubas y subsecuentes etapas de ocupación. Autoridades del Instituto se enteraron, con anticipación a la demolición de los edificios históricos aquí ubicados, de los importantes hallazgos en el sitio ya que los arqueólogos entregaron un reporte preliminar el 21 del mayo del año en curso. Este informe concluye que estas construcciones estaban asociadas al partido arquitectónico del hospital, que data del siglo XVII. El proyecto ya avalado por el INAH, comprende diversas afectaciones a la
zona, entre estas: la fisonomía del entorno urbano, destrucción de los vestigios del antiguo hospital y sobre todo la violación, principalmente, del artículo 36 fracción I y de otras disposiciones, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
Único.- Se exhorta, respetuosamente, al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, a que en uso de sus facultades, proceda a la inmediata suspensión provisional de las obras mencionadas en el considerando cuarto, con el fin de posibilitar la revisión de los proyectos en ejecución, así como la revisión de aquellos proyectos que se planea iniciar en breve en la zona conocida como Paseo de San Francisco y verificar que estos cumplen estrictamente con lo ordenado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; Ley Estatal de Zonas Típicas y Bellezas Naturales y se apeguen estrictamente a las disposiciones contenidas en el Plan de Conservación ya mencionado.
Suscriben
Dip. María Elba Garfias Maldonado Dip. Gilberto Ensástiga Santiago
Comisión Permanente, agosto de 2004.
Del Dip. Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar una inspección a la empresa Ajemex S.A. de C.V., a fin de verificar las condiciones laborales de los repartidores del producto denominado big cola.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A REALIZAR UNA INSPECCIÓN A LA EMPRESA AJEMEX S.A. DE C.V., CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS REPARTIDORES DEL PRODUCTO DENOMINADO BIG COLA CUMPLAN CON LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN LABORAL.
El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
CONSIDERANDOS
1. Que varios ciudadanos que vienen prestando sus servicios a la empresa AJEMEX, S.A. DE C.V. cuya planta procesadora del Refresco denominado Big-Cola se ubica en Manzana A Lote 8 al 12, Corredor Industrial Quetzalcoatl Huejotzingo, C. P. 74160 de la Ciudad de Puebla, han manifestado que la realidad laboral en la que se desempeñan atenta contra sus derechos.
2. Que de acuerdo a la información que estos trabajadores nos han proporcionado, los repartidores del producto Big-Cola se ven obligados a poner un vehículo automotriz de su propiedad; deben pasar a la planta o centros de acopio a recoger el producto; deben cubrir las rutas que se les asignan; reciben por su trabajo una comisión determinada por la empresa; hacen el trabajo bajo las normas y supervisión del empresario.
3. Que los propios trabajadores comentan que tienen una dirección para hacer el trabajo como se les ordena y una dependencia económica de la empresa AJEMEX, S.A. DE C.V.
4. Que estos trabajadores sí son, en realidad, trabajadores de la empresa; sin embargo no les conceden ese carácter: no tienen seguridad social, no tienen INFONAVIT, no hay pago de séptimo día, no hay pago de vacaciones, no hay prima de antigüedad, no pueden organizarse gremialmente. No cuentan con ningún derecho. Se simula una supuesta figura de comisionista, cuando por donde se les vea, son trabajadores de la empresa AJEMEX, S.A. DE C.V.
5. Que constituye una garantía constitucional el ejercicio de la libre empresa en México. Que tiene como finalidad impulsar el desarrollo económico y social del país.
6. Que la creación de empleos bien remunerados es requisito esencial para la consecución del claro objetivo del fortalecimiento del desarrollo económico y social de la Nación.
7. Que tanto empresarios nacionales como extranjeros que invierten en nuestro país, cuentan por igual con la protección de las leyes y también tienen por igual que observar las disposiciones que regulan las actividades que llevan al cabo, así como los derechos de los trabajadores.
8. Que nuestra legislación laboral tiene como signo distintivo, la protección de los derechos de los trabajadores y la búsqueda del equilibrio y buen entendimiento entre capital y trabajo.
9. Que reconocer la carencia de empleos no significa aceptar la violación de los derechos de los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que realice una inspección a la empresa AJEMEX S.A. de C.V., situada en Huejotzingo Puebla, con el propósito de verificar que las condiciones laborales de los repartidores del producto denominado Big Cola cumplan con lo dispuesto por la legislación laboral.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, rinda un informe a esta Soberanía sobre los resultados de la inspección a que hace referencia el punto anterior.
TERCERO. Si derivado de la inspección referida se encuentran elementos suficientes para determinar que AJEMEX S.A. de C.V. viola la legislación laboral en su relación con los repartidores del producto Big Cola, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que dé cauce a las acciones legales correspondientes para sancionar a la empresa y restituir los derechos laborales de los trabajadores.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 9 de agosto de 2004.
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA
Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para proponer una controversia constitucional por la firma del Acuerdo de Entendimiento sobre los requisitos de documentación sobre los organismos vivos, modificados para alimentación.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL C. VICTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA, COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
El suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La preocupación de los gobiernos por el riesgo que para el ambiente y para la salud de las personas, significa la liberación de Organismos Genéticamente Modificados, condujo a la conclusión de que era necesario desarrollar, aplicar políticas y regulaciones en materia de bioseguridad en cada país, aunado a las medidas a nivel internacional para regular la movilidad transfronteriza de estos materiales.
Luego de un intenso trabajo de la comunidad internacional, el 29 de enero de 2000 se firmó en Montreal, Canadá, el Protocolo de Bioseguridad, acordado en el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992. El objetivo específico del Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de transferencia, manipulación y utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la Diversidad Biológica teniendo en cuenta también los riesgos para la salud humana, centrándose en los movimientos transfronterizos.
En el caso de México, el Protocolo de Cartagena, es ley suprema de toda la unión con base en lo que dispone el artículo 133 constitucional, toda vez que fue firmado el 29 de enero de 2000 y ratificado por el Senado de la República el 30 de abril de 2002, entrando en vigor el 11 de septiembre de 2003. Según las disposiciones de este acuerdo internacional, los 78 países firmantes deberán etiquetar todas sus exportaciones que contengan transgénicos, sobre todo aquellas designadas para tener una relación directa con el agro, como las semillas, a partir del 11 de septiembre de 2005.
Con base en el Protocolo de Cartagena, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, celebró a través del C. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador de Asuntos Internacionales de dicha Secretaria, un Acuerdo de Entendimiento con JB Penn, Subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, y Andrew Marsland, del Ministerio de Agricultura de Canadá, países que no forman parte del Protocolo de Cartagena y principales productores de transgénicos.
El documento intitulado “Acuerdo para establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM / AHFP)” fue firmado el pasado 29 de octubre de 2003, después de haber sido aprobado en el seno de la CIBIOGEM (Comisión Intersecretarial conformadas por 6 Secretarias de Estado y el CONACyT) y su legalidad, según señala la SAGARPA, queda respaldada en la ratificación que hizo el Senado de la República del Protocolo de Cartagena en su conjunto, ya que en su artículo 14 establece: “Las partes podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales de organismos vivos modificados, siempre que esos acuerdos y arreglos sean compatibles con el objetivo del presente Protocolo y no constituyan una reducción del nivel de protección establecido por el Protocolo.”
Si bien es cierto que el Protocolo de Cartagena es un gran logro para la mayoría de países, también representa un fuerte golpe para Estados Unidos, como líder del denominado Grupo Miami, conformado por cinco países productores de transgénicos, pues establece las reglas internacionales que obligarán a los países a adoptar el principio precautorio como base para las decisiones relacionadas con el movimiento transfronterizo, tránsito, manejo y uso de los organismos vivos modificados. Es de resaltarse que el “Grupo de Miami” se reunió para definir una estrategia para continuar con el comercio de transgénicos sin restricciones, ya que posteriormente realizaron otras reuniones a las que se invitaron a representantes de varios países latinoamericanos, y en la primer semana de febrero de 2004, se realizó una reunión en Buenos Aires con el propósito de: 1) tratar de que los países latinoamericanos adopten un acuerdo bilateral o regional, cuyo borrador fue escrito por Estados Unidos, que interpreta las disposiciones sobre identificación a tratarse en esta reunión, para obstruir la aplicación efectiva del protocolo, y 2) proponer este acuerdo como modelo para el resto de los países del mundo, violando los aspectos centrales del Protocolo.
Estos hechos son alarmantes, ya que nos muestran un escenario incierto sobre los efectos que pudiera tener el acuerdo firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, toda vez que en su texto se establece que un cargamento no es transgénico si contiene hasta un 5% de OGMs y por lo tanto no necesita ser identificado como tal, señalándose que en caso de presencia “no intencional” de transgénicos en un cargamento destinado a la exportación tampoco será necesario identificarlo con el rotulo de “puede llegar a contener transgénicos”. Aceptar un nivel de contaminación de hasta cinco por ciento, es en la practica consentir la entrada de transgénicos sin ninguna evaluación de riesgo e incluso comprometer las posibilidades de los países latinoamericanos en sus propias exportaciones posteriores.
La firma de este acuerdo representa un grave retroceso en la regulación de la materia de bioseguridad, pues con ello se abre la posibilidad de una transferencia descontrolada de organismos genéticamente modificados a nuestro país, en suma estos lineamientos acordados con estos Estados no parte, son arbitrarios y contrarios al espíritu del Protocolo de Cartagena, restando posibilidades para que los países Parte establezcan normas adecuadas para el control del movimiento transfronterizo tal y como se señala en dicho ordenamiento. Este tipo de acuerdos solamente servirán para facilitar y aumentar el ingreso de transgénicos sin ningún control a nuestro país, acelerando la contaminación genética de nuestra región que es rica en biodiversidad y centro de origen de muchos cultivos.
Ante la necesidad de contar con información que disipará nuestras dudas respecto de la naturaleza jurídica y los alcances del Acuerdo de entendimiento, presentamos dos puntos de acuerdo para citar a comparecer ante esta soberanía al titular de la SAGARPA, la cual tuvo lugar el día 29 de junio de este año ante la Tercera Comisión de esta soberanía, sin embargo lejos de aclarar las dudas de los legisladores que conforma a la Comisión surgieron otras interrogantes respecto de la propia naturaleza jurídica, sus alcances, operatividad y funcionamiento.
Resulta indispensable que el servidor público que firmó y negoció el “Acuerdo para establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM / AHFP)” comparezca ante esta soberanía para que responda los cuestionamientos que hasta el día de hoy no se han respondido, toda vez que la decisión de participar en este acuerdo solo fue discutida en círculos muy restringidos y a espaldas de la sociedad civil, de los campesinos y del poder legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cite a comparecer al C. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al seno de su Tercera Comisión para que informe a esta soberanía sobre la suscripción, implicaciones, aspectos técnicos y la ejecución del Acuerdo de Entendimiento sobre los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para alimentación, forraje o para procesamiento (OVM/AFP), suscrito el 29 de octubre del 2003.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a 11 de agosto del 2004.
OMAR ORTEGA ALVAREZ
Diputada Federal
De los Diputados Heliodoro Díaz Escárraga y María Esther Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se rechaza la iniciativa del gobierno federal para fusionar o liquidar a Banco Nacional de Comercio Exterior, y a Nacional Financiera.
CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
LOS SUSCRITOS, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE USTEDES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SIGUIENTE:
CONSIDERACIONES:
1.- NACIONAL FINANCIERA Y BANCO DE COMERCIO EXTERIOR SON INSTITUCIONES DEL ESTADO MEXICANO QUE HAN HECHO, DURANTE SUS MAS DE SIETE DÉCADAS DE HISTORIA, UNA DECISIVA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO.
2.- LA CAUSA REAL DE QUE ESTOS BANCOS DE DESARROLLO NO ESTÉN CUMPLIENDO EN EL MOMENTO ACTUAL CON SUS FUNCIONES Y POTENCIAL, RADICA EN LA FALTA DE UNA ESTRATEGIA EFICAZ DE FOMENTO DEL GOBIERNO; EN LA APLICACIÓN DE POLITICAS INADECUADAS, EN LA FALTA DE APOYOS SUFICIENTES DE LAS AUTORIDADES Y EN LA INCAPACIDAD DE SUS DIRECTORES.
3.-. LA FUSIÓN O LA LIQUIDACIÓN ES UNA FALSA SOLUCIÓN QUE CONFUNDE MEDIOS CON FINES; PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN CON AUSENCIA DE ESTRATEGIAS RECORTES INDISCRIMINADOS FRENTE AL NECESARIO AUMENTO DE OPERACIONES, PARALIZA INSTITUCIONES IMPORTANTES PARA EL PAÍS Y RESULTA ONEROSA. OBEDECE A LA IDEOLOGÍA Y PRESCRIPCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES.
4.- NACIONAL FINANCIERA Y BANCOMEXT DEBEN SER FORTALECIDOS PARA QUE CUMPLAN SU PAPEL, DENTRO DE UNA POLITICA NACIONAL DE FOMENTO Y COMPETITIVIDAD, DE APOYO AL CRECIMIENTO, AL EMPLEO Y AL DESARROLLO REGIONAL.
5.- NACIONAL FINANCIERA Y BANCOMEXT DEBEN SER FORTALECIDOS Y NO DEBILITADOS, PARA QUE CUMPLAN LAS FUNCIONES DIFERENCIADAS QUE LES DAN SUS LEYES ORGÁNICAS; PARA QUE PUEDAN APOYAR ALA PLANTA PRODUCTIVA DEL PAÍS; IMPULSAR A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA QUE ATIENDAN EL MERCADO INTERNO, SUSTITUYAN IMPORTACIONES Y EXPORTEN Y FINANCIEN INFRAESTRUCTURA.
6.- PRESERVAR ESTOS DOS BANCOS MEXICANOS, ES UN IMPERATIVO NACIONAL, DADO QUE LA BANCA EXTRANJERA NO ESTA APOYANDO A LA PLANTA PRODUCTIVA. LIQUIDARLOS O FUSIONARLOS ES PRIVAR AL PAIS DE INSTRUMENTOS EFICACES DE POLÍTICA.
7.- ES NECESARIO APOYAR A LOS MAS DE DOS MIL TRABAJADORES, LOS SINDICATOS Y ASOCIACIONES DE JUBILADOS. DE ESTAS INSTITUCIONES QUE REPRESENTAN CUADROS VALIOSOS, COMPROMETIDOS CON EL PAÍS Y QUE REQUIEREN RUMBO Y CERTEZA PARA REALIZAR LAS TAREAS ENCOMENDADAS.
8.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION DEBE ESTAR EN PERMANENTE VIGILANCIA DE LAS INSTITUCIONES, ASEGURANDO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN VERAZ DE CUENTAS, CONFRONTANDO RESULTADOS CONTRA OBJETIVOS; Y SI LOS DIRECTORES NO CUMPLEN ESOS OBJETIVOS, LA SOLUCIÓN ES REMOVERLOS Y NO DESAPARECER LAS INSTITUCIONES.
EN RAZÓN A ELLO, SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE EL SIGUIENTE:
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO: LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION RECHAZA LA INICIATIVA DEL GOBIERNO FEDERALPARA FUSIONAR O LIQUIDAR A BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. Y A NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., POR SER UNA SOLUCION INADECUADA QUE LESIONA AUN MAS LA CAPACIDAD DEL ESTADO MEXICANO Y DEL SISTEMA FINANCIERO PARA APOYAR EL DESARROLLO SOSTENIDO Y EQUITATIVO DE MÉXICO.
DIPUTADO HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA
DIPUTADA MARÍA ESTHER SCHERMAN LEAÑO
PALACIO LEGISLATIVO, A 11 DE AGOSTO DE 2004
De la Dip. Cristina Portillo Ayala, a nombre propio y del Dip. Rafael García Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina a proporcionar la información sobre la situación de los miembros de las fuerzas armadas detectados con virus del VIH.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE LA SECRETARÍA DE MARINA A FIN DE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE EXHIBAN Y PONGAN A DISPOSICIÓN DE ESTA REPRESENTACIÓN NACIONAL TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE HAN SIDO DETECTADOS VIH POSITIVOS Y SOBRE EL NÚMERO DE BAJAS DADAS HASTA LA FECHA POR ESE MOTIVO.
Los que suscribimos, Diputada Federal Cristina Portillo Ayala y Diputado Federal Rafael García Tinajero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presentamos ante la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
Varios años de experiencia mundial en la lucha contra la epidemia VIH/SIDA han confirmado que la promoción y protección de los derechos humanos es un factor esencial para prevenir la transmisión del VIH y reducir los efectos del VIH/SIDA.
La promoción y protección de los derechos humanos es necesaria tanto para proteger la dignidad de las personas afectadas por el VIH/SIDA como para alcanzar los objetivos de salud pública consistentes en reducir la vulnerabilidad a la infección VIH, paliar los efectos negativos del VIH/SIDA en los afectados, y dotar de los medios a las personas y comunidades para responder a la epidemia.
Cada día aumenta más el consenso internacional de que una respuesta amplia y global, en la que participen en todos sus aspectos las personas con el VIH/SIDA, es un requisito fundamental para programas de salud que aspiren a ser eficaces.
Otro elemento esencial, es facilitar y crear un entorno ético y jurídico propicio que proteja los derechos humanos. Esto requiere medidas para garantizar que los gobiernos, la sociedad y los individuos respeten los derechos humanos y la dignidad humana, y actúen con tolerancia, conmiseración y solidaridad.
Lo que a su vez exige que la orientación y contenido de las políticas públicas frente al VIH se guié siempre por normas de derechos humanos universalmente reconocidas.
Desafortunadamente existen todavía en nuestro país numerosas situaciones de violaciones a los derechos humanos a quienes viven con el VIH o tienen SIDA, entre las que destacan: la negativa a otorgarles educación, vivienda, servicios funerarios, etcétera; la realización de exámenes de detección, sin contar con el consentimiento del interesado; la pretensión de aislarlos en albergues especiales; el despido de los trabajadores infectados, así como el rechazo de sus solicitudes de empleo; la mala atención por parte de algunos profesionales de la salud y, en ocasiones, la negativa de éstos a atender al enfermo; la divulgación indiscriminada de los resultados positivos de la prueba de detección del VIH, llegándose a extremos como la extorsión de la persona afectada, bajo la amenaza de hacer público su estado de salud.
Una de las denuncias que más preocupación causa, por la importancia y prestigio de la Institución, es la que se ha dado al interior de las Fuerzas Armadas.
La acusación ha sido formulada ante el GPPRD y la opinión publica por un grupo de 26 militares seropositivos y su representante legal. Señalan en principio el que se les practica de manera obligatoria la prueba , por citar un ejemplo, durante los trámites de promoción de grado.
Informan que una vez detectados como seropositivos se les aísla y sin su consentimiento se les informa a terceros, en general a mandos superiores y a familiares .Posteriormente son sometidos a un proceso durante el cual existen practicas discriminatorias , el cual termina con la baja por inutilidad.
Esta situación se ha acrecentado a partir de la modificación al articulo 226 de la Ley del ISSFAM, la cual entro en vigor en julio de este año, y que cataloga a la seropositividad para VIH-SIDA como causa de baja en las Fuerzas Armadas por inutilidad.
En la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución estamos convencidos que sin importar raza, religión, opinión, ideología, orientación sexual, género, edad, estado civil, etc, las personas que viven con VIH-SIDA tienen los mismos derechos que aquellas y aquellos no afectados por el virus.
Además existe legislación nacional y tratados internacionales firmados por nuestro país que dan carácter de obligatoriedad jurídica y moral al combate a cualquier forma de discriminación.
En una declaración de compromiso firmada por 167 países entre ellos México ONUSIDA expone en su estrategia de acciones y compromisos para el año 2003 al 2010 lo siguiente ”se deben promulgar, fortalecer o hacer cumplir, según proceda, leyes, reglamentos, y otras medidas a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con VIH-SIDA y los miembros de grupos vulnerables, y asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales; en particular, darles acceso a, entre otras cosas, educación, derecho de sucesión, empleo, atención de salud, servicios sociales y de salud, prevención, apoyo, tratamiento, información y protección jurídica, respetando al mismo tiempo su intimidad y la confidencialidad; y elaborar estrategias para combatir el estigma y la exclusión social asociadas a la pandemia”.
Como podemos observar, de acreditarse la discriminación de militares que son portadores del VIH, ello representaría una violación de derechos humanos inaceptable y contravendría compromisos y disposiciones nacionales e internacionales.
Hemos consultado a militares titulares de las dependencias involucradas en este tema, quienes ofrecen una versión distinta y contraria a lo que plantean los denunciantes. Por este motivo nos parece imprescindible dar curso a una solicitud de investigación para determinar si las denuncias son ciertas y , de serlo, dilucidar si se trata de conductas de individuos o, lo que seria más grave de las instituciones.
En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina para que a la brevedad posible exhiban y pongan a disposición de esta representación nacional toda la información sobre la situación de los miembros de las fuerzas armadas que han sido detectados VIH positivos y sobre el número de bajas dadas hasta la fecha por ese motivo.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión también exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina para que, en el ámbito de sus facultades, dicten los acuerdos necesarios a fin de que a los miembros de las Fuerzas Armadas con VIH SIDA dados de baja antes de la vigencia del actual articulo 226 de la Ley del ISSFAM se les otorgue la protección de salud debida, puesto que antes de la entrada en vigor de esa disposición legal tales bajas eran improcedentes y no estaban justificadas.
Tercero. Atendiendo a los convenios internacionales firmados por México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina para que, en el ámbito de sus facultades, dicten los acuerdos necesarios a fin de que se suprima la obligatoriedad de las pruebas de VIH a que son sometidos los miembros de las Fuerzas Armadas y que en todo caso dicha detección se ajuste a las directrices nacionales e internacionales de voluntariedad y confidencialidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los once días del mes de agosto de dos mil cuatro.
Diputada Federal Cristina Portillo Ayala
Diputado Federal Rafael García Tinajero
Del Dip. José Irene Álvarez Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades pesqueras federales y locales para que revisen la situación de los fondos aportados por las sociedades cooperativas de los pescadores de camarón del Puerto de Guaymas, Sonora.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS AUTORIDADES PESQUERAS FEDERALES Y LOCALES, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, PARA QUE REVISEN LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS FONDOS APORTADOS POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LOS PESCADORES DE CAMARON DEL PUERTO DE GUAYMAS SONORA Y SE EVITEN MAYORES ATROPELLOS EN EL FUTURO.
El que suscribe, José Irene Álvarez Ramos, Diputado Federal, Integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Decía, en otra proposición, que la principal actividad económica del Municipio de Guaymas de Zaragoza es la pesca y que, alrededor de ésta se ha consolidado una industria que ocupa a un número significativo de personas; que la pesca guaymense, que ocupa a cerca de doce mil personas que se dedican a la captura y cerca de quinientas que se ocupan de la acuacultura, aporta el setenta por ciento de la producción pesquera total estatal, siendo una de las principales especies capturadas, el camarón.
Cuentan los pescadores que la finalidad era entregar a los deudos de cualquiera de los cooperativistas, en caso de fallecimiento, una cantidad que sería determinada en su momento por el fiduciario derivado del monto que al momento de la reclamación hubiera en el fideicomiso; que por ello se creó un autoseguro de vida entregándose a cooperativistas una póliza del mismo; que a últimas fechas han estado haciendo diversas gestiones para que se cubran los seguros a las viudas de algunos de los agremiados que han muerto y se han dado cuenta que los traen con evasivas y les han negado la información relativa al fideicomiso, que a algunas de ellas las han querido hacer firmar documentos donde se desisten de la reclamación mediante el pago de cantidades irrisorias, por ello sospechan que hubo o existe malos manejos del dinero o bien que el fideicomiso nunca fue constituido.
Un socio de la cooperativa, que pidió el anonimato, mencionó que José María Yánez (socio y dirigente de la sociedad cooperativa hasta 1989) tenía conocimiento que cada barco entregaba 800 kilos a la cooperativa por temporada y que la federación les firmaba un vale de recibido. Del mismo modo, expresó que, con el dinero de las entregas, se hizo un fideicomiso, de cuya existencia se tuvo la seguridad toda vez que, cuando se pensionaba a algún cooperativista, la Federación le entregaba $2,500,000.00 de viejos pesos. Se cree que el dinero estaba en el banco Serfín, hoy acaso Santander Serfín o en el Atlántico, hoy HSBC.
Dicho socio comentó, asimismo, que se le entregaron $2,500,000.00 viejos pesos al señor Miguel Ángel Murillo Aispuro, quien era en ese momento el presidente del PRI; además, que presuntamente el dinero se manejó en la política y una parte fue entregada a Bulmaro Pacheco y a Julián Lozanilla para la campaña de Luis Donaldo Colosio, sin que se hiciera fideicomiso alguno para los autoseguros de las viudas de los pescadores.
Por otro lado, el señor Noé Sequeiros Luque (apoderado legal de las viudas y pescadores) le envió al IMSS la petición por escrito que por si sola se explica, de más de trescientas personas, en las cuales se requiere aclaración respecto de sus pensiones y/o jubilaciones.
Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el delito que se imputa a los indiciados ocurrieron (el último de ellos) al menos en 1990, en tanto que la querella fue presentada el mes de abril del año 2003. Debe tomarse en cuenta, de igual modo, que la acción penal en el presente caso se habría extinto por la prescripción, porque desde la fecha del último acto de ejecución del delito hasta la fecha en que se presentó la querella, han transcurrido más de 10 años; que los delitos de fraude y abuso de confianza se suelen perseguir a petición de parte ofendida y que, además, si ese tipo de delitos prescriben plazos de ley; así las cosas, el no ejercicio de la acción penal parece encontrarse debidamente fundada y motivada, pero lo legal no siempre es lo legítimo.
En este y otros casos los pescadores no han encontrado eco en las autoridades locales, pesqueras y no, por lo cual, en cumplimiento del deber comentaba, asimismo, que su flota está compuesta de casi mil cuatrocientas embarcaciones, entre las que destacan las camaroneras. Más del cincuenta por ciento de las capturas pesqueras se comercializa en el Estado y el resto tiene como destino final el mercado nacional y extranjero, este último principalmente ocupado por el camarón.
Durante distintas oportunidades, diversos Diputados hemos advertido con puntualidad que la actividad pesquera está en una profunda crisis y que Guaymas no ha sido la excepción. Durante una gira realizada por el puerto y, después de charlar con los pescadores, se revelaron graves irregularidades cometidas contra las sociedades cooperativas con un fideicomiso pesquero-camaronero que a continuación explico.
Según denuncias presentadas por apoderados legales de diversos pescadores del Puerto de Guaymas, hace tiempo muchos poderdantes suyos laboraron en diversas sociedades cooperativas de producción pesquera de altura, agrupadas en la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS SUR DE SONORA.
Los pescadores, conscientes del riesgo que su trabajo representaba; empezaron a entregar a la citada federación ochocientos kilos de camarón por barco, con la finalidad de que dicha federación lo comercializara con la empresa Ocean Garden, y así formar un fondo común, el cual a su vez sería entregado en fideicomiso y sería incrementado con las aportaciones que se hicieron desde 1983 a 1990, de representación popular, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades laborales federales y locales, en el marco de sus respectivas atribuciones, para que revisen la situación que guardan los fondos aportados por las Sociedades Cooperativas de los Pescadores de camarón del Puerto de Guaymas, Sonora; en su caso, se impongan las sanciones correspondientes que todavía haya lugar a las personas que resulten responsables y se eviten mayores atropellos en el futuro.
Agosto de 2004
DIP. JOSÉ IRENE ALVAREZ RAMOS
Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo sobre la situación del gasto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL C. PEDRO CERISOLA WEBER TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Las y los suscritos diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
En el primer semestre de 2004 el gasto programable del sector público presupuestario sumó 567 mil 427 millones de pesos, dicho monto representa un avance del 47.9 por ciento del programa anual, de acuerdo con el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre del año, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según Hacienda, al mes de junio, el gasto de los Ramos Generales fue de 242 mil 277 millones de pesos y representó un avance de 54.8 por ciento del anual, en tanto que el gasto de los Ramos Autónomos fue de 14 mil 78 millones de pesos, con un avance de 45.5 por ciento, mientras que el gasto de los Ramos Administrativos alcanzó los 150 mil 414 millones de pesos que significaron un 42.7 por ciento del presupuesto anual.
En este contexto observamos que en los primeros seis meses del año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solamente ha ejercido 6 mil 502 millones de pesos que representan un 28.6 por ciento de los 22 mil 746 millones de pesos del total de recursos anuales, vemos con preocupación esta situación ya que el resto de las dependencias clasificadas en los Ramos Administrativos han ejercido más del 30 por ciento del gasto anual.
De acuerdo con el informe de Hacienda, al mes de junio la SCT ha destinado para Servicios Generales apenas un 23.6 por ciento del total de recursos, en tanto que para materiales y suministros el avance es de 26.5 por ciento. Por su parte se han canalizado 37.6 por ciento de recursos a subsidios y transferencias.
Además es importante destacar que no obstante que la dependencia cuenta con 15 mil millones de pesos para inversión física, hasta el momento ha gastado solamente 3 mil 555 millones de pesos para este importante rubro.
Cuando se revisa el gasto por dependencia, se tiene que de enero a junio, Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha ejercido solamente un 4.7 por ciento, de los mil 588 millones de pesos que se le destinaron, y de los recursos ejercidos la mayor parte, 293 millones pesos, han sido para gastos de operación.
Sin embargo, ocurre una situación muy distinta en la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, donde existe un sobre ejercicio en la inversión, ya que de 6 millones de pesos que estaban aprobados en este rubro para 2004, se han destinado 16.4 millones de pesos entre enero y junio. Además de que dicha entidad es la única del sector que ha ejercido un 71.7 por ciento del total de recursos del programa anual.
Es importante recordar que de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2003, que en el anexo 21 del decreto del Presupuesto de Egresos para 2004, se reasignaron 38 mil millones de pesos de los cuales 7 mil 300 millones de pesos fueron para la Secretaría de comunicaciones y Transportes.
Este grupo parlamentario considera que el sector de las comunicaciones y transportes es vital en la generación de riqueza y empleo, además de estratégico por lo que consideramos importante que se ejerzan adecuadamente los recursos públicos que a dicho sector han sido destinados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes, C. Pedro Cerisola Weber a efecto de que informe la situación del gasto de la dependencia en los primeros seis meses del año, y explique la estrategia de gasto para los próximos meses.
Suscriben,
|Dip. Maria Angélica Díaz del Campo |Dip. Federal Omar Ortega Álvarez |
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Agosto 11 de 2004
De la Dip. Cristina Portillo Ayala, a nombre de la Dip. Rosa María Aviles, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión se manifieste a favor de la permanencia y fortalecimiento del PARLACEN.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
Rosa María Aviles, Jorge Martínez Ramos y Juan José García Ochoa, Diputados Federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.- Desde su instalación solemne, el 28 de octubre de 1991, el Parlamento Centroamericano, PARLACEN, se constituyó en el órgano de representación política de los pueblos de la región, en los procesos de integración.
2.- Dentro de las atribuciones del PARLACEN destacan la de servir de foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales comunes y de seguridad del área centroamericana; impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre tales países; proponer proyectos de tratados y convenios entre los sus miembros; propiciar la convivencia pacífica y la seguridad centroamericana; consolidar el sistema democrático y participativo de sus integrantes y contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho internacional.
3.- Tales atribuciones del PARLACEN son de suma importancia para la región centroamericana, ya que constituye un foro de discusión política, económica y social, que goza de legitimidad plena, ya que sus diputados integrantes son electos de manera directa por los pueblos que lo integran y otros son nombrados directamente por los Presidentes de cada País.
4.- Adicionalmente, el PARLACEN resulta de vital importancia para todo el continente americano en tanto que es un foro parlamentario que ha servido para mantener la estabilidad en la región, y está llamado a incidir en el diseño de los procesos de integración que viven los países miembros, garantizando que prevalezca un alto contenido social dada la representatividad y legitimidad que ostenta
5.- La importancia que representa el PARLACEN sobrepasa, con mucho, cualquier deficiencia o ineficacia que haya vivido en diversos periodos de su corta existencia.
6.- Los próximos 27 y 28 de agosto de 2004, se realizará, en El Salvador, la Cumbre de Presidentes de Centroamérica. Sin duda esta reunión representa una importante oportunidad para refrendar el compromiso de los países de la región con el PARLACEN y poner en marcha todas las modificaciones necesarias que permitan fortalecer y profundizar las acciones de tan importante foro de discusión e integración, para el bienestar de la región y del hemisferio.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconoce los esfuerzos de integración que en diversos niveles han desarrollando los gobiernos de los Estados miembros del Parlamento Centroamericano en la región y saluda las acciones en favor del fortalecimiento y consolidación de tan importante organismo, en el marco de la próxima Reunión de Jefes de Estado Centroamericanos a celebrarse el 27 y 28 de Agosto próximos en la República de El Salvador.
Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se manifiesta por la permanencia y fortalecimiento del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, como un organismo regional, cuya apropiada operación abonará sin duda al desarrollo justo, solidario y sostenible de la región centroamericana, lo cual beneficiará a todo el continente americano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de agosto de 2004.
Del Dip. Omar Ortega Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Coordinador General de Asuntos Internacionales de la SAGARPA.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA INTERPOSICIÓN DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR LA FIRMA DEL ACUERDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN PARA ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS PARA ALIMENTACIÓN, FORRAJE O PARA PROCESAMIENTO (OVM/AFP), SIGNADO POR EL DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA SAGARPA.
Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canada, a través de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Oficina del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, J. B. Penn Subsecretario de Servicio Agrícola y Servicio Exterior Agropecuario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y Andrew Marsland, Vice Ministro Asistente de la Rama de Comercialización y Servicios a la Industria del Ministerio de Agricultura y Alimentos del Canadá, firmaron en octubre del 2003 un documento para dar cumplimiento a los requerimientos del Artículo 18. 2 a) del Protocolo de Cartagena; este documento intitulado, ““Acuerdo para establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM / AHFP)” tiene por objeto, tal y como se señala en su texto: “el articular un entendimiento entre los Estados Unidos, Canadá y México con respecto a los requisitos de la documentación del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena (PBC) respecto a los organismos vivos modificados destinados al uso directo como alimento humano o forraje animal, o procesamiento (OVM/AHFP).
Específicamente, el objetivo de este arreglo es aclarar los requisitos de documentación que cumplen los objetivos del PBC sin interrumpir innecesariamente el comercio de mercancías.”
El acuerdo firmado por México el 29 de octubre de 2003, establece que el artículo 18.2 a) del Protocolo de Cartagena se implementará de la siguiente manera:
“1. El lenguaje de “puede contener”, cuando se incluye según la sección 4 a continuación, debe aparecer en la factura comercial que proporcione el exportador. El importador es responsable de recibir la factura y conservarla después de la entrada.
2. El lenguaje de “puede contener”, cuando se incluya, debe declarar:
“Disposición del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena: Este embarque puede contener organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento y cuyo propósito no es ser introducidos intencionalmente en el medio ambiente.”
3. En la factura debe nombrarse al último exportador anterior al movimiento transfronterizo y al primer importador después de ocurrir el movimiento transfronterizo y son los puntos de contacto para obtener mayor información.”
Por otro lado el acuerdo trilateral establece que un cargamento no es transgénico si contiene hasta el 5% de organismos genéticamente modificados, señalando que no es obligatoria la identificación cuando el exportador y el importador han acordado un cargamento donde el 95% de su contenido no sea de este tipo de productos.
En virtud de la firma de este acuerdo, los diputados Minerva Hernández Ramos y Víctor Suárez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron el 18 de de febrero del año en curso, ante el pleno de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo, para exhortar a la SAGARPA a explicar las razones de la firma del acuerdo trinacional celebrado con Estados Unidos de América y Canadá, el cual fue aprobado en votación económica, sin embargo la comparecencia que se solicitaba en el punto de acuerdo nunca se concretó.
El dos de julio del año en curso fue aprobada por la Comisión Permanente un punto de acuerdo por el que cita a comparecer al C. Javier Usabiaga Arroyo, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que informe sobre los motivos y las condiciones de la firma del Acuerdo trinacional celebrado con Estados Unidos y Canadá el 29 de octubre del 2003.
El 29 de junio de este año se llevó a cabo ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente la comparecencia del titular de la SAGARPA, en dicha sesión el C. Javier Usabiaga Arroyo señaló de manera literal lo siguiente:
“…
El Tratado de Cartagena, señala muy claramente que las partes suscritas, podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales o multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales de los organismos genéticamente modificados. Y que estos arreglos podrán hacerse también entre países no parte del protocolo, tal es el caso de Canadá y los Estados Unidos.
Por lo tanto de acuerdo con estos preceptos del Tratado y en congruencia con la ratificación del mismo que hizo el Senado de la República el 30 de abril del 2002, la “CIBIOGEM” determinó trabajar en la definición de lineamientos que eviten barreras innecesarias al comercio por la entrada en vigor del protocolo, con Estados Unidos y Canadá países socios del Tratado de Libre Comercio.
Con ese principio, México como país parte, logro negociar con dos países no parte, es decir Canadá y Estados Unidos, tener acceso a su información sobre los eventos relacionados con la autorización previa o futura de movimientos de organismos genéticamente modificados, y que eventualmente pudiesen llegar a México, a través de los embarques de importación.
Lo anterior se plasmó en un documento que fue elaborado, revisado y consensuado en diversas reuniones con el Comité Técnico de la “CIBIOGEM”, órgano que recomienda a los titulares de la Comisión Intersecretarial, las pautas técnicas de adopción de políticas en la materia.
El resultado fue un documento interinstitucional con Canadá, Estados Unidos y México, denominado “Arreglo para establecer los requisitos de documentación, para organismos vivos modificados para la alimentación, forraje o procesamiento”.
En otras palabras, el espíritu fundamental de este arreglo, no fue la formalización de ningún acuerdo, fue simplemente un arreglo y la definición de un plan de trabajo para dar cumplimiento precisamente al protocolo y tener acceso a la información de los Estados Unidos y Canadá…
Es claro que el objetivo del protocolo no es evitar el ingreso de cultivos genéticamente modificados a un país determinado, más bien el objetivo es solicitar al país parte, su definición sobre los mecanismos y reglas bajo las cuales va a permitir el acceso a su territorio…
Quiero destacar en el sentido del artículo 18.2-A, al que me he referido, señalando que este hace énfasis en los organismos genéticamente modificados, destinados al uso directo como alimento humano, animal o para procesamiento e identifica claramente, que los embarques pueden llegar a contener organismos genéticamente modificados, pero que no están destinados para su introducción internacional en el medio ambiente. Por lo que se requiere identificar un punto de contacto para solicitar la información adicional.
Con base en este artículo, México demanda a los exportadores que la introducción de granos destinados para la industria, para la alimentación humana o animal, que lleguen a nuestro país se incluya en la factura que los acompañe en los embarques, la leyenda puede llegar a contener…”
Dicha comparecencia dejó en claro la falta de conocimiento del titular de la SAGARPA sobre la naturaleza jurídica de este Acuerdo trinacional, ya que lo llamó indistintamente documento interinstitucional, arreglo de entendimiento o plan de trabajo, señalando erróneamente que este no era un acuerdo vinculante para los gobernados.
No se omite señalar que en esta reunión, el titular de la SAGARPA entregó a los legisladores copia del oficio SPR-02585, de fecha 17 de noviembre de 2003, suscrito por Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Relaciones Exteriores, en el que se le informa que la cancillería no tiene inconveniente alguno para que el proyecto de Acuerdo para establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para la Alimentación, Forraje o para procesamiento OVM/AFP, se firme en sus términos.
Este acuerdo de entendimiento tal y como fue definido por el Titular de la Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es a todas luces ilegal, carente de fundamento y sobre todo el signatario del mismo carece de personalidad alguna para ese fin.
Es evidente que este acuerdo se firmó para eludir la reglamentación impuesta por el Protocolo de Cartagena, considerando Ley Suprema, en materia de identificación en la exportación e importación de organismos genéticamente modificados a nuestro país, por lo que nos permitimos hacer las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que en el orden jerárquico del sistema jurídico mexicano, se concede a los tratados internacionales especial grado, de conformidad a lo que dispone el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que de conformidad con la fracción X del artículo 89 constitucional es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
Que con base en lo dispuesto por el artículo 76, fracción I constitucional corresponde a la Cámara de Senadores: “Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el presidente de la República con las potencias extranjeras”, por lo que los tratados a los que se refiere el artículo 133 de la Constitución son una clase especial de normas jurídicas que por mandato constitucional se incorporan a la legislación nacional con la jerarquía de ley suprema de toda la unión, categoría jurídica que sólo se les reconoce cuando estén de acuerdo con la Ley Fundamental.
Que el artículo 133 constitucional establece el principio de supremacía constitucional, el cual significa que la Ley Fundamental es precisamente la primera en jerarquía, siguiéndole en segundo lugar los tratados internacionales congruentes y concordantes con el texto de la constitución, y en tercero las leyes federales; atendiendo a la tesis plenaria LXXXVII/99 publicada en la novena época del Semanario Judicial y su Gaceta.
Que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de Jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades.
Que el primer párrafo del artículo 2º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece que se entiende por tratado:
“Un acuerdo internacional celebrado por escrito, entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.
Que al acuerdo de voluntades de dos o más Estados por medio del cual se crean y/o modifican derechos y obligaciones para los gobiernos, es decir, en virtud de su capacidad soberana, los Estados contraen obligaciones por medio de los tratados, mediante los cuales se auto limitan, por lo que es imposible jurídicamente que puedan desconocer esas obligaciones libremente contraídas. De acuerdo con lo anterior, es comprensible que al Estado, dentro de su interior, le toque elegir los medios para satisfacer sus obligaciones.
Que el flujo de las relaciones internacionales han impulsado la celebración de numerosos acuerdos que abordan contenidos mínimos para el destino del Estado, usualmente celebrados por Secretarías de Estado con sus contrapartes administrativas de otros países, los cuales establecen obligaciones o marcos programáticos de colaboración pero en una esfera administrativa, con lo cual podemos entender que en ningún caso el acuerdo de entendimiento materia del presente punto de acuerdo puede ser considerado como un simple acuerdo intersecretarial, y que ningún funcionario de la SAGARPA esta facultado para suscribir un acuerdo de carácter internacional que obviamente estipula derechos y obligaciones para todos los gobernados.
Que la Ley sobre la Celebración de Tratados de 1992 reconoció la práctica de los acuerdos administrativos, regulándolos y denominándolos como acuerdos interinstitucionales en la fracción II del artículo 2, la cual establece que se entenderá como “Acuerdo Interinstitucional” al convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.
En el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.
Que al ser considerado el acuerdo de “Requisitos para la documentación de organismos vivos, modificados para alimento humano o animal o para procesamiento”, como uno interinstitucional, debería de haber seguido el procedimiento establecido en la Ley Sobre la Celebración de Tratados que obliga a las dependencias gubernamentales o a las autoridades gubernamentales y municipales a registrar este tipo de acuerdos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo dictamen de procedencia, para concederles el rango de acuerdos regidos por el derecho internacional.
Acto que jamás se llevó a cabo y que corrobora nuevamente la inconstitucionalidad de este acuerdo, aunado a que como se señala en los antecedentes el dictamen de la Cancillería fue posterior a la firma del acuerdo trinacional.
Que la Guía para la conclusión de los tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional según la Ley sobre la celebración de Tratados, emitida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, establece que si el asunto a convenir en el ámbito internacional no es materia de un tratado podrá ser materia de un acuerdo interinstitucional a nivel de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal a condición de que:
a) La materia del acuerdo recaiga dentro de la competencia exclusiva de la dependencia u organismo que pretenda celebrarlo de conformidad con la legislación vigente.
b) El acuerdo solo afecte la conducta de la dependencia u organismo que lo celebre.
c) Las obligaciones financieras que contenga el acuerdo pueden ser cubiertas por el presupuesto ordinario de la dependencia u organismo que lo firma.
d) No afecte la esfera jurídica de las personas, y
e) No modifica la legislación nacional existente.
Que con base en lo anterior y en lo dispuesto por nuestra Ley Suprema, la Convención de Viena, la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Guía para la Conclusión de los Tratados y Acuerdos Interinstitucionales en el ámbito internacional, podemos concluir que el acuerdo, objeto del presente, no tiene la categoría jurídica que establece el artículo 133 constitucional, por no haber sido ratificado por el Senado de la República y menos aún, se homologa a los llamados acuerdos interinstitucionales por sus características y objetivos.
Que el acuerdo denominado “Acuerdo para establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM / AHFP)”, esta violando los principios básicos de supremacía constitucional expresado en el artículo 133 de nuestro Código Político de 1917, donde se estipula que todos los entes y autoridades determinados en ella, están obligados a acatarla y a someter su actuación a lo que esta disponga; por razón de ese principio de supremacía podemos afirmar que todo acto que la contradiga es nulo de pleno derecho.
Sobre todo, cuando el tema objeto de este acuerdo afecta de manera directa intereses tan básicos como la salud, la alimentación y sobre todo de la garantía de un medio ambiente sano; la biotecnología moderna y su manejo racional no van a resolver por si mismas todos los problemas fundamentales del desarrollo y el ambiente, si tienen potencial de hacer una contribución significativa al desarrollo sustentable, pero es menester de los gobiernos de los países que reconocer su manejo el hacerlo responsablemente.
Que la suscripción y ejecución del Acuerdo “Requisitos para la documentación de organismos vivos, modificados para alimento humano o animal o para procesamiento” se traduce en un ilícito Constitucional y legal, pues por una parte se infringen los artículos 76, 89 y 133 constitucionales y la Ley sobre la Celebración de Tratados, aunado a que se están vulnerando los derechos de los gobernados toda vez que se les obliga en su carácter de exportadores e importadores a que en el caso de la introducción de granos destinados para la industria, para la alimentación humana o animal, que lleguen a nuestro país se incluya en la factura que los acompañe en los embarques, la leyenda puede llegar a contener.
Que la controversia constitucional establecida en la fracción I del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como función dirimir los conflictos que surgen entre órganos de gobierno y entre los poderes de un Estado, es decir, se trata de un juicio entre poderes u órganos que gozan de autoridad, las cuales en uso de su autonomía ejercen las facultades o atribuciones que les han sido conferidas. Con base en este artículo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de conocer sobre este tipo de controversias y su competencia se constriñe a conocer cuestiones de constitucionalidad, quedando fuera de su competencia la materia electoral y aquellas materias que no estén relacionadas expresa y directamente con la carta magna.
Que en este contexto la controversia constitucional tiende a preservar esencialmente la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno con estricto apego a las disposiciones constitucionales con el fin de garantizar y fortalecer el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, la supremacía constitucional y el sistema federal.
Que los sujetos legitimados constitucionalmente para acceder a la controversia y ser parte de esta requieren que se del concurso de los siguientes aspectos:
1. Que exista una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que la violación a la Constitución sea atribuible a uno de aquellos que en virtud de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 105 constitucional puedan ser susceptibles de ser demandados en la controversia.
3. Que el acto lesione el campo de acción de quien demande o invada el ámbito competencial que constitucionalmente le corresponde.
Que en el caso del “Acuerdo para establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM / AHFP)” , se acredita el concurso de los tres supuestos, toda vez que el Ejecutivo Federal por conducto de la SAGARPA violó la constitución e invadió la esfera competencial del Senado de la República.
En este sentido, el Legislativo Federal está facultado para interponer el recurso en contra del acto del Ejecutivo Federal que origina el mencionado acuerdo, pues dicho acto se estima inconstitucional.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable soberanía el siguiente:
P U N T O DE A C U E R D O
UNICO.- Que la Comisión Permanente con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promueva Controversia Constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal por la suscripción del Acuerdo para establecer los Requisitos de Documentación para Organismos Vivos modificados para Alimentación, Forraje o para Procesamiento (OVM / AHFP)”, por ser violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente
a los cuatro días del mes de agosto del 2004.
Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el que contiene punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a suspender los planes y programas de estudio en el bachillerato tecnológico.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE SUSPENDA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO, A CARGO DEL DIPUTADO IVÁN GARCÍA SOLÍS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Diputado Federal a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
La educación tecnológica constituye una de las vertientes más importantes para sustentar nuestro desarrollo científico y tecnológico. Toda Nación que aspire a contar con bases propias de bienestar social y crecimiento económico, debe privilegiar este tipo de formación, sobre todo porque estamos inmersos en una era que se caracteriza por una constante transformación tecnológica.
A lo largo del siglo XX se dieron pasos que apuntaron a la conformación de una política de Estado que asentara nuestro desarrollo sobre bases más independientes y soberanas. Así debe ser vista, por ejemplo, la fundación del Instituto Politécnico Nacional en los años treinta, institución que privilegiara la formación profesional, técnica y tecnológica, como parte de un modelo de conocimiento respaldado por la perspectiva histórica y humanística.
Otras acciones siguieron a aquella en ese sentido, como la estructuración en los años setenta del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, con el cual se buscó profundizar en estrategia nacional de formar cuadros técnicos y profesionales, así como de integrar la educación y la investigación, a fin de vincularlas estrechamente con las capacidades de formular y aplicar soluciones propias a nuestros complejos problemas.
No obstante esa pretensión, conforme avanzó el siglo XX el modelo de desarrollo crecientemente dependiente de exterior fue modelando una educación tecnológica que no se orientaba a la innovación, sino al acoplamiento al desarrollo científico que se nos impone desde el exterior, y que hoy en día se expresa en un esquema maquilador.
Una muestra de ello es el modelo educativo que se impulsa hoy desde el gobierno, que acentúa la desnacionalización y perpetua nuestra dependencia tecnológica del exterior.
Concretamente en la educación media superior tecnológica, de manera subrepticia y con un proyecto que augura un enorme fracaso, se está impulsando una reforma
orientada a la formación de maquiladores, no de jóvenes bachilleres o profesionales técnicos, como presupone la formación bivalente.
Al igual que lo acontecido en el caso de los nuevos planes de estudio para la educación secundaria, la SEP no consultó a los maestros ni a la sociedad para diseñar su propuesta, que el próximo 16 de agosto entrará en vigor afectando negativamente a más de 677 mil estudiantes de más de 657 planteles del país.
La propuesta de nuevo plan reduce en 1,000 horas el semestre, de las 3,800 con las que ahora cuenta. Con ello se reduce drásticamente los contenidos vigentes,. La disminución se daría en la formación básica, desapareciendo el área histórico social, que abarca 256 horas al semestre para quedar en sólo 192, y que contiene materias como historia de México, que quedará diluida en una cóctel denomina “Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores”.
También se da una fuerte disminución en la formación propedéutica, que en el actual plan ocupa hasta 950 horas al semestre y que ahora sólo dispondrá de 460, es decir, menos de la mitad. Con ello, por un lado. se reducen las materias orientadas a fortalecer los conocimientos teóricos esenciales, y por otro se mutilan aquellas encaminados a apoyar los estudios en el nivel superior, eliminándose la perspectiva humanística y científica.
Lejos cumplirse lo señalado por el Subsecretario Educación e Investigación Tecnológicas, Marco Polo Bernal, quien afirmó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el pasado 20 de julio, que se contaría con un nuevo modelo integral y moderno, el proyecto de reforma curricular privilegia las opciones terminales, las cuales sólo están pensadas en función de los intereses del mercado, para dotarlo de operadores que sólo aprenderán los protocolos primarios que demandan subsectores muy especializados, pero cuya necesidad se transforma muy rápidamente. El egresado de esas escuelas, lejos de tener una formación polivalente, sólo aprenderá a operar bajo normas que tendrán validez de un año y que serán determinadas unilateralmente por el empleador. Casualmente, esto es lo que recomienda el Banco Mundial, que no promueve la formación sino el adiestramiento de los jóvenes, lo que va en detrimento no sólo del mismo estudiante, quien portará una visión muy limitada de la vida, sino de las empresas que los busquen contratar.
Lo más alarmante es que a unos días de que entre en vigor el nuevo plan, más de 34 mil profesores de todo el país no han recibido la formación docente necesaria para aplicarlo, ni se les ha informado sobre el impacto laboral que tendrá la eliminación de áreas de formación completas.
Ante ello se hace necesario, al igual que lo sucedido con los planes de secundaria, que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública reconsideren la decisión de aplicar dicha reforma, y se impulse una amplia participación de la comunidad educativa, en particular de los docentes, y de especialistas y científicos de todo el país, para crear una nueva propuesta con contenidos realmente progresistas, los cuales puedan ser compartidos y discutidos en un gran Congreso Pedagógico Nacional.
Por lo antes fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
ÚNICO.- Se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública a que suspendan la puesta en marcha de los nuevos planes y programas de estudio del bachillerato tecnológico, que entrarían en vigor en el ciclo escolar 2004-2005. Asimismo, se les conmina a que promuevan entre la comunidad educativa, en particular entre los docentes, una amplia consulta que permita contar con un nuevo plan de estudios acorde con las necesidades del país.
Dip. Iván García Solís
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA ATOMICA EN LAS CIUDADES JAPONESAS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA ATOMICA EN LAS CIUDADES JAPONESAS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI
Palacio Legislativo, a 11 de agosto de 2004
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE:
SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES:
El 6 de agosto de 1945 se produjeron las terribles explosiones nucleares que mataron en un instante a decenas de miles de seres humanos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Nada ha sido comparable durante las devastaciones bélicas a lo largo de la historia de la humanidad, por las secuelas de mortandad después de ese arrasamiento en ambas ciudades, por ello esta fecha resulta significativa para la paz del mundo.
Las bombas atómicas usadas por el gobierno del presidente Harry S. Truman, de Estados Unidos pueden considerarse como experimentales frente a los horrores que ‘prometen’ los ‘nuevos’ artefactos de destrucción masiva. Los bombardeos durante la primera y segunda guerras mundiales, quizás causaron mayor destrucción sobre todo en las ciudades europeas, pero los efectos por la radiación producida en Japón –cuyas consecuencias hasta ese momento no habían sido evaluadas por los científicos-, fueron en esas horas devastadoras. Ese estupor continúa.
Eso no fue lo peor. Hasta la fecha, a una distancia de 59 años todavía siguen las secuelas entre los pocos sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, así como de las poblaciones aledañas, y, hasta la fecha no se han cuantificado los muertos por las radiaciones, porque luego sobrevinieron mutaciones, aun en aquellos japoneses que no habían estado expuestos directamente a la radiactividad de la explosión.
Los diputados del Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que ahora ambas ciudades Hiroshima y Nagasaki son museos del horror, aunque el evidente dinamismo del pueblo japonés haya logrado el alto desarrollo económico, científico y social que les conocemos, tanto que en varios aspectos de la vida moderna ocupan el primer lugar de los pueblos más desarrollados de la Tierra, incluyendo a Estados Unidos.
Recordar esa catástrofe antihumana, nos lleva al Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA a pronunciarnos porque la Organización de las Naciones Unidas alcance, mediante el predominio del Derecho Internacional los anhelos del género humano: la paz, el progreso y el desarrollo para todos los pueblos del mundo. Ideales que no son inalcanzables, por el contrario hoy más que nunca deben ser las metas de cada uno de los gobiernos del mundo, que viven con la esperanza de que la ONU sea el conducto ideal para vivir en paz mundial.
Precisamente para el Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA las palabras del Benemérito de las Américas, Benito Juárez pronunciadas el mismo día que hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México después del éxito de las armas nacionales contra la usurpación, el 15 de julio de 1867, cuando expresara su famoso manifiesto pacifista en cuyo llamamiento a la Nación son actuales, Juárez dijo:
“Mexicanos: El Gobierno Nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la Ciudad de México, de la que salió hace cuatro años. Llevó entonces la resolución de no abandonar jamás el cumplimiento de sus deberes, tanto mas sagrados, cuanto mayor era el conflicto de la Nación.
“Combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Los mexicanos han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrostrando todos los sacrificios, antes que consentir en la pérdida de la República y de la libertad.
“En nombre de la Patria agradecida, tributo el más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que la han defendido, y a sus dignos caudillos... Lleno de confianza en ellos, procuró el Gobierno cumplir con sus deberes, sin concebir jamás un solo pensamiento de que le fuera lícito menoscabar ninguno de los Derechos de la Nación.
“Mexicanos: Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los Derechos de todos los habitantes de la República.
“Que el pueblo y el Gobierno respeten los Derechos de todos. Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al Derecho ajeno es la paz.
Como puede verse al evocar esta matanza de las bombas atómicas en Japón, no hay nada más aleccionador para nosotros los mexicanos que recurrir una vez más a las enseñanzas de nuestra Historia.
Nunca como hoy son tan actuales las palabras de este segundo libertador cívico. Precisamente cuando las nubes de la guerra unilateral contra distintos países del mundo, se ciernen en el Siglo XXI, las palabras visionarias del presidente Juárez pronunciadas en el Siglo XIX, son más actuales por estos acontecimientos geopolíticos.
Amenazas donde el chantajismo de las potencias nucleares, entre ellas el Estado de Israel, intentan imponer a los pueblos militarmente débiles, del mundo actual sus condiciones de despojo tanto territorial como de los recursos naturales que existen en el subsuelo como patrimonio inalienable de los pueblos.
La necesidad urgente de que los organismos multilaterales de la ONU, sean los que impulsen el cumplimiento de las Resoluciones emitidas por la organización para estimular la convivencia pacífica. La autoridad moral y política de la ONU legitima la posibilidad real de que el Secretario General de la ONU, señor Kofi Annan sea mediador en el actual conflicto de Irak. Pero además elevar y mantener la exigencia de que en la Cuestión Palestina, sea la ONU la que se ocupe de preservar el cumplimiento del multilateralismo en todo diálogo para la paz en la región.
Más todavía, que, en nuestro continente, la Organización de los Estados Americanos (OEA), debe ser el organismo exacto para conocer multilateralmente acerca de cualquier asunto que atañe a nuestros países. Superior inclusive en la toma de decisiones que el mecanismo ALCA, cuyas repercusiones económicas, hasta hoy señalan lo que no se debe hacer en ese terreno.
La aplicación unilateral de concepciones antidemocráticas, remarcan las desigualdades entre nuestros países, demuestran así que son los organismos multilaterales los que deben acceder en toda controversia entre naciones.
El Grupo Parlamentario de CONVERGENCIA trae ante esta soberanía la conmemoración simultánea de la tragedia del pueblo de Japón en el Siglo XX, junto a la alegría de la concepción pacifista de Juárez.
CONVERGENCIA llama a la paz, particularmente en estas horas postelectorales de las elecciones en la tierra del Benemérito para que hagamos conciencia y eco de lo que el señalara: “Que el pueblo y el Gobierno respeten los Derechos de todos... cooperaremos en lo adelante al bienestar y a la prosperidad de la Nación, que sólo puede conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo”.
ATENTAMENTE
DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ
COORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL NATALICIO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR
PALABRAS DEL DIPUTADO JESÚS MARTINEZ ALVAREZ COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL NATALICIO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR.
Palacio Legislativo, a 11 de agosto de 2004
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE:
SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES:
Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879, en el poblado de San Miguel Anenecuilco, Morelos. Hace 125 años de esa fecha, y, su memoria sigue cabalgando inclusive en el imaginario de su pueblo. Como se sabe, las consejas populares dicen que no murió. Que lo vieron años después montado en su caballo. Eso que es un romanticismo imaginario, en la esencia de las luchas por la tierra labrantía, es verdad. Es el símbolo de la lucha del indio por su tierra conquistada.
Zapata o Emiliano o sencillamente Miliano es uno de los gigantes de la lucha revolucionaria iniciada en 1910. La designación de calpulelque por el Consejo de Ancianos, en su tierra demuestra que éstos en su infinita sabiduría no se equivocaron al confiarle la defensa de la lucha iniciada desde la Conquista. Esa batalla de siglos por la tierra labrantía, por cierto aún no termina. Por eso, Emiliano cabalga todavía.
Si como se dice Cuernavaca es la tierra de la eterna Primavera, en un esfuerzo de imaginación tendríamos que detener la rueda de la Historia, y, confirmarlo según los cronistas, con la belleza y productividad de esas tierras, cuando los propios emperadores aztecas tenían allí sus dominios de asueto. Tanto que el propio conquistador español construyó ahí un Palacio, el cual todavía hoy se puede disfrutar.
Cuando Zapata comienza a desarrollar su liderazgo tiene el tino de unirse a intelectuales populares de la talla del profesor Otilio Montaño, luchador agrarista quien es uno de los artífices del Plan de Ayala, cuyo contenido esencial se resume en el concepto “¡Tierra y Libertad”!
En esas dos palabras se encierra intuitivamente toda la lucha histórica de los pueblos indios despojados. Se encarna ahí una lucha económica como sustento de la conciencia, que sin la capacidad de los campesinos para disponer de sus tierras productivas, nunca podrían ser o sentirse como hombres libres.
La esencia del zapatismo es la búsqueda de la independencia económica como baluarte de la libertad individual y de las familias de los campesinos. Por ello, es tan evocadora la figura del presidente agrarista, Lázaro Cárdenas del Río, quien con su concepción del reparto agrario, de alguna manera se hace partícipe de los ideales de Zapata.
Emiliano físicamente está en la flor de su edad cuando estalla el movimiento de la Revolución Mexicana de 1910-1917. Por ello el joven Zapata de 30 años no se rinde, porque considera que después del asesinato del presidente Francisco I. Madero, el ideal del reparto agrario no se ha iniciado siquiera.
Ya lo habían expuesto los diputados zapatistas y villistas constituyentes en la Convención de Aguascalientes, a través de los discursos de Antonio Díaz Soto y Gama, quien junto a hombres liberales y combativos como Francisco J. Mújica dan cuerpo y forma a los contenidos agraristas del Artículo 27 Constitucional.
Zapata con un sentido de clase se rebela contra el carrancismo. Éste lo considera precisamente como enemigo de clase, y, continúa combatiéndolo. Para eso se fragua la traición del militar Jesús Guajardo. Cuando es asesinado Emiliano Zapata, éste tiene 40 años de edad. Su juventud madura plena lo hacían un enemigo irreconciliable de la burguesía predominante entre los militares constitucionalistas triunfadores.
La lucha faccional de los generales comienza canibalesca por el poder político. Zapata y el agrarismo les estorba. Urge a todos los generales provenientes del carrancismo vencedor, deshacerse de los dos focos protestatarios: Pancho Villa en el norte del país, quien aunque vencido y retirado, es un foco de atracción, con posibilidades de volverse a encontrar con Emiliano, como sucediera poco tiempo antes en la Ciudad de México, llegando inclusive hasta sentarse en la silla presidencial significativamente dentro del Palacio Nacional o en su banquete en Xochimilco, cercano a los dominios del sur.
Guerrillero al fin, el zapatismo estuvo arraigado en todas las tierras sureñas, sin que pudieran vencerlo militarmente. Conocedor del terreno, y, por sus dotes de jinete, la figura de Emiliano Zapata estaba siempre cerca del ánimo popular. Emiliano era el modelo a seguir por todos los jóvenes de los pueblos campesinos.
Hasta la fecha, con variantes más o menos el auténtico zapatismo recrea las tesis del concepto económico inicial: “La tierra y sus productos para quienes la trabajan”. “Enseñar la explotación de la tierra, no del hombre”.
Muchas de las exigencias del agrarismo zapatista desafortunadamente aún no se cumplen.
Mucho del rezago económico y social en el campo mexicano, sobre todo en las comunidades indígenas despojadas, así como sus demandas socioeconómicas para solucionarlo siguen vigentes en el primer caso, y, ese incumplimiento antieconómico hace que en pleno Siglo XXI, sean los núcleos indígenas y los campesinos marginados sin tierra, quienes cargan el pesado fardo del analfabetismo y estén en el escalón más bajo de la pirámide social de México.
Por todas esas injusticias sociales que persisten todavía en este momento es que debemos recordar el nacimiento de este pilar de la Revolución Mexicana.
ATENTAMENTE
DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ
COORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
PRONUNCIAMIENTO DEL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL NATALICIO DE VICENTE GUERRERO
PALABRAS DEL DIPUTADO JESÚS MARTINEZ ALVAREZ COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, CON MOTIVO DEL NATALICIO DE VICENTE GUERRERO.
Palacio Legislativo, a 11 de agosto de 2004
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE:
SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES:
La presencia de Vicente Guerrero en la guerra de Independencia fue el detonador en la región del sur de México, para mantener viva la decisión independentista. Vicente Guerrero nació el 10 de agosto de 1783 en Tixtla.
Muy joven, casi adolescente en noviembre de 1810 se lanzó a la lucha, sirviendo con Hermenegildo Galeana. Por su valor en la Toma del pueblo de Izúcar fue ascendido al grado de Teniente Coronel.
Vicente Guerrero tuvo la suerte de pelear al lado de José María Morelos, particularmente en la Toma de Oaxaca. Admiró al Siervo de la Nación por su lealtad a la formación del Congreso, de modo que cuando Morelos fue apresado en 1815, fue Vicente Guerrero quien salvó y escoltó a los diputados constituyentes hasta Tehuacan, Puebla.
Con esos descalabros militares, luego del fusilamiento de Morelos en diciembre de 1815, el único insurgente con prestigio que quedaba era Vicente Guerrero. Éste mantuvo la idea de la independencia mediante la guerra de guerrillas. Por ello, las autoridades virreinales viendo que era imbatible el caudillo sureño, enviaron a su padre, don Pedro Guerrero para que éste lo disuadiera de continuar con la guerra.
Fue en 1819 cuando, al ofrecimiento del virrey Apodaca, para darle dinero y el reconocimiento del grado de general, que Vicente Guerrero pronunció la frase significativa que preside nuestras sesiones en este recinto legislativo, diciendo:
“Independencia y Libertad, o muerte. Primero está mi Patria que mi padre”, palabras que están grabadas en la placa conmemorativa en uno de los muros de la casa donde vivió Vicente Guerrero.
Sin embargo, ante el asedio de las fuerzas realistas, y, la escasez de medios materiales para seguir combatiendo, Vicente Guerrero se dio cuenta que era llegado el momento de comenzar a cambiar las tácticas militares, aplicando una nueva política de búsqueda de acuerdos y negociaciones. Etapa que coincidió con la presencia de Agustín de Iturbide, como comandante de las fuerzas negociadoras del Virrey Apodaca.
Fue así como se firmaron los acuerdos de las Tres Garantías, sellándose con un abrazo entre los dos jefes militares, en la población de Acatempan. Agustín de Iturbide lanzó la proclama conocida como Plan de Iguala, éste el 24 de febrero de 1821. El 10 de marzo Vicente Guerrero cedió el mando de su ejército a Iturbide, y, mediante la conformación del Ejército Trigarante se firmó la consumación de la Independencia el 21 de septiembre de 1821, y, se confirmó con la entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México al frente del ejército, el 27 de septiembre de 1821.
A Vicente Guerrero se le reconoció el grado de general, y, se le confió la Capitanía General del Sur de México, condecorándolo además con la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe.
Las Tres Garantías fueron: 1) La Nación seguiría siendo católica. 2) Sería gobernada por una monarquía moderada, cuyo emperador sería el mismo Fernando VII, o cualquier otro miembro de una Casa Real de Europa, y 3) Se declaraba la unión legítima de americanos y europeos.
Vicente Guerrero se retiró a su tierra prácticamente a cumplir con los acuerdos de las tres garantías. Mientras tanto, Iturbide traicionó dichos acuerdos y se proclamó “Emperador de México”. Éste fue fusilado más tarde.
Es hasta 1828 en que Vicente Guerrero participa en las elecciones para presidente de la República, ganó por muchos votos y seguidores, pero como había la legislación del voto indirecto es los Congresos estatales, se designó a Manuel Gómez Pedraza.
Apareció por primera vez Antonio López de Santa Anna rebelándose a dicho presidente. Entonces el Congreso de la Unión designó a Vicente Guerrero como presidente de la República, pero simultáneamente designó al general Anastasio Bustamante como vicepresidente. Éste se rebeló contra Guerrero a los ocho meses de gobierno. Vicente Guerrero cometió el error político formal de pedir licencia al cargo de presidente, para ir a combatir a Bustamante. Hubo varios presidentes interinos. Bustamante aprovechó la petición de licencia del presidente Guerrero, alegando que nunca había sido destituido como vicepresidente, con esa maniobra el Congreso destituyó e inhabilitó a Guerrero, con la declaración explícita: “Inhabilitado para gobernar la República”.
El presidente Bustamante instruyó a su Secretario de Guerra y Marina, Antonio Facio para que usaran al marinero italiano Francisco Picaluga –quien se decía amigo de Vicente Guerrero-, cuyo barco se encontraba anclado en el Puerto de Acapulco, y, lo secuestrara, luego de una invitación de amigos a comer en dicha embarcación. Así sucedió. Como se sabe Vicente Guerrero fue apresado, y, luego llevado a Cuilapan, Oaxaca donde lo fusilaron el 14 de febrero de 1831.
Vicente Guerrero como patriota y militar reasume las cualidades de los iniciadores de la guerra de Independencia: Hidalgo y Morelos. Su concepción del amor a la Patria lo dice todo. Su entrega idealista juvenil y patriótica, cuando abrazara las ideas de la emancipación nunca lo abandonaron. Incorruptible como era, sólo la traición pudo vencerlo. Prácticamente solo, con su particular decisión y combatividad, es que se salva la Independencia. La vida y la obra de Vicente Guerrero en la consolidación de la insurgencia, son ejemplares.
La concepción de su patriotismo, ante la intervención de su padre para tratar de convencerlo que abandonara la lucha no se ha analizado con profundidad. Más bien por una falsa concepción de clase, respecto de los caudillos de la revolución de Independencia, una serie de investigadores de la Historiografía mexicana, a esa expresión de Guerrero: “La Patria es primero”, de alguna manera la han reducido con simpleza en el análisis, al anecdotario popular.
ATENTAMENTE
DIP. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ
COORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
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“GACETA PARLAMENTARIA”
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Nota: Con fundamento en el Acuerdo Parlamentario de la Mesa Directiva de fecha 20 de marzo del año 2001, por el que se crea la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República y con base en el numeral Sexto de ese ordenamiento, los textos publicados en la Gaceta carecerán de valor probatorio y no generarán consecuencias jurídicas para el Senado de la República
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Velasco
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