GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA EN EL PROCESO ...

GU?A PARA LA REALIZACI?N DE CONSULTA P?BLICA EN

EL PROCESO DE PRODUCCI?N NORMATIVA

Departamento Nacional de Planeaci?n Ministerio de Tecnolog?as de la Informaci?n y las Comunicaciones

Departamento Administrativo de la Funci?n P?blica

2017

Dirigido a: Entidades nacionales y territoriales interesadas en el desarrollo de ejercicios de

consulta p?blica en el proceso de producci?n normativa

INTRODUCCI?N

Diferentes estudios realizados por la Organizaci?n para la Cooperaci?n y el Desarrollo Econ?micos (OCDE) demuestran que una buena regulaci?n es esencial para el adecuado funcionamiento de la sociedad. A trav?s de la regulaci?n, los gobiernos pueden equilibrar los problemas que surgen dada la existencia de intereses opuestos en la sociedad, buscando as? optimizar la implementaci?n de pol?ticas p?blicas, as? como generar un mayor bienestar social y econ?mico.

Por esa raz?n, la pol?tica de mejora regulatoria se ha convertido en una prioridad para el Gobierno Nacional de Colombia. Por medio del documentos del Consejo Nacional de Pol?tica Econ?mica y Social (CONPES) 3816 de 2014, el pa?s dio inicio a la adopci?n plena de una pol?tica integral de mejora regulatoria, enfoc?ndose en dos pilares: el primero corresponde a implementar herramientas, tales como el an?lisis de impacto normativo en la etapa temprana del proceso de producci?n de la norma desde la rama ejecutiva, como un instrumento para fortalecer la confianza, efectividad y transparencia. Y el segundo pilar est? orientado a garantizar que las normas se ajusten a los principios constitucionales y brinden seguridad jur?dica.

En el marco de lo anterior, la generaci?n de mecanismos de consulta p?blica de calidad toma una gran importancia, dado que constituye una herramienta fundamental para mejorar la interacci?n continua entre el Estado y la sociedad y, a trav?s de esta v?a, fortalecer la confianza, efectividad y transparencia de las diferentes intervenciones del Estado. El uso de la consulta p?blica constituye uno de los ejercicios de participaci?n ciudadana m?s relevantes, en tanto permite generar regulaciones de inter?s general con la participaci?n de todos los interesados, as? como combatir la corrupci?n.

En el caso particular de Colombia, la democracia participativa es un principio fundamental sobre el cual se basa la gesti?n p?blica. La Constituci?n Pol?tica de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho, democr?tico y participativo, y establece que uno de sus fines esenciales es facilitar la participaci?n de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econ?mica, pol?tica, administrativa y cultural de la Naci?n. En ese sentido, es deber del Estado facilitar la intervenci?n de los ciudadanos y grupos de inter?s en los procesos de deliberaci?n, formulaci?n, ejecuci?n, control y evaluaci?n de la gesti?n

p?blica a trav?s de diferentes espacios, mecanismos, programas y herramientas e instrumentos con el fin de garantizar este objetivo.

No obstante lo anterior, a?n hay un gran camino por recorrer para asegurar que la consulta p?blica en el proceso de elaboraci?n de normas sea efectiva. La pr?ctica de consulta p?blica se viene aplicando de manera descoordinada y dispersa, sin brindar certeza a los ciudadanos respecto de los tiempos y criterios m?nimos a los cuales debe someterse. En ocasiones, la consulta es vista como un requisito que se debe cumplir, sin usarlo como una herramienta y permitir un verdadero di?logo entre quienes toman las decisiones normativas y quienes estar?n sujetos a ellas.

En este contexto, la presente Gu?a busca brindar a las entidades p?blicas, orientaciones pr?cticas para facilitar el desarrollo de ejercicios de democracia participativa por diferentes medios en el proceso de regulaci?n. Para su desarrollo, se tom? como referente al documento CONPES 3816 de 2014 sobre mejora normativa, la Gu?a Metodol?gica de An?lisis de Impacto Normativo generada por el Departamento Nacional de Planeaci?n, las orientaciones sobre participaci?n ciudadana definidas en el Modelo Integrado de Planeaci?n y Gesti?n, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 270 de 2017 -mediante el cual se reglamenta la participaci?n de los ciudadanos o grupos de interesados en la elaboraci?n de proyectos espec?ficos de regulaci?n-. Es de notar que este documento no crea obligaciones adicionales que no est?n contenidas en el ordenamiento jur?dico, por el contrario, debe tomarse como un manual de referencia de buenas pr?cticas.

CONTENIDO

1

CONCEPTO DE CONSULTA P?BLICA

? Participaci?n ciudadana en la gesti?n p?blica ? La consulta p?blica para promover la participaci?n de los

ciudadanos y grupos de inter?s en la producci?n normativa ? La pol?tica regulatoria y ciclo de gobernanza normativa ? Los criterios de la Consulta P?blica en el proceso normativo

2

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTA P?BLICA

? Fase 1: Planeaci?n ? Fase 2: Desarrollo del ejercicio de consulta p?blica ? Fase 3: An?lisis de Resultados y Respuesta

3

USO DE TECNOLOG?AS DE LA INFORMACI?N Y LAS

COMUNICACIONES PARA FACILITAR LA CONSULTA P?BLICA EN LA PRODUCCI?N NORMATIVA

1 CONCEPTO DE CONSULTA P?BLICA

? PARTICIPACI?N CIUDADANA EN LA GESTI?N P?BLICA

La Constituci?n Pol?tica de 1991 reconoce el poder de la ciudadan?a para intervenir en los asuntos de su inter?s de manera directa, a trav?s de sus organizaciones o de sus representantes elegidos democr?ticamente.

La participaci?n ciudadana es el derecho a la intervenci?n en todas las actividades confiadas a los gobernantes para garantizar la satisfacci?n de las necesidades de la poblaci?n y "es un proceso de construcci?n de las pol?ticas p?blicas que, conforme al inter?s general de la sociedad democr?tica, canaliza, da respuesta o ampl?a los derechos econ?micos, sociales, culturales, pol?ticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, as? como los de las comunidades y pueblos ind?genas"1. Tambi?n puede ser entendida como aquellas formas de participaci?n democr?tica que los ciudadanos realizan libre, individual y/o colectivamente, con el fin de influir directa o indirectamente en decisiones pol?ticas para su beneficio (S?nchez & Muriel, 2007). En consecuencia, la participaci?n ciudadana fortalece una ciudadan?a activa y responsable, democratizando los procesos de toma de decisiones en las iniciativas p?blicas y posibilitando un mayor control social sobre la acci?n del Estado.

Es por ello que la gesti?n institucional debe realizarse con principios de democracia participativa y democratizaci?n de la gesti?n p?blica. Esto implica la obligaci?n de abrir espacios de participaci?n e involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la formulaci?n, ejecuci?n, control y evaluaci?n de la gesti?n p?blica.

De acuerdo con los principios de democratizaci?n de la administraci?n p?blica, establecidos en la Ley 489 de 1998, las entidades deben crear mecanismos que permitan la intervenci?n de los ciudadanos y sus organizaciones en la gesti?n p?blica. En especial, en cumplimiento del art?culo 2 de la Ley 1757 de 2015, las instituciones p?blicas deber?n incluir en sus planes de gesti?n de manera expl?cita las forma c?mo se facilitar? y promover? la participaci?n de las personas en los asuntos de su competencia.

Como garant?a de este derecho a la participaci?n democr?tica, las entidades del Estado, tanto de orden nacional como territorial, tienen la obligaci?n de generar procesos de participaci?n ciudadana en su quehacer misional en el ciclo de la gesti?n p?blica, facilitando la intervenci?n de la ciudadan?a en las decisiones que los afectan. De igual manera, se debe

1 Clad. Carta Iberoamericana de la Participaci?n Ciudadana en la gesti?n 2009

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